Proyectos como el de la fábrica de componentes de baterías para coches eléctricos de la empresa surcoreana Lotte Chemical Corporation en Mont-roig del Camp (Tarragona) vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una reflexión profunda respecto a qué consideramos innovación y cuál ha de ser el papel de las administraciones públicas y la ciudadanía.

Mont-roig del Camp es un municipio de poco más de 14.000 habitantes, en un territorio fuertemente tensionado por las exigencias del actual modelo socioeconómico. En un radio de 35 kilómetros encontramos 3 de los 7 reactores nucleares en funcionamiento en España, uno de los complejos petroquímicos más importantes, uno de los parques temáticos más visitados, una de las zonas con mayor presión turística y otros megaproyectos como el complejo de casinos Hard Rock Entertainment World.

Quienes cuestionan el proyecto de Lotte apuntan al riesgo que generará en relación a la protección civil (nivel 5 sobre 6, a causa de la utilización de ácido sulfúrico), a los potenciales efectos sobre la salud de la población (interacciones entre contaminantes y falta de estudios epidemiológicos), a los potenciales efectos sobre el ciclo del agua (consumo de unos 2,5 millones de litros al día; vertidos accidentales o afectaciones al acuífero por la impermeabilización de suelos), así como a la pérdida de actividades agrícolas.

Por su parte, los defensores del proyecto señalan como principales argumentos la creación de puestos de trabajo y la necesidad de baterías para poder electrificar los coches. Hasta la fecha, Lotte ha recibido cerca de 70 millones de euros de fondos públicos. De la Generalitat de Catalunya 2M€; y del Estado 61,6M€ en subvenciones y 5,9M€ en préstamos.

La manera en la que a veces se intenta presentar el conflicto muestra como posición razonable y pragmática la de quienes están a favor del proyecto, aduciendo sus beneficios económicos, en puestos de trabajo y en apoyo del “progreso y la modernidad”. Aunque eso conlleve algunos impactos o riesgos que es necesario asumir.

Cualquier oposición se intenta caricaturizar como nimby [acrónimo que responde a las siglas en inglés de not in my backyard, o “no en mi jardín trasero”]. También son vistas como contrarias a “la economía”, poco realistas o directamente reaccionarias. Pero ¿podríamos invertir esa cantidad de recursos públicos en proyectos que tengan un mayor retorno social, económico y ambiental?

Como sucede en la mayoría de este tipo de megaproyectos, no hemos podido encontrar ningún estudio serio e incontestable respecto a sus impactos positivos y negativos. De hecho, en otros casos, las hipótesis y metodologías que se manejan suelen ser muy criticables y la mayoría no resistirían un análisis posterior a la ejecución (datos reales muy por debajo en cuanto aspectos positivos y muy por encima en cuanto a negativos).

Así pues, pese a ciertas carencias en cuanto a fuentes de datos se refiere, podemos intentar imaginarnos qué se podría hacer con 70M€, e intentar comparar…

En una comarca vecina (el Priorat), en las últimas décadas se ha producido un interesante caso de éxito de desarrollo territorial. A partir de la recuperación del sector vitivinícola, de la apuesta por un modelo turístico respetuoso con el entorno y la concienciación ciudadana respecto a la cultura del territorio y el paisaje (en parte como reacción ante el intento de un megaproyecto eólico en la Sierra del Montsant).

Resulta difícil estimarlo (y estamos abiertos a discutir las hipótesis y fuentes que hemos utilizado), pero nos atrevemos a conjeturar que, con una inversión de recursos muy inferior por parte de las administraciones públicas, el número de puestos de trabajo creados en el Priorat en la última década por cada 1€ de inversión pública sería del orden de 3 veces superior a lo que se pretende hacer en Mont-roig.

Otro ejemplo. El recientemente inaugurado servicio de oficinas bancarias móviles de la Generalitat de Catalunya, que permite que municipios que no disponen de oficina bancaria cuenten con cajeros automáticos y servicios financieros, se licitó por 1M€/año. Sirve a 503 municipios (el 53% de los municipios catalanes) y a más de 300.000 ciudadanos, entre ellos gente mayor que no puede mantener o conducir un coche para desplazarse. Con 70M€ podríamos mantener y mejorar ese servicio durante décadas; o también podríamos electrificar unos 140 km de líneas ferroviarias aún no electrificadas.

Todos estos ejemplos tienen retornos mucho más directos para los territorios en los que se desarrollan, así como riesgos e impactos negativos muy inferiores. ¿Por qué seguimos con apuestas por megaproyectos como el Lotte? Creemos que hay dos cuestiones importantes de fondo.

La primera, los intereses de sus promotores, que se resumen en aumentar los beneficios en su cuenta de resultados. Pese a los relatos con que intenten maquillarse, ha de quedar claro que no pretenden resolver problemas que afecten al conjunto de la sociedad y mucho menos las necesidades de los colectivos más desfavorecidos.

La segunda tiene que ver con una concepción cultural y social de lo que entendemos por “innovación”, que afecta a la ciudadanía en general y a algunos políticos en particular. Así, si hablamos de innovar en movilidad sostenible, probablemente se nos vengan a la cabeza vehículos autónomos, drones voladores, trenes hipersónicos, aplicaciones de inteligencia artificial y cosas por el estilo.

De primeras, quizá no pensaríamos en un proceso de participación para incorporar las necesidades de la infancia y la gente mayor, en la coordinación entre distintos agentes para permitir un sistema de transporte público integrado, o en procedimientos que nos permitan obtener, analizar, gestionar y utilizar datos abiertos de calidad.

Sin embargo, defender este segundo tipo de innovaciones resulta imprescindible a la hora de hacer frente a los retos que se nos plantean para avanzar hacia una movilidad sostenible. Pero primero hay que desmitificar la fascinación por lo tecnológico, y parafraseando a Tumlin, garantizar que cuando alguien intente vendernos alguna nueva tecnología nos hagamos algunas preguntas…

¿Esa tecnología nos ayuda a mejorar la movilidad de las personas que ahora mismo lo tienen más complicado (por género, edad, discapacidad, bajos ingresos…)? ¿O simplemente crea más comodidad para algunos privilegiados?

¿Nos ayuda a hacer un uso más inteligente del territorio y el espacio público existente? ¿Contribuye a que podamos redistribuir el espacio para promover otras actividades y los modos de transporte más eficientes (movilidades activas y transporte colectivo)?

¿Nos ayuda a favorecer una mayor proximidad y equidad territorial en la localización de actividades? ¿Ayuda a crear ocupación de calidad y fortalecer las economías de los territorios en los que se utiliza esa tecnología? ¿O facilita que las actividades se localicen en lugares cada vez más alejados entre ellos, concentrando los beneficios económicos en pocas manos?

¿Contribuye de alguna manera a financiar la construcción y mantenimiento de las infraestructuras y servicios públicos necesarios para su funcionamiento? ¿O simplemente se aprovecha de ellos?

Considerando todo su ciclo de vida ¿nos ayuda a hacer un uso más eficiente de los materiales y la energía? ¿Requiere de materiales raros cuya obtención, gestión y posterior reciclado implican altos impactos sociales y ambientales? ¿Requiere más o menos consumo energético que otras alternativas? ¿Globalmente nos ayuda a reducir las emisiones de CO2?

¿Nos proporciona datos útiles para mejorar nuestros sistemas de movilidad? ¿O los datos que se obtienen con la utilización de esa tecnología son para uso privado con fines lucrativos de las organizaciones que la explotan?

Lo cierto es que muchas de las innovaciones tecnológicas que nos intentan vender ofrecen respuestas deficitarias a esas preguntas. Para hacer frente a los retos que nos plantea la transformación de la movilidad hacia modelos más sostenibles, necesitamos mucha más innovación social, que nos ayude a conseguir un uso mucho más eficaz y eficiente de la tecnología de la que ya disponemos y una movilidad que pueda ser buena a la vez para las personas, los territorios y el planeta.