Cuando “il bello del palazzo” se encontró con la eurodiputada Eva Kaili en los pasillos del Parlamento Europeo, nunca imaginó que acabaría junto a ella, no solo a bordo de un yate surcando el mar Adriático que separaba sus países de nacimiento, sino también en los calabozos contiguos de la sede de la policía judicial federal en el número 202 de la Rue Royale de la capital belga. En casa quedaba su hija, una bebé de año y medio, al cuidado de sus familiares. Francesco Giorgi, asesor parlamentario, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, siguen pendientes de juicio desde julio de 2022, tras pasar varios meses en prisión preventiva acusados del conocido como Qatargate o Moroccogate. Lobbistas marroquíes idearon una trama que implica ya judicialmente a 20 miembros o exmiembros del Parlamento, entre eurodiputados y asesores, a los que sobornaban para lograr resoluciones favorables de la Unión Europea (UE).

Tan bien lo hizo Marruecos que, en un inicio, el caso llegó a denominarse exclusivamente el Qatargate para desviar las miradas hacia el país que en aquel momento organizaba el Mundial de fútbol. No lo consiguió y, de hecho, la Fiscalía Federal ordenó la detención de dos de los acusados: uno de ellos el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, que había co-presidido la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos. Entre medias de este culebrón, la policía había detenido en un hotel del barrio europeo en Bruselas al padre de Eva con una maleta que contenía 750.000 euros en efectivo. Nunca imaginé que podía caber tanto dinero en una maleta, ahora que solo vemos billetes de 50 euros.

Estas prebendas, que la Fiscalía belga calificaba hace tres meses de corrupción pública, blanqueo de capitales y organización criminal, se habrían traducido en resoluciones favorables al Reino alauita. En nuestra memoria reciente está el conflicto de los derechos de pesca del Sáhara Occidental, tan codiciados por Marruecos y cuyas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea rompían con sus expectativas. El Parlamento podía ayudar. El control de la inmigración ilegal o el reconocimiento de otras soberanías siguen estando en juego. Por el camino, Rabat consiguió una resolución contra Argelia, que desapareciera su mención como violador de los Derechos Humanos e incluso que la UE no reconociera a los opositores al régimen.

Pero no todo podía salir bien. Tras el primer asalto a Ceuta en el verano de 2021, con 9.000 marroquíes cruzando impunemente la frontera española, el Parlamento Europeo adoptó una resolución justo un año antes de las detenciones del Moroccogate. Adoptada por una abrumadora mayoría, el Parlamento Europeo aprobaba en Estrasburgo una Resolución sobre “la violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la explotación de menores por parte de las autoridades en la crisis migratoria en Ceuta” (2021/2747/RSP). Como hemos comprobado en este segundo round a Ceuta del 31 de julio, la respuesta de la Unión Europea y nuestros socios de los Estados miembros no ha sido la misma.

Volviendo al entramado del Moroccogate, poco después de las detenciones y con la cúpula corrupta en prisión, el Parlamento Europeo adoptaba otras posiciones respecto a Marruecos que no fueron de su agrado. El parlamento del Reino de Marruecos respondía y hacía pública una declaración en la que condenaba “la campaña malintencionada contra nuestro país, cuyo último desarrollo fue la votación por parte del Parlamento Europeo de una Recomendación el 19 de enero de 2023”. Asimismo, decía recibir “con gran asombro y descontento esta recomendación, que ha destruido el nivel de confianza entre las instituciones legislativas marroquíes y europeas”, anunciando el fin de sus relaciones. En esa votación, el Parlamento Europeo denunciaba presiones e intentos de corrupción de Marruecos a la Eurocámara.

De ahí que estudios académicos hayan afirmado que “el Comité Parlamentario Conjunto UE-Marruecos, aunque establecido en 2010 como un instrumento regular de la diplomacia parlamentaria, terminó convirtiéndose en un conducto para conexiones y prácticas corruptas”. Un ejemplo de ello es la misión oficial del Parlamento Europeo al Sáhara Occidental en 2018, antes de las votaciones sobre los derechos comerciales saharauis, cuando se descubrió que el jefe de la Delegación estaba en la junta directiva de una fundación vinculada a Marruecos.

Pero la sorpresa mayúscula golpeó incluso a la Comisión Europea, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que “ningún acuerdo comercial con Marruecos puede incluir el Sáhara Occidental sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui”. En juego estaban los derechos de pesca en su línea de costa. En términos generales, el Moroccogate, aún vivo en los tribunales, revela una flagrante falta de supervisión del Parlamento Europeo. Hoy, con la crisis de Ceuta aún humeante y la Unión Europea mirando hacia otro lado, hay que recordar el lamentable papel de algunos de nuestros representantes en las instituciones europeas. Como apuntaron fuentes del Parlamento Europeo en medio del escándalo hace ya cuatro años, tras anunciar su personación como perjudicado, “siempre habrá alguien para quien una bolsa de dinero en efectivo merezca la pena”.

Voy a ponerme exquisita, porque una dama no habla ni de su edad ni de su cuenta corriente. Claro que si te lo preguntan a bocajarro y sin posibilidad de decir que no, so pena de bloqueo, entonces enseñas hasta tu partida de nacimiento -y no en el sentido figurado-. Y hasta aquí hemos llegado con el nuevo marco digital de la Unión Europea (UE), tanto el aprobado como el pendiente de aprobar. Recordemos que el Parlamento Europeo ha rechazado en varias ocasiones la propuesta de la Comisión Europea sobre el control total online de las comunicaciones privadas bajo la loable intención de prevenir el abuso sexual de menores.

En concreto, el pleno de abril insistió en que “las medidas voluntarias de control deben seguir siendo proporcionadas y específicas, y que no deben aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo”. Y que “no debe permitirse el escaneo de los datos de tráfico junto con los datos de contenido”, excepto cuando ya haya sido identificado o señalado como sospechoso un usuario. Porque lo contrario sería que todas nuestras comunicaciones privadas de voz, escritas, fotos y vídeos estarían expuestas al control de las plataformas digitales bajo supervisión -espero- estatal -“1984”-.

Y, ante la imposibilidad de aprobar el nuevo Reglamento para la protección de los menores online -Chat Control 2.0-, cuya primera versión se ha prorrogado -Chat Control 1.0-, la UE anunció una “app” que obligará a los usuarios a identificarse probando la edad con la verificación de sus documentos oficiales de identidad. Pese a que está dirigido a los menores, cualquier adulto que pretenda acceder a sus redes o canales de mensajería también tendrá que identificarse. Por supuesto, nos preguntarán: ¿Cuántos años tienes?. Es decir, que si queremos acceder a alguna red social o aplicación determinada, debemos identificarnos.

En principio, lo que puede ser voluntario y parcial, puede llegar a ser obligatorio y total. Estamos en camino y algunos Estados miembros ya lo están aprobando ante la imposibilidad de un consenso en Bruselas. De momento están en ese proceso Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Eslovenia y España.

Pero la siguiente propuesta de la Unión es la más interesante: la EUID Wallet (European Digital Identity Wallet). Es una aplicación móvil oficial de la UE que permitirá a ciudadanos y empresas almacenar de forma segura documentos digitales (DNI, carné de conducir, títulos académicos) y firmar contratos electrónicos. Será interoperable en todos los Estados miembros para finales de 2026, facilitando la identificación y el acceso a servicios públicos y privados. Sus parámetros son: identificación universal, almacenamiento seguro, privacidad y firma electrónica. Esta es la información que nos proporciona la web de la Comisión. Y suena muy bien.

Veamos la trastienda. En 2027, será obligatorio aceptar este método de identificación para grandes empresas de sectores como banca, transporte y energía. Es decir, para todos los ciudadanos, ya que todos somos usuarios de la banca. Por tanto, está previsto que la EUDI Wallet y el euro digital estén estrechamente vinculados, ya que será una de las interfaces principales para gestionar y utilizar el euro digital una vez que este sea emitido por el Banco Central Europeo. Se espera su puesta en marcha en unas semanas, en septiembre, pero de forma voluntaria. Como en Rusia y en China, el principal objetivo es la eliminación del efectivo. Bueno, pues ya estamos hablando de la cuenta bancaria…

El peligro es que se convierta, con su obligatoriedad necesaria o futura, en un interruptor digital que lleve al control social del ciudadano. Ya existe en China, donde se realizó un experimento piloto en 2019 y, posteriormente, se implementó de forma global durante la pandemia. Bruselas insiste en que no identificará a las personas por sus pagos y la verificación de la edad no revelará la identidad, a diferencia del Yuan digital. La principal crítica es que la identidad digital y el dinero electrónico crean la infraestructura técnica necesaria para un sistema de crédito social, Y, si has sido un mal ciudadano chino, se te bloquea la entrada al cine o comprar el billete del tren. Ser mal ciudadano en China puede resumirse en haber criticado a tu alcalde online o comprar vino en lugar de agua.

El debate está abierto. Cualquier infraestructura digital es inherentemente trazable y susceptible de transformar el derecho a la privacidad en un permiso concedido por el Estado. Y existe el temor de que el dinero pueda ser “programado”, por ejemplo, con fecha de caducidad o restricciones de uso en ciertos productos -el crédito social-. También ese temor se extiende a Rusia con la aplicación móvil llamada Max. Se trata de una super-app que pretende sustituir cualquier canal de mensajería o redes sociales como WhatsApp, que ya está bloqueado en Rusia en 2026. Por ahora, ofrece servicios gubernamentales, pagos y banca. Su característica principal es la trazabilidad total, con la eliminación del cifrado de extremo a extremo -que es la propuesta de la Comisión Europea para Chat Control 2.0-, el acceso directo de los servicios de inteligencia rusos, la geolocalización y el historial de navegación ligado a la identidad del ciudadano -Big Brother-.

La similitud de nuestra legislación digital presente y futura con la app Max rusa y con el Yuan digital chino radica en la capacidad tecnológica de monitorización que estas herramientas habilitan “per se”. La combinación de identidad y dinero digital permite implementar “bloqueos” instantáneos. Ese es el peligro: ya se ha establecido la posibilidad técnica. Ya estamos atrapados. El cómo lo utilicen dependerá de las leyes y las posiciones ideológicas de cada Estado, más o menos, democrático. Ello nos lleva a pensar en que se trata de un fenómeno global donde las Big Tech nos transportarán de forma inexcusable hasta el próximo Black Mirror…

La Unión Europea (UE) prepara las maletas para los más de cuatro millones de refugiados ucranianos que tiene registrados oficialmente en su territorio. La generosa respuesta de Bruselas a la invasión rusa de febrero de 2022 está llegando a su fin. El Consejo de Exteriores ha prorrogado, antes de irse de vacaciones, su estancia hasta marzo de 2028, pero con un ligero matiz. Su estatus de refugiados, activado de forma inmediata tras la Operación Especial de Putin invadiendo el país en febrero de 2022, acaba de modificar algunas condiciones importantes que ya no garantizan a todos los refugiados de la guerra de Ucrania su estancia en la UE.

En primer lugar, la prórroga trampa solo se aplica a los ya residentes. Los nuevos deberán probar que no son prófugos ni desertores y que han cumplido con sus deberes militares. Y lo deben probar con un documento oficial expedido por sus autoridades militares. Ya no se va a aceptar la entrada en la UE como refugiados a los varones ucranianos de entre 23 y 60 años que estén en condiciones de luchar. En segundo lugar, la Comisión recomendó en septiembre de 2025 a los Estados miembros que vayan preparando un protocolo de retorno para los refugiados ucranianos, “con el fin de contribuir a la reconstrucción” de su país en cuanto cese el conflicto.

A Dinamarca, que ya aplica otras condiciones a los ciudadanos ucranianos al estar exenta de la norma de protección temporal, se le han unido Polonia y Alemania, con más de dos millones de ucranianos de los cuatro reconocidos en la Unión. Ambos gobiernos han propuesto exigir a los refugiados que se integren en el mercado laboral y trabajen mientras se encuentran en el país o que, si están en edad militar, vuelvan a Ucrania a combatir. Y se lo recuerdan a los jóvenes que entraron en 2022 y que han alcanzado esa edad en los últimos cuatro años. Es solamente una propuesta, una cruel propuesta.

Esta vuelta hacia atrás de la política de protección temporal llega año y medio después de que Zelenski exigiera el envío de tropas extranjeras a Ucrania para luchar contra Rusia. Fue en enero de 2025, cuando el presidente Zelenski se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y le “sugirió” la posibilidad de desplegar tropas de países aliados en territorio ucraniano. Hasta 200.000 soldados pedía, para forzar a Rusia a negociar la paz. La ausencia de respuesta se convertiría poco después en una exigencia de Zelenski a la UE para que le devuelva a sus ciudadanos en edad militar.

Los que se encuentran en Ucrania están desertando. Desde hace años cruzan por miles las fronteras de su país. Las conscripciones obligatorias de hombres ucranianos de todas las edades, incluso secuestrados por la calle por la policía militar, han llevado a los ciudadanos a manifestarse recientemente en contra de su gobierno en Kiev y en otras ciudades del Oeste de Ucrania, fervientemente nacionalistas hasta ahora. Los hombres adultos residentes en la UE bajo protección temporal representan el 26,6% de los refugiados ucranianos en Europa, un activo que su Presidente acaba de reclamar.

¿Qué significa para los ciudadanos ucranianos estar bajo la protección temporal? En marzo de 2022, la UE activó un mecanismo de protección temporal solo para ucranianos en base a la Directiva 55, aprobada en 2001 para los desplazados de los Balcanes. Los ucranianos que huyan de la guerra tendrán derecho a residencia legal, alojamiento, acceso al mercado laboral, atención médica, educación y asistencia social. Además, cuentan con un subsidio de 400 euros al mes por adulto en España y otros 100 por menor a su cargo. Estas cantidades oscilan según el país. En Bélgica son 1.100 euros mensuales.

Algunos países de la UE están dando marcha atrás. Polonia, con un millón de refugiados ucranianos, hace un año eliminó el subsidio para incentivar su integración en el mercado laboral. En septiembre de 2025, el Consejo Europeo aprobó una Recomendación de la Comisión a los 27 Estados miembros para que preparen los trámites administrativos en cuanto finalice esta protección. Esto significa que deberán cumplir los requisitos para obtener la residencia legal o bien regresar a su patria. Para ello, deben “adoptar medidas que allanen el camino hacia una reintegración fluida y sostenible en Ucrania”. El retorno será voluntario.

Mientras Ucrania se sumerge en una guerra sin fin, la UE aprueba una ayuda de 3.900 millones de euros para la adquisición de drones. La ayuda militar de la UE hasta ahora supera los 77.000 millones de euros, pero seguimos sin estar en la mesa de negociación por la paz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunieron hace unas semanas en Manila (Filipinas) durante media hora, para abordar este conflicto. Sin resultado. Por tanto, y hasta el 4 de marzo de 2028, Ucrania puede seguir desangrándose, cruelmente, hasta el último ucraniano.

No, no es sólo por lo de Ceuta. Esto viene de atrás. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, ya coincidieron a primeros de año en oponerse al proceso de regularización de medio millón de inmigrantes ilegales en España. Las protestas hasta ahora han sido sonadas, como la Carta de los Veintidós contra el presidente español Pedro Sánchez, veintidós Estados miembros de la Unión Europea. Y, ahora, de nuevo, otra carta firmada por las dos únicas jefas de Gobierno de los 27 países de la Unión nos afea nuestra política migratoria. Y el problema no son los inmigrantes que van entrando de forma irregular por tierra, mar y aire, sino que el espacio Schengen les permite viajar de forma legal por todo el continente, al menos durante 180 días como turistas.

A ello se añade el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo, largamente discutido y modificado desde 2008, y que se aprobó en 2024 entrando en vigor poco antes de nuestra regularización masiva. Lo que debería haber sido un frente común de los países del sur, frente a los insolidarios del norte, ha terminado por enfrentarnos a todos. La frontera del sur seguirá siendo un “hotspot”, como obligaba el Convenio de Dublin II, campos de refugiados en los países del sur para tramitar la estancia o salida de todos los refugiados e inmigrantes que entraran de forma ilegal. ¿Recordamos la “Ley de Joyas” danesa de 2016? Se aplicó a los refugiados sirios, a los que se les confiscaban sus joyas al llegar para sufragar su estancia en el país. ¿O el Plan de la Isla de Lindholm de 2018? Confinaba a una isla danesa deshabitada a 100 inmigrantes con antecedentes penales u órdenes de expulsión que no podían ser deportados.

Bien, pues la solidaridad nórdica seguirá aplicándose a gusto del consumidor, es decir, de forma voluntaria y no obligatoria, punto central de la discusión del nuevo Pacto de Inmigración y Asilo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no pudo aprobar hasta el final de su primer mandato. Los países fronterizos con el Mediterráneo exigían una cuota obligatoria y proporcional para repartirse a los inmigrantes que entraban de forma ilegal por la frontera sur de la Unión Europea, de la que son guardianes. Éste fue y sigue siendo el punto de fricción. El Pacto se saldó con un reparto voluntario y el país que lo rechace tendrá que pagar 20.000 euros por inmigrante. ¿Anualmente? No, para siempre.

Conste aquí que el coste por inmigrante irregular que entra en España ya alcanza e incluso supera esa cantidad en el momento de su primera acogida. En particular, los que entran por el mar en patera y llegan a las Islas Canarias. Desde la actuación de Salvamento Marítimo en alta mar hasta su traslado a la península en avión y posterior estancia temporal de hasta seis meses en hoteles, albergues o pisos de primera acogida con pensión completa y paga semanal, pueden comenzar a sumar los euros. Asistencia sanitaria, jurídica e intérpretes incluidos.

Europa nos ha dejado a los pies de los caballos. Y, en lugar de unirnos en la lucha final los países del sur, Meloni hace fuerza con la presidenta danesa. En un comunicado conjunto, rechazan de forma tajante la “inmigración descontrolada a Europa”, abogan por una política migratoria rigurosa y reclaman la creación de centros de repatriación en terceros países. Pero lo que más llama la atención es su referencia a los valores de la Europa cristiana, hoy liderados por la extrema derecha y que, no obstante, ya estaban en el prólogo de la non nata Constitución Europea de 2004. De Meloni lo podíamos esperar, y más cuando tiene los comicios electorales a las puertas, pero Frederiksen es socialdemócrata. ¿Qué puede haber unido a estas dos mujeres en una carta tan dura e insolidaria? “Cari tutti”, comienza Meloni en un tweet…

La frase, en concreto, es: “Ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos”. Para Meloni y Frederiksen, “ésta es la manera correcta de proteger Europa y nuestros valores comunes”, al tiempo que ligaban la inmigración descontrolada a la inseguridad y la delincuencia sexual.

Entre los inmigrantes que llegan, la mayoría proceden de países donde la mujer no es un igual, algo que los líderes masculinos de partidos de la derecha liberal y la izquierda han pretendido orillar en pos de la multiculturalidad, “sus” costumbres y la libertad religiosa.

En el fondo, lo que hay es un problema de integración que se arrastra en Europa desde hace más de 60 años, especialmente en el Reino Unido (fuera de la UE desde el Brexit), Francia y Bélgica, tras sus procesos de descolonización. Me lo contaba un amigo iraquí cristiano residente en Bruselas, que estudió en un internado francés. “Cuando mis padres nos enviaron a Europa a estudiar, me cambiaron el nombre para que no se supiera que llegaba de un país musulmán. Porque a los niños de origen musulmán no les promocionaban en la escuela a los grados superiores y les impedían llegar a la universidad”. Mi amigo “George”, procedente de Irak, llegó a ser abogado con nombre falso. “Cari tutti”…

Euroclear no lo tenía claro. Hace tiempo que no lo tiene. Su directora ejecutiva, Valérie Urbain, tembló cuando se enteró por la prensa de que la Comisión Europea pretendía confiscar los 210.000 millones de euros que el Banco Central de Rusia tiene depositados en esta central de valores con sede en Bélgica y que están congelados desde el inicio de la invasión a Ucrania. Que el Kremlin no pueda tocar su dinero debido a las sanciones es algo a lo que pretenden acostumbrarnos. Pero, que lo cojan de su caja fuerte y se lo regalen a Ucrania, no por repetido insistentemente deja de causar asombro. Y también protestas, incluso desde algunos Estados e instituciones Europeas.

Bueno, pues lo han hecho. Lo han vuelto a hacer. Bruselas no ha tomado el capital, pero sí sus intereses. Hace unos días, la Unión Europea (UE) “recibió” 1.400 millones de euros en “beneficios inesperados” generados por los intereses sobre los saldos de efectivo originados en activos inmovilizados del Banco Central de Rusia en poder de Euroclear. Toma el dinero y corre. Hace nueve meses del toma y daca entre la Comisión y el Consejo por el veto de varios países, léase Italia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Bélgica… Éste último, primer responsable de su devolución en caso de que Rusia ganara la guerra, temblaba. Porque de eso se trata, del botín de la guerra de Ucrania que Bruselas espera repartirse al prever que Rusia perderá esta contienda.

Pero…, ¿y si no se cumple lo que por ahora es sólo un desiderátum? Hasta ahí llegó el Consejo de diciembre del año pasado, que no pudo aprobar la incautación del capital pero que sigue confiscando los intereses, eufemísticamente denominados “beneficios inesperados”, para dárselos a Ucrania como anticipo. Esta cantidad marca la quinta transferencia de ese tipo, después de un cuarto tramo entregado en abril a la guerra de Ucrania por un valor de otros 1.400 millones. Desde su inmovilización, los activos rusos han generado un total de 8.000 millones de euros en “ganancias inesperadas”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo explicó así: “Rusia debe pagar por la destrucción que ha causado”.

“Si bien los activos en sí permanecen inmovilizados, el interés de los saldos en efectivo no pertenece a Rusia”, justifica la Comisión, alegando quedan futuro debido a su inmovilización y, por tanto, pertenecen a quien los inmoviliza. ¿Lógica clásica, lógica matematica? Y, por ello, se le entrega a Ucrania como ingreso no reembolsable, es decir, que no están obligados a devolver, a través del Mecanismo de Cooperación en Préstamos de Ucrania.

Hasta aquí las cuentas en conflicto. ¿Y qué dice Rusia? En diciembre pasado demandó a Euroclear ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú, que falló en contra de la empresa belga, cuya directora se había asustado meses antes y con razón. La sentencia obliga a la central de valores a pagar 220.000 millones de euros en concepto de indemnización por bloquear el dinero del Banco Central de Rusia (BCR), del que tiene la custodia.

Además de otras batallas jurídicas ante un juzgado belga y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se siguen lidiando entre el BCR y Euroclear, existe el temor de que otros activos que custodia Euroclear fuera de Europa puedan ser embargados. Y es que esto ya lo anunciaron el Tesoro estadounidense y FMI. Ya en 2024 su presidenta, Christine Lagarde, se opuso rotundamente a la confiscación de los 210.000 millones de euros rusos depositados en Euroclear. La razón es que están bajo la jurisdicción de la UE y del propio BCR, debido al régimen jurídico que se le aplica a través de las sanciones a Rusia. Ello significaría una falta de credibilidad y confianza ante el mercado financiero internacional y otros países o bancos de inversión que pretendieran confiar sus activos en territorio de la Unión.

Según informó entonces el Financial Times, “Lagarde advirtió que la propuesta de Estados Unidos de utilizar más de 260.000 millones de euros de activos rusos congelados para financiar los esfuerzos bélicos de Ucrania corre el riesgo de transgredir el derecho internacional”. Véase de quién partió la feliz idea, de Estados Unidos, durante una cumbre del G7. No obstante, ninguno de sus miembros ha acometido esta sugerencia. Sólo la UE sigue empeñada. Es más, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ya advirtió en 2022 que “no sería legal que Estados Unidos incaute los activos congelados del Banco Central ruso para ayudar a la reconstrucción de Ucrania tras el fin de la invasión rusa”. Aquí, ni siquiera hemos esperado a su final.

Y, efectivamente, ni Estados Unidos, ni el Reino Unido o cualquier otro país de Occidente con fondos soberanos rusos en su territorio se ha atrevido a incautarse de un botín de guerra antes de conocerse el resultado de esa guerra. Es más, ni siquiera tras finalizar la II Guerra Mundial hubo una incautación masiva del tesoro depositado por el III Reich en Suiza. En su lugar, el Banco Nacional Suizo compró y aceptó toneladas de oro expoliado por los nazis -incluyendo el de víctimas de campos de concentración- a cambio de divisas.

La Unión Europea parece tenerlo más claro, convencida de nuestra victoria. En diciembre de 2025, el Consejo decidió prohibir las transferencias de activos inmovilizados del Banco Central de Rusia de manera permanente, en base al Reglamento (UE) 2025/2600 “sobre medidas de emergencia ante las graves dificultades económicas causadas por las acciones de Rusia en el contexto de la guerra de agresión contra Ucrania”. Es decir, su congelación sin fecha límite.

Porque no, el Consejo Europeo no se atrevió a abrir la Caja de Pandora, perdón, la caja fuerte rusa custodiada por Euroclear, y coger el dinero contante y sonante, pese a que su uso por el Kremlin constituiría “un desafío existencial para la Unión”, según se justifica en esa ley. Se limitó a seguir recogiendo las migajas de los intereses generados por el capital congelado, el oro de Moscú.

Las dos columnas de Hércules son algo más que un mito griego. Son la clave de la distribución de la energía en Europa a través del Mediterráneo y España podría perder la única que le queda. Sí, Ceuta, en cuyo monte Hacho se erigiría la columna que levantó Hércules en la orilla sur, paralela a la de la orilla norte, en Gibraltar, sobre el monte Calpe. La segunda ya se perdió en 1713 con el Tratado de Utrecht para pasar a manos de la Corona Británica, como bien nos han recordado desde Bruselas con la reciente firma del Tratado con el Gobierno del peñón.

La foto fija está ahora en las dos ciudades españolas en el continente africano, la frontera más meridional de la Unión Europea (UE). La avalancha de ciudadanos marroquíes entrando en Ceuta por tierra y mar de forma irregular en un breve espacio de tiempo, casi al unísono y con la connivencia de las autoridades policiales de Marruecos en la frontera, es un aviso a navegantes: “Entramos cuando queremos”.

Bien es cierto que la última “invasión” viene precedida por la Fiesta del Trono y el indulto de 1.700 presos marroquíes, que suelen tener el paso fácil por la frontera, como todos los veranos. También ayuda al enojo del Rey Mohamed VI por la reciente visita a Argelia del presidente español, Pedro Sánchez.

Que Ceuta pase a manos de la Corona marroquí no es un escenario imposible. Más se perdió en Cuba, perdón, en el Sáhara. También. Pero lo que aquí está en juego es el paso de los buques, mercantes o no, cargados con gas y petróleo por el Estrecho de Gibraltar. ¿Les suena lo del Estrecho de Ormuz? Sí, también éste estuvo otrora en manos españolas. Y también fue utilizado como aduana, con permiso de paso previo pago.

La jugada sería perfecta. ¿Para España? ¿Para Marruecos? No. Para Estados Unidos e Israel, que pretenden gobernar sobre los pasos de mercancías críticas a uno y otro lado del mundo. Y, sobre todo, para controlar el paso y distribución de los recursos energéticos: barcos cargados de gas natural licuado, petróleo e incluso la construcciones gasoductos y oleoductos. En este caso, de la mano de Marruecos, su guardián en el Mediterráneo, como Cerbero guardando las puertas del inframundo. Ya lo vienen anunciando claramente desde la primavera. Un informe interno del Congreso estadounidense hacía mención de Ceuta y Melilla como ciudades en territorio de Marruecos, bajo administración española, y animaba al secretario de Estado, Marco Rubio, a mediar.

La jugada viene de atrás, cuando Donald Trump, en su último día de despedida de su primer mandato, enero de 2020, le hacía firmar al monarca alahuita los acuerdos de Abraham con Israel. Nuestro vecino del sur ha sido paciente y ha esperado al siguiente mandato del presidente estadounidense para cobrarse la pieza. Aunque ya tuvo un buen mordisco con la Administración Biden en enero de 2022 con la inusitada y nunca justificada renuncia unilateral del Sáhara Occidental por parte del Gobierno español.

Lo de Ceuta será más sangriento. Y no sólo porque dejamos el control de la entrada al Mediterráneo al imperio anglosajón: el Reino Unido y Estados Unidos, con Marruecos como intermediario en un intercambio de cromos. Sí, los cromos son Ceuta y Melilla. Porque, ¿qué pasaría si España le planta cara en la cuestión migratoria a Marruecos? Ya está allí el ejército.

¿Va a dar un paso adelante la Unión Europea para defender su frontera sur? O, mejor, ¿lo va a dar la OTAN? Y aquí aparece la carta marcada de Estados Unidos, cuando obligó a España a entrar en la OTAN -como paso previo a su entrada en la UE- pero sin incluir Ceuta y Melilla. Ambas ciudades quedarán expeditas y a merced de un conflicto en el que ninguno de nuestros aliados estará obligado por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte a ir en nuestra ayuda. Ya pasó con la invasión de la isla de Perejil en el año 2002, pero allí nos jugábamos dos cabras, y no precisamente de la Legión.

Si nos salimos de nuestro mar, veremos cómo el recorrido de la Administración Trump por los mares de Dios tiene su lógica geopolítica. Comenzó fuerte con el Canal de Panamá, de donde echó a los chinos. ¡Vaya, otro paso geoestratégico! Bueno, en realidad lo que hicieron fue expulsar a varias empresas chinas que controlaban cuatro puertos. En este momento, los buques estadounidenses no pagan peaje por cruzar, al parecer.

Fue el primero en caer. Luego lo intentó con el Canal de Suez, bajo control egipcio. Aunque los hutíes del Yemen se lo han puesto difícil en más de una ocasión, a Trump y a Biden. Y en Ormuz, aún lo tiene peor, donde los bombardeos se extienden hacia otros países de la región. Irán no se rinde. La entrada Oeste al Mediterráneo la tiene más fácil. Con su lacayo, el Reino Unido, controlando el peñón de Gibraltar, sólo le queda la plaza española al otro lado. Recordemos que Tánger ya es el puerto más importante para la entrada de mercancías hacia el Mediterráneo occidental, desbancando a Algeciras y Valencia juntos desde 2024.

De momento, España se apoya en Ceuta y Algeciras para controlar el paso por el Estrecho de Gibraltar desde ambas orillas. Pero, si perdiera su plaza en el sur, las columnas que Hércules levantó separando las montañas para abrirse paso hacia la isla de Eritía se desmoronarían en la frontera meridional de la Unión Europea, mientras Trump culmina su décimo trabajo “Non terrae plus ultra”.

Aunque parezca asombroso, el informe del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo 'Military Mobility' comienza como 'Guerra y paz' de Tolstoi, rememorando la Batalla de Austerlitz. El documento, fechado en julio de 2025, se debatirá esta semana en el Parlamento Europeo como parte de la estrategia de movilidad militar y redes de transporte. Acorde con la hoja de ruta 'ReArm Europe 2030', las carreteras, túneles y puentes deben estar preparados para el paso de los ejércitos que, como los soldados franceses de Napoléon Bonaparte en 1805, cruzarán toda Europa hasta Rusia de Oeste a Este. Y así se detallan, como en las Guerras Napoleónicas, los cruces, las ciudades y los países que protagonizarán la nueva gesta contra Moscú.

Austerlitz fue la primera batalla ganada por Napoleón contra el Imperio ruso en lo que hoy es territorio de Chequia. La 'Batalla de los tres emperadores', se la llamó: el autoproclamado emperador de los franceses Napoleón Bonaparte contra la Alianza ruso-austriaca del zar Alejandro y el emperador Francisco I. Cabe decir que la victoria fue fruto de un engaño. Para ganar tiempo y soldados, Bonaparte se mostró débil y les ofreció una paz negociada. La victoria de la Grande Armée cambiaría profundamente la naturaleza de la política europea para los próximos siglos.

En el seno de los Comités de Defensa, los eurodiputados dieron luz verde por primera vez a los planes para apoyar el transporte de equipos militares, tropas y activos a través de la Unión Europea (UE) “para disuadir mejor cualquier posible agresión”. Ahora necesitan el apoyo del pleno del Parlamento y garantizar su interoperabilidad con la OTAN.

“El barón Antoine-Henri de Jomini, uno de los generales más estimados de Napoleón Bonaparte, fue de los primeros en destacar la interdependencia entre la estrategia y la logística: la estrategia determina dónde y cómo actuar, mientras que la logística garantiza que dichos planes puedan llevarse a la práctica”. El informe del Parlamento Europeo 'Military mobility', también habla de preparar el terreno para la guerra. ¿Contra quién? Bien, dos líneas más abajo ya nombra a Rusia y recuerda su escalada con la invasión de Ucrania. ¿Para qué? Para reforzar la “capacidad de las fuerzas armadas de los Estados miembros con el objeto de desplazar rápidamente tropas y equipos por toda la UE”.

Por tanto, el sujeto y el objeto están claros: la UE se prepara para la próxima guerra contra Rusia. Este documento, como su antecesor “ReArm Europe 2030” -aprobado como Reglamento para incentivar la compra de armamento-, vuelve a señalar al enemigo. Pero en esta ocasión, además, señala la ruta que trazó Napoleón hace 220 años. En principio, todas las vías de transporte deben ser de uso dual -civil y militar- para poder soportar el peso de los carros de combate. Para ello, se establecerán corredores multinacionales, como el holandés-alemán-polaco, que coordinará el cruce de fronteras, los permisos de movimiento de tropas y armamento, infraestructura e intercambio de información.

Otros corredores fueron firmados durante la cumbre de la OTAN en Washington el año pasado, como el de Albania, Bulgaria, Italia y Macedonia del Norte, y otro firmado por Bulgaria, Grecia y Rumanía. Una vez trazada la senda de Napoleón, los Estados designarán las zonas militares de movilidad y, en la tercera fase, habilitarán las zonas específicas para el paso de las tropas a través de sus territorios, de la Grande Armée…

El Comisario Europeo de Transporte ya anunció ante el Parlamento que se había “simplificado las normas en relación con las mercancías peligrosas, la eliminación de límites de peso obsoletos y la supresión de cuellos de botella burocráticos”. En dichos corredores, existen ya unos 500 proyectos en “puntos críticos” de movilidad militar, que se nutren de información procedente de los ministerios de defensa nacionales y de la OTAN. A corto plazo, se prevén inversiones específicas para reforzar puentes viarios y ferroviarios, ampliar túneles, mejorar las instalaciones portuarias y añadir vías de apartado ferroviario con el fin de aumentar su capacidad.

Y no sigo porque me asusto, aunque me faltan las tres cuartas partes del documento. Y me paro cuando se apela al artículo 47, que obliga a todos los Estados miembros a ir en ayuda de otro en caso de emergencia. Y porque un informe del Tribunal de Cuentas Europeo critica el plan de acción de la UE sobre “movilidad militar 2.0” por su financiación insuficiente, su enfoque estratégico débil, su deficiente coordinación y su lenta implementación. Que 1.700 millones de euros destinados a la movilidad militar no es suficiente y que ha pasado por alto rutas clave, especialmente en las proximidades de Ucrania. Recordemos -porque lo hemos contado por aquí- que es el mismo tribunal que, desde 2021, no ha hecho su trabajo, que es auditar y fiscalizar los fondos europeos destinados a Ucrania -en estos momentos-, más de 215.200 millones de euros. Suficientes para la guerra y la paz.

Compruebo preocupada que lo han vuelto a hacer. La Defensora del Pueblo de la Unión Europea ha abierto una investigación por un chat de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con varios líderes europeos, el “Grupo de Washington”, que fue borrado convenientemente antes de que la prensa pudiera tener acceso. Jugando con la democracia, este tema ya es recurrente en las instituciones europeas y no es la primera vez que la Comisión y su Presidenta están en el punto de mira de los órganos de control comunitarios. El caso Pfizer fue el primer escándalo y ya le costó una reprimenda al descubrirse en 2021 que la Presidenta había negociado por chat el contrato de vacunas contra la Covid-19 con este laboratorio y había borrado las huellas. El caso, conocido como el Pfizergate, acabó en los tribunales, pero de los mensajes nunca más se supo.

Recientemente, la Comisión fue investigada de nuevo por no atender la petición de otro periodista respecto a la negociación de la firma del Tratado de Libre Comercio con Mercosur, a espaldas del presidente francés Emmanuel Macron, quien le pidió pareceres públicamente y en privado a la Presidenta. Pero es que la conversación entre dos presidentes por un tema institucional y político no puede ser privada, vino a decir la Defensora del Pueblo. El chat entre Macron y Von der Leyen también desapareció misteriosamente, al parecer porque tenía activada la eliminación automática en el canal de mensajería Signal, el canal más seguro y que no deja huella digital. Además, la petición del periodista tardó 15 meses en ser atendida, con resultado negativo. Todo quedó en una amonestación. Leve.

El tema ahora es tanto o más candente porque se trata de guerra y paz. La conversación secreta se produjo, de nuevo, en el canal de Signal con un reducido número de participantes llamado el “Grupo de Washington”, que incluía también al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Se supone que está compuesto por el grupo de líderes que viajaron el año pasado a Washington para hablar sobre la paz en Ucrania con el presidente estadounidense Donald Trump. Los que aparecieron sentados como escolares frente al mandatario republicano y con un polémico mapa de la Ucrania dividida de fondo.

De nuevo, fue un periodista el que solicitó acceso a estos mensajes del chat desde el 1 de enero de 2026, además de otros documentos perfectamente identificados. La Comisión Europea confirmó que Von der Leyen había estado en contacto informal con Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de terceros países, oralmente y por escrito, pero se negó a conceder acceso a cualquiera de estos datos. Al hacerlo, invocó una “excepción en virtud de la legislación de la Unión sobre el acceso a los documentos para la protección del interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales”. 

Tras varias peticiones y negativas de forma reiterada, el periodista denunció ante la oficina del Defensor del Pueblo Europeo la falta de transparencia de la Comisión en este y otros casos. Hace unos días, la Defensora decidió “abrir una investigación sobre la tramitación por parte de la Comisión de la solicitud del reclamante con arreglo a la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, incluidas las medidas de procedimiento adoptadas y su decisión de denegar el acceso a los intercambios”. El caso sigue abierto.

Esto me lleva a recordar los escollos que tuvo que salvar el eurodiputado valenciano de Compromís, Jordi Sebastià, cuando en 2015 intentó recabar información de la Comisión sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como TTIP. Tras mucha insistencia y apelando a reglas de transparencia, logró acceder a una cámara “quasi” acorazada, donde se guardaba el Tratado. Pero no pudo llevarse una copia, ni siquiera fotografiar parte de su contenido. Bajo estricta vigilancia y bajo llave, ni siquiera se le permitió tomar nota manuscrita de los pasajes que pudo leer. Se le advirtió de que podría ser acusado de espionaje o piratería, bajo pena de multa de hasta 140.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

No solo se estaban conculcando las reglas de transparencia de la Unión Europea, sino la propia democracia. Recordemos de nuevo que, durante el Pfizergate, el Tribunal General de la UE dio la razón a los periodistas que destaparon el caso, Matina Stevis-Gridneff (The New York Times) y Alexander Fanta (Netzpolitik.org y Follow the Money). El tribunal falló a favor de los periodistas, anulando la decisión de la Comisión Europea de ocultar dichos mensajes, pero ya se habían borrado. Y el Parlamento, entonces con mayoría de conservadores y socialdemócratas, le otorgó el perdón político apelando a la estabilidad institucional y tumbando una moción de censura. Sin cadáver, no hay delito. Con la democracia en juego, el caso se cerró sin crimen ni castigo.

Bueno, pues lo han hecho. Ya han firmado el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que Elon Musk construya el túnel submarino más largo del mundo, cruzando los 88 kilómetros que separan ambas potencias en “conflicto”. Cabe recordar que el Estrecho se ha cruzado históricamente a pie en invierno, cuando el mar se congela, aunque es extremadamente peligroso e ilegal. Por tanto, hace falta este túnel. 

¿Para intensificar las amigables relaciones entre Trump y Putin? Pues va a ser que no. ¿Recuerdan el empeño de Trump en comprar Groenlandia para ampliar su acceso al Ártico?. Bueno, pues ya lo tiene más fácil. Lo que verdaderamente interesa es el intercambio comercial de recursos, especialmente, minerales y energéticos, de los que Siberia -ergo, Rusia- va sobrada. Porque la compañía de ingeniería civil de Musk, The Boring Company -que sí, que es así como se llama-, también va a construir un gasoducto y un oleoducto por el mismo precio. ¿Cómo? ¿Pero no nos habíamos comprometido a sancionar a Rusia no comprándole petróleo ni gas? ¡Ah!, que eso queda para los europeos… 

Ya lo adelantamos hace meses en este periódico, cuando comentamos la jugada maestra de la Unión Europea prohibiéndonos a nosotros mismos la compra de crudo ruso y sus derivados a Rusia y a otros terceros países. Excepto a los amigos, claro. Porque, en el Consejo Europeo del 17 de julio de 2025, sancionamos a Rusia con la decisión de que sólo compraríamos petróleo ruso a nuestros amigos: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suiza y Noruega. Al resto del mundo, no, que nos lo vendía más barato. 

Se trataba de una más de los centenares de sanciones individuales y colectivas aprobadas entre los 20 paquetes legislativos -en preparación, el 21º- que el Gobierno de Bruselas aplica al Kremlin desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. No somos los únicos, claro, también Estados Unidos o Canadá, Corea del Sur y Japón están entre los países aliados que condenan con sanciones políticas y económicas la “operación especial” rusa. Pero unos lo saben aprovechar mejor que otros. Es el caso de Estados Unidos.

Bajo una lluvia de drones, Kirill Dmitriev confirmó la firma de este proyecto en el Foro Económico Internacjonal de San Petersburgo, donde, pese al incremento de las sanciones estadounidenses a Rusia 48 horas antes, la presencia de enviados de Trump no pasó desapercibida. “Funcionarios rusos y estadounidenses firmarán mañana un acuerdo para la construcción de un túnel bajo el estrecho de Bering, entre Chukotka y Alaska”, comentó el enviado del Kremlin.

Mis fuentes en Moscú me acaban de pasar la información, que en el mundo occidental tarda en llegar por la censura europea a los medios rusos: “El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI, por sus siglas en ruso) informó sobre la firma de un acuerdo para el diseño de un túnel a través del Estrecho de Bering, que conectaría Rusia y Estados Unidos. No proporcionó detalles sobre el proyecto. Esta ambiciosa idea ya había sido considerada hace más de cien años”, según informó RBC. 

La historia es muy bonita. Las ideas para conectar Rusia y los Estados Unidos por una carretera de transporte a través del Estrecho de Bering surgieron a finales de los siglos XIX y XX. Según publicaba The Telegraph en 1890, el gobernador de Colorado, William Gilpin, propuso construir un puente sobre el estrecho de Bering. The New York Times lo recogía también en 1906, cuando el emperador ruso Nicolás II permitió que el sindicato estadounidense, representado por el francés Loic de Lobel, comenzara a trabajar en un proyecto para crear una conexión ferroviaria de Siberia a Alaska con la construcción de puentes y túneles a través de este Estrecho.

Pero el proyecto se puso sobre la mesa en octubre del año pasado, tras reanudar ambos países las relaciones durante la visita de Putin a Alaska. La siguiente etapa es la preparación de un estudio de viabilidad del proyecto, al que se ha invitado a los representantes de los países asiáticos para participar en el diseño. No creo que haya ningún problema con Elon Musk, dada la ilusión que le hizo visitar China con su hijo pequeño, como parte de la comitiva comercial de Trump en su encuentro institucional con Xi Jinping.

Además, fue el mismo Dmitriev quien propuso la construcción de un túnel a Elon Musk, a través de un twit en X: “Imagina que el túnel Putin-Trump conecta a Rusia y Estados Unidos (sic). ¡Construyamos el futuro juntos!”. Efectivamente, el sueño de Donald Trump cuando llegó de nuevo a la Casa Blanca con una original propuesta para Vladimir Putin: “Te ayudo a reparar el Nord Stream -al parecer, sabían por dónde se había ‘roto’- y, cambio, yo me ocupo de distribuir tu gas por toda la Unión Europea”. Es que no tenemos memoria, pero en las hemerotecas podemos hallar esta feliz idea, alrededor de marzo del año pasado. Aunque parezcan mil años. 

Seguimos con el ambicioso túnel. Según el jefe de RDIF, “el proyecto puede implementarse en menos de ocho años, y su coste no superará los ocho mil millones de dólares”. Una minucia si, con ello, Estados Unidos consigue el petróleo y el gas que necesita Europa. Es decir, cumplirá su promesa de convertirse en el distribuidor de los recursos energéticos que tanto necesitamos desde que decidimos “auto sancionarnos” no comprándole el petróleo y el gas -barato- directamente a Rusia. Aunque, para ello, el gas ruso tenga que dar la vuelta al mundo…

Recuerdo cuando mi novio me llevó al cine a ver el estreno de Mad Max. Doy detalles para localizar la información de forma temporal, es decir, en el siglo pasado y el milenio pasado. Nunca habría imaginado que íbamos a vislumbrar un panorama tan similar y próximo, sin petróleo y sin gas, y con un helicóptero a pedales, jugándonos la vida por una lata de gasolina. De momento, ya hay varias medidas legislativas y algún aviso a navegantes –no solo a los del Estrecho de Ormuz– que nos hacen pensar en volver a encender la chimenea de leña. Si nos dejan, porque los controles de emisión son muy estrictos en la Unión Europea.

Pero como vamos de cara al verano, no es esa nuestra máxima preocupación, pese a que el Gobierno ya ha anunciado que en junio subirá el IVA al 21% en nuestro recibo de luz y gas. Lo que debe preocuparnos más si cabe es que nos van a cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. Y esta vez bajo la batuta de la Unión Europea. La Comisión lleva avisando al Gobierno de Pedro Sánchez para que termine con el mercado regulado eléctrico, que reduce la factura de la luz entre un 40% y un 60%.

Mi suegra está asustada desde que lo leyó en su boletín de noticias online. Se cambió hace poco y pasó de pagar 200 euros en el mercado libre a pagar 60 euros al mes con los precios de la tarifa regulada por el Gobierno. De seguir esta recomendación, la situación se podría revertir para millones de hogares españoles, en concreto, un 29% de los consumidores. Bruselas quiere que este precio regulado por el Estado sea solo residual, como un bono social eléctrico, y solo para personas en situación de vulnerabilidad.

La Comisión Europa está forzando a España, con la excusa de la guerra y la escasez energética, a que los consumidores pasemos obligatoriamente al mercado libre para que las compañías puedan fijar los precios de un bien esencial, como es el de la luz, sin la intervención del Estado. Porque se autorregula mejor y no distorsiona el mercado de la competencia –eterno debate entre los economistas–, ha dicho. Y “para evitar apagones”, ha amenazado.

España se resiste y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya ha demostrado su rebeldía confirmando explícitamente ante la Unión Europea que “el mercado regulado no desaparece y que no hay ninguna previsión de eliminar la tarifa regulada (PVPC)”. De hecho, el BOE publicó en febrero un nuevo Reglamento de Suministro en el que sigue manteniéndose esta tarifa, aunque con incrementos. La Comisión insiste y le ha exigido formalmente a España que presente una hoja de ruta detallada, antes de que finalice este año, para eliminar progresivamente el precio regulado. El Gobierno ya maneja plazos. Entre 2027 y 2028, habrá una retirada gradual de la tarifa regulada estándar para consumidores domésticos con potencias contratadas superiores a los 5 KW, obligándoles a migrar al mercado libre.

España no es la única que sufre esta presión, ya que tampoco es la única con mercado eléctrico regulado. Francia ha conseguido una condicionalidad excepcional, con la excusa de que es prácticamente un monopolio al basarse principalmente en la energía nuclear. Portugal, Italia, Polonia y Rumania también han recibido la carta por la que la Comisión demanda que la luz se regule en el mercado libre.

Lo explica en el reciente documento AccelerateEU para la resiliencia energética del Continente. Dice que se reducirá el coste energético para el ciudadano a través de la libre competencia. Ello va acompañado de una aceleración en la transición energética a las renovables, que también pasa por eliminar el gas natural de los hogares dentro de diez años. El lema es “Más energía limpia de cosecha propia”. En nuestro caso, el sol.

Claro que habrá que tener en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, cuando advierte de que Europa no tiene suficientes materias primas ni capacidad de procesamiento para la fabricación masiva de placas solares. De hecho, en este momento sufrimos un riesgo crítico de suministro, dependiendo principalmente de China para más del 80% de sus elementos fundamentales.

Este plan, por necesidad existencial, va de la mano de otros. El más importante es la hoja de ruta RePowerEU, que desde 2022 se propone desconectarnos totalmente del gas ruso, o al menos de su compra directa a Rusia, ya que seguimos comprándoselo a otros países más o menos amigos. Más caro. También va acompañado de otras recomendaciones recientes, como el uso del transporte público, la promoción de los viajes de larga distancia en tren y la vuelta al teletrabajo, al menos dos días a la semana.

Estas prisas vienen a cuento del bloqueo del estrecho de Ormuz, la renuncia de la UE a comprar gas ruso y el control energético mundial que pretende el presidente estadounidense Donald Trump. “En vista de las realidades geopolíticas del conflicto en Oriente Medio”, se justifica el documento. Ya lo dijo nuestra presidenta, Ursula von der Leyen: “La energía más barata es la que no utilizamos”. ¿Pero quiénes? Nosotros, los Gamma.

Bueno, podría haber sido yo la periodista que se llevó una botella bajo el brazo cuando aún humeaban los disparos en la sala, porque todos mis amigos y conocidos saben de mi amor por el champagne (en francés queda más “chic”). Pero no me invitaron a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, esta vez, y me perdí el enésimo intento de magnicidio contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pobre… Aunque le va a venir bien para convertirle en héroe nacional, de cara a las elecciones de medio término que se celebran en noviembre. 

Por ahora, solo me ha llegado la invitación del Consulado de Bulgaria en València. Que no es poco, si nos atenemos al resultado de las últimas elecciones en este país, con la victoria de Rumen Radev, expresidente que aspiraba al jefatura del Goberno. Exgeneral prorruso y contrario a cualquier ayuda para Ucrania, Radev se anticipa como próximo sucesor de Orbán en los Consejos Europeos, como l’enfant terrible de la política exterior europea. Al primer ministro polaco, Donald Tusk, se le va a atragantar su ya célebre frase en redes de que, “por primera vez en años, no había rusos en la sala”. Se refería al último Consejo celebrado en Chipre, con la presencia de Péter Magyar, el verdadero sucesor húngaro de Viktor Orbán, en este caso, en el Gobierno de Hungría.

Volviendo a Bulgaria o, mejor, a València, el evento organizado por el Consulado en el Centre Cultural La Nau cuenta con la presencia de la embajadora de Bulgaria, Biserka Benisheva, y el embajador de Rumanía, Cosmin Dinescu. En el plano académico, participa la profesora Margarita Seselgyte, directora del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de Vilna (Lituania). El acto se enmarca dentro del programa para el Día de Europa, con la conferencia 'La Unión Europea, hoy y mañana'.

Doy todos estos detalles de agenda porque, precisamente, el diablo está en los detalles. Vamos a los ponentes y, después, al titular. La representante de Bulgaria, su embajadora, se encuentra ante un cambio de Gobierno, con un jefe de Estado electo con las manos libres para enfrentar la acción exterior de la Unión Europea (UE) respecto a Rusia y al conflicto bélico en Ucrania. El ex teniente-general y militar desde la época soviética, cuando Bulgaria era el aliado más fiel de la URSS, Rumen Radev, ha ganado las elecciones tras ocupar durante nueve años la Presidencia del Gobierno. Pero no nos engañemos, su carrera militar ha pasado por Estados Unidos en dos ocasiones, la última con honores de la Air War College “Maxwell”. Tras las elecciones legislativas, a finales de abril, el Kremlin celebró su victoria. Y Radev dijo en ese momento que había que iniciar un diálogo con Moscú.

En el mismo espacio valenciano de la Universitat, la representante de Rumanía juega un papel difícil. En el aire flota la moción de censura contra el jefe del Gobierno, el liberal Ilie Bolojan, anunciada por la ultraderecha y los socialdemócratas. Entre ambas formaciones, tienen mayoría sobrada para derrocar al Gobierno rumano que nació hace un año de unas polémicas elecciones, donde el Tribunal Constitucional había anulado la primera vuelta que daba la victoria a Calin Georgescu, candidato prorruso y de ultraderecha. La excusa fue la injerencia rusa en TikTok. Ya no le dejaron pasar a la segunda vuelta. 

En 2025, la sección Paz y Derechos Humanos del Ministerio suizo de Asuntos Exteriores apoyó el think-tank Expert Forum, que acaba de concluir que “estas elecciones anuladas son una muestra de la insensatez con la que actuaron las instituciones rumanas, permitiendo que se perjudicara la democracia” y se anularan las elecciones. En esta línea, la Cámara de Representantes de Estados Unidos denunció hace dos meses que Bruselas influyó en una decena de elecciones mediante la censura y las sanciones a plataformas digitales. El ex comisario europeo Thierry Breton ya admitió hace un año que la UE tiene mecanismos para anular victorias electorales. En la nebulosa de las dudas queda grabada y difundida su famosa frase: “Lo hicimos en Rumanía…”.

Y finalizamos con la tercera ponente, la representante de la Universidad de Lituania, país báltico que, junto a Estonia y Letonia, hacen de avanzadilla contra el Kremlin. Entendemos que, como académica y miembro honorario del Colegio Báltico de Defensa, la profesora Margarita Seselgyte, se centrará en sus investigaciones sobre la defensa y la política exterior europeas. 

Por último, el titular: 'La Unión Europea, hoy y mañana'. Hoy, y siguiendo mi agenda, estamos preocupados por la crisis de la vivienda en Europa, la aprobación del presupuesto plurianual incluyendo las contingencias de la mil millonaria ayuda a Ucrania, la emisión CO2 producida por los camiones y otras minucias. Respecto a la seguridad y defensa, hoy estamos preparando los 800.000 millones para la compra de armamento para rearmar Europa en menos de cinco años. Y, mañana, estaremos preparados para que Dios nos coja confesados. Y ya veremos quién abre el champán…

El titular no se refiere a un gentilicio, sino a la traducción al español del apellido del recién elegido primer ministro de Hungría que, con este nombre, parecía predestinado. No obstante, la gran promesa húngara está bajando como un suflé para Bruselas. La victoria de Péter Magyar en las elecciones legislativas de Hungría se resume en una incógnita que se despejará en la próxima reunión informal de líderes de la UE, cuando le pongan sobre la mesa el crédito de los 90.000 millones de euros para Ucrania bloqueados por su predecesor, Viktor Orbán.

En el discurso que siguió a su arrolladora victoria electoral, Magyar desveló los puntos claves de lo que será su mandato en el linde entre su valedora, la Unión Europea, y su amigo natural, Rusia, a la que le debe el suministro de la energía barata que aún le llega a Hungría. Es decir, que se ha desdicho de sus promesas electorales 24 horas después.

A las nimias concesiones a Bruselas -estudiar la entrada en la eurozona, garantizar la independencia judicial y adscribirse a la Fiscalía Europea- antepone los intereses del pueblo magiar, de los que su contrincante Viktor Orbán hacía gala: exclusión voluntaria de Hungría del préstamo de 90.000 millones para Ucrania -vale, que no lo bloqueará-, oposición a la vía exprés para la entrada de Ucrania en la Unión Europea, mantener la compra de recursos energéticos a Rusia y oposición total al Pacto de Inmigración. Estoy escribiéndolo y estoy escuchando a Orbán con sus alegatos incendiarios en Bruselas. “Que sí, que vamos a seguir comprando petróleo ruso”, aunque “si Putin me cogiera el teléfono, le pediría la paz”, respondía una y otra vez ante una cohorte de periodistas anonadados que no acertaban a creer que delante de ellos estaba Magyar y no su antecesor. 

En el aire flotaban incandescentes los destellos de los 17.000 millones de euros congelados por Bruselas al hijo pródigo. También, y esto es lo que más duele, la multa del millón de euros diarios por no querer aceptar la cuota de inmigrantes ilegales que cruzan el mar Mediterráneo, salvando junglas y desiertos, agua y arena, jugándose la vida a su suerte.  No, no quitará la valla que protege sus fronteras. No, Orbán no los quería. Y Magyar, tampoco.

Poco o nada dijo “el húngaro” sobre los derechos LGTBIQ… pese a sus amables discursos preelectorales. No, no está entre sus prioridades. Pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le felicitó la victoria con una sentencia en la que declaraba que “la ley de Hungría que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género es contraria al acervo de la UE”. 

Y el Parlamento Europeo le recordaba a Magyar este asunto pendiente y cada vez más prioritario para las políticas denominadas inclusivas de la UE: hay una “preocupación por las medidas discriminatorias adoptadas por los Estados con el pretexto de luchar contra la 'propaganda LGBT'”. Sobrevolaba sobre estas palabras la amenaza de aplicar a Hungría el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que suspende el derecho de veto y de voto a los países miembros díscolos. 

Pero no es este el tema que importa a Bruselas. De hecho, una delegación de alto nivel de la Comisión Europea celebró reuniones técnicas en Budapest con altos representantes del Gobierno húngaro entrante, tras los contactos entre la presidenta Von der Leyen y el primer ministro electo Magyar, con el compromiso de ambas partes para comenzar a trabajar en varios temas urgentes.

La urgencia venía determinada por el consejo Asuntos Exteriores celebrado esta semana, con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en el punto de mira, asunto en el que Bruselas y Budapest han tenido sentimientos encontrados.

Pero la prueba de fuego es la reunión informal de líderes de la Unión que se celebra a final de esta semana en Chipre. Y en la que Magyar deberá enseñar la patita, ya sea de lobo o de cordero. Como la información previa de la Presidencia chipriota solo dice que se hablarán de cuestiones políticas de actualidad, cabe esperar que caiga la espada de Damocles de los 90.000 millones de euros prometidos por la UE a Ucrania y bloqueados por Orbán desde diciembre del pasado año.

Magyar ha adelantado que no bloqueará esa ingente cantidad de dinero, pero que no está dispuesto -como Orbán- a rascarse el bolsillo, debido a las maltrechas arcas del Tesoro húngaro. Y que el dinero de los húngaros es para los húngaros, no obstante desearle a Zelensky toda la suerte del mundo en la defensa de su territorio y su soberanía nacional. 

Y hasta aquí puedo hablar. Porque la versión 2.0 mejorada de Orbán está dando muchas sorpresas a los que contemplamos cómo la Europa nacionalista se está imponiendo frene a las llamadas al cambio hacia una estructura federal. Y tampoco Magyar va a necesitar plantar cara a sus amigos en Bruselas. En la cola están Eslovaquia, Chequia y, ahora, Bulgaria. Un nuevo frente de Visegrado, que nos va a hacer añorar a Orbán, se ha puesto en marcha. Al tiempo…

Mientras todas las miradas se vuelven hacia Oriente, inclinando el eje de la Tierra hacia el lejano Este, aquí en Occidente libramos nuestras propias batallas… Y aunque Estados Unidos hace tiempo que nos dio la espalda, en Europa seguimos teniendo muy presente el desorden geopolítico que nos dejaron desde 2014 varias Administraciones estadounidenses y que hoy se libra con armas entre Rusia y Ucrania, con la OTAN en la retaguardia. Por eso nos preocupa la geografía. Porque hay un pequeño enclave ruso en el corazón de Europa que sortea todos los peligros posibles para provocar un “casus belli”. Se llama Kaliningrado, histórica capital prusiana, antigua Könisgberg y lugar de nacimiento de Kant. Y cuyos habitantes dudo mucho que hoy se sientan alemanes (0,4% de la población), tras formar parte de la Unión Soviética desde 1945 y, hoy, de Rusia. 

“¿Y dónde está China? ¿Y dónde está Rusia?”, cantaría Carlos Baute… Kaliningrado es una pequeña “isla rusa” en medio de la Unión Europea, que hace frontera terrestre con Polonia y Lituania, y marítima con Suecia por el mar Báltico. ¿Imaginan que un dron ruso cruzara la frontera aérea lituana ante de pasar a Bielorrusia, país amigo? ¿Y que Lituania se lo tomara como un acto de guerra? ¿O que un caza polaco amigo cruzara hacia territorio lituano invadiendo el espacio aéreo ruso de Kaliningrado? Durante los cuatro años de “nuestra guerra” esto es lo que temíamos. Que un cruce de drones entre Polonia y Lituania hiciese recaer la culpa por error sobre Kaliningrado, es decir, Rusia. 

Y esto que todos temíamos, desde la invasión Rusia de Ucrania, no ha ocurrido. Aún. Pero está pasando en el Golfo de Finlandia. Lluvias de drones ucranianos caen sobre la costa norte de Rusia. La explosión de la refinería rusa de petróleo Yaroslavl se produjo por un dron que venía de cielo OTAN. Finlandia inmediatamente reaccionó y derribó dos de estos aparatos que violaban su espacio aéreo, y que no eran rusos sino ucranianos. Una frontera de más de 1.300 kilómetros con Rusia es razón de peso para que no se dude de su inocencia. Menos prestos a disculparse han sido los Bálticos. Los drones ucranianos siguen sobrevolando su territorio y el de Polonia, e incluso alguno ha caído de forma accidental sobre estos países, por ahora, sin víctimas mortales. 

¿Pero qué pasaría si un granjero polaco fuera alcanzado por un dron ucraniano “perdido” por las interferencias de guerra electrónica rusas, que desvían estos aparatos de sus objetivos en Rusia? En la última semana de marzo Kiev los ha reconocido como suyos y ha pedido perdón. Los drones desviados de su ruta original, han caído en Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Pese a que su objetivo son las infraestructuras energéticas rusas en el Báltico, los drones ucranianos impactaron el 25 de marzo contra la chimenea de la central eléctrica de Auvere (Estonia). Ese mismo día, otro dron se estrelló y explotó en la región de Kraslva (Letonia), cerca de las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Dos días antes, otro dron cayó sobre el lago helado Lavysas (Lituania), en su camino a la terminal petrolera rusa de Primorsk. 

Estos tres países bálticos, junto con Polonia, han capitaneado la vanguardia contra Rusia durante el conflicto con Ucrania. Precisamente, los que más podrían temer represalias por su vecindad con Rusia, han sido los portavoces de la Administración Biden en este conflicto ante las instituciones de la Unión Europea. Tal vez porque, desde antes de la guerra, sus fronteras han sido blindadas con los principales batallones de otros países, entre ellos España, que se concentran allí para defenderse de un “ataque preventivo de la URSS”, como cantaban “Polanski y el Ardor” en los años 80 de nuestra era. 

Se trata de la Presencia Avanzada Reforzada (eFP, por sus siglas en inglés) de la OTAN. En estos momentos, se concentra en Estonia un grupo táctico multinacional liderado por el Reino Unido, con la participación constante de efectivos de Francia e Islandia. En Letonia, Canadá lidera el grupo a nivel de brigada desde 2024. Esta brigada incluye personal de países como España -con compañía blindada de carros Leopardo-, Albania, Chequia, Italia, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. En Lituania se concentra un batallón liderado por Alemania, que está en proceso de convertirlo en una brigada permanente y que será totalmente operativa en 2027. Y en Polonia, Estados Unidos lidera el grupo táctico desplegado en la zona crítica de Suwalki, el corredor que conecta 70 kilómetros de frontera con Bielorrusa, principal aliado de Rusia.

No valdrían las excusas, pues, si un dron OTAN o ucraniano cayera en Kaliningrado, rodeado como está de “fuego amigo”. La diplomacia hablaría de error, guerra electrónica un dron perdido o desviado, pero el “casus belli” ya se habría activado. No, lo que pasa en Oriente no nos es ajeno… Tanto como para no prever que en Kaliningrado se puede librar la última batalla, pese a que el resto del mundo la haya olvidado.

Los ciudadanos europeos recibiremos un mensaje ES-Alert en el móvil que señalará el momento para hacer acopio de agua, alimentos, medicinas y pilas para hacer frente a 72 horas de crisis. Europa se prepara para almacenar comida y energía ante el cierre del estrecho de Ormuz durante el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Tanto el Gobierno británico como la Comisión Europea tienen preparado el plan logístico que harán llegar a la ciudadanía en el momento crítico. 

El momento pánico está asegurado, por eso los Gobiernos se resisten a publicar esta información. Pero habrá que ir preparando el Kit de Supervivencia y no solo por una amenaza bélica. Puede que los drones no lleguen a nuestras casas, pero tampoco llegará el gas ni la compra del Mercadona. La crisis alimentaria está prevista si las rutas comerciales se cierran y amenazan los canales de suministros. 

Por eso, la orden de Bruselas a los 27 Estados no se limita a almacenar gas y petróleo, sino que se extiende a fertilizantes, aluminio, acero, minerales críticos y alimentos. Sí, ahora que hemos firmado acuerdos comerciales con medio mundo y parte del extranjero, el desabastecimiento está asegurado con el continuado castigo al campo europeo… 

¿Y cuáles son las medidas concretas del Plan de Resiliencia? ¿Recuerdan el famoso Kit de 72 horas que presentó de forma tan “graciosa” e irresponsable la Comisaria para la Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, emulando a Mary Poppins? Aquellas instrucciones, que estaban en fase de preparación, se han reforzado pasando a la fase de ejecución.

En un vídeo oficial publicado y difundido por la Comisión Europea ahora hace un año, Hadja Lahbib comenzaba a sacar cosas de un bolso sin fondo, entre risas forzadas y frívola sorpresa, que se suponen necesarias para el caso de sufrir un ataque bélico o un sabotaje nuclear. El llamado Kit-72 horas contiene un conjunto de suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, una navaja suiza, un botiquín, documentos de identidad, dinero en efectivo, una linterna, una radio a pilas y un cargador autónomo para el móvil. Se supone que podemos quedarnos sin servicios básicos como luz, agua e internet. Recordar que el anuncio del Kit venía acompañado por la hoja de ruta para estar preparados en caso de guerra: el “White Paper RearmEurope 2030”.

Ahora, con la guerra de Irán de fondo y solos ante el conflicto de Ucrania, la Unión Europea acaba de reforzar este escenario con nuevas recomendaciones para blindar el sistema agroalimentario frente a impactos climáticos y geopolíticos, con el Mecanismo de Respuesta Alimentaria. Ante la volatilidad de los mercados, se ha recomendado a los Estados que coordinen sus reservas nacionales de alimentos y fertilizantes, suministros médicos y combustible.

Entre las directrices del Plan de Resiliencia y del Mecanismo de Protección Civil, se obliga a los Estados a preparar planes de contingencia específicos para tres amenazas detectadas como “inminentes”: protocolos de racionamiento de combustible, plan de defensa para cables submarinos de datos y gasoductos, directrices para ayuntamientos en caso de ciberataques masivos con objeto de que puedan operar de forma manual servicios básicos como agua y basura. 

Todo ello irá acompañado de un proceso de educación a la población mediante simulacros civiles, formación escolar en primeros auxilios y jornadas de concienciación con pruebas de sistemas de alerta temprana a través de mensajes en el móvil del 112. Recordemos, el ES-Alert. Este plan se ejecutará de forma gradual y discreta para evitar un desabastecimiento real de productos básicos provocado por la alarma social.

Pero, sobre todo, ha emitido una instrucción urgente a los Estados miembros para comenzar la inyección de gas en los almacenes de forma inmediata, aprovechando la flexibilidad del Reglamento de Almacenamiento de Gas de la UE con objeto de mitigar la presión sobre los precios. No hemos llegado aún al Plan de Emergencia Nacional para el Combustible (National Emergency Plan for Fuel) del Reino Unido, que prepara el racionamiento del combustible con un límite de 30 libras por vehículo, o la prioridad para los servicios esenciales, como hospitales policía y transporte público.

En nuestro caso, la Unión Europea está coordinando medidas energéticas y de combustible como el llenado de depósitos de gas, la vigilancia de precios y otras medidas de ahorro voluntario, que deja en manos de los Estados y que pasaría, de nuevo, por promover el teletrabajo y reducir los límites de velocidad. Bueno, ya nos confinaron tres meses. Sin bromas.

Como nos hacemos trampas al solitario, en enero Bruselas aprobó un Reglamento por el que se establecen medidas estrictas para la eliminación gradual de las importaciones del gas ruso. Esto lo estamos haciendo desde 2022 con la inestimable ayuda de Estados Unidos, que nos prometió abastecimiento eterno -que no amor- y barato -lo ha subido un 40%- de Gas Natural Licuado (GNL). Sin alarmas.

Confiábamos además en el gas catarí y resto de países del Golfo. Esta ruta es la que está en peligro por el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques iraníes a las refinerías de sus vecinos árabes. Como está siempre al quite, el presidente estadounidense Donald Trump acaba de hacernos chantaje: “Si no cumplís el acuerdo arancelario de la vergüenza, firmado en mi Golf Resort de Escocia, se acabó mi suministro de gas”. Sin ambages.

“Lo llamamos EU Inc., como un único y simple conjunto de reglas que se aplicarán sin problemas en toda nuestra Unión”. Lo anunció la presidenta de la Comisión Europea en el Foro Económico de Davos hace dos meses y pasó casi desapercibido. ¿A qué se refería Ursula Von der Leyen? Al “Estado número 28 de la Unión Europea”: un marco legal único, el Régimen 28, que establecerá un sistema jurídico específico y paralelo para empresas en el territorio europeo. 

Y lo acaba de recordar en la víspera del Consejo Europeo, tras la reunión del Colegio de Comisarios. Se trata de una propuesta de la Comisión para 2026 que ofrece un marco legal societario opcional y uniforme, paralelo a los derechos nacionales. Busca permitir a startups y pymes crear empresas digitalmente para operar en todo el mercado único bajo una misma ley, sin costes, sin burocracia. 

Muy bonito. Muy útil. Muy práctico. ¿Muy legal? ¿Muy legítimo? Es decir, ¿una empresa adscrita al Estado 28 tendrá en cuenta los derechos laborales reconocidos por nuestro Estatuto de los Trabajadores? ¿Cumplirá con las normas constitucionales que garantizan en cada país el Estado de Bienestar y el Estado de Derecho? ¿Cumplirá con las sentencias de los tribunales en donde opere?

Nos dicen que sí. El Régimen 28 (EU-Inc) no sustituye a las leyes nacionales, pero las empresas eligen si se acogen a él. Proporciona un conjunto único de normas para el derecho societario, insolvencia y procedimientos, facilitando la expansión transfronteriza. Permite la creación de empresas en 48 horas mediante herramientas digitales. Y reduce la fricción legal y los costes para las empresas innovadoras en territorio de la UE.

Sin embargo, las empresas pueden acogerse opcionalmente a este marco jurídico singular y a tribunales también específicos y especializados, aparte de la jurisdicción ordinaria de los Estados miembros. Ello devendrá un arbitraje regulatorio más favorable a las empresas. Es más, la Comisión creará un nuevo Registro Central de la UE. Las empresas de EU Inc. obtendrán sus números de identificación fiscal y de IVA sin tener que volver a presentar documentos. Si la identificación fiscal es de la UE, ya no es de los Estados. ¿A dónde va a parar ese IVA?

La Comisión urge al Parlamento Europeo y al Consejo a que alcancen un acuerdo sobre la propuesta de la UE Inc. antes de finales de 2026 apelando al Mercado Único Europeo. Y se pone el énfasis en la necesidad de atraer “clientes”, empresas extranjeras, empresas europeas que se marcharon, nómadas digitales… Todo “simple y racional”: se crea una empresa online por menos de 100 euros, sin capital social y en 48 horas. Con poder notarial de la UE.

Lo anunciaron en mayo de 2025, pero no leímos la letra pequeña. Venía de atrás, del informe de Enrico Letta de 2024 -precursor del informe Draghi-, que anunciaba el 28º Régimen de la Unión como un “paso transformador” hacia la realización del mercado único. Y lo dice bien claro: “EU Inc. será un nuevo régimen jurídico corporativo opcional”. Y los empresarios de la UE tendrán libertad para elegir el Estado miembro en el que deseen incorporarse. 

Además, con la Ventanilla Única (OSS), la empresa declarará y pagará todo el IVA a través de un único portal: el registro central o interfaz de la UE. Las autoridades fiscales de ese “Estado de Identificación” se encargan de transferir los fondos correspondientes a los demás países donde se realizaron las ventas. Y¿qué pasa con las transferencias de acciones? Se agilizan ¿Y qué pasa con las “adquisiciones asesinas”? Se controlan.

¿Pero qué pasa con los derechos de los trabajadores, por ejemplo, respecto a las tributaciones y prestaciones de la Seguridad Social? Al ser competencias nacionales protegidas, las empresas de EU Inc. deben cumplir con los estándares laborales y de seguridad social del Estado donde estén registradas o donde operen.  

Por eso ya se levantan las voces contrarias, las voces que temen que se conculquen derechos laborales y el sistema de fiscalidad, lo que afectaría al fin del Estado del Bienestar, que vería reducidas las contribuciones fiscales de las empresas en este capítulo y en el societario. La Comisión niega la mayor. EU Inc. no puede utilizarse para eludir derechos. Se refiere especialmente a los derechos de los trabajadores y a la posibilidad de eludir las contribuciones a los sistemas de pensiones públicos. 

Ya está sobre la mesa la posibilidad del “dumping social” y por eso se insiste en ello. Mientras la fiscalidad de las acciones se armoniza, se intenta que el pago de pensiones se quede en cada Estado. Una solución es que se acojan al Producto de Pensión Personal Paneuropeo (PEPP), que en realidad es un sistema de aportación individual del trabajador. Pero, entonces, ¿qué pasa con el sistema colectivo y de solidaridad intergeneracional español? Como ejemplo… 

La efectividad de EU Inc. dependerá de si los mecanismos de control nacionales son suficientes para vigilar a estas nuevas entidades digitales. Lo bien cierto es que la representación de los trabajadores y su defensa colectiva se resentirá. Excepto que la IA se decida a ejercer esos derechos. Y ese mundo no está tan lejos… En un momento de tensión estructural histórica, con el dilema de la UE de elegir entre “cañones o mantequilla”, tal vez las máquinas tomen las iniciativas y se alcen para reclamar sus derechos contra el nuevo Estado digital, el EU Inc.

Esta vez nos han metido dentro de la Europa de las dos velocidades, a la cabeza y no en el furgón de cola, como ya nos tenían acostumbrados. El E6 o grupo de los elegidos por el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, cuenta con España para liderar la Europa de la defensa, la de la nueva revolución industrial. Poco o nada se está contando de este plan, el Plan Klingbeil, del que también forman parte Francia, Polonia, Italia y Países Bajos, los elegidos. 

A la Comisión Europea parecía que no le hacía ninguna gracia que, precisamente, los seis grandes hayan decidido ir por su cuenta, de forma paralela a los designios de Bruselas. No obstante, una carta hecha pública estos días de la presidenta Ursula von der Leyen a los Estados miembros advierte de una nueva forma de avanzar, en el mismo camino que Draghi viene anunciando desde su famoso informe hacia una Europa federal. 

El objetivo es progresar en los temas que se eternizan sobre la mesa de una maquinaria que ya chirría entre los pasillos del Berlaymond y los del Consejo, justo enfrente, cuando los 27 Estados miembros no se ponen de acuerdo. La trampa está en que, para ello, ya existe un mecanismo jurídico-político reconocido por la Unión Europea, el de la cooperación reforzada, que permite avanzar en las políticas de integración si hay nueve países que se ponen de acuerdo. 

Pero en este caso no llegan a nueve los países que conforman este club súper privilegiado. Por el camino se dejan a los pequeños y a los pobres, a los díscolos y a los pro-rusos. Nadie de la Europa del Este que entraron en la última hornada, la de los diez de la gran ampliación en 2004. Tampoco han contado con los nórdicos, ni con los bálticos o con los PIG sacrificados con la crisis financiera mundial. A España (la “’s” de PIG’s) no lo cuento en este grupo, porque no se rescató al Estado sino a la Banca. 

Bien es cierto que entre los seis ostentan el 70% del PIB de la UE, lo que supone un aliciente para influir en los mercados financieros internacionales y revitalizar el papel del euro, degradado con la crisis financiera mundial. Para ello, deben evitar la lenta maquinaria de los 27, que impide avanzar con la celeridad que requieren los tiempos y los contratiempos geopolíticos, mientras nos van dando bandazos.

El E6 pretende erigirse en un nuevo motor político y económico que acelere las inversiones empresariales, la industria de la defensa y las cadenas de suministros de materias primas estratégicas. En el epicentro está el impulso de la compra de material armamentístico, mientras se reconvierte la ajada industria automovilística alemana, algo que Francia ha temido y ha evitado desde el primer Tratado de 1951, el de París, y que sin embargo ahora alienta. 

El objetivo del canciller alemán es claro y lo ha declarado: “Convertir a Alemania en el ejército convencional más fuerte de Europa”. Y, para ello, la meta es aumentar el gasto militar al 5% del PBI, como afirmó Merz en el foro Económico de Davos, tras décadas de contención militar alemana. Vade retro. 

Y así se ha estrenado estos días el E6 en la reunión del Eurogrupo, con el ministro alemán de Finanzas Lars Klingsbeil defendiendo su posición como avanzadilla para potenciar el euro a nivel internacional y el ahorro privado como inversión en la economía productiva, especialmente la de defensa. 

Todo esto, que suena tan bien, choca frontalmente con un problema que no se quiere pronunciar en voz alta. La economía productiva necesita de energía y, en especial, de energía barata. Sabido es que la industria alemana está en proceso de desmantelamiento desde que no puede pagar la factura energética. Y no puede pagarla porque ya no es barata, porque nos hemos sancionado con la prohibición de comprar gas a Rusia.

Por tanto, esta inversión en defensa, si se quiere estar preparado para 2030, pasa por comprar armamento a los Estados Unidos que, por ahora, son nuestro principal proveedor. Porque debemos rearmamos en menos de cinco años, como establece nuestra hoja de ruta, publicada en marzo del año pasado como “ReArm Europe 2030”, y donde ya se indica que hay que movilizar capital privado para el sector de la guerra. También le habían puesto precio al proyecto: 800.000 millones de euros.

Pero el plan de Klingbeil corre el riesgo además de romper la cohesión europea. Presenta un proyecto excluyente y que vemos cómo va normalizándose pese a saltarse todos los controles del marco institucional, como es el del Parlamento, a través del artículo 122 del Tratado de la Unión Europea. Por cierto que algunos eurodiputados ya expresaron su preocupación porque estas iniciativas de acelerar la economía sin controles democráticos fueran en detrimento de la inversiones en las políticas sociales que benefician al ciudadano europeo. 

No nos vendría de nuevas. Porque esto ya lo anunció el canciller Friedrich Merz el verano pasado: “Se acabó el Estado del Bienestar”. Y, mientras se desmorona el marco institucional de la Unión tal y como lo conocemos, el Plan Klingbeil ya ha comenzado a andar y ese será el camino.

“No tendréis nada y seréis felices”. Esta mítica frase de Davos 2016 se ha revelado como una predicción con el discurso de Ursula von der Leyen en el foro económico de Davos 2026, donde ha clamado por “la independencia de Europa” ahora que somos más dependientes que nunca de la magnanimidad de nuestros amigos y aliados. Desde la IA hasta la Defensa, pasando por la autonomía energética, la presidenta de la Unión Europea ha desvelado ante el mundo todas nuestras debilidades, pese a vestirlas de fortalezas, todo lo que no tenemos pese a parecer felices.

Renunciamos hace más de 20 años a nuestra industria y, con ella, a la inversión en tecnología y en I+D+I, delegando la producción en el continente asiático con el mantra de la globalización. Desistimos, mucho antes, de tener un ejército europeo y, consecuentemente, una industria de defensa aceptando la protección paternal del Tío Sam y, de paso, haciendo nuestras todas sus guerras. Y hemos abandonado nuestra fuente de energía más cercana, cómoda y barata, el gas ruso, haciendo imposibles los dos postulados anteriores. Todo ello base de nuestra independencia. 

Respecto a la defensa, precisamente, nuestra Presidenta ha insistido en la OTAN como el paraguas que nos habían prometido para nuestra seguridad nacional e internacional. Pero, ¿qué quiere decir von der Leyen cuando apela a la seguridad en el Ártico de la mano de la OTAN y de Estados Unidos? “Cuando se trata de la seguridad de la región Ártica, Europa está totalmente comprometida. Y compartimos los objetivos de los Estados Unidos en este sentido”. ¿De verdad compartimos los objetivos de Trump en Groenlandia?

Tras afirmar que “consideramos al pueblo de los Estados Unidos no solo nuestros aliados, sino también nuestros amigos”, von der Leyen se da un baño de realidad. En el mismo párrafo afirma: “Creo que Europa necesita adaptarse a la nueva arquitectura de seguridad y a las realidades a las que nos enfrentamos ahora”. ¿Cómo, si desde hace cuatro años hemos pasado a depender en un 60% del gas y petróleo norteamericanos? La independencia de Europa, su grito desesperado, en un “desiderátum”, una oda a la alegría, pero con un rictus en lugar de una sonrisa. 

El discurso de von der Leyen, escrito antes de Navidad como ella misma reconoce, lleva a Groenlandia hacia el último párrafo. “Cuando comencé a prepararme para el discurso de este año, la seguridad en la región del Alto Norte no era el tema principal”, son sus últimas palabras. Nadie se lo ha actualizado porque, no muy lejos de esas líneas, se vanagloriaba de que Finlandia está construyendo cuatro rompehielos para Estados Unidos, que “los necesita para reforzar su presencia en el Ártico”, es decir, ¿en Groenlandia?

De paso, -¿avisa, amenaza?- afirma que va a buscarse “otros” amigos. “Necesitamos trabajar con todos nuestros socios regionales para fortalecer nuestra seguridad común. Es por eso que buscaremos cómo fortalecer nuestras asociaciones de seguridad con socios como el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros”. ¿Otros socios regionales? El canciller alemán acaba de reconocer que Rusia es Europa. ¿Será verdad que la UE tienen sus ojos puestos en Rusia? Desde la amenaza de Trump de conquistar Groenlandia, los líderes europeos como Macron, Merz y Meloni han dado muestras de la necesidad de hablar con Putin. Ardua tarea tras cerrarnos la puerta al diálogo desde hace más de tres años y, lo que es más importante, al gas ruso, la fuente de energía barata que hacía de Alemania el motor de Europa. Una vez cerrada la espita del gas, ¿qué nos queda?

Porque esa es la clave del Foro de Davos, la energía que mueve la industria y la IA. Y por eso, su vicepresidente Larry Fink (BlackRock) ha reivindicado la vuelta al gas y la energía nuclear, “porque no podemos depender de la volatilidad de renovables como la eólica y la solar”. Ahora admite que la transición ecológica -que él propuso- ya ha saboteado nuestro suministro eléctrico y ha aumentado nuestras facturas de electricidad. ¿Se acabó la energía sostenible? ¿Se acabó el cambio climático?

Y hete aquí que la energía es también la que mueve a Trump en su camino a la conquista de Groenlandia, o más bien, a sus inversores de Silicon Valley y otros, desde Larry Fink a Jeff Bezos (Amazon), pasando por el dueño del imperio Lauder, el CEO de Palantir, Bill Gates y Michael Bloomberg… Todos necesitan energía barata para sus centros de datos, enormes instalaciones que consumen tanto como una ciudad para albergar en sus computadoras los big data de la población mundial, la que alimenta la Inteligencia Artificial. Y el frío ártico, además de la abundancia de agua, son esenciales para refrigerar los Data Center. 

Parece Black Mirror hecho realidad, pero ahí está Trump, también en Davos, explicándoles a los ricos y poderosos del mundo su idea -la de sus magnates- de crear una ciudad-Estado privada donde toda su población esté bajo el control de la IA. Un experimento piloto que solo se puede ensayar en Groenlandia. Praxis se llamará. Y, mientras tanto, la independencia de la Unión Europea irá ligada a la de esta gran isla danesa, abandonada a su suerte.

De nada sirve henchir el pecho, ya no vale de nada decir “soy europeo”, ya no nos sirve como carta de presentación… Ya no tenemos nada, ni siquiera nos queda el orgullo de ser ciudadanos europeos. Porque hemos vendido, precisamente, nuestra independencia al mejor postor. Porque hemos vendido el alma al diablo.

Semana caliente en todos los frentes, pese a las frías negociaciones por el afán colonizador con Groenlandia del presidente estadounidense Donald Trump, con las carreteras cortadas y las calles encendidas en defensa del campo europeo y contra el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. Los agricultores franceses y los de media Europa llegan a París y a Bruselas con sus tractores, sorteando tanquetas de policía y traiciones. El presidente Macron, siempre dispuesto, ha llegado tarde y la mayoría del Consejo ha dado luz verde al Tratado de Mercosur después de 25 años de oposición de la France.

Dice el presidente de la República que tiene salvaguardas para los suyos, para los franceses. En Paraguay, donde esperan este sábado a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, se rieron cuando preguntaron por ello… Y aquí, quien sepa algo de derecho europeo, también. Porque la traición principal está, de nuevo, en aprobar dos acuerdos en uno para aplicar, de forma provisional, el que no necesita de la ratificación de los Estados, porque afecta sólo a la política agraria común y su comercio exterior, y esto es competencia exclusiva de la UE.

Vamos a explicar detalladamente esta histórica traición al campo cuyo antecedente, a menor escala, lo representa el Tratado con Sudáfrica de 2016. El campo valenciano lo recuerda bien. Desde entonces, y con las fronteras de Rusia cerradas a los cítricos españoles, la naranja valenciana se queda en el árbol. Ya no es rentable porque la temporada se superpone a la sudafricana, que sigue entrando en noviembre pese a la prohibición. También siguen entrando plagas, cítricos sin control fitosanitario, y dumping social y comercial. No, los puertos, en especial el de Rotterdam, no controlan. Por eso los Países Bajos se han convertido en los segundos exportadores europeos de naranja, la sudafricana, su antigua colonia…

En primer lugar, el visto bueno lo dieron los embajadores reunidos en el Coreper, delegados por sus presidentes de Gobierno, quienes no consideraron suficientemente importante refrendar personalmente la autonomía y la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Total, el acuerdo ya se había producido el 17 de diciembre con la aquiescencia de Francia, sólo había que votarlo procedimentalmente.

Tras las repetidas peticiones de la cabeza de Macron en la calle y en todas las instituciones francesas, y el riesgo de acabar en La Bastilla, el presidente de la República retiró su voto favorable in extremis el pasado viernes. El mal ya estaba hecho porque, de camino, se convenció a Giorgia Meloni para lograr su apoyo en una votación por mayoría cualificada, en la que era suficiente el 65% de la población, representada al menos por 15 de los 27 Estados miembros y votada por los embajadores.

De ahí la importancia del voto de países grandes. Recordemos aquí la enorme deuda que tiene Italia y a la que hace frente con los fondos de la Unión Europea, para entender los vaivenes de la primera ministra italiana en temas tan peligrosos como el campo o la inmigración. También España ha respaldado el acuerdo, pese a tener a la pagesia cortando la AP-7, la carretera que nos une con Europa.

Días después del acuerdo, en ninguna web oficial aparece la relación de Estados que han votado a favor o en contra, ni siquiera en el documento oficial aprobado y publicado por la UE. Sabemos por las declaraciones de sus gobiernos –y porque le hemos preguntado a la IA– que Irlanda, Polonia, Hungría, Austria y Francia han votado “no” a este acuerdo que abrirá fronteras con Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, liberalizando productos agrícolas e industriales entre ambas orillas del Atlántico sur. Mientras que Bélgica se abstuvo porque los flamencos –zona comercial– están a favor y los valones –zona agrícola– se opone.

En segundo lugar, las prometidas salvaguardas a los agricultores franceses y al campo en general no afectan al Tratado, no están recogidas ni reconocidas en ninguna cláusula o anexo de su articulado. Sí, existen, pero en forma de Reglamento, es decir sólo aplicable y obligatorio por la parte europea, sin ninguna fuerza jurídica de obligado cumplimento para la contraparte, es decir, para Mercosur (la alianza de los cuatro países sudamericanos). También existe un anexo con una relación de productos, breve, en la que no figura ningún producto agrícola.

La última traición, ya adelantada, llega por la espalda. Como el Tratado requiere de la aprobación por el Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, éste se escindió en dos actos jurídicos, llamados Decisiones: la que aprueba el “Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros”, pendiente de ratificación, y la Decisión sobre el Acuerdo Interino de Comercio (ITA, por sus siglas en inglés) entre la UE y Mercosur.

Literalmente, el Consejo afirma que “el Acuerdo Interino de Comercio refleja el pilar de liberalización del comercio y la inversión del Acuerdo de Asociación, y funcionará como un acuerdo independiente hasta la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación en su integridad. Su objetivo es obtener lo antes posible los beneficios económicos de los compromisos comerciales negociados”. Con ello, se apartaba la parte más controvertida, la del ITA, la que liberaba de aranceles los productos agrícolas para su importación y exportación, y cuya política es competencia del Gobierno en Bruselas.

Precisamente, esta parte del Acuerdo es la que está levantando a los agricultores casi en armas desde hace tres semanas. Y hete aquí la trampa. Porque el acuerdo comercial, que estaba implícito en el Tratado de Asociación, se ha desgajado para no esperar todo el trámite procedimental de aprobación parlamentaria, lo que demoraría su aplicación durante varios meses. Por el contrario, el ITA será de inmediata aplicación en cuanto se publique en el Diario Oficial de la UE uno de estos días, siendo de general y completa aplicación de forma provisional hasta que se apruebe el Tratado. Recuerden, el libre comercio de productos ganaderos y agrícolas. Sin acuerdo unánime, sin votación del Parlamento Europeo ni de los Parlamentos nacionales. Sin permiso…

“Cuando escucho la palabra Groenlandia, me recuerda la canción de los Zombies”, me dice una amiga. Habla de una invasión extraterrestre y el chico iba a buscar a la chica desde Groenlandia hasta los anillos de Saturno, cruzando amplios mares, escalando altas montañas y descendiendo los glaciares… Por eso, el próximo lunes le toca a Groenlandia, eje principal de la estrategia de Estados Unidos para hacerse con el control de la ruta del Ártico junto a Rusia, en clara competencia comercial y geopolítica con China. Porque Groenlandia va en el mismo pack de reparto de la hegemonía mundial junto a Ucrania, Venezuela y Siria.

Tercer aviso de Rubio de parte de Trump a la Unión Europea (UE) para la compra de su puerta al Ártico. La ventana ya la tiene: Alaska. “Ir haciéndoos a la idea porque el presidente no se ha movido del sitio”. Así lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, a los líderes europeos, poniendo sobre la mesa la compra, aunque no el precio, y sentarse a negociar, a más tardar, el 12 de enero. O a quien sea, porque la Unión se escuda tras la OTAN para la defensa de este gran territorio danés que, casualidades de la vida, no pertenece a la UE desde 1985, cuando decidieron que se salían del club.

Para evitar movimientos separatistas, Dinamarca le dio el placet a Groenlandia previo referéndum y siempre han considerado esta isla americana como un gasto en lugar de un foco de inversión y explotación de sus recursos naturales, que son muchos. Más de la mitad de sus escasos 60.000 habitantes están por la independencia y no perdonan al Gobierno danés la política de genocidio de los innuit, a cuyas mujeres se sometió a tratamientos de esterilidad y anticoncepción sin su conocimiento ni consentimiento hace años.

Durante el primer aviso, a inicios del nuevo mandato Trump en 2024, los tres presidentes nórdicos se reunieron a tomar un té frugalmente en casa de la presidenta danesa, alrededor de la mesa de la cocina, en señal de solidaridad, ya que la Unión Europea no se dio por enterada, como ahora. Sigue sin hacer un comunicado ni dar una respuesta de apoyo, escondiéndose tras la OTAN. Lo que es peor.

Porque el sheriff de la OTAN es Estados Unidos, a quien hemos seguido en sus exclusivos intereses de política de seguridad internacional durante 70 años. Y ello significaría la división o, peor, la disolución de la OTAN, algo que parece no importarle a Trump. Y algo que, otrora, ya fue anunciado por Emmanuel Macron a finales de 2019, cuando afirmó que la OTAN estaba en estado de “muerte cerebral”. Era otro Macron, el que iba a Moscú a negociar con Putin.

Solo hubo una respuesta de algunos líderes de la Coalición de los Dispuestos, reunidos el martes en París para ofrendar nuevas glorias a Ucrania. Tuvieron que salir al paso, por si no se sabía: “La OTAN ha dejado claro que la región del Ártico es una prioridad y los aliados europeos están intensificando su labor. El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN”. Y añadieron: “Groenlandia pertenece a su gente. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia decidir sobre asuntos relacionados con Dinamarca y Groenlandia”.

Pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Porque, como dijo el lunes Stephen Miller, asesor de Donald Trump, en una entrevista en la CNN: “¿Con qué derecho Dinamarca reclama el control de Groenlandia? Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por Groenlandia”. Y más cuando Groenlandia es un obscuro objeto de deseo de Estados Unidos desde el siglo XIX. Su último paso, tras denonados intentos, fue durante la Guerra Fría, cuando se firmó un nuevo acuerdo que permitió a los Estados Unidos fortalecer su base de Thule y convertirla en un auténtico enclave militar estadounidense.

Por eso la presidenta danesa, Mette Frederiksen, se siente sola y abandonada cuando afirma que “uno debería tomar en serio al presidente estadounidense cuando dice que quiere Groenlandia”. Y añadió, en una entrevista de televisión que, “si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene, incluida la OTAN”. El nuevo primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, se siente igual de abandonado y solo se ha atrevido a pedir un diálogo entre diplomáticos porque la cruda realidad es la base norteamericana que hay en su territorio desde 1945, cuando los norteamericanos les defendieron de la invasión nazi en Dinamarca y que se reforzó con el “Acuerdo entre los Estados Unidos y el Reino de Dinamarca”, de 27 de abril de 1951, “para la defensa de Groenlandia”.

Y, mientras, los puñales vuelan desde ambos lados. Porque los socios de Trump han avisado de que será el fin de la OTAN. Y ello significa el fin del orden mundial, de la hegemonía militar de Estados Unidos, con sus escuderos siguiendo todas sus andanzas por el mundo desde el fin de la II Guerra Mundial. Trump se siente seguro, porque no les ha necesitado para hacerse con Venezuela, con la “captura” de Maduro. Parece ser que decir “secuestro” no está bien visto en el mundo anglosajón… Periodistas ingleses ya han sido sancionados por ello.

Y, ahora, el segundo aviso puede hacerse realidad tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Durante el discurso de Trump tras la intervención militar en Venezuela, este dejó claro que Groenlandia estaba en su agenda y aludió a la doctrina Monroe, cuyo ejemplo se puso en la práctica en 1898, durante la guerra de Cuba contra el Reino de España. Aviso a los lectores que muchos nos enteramos ese día de lo que es la Doctrina Monroe, incluido el presidente Trump. A saber: lo del movimiento MAGA, pero a lo bruto. Hay que traducir lo de “Make America Great Again” por “América para los americanos” o, mejor, “para los Norteamericanos”. Y, ojo, que a Trudeau también lo amenazó hace poco menos de un año con auto-anexionarse Canadá.

Como antecedentes, hay que recordar que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 por necesidades económicas por 7.200.000 dólares de la época, lo que se consideró un “gran negocio” décadas después. Vamos a ver ahora qué precio le ponen a la cabeza de Groenlandia.

Nos llevamos las manos a la cabeza, y con razón, cuando leemos atónitos que al excomisario Thierry Breton le han prohibido la entrada en Estados Unidos y otras lindezas por encargo de Elon Musk. Parece ser que fue uno de los autores de la Digital Services Act, que multó a X (antes twitter). No ha sido el único… A Borrell le pidieron su móvil cuando pretendía viajar a Estados Unidos con el objeto de entrar en todas sus cuentas de teléfonos, mensajería y redes para ver si había sido un buen chico. Lo dudo, por su valiente defensa de Gaza y la causa palestina. 

Pero la hierba tampoco crece verde en este lado. La Unión Europea (UE) está sancionando a ciudadanos y/o residentes europeos por propaganda rusa. Cabe decir que estas sanciones significan la muerte civil: desde comprar el pan hasta pagar el alquiler o trabajar desaparecen como derecho y como hecho, no solo de la vida digital sino también de la real… 

En este paquete de sanciones, aparecen Xavier Moreau, exmilitar y empresario francés que adquirió la ciudadanía rusa en 2013 y vive en Rusia desde el año 2000. Además de John Mark Dougan, un ciudadano estadounidense que trabajó como exayudante del sheriff en Florida y huyó a Moscú en 2016. Nada que decir, porque en Rusia no sufrirán los estragos de esta pena cuasi capital. 

Diferente es el caso de Jacques François Baud, ciudadano suizo que residía en Bruselas en el momento en que fue señalado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Su sanción fue aprobada por decisión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del 15 de diciembre. Baud es el segundo ciudadano suizo que ha sido objeto de sanciones relacionadas con actividades de propaganda rusa, después de que en abril se prohibiera la entrada en la UE a la influencer suizo-camerunesa Nathalie Yamb. 

Baud, antiguo coronel del Ejército suizo y analista estratégico, ha sido crítico desde el primer momento con las posiciones de la Unión Europea en la guerra de Ucrania. Ha opinado “out of the box”. Y no ha gustado. Como el proceso de transparencia de la UE está cada vez más devaluado, le pregunto a la IA, que ya te advierte de que no es fiable, como Wikipedia. Mi pregunta: ¿quién aconsejó al SEAE y a la Comisión Europea sancionar a Jacques Baud? Y me dice, sin desvelar nombres, que depende de varios organismos estatales y europeos.

A saber. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) fue quien elaboró formalmente la propuesta presentada al Consejo. Este organismo utiliza la denominada FIMI Toolbox (Foreign Information Manipulation and Interference). Es decir, especialistas en inteligencia de fuentes abiertas y ciberseguridad del SEAE analizaron las intervenciones de Baud en programas de radio y televisión prorrusos, concluyendo que actuaba como “portavoz de la propaganda del Kremlin”. La segunda fuente son Servicios de Inteligencia Europeos. Aunque no se mencionan agencias específicas por nombre en el Diario Oficial, analistas jurídicos y expertos en seguridad indican que estas designaciones suelen basarse en expedientes confidenciales elaborados y compartidos por los servicios de inteligencia de los Estados miembros de la UE. Por último, el Grupo de Trabajo del Consejo (RELEX). Antes de que los ministros firmen la sanción, la propuesta del SEAE es revisada y aconsejada por el Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores (RELEX) del Consejo de la UE. Este grupo está compuesto por diplomáticos de los 27 Estados miembros.

Parece un procedimiento muy complejo y garantista, indispensable cuando se están conculcando derechos fundamentales. Y, además, se reproduce en una ley, el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2568 del Consejo, de 15 de diciembre de 2025, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2024/2642 relativo a las medidas restrictivas en vista de las actividades desestabilizadoras de Rusia. 

Porque, ¿qué significa para un ciudadano europeo o residente en la UE ser sancionado por propaganda rusa? El anexo del Reglamento, que es ley vinculante directa y jurídicamente en todos los Estados miembros, lo explica. Primero, define cuál es su delito: “Es un invitado habitual en programas de televisión y radio prorrusos. Actúa como portavoz de la propaganda prorrusa y hace teorías de conspiración, por ejemplo, acusando a Ucrania de orquestar su propia invasión para unirse a la OTAN. Por lo tanto, Jacques Baud es responsable de implementar o apoyar acciones o políticas atribuibles al Gobierno de la Federación de Rusia que socavan o amenazan la estabilidad o la seguridad en un tercer país (Ucrania) al participar en el uso de la manipulación e interferencia de la información”. 

Conocido el delito, indago en qué consiste la pena, porque no está incluida en el Reglamento. Así que, de nuevo, le pregunto a la IA. Y me dice que “la sanción busca silenciar a Baud por sus opiniones, que chocan con la política oficial de la UE, en un debate sobre si se trata de un control de información o una medida legítima contra la propaganda rusa”. Vale, pero, ¿cómo se aplica y se materializa esta sanción?

Como dije al principio, es la muerte civil. En estos momentos, Jacques Baud tiene congeladas todas sus cuentas bancarias, sus tarjetas están inoperativas, no tiene derecho a trabajar ni a viajar en territorio europeo, pese a ser residente. No puede coger un avión ni acceder a sus redes sociales, que están bloqueadas, y tampoco puede hacer una reserva en Booking o comprar por Amazon. En resumen, está atado de pies y manos online y también offline, porque ni siquiera puede comprar un billete de tren o pagar para subir a un autobús. Tendrá suerte y podrá comer si tiene dinero al contado en casa. Bastante. Porque incluso para pagar sus recibos domiciliados, la hipoteca o el alquiler debe pedir permiso a la Comisión Europea para que desbloquee ese pago en su cuenta bancaria. Y ello puede tardar meses. No es una pena de telediario, es el destierro al Gulag. Por la libertad de expresión.