Cuando bajé a la calle no me lo podía creer, en menos de un mes, tras el luthier y la tasca de almuerzos, el bar de la esquina también había cerrado la persiana para siempre y había dado paso a un alojamiento turístico.

A eso se añadían dos locales comerciales en la misma “plaza” - un fondo de saco lleno de coches-, vacíos desde hacía años, también convertidos en vivienda turística, o más bien en cabinas turísticas, pues habían metido 4 viviendas sin hall ni descansillo en el espacio de un antiguo bar. En total la mitad de los locales de mi edificio y del de enfrente, muy lejos del ya excesivo 15% que se leía en la norma.

¿Qué tipo de ayuntamiento se puede permitir que actividades comerciales activas desde hace décadas se transformen en viviendas turísticas?

No pretende ser este un ejercicio de melancolía, ni una queja particular de NIMBY (not in my back yard), sino más bien una reflexión sobre cómo regulamos nuestras ciudades y qué queremos que pase en ellas. Lo que muestra esta situación son tres grandes problemas que están ocurriendo ahora mismo y se deben considerar y resolver, quizá por separado.

El primero y más acuciante tiene que ver con el turismo, ¿cuántos turistas podemos y queremos recibir? ¿En qué tipo de alojamientos queremos que se alojen? ¿Dónde se ubican esos alojamientos y quién los gestiona? Aquí la sensación es que no existe la más mínima planificación y sus consecuencias llegan a todos los rincones, incluida la puerta de mi casa.

Porque esto ha ocurrido en pleno 2025, cuando hace un año que se aprobó por unanimidad una moratoria por el enorme impacto que los pisos turísticos estaban generando en Valencia; cuando hace 3 años que Barcelona estableció sus claras restricciones a la avalancha del maldito Airbnb y ahora ha determinado su total prohibición; cuando Madrid (el mismísimo centro irradiador de la Libertad) ha establecido que solo habrá viviendas turísticas en edificios completos, es decir, pseudohoteles en todas partes, pero “sin molestar a los vecinos”. Y a pesar de todo esto aún se encontró el Ministerio de Consumo con 65.000 viviendas turísticas ilegales…

El segundo debate es el de la vivienda, ¿cómo conseguir alojamiento digno y justo para todas las personas en la Comunitat Valenciana? Para las que ya viven aquí (casi 5 millones y medio), las que vienen para quedarse (700 mil en los últimos 20 años) y también para las que vienen de visita (¡casi 30 millones en 2024!), y sin que unas expulsen a otras. Ni siquiera existe una Conselleria de Vivienda como tal en la entidad con competencias para afrontar este problema, así que ¿por dónde empezar?

Dejamos aquí, por el momento, estas inmensas preguntas para sugestionar la imaginación del lector.

El último y, a mi juicio, principal reto de la ciudad mediterránea actual se encuentra en la búsqueda de alternativas a la decadencia del comercio local y al espacio vacante que genera en la planta baja, en la calle, en la verdadera cara de la ciudad e interfaz de nuestras relaciones vecinales.

Esta necesidad es aprovechada por el pícaro oportunismo del hegemónico modelo económico actual que busca las rendijas del sistema para dar el pelotazo sin respetar las normas previas, véase la vivienda en planta baja sin cédula de habitabilidad, el taxi sin licencia de taxi o el restaurante online en una cocina fantasma. Lo mismo ocurre en el sector del alojamiento turístico, donde proliferan los hoteles de cápsulas, los albergues que se asemejan a ratoneras, los hostales encriptados como una sala de escape, y en definitiva espacios donde no se cumplen los criterios mínimos de dignidad habitacional ni de servicios.

La ciudad debe adaptarse a los cambios, nadie lo niega, y en zonas urbanas no centrales la vivienda en planta baja siempre ha existido – siguiendo, eso sí, estrategias para mejorar su privacidad y confort, como la elevación, el jardín delantero, el patio inglés, etc.-, pero también sabemos que un comercio que se convierte en vivienda nunca volverá a ser comercio. Quién sabe cómo será la ciudad dentro de 30 años, quizá esas plantas bajas convertidas en vivienda sean necesarias para un sistema productivo de proximidad, forzado por el alto coste de la energía.

Por ello es positivo mantener, en la medida de lo posible, bajos no residenciales en los barrios de alta densidad de nuestras ciudades; se pueden promulgar normas que faciliten y promuevan el uso de estos espacios para actividades aunque no sean comerciales (y sí, quizá menos rentables para sus propietarios) como: espacios de ocio para jóvenes, aparcamientos para bicicletas y carritos, centros de encuentro de asociaciones, talleres personales de pintura, costura, miniaturas, y un largo etcétera. Es el precio que se debe pagar por no perder los beneficios de un zócalo activo: una mayor conectividad a los servicios, cercanía de los espacios de intercambio social, mayor seguridad y vigilancia, actividades cambiantes y adaptadas a las épocas, y una imagen más amable.