Lo peor del debate de investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura ha sido comprobar cómo Vox ha impuesto su discurso: un discurso de odio y exclusión hacia los diferentes, hacia los de fuera. Un discurso burdo, remedo del de Trump y de sus congéneres de la internacional ultraderechista —America first / Prioridad nacional; Servicio de Control de Inmigración ICE / Unidad Administrativa de Verificación del fraude prestacional, del padrón y la residencia; Expulsión de inmigrantes / Devolución de los menas— que culmina en la miserable supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí que se imparte desde hace años en dos colegios públicos de Talayuela.

El discurso xenófobo y de odio de Vox —asumido por el PP en Extremadura y Aragón, y pronto en España— ya está teniendo consecuencias. “Stop a la invasión”, decía la pintada aparecida en Almendralejo en las paredes de la sede de la Fundación Ruy López, un espacio de convivencia, ayuda y aprendizaje, conocido por muchos vecinos y vecinas como un lugar de dignidad. ¿Invasión de quiénes? ¿De los centenares de rumanos —ciudadanos de la Unión Europea— que desde hace décadas viven en Almendralejo y sostienen las campañas de uva y aceituna en Tierra de Barros? ¿De las familias marroquíes asentadas desde hace años en Talayuela y Jaraíz de la Vera, gracias a las cuales se mantienen los cultivos de tabaco y pimiento en Campo Arañuelo y La Vera? ¿De las mujeres sudamericanas que cuidan y acompañan a nuestros mayores en pueblos y ciudades?

Después de reír, llorar y divertirse en el Anfiteatro Romano de Mérida —como reivindicó al salir del hemiciclo con su investidura bajo el brazo—, María Guardiola tendrá que aterrizar. Tal vez entonces reflexione sobre el “lío” (Juanma dixit) en el que se ha metido. Si no lo hace, más pronto que tarde se dará de bruces con la realidad: una realidad dura, con menos vídeos preciosos y más peleas con su socio, ese que invoca al Altísimo para decidir el diámetro de los aros y que, cuando Abascal lo ordene, devolverá a Guardiola a la casilla de la que intentó salir en octubre del año pasado.

El PP —Núñez Feijóo, Guardiola, Azcón, pronto Fernández Mañueco y seguramente Moreno Bonilla— ha claudicado y da alas a quienes no pretenden cogobernar, sino imponer una política que solo puede traer dolor y desgracias.

En los últimos días, a partir de una información publicada en Abc, en mi opinión más bulo que noticia, ha tomado cuerpo en Extremadura la idea de que el gobierno de Pedro Sánchez iba a perpetrar contra nosotros un nuevo atropello al facilitar la singularidad nuclear catalana, mediante la cual los reactores nucleares catalanes prorrogarían su funcionamiento más allá de los años que contempla las autorizaciones en vigor (2030/2031). Mientras, los reactores de “nuestra” central tendrían que cerrar en las fechas previstas (2027/2028), a pesar del clamor existente contra ello en nuestra tierra, como se ha encargado de demostrar la encuesta de la que hace unos días se hacía eco El Periódico Extremadura. Nuestra presidenta es la principal denunciante de tal supuesto atropello que estaría preparando el “pérfido ocupante” de la Moncloa.

Las centrales nucleares, a diferencia de otras instalaciones de producción eléctrica, están gravadas por un impuesto específico de ámbito nacional, sobre el combustible nuclear gastado. Además, tienen que hacer frente a la tasa Enresa, una prestación patrimonial de carácter público no tributario que cubre las actividades de la empresa pública encargada del desmantelamiento de las instalaciones nucleares y de la gestión de por vida de los residuos de alta actividad, esos que legaremos a las generaciones venideras como herencia. También están sometidas a ecotasas o impuestos establecidos por las comunidades autónomas como justificación por su incidencia en el medio ambiente.

Estas circunstancias hacen que la producción de energía nuclear, según algunos estudios de parte, no sea rentable para los productores, al elevar los costes de generación por encima de los valores de remuneración de la electricidad en el mercado regulado. Es por ello por lo que las propietarias de los reactores en funcionamiento, a través del Foro Nuclear, su activo lobby, están planteando que para continuar la explotación más allá de los periodos actualmente aprobados y acordados por ellos mismos es necesario bajar estos costes mediante la reducción de tasas e impuestos y, aunque esto no suele decirse públicamente, garantizarles un precio de la electricidad del orden de 65€/MWh, sacando para ello a las nucleares del mercado regulado.

Hasta aquí lo que hay, a lo que habría que añadir para información general, que en Cataluña hay en funcionamiento tres reactores nucleares: Ascó I y II y Vandellós II. El cuarto, Vandellós I, hubo que desmantelarlo después del más grave accidente nuclear ocurrido en España, en 1998 , cuando el reactor nuclear fue devastado por un incendio. A diferencia de lo que ocurre en Extremadura, la mayor propietaria de instalaciones nucleares ubicadas en Cataluña es Endesa, que podría pedir en cualquier momento la prórroga más allá de 2030 del reactor del que es propietaria exclusiva: Ascó I, sin necesitar para ello, como ocurre en Extremadura, con el beneplácito de Iberdrola, menos entusiasmada con la prórroga nuclear una vez que tiene el control de la producción fotovoltaica. Que se sepa oficialmente, Endesa aún no ha solicitado dicha prórroga.

Pues bien, para que existiera la “singularidad nuclear catalana”, que de momento no es más que un bulo alimentado por portavoces voluntarios del lobby, como nuestro gobierno regional, el gobierno de coalición debería eliminar, solo para Cataluña, impuestos y tasas, algo difícilmente creíble e imposible de justificar.

Otra alternativa de reducción de costes sería que las comunidades autónomas eliminaran o redujeran su ecotasa, como ya ha hecho la valenciana. Sinceramente, no veo a la Generalitat catalana renunciando a los 140 millones de euros que anualmente pagan “sus” nucleares. Tampoco veo a Guardiola renunciando a los 80 millones de euros anuales que recauda la Junta de Extremadura de “nuestras” centrales atómicas, pero aquí no me atrevería a poner la mano en el fuego porque ya lo estamos haciendo con otros impuestos y después reclamamos más financiación a Pedro Sánchez.

Una nota al margen. Uno, que no es precisamente un amante de las encuestas, incluidas las del CIS, duda que Extremadura quiere la continuidad de Almaraz. Ese sondeo dice que 9 de cada 10 votantes de PP, PSOE y Vox rechazan el cierre, o que un 86% de la población evalúa como positivo el impacto económico de la central desde su apertura y ocho de cada diez la consideran segura.

Igual sí, igual somos los viejos roqueros antinucleares los que estamos equivocados y vivimos con nuestras antiguas ensoñaciones de cuando gritábamos ¡NUCLEARES NO!, entonces acompañados de muchos de los nuevos conversos.

Acabo de caer en la cuenta –leyendo un artículo de Jesús Caldera en El País– que comparto la condición de Ex con los 38 firmantes de la carta de petición de dimisión de Pedro Sánchez y convocatoria de un Congreso extraordinario del Partido Socialista Obrero Español. Fui senador por la provincia de Badajoz entre 1982 y 1985; diputado de la Asamblea de Extremadura entre 1983 y 1988; consejero de Industria y Energía de la Junta de Extremadura entre 1986 y 1988, y militante del PSOE entre 1979 y 1989.

Por tanto, comparto con los firmantes esa condición de Ex. Es lo único que comparto, pero, en esa condición compartida de Ex, tengo el mismo derecho a dirigirme, aunque sin faltar al respeto –a diferencia de lo que a mi entender hacen ellos y los inspiradores de la cacería contra Pedro Sánchez (con Felipe González a la cabeza)—, a los miles de militantes que en primarias eligieron a su secretario general y que apoyan al Gobierno progresista de coalición que preside Pedro Sánchez y que, contra viento y marea, intenta mantener una línea de avance y progreso en su acción de gobierno.

Porque avance en la deseada senda de la convivencia es acabar con el enfrentamiento entre catalanes y entre estos y el resto de España, que durante años nos acercó al borde del abismo como consecuencia de la deriva e irresponsabilidad del independentismo y de la respuesta desmesurada del Estado; avance y progreso es el “escudo social” construido por el Gobierno progresista de coalición que, en la pandemia y desde entonces, protege a los más necesitados; avance y progreso es la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones o las continuas subidas del Salario Mínimo Interprofesional que ha acercado a este al objetivo del 60% del salario medio; avance y progreso es poner el dedo en la nariz a Netanyahu o a Trump ante sus prácticas fascistas y genocidas; avance y progreso es el compromiso del Gobierno que preside Pedro Sánchez con la igualdad entre mujeres y hombres y con la libertad de los colectivos marginados; avance o, mejor dicho, evitar retrocesos, es intentar impedir de forma democrática que PP y Vox accedan al gobierno.

Claro que el Gobierno tiene en su gestión carencias y aspectos criticables y mejorables, pero, en mi opinión, hacer lo que viene haciendo –con la triple y montaraz oposición política, mediática y judicial que le enfrenta– tiene mucho mérito; más aún cuando esta gestión encuentra piedras en su camino puestas también por quienes piensan, de nuevo, que “después de haber regresado a chapotear con los dos pies en la vieja corrupción bipartidista, los del puño y la rosa tendrán que dar un paso al lado y asumir que, esta vez sí, el bipartidismo terminó” (Pablo Iglesias dixit) y que, en consecuencia, vuelve a ser posible cambiar de lado la hegemonía en la izquierda y alcanzar el cielo.

En mi opinión, este Gobierno progresista de coalición, y con él su presidente Pedro Sánchez, merece el apoyo popular, de la misma forma que merecen el reproche quienes, teóricamente desde dentro, socavan y denigran a quien, no lo olviden los otros Ex, fue elegido como secretario general por la mayoría de los militantes del PSOE y, como presidente del Gobierno, por la soberanía popular que representa el Congreso de los Diputados.