En el día del Aberri Eguna conviene detenerse en una imagen de principios de este año. En la Casa Blanca, Donald Trump reunía a las grandes petroleras para decidir quién podrá operar sobre los recursos energéticos de Venezuela bajo ocupación estadounidense. Entre los ejecutivos presentes estaba Josu Jon Imaz, antiguo dirigente del nacionalismo vasco y hoy consejero delegado de Repsol. Su intervención fue pobre y sumisa pero no menos reveladora: agradeció a Trump “abrir las puertas a una mejor Venezuela” y ofreció triplicar la producción de la compañía.

No es sólo geopolítica en abstracto, sino su forma más cruda: un orden en el que los recursos de los pueblos se negocian sin ellos y en el que las grandes corporaciones no sólo se adaptan a ese poder, sino que lo legitiman y lo necesitan. Una fotografía condensa la alianza entre capitalismo fósil y poder político autoritario, y nos obliga a preguntarnos qué significa hoy hablar de patria cuando la soberanía deja de ser una capacidad efectiva de decisión y se convierte en un lenguaje épico, pero vacío, que termina normalizando formas contemporáneas de vasallaje.

Tras la invasión de Ucrania y el genocidio en Gaza, seguir hablando de conflictos al margen de la soberanía por el control de los recursos energéticos no es un error de análisis, sino una forma de complicidad. Porque lo que allí se disputa —el control de la energía, de las rutas, de los mercados— determina aquí cuánto nos cuesta la vida, cuánto pagamos por vivir. Cada guerra se traduce en precios más altos, en inflación energética y en una transferencia de renta desde las mayorías sociales hacia quienes controlan ese sistema. Y ese mecanismo tiene nombres y cifras. Seguimos hablando de Repsol, de Josu Jon Imaz, que percibió más de 4,7 millones de euros en el último ejercicio, en un contexto en el que la propia compañía reforzaba su posición dominante en plena crisis energética. Mientras tanto, en Euskadi, en el país de Josu Jon Imaz, más de 170.000 personas no han podido mantener una temperatura adecuada en sus hogares durante el último invierno. No es sólo un dato: es gente que pasa frío en casa. Es la misma lógica operando a distintas escalas: acumulando beneficios en la cúspide y desplazando sus costes hacia la vida de la gente trabajadora.

Este Aberri Eguna llega en ese contexto. Durante décadas, las elites políticas han proyectado Euskadi como un país modélico, capaz de combinar desarrollo económico, cohesión social y estabilidad institucional, hasta convertir ese relato en la coartada de su propia continuidad en el poder. Pero ese marco ya no se sostiene. Lo que emerge hoy, en el día de la patria vasca, es una brecha que no es discursiva, sino material, y que atraviesa cómo vivimos —y, con ello, lo que somos— en un contexto de vulnerabilidad estructural y exposición directa a crisis que no controlamos. En este escenario, el PNV nos habla de “ser más nación”, mientras Euskadi sigue siendo profundamente dependiente de los combustibles fósiles y de mercados energéticos volátiles. Nos habla de “patria viva” mientras permanecemos a la cola de Europa en el despliegue de energías renovables. No es una contradicción: es la prueba de que el relato ha dejado de describir la realidad para empezar a encubrirla. En otras palabras: nos están vendiendo humo.

Y aquí, el humo no es una metáfora. En Muskiz, la actividad de Petronor —filial de Repsol— ha vuelto a hacer visible una realidad que lleva demasiado tiempo siendo normalizada: episodios de contaminación, alertas tardías y una población que, en momentos críticos, es llamada a encerrarse en sus casas para protegerse de lo que respira. No es un accidente, ni una excepción, sino una expresión material de un modelo energético concentrado y orientado al beneficio que externaliza sus costes sobre el territorio y sobre las personas. Es un modelo que privatiza las ganancias y socializa los riesgos, que convierte el aire en un problema de salud pública y el entorno en el lugar donde se descargan sus costes.

No estamos, por tanto, ante una suma de disfunciones, sino ante un modelo que responde a intereses muy concretos. Porque la cuestión de fondo no es sólo qué modelo energético tenemos, sino quién lo define. Durante años, la política energética vasca se ha construido en estrecha relación con los grandes operadores del sector, consolidando un equilibrio en el que las decisiones estratégicas se subordinan a lógicas empresariales que escapan al control democrático. La trayectoria de figuras como Josu Jon Imaz —de la dirección política del país a la cúpula de una de las principales compañías fósiles— no es una anomalía, sino la expresión más visible de esa continuidad entre poder político y poder económico. Y en ese paisaje, la transición energética deja de ser una oportunidad de transformación para convertirse en un proceso condicionado, limitado y, en demasiadas ocasiones, subordinado a los mismos intereses que han sostenido el modelo anterior.

Llegados a este punto, lo que está en juego es si Euskadi acepta seguir inserta en ese modelo —dependiente, desigual y cada vez más vulnerable— o si decide disputarlo. No se trata de un debate técnico ni de una transición inevitablemente lenta, sino de una decisión sobre el rumbo del país: si la energía seguirá siendo un mecanismo de extracción de riqueza al servicio de unos pocos o si pasa a convertirse en un bien común orientado a garantizar condiciones de vida dignas para la mayoría. Hablar de soberanía en el siglo XXI no puede significar otra cosa que esto: capacidad real para decidir sobre los recursos que sostienen la vida, para planificar el modelo productivo y para proteger a la sociedad frente a las crisis que ya están aquí.

Quizá por eso, este Aberri Eguna no puede limitarse a repetir consignas. La primera vez que se celebró, en 1932, lo hizo con la ilusión de un pueblo que empezaba a pensarse libre. Hoy, casi un siglo después, Euskadi o Euskal Herria es una pregunta compartida que ha madurado, se ha diversificado, se ha cruzado con otras, se ha llenado de rostros, personas y luchas nuevas. Hoy la patria es posibilidad, presente y disputa de un futuro colectivo, no propiedad privada de ninguna petrolera ni de ningún partido político. Si algo nos enseña en definitiva, el tiempo que vivimos, es que la patria no es una herencia ni una bandera, sino una construcción concreta que se mide en derechos, en condiciones de vida y en capacidad de decisión. Por eso, reivindicar este Aberri Eguna sólo tiene sentido desde ahí: no como afirmación de lo que somos, sino como compromiso con lo que queremos ser.

Una matria que no se invoque, sino que se ejerza. Que no se mida en símbolos, sino en la capacidad de garantizar condiciones materiales de vida dignas: que nadie tenga que elegir entre calentarse en invierno o llegar a fin de mes; que ningún territorio sea sacrificado en nombre de beneficios privados; que el futuro del país no se decida fuera de la sociedad que lo sostiene. Una aberri viva que acoja, que cuide, que no sea metafísica ni esté hecha de humo ni de tela.

Todo comienza por una letra que les sobra, pero quien empieza borrando una realidad termina allanando el camino para borrarnos a todas las personas. Lo ocurrido en Gasteiz la semana pasada con motivo del Orgullo es la expresión coherente de una deriva: el Partido Socialista, de la mano del Partido Popular, firmó una declaración institucional eliminando la letra Q del acrónimo LGTBIQA+. Lo hizo mutilando el texto elaborado por Berdindu —el servicio público de atención a la diversidad sexual y de género—, dejando fuera al resto de grupos municipales, y alineándose con el partido que se manifestó junto a la Conferencia Episcopal contra el matrimonio igualitario, y que durante décadas ha sostenido y sigue difundiendo bulos contra las infancias trans.

Reducir una sigla puede parecer un detalle menor, pero aquí lo simbólico no es accesorio ni decorativo: es estructural. Porque cuando lo queer desaparece del lenguaje institucional, no es la gramática lo que se reduce, sino el campo de lo posible: nos están diciendo que el conflicto real no es con quienes votaron en contra de la Ley Trans, sino con quienes encarnan las formas de vida que esa ley protege. Pero esta historia no empieza aquí. Lo de Gasteiz no es una anécdota, sino el reflejo local de una tendencia global: la rendición progresiva del PSOE ante los marcos culturales y discursivos de la reacción conservadora.

En los últimos años hemos asistido a una secuencia sostenida de retrocesos dirigidos contra las personas trans, intersexuales y no binarias en contextos donde los derechos se empezaban a dar por consolidados. En Estados Unidos, la administración de Trump ha reinstaurado la obligación de declarar el sexo asignado al nacer en los pasaportes, forzando a miles de personas a portar un documento que no sólo niega su identidad, sino que las expone, limita su libertad y vulnera su seguridad. En Reino Unido, una reciente sentencia ha excluido a las mujeres trans de la definición jurídica de “mujer” con el aplauso cínico de J.K. Rowling, que brindó la pérdida de derechos con un puro en la mano, convertida ya en símbolo grotesco de una cruzada contra las mujeres trans. En Hungría, la marcha del Orgullo se encuentra en riesgo ante las amenazas del gobierno de Viktor Orbán, que continúa ampliando su ofensiva autoritaria y liberticida bajo el barniz de la moral y la censura. Y en España, territorios como Madrid y el País Valencià han impulsado reformas legislativas que erosionan los derechos conquistados e impiden a asociaciones LGTBIQA+ realizar su trabajo con garantías.

Ahora bien, es importante señalar que la ofensiva contra las personas trans no es un fin en sí mismo, sino un punto de entrada: un spoiler político de lo que está por venir. Quienes egoístamente se consuelen pensando que la regresión se detendrá ahí —como si los retrocesos pudieran administrarse— tristemente se equivocan. La ola reaccionaria ha señalado a las personas trans como su principal objetivo porque ha detectado en ellas el eslabón más débil desde el que abrir una grieta: una oportunidad para dividir a los feminismos, fracturar el campo progresista y ensanchar el margen de lo odiable. Y lo hace con eficacia quirúrgica, delegando la primera embestida en un movimiento transexcluyente que no es más que una mala copia, una versión subcontratada y cutre del proyecto original: el avance de los discursos, partidos y organizaciones de extrema derecha. Mientras estos ganan poder institucional en gobiernos, ocupan espacios mediáticos y capturan estamentos clave del Estado, otros les abren el camino disfrazando de “debate legítimo” lo que no es más que una forma refinada de deshumanización. Y cuando el proyecto reaccionario se despliegue por completo en gobiernos, medios, leyes y cuerpos, ya no importará quién fue la feminista clásica, quién la posmoderna y quién la radical; tampoco quién calló por prudencia o quién se desmarcó por cálculo. Porque el objetivo no es sólo una letra ni una identidad concreta, sino el colapso del tejido común que hace posibles nuestros derechos, nuestras alianzas y nuestras propias vidas.

En el contexto de avance de la extrema derecha, que arrasa sin pestañear derechos y vidas humanas, mientras contemplamos en tiempo real la impunidad con la que se comete un genocidio en Gaza —amparado, en muchos casos, por un pinkwashing que instrumentaliza a las personas LGTBIQA+ como coartada para la ocupación y la violencia— no hay margen para la ambigüedad: la única posición coherente para las fuerzas democráticas es un compromiso valiente, sin matices, con los derechos humanos en toda su radicalidad. En este escenario, eliminar una sigla no es un gesto simbólico ni una cuestión de forma: es una rendición y capitulación política. Porque detrás de cada letra hay personas concretas, historias y memorias vulneradas, cuerpos que han resistido. Personas que no necesitan el permiso de nadie para ser, pero que sí exigen reconocimiento institucional para poder desarrollar sus vidas con dignidad. Esa es la respuesta que debemos dar desde cada institución, desde cada rincón, desde cada espacio: reconocimiento y ampliación de derechos.

Y, sin embargo, en este espejismo de modernidad que nuestros dirigentes han levantado en torno a Euskadi —ese relato autocomplaciente de país avanzado y perfectamente gestionado, envuelto en banderas arcoíris y manifestaciones reconvertidas en reclamo turístico—, lo esencial y reclamado por los colectivos sigue sin llegar. Euskadi es hoy la única comunidad del Estado que ni ha aprobado ni ha iniciado la tramitación de una ley integral LGTBIQA+. La excepción vasca, lejos de explicarse por obstáculos técnicos, únicamente puede entenderse como lo que es: una renuncia prolongada y una forma de abandono institucional. Mientras el Gobierno Vasco aplaza la ley, el Ararteko y el Euskal LGBTIAQ+ Behatokia llevan años alertando —sin respuesta efectiva— del aumento sostenido de los discursos y delitos de odio por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género. En ese silencio, por tanto, lo que se posterga no es sino la obligación de proteger a quienes siguen siendo blanco de la violencia.

Pero la sociedad vasca sigue hoy muy por delante de su Gobierno dormido. La nuestra es una sociedad orgullosamente diversa, mayoritariamente progresista y defensora de los derechos humanos. Ante quienes sueñan con borrarnos, las personas LGTBIQA+ y quienes están a su lado, sabemos que nuestras vidas no son una concesión ni una excepción, sino parte irrenunciable del relato colectivo de este país. Lo sabemos porque venimos de Francis, de Ekai o de Mikela, y también de Samuel y de Sara Millerey, que nos recuerdan con sus vidas, sus luchas y sus ausencias, que no estamos aquí por concesión, sino por un ejercicio de pura resistencia y de victorias compartidas.

Y es que, si hoy hemos llegado hasta aquí, es porque hubo quienes se atrevieron a romper el cristal. Porque dos mujeres trans, racializadas, militantes, trabajadoras sexuales, reinas de la noche y de la calle, Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, arrojaron un vaso de chupito e iniciaron una revuelta en el tugurio neoyorquino de Stonewall, hace exactamente 56 años. Hoy sabemos que no habría Orgullo sin las mujeres trans, y que en este presente, precisamente, es en su libertad donde nos jugamos la libertad y los derechos de todas las personas.

Las, los y —también— les socialistas del futuro, se arrepentirán siempre de haber eliminado una sigla en su último Congreso Federal. Sus dirigentes vascos y estatales acabarán por avergonzarse de haber pactado, asumido y reproducido el relato de la ultraderecha que, como denuncia Carla Antonelli, borra y excluye a las personas trans empujándolas y arrastrándolas a los márgenes. Frente a ellos, quienes estamos en el lado correcto de la historia, seguiremos construyendo alianzas rebeldes y con hambre de futuro. Y es que sabemos, en definitiva, que no habrá futuro si no lo hay para todes.