En las últimas décadas, el empleo femenino ha aumentado notablemente en España. Entre 2010 y 2022, el porcentaje de madres con hijos menores de 12 años empleadas pasó del 60% al 70% según datos del INE. Aun así, sigue existiendo una brecha con respecto a las mujeres sin hijos, y el trabajo a tiempo parcial o las interrupciones de carrera siguen afectando de forma desproporcionada a las madres.

La falta de servicios de cuidado infantil sigue siendo una de las principales barreras para que muchas mujeres puedan trabajar o mantener su empleo tras ser madres. La evidencia internacional (por ejemplo, aquí) muestra que el acceso a escuelas de educación infantil puede ser una herramienta poderosa para reducir la brecha de género. Pero no todas las escuelas son iguales: su calidad y accesibilidad varían, y ambas dimensiones pueden condicionar las decisiones familiares sobre si trabajar o no tras el nacimiento de un hijo. En este contexto, la política educativa no solo afecta a los niños, sino también a sus madres. En mi estudio analizo cómo un cambio regulatorio, pensado para mejorar el primer ciclo de educación infantil, acabó influyendo en las trayectorias laborales femeninas.

En 2006, se aprobó en España la Ley Orgánica de Educación (LOE), que incluyó por primera vez criterios de calidad para los centros de educación infantil de primer ciclo. Esta ley estableció requisitos como un espacio mínimo por niño, ratios máximos de alumnos por educador y formación del personal docente. Aunque su objetivo era garantizar una educación de calidad desde los primeros años de vida, la ley tuvo un efecto colateral importante: muchas escuelas privadas (la mayoría en el mercado en ese momento) no pudieron adaptarse y acabaron cerrando. El resultado fue un fenómeno paradójico: la calidad mejoró, pero muchas escuelas cerraron. Y eso, como veremos, tuvo consecuencias inesperadas en la vida laboral de las madres.

Para entender qué ocurrió realmente, analizo los efectos de esta ley combinando microdatos administrativos con metodologías de evaluación de impacto. Aprovecho que la implementación de la ley fue escalonada en las distintas comunidades autónomas (ver Figura 1), lo que permite comparar regiones tratadas con otras similares donde la ley no se aplicó, o lo hizo más tarde. Así, estudio tres tipos de efectos:

Los resultados muestran que la calidad de las escuelas en las regiones tratadas mejoró significativamente tras la aplicación de la ley (un aumento del 77% en el índice de calidad respecto a la media previa). Sin embargo, el número de escuelas por cada 1.000 niños cayó en torno a un 52%, especialmente en el sector privado, que representaba el 60% del total antes de la reforma.

Como muestra la Figura 2, la disponibilidad de escuelas cayó significativamente tras la aplicación de la ley, lo que limita las opciones de conciliación para muchas familias. Este descenso tuvo efectos claros sobre las madres. En las provincias tratadas, la probabilidad de que una madre continuara trabajando tras el parto disminuyó un 15%, y la intensidad del empleo (medida como proporción de días trabajados en el año) también cayó un 18% respecto a las provincias no tratadas. El efecto fue particularmente fuerte en el primer año tras el nacimiento, el cual es extremadamente importante para determinar la posterior trayectoria laboral de la mujer (por ejemplo, ver aquí).

La Figura 3 refleja esta caída en la intensidad del empleo materno, indicando que la reducción de plazas disponibles tuvo consecuencias económicas concretas y desiguales en términos de género (ya que no se observa ningún efecto en los padres).

Los efectos negativos fueron más marcados entre las madres sin estudios universitarios, con trabajos en el sector privado o en familias con dos progenitores, coincidiendo con resultados anteriores, como en este estudio. Por el contrario, no se observan efectos significativos en madres solteras ni en inmigrantes, posiblemente porque ya enfrentaban restricciones presupuestarias que les impedían acceder a escuelas desde el inicio y dejar de trabajar conllevaba un coste de oportunidad superior. Tampoco se observan efectos en padres, ni en mujeres sin hijos, lo que refuerza la idea de que el impacto de la ley se concentró en las madres y fue mediado por las dificultades de conciliación.

¿Qué hicieron las familias cuando desaparecieron plazas en las escuelas de educación infantil? En la mayoría de los casos, no pudieron apoyarse más en los abuelos ni en otros familiares. Fueron, como ocurre con frecuencia, las madres quienes asumieron la mayor parte del cuidado.

Este cambio también tuvo efectos concretos en los hábitos y gastos de las familias. Aumentó el gasto familiar en cuidado infantil, probablemente porque las escuelas que permanecieron abiertas eran más caras o porque había menos opciones asequibles. Cayó el uso del comedor escolar, lo que indica que menos familias optaron por dejar a sus hijos todo el día en la escuela (probablemente por motivos económicos). Además, se incrementó el uso del transporte escolar, una señal de que algunas familias tuvieron que llevar a sus hijos más lejos para encontrar una plaza disponible.

Este caso muestra que incluso una ley bien intencionada puede tener efectos contraproducentes si no se consideran todas sus dimensiones. Mejorar la calidad de las escuelas de educación infantil es deseable, pero no puede hacerse a costa de reducir su accesibilidad. Los resultados también sugieren que las familias valoran más la cantidad (es decir, la posibilidad de acceder a una plaza) que la calidad (según los criterios regulados) a la hora de decidir si trabajar o no. Las políticas deben encontrar un equilibrio entre calidad y cobertura, especialmente si quieren promover la igualdad de oportunidades laborales para las mujeres.

Por último, este estudio se suma a una literatura creciente que analiza los efectos de la provisión de servicios de cuidado infantil sobre el empleo femenino. En contextos como Noruega o Canadá, donde se expandieron las plazas sin reducir calidad, se observan aumentos significativos en la participación laboral de las madres. Esto refuerza la idea de que el diseño institucional es clave: no basta con tener servicios educativos, sino que estos deben ser accesibles, de calidad y adecuados a las necesidades de las familias.