Los delitos de odio constituyen una de las formas más extremas de discriminación, con efectos graves tanto sobre las víctimas directas como sobre la cohesión social. Se trata de agresiones físicas o verbales, amenazas o daños a la propiedad motivados por prejuicios hacia grupos concretos. No responden simplemente a impulsos individuales aislados, sino que se insertan en climas previos de intolerancia y conflicto. Por eso son especialmente sensibles a lo que la literatura denomina shocks: acontecimientos de relevancia política o simbólica que desencadenan aumentos abruptos en su incidencia.

En condiciones ordinarias, el número de delitos de odio en una sociedad suele seguir tendencias relativamente estables —aunque puedan ser crecientes o decrecientes—. Sin embargo, determinados eventos alteran bruscamente esa trayectoria y producen repuntes concentrados en el tiempo. El caso de Torre Pacheco es ilustrativo en este sentido: tras la agresión a un hombre mayor, se generó un clima de hostilidad que evidenció hasta qué punto ciertos discursos pueden activar dinámicas de señalamiento colectivo y traducirse en episodios de violencia.

En el contexto europeo actual, atravesado por un persistente debate sobre migración, identidad y pertenencia nacional, las minorías musulmanas figuran entre las más expuestas. En este escenario, resulta inevitable preguntarse qué papel desempeñan los partidos de extrema derecha, actores centrales en la configuración de ese debate público. La literatura académica ha formulado dos interpretaciones opuestas al respecto.

Por un lado, se plantea que la entrada de la extrema derecha en las instituciones podría actuar como una válvula de escape, canalizando el malestar hacia el terreno institucional y reduciendo la necesidad de expresar el rechazo hacia ciertos colectivos fuera de los cauces democráticos. Es lo que se ha denominado la hipótesis de la contención institucional: la representación parlamentaria desplazaría el conflicto desde la calle hacia el debate político formal.

La hipótesis alternativa sostiene lo contrario. La presencia institucional de la extrema derecha no neutraliza la hostilidad hacia ciertos colectivos, sino que puede llegar a fomentarla. Al obtener respaldo electoral, determinados discursos dejan de percibirse como marginales. Es lo que podríamos llamar la normalización o legitimización del odio, que reduce los costes sociales de expresar hostilidad y puede favorecer el incremento de los delitos de odio.

Desde el Instituto de Economía, Demografía y Geografía del CSIC analizamos esta cuestión con datos de delitos de odio de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR), que recoge incidentes reportados por organizaciones de la sociedad civil en 30 países europeos entre 2016 y 2022. Estudiamos la evolución mensual de los delitos contra población musulmana y su relación con los resultados electorales de la extrema derecha en elecciones nacionales. Para identificar estos avances utilizamos la base de datos ParlGov (Döring y Manow, 2024), que clasifica a los partidos en cada país y permite seguir el desempeño de formaciones como Vox en España o Fidesz en Hungría.

Además, incorporamos al análisis otro shock ampliamente estudiado por la literatura especializada: los atentados terroristas de inspiración islamista, que suelen generar dinámicas de represalia y aumentos en los delitos de odio contra musulmanes.

Dado que los datos están agregados a nivel mensual, estimamos modelos de regresión lineal con efectos fijos por país y por mes. Esta estrategia permite identificar si el número de delitos de odio aumenta o disminuye dentro de cada país cuando se produce uno de estos acontecimientos, controlando tanto las características estructurales constantes de cada contexto nacional como las tendencias temporales comunes.

Los resultados son consistentes. Como podemos ver en el gráfico, tanto los atentados terroristas como los avances electorales de la extrema derecha se asocian con incrementos estadísticamente significativos en los delitos de odio contra población musulmana. En promedio, cada muerte de un atentado se relaciona con un aumento de 0,11 delitos en ese mismo mes, mientras que un incremento de un punto porcentual en el apoyo electoral a la extrema derecha en unas elecciones nacionales se asocia con un aumento de 0,037.

Se trata de fenómenos de naturaleza distinta y, en principio, difícilmente comparables. Sin embargo, si quisiésemos evaluar cuál tiene un mayor impacto relativo, es necesario estandarizar ambas variables; es decir, transformarlas para que sus efectos se expresen en desviaciones estándar y puedan situarse en una misma escala. Al hacerlo, comprobamos que el efecto de los avances electorales de la extrema derecha sobre los delitos de odio es comparable e incluso superior al de los atentados terroristas. 

Este patrón no se limita a un país concreto ni a una elección excepcional. Se reproduce de forma sistemática en el conjunto de casos analizados y se mantiene cuando el modelo se somete a distintas pruebas de robustez. No estamos ante una reacción puntual o idiosincrásica, sino ante una dinámica recurrente.

Las elecciones nacionales son momentos de máxima visibilidad política. En ellas no solo se distribuyen escaños; también se redefinen los límites del debate legítimo. Cuando fuerzas que articulan parte de su identidad política en torno a la oposición a determinadas minorías obtienen avances significativos, ese desplazamiento simbólico tiene efectos que trascienden la composición parlamentaria. Cambian las percepciones sobre lo que puede decirse sin coste, sobre qué posiciones cuentan con respaldo social y sobre hasta dónde llega la tolerancia colectiva frente a la hostilidad.

La conversación pública sobre la transformación del panorama político europeo suele centrarse en la aritmética parlamentaria, en la estabilidad gubernamental o en la fragmentación del sistema de partidos. Sin embargo, los datos sugieren que existe otra dimensión igualmente relevante: el impacto que determinados resultados electorales pueden tener sobre la seguridad cotidiana y la convivencia. Si la evidencia comparada apunta a que los avances de la extrema derecha se asocian sistemáticamente con aumentos en los delitos de odio, la discusión ya no puede limitarse a los equilibrios institucionales. Debe incorporar también sus efectos sociales.

Y en ese terreno, la conclusión es difícil de eludir: cuando la extrema derecha avanza en las urnas, los delitos de odio aumentan.

El artículo completo referencia de este post ha sido elaborado por Álvaro Suárez Vergne, Héctor Cebolla Boado, Michael Lund e Inmaculada Serrano y puede consultarse en: 

https://link.springer.com/article/10.1186/s40878-026-00524-9

En este blog hablamos con cierta frecuencia contra los argumentarios prefabricados en torno a la migración, casi siempre simplistas ya sean alarmistas o buenistas. En los últimos años, la relación entre el cambio climático y la emigración ha ocupado un lugar destacado en el debate público y académico. La idea dominante ha sido contundente: el aumento de las temperaturas y la frecuencia de otros eventos climáticos extremos, como olas de calor, actúan como un potente “factor de expulsión” que empuja a las personas a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones de vida. Bajo este enfoque, un clima extremo se percibe casi como un catalizador automático de la movilidad humana, especialmente en regiones en desarrollo como el occidente de África subsahariana, donde los medios de vida dependen en gran medida de la agricultura y los recursos naturales.

Esta visión, respaldada por teorías clásicas como el modelo push-pull, ha calado hondo en la opinión pública y en las instituciones internacionales. Se ha asumido que, ante la amenaza del clima, la emigración es una respuesta adaptativa lógica e inevitable. Así, el discurso sobre los “refugiados climáticos” ha ganado fuerza, dando por hecho que el calentamiento global desencadenará fuertes movimientos poblacionales, tanto dentro de los países como a través de fronteras internacionales.

Sin embargo, en los últimos años, esta narrativa ha sido objeto de revisión crítica cuestionando la universalidad del vínculo entre calor extremo y migración. Dos hechos poco conocidos han surgido frecuentemente en la investigación más reciente.

1. El cambio climático genera también inmovilidad. Los datos muestran que la relación es mucho más compleja y depende de unos factores sociales, económicos y familiares que pueden, en muchos casos, limitar o incluso impedir la movilidad. En efecto, paradójicamente, las poblaciones más afectadas por el cambio climático no siempre son las que más se mueven. De hecho, la exposición a eventos extremos como olas de calor puede generar lo que se ha denominado “trampas de inmovilidad” que surgen cuando las personas carecen de los recursos económicos, las redes sociales o la capacidad física para migrar, quedando atrapadas en contextos de alto estrés ambiental. Por ello, lejos de ser un fenómeno universal, la migración inducida por el clima parece ser un comportamiento muy selectivo y estratificado.

2. Y si genera movilidad… es interna, pero no internacional. Cuando el calor extremo sí impulsa la movilidad, esta suele ser predominantemente interna, pero no internacional. Es decir, las personas tienden a desplazarse dentro de su propio país, buscando alternativas en zonas urbanas o regiones menos afectadas, antes que embarcarse en migraciones internacionales, que implican mayores barreras económicas, legales y culturales. Este patrón desafía la imagen simplista de grandes flujos transfronterizos y pone el foco en la adaptación local y regional.

En el Instituto de Economía, Demografía y Geografía del CSIC estudiamos junto con Inmaculada Serrano y Welton Nascimento diversos aspectos de la migración senegalesa a Europa. Senegal ofrece un ejemplo paradigmático para analizar estas dinámicas. Se trata de un país con una larga tradición migratoria, tanto interna como internacional, y una notable diversidad climática: desde las zonas sahelianas del norte, propensas a sequías y olas de calor, hasta los deltas fluviales y las regiones costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar. Utilizando datos retrospectivos de proyectos europeos como MAFE y MESE que ofrecen muestras de emigrantes y locales que no salen del país, estudiamos, entre otras cosas, cómo el calor extremo y el estrés hídrico influye en los patrones migratorios senegaleses dentro de Senegal, hacia África y hacia Europa. Los resultados son reveladores: solo los episodios de calor más severo (aquellos que superan en al menos dos desviaciones estándar la media histórica de temperaturas) aumentan de forma significativa el riesgo de migración, y lo hacen principalmente en el ámbito interno. En otras palabras, Europa no parece haber recibido hasta la fecha refugiados climáticos de Senegal.

En el gráfico se ilustra cómo la exposición al calor extremo influye en la probabilidad de permanecer de migrar. Para ello, se emplea un modelo de supervivencia (Cox), ampliamente utilizado en estudios demográficos y epidemiológicos que mide el “riesgo” de que ocurra un evento (en este caso, la migración hacia fuera de Senegal [izquierda] o dentro del país [derecha]). Más en concreto, el concepto de riesgo aquí se refiere a la probabilidad instantánea de migrar en un momento dado según se esté expuesto a calor extremo en el año anterior o en dos años consecutivos, siempre considerando a las personas que no hayan migrado hasta ese punto.

El gráfico revela que la exposición al calor extremo prácticamente no altera el riesgo de salidas de Senegal hacia el exterior. Sin embargo, cuando se ha estado expuesto a calor extremo en el año anterior, el riesgo de salir del lugar de origen con destino a otro departamento de Senegal aumenta de forma extraordinaria. Siendo esto cierto, cuando no se sale en el año posterior de exposición al calor, se entra en una trampa de inmovilidad y la perspectiva de salir decae por debajo de propia de un período climatológicamente ordinario.

En síntesis, el calor extremo actúa como un detonante de movilidad interna de corto plazo, pero contra lo que se suele creer, no es un determinante de la migración internacional y en exposiciones largas tiende a generar, incluso inmovilidad. El trabajo de nuestro equipo en el IEGD-CSIC también confirma que la migración como respuesta al clima no es automática ni homogénea. Por ejemplo, la educación actúa como un capital portátil que facilita la movilidad, mientras que la propiedad de activos ancla a las personas al territorio. La familia, por su parte, también es un freno a la migración climática, ya que las responsabilidades de cuidado y la necesidad de coordinación dificultan la salida de los miembros del hogar.

Todo ello, además de moderar las alarmas sobre los refugiados climáticos, muestra que es imprescindible elevar el perfil técnico del debate sobre la migración. Casi ningún prejuicio o maximalismo, ni a favor ni en contra es un buen punto de partida.