Hay decisiones políticas que no solo cambian políticas públicas, sino que tensionan de forma deliberada los fundamentos del orden jurídico. El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura introduce una de ellas: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a prestaciones. No es un matiz programático, sino un planteamiento con profundas implicaciones jurídicas y políticas, porque cuestiona el principio sobre el que se ha construido el Estado social: la igualdad en el acceso a derechos en función de la necesidad.

La cuestión es directa: ¿puede el acceso a servicios públicos —sanidad, vivienda, ayudas— condicionarse por la nacionalidad o el arraigo? La respuesta, en términos jurídicos, es muy limitada y acaricia la ilegalidad. El artículo 14 de la Constitución consagra el principio de igualdad y prohíbe la discriminación, mientras que el artículo 41 configura un sistema de protección social basado en la necesidad. A ello se suma el marco europeo, que restringe cualquier exclusión sistemática. Y existe un límite adicional: muchas de estas materias exceden las competencias autonómicas, lo que abre un conflicto directo con el Estado.

Aquí es donde la “prioridad nacional” introduce un salto cualitativo. No se limita a modular requisitos administrativos, sino que establece una preferencia estructural basada en la pertenencia. Desplaza el eje desde la necesidad hacia la identidad. Y ese desplazamiento no solo tensiona la Constitución, sino que abre la puerta a su impugnación judicial.

Las consecuencias son previsibles. Si estas medidas se desarrollan normativamente, se activará una dinámica de conflicto institucional con el Gobierno central y de control por parte de los tribunales. No es un escenario hipotético, sino el funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Y tiene derivadas personales: quienes firmen decisiones contrarias al ordenamiento pueden enfrentarse a responsabilidades jurídicas.

Pero el alcance del cambio no es solo jurídico. Es también político. En Extremadura, la inmigración no es un capítulo de tres páginas: es el marco. Aunque ocupe una parte limitada del documento, la lógica de la “prioridad nacional” se proyecta sobre vivienda, ayudas y sanidad. Es, en la práctica, una “lepenización hispánica” del programa de gobierno: la traducción española del llamado “chovinismo de bienestar” que defiende Marine Le Pen, donde el acceso a derechos se redefine en función de criterios identitarios.

No estamos ante medidas aisladas, sino ante un programa que ordena el acceso a derechos en función del origen. Un desplazamiento que encuentra paralelismos en la Hungría de Orbán, donde la ley dejó de operar como garantía universal para convertirse en instrumento de diferenciación. No es casualidad que el Parlamento Europeo calificara en 2022 al país como un “régimen híbrido de autocracia electoral” y que la Comisión Europea activara por primera vez el mecanismo de condicionalidad, congelando miles de millones de euros en fondos europeos por vulneraciones del Estado de derecho.

La historia europea del siglo XX ofrece, además, advertencias claras sobre los riesgos de institucionalizar jurídicamente la segregación. Las Leyes de Núremberg marcaron el momento en que la desigualdad dejó de ser social para convertirse en legal. No es una analogía directa, pero sí un recordatorio incómodo de hasta dónde pueden evolucionar estas lógicas cuando el derecho deja de proteger a todos por igual.

Esto interpela directamente al PP. Asumir este enfoque no es un ajuste táctico, sino un desplazamiento estratégico. Supone acercarse a posiciones que tensionan su tradición constitucional y europeísta y lo sitúan en una lógica de fricción con los límites del sistema. La urgencia por asegurar gobernabilidad se convierte así en un vector de riesgo: el de deslizarse hacia una forma de rebeldía legal que erosiona su perfil como partido de Estado.

En el caso de Vox, la lógica es distinta. No hay contradicción, sino coherencia estratégica. La “prioridad nacional” cumple una función política clara: señalar, estigmatizar y reforzar una identidad basada en la exclusión. Convertir ese marco en política pública le permite presentarse como un actor eficaz.

A ello se suma una dimensión práctica que suele quedar en segundo plano: el coste económico e institucional. La experiencia reciente en la Comunitat Valenciana es ilustrativa. Allí, la confrontación con el Estado por la normativa aprobada por PP-VOX ha derivado en una creciente judicialización: cerca de 400 procedimientos anuales y un coste superior a 316.000 euros, además del refuerzo de estructuras administrativas para gestionarlos. Cuando la acción política se orienta hacia el conflicto sistemático con el marco jurídico, el resultado no es solo ideológico: es también administrativo y presupuestario. Se tensionan recursos, se ralentiza la gestión y se erosiona la seguridad jurídica.

La pregunta, por tanto, no es únicamente si estas medidas son viables jurídicamente —que presentan serias dudas—, sino qué modelo de Estado y de democracia dibujan: uno en el que los ciudadanos dejan de ser iguales ante la ley.

El incidente protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez en el Congreso de los Diputados no es un hecho aislado ni una excentricidad puntual. Tampoco responde únicamente al temperamento individual de quien lo protagoniza. Conviene evitar esa tentación analítica, porque reduce el problema a una anécdota cuando en realidad estamos ante una estrategia política deliberada, bien ensayada y compartida por buena parte de la cultura de las extremas derechas contemporáneas.

Este tipo de comportamientos cumplen, al menos, dos objetivos claros. El primero es reforzar un perfil antisistema, incluso cuando se forma parte plenamente del sistema institucional. Se trata de presentarse como un actor que desafía las normas, que no acepta las reglas del juego porque —según su propio relato— éstas están supuestamente corrompidas o porque ellos mismos se consideran víctimas de agravios constantes, lo que legitima cualquier forma de respuesta. El segundo objetivo es escandalizar: generar ruido, indignación y conflicto como forma de ocupar la agenda pública.

En términos de teoría política, lo que observamos es un desplazamiento sostenido de lo que se conoce como la Ventana de Overton: el marco de lo que una sociedad considera aceptable en el debate público. Estas estrategias no buscan necesariamente convencer en el corto plazo, sino alterar los límites de lo decible y lo tolerable. Y lo están consiguiendo tanto en el plano retórico como en la praxis política. Hoy escuchamos propuestas o vemos comportamientos que hace apenas una década habrían sido políticamente inasumibles.

Los ejemplos son numerosos. Desde las declaraciones de Abascal sobre deportaciones masivas de millones de inmigrantes o amenazas simbólicas como “entrar en TVE con lanzallamas”, hasta una agenda moral que sitúa derechos consolidados —como el aborto o la eutanasia— como “aberraciones” y que defenderían con violencia. A ello se suma una forma de hacer política basada en la descalificación personal, donde el adversario deja de ser un rival para convertirse en un enemigo. En el plano internacional, la referencia es evidente: Donald Trump ha llevado estos patrones al extremo, desde cuestionar resultados electorales hasta legitimar acciones que tensionan los marcos legales internacionales.

Nada de esto es nuevo en la política española desde la entrada de Vox en los parlamentos autonómicos y en el Congreso, ni por el contexto ni por el protagonista. El diputado implicado, con trayectoria pública previa, se inscribe en una lógica política más amplia. Por eso resulta especialmente relevante analizar las reacciones, tanto políticas como institucionales.

En el plano político, la respuesta de su propio partido ha sido reveladora: no ha habido sanción ni disculpa, sino justificación. Lejos de desautorizar el comportamiento, se ha optado por desplazar la responsabilidad hacia la presidencia de la Cámara. Este tipo de reacción no solo valida el incidente, sino que lo integra en una lógica de confrontación permanente.

Más compleja es la posición del Partido Popular, socio de gobierno de Vox en un centenar de ayuntamientos y previsiblemente en varias comunidades autónomas, a la espera de las elecciones en Andalucía. Su respuesta no ha sido ni unánime ni especialmente contundente, reflejando una incomodidad estratégica difícil de sostener en el tiempo. El silencio de su líder, Alberto Núñez Feijóo, contrasta con intervenciones más genéricas de otros cargos que apelan al respeto institucional sin entrar en el fondo del asunto.

Frente a ello, diez formaciones del arco parlamentario han firmado una declaración institucional de condena, de la que se han desmarcado Vox, el PP y Unión del Pueblo Navarro. El dato no es menor: muestra hasta qué punto la defensa de las reglas del juego democrático empieza a fragmentarse.

En el plano institucional, el incidente afecta directamente a la sede de la soberanía popular y a la figura que encarna la tercera autoridad del Estado. La respuesta ha seguido los cauces reglamentarios: aplicación del artículo 104, expulsión del hemiciclo y apertura de un proceso por parte de la Mesa del Congreso para evaluar posibles sanciones adicionales. Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto: ¿son suficientes los mecanismos actuales para proteger la institución frente a estrategias de disrupción deliberada? La respuesta aplicada evidencia esa tensión permanente entre garantizar el pluralismo parlamentario y proteger la dignidad institucional.

No es la primera vez que se plantea esta cuestión. En julio de 2025 se reformó el reglamento del Congreso para hacer frente a comportamientos disruptivos en ruedas de prensa, protagonizados en buena medida por agitadores ultras. Aquella reforma, impulsada tras varios incidentes, contó con la oposición del PP y Vox. De nuevo, los cortafuegos llegan tarde, después de que el problema se haya manifestado con claridad.

Existe el riesgo de que estos episodios se normalicen, de que pasen a formar parte del paisaje habitual de la política. Como si fueran inevitables. Pero la fortaleza de una democracia no reside en su capacidad de resistir pasivamente, sino en su habilidad para protegerse activamente, estableciendo límites claros frente a quienes buscan vaciarla de contenido.

Los datos apuntan en una dirección preocupante. Según distintos estudios sobre polarización afectiva, en España ha aumentado de forma sostenida el distanciamiento entre ciudadanos por motivos políticos. En algunos casos, en torno a un 14% de los españoles reconoce haber dejado de hablar con amigos o familiares por estas razones. Este deterioro del clima cívico no es ajeno a los comportamientos que vemos en las instituciones; al contrario, se retroalimentan.

Porque estos incidentes tienen más trascendencia de la que sugiere un titular. Son parte de un proceso más amplio que erosiona la confianza en la política, degrada el debate público y alimenta un escepticismo ciudadano que puede derivar en desapego democrático. Y ahí reside el verdadero riesgo: no en el escándalo inmediato, sino en el desgaste silencioso que deja tras de sí.

La democracia, como cualquier sistema complejo, no colapsa de forma abrupta. Se vacía poco a poco, cuando sus normas dejan de ser respetadas, cuando sus instituciones son cuestionadas sin fundamento y cuando el conflicto sustituye al debate. Por eso, más allá del incidente, lo ocurrido en el Congreso no interpela únicamente a un diputado o a un partido, sino a los límites que estamos dispuestos a tolerar en nuestra vida democrática.

Hay remodelaciones que buscan cambiar el rumbo y otras que buscan protegerlo. En el tramo final de la legislatura, los gobiernos tienden a reordenar sus prioridades: reducir desgaste, asegurar la gestión y concentrar el capital político allí donde resulta más eficaz. La última remodelación del Ejecutivo responde, en buena medida, a esa lógica. No es solo un relevo de nombres, sino una redefinición del equilibrio entre técnica y política.

La salida de María Jesús Montero, el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia y la incorporación de Arcadi España apuntan en esa dirección. El cambio rompe además una inercia simbólica —la vicepresidencia económica deja de estar en manos de una mujer—, pero su significado profundo está en los perfiles. Frente al peso político, la exposición mediática y la capacidad de confrontación de Montero, el nuevo esquema pivota sobre figuras de bajo perfil, orientadas a la gestión y alejadas del foco.

Carlos Cuerpo se consolida así como eje del área económica. Su perfil técnico, vinculado a las instituciones europeas, encaja con la necesidad de proyectar solvencia en un contexto marcado por la guerra, la inflación y la continuidad de las políticas de protección. Los datos refuerzan esa apuesta: debutó en el CIS en abril de 2024 como un ministro prácticamente desconocido —apenas lo identificaba un 13% de los ciudadanos—, pero en pocos meses pasó a ser el mejor valorado del Gobierno. Hoy mantiene esa posición, con un 5,27, siendo el único que aprueba.

Ese perfil ha tenido una consecuencia política directa: su baja exposición al desgaste. Desde su llegada en enero de 2024, ha recibido solo 11 preguntas en el Congreso, tres de ellas del Partido Popular —apenas un 27%—. Más significativo aún: la oposición tardó más de un año en interpelarle por primera vez. No es solo menor fiscalización; es también la evidencia de que no ha sido un blanco eficaz en la confrontación.

La incorporación de Arcadi España profundiza en esa misma lógica. Su trayectoria en la Generalitat Valenciana, donde fue una pieza clave del Gobierno del Botànic junto a Ximo Puig, no solo le aporta experiencia en Hacienda y financiación, sino también en gestión política compleja. Fue, de hecho, uno de los perfiles encargados de engrasar las relaciones internas de la coalición, especialmente con Mónica Oltra, en un contexto no exento de tensiones.

Ese bagaje ayuda a entender su estilo. Arcadi España representa, en muchos sentidos, la antipolarización: un perfil que tiende a rebajar el conflicto, a buscar espacios de acuerdo y a evitar la sobreactuación política. Su forma de intervenir —contenida, prudente, casi académica— lo aleja de la lógica de confrontación permanente que domina la política nacional.

Y ahí reside precisamente el contraste con su predecesora. María Jesús Montero había asumido en los últimos tiempos no solo la gestión económica, sino también la tarea —o la carga— de responder a una oposición que ha convertido el Congreso en un espacio de hostigamiento constante, en una suerte de guerra de guerrillas parlamentaria. Arcadi España, por el contrario, no ha mostrado hasta ahora esa retórica de combate.

El mensaje del Gobierno es claro: en el último año de legislatura no se busca tanto generar impacto político desde la gestión económica como reducir fricción. En una cartera que acumula inevitablemente costes —y más en territorios como la Comunitat Valenciana, donde la cuestión fiscal es especialmente sensible—, la apuesta es por perfiles que amortigüen el desgaste.

Pero ese movimiento tiene una contrapartida. Al tecnificar el área económica, el Ejecutivo libera —y al mismo tiempo concentra— el capital político en una figura: Pedro Sánchez. La estrategia parece clara: proteger la gestión y capitalizar la política.

Los últimos datos del CIS apuntan en esa dirección. Entre sus votantes, Sánchez obtiene una valoración media de 6,9 y mantiene una alta fidelidad —más del 75% lo prefiere como presidente—, lo que refuerza su papel como principal activo electoral. Al mismo tiempo, sigue siendo un potente movilizador para la oposición, lo que intensifica la polarización.

En ese contexto, la defensa del decreto anticrisis en el Congreso ha funcionado como primer test del nuevo equilibrio. Para Cuerpo, ha sido su bautismo como vicepresidente económico; para el Gobierno, la prueba de que un perfil técnico puede sostener también el frente político cuando es necesario. La incógnita es si esta estrategia será suficiente. La política no desaparece: se reordena y tiende a concentrarse en menos actores. La tecnificación de los ministerios económicos libera el frente político, que se sitúa con mayor claridad en el núcleo del Gobierno.

Ahí, junto a Pedro Sánchez, todo apunta a que Félix Bolaños asumirá un papel central como principal interlocutor y, previsiblemente, como figura de confrontación frente a la oposición. Si María Jesús Montero había ejercido en los últimos años como uno de los principales diques políticos frente a la ofensiva parlamentaria de las derechas, su salida obliga a redistribuir ese rol.

El resultado es un Gobierno más técnico en los ministerios y más político en su núcleo. Menos confrontación en la gestión, más concentración del pulso político en torno a Sánchez y su núcleo.

Los resultados de Vox en las elecciones de Castilla y León han sido interpretados en parte del debate público como un crecimiento menor del esperado. Sin embargo, esa lectura puede resultar engañosa. En realidad, los datos apuntan a otra conclusión: la formación de Santiago Abascal ha consolidado una base electoral estable, una implantación territorial amplia y una estrategia política eficaz para convertir votos en poder político. 

Vox ha obtenido cerca del 19% del voto y ha sumado 19.089 sufragios más que en la cita electoral de 2022. Pero el dato más relevante no es solo el incremento de votos, sino su distribución territorial y su traducción en representación institucional.

El partido ha logrado representación en todas las provincias de Castilla y León y se mueve en una franja de apoyo que oscila aproximadamente entre el 15% y algo más del 20% del voto —superando ese umbral en provincias como Palencia y Valladolid—. En un sistema electoral provincial como el español, ese porcentaje resulta especialmente relevante porque permite consolidar presencia institucional, maximizar la conversión de votos en escaños y, en última instancia, resultar decisivo en futuros comicios generales.

Los resultados adquieren aún más relevancia si se observa el equilibrio parlamentario: el bloque formado por PP y Vox suma alrededor del 54%, uno de los más escorados a la derecha del mapa autonómico. Solo Extremadura presenta un bloque conservador aún más amplio, cercano al 60%.

El mapa del voto también ofrece algunas claves. Vox obtiene sus mejores resultados en provincias y municipios de carácter más rural o semiurbano, donde determinados discursos sobre identidad nacional, seguridad o crítica a políticas europeas encuentran mayor resonancia. Al mismo tiempo, el resultado revela algunas tensiones dentro de su propio espacio político. La candidatura impulsada por el agitador digital Alvise Pérez ha logrado 17.351 votos. No logró representación, pero sí captó parte de un electorado joven muy activo en redes sociales que, en otros contextos, podría haber apoyado a Vox. En provincias con circunscripciones relativamente grandes, como Valladolid, León o Burgos, esa fragmentación del voto podría incluso haber tenido impacto en la disputa por los últimos escaños.

Más allá de estos factores sociológicos, la formación de Abascal ha conseguido cumplir tres objetivos estratégicos. El primero era crecer electoralmente, aunque fuera de forma moderada. El segundo consistía en reforzar su implantación territorial: Vox tiene ahora representación en todas las provincias y mantiene porcentajes relativamente homogéneos en todo el territorio. El tercer objetivo es quizá el más importante: mantener su capacidad de condicionar la gobernabilidad.

El PP de Alfonso Fernández Mañueco necesita el apoyo de Vox para gobernar, lo que sitúa a la formación de Abascal en una posición negociadora relevante. La influencia de la extrema derecha no depende necesariamente de grandes victorias electorales. A menudo basta con ser imprescindible.

Estas negociaciones, además, no deben interpretarse únicamente en clave autonómica. Los pactos que se negocian en Extremadura y Aragón tienen también una dimensión política y estratégica más amplia.

En el plano político, estos acuerdos contribuyen a perfilar la relación del PP con la extrema derecha. Cada pacto fija precedentes tanto sobre el modelo de negociación —si será tutelado desde Génova o dejará margen a los liderazgos autonómicos— como sobre las líneas programáticas que los populares están dispuestos a traspasar para garantizar la gobernabilidad.

Ese debate ya ha empezado a hacerse visible. El decálogo presentado por Alberto Núñez Feijóo hace apenas un par de semanas —que incluía compromisos básicos como el respeto a la Constitución— irritó profundamente a Santiago Abascal. Sin embargo, la evolución reciente de los acuerdos entre PP y Vox demuestra que esos límites se vuelven cada vez más difusos. El ejemplo más claro es el pacto alcanzado en la Comunitat Valenciana, donde se han abierto la puerta a propuestas que hace pocos años habrían resultado impensables, desde la elaboración de estadísticas diferenciadas en materia migratoria hasta el rechazo frontal al Pacto Verde europeo.

Pero existe también una dimensión estratégica que afecta al corto y al medio plazo. Lo que se negocie ahora puede influir en futuros escenarios electorales, especialmente en Andalucía y en las generales previstas para 2027.

En el caso andaluz, el presidente Moreno Bonilla ha construido su liderazgo sobre una estrategia de centralidad política, una retórica menos confrontativa y una imagen de moderación institucional. La evolución de los pactos entre PP y Vox en otras comunidades podría tensionar ese equilibrio si se consolidan acuerdos que incluyan políticas más radicales.

Al mismo tiempo, para Vox resulta estratégicamente útil mantener un perfil ideológico nítido y diferenciado como la fuerza hegemónica de la derecha más radical española. En ese contexto, los acuerdos de gobierno pueden servir tanto para demostrar capacidad de influencia como para reforzar su identidad política frente a un PP que, en cuestiones como la inmigración, el aborto, el feminismo, la violencia de género o las políticas climáticas, puede aparecer más ambiguo o dividido.

Subestimar estos resultados puede conducir a interpretaciones equivocadas. La extrema derecha no siempre avanza mediante grandes irrupciones electorales. La historia política reciente lo demuestra: desde los años ochenta ha participado en más de setenta gobiernos en Europa, tres de ellos en solitario. Con frecuencia lo hace de forma más gradual: consolidando apoyos, ampliando su implantación territorial y convirtiéndose en un actor imprescindible para gobernar. Castilla y León es un buen ejemplo de esa lógica política que ya se observa en varios países europeos.

La posibilidad de una candidatura única a la izquierda del PSOE vuelve al centro del debate en un momento decisivo. Esta semana lo hace con una imagen clara: dos citas paralelas ante el mismo dilema estratégico. Por un lado, IU, Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar convocan Un paso al frente, sin liderazgos visibles y con énfasis en el proyecto colectivo. Por otro, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, junto al diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado, protagoniza en Madrid la charla Doble o nada: disputar el presente para ganar el futuro, sin aval formal de sus partidos. Dos formatos distintos —quizá complementarios, quizá competitivos— y una misma pregunta de fondo: ¿es viable y necesaria una reorganización unitaria de ese espacio político en el nuevo ciclo que se abre?

No se trata solo de una discusión organizativa ni de una pugna por liderazgos. Es una cuestión estructural en un momento de cambio de época, donde el eje de la competencia ya no se ordena exclusivamente entre izquierda y derecha, sino entre democracia liberal y proyectos iliberales que cuestionan sus fundamentos.

La experiencia europea muestra que estas fórmulas de articulación surgen cuando la extrema derecha deja de ser marginal y se convierte en opción real de gobierno, incluso en solitario. En Francia, tras el avance de Agrupación Nacional —primer partido en las europeas de 2014 con el 24,9%— y la llegada de Marine Le Pen a la segunda vuelta presidencial en 2017 con el 33,9%, el resto de fuerzas activó el llamado Frente Republicano, una fórmula de concentración del voto democrático para frenar su acceso al poder.

Portugal ofrece un contraste reciente. Frente al crecimiento de Chega, António José Seguro impulsó la Comissão de Honra da Candidatura, una plataforma amplia y heterogénea que alteró el escenario: de un 14% en las encuestas pasó a imponerse con el 66,8% de los votos. La clave no fue solo organizativa, sino también de liderazgo: una campaña centrada en la moderación, la empatía y un tono integrador que logró proyectarse como alternativa fiable y transversal frente a la radicalización.

Alemania, por su parte, ha sostenido el llamado Brandmauer, el “cortafuegos” frente a Alternativa para Alemania, que excluye cualquier cooperación estructural con la extrema derecha. Modelos distintos, misma lógica: cuando el eje político se desplaza hacia la tensión entre democracia liberal e iliberalismo, la coordinación entre fuerzas democráticas deja de ser táctica para convertirse en estructural.

España se mueve en ese nuevo eje. El enfrentamiento central no es solo programático, sino sistémico: democracia liberal frente a tentaciones iliberales asumidas por la extrema derecha y por sectores conservadores dispuestos a pactar con ella. En este contexto, la reorganización de la izquierda alternativa no puede limitarse a “parar a la derecha”, sino articular una propuesta de gobernanza inclusiva que conecte con los malestares sociales de la época.

Aquí la aritmética electoral es determinante. La fórmula D’Hondt favorece a las fuerzas más votadas y castiga la dispersión, especialmente en las provincias pequeñas y medianas —28 de las 50 circunscripciones reparten entre tres y seis escaños—, donde el umbral efectivo es mucho más alto de lo que sugiere el porcentaje nacional. En esos territorios, la fragmentación puede traducirse en pérdidas directas de representación incluso cuando el bloque progresista iguala o supera en votos al conservador.

Si de cara a 2027 se consolida un escenario de bloques ajustados, el sistema tenderá a sobrerrepresentar al PP y a Vox, siempre que este último mantenga apoyos en torno o por encima del 15% —e incluso cercanos al 18%, como apuntan encuestas y resultados autonómicos— y una implantación territorial homogénea. En ese contexto, una izquierda atomizada podría quedar infrarrepresentada pese a sumar porcentajes similares, no por falta de respaldo social, sino por el efecto mecánico del voto dividido.

Los datos demoscópicos refuerzan la preocupación. El CIS de febrero indicaba que solo dos de cada diez votantes de Podemos repetirían su voto, mientras que en Sumar la fidelidad ronda los cuatro de cada diez. Frente a esa desmovilización, formaciones con arraigo territorial y liderazgos consolidados como BNG, EH Bildu, Compromís o Esquerra Republicana de Catalunya mantienen niveles de movilización superiores al 60%.

En este contexto, Gabriel Rufián emerge como un activo potencial para articular puentes. Su liderazgo presenta una notable territorialización: alcanza un 9,6% en Navarra, por encima de su media nacional (4,2%), y registra cifras relevantes en Galicia, Baleares, La Rioja y País Vasco. No es suficiente para liderar en solitario, pero sí indica capacidad de conexión más allá de su base catalana.

El diagnóstico es claro: el espacio a la izquierda del PSOE se divide entre partidos movilizados y con proyecto definido y otros desmovilizados y tensionados internamente. Si la fragmentación persiste, el riesgo no es solo un relevo gubernamental, sino una reconfiguración más profunda del mapa ideológico, con una derecha cada vez más “abascalizada” y una extrema derecha normalizada.

La unidad, sin embargo, no puede ser un fin en sí mismo ni una reacción táctica. Debe ofrecer un proyecto ilusionante de gobernanza económica inclusiva que aborde vivienda, empleo y servicios públicos con soluciones concretas, y que reconstruya presencia territorial y músculo digital.

Lo que está en juego no es únicamente la supervivencia de un espacio político, sino la calidad de la democracia en 2026. El Parlamento Europeo declaró en 2022 que Hungría, bajo Viktor Orbán, se ha convertido en un “régimen híbrido de autocracia electoral”. Ese precedente muestra cómo, desde dentro, pueden erosionarse contrapesos institucionales. Por eso, la decisión que ahora se debate no afecta solo a escaños: incide en el marco democrático que definirá la próxima década.

La reacción de la extrema derecha española y de sus aliados internacionales al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha sido ni espontánea ni improvisada. Responde a un guion ya ensayado en otros países, basado en una premisa simple: cualquier intervención pública sobre el espacio digital equivale a censura. Medidas similares se han debatido o aplicado en países como Francia o Australia y en el marco de la Unión Europea. Pese a ello, el anuncio del Ejecutivo español ha activado de inmediato ese reflejo defensivo en Vox, en su líder Santiago Abascal y en el ecosistema ideológico y empresarial que orbita en torno a Elon Musk.

No se trata de una polémica aislada ni estrictamente española. Forma parte de una estrategia transnacional de la extrema derecha que ha convertido las plataformas digitales en algo más que un altavoz: en un auténtico ecosistema político. La defensa casi dogmática de una supuesta “libertad de expresión absoluta” funciona aquí como cortina de humo. Lo que se protege no es tanto el derecho a opinar como una arquitectura algorítmica que amplifica el conflicto, la desinformación y el odio, y que ha demostrado ser extraordinariamente funcional para estos actores.

Esa lógica se ha hecho visible estos días en la cumbre celebrada en el Parlamento Europeo por fuerzas de la extrema derecha bajo el lema “Libertad de expresión contra la cultura de la cancelación”. El encuentro, presentado formalmente como un debate sobre los límites del pluralismo en las democracias liberales, derivó rápidamente en la defensa de posiciones ultraconservadoras: cuestionamiento de los derechos reproductivos, ataques al colectivo LGTBI, así como una reivindicación explícita de valores “cristianos” frente a una supuesta decadencia de la “civilización occidental”.

Desde un punto de vista analítico, el esquema es revelador. La libertad de expresión deja de entenderse como un derecho fundamental inserto en un sistema de garantías para redefinirse como un derecho a discriminar, excluir o deslegitimar derechos ajenos, mientras cualquier límite jurídico —incluso aquellos orientados a proteger a colectivos vulnerables— se presenta como persecución ideológica o censura política. Este desplazamiento conceptual es clave para entender la reacción ultra ante cualquier intento de regulación.

La propuesta del Gobierno español se inscribe, sin embargo, en un marco europeo mucho más amplio. La Unión Europea lleva años avanzando —no sin resistencias— en la regulación del espacio digital, consciente de que los algoritmos no son neutrales y de que el mercado, por sí solo, no corrige sus efectos sociales. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) parte precisamente de esta premisa: que las grandes plataformas ejercen un poder estructural sobre la esfera pública y deben asumir responsabilidades acordes. Aprobado en 2022, el DSA entró en vigor ese mismo año y comenzó a aplicarse de forma escalonada a partir de 2023, siendo plenamente exigible desde febrero de 2024. Proteger a los menores y exigir obligaciones de transparencia y rendición de cuentas no constituye, por tanto, una deriva autoritaria, sino un paso coherente dentro del debate europeo sobre soberanía digital.

Los datos avalan este diagnóstico. El Eurobarómetro de febrero de 2026 señala que la exposición percibida a la desinformación en la Unión Europea ha aumentado ocho puntos en el último año. En España, la preocupación es muy superior a la media: el 85% considera la desinformación una amenaza grave y el 82% el discurso de odio. No es casual que las medidas anunciadas por Sánchez apunten precisamente a estos riesgos.

Aquí aparece el primer gran marco discursivo de la extrema derecha: la confusión deliberada entre regulación y censura. Abascal y otros dirigentes han insistido en que el Gobierno pretende “controlar lo que piensan los españoles”, desplazando el debate del terreno empírico al emocional. No se discute si los algoritmos generan adicción, polarización o procesos de radicalización temprana; se invoca una amenaza abstracta a la libertad. Es un encuadre eficaz porque apela al miedo y evita cualquier contraste con la evidencia disponible.

El segundo marco es el de la victimización. Vox se presenta como el principal damnificado de una regulación que, supuestamente, busca silenciar voces “disidentes”. Sin embargo, el actual ecosistema digital ha beneficiado de manera clara a la extrema derecha. Su discurso emocional, simplificador y confrontativo se adapta mejor que ningún otro a lógicas algorítmicas basadas en la atención y la viralidad. Regular los algoritmos implica, en términos políticos, reducir una ventaja competitiva construida durante años.

En este punto entra en escena Elon Musk. Desde que adquirió Twitter —rebautizado como X—, ha convertido la plataforma en un laboratorio donde la retórica de la “libertad de expresión” convive con decisiones empresariales que debilitan la moderación de contenidos y favorecen dinámicas extremistas. Su oposición frontal a cualquier regulación no es solo ideológica: afecta al núcleo del modelo de negocio de las grandes plataformas, basado en maximizar el tiempo de exposición incluso a costa de la salud democrática.

Existe, además, un componente generacional central. La extrema derecha ha logrado penetrar con fuerza entre los jóvenes a través de redes sociales prácticamente sin control, que funcionan como espacios de socialización política temprana donde se diluyen las fronteras entre información, entretenimiento y propaganda.

Regular no es censurar. Es gobernar un espacio que ya condiciona la democracia. Y la pregunta que la extrema derecha evita responder sigue siendo sencilla: ¿a quién beneficia que nada cambie?

Las tragedias colectivas abren siempre un tiempo suspendido. En las horas posteriores a un accidente como el ocurrido recientemente en Andalucía, el dolor, la confusión y la necesidad urgente de respuestas conviven con un vacío informativo inevitable. Cuando todavía no se conocen las causas y las investigaciones técnicas apenas han comenzado, la prudencia debería marcar el debate público. Sin embargo, ese espacio de incertidumbre se ha convertido, cada vez más, no solo en España sino en buena parte del mundo, en un terreno fértil para la confrontación política y la explotación deliberada del malestar.

Lo sucedido tras el accidente ferroviario andaluz no es una anomalía ni un exceso puntual. Forma parte de una práctica política cotidiana que se intensifica en contextos de crisis y conmoción social. Vox la despliega de manera recurrente, como ya ocurrió durante la Dana o en episodios como Torrepacheco, pero esta lógica conecta con una tendencia más amplia del nuevo ciclo político global, en el que la extrema derecha convierte cada situación de incertidumbre en una oportunidad para reforzar su relato de colapso y decadencia institucional.

Allí donde faltan datos y sobran emociones, emerge un relato inmediato que identifica culpables políticos antes incluso de que existan elementos contrastados. El Gobierno de Pedro Sánchez, el “Estado central” o una supuesta negligencia estructural aparecen como responsables evidentes de una tragedia cuya complejidad técnica se borra deliberadamente. La gestión concreta deja de importar: lo relevante es que el accidente encaje en una narrativa previa que presenta a las instituciones como incapaces, ajenas o directamente hostiles a la ciudadanía.

Desde el punto de vista del análisis político, este mecanismo encaja con lo que la literatura denomina framing de crisis: la capacidad de determinados actores para imponer un marco interpretativo cerrado en momentos de alta carga emocional. No se trata tanto de explicar qué ha ocurrido como de decidir cómo debe entenderse lo ocurrido. Frente a la incertidumbre, se ofrece un relato simple, moralizado y fácilmente compartible, en el que la tragedia deja de ser un hecho a esclarecer y pasa a funcionar como una prueba más de un supuesto colapso general del sistema.

En este contexto, la desinformación actúa como catalizador. En las horas posteriores al accidente circularon mensajes que vinculaban directamente el siniestro con una supuesta decisión del Gobierno de “enviar dinero a Marruecos para sus trenes” mientras se abandonaba la red ferroviaria española. Se trata de una afirmación falsa, repetida y amplificada por dirigentes y redes afines, que mezcla hechos inconexos para construir un agravio emocionalmente eficaz. No es un error aislado, sino una estrategia conocida: introducir elementos de política exterior y confrontación identitaria para reforzar la sensación de traición y abandono.

Este tipo de bulos se suma a interpretaciones interesadas de partidas presupuestarias o a insinuaciones de negligencia deliberada sin respaldo técnico alguno. Lejos de ser episodios espontáneos, forman parte de un ecosistema de desinformación que se activa de forma casi automática en situaciones de crisis y que combina mensajes lanzados desde tribunas políticas con su amplificación coordinada en redes sociales.

Las consecuencias de esta dinámica son profundas. En el corto plazo, el impacto es especialmente doloroso para las víctimas y sus familias. El uso político de la tragedia contribuye a aumentar el miedo, el enfado y la sensación de abandono, desviando la atención del acompañamiento, la reparación y la búsqueda serena de responsabilidades. El sufrimiento se convierte en munición y el duelo en un espacio contaminado por la confrontación.

A medio plazo, el efecto es más estructural. La reiteración de estos frames de crisis va sedimentando una visión abiertamente antipolítica que erosiona la confianza en las instituciones democráticas. No se cuestiona solo la gestión concreta de un gobierno, sino la legitimidad misma del Estado como garante de seguridad y bienestar. La política deja de percibirse como un espacio de solución de problemas y pasa a ser presentada como parte del problema, un rasgo compartido por las nuevas derechas radicales en distintos países.

La demoscopia ayuda a entender por qué esta estrategia encuentra un terreno fértil. Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran de forma consistente que el electorado de Vox es el que expresa mayores niveles de desconfianza hacia el sistema político. En los últimos barómetros, más del 70% de sus votantes considera que los políticos son el principal problema del país, una proporción muy superior a la del resto de electorados. También es entre estos votantes donde se observa una percepción especialmente negativa del papel de las instituciones públicas.

Esta correlación no implica que cada campaña de desinformación genere automáticamente nuevos apoyos, pero sí revela una afinidad estructural entre este tipo de discursos y un determinado perfil político. La estrategia no busca tanto convencer mediante propuestas como alimentar un clima de desafección permanente, en el que cada crisis confirma una narrativa previa de decadencia y colapso.

Conviene subrayar que la crítica institucional es legítima y necesaria en cualquier democracia. Exigir responsabilidades, transparencia y mejoras en la gestión pública forma parte del debate democrático. El problema surge cuando esa crítica se adelanta a los hechos, se apoya en información falsa o engañosa y persigue deliberadamente debilitar la confianza colectiva en lugar de fortalecerla.

La tragedia ferroviaria en Andalucía merece tiempo, rigor y respeto. Convertirla en un instrumento de agitación política no solo daña a quienes han sufrido directamente sus consecuencias, sino que contribuye a normalizar un clima de antipolítica y desafección democrática que se alimenta del miedo y la indignación. Identificar este encuadre del desastre —y asumir que no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia recurrente— es una condición necesaria para proteger el espacio público y preservar la calidad del debate democrático en un contexto cada vez más marcado por la desinformación y la polarización.

La política española vuelve a encontrar en el territorio autonómico el espacio donde se anticipan los cambios de fondo. Las elecciones celebradas en Extremadura no son solo una cita regional más, sino un termómetro avanzado de la derechización del clima político y del agotamiento de algunos marcos discursivos que habían sido eficaces hasta hace poco. Entre ellos, el recurso al miedo a Vox como elemento central de movilización del electorado progresista y, en parte, también del votante moderado del Partido Popular.

Los datos del último estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas permiten sostener este diagnóstico con bastante claridad. La media de autoposicionamiento ideológico de los extremeños en la escala 0-10 se sitúa ya en 5,37, casi dos décimas por encima del centro y, lo que es más relevante, casi dos puntos más que en el estudio preelectoral de 2023, donde se registraba en torno al 5,07. Este desplazamiento no es neutro ni homogéneo: la subida se concentra de forma muy clara en el electorado de derechas y, especialmente, en los votantes del PP y de Vox.

Entre quienes declaran votar al PP, la media ideológica pasa del 7,49 al 7,55, mientras que entre los votantes de Vox asciende del 7,55 al 7,62. No son variaciones espectaculares en términos absolutos, pero sí muy significativas cuando se observan como tendencia: indican una consolidación y radicalización suave pero constante de las posiciones ideológicas en el espacio de la derecha. No se trata solo de que Vox crezca electoralmente, sino de que el conjunto del bloque conservador se desplaza hacia coordenadas más duras.

Los resultados de ayer confirman esta lectura. Vox obtuvo en torno al 17% de los votos y 11 escaños, prácticamente duplicando su representación respecto a 2023 y convirtiéndose, de nuevo, en actor imprescindible para la formación de gobierno. El PP ganó las elecciones, pero quedó lejos de la mayoría absoluta y depende de Vox para gobernar. El PSOE, en cambio, sufrió una caída notable, incapaz de frenar una dinámica que las encuestas ya venían anunciando. El voto a Vox no solo no se castigó tras su salida de los gobiernos autonómicos en julio de 2024, sino que se vio reforzado.

Este punto es clave para entender el agotamiento del discurso del miedo. Estas son las primeras elecciones autonómicas celebradas después de la ruptura de Vox con los ejecutivos regionales, una decisión que fue presentada por la izquierda como la prueba definitiva de la inestabilidad y el radicalismo del partido. Sin embargo, lejos de provocar rechazo, esa estrategia parece haber reforzado su perfil ante una parte del electorado conservador, que percibe a Vox como una fuerza coherente, capaz de imponer condiciones y marcar límites a sus socios.

A ello se suma un segundo fenómeno decisivo: la normalización de Vox como opción política legítima y deseable dentro del espacio de la derecha. Los datos del CIS son muy elocuentes en este sentido. En 2023, solo el 15% de los votantes del PP señalaban a Vox como su segunda opción preferida. En 2025, esa cifra se duplica hasta el 32%. Es decir, uno de cada tres votantes populares ve ya a Vox como la alternativa natural a su propio partido. En el caso inverso, entre los votantes de Vox también crece la aceptación del PP como segunda opción, aunque de forma más moderada: se pasa del 25% al 31%. La asimetría es clara: la normalización de Vox avanza más rápido entre los votantes del PP que la del PP entre los de Vox.

Este dato explica por qué el voto útil ha cambiado de significado. Ya no se trata únicamente de concentrar apoyos en el partido mayoritario de la derecha para evitar que gobierne la izquierda, sino de reforzar al conjunto del bloque, incluso cuando eso implica dar más peso a la extrema derecha. En este contexto, el mensaje socialista de alerta frente a Vox pierde capacidad movilizadora. Cuando una parte significativa del electorado conservador no solo no teme a Vox, sino que lo considera un socio legítimo y preferente, el miedo deja de funcionar como incentivo electoral.

Extremadura muestra así una dinámica que trasciende lo regional. El poder territorial vuelve a marcar el ritmo del cambio político en España y lo hace planteando una pregunta de fondo: qué modelo de relación entre PP y Vox se consolidará tras los nuevos pactos autonómicos. Si España se encamina hacia un pragmatismo conservador de corte iliberal, similar al que encarna Meloni en Italia, o si opta por una fórmula más radical, como la que practica Orbán en Hungría. 

Las elecciones extremeñas no ofrecen aún una respuesta definitiva, pero sí una señal inequívoca: la derechización es real, la normalización de Vox avanza y el viejo discurso del miedo ha dejado de ser suficiente para contenerla. La cuestión ya no es si este cambio existe, sino qué coalición de gobierno acabará adoptando y con qué consecuencias para la democracia española.

Cada 6 de diciembre, Vox se envuelve en la Constitución como si solo ellos fueran sus legítimos herederos. Pero la Constitución que reivindican no es la del 78: es un texto amputado, convertido en un muro más que en un pacto, en una trinchera identitaria antes que en un marco de convivencia plural. En su relato, España es una esencia homogénea que debe ser defendida de enemigos internos, externos, imaginarios o reales. Pero basta observar sus propuestas, sus votaciones y su manera de entender la democracia para comprender que el país que dicen proteger no cabe en la Constitución, sino en un pasado mitificado del que la sociedad española decidió salir hace casi medio siglo.

La fuerza de la extrema derecha española de Abascal reside precisamente en esta apropiación simbólica. Su constitucionalismo selectivo cita unos artículos y silencia otros: abrazan los que justifican su modelo centralista y excluyente del Estado, pero evitan los que consagran la diversidad territorial, la igualdad real entre hombres y mujeres, los derechos sociales, el pluralismo político o el carácter social del Estado. La Constitución que celebran sería irreconocible para quienes la negociaron, discutieron y votaron en 1978, y también para una ciudadanía que ha ampliado derechos y libertades durante décadas.

Desde esta base, el partido de Abascal se presenta como guardián del orden constitucional mientras cuestiona pilares esenciales como el reparto territorial del poder, la neutralidad institucional, la independencia judicial o la propia legitimidad de los gobiernos que no controla. Su patriotismo se articula por exclusión: hay españoles auténticos —los suyos— y otros sospechosos, tibios, anti-patrias o “enemigos internos”. Y esa división no es una anomalía, sino una pieza estructural del discurso de las extremas derechas europeas. Lo vimos con Le Pen en Francia, Meloni en Italia o la AfD en Alemania: un patriotismo identitario que exige homogeneidad cultural, política y moral.

En España, la extrema derecha asienta este marco sobre la idea de una nación única e inquebrantable. La existencia de proyectos soberanistas —sean independentistas o simplemente autonomistas— se presenta como amenaza existencial. No es casual que reduzcan cualquier diferencia territorial a un acto de deslealtad. Su proyecto constitucional no admite la plurinacionalidad, pero tampoco la diversidad cultural o lingüística. La España de Vox es un país uniforme donde la pluralidad no se protege: se combate.

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas ayudan a comprender la profundidad de este marco emocional. En el barómetro de octubre, el 61% de los votantes de Vox afirma que el sistema democrático actual es peor o mucho peor que la dictadura franquista. Esta cifra, escandalosa en una democracia consolidada, no es una anécdota ni un desliz: es el síntoma de un relato político que necesita degradar la confianza en las instituciones para sostenerse. Un proyecto que se reivindica constitucional mientras parte de sus bases considera que la democracia española es inferior a una dictadura.

Esta deriva no es nueva. Vox ha cuestionado resultados electorales, ha acusado a funcionarios de parcialidad, ha denunciado conspiraciones imaginarias y ha alimentado la idea de que España vive en un estado de emergencia permanente. La estrategia es clara: erosionar la confianza en las reglas del juego mientras se exige su cumplimiento solo para los adversarios. Su constitucionalismo es declarativo, pero su práctica política es profundamente iliberal.

Su interpretación del artículo 14, por ejemplo, reduce la igualdad a una neutralidad abstracta que ignora desigualdades reales. Rechazan las leyes de igualdad y las políticas contra la violencia machista porque no encajan en su visión de un país sin discriminación estructural. Igualdad formal sin igualdad material. Una lectura que, lejos de ampliar derechos, consolida privilegios. Algo parecido ocurre con la inmigración: reclaman aplicar la ley con firmeza mientras difunden bulos, exageraciones y estigmatizaciones que vulneran derechos fundamentales y alimentan la fractura social.

Este mecanismo de apropiación constitucional ya se ha visto en Hungría, Polonia e incluso en la Italia actual. La extrema derecha reivindica la ley para vaciarla por dentro; invoca la nación para enfrentar a su propio pueblo; convierte símbolos compartidos en herramientas de exclusión. En España, la Constitución se convierte en fetiche mientras se vacía su espíritu: el pluralismo, la descentralización, la igualdad, los derechos sociales y las libertades civiles.

Pero hay un elemento diferencial en nuestro país: la propia historia democrática reciente. La Constitución fue un pacto entre diferentes, un ejercicio de reconocimiento mutuo en un país que venía de una guerra y una dictadura. Ese pacto permitió construir un Estado descentralizado, ampliar derechos, modernizar la economía, fortalecer la sociedad civil y consolidar instituciones. La España del siglo XXI —diversa, urbana, mestiza, feminista, europeísta— es hija de ese pacto. Y esa España es, para Vox, el verdadero problema: desmiente su relato de decadencia, ruptura y amenaza. Para sostenerse, necesitan un país al borde del colapso.

En un momento en el que las extremas derechas europeas avanzan —mantienen uno de cada tres gobiernos en la Unión Europea—, conviene recordar que la Constitución no es solo un texto: es un horizonte que se actualiza en el conflicto democrático. Y que su defensa exige asumir sus contradicciones, no esconderlas.

La Constitución no cabe en el país que propone Vox porque su proyecto político necesita una España más pequeña, más uniforme y más miedosa. Pero la España real —plural, abierta e imperfecta— sigue siendo más fuerte que ese relato.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, España celebra medio siglo de libertad, pero la sombra del franquismo sigue dejando huella en la democracia española. No se manifiesta ya en los despachos y en los uniformes; hoy se filtra de manera más sutil, en las redes sociales, en los discursos rebeldes y en los rincones digitales donde la historia se reescribe con ironía y desprecio.

Se suele decir que el franquismo murió con el dictador. Pero muchas de sus inercias –su concepción de la autoridad, del orden y de la nación– han sobrevivido bajo otras formas. El llamado “franquismo sociológico” no es nostalgia: es un modo de pensar que nunca fue desmontado del todo y que se ha adaptado a los tiempos. Hoy encuentra su vehículo en la ultraderecha digital y en ciertos sectores de la política contemporánea. Formaciones como Vox no son copias exactas del franquismo, sino sus herederos culturales, capaces de transformar un autoritarismo histórico en estética antisistema. Palabras que antes eran insultos, como “facha”, se resignifican como emblemas de rebeldía frente a la democracia, sobre todo entre jóvenes que no vivieron la dictadura y cuya educación cívica ha sido insuficiente.

Los datos del CIS de octubre son reveladores: un 19% de los jóvenes considera que el franquismo fue “bueno”, y el porcentaje sube al 21,3% en la población general. Sin embargo, el 65,5% valora los años de la dictadura como “malos o muy malos”. Son cifras que deberían sacudir a una sociedad que presume de haber cerrado su pasado: la memoria histórica no puede depender solo de actos institucionales ni de conmemoraciones, sino de pedagogía activa y de un relato que se renueve constantemente.

La banalización del franquismo se ha sofisticado. Ya no se expresa en panfletos y tertulias; circula en vídeos de treinta segundos, memes y clips compartidos miles de veces. La dictadura se trivializa y se transforma en un pasado de “orden y prosperidad” frente al caos contemporáneo. La extrema derecha ha comprendido que la batalla por la memoria ya no se gana con discursos solemnes, sino con likes y compartidos: es la guerra de la historia convertida en algoritmo.

Detrás de esta estrategia hay un trabajo cuidadoso sobre emociones y narrativas. Palabras como “seguridad”, “unidad” o “patria” activan sentimientos que estructuran un pensamiento autoritario incluso en quienes nunca vivieron la dictadura. La democracia, confiada en su legitimidad histórica, se encuentra desarmada en el terreno del relato. Así surge la “Generación neoautoritaria 2.0”: varones menores de 24 años que perciben a Franco no como dictador asesino, sino como víctima de un sistema del que desconfían. La reivindicación de ese pasado se transforma en una expresión de rechazo posmoderna, irónica y viral.

Este método se refleja de manera inquietante en el contexto internacional. En Polonia, la ley mordaza de 2018 persiguió a historiadores que cuestionaban la versión oficial sobre el exterminio judío, atribuyendo a los nazis la totalidad de la culpa y exonerando a los polacos. En Hungría, Orbán ha reivindicado la memoria del almirante Miklós Horthy, presentando a los húngaros como víctimas y héroes, mientras los alemanes son señalados como únicos culpables del Holocausto.

Italia ofrece otro ejemplo reciente de pragmatismo neofascista: la propuesta de Meloni de cambiar la fecha del Día Nacional para sustituir la celebración de la victoria antifascista por un símbolo de unidad, y los comentarios de su ministra Eugenia Maria Roccella cuestionando visitas escolares a Auschwitz. Estos casos muestran que la reinterpretación y la banalización de pasados autoritarios no son un problema exclusivo de España: es un patrón internacional de las extremas derechas contemporáneas, que buscan suavizar culpabilidades y resignificar dictadores como héroes o víctimas.

En España, esa táctica encuentra terreno fértil en la combinación entre franquismo sociológico, cultura digital y ausencia de pedagogía activa en medios y redes. La banalización del franquismo no es solo cosa de nostálgicos: es un problema estructural, un riesgo para generaciones que aprenden la historia a través de formatos virales y no del análisis riguroso. La extrema derecha ha aprendido a vestir el autoritarismo con ironía, rebeldía y posverdad, transformando su discurso para calar entre adolescentes desconfiados del sistema. El peligro no está en la nostalgia de unos pocos, sino en que la democracia se perciba como un lujo prescindible, una formalidad histórica sin relevancia inmediata.

Franco fue un dictador que reprimió, asesinó y sometió a generaciones enteras bajo un régimen de miedo y obediencia. Su legado, sin embargo, no se limita a su época; pervive en mentalidades autoritarias que buscan legitimarse con humor, memes y posverdad. La batalla histórica se ha convertido en una lucha por la narrativa y las emociones: explicar los hechos ya no basta si no se compite en el terreno afectivo donde se forman las nuevas generaciones.

Medio siglo después de su muerte, España celebra la libertad, pero debe asumir que la democracia no es un estado garantizado, sino un compromiso diario. El franquismo no ha regresado formalmente, pero su sombra cultural sigue activa, igual que el revisionismo autoritario en Polonia, Hungría o Italia.

La pregunta esencial es si seremos capaces de hacer que la democracia resulte tan atractiva, comprensible y cercana como los contenidos que hoy difunden los herederos del franquismo, o si permitiremos que medio siglo de libertades se reduzca a una anécdota mal entendida por quienes deberían defenderla. La respuesta marcará no solo cómo recordamos el pasado, sino también cómo vivimos el presente y construimos el futuro.

“Cuando la justicia se politiza, la política se judicializa”, advierte la politóloga Nancy Bermeo al analizar las tensiones en democracias en proceso de polarización. En España estamos viendo ese diagnóstico hecho realidad: el tribunal se convierte en escenario y altavoz de la contienda política, y lo que podría ser un procedimiento técnico adquiere un peso descomunal en el tablero democrático.

El impacto es inmediato para el Gobierno, que sufre una pérdida de control de la agenda y se ve obligado a responder a golpe de titular. La Moncloa se enfrenta a un dilema comunicativo complejo: debe mostrar confianza en la independencia de los jueces y al mismo tiempo evitar que cale en la opinión pública la sensación de impunidad en torno a la pareja del presidente. Cualquier error de cálculo —ya sea un exceso de prudencia o una reacción defensiva— puede agravar el desgaste. El Ejecutivo camina por una cuerda floja en la que lo que está en juego no es solo su reputación, sino su capacidad de mantener la iniciativa política.

Para la oposición, en cambio, este escenario representa una oportunidad estratégica. El Partido Popular y Vox han encontrado un eje de movilización que les permite insistir en el relato de “gobierno acorralado”, exigir responsabilidades políticas y reforzar su demanda de dimisión de Pedro Sánchez. De este modo, un proceso judicial deja de ser un asunto circunscrito a los tribunales y se convierte en combustible para la campaña electoral. Esta dinámica beneficia a quienes buscan convertir la política en un juego de suma cero, donde la erosión del adversario es más valiosa que la construcción de consensos o la presentación de propuestas de gobierno.

Sin embargo, el fenómeno trasciende las fronteras españolas. Italia vivió un terremoto político con el “Mani Pulite” de los noventa: la operación de limpieza judicial acabó con los partidos de la Primera República, pero también abrió la puerta al ascenso de Silvio Berlusconi, un outsider que supo capitalizar el descrédito de la clase política. En Brasil, la operación “Lava Jato” puso fin a la presidencia de Dilma Rousseff e inhabilitó a Lula da Silva, alterando el tablero político y allanando el camino para Jair Bolsonaro. Años después, varias de esas condenas fueron anuladas por sesgos procesales, lo que alimentó la narrativa de persecución judicial y reforzó la polarización. Incluso en Estados Unidos, los múltiples procesos contra Donald Trump han sido utilizados por él mismo como prueba de su tesis de que “el sistema está contra nosotros”, lo que moviliza a sus bases y le mantiene en el centro de la agenda mediática.

Estos casos muestran que cuando la justicia se convierte en campo de batalla, los efectos trascienden lo jurídico y reescriben las reglas del juego democrático. En lugar de fortalecer el Estado de Derecho, el riesgo es que se debilite, ya que la percepción de imparcialidad judicial se erosiona y las decisiones de los tribunales se leen en clave partidista.

España no es inmune a este riesgo. Según el último barómetro del CIS sobre calidad democrática, publicado el 8 de mayo, nueve de cada diez ciudadanos creen que la justicia no es igual para todos y un 78% considera que no actúa con imparcialidad cuando se trata de casos que afectan a partidos políticos. Estos datos son preocupantes porque reflejan una percepción extendida de desigualdad ante la ley, un elemento central en la legitimidad de cualquier democracia liberal. Cuando esa percepción se consolida, el terreno queda abonado para discursos antipolíticos que no buscan mejorar las instituciones, sino deslegitimarlas.

La antipolítica, en este contexto, se convierte en un recurso electoral poderoso. Presentar al sistema como irreformable y a todas las élites como corruptas genera frustración, pero también moviliza a sectores del electorado que buscan soluciones de choque. En los últimos años, la extrema derecha ha sabido capitalizar ese descontento con un discurso que simplifica los problemas y señala enemigos claros —políticos, jueces, medios— ofreciendo la promesa de “limpiar” el sistema. Ese relato conecta con emociones más que con programas, y convierte el malestar en apoyo electoral estable. 

Si el debate público se centra exclusivamente en imputaciones, declaraciones y dimisiones, la discusión sobre políticas públicas quedará relegada a un segundo plano. Y en un contexto de desafección creciente, el riesgo es que se consolide la idea de que “todos son iguales”, debilitando aún más el vínculo entre ciudadanía y democracia.

El desafío es mayúsculo: evitar que la justicia quede atrapada en la lógica partidista. De la respuesta que demos ahora dependerá buena parte de la salud democrática en los próximos años.

Aquest 9 d’octubre arriba envoltat d’una atmosfera de tensió política que traspassa els murs de les Corts i es filtra en converses de carrer i tertúlies de café, en plena sintonia amb un context internacional altament polaritzat on la guerra cultural i la política de blocs s’ha instal·lat de manera estructural a tot arreu. La festivitat que commemora l’entrada de Jaume I a València no és només una efemèride històrica: ha esvevingut una data de balanç i d’interrogació col·lectiva sobre el marc de drets, valors i símbols que defineixen el fet de ser valencià en el segle XXI.

Abans moros que catalans

Aqueix era el provocador títol d’una ficció publicada el 1998 en què els autors especulaven literàriament fins a quin punt s’hauria complicat encara més el galimaties identitari valencià si no s’hagués expulsat els moriscos valencians aquell 1609. Darrere de la literatura, però, s’hi amagava un fet històric cabdal: el procés d’uniformització religiosa i política que la monarquia composta dels Àustries posà en pràctica des dels reis Catòlics, amb l’expulsió dels jueus el 1492.

El País Valencià és, més que un país perplex —com afirmava el malaguanyat Josep-Vicent Marqués—, un país identitàriament complex. Mercès a aquella traumàtica expulsió, la religió no ha estat entre nosaltres un factor rellevant de divisió identitària, com passava a l’Irlanda catòlica que s’oposava a l’Anglaterra protestant. Així que el nostre factor antonomàsticament identitari és sobretot linguïstic, acomboiat per una determinada interpretació de la història que dona suport a una o altra manera d’entendre’ns.

Parlar d’identitat és, des del naixement de la modernitat, parlar de política: darrere de tota bandera hi ha sempre una mitologia, una cosmovisió, un relat compartit que enllaça el passat amb el present en direcció al futur. Fou durant la Transició, mort el dictador, quan aquella diversitat de lleialtats, latent sota la dictadura, esclatà socialment en una gran dicotomia: la que enfrontava aquells que vinculaven el seu idioma i la seua història amb Catalunya amb els que es negaven en redó i, o bé defensaven una identitat d’estricta obediència valenciana —els més minoritaris— o bé entenien el seu regionalisme com una declinació de la seua identitat espanyola. Aqueixa divergència fundacional acabà arrenglerant-se amb altres components ideològics: grosso modo, l’esquerra s’alineà amb postures catalanòfiles i la dreta amb posicions regionalistes. Com que això de la identitat no és una constant estàtica, sinó una variable que es negocia i disputa constantment, al llarg dels més de quaranta anys de democràcia valenciana la correlació de forces directrius ha anat variant. El tomb es va produir el 2015, quan una formació política amb rerefons catalanista —Compromís— trencà per primera vegada el seu sostre de vidre i accedí al govern juntament amb el PSPV-PSOE. A meitat dels noranta, però, un altre govern de coalició posava d’acord els populars i els regionalistes d’Unió Valenciana.

Un nou sentit comú

Amb aquests precedents divisius, no és d’estranyar que el valencià siga un terreny especialment propici per a l’actual política de blocs, on els pols ideològics actuen com a compartiments perfectament estancs i defugen qualsevol connivència. El bloc de la dreta (PP i Vox) exhibeix cohesió pragmàtica: diferències retòriques però objectius compartits. El bloc de l’esquerra, en canvi, mostra més fractures internes i dificultats per projectar un horitzó comú, com sol passar sempre que hom es troba a l’oposició.

Les conseqüències d’aquesta polarització són clares i gens falagueres. D’una banda, s’erosionen els espais per a l’acord transversal i cada reforma es converteix en una batalla cruenta i altament simbòlica. De l’altra, s’alimenta una constant guerra cultural que subordina la gestió ordinària de la cosa pública a la disputa per l’hegemonia social, aquella que, segons Gramsci, defineix allò que en un moment donat s’entén per «sentit comú». El perill és que aquesta confrontació s’incrusta en la textura de les institucions i acaba redefinint la idea mateixa de ciutadania i fins i tot de democràcia.

Un PP en mans de Vox

Tot i governar en solitari, el Partit Popular valencià no travessa un moment dolç. El 29 d’octubre de 2024 marcà a ferro roent la legislatura encetada un any abans. La gestió d’aquella catàstrofe per part de Carlos Mazón ha actuat com a catalitzador d’un descontentament generalitzat. Les enquestes són demolidores: més del 80% dels valencians rebutgen que continue al càrrec, convertint-lo en el president autonòmic amb major desaprovació de tot l’estat. Si s’analitza amb els atributs clàssics de la ciència política, Mazón suspén en els tres pilars essencials: manca d’empatia en moments crítics, un discurs erràtic i incoherent i una febla autoritat interna a l’hora de marcar rumb dins del propi partit. La sensació és la d’un president que governa un temps de descompte.

Però la fragilitat de Mazón és, alhora, l’oportunitat de Vox. El partit d’Abascal ha esdevingut el soci fort que assenyala la trajectòria de govern a un Mazón que no està en condicions de marcar-la en solitari. Les enquestes els donen més de cinc punts per sobre de les últimes autonòmiques. El seu creixement s’alimenta pacientment de cada crisi interna del PP i del malestar creixent amb la figura del popular. La seua estratègia és clara: oferir contundència davant els titubejos de Mazón i marcar agenda en temes simbòlics —llengua, educació, memòria— que connecten amb un segment altament mobilitzat de l’electorat. En aquest terreny, el PP juga sempre a la defensiva, manotejant parlamentàriament per construir un discurs que semble autònom i independent al que li marquen els d’Abascal.

El tercer en discòrdia: un espanyolisme pur i dur

La influència de l’extrema dreta al Pais Valencià presenta unes característiques pròpies. A diferència d'altres territoris bilingües, ací no ha cristal·litzat una ultradreta de tall nativista o obediència estrictament valencianista, com s’ha esdevingut a Catalunya amb Aliança Catalana. Les dades ens donen la clau: segons el CIS, un 56,5% dels valencians es defineixen “tan valencians com espanyols”. Aquesta ambivalència identitària facilita que Vox capitalitze l’espai de la reacció a través d’un discurs d’estricte espanyolisme centralitzador, sense necessitat d’articular un relat localista propi.

Si, com hem vist, el gran factor divisor durant la Transició fou la naturalesa de l’idioma dels valencians i les implicacions polítiques i territorials que això tenia, a hores d’ara molts valencians i valencianes disposen d’una tercera opció identitària, que Vox encarna i defensa aferrissadament: la negació de la llengua pròpia i l’alineament sense ambages ni matisos amb una idea d’Espanya monolítica, on impera només un únic idioma, el castellà. Cosa que implica l’arraconament i desaparició paulatina dels altres idiomes peninsulars. La calculada política d’extermini de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que Vox ha obligat a posar en pràctica a un debilitat Mazón, n’és un bona prova d’aquesta meditada estratègia d’anorreament de qualsevol dissidència, també lingüística.

Dit d’una altra manera, els drets lingüístics i identitaris dels valencians només són una part de l’ampla panòplia de drets que Vox vol redefinir o erradicar a tot arreu del territori «nacional». La seua actuació en matèrica lingüística es complementa perfectament amb la que segueix amb altres conceptes en disputa o kampfbegriffe: la definició de gènere, la identitat nacional i el pes que hi té la religió catòlica o la memòria històrica. El discurs que qüestiona la unitat lingüística del valencià no és ben bé filològic, sinó tàctic: l’objectiu és debilitar l’ensenyament en valencià, reduir-ne la presència institucional i social i, en darrera instància, controlar el relat identitari a favor d’una visió exclusivament —i excloentment— espanyolista.

És per tot això que, per als de Santiago Abascal, el País Valencià ha esdevingut el laboratori perfecte on assajar la millor manera en què la radicalitat penetre, com una pluja fina, la normalitat social i institucional per a definir un nou «sentit comú» en què ser valencià o valenciana només siga una manera, amb variants purament localistes i menors, de ser i sentir-se espanyols.

Una esquerra resistencialista

Mentrestant, a l’oposició, l’esquerra valenciana viu un moment de revisió profunda. El PSPV, després de la derrota electoral, necessita recompondre’s i recuperar espai electoral. El seu repte passa per combinar la imatge de gestió seriosa dels huit anys del Botànic amb un relat emocional i emocionant que mobilitze l’electorat, tornant a articular-se com a garant de drets i igualtats. Compromís, per la seua banda, ha de decidir si reforça el seu perfil valencianista i progressista, amb agenda pròpia i veu diferenciada, o si accepta el risc de ser percebuda com a força subalterna dins del bloc progressista. La seua capacitat de marcar perfil propi serà determinant per al futur. Mentrestant, Podem i Sumar pateixen tensions fratricides i dificultats per vertebrar un espai polític transformador amb variants territorials solvents. Sense una proposta clara i connectada amb els problemes concrets de valencians i valencianes, corren el seriós perill de quedar eliminats de l’equació. En això precisament confien PP i Vox per mantenir la seua majoria conjunta en les properes eleccions. En conjunt, l’esquerra valenciana sembla atrapada en el pur resistencialisme: denuncia i es mobilitza contra l’agenda de la dreta, però li costa projectar un horitzó d’actuació pròpia, compartit i il·lusionant.

Vixca, vixca, vixca

De l’inici de la democràcia ençà, el 9 d’octubre ha sigut una data celebrativa d’elevada condensació simbòlica, però —a diferència de l’11 de setembre dels catalans— poca eficàcia política concreta. No podia ser altrament, atès el nostre embolic identitari, fruit d’una particular conformació històrica que repoblà el territori, en distints moments, amb gent de diversa procedència geogràfica —Aragó, Catalunya— que parlaven llengües també diferents. Però a la tradicional bifurcació identitària s’ha sumat, gràcies a la espenta electoral de Vox, una tercera opció: la d’un espanyolisme sense fissures ni matisos, amb flexions localistes estrictament folklòriques, si de cas. Sempre ha existit, és cert, però no sempre ha estat tan present a la taula de debat identitari com ara, quan la inveterada discussió sobre l’ànima dels valencians, amb rivets sovint bizantins, s’ha embrollat encara més.

Cal no oblidar, tampoc, que els d’Abascal es disputen amb el Partit Popular un mateix espai ideològic, utilitzant tots dos el mateix combustible electoral: la immigració... i la llengua dels valencians. Una llengua flexible en la que una sola paraula —una sola lletra, de fet— pot concentrar una gran càrrega ideològica. Només cal para esment del lema triat enguany per la Generalitat per a l’efemèride: aqueix «vixca» triplicat, que remet a l’himne oficial, no és una variant acceptada pel diccionari —estatutàriament— normatiu valencià, el de l’AVL, però sí pel de la seccessionista Real Acadèmia de la Llengua Valenciana. Cosa que contradiu el punt 8 de l’article sisé del nostre Estatut d’Autonomia, aprovat el 2006 i impulsat pel mateix PP quan governava la Generalitat, aleshores també en solitari, però amb majoria absoluta.

El verano de 2025 está siendo testigo de una estrategia calculada de Vox para consolidar su posición como el partido arquetípico de la derecha más radical en España y, quizás, entre sus homólogos europeos, enarbolando la bandera del racismo y la mano dura en materia migratoria. Lejos de la tregua estival que antaño moderaba el debate político, la formación de Santiago Abascal ha intensificado su ofensiva, aprovechando la coyuntura para moldear la opinión pública y cosechar réditos políticos.

Uno de los episodios más reveladores de esta estrategia ha sido la espiral de violencia desatada en Torre Pacheco. Lo que pudo ser un incidente aislado fue hábilmente explotado por Vox, amplificando el conflicto y transformándolo en un símbolo de la supuesta “invasión migratoria”. Las declaraciones incendiarias de sus dirigentes, la difusión masiva de bulos y la instrumentalización del miedo han tenido un efecto propagandístico devastador. Al presentarse como los únicos defensores de la “seguridad” y el “orden” frente a una “delincuencia importada”, Vox no solo busca movilizar a su base, sino también arrastrar al centro-derecha hacia posiciones más extremas, dejando claro quién está dispuesto a ir hasta el final.

Pero la táctica de Vox no se limita a la explotación de conflictos. En Jumilla, hemos asistido a un proceso de normalización e institucionalización de la islamofobia que debería encender todas las alarmas. La campaña antimezquitas, disfrazada de defensa del “patrimonio local” o la “seguridad ciudadana”, ha ido calando en el imaginario colectivo, con la complicidad de ciertas administraciones locales. Como señaló el politólogo Cas Mudde, en su libro 'La ultradrecha europea', “la normalización de la xenofobia es uno de los pasos más peligrosos en la deriva autoritaria de una sociedad, ya que legitima el discurso del odio y abre la puerta a políticas discriminatorias”. La islamofobia de Vox no es solo un prejuicio: es una herramienta política para generar una sociedad polarizada donde el “otro” es percibido como una amenaza existencial.

Sorprendentemente, en esta escalada de radicalidad, Abascal no ha dudado en lanzar ataques directos contra la propia Iglesia, históricamente un pilar conservador. Estos ataques, que pueden parecer contradictorios con la imagen de partido “defensor de las tradiciones”, persiguen un objetivo claro: marcar distancia con cualquier institución que pueda mostrar la más mínima señal de apertura o moderación en materia migratoria. Al criticar las posturas de la Iglesia en favor de la acogida o la integración, Vox busca apropiarse en exclusiva del discurso de la “mano dura”, posicionándose como el único guardián de la identidad nacional frente a una supuesta “invasión” tolerada incluso por estamentos tradicionalmente afines.

Esta estrategia de radicalización se acentúa en verano, una época que ofrece un caldo de cultivo idóneo para la agenda de Vox. Por un lado, la llegada de cayucos a las costas españolas se convierte en un pretexto recurrente para reavivar el discurso del “efecto llamada” y la “frontera descontrolada”. Por otro lado, el verano, con su reducción de la actividad parlamentaria y un menor volumen de noticias en la agenda pública, ofrece a Vox un espacio privilegiado para que sus mensajes tengan un mayor eco. En un entorno mediático más laxo, las declaraciones incendiarias y las propuestas extremistas adquieren una visibilidad desproporcionada, dominando el debate y desplazando otros temas.

Sin embargo, esta intensificación de la retórica migratoria de Vox se produce a pesar de que los datos demoscópicos a nivel europeo sugieren una realidad diferente. El último Eurobarómetro, publicado en diciembre de 2024, indica que, para el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea, la inmigración ocupa el segundo lugar como problema principal, mencionada por un 28% de los encuestados. No obstante, en el caso de España, la preocupación es notablemente mayor, ya que un 34% de los españoles la considera uno de los principales problemas. Este aumento es significativo, con 13 puntos porcentuales más respecto al informe anterior de la primavera de 2024. Estos datos, si bien muestran un repunte en la preocupación, contrastan con la narrativa de “invasión” descontrolada y se usan para justificar el discurso de Vox, incluso cuando otros temas como la inflación o el desempleo también tienen una relevancia significativa. La paradoja es que a pesar de que la preocupación por la inmigración no es mayoritaria, el discurso de Vox tiene un impacto desproporcionado, dominando el debate y obligando al resto de partidos a posicionarse.

Las propuestas y acciones antimigratorias de Vox no son un fenómeno aislado; se inscriben en una tendencia europea de partidos de extrema derecha que buscan capitalizar el descontento y el miedo. Ejemplos como Alternative für Deutschland (AfD) en Alemania, con sus propuestas de “remigración” y restricción del derecho de asilo, o el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders en Países Bajos, con su constante demonización del islam y su defensa de políticas migratorias draconianas, muestran un patrón común. Vox, al igual que sus homólogos, busca erigirse como el referente de la “resistencia” frente a una supuesta “agenda globalista” que promueve la “sustitución demográfica”. La explotación de la violencia, la normalización de la islamofobia y los ataques a instituciones tradicionales son piezas de un puzzle diseñado para que nadie dude quién aplicará la mano dura en materia migratoria.

A la luz de estas acciones, es inevitable recordar las reflexiones de Robert O. Paxton en su seminal obra 'La anatomía del fascismo'. Paxton argumenta que los movimientos fascistas no se definen tanto por una ideología coherente, sino por sus “pasiones movilizadoras”: un obsesivo miedo al declive de la comunidad, un sentimiento de victimismo y la exaltación de la unidad, la energía y la pureza. Estos movimientos, a menudo, logran su auge no por tomar el poder por la fuerza, sino porque las élites conservadoras, asustadas por las alternativas de izquierda, deciden incorporarlos a sus coaliciones de gobierno. Al trazar un paralelismo, Paxton subraya que los fascistas están cerca de alcanzar el poder “cuando los conservadores empiezan a tomar prestadas sus técnicas, a apelar a sus 'pasiones movilizadoras' y a intentar cooptar a su base de seguidores”. La pregunta es si la sociedad española, y sus élites, serán capaces de discernir entre la propaganda y la realidad, y si las fuerzas democráticas sabrán ofrecer una alternativa sólida a esta peligrosa deriva.

En un artículo publicado hace más de 10 años, el escritor Hanif Kureishi afirmaba que “el migrante es degradado al estatus de un objeto sobre el que se puede decir cualquier cosa y al que se puede hacer cualquier cosa”. Sabía de lo que hablaba: él mismo nació en Inglaterra, pero es de origen paquistaní. Para entender en su justa medida lo que ha ocurrido y ocurre en Torre Pacheco hay que ser conscientes de que estamos hablando, lisa y llanamente, de deshumanización, ese proceso por el que primero se cosifica el inmigrante para luego poder agredirlo impunemente. “El inmigrante se ha convertido en una pasión contemporánea”, apuntaba Kureishi ya en 2014, porque “no solo ha migrado de un país a otro: ha migrado de la realidad al imaginario colectivo, donde se le ha transformado en una ficción terrible”.

Pero esa pasión contemporánea y esa ficción terrible no han crecido espontáneamente. Los delitos de odio no nacen en el vacío. Lo que sucede en las calles es reflejo directo de lo que se permite –y se promueve– desde las instituciones. El caso de la localidad murciana donde un hombre fue capaz de atacar con ácido una nave donde dormían temporeros migrantes no es un suceso aislado: es el resultado de años de discursos deshumanizadores, de señalamiento constante del “otro” y de una narrativa política construida sobre el miedo a esa alteridad pintada como saprófita y monstruosa.

Lo más alarmante no es solo el acto violento, sino el contexto en el que ocurre: justo cuando el CIS registra un giro preocupante en la percepción ciudadana sobre la inmigración. En junio de 2024, apenas un 16,9% de los encuestados consideraba la inmigración como uno de los tres principales problemas del país. En septiembre, ese número ya subió al 30,4%, convirtiéndose en la primera preocupación nacional, por encima del paro o la economía. Un salto de más de trece puntos en apenas tres meses no se explica únicamente por la llegada de personas migrantes, sino por cómo se habla de ellas.

La memoria es corta, pero ya vimos algo similar en el verano de 2023 con la gestión de los menores no acompañados. Entonces también se disparó la alarma social –una alarma social artificial– empujada por titulares sensacionalistas y discursos políticos que los retrataban como amenaza. El patrón se repite: cuando un grupo vulnerable entra en el centro del debate como “problema”, hay alguien que se beneficia políticamente.

Ese alguien es Vox. Su estrategia es clara y está muy estudiada. Cada vez que hay elecciones cerca, endurecen su discurso, especialmente en torno a la inmigración. Si hay un hecho concreto –como la crisis migratoria en Canarias o una agresión en la península–, lo aprovechan para amplificar su ideario racista. Lo vimos en las elecciones europeas. Lo vimos en las autonómicas. Y lo estamos viendo ahora gracias a una maquinaria mediática que, muchas veces, les hace el trabajo sucio sin pudor ni contraste.

La inmigración no es un problema: la forma de gestionarla y comunicarla sí lo es. La mayoría de personas migrantes que llegan a España lo hacen huyendo de contextos de violencia, pobreza o cambio climático. Muchas de ellas trabajan en condiciones precarias –como los jornaleros de Torre Pacheco– y contribuyen a sostener, no solo nuestra economía, sino también nuestro Estado del bienestar, pensiones y Seguridad Social incluidas. Sin embargo, lo que cala es otra cosa: la narrativa del “efecto llamada”, la imagen del “invasor”, el estigma del “delincuente”. Y eso, repetido desde tribunas políticas e institucionales, cala. Y mata.

Como señala el CIS, nunca desde la “crisis de los cayucos” de 2007 había habido tal nivel de preocupación por la inmigración. Pero entonces existía un consenso más o menos amplio sobre la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva humanitaria. Hoy, con Vox en el Congreso, en gobiernos autonómicos y en múltiples ayuntamientos, ese consenso está roto. Se ha institucionalizado un discurso ultra que legitima el odio y, lo que es peor, se normaliza en medios de comunicación y debates parlamentarios.

¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? No solo un aumento de los delitos de odio –que llevan años creciendo, como muestran los informes del Ministerio del Interior–, sino un desplazamiento del eje político hacia posiciones autoritarias. Vox no necesita ganar elecciones para imponer su agenda: le basta con condicionar el debate público. Cuando logran que la inmigración ocupe el centro de las preocupaciones ciudadanas, están más cerca de sus objetivos. Y si coincide con un ciclo electoral, los réditos serán caudalosos e inmediatos.

Lo que sucede en Torre Pacheco no puede entenderse sin mirar lo que se ha dicho y lo que se ha dejado decir. Cada vez que se señala a una persona migrante como responsable de un delito antes siquiera de confirmar los hechos –o cada vez que se utilizan palabras como “avalancha” o “invasión”—, se está alimentando un caldo de cultivo que acaba en agresiones, en fuego, en ácido. Hay una responsabilidad institucional clara en toda esta tragedia. Pero también existe una responsabilidad mediática y social. El combate contra los delitos de odio no se gana solo en los juzgados: se gana en los titulares, en los discursos y en las urnas. Si no frenamos la normalización de la extrema derecha y su épica de la exclusión, acabaremos lamentando que lo que hoy son palabras, mañana se convierta en violencia real.

La pregunta es: ¿por qué permitimos que el odio marque la agenda? ¿Por qué aceptamos que se utilice a los migrantes como chivos expiatorios mientras se obvian los verdaderos problemas estructurales del país, como la precariedad, la corrupción o la falta de vivienda? ¿Y por qué tantas instituciones, partidos y medios repiten el relato del miedo en lugar de desmentirlo con datos y contexto? Sencillamente, porque alguien ha convencido a los más pobres de que la culpa de todos sus problemas la tienen otros más pobres que ellos, nunca un neoliberalismo que ha soltado las amarras políticas que contenían a un capitalismo que, por definición, solo busca beneficios empresariales, no sociales. Y es que el discurso contra el inmigrante es, también, una conveniente maniobra de distracción pública. Esa es la cuestión.