Los grandes éxitos deportivos rara vez se circunscriben a la esfera estrictamente deportiva. Se convierten en relatos compartidos, en momentos que condensan un modelo de convivencia. La victoria de España frente a Argentina para conquistar su segundo Mundial pertenece a esa categoría de acontecimientos: este conjunto no solo ha ganado un campeonato, sino que ha contribuido a redefinir una identidad nacional más abierta e integradora.

El paralelismo con 2010 resulta inevitable. Aquel equipo conquistó el primer Mundial apenas unas semanas después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. El país se adentraba entonces en una crisis política que marcaría buena parte de la década siguiente. En ese contexto, los internacionales ofrecieron una imagen de cohesión que las instituciones eran incapaces de transmitir. Xavi, Puyol, Iniesta, Piqué, Casillas, Xabi Alonso o Villa proyectaban una comunidad transversal cuando el debate público empezaba a fracturarse alrededor del modelo de Estado.

Dieciséis años después, el combinado vuelve a proclamarse campeón del mundo. Pero la discusión ha cambiado. Si en 2010 el gran debate era territorial, hoy la pregunta ha pasado a ser otra: quién forma parte del «nosotros». La celebración en Madrid terminó de condensar esa transformación. Sobre el escenario convivían las banderas de las comunidades autónomas y jóvenes que tienen raíces en Ghana, Guinea Ecuatorial o Francia. Pocas fotografías resumen mejor la España del siglo XXI.

Durante mucho tiempo, una parte de la izquierda mantuvo una relación incómoda con la identidad nacional española y sus símbolos —la bandera, el himno o la propia camiseta—, percibidos desde la Transición como un patrimonio exclusivo del franquismo. Pero las dinámicas colectivas cambian. Hoy buena parte de la izquierda celebra este triunfo porque ya no identifica tales emblemas con una ideología concreta, sino con una ciudadanía heterogénea. Ese desplazamiento cultural dice tanto sobre nuestra sociedad como el propio resultado deportivo.

El politólogo Michael Billig llamó nacionalismo banal a esos referentes cotidianos que alimentan el sentimiento de pertenencia casi sin que nos demos cuenta. Los colores, los escudos o la iconografía deportiva nunca son elementos neutros. También ahí se disputa el proyecto colectivo. Por eso este vestuario trasciende el deporte: ayuda a normalizar una España en la que la diferencia deja de verse como algo excepcional para formar parte de la identidad compartida. Quizá por eso la reacción de una parte de la derecha y de la extrema derecha fue tan reveladora. Apenas habían pasado unas horas desde la victoria cuando el éxito de la selección volvió a leerse en clave de confrontación política y de antisanchismo, incapaz de sostener por un momento un relato compartido.

No es casual que la extrema derecha haya convertido la «prioridad nacional» en una de sus principales banderas. Tampoco que, tras la victoria, tanto Vox como el PP recurrieran casi de inmediato al marco de la polarización partidista para interpretar un éxito que millones de ciudadanos vivían como un motivo de celebración colectiva. La batalla ya no consiste solo en ganar elecciones, sino en decidir quién pertenece a la comunidad política. Frente a esa agenda, esta selección desmonta sin proponérselo uno de los pilares de esa retórica. Lamine Yamal o Nico Williams forman parte del imaginario colectivo sin tener que justificar quiénes son. Su sola presencia desmiente la premisa de que existan ciudadanos de primera y de segunda. Son la expresión más visible de una sociedad inclusiva que hace tiempo dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana.

De ahí que resulte difícil presentar la inmigración como una amenaza cuando algunos de los rostros que hoy despiertan mayor orgullo colectivo son hijos de ese mestizaje. Tampoco sostiene ese marco la imagen de millones de personas celebrando los goles de futbolistas cuyas historias familiares desdibujan esas fronteras imaginarias.

Ese es el mayor legado de este Mundial. Un campeonato no elimina el racismo ni las proclamas de odio. Pero los referentes sí importan. Las imágenes compartidas una y otra vez acaban moldeando la forma en que una sociedad se mira a sí misma. Las generaciones más jóvenes aprenden tanto de aquello que celebran como de las narrativas que escuchan.

Los Mundiales pasan. Los goles acabarán ocupando un lugar en la memoria deportiva. Pero algunos recuerdos sobreviven mucho más tiempo. En 2010 quedó grabado el gol de Iniesta como el emblema de una España capaz de reconocerse, aunque fuera por un instante, en su diversidad territorial. En 2026 permanecerá otra escena: la de un equipo que representó una España forjada en la convivencia. Un grupo que demuestra que el patriotismo no necesita construirse contra nadie, que este país puede seguir siendo un espacio de integración y no una frontera entre amigos y enemigos, y que la pluralidad no debilita el sentimiento de pertenencia: lo fortalece. Esa, probablemente, sea la mayor victoria que deja este Mundial.

Hay días en los que la política parece escrita por un guionista empeñado en subrayar las coincidencias. Apenas unas horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley de amnistía, desmontando los argumentos jurídicos en su contra, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez deberá sentarse en el banquillo por dos presuntos delitos. Dos resoluciones de signo opuesto, el mismo día, sobre los dos frentes judiciales que más han desgastado y sostenido el relato político de esta legislatura.

La tentación de leer ambas noticias como un empate técnico –Bruselas da una alegría al Gobierno, la Audiencia le da un disgusto– es comprensible, pero engañosa. No hay tal empate. Que la mujer del presidente vaya a comparecer ante un jurado popular es un triunfo para la derecha y la extrema derecha, que llevan dos años señalando a Gómez como símbolo de una trama de favores conyugales y ven ahora confirmado ante un tribunal lo que hasta hoy era un relato construido a fuerza de repetición mediática. Es también la culminación del empeño de un juez, Juan Carlos Peinado, cuya instrucción fue corregida varias veces por la propia Audiencia y que, pese a ello, mantuvo el pulso hasta el final, alimentando la sospecha de que buscaba algo más que impartir justicia: dejar huella en la historia reciente de la Justicia de este país.

En una democracia madura, los tiempos de la Justicia y los tiempos políticos rara vez coinciden, y cuando lo hacen, la percepción suele imponerse sobre la explicación jurídica: en la política contemporánea, esa lectura pesa a menudo más que los propios hechos. Esa primacía de lo simbólico no es un accidente pasajero, sino el síntoma de una forma distinta de entender la política.

La competición electoral lleva años sin girar solo en torno a programas o balances de gestión: vivimos en una democracia gobernada por las emociones, donde el voto ya no responde solo a intereses materiales, sino a sentimientos de pertenencia, agravio o miedo. La politología lleva más de una década describiendo este fenómeno como polarización afectiva: la distancia emocional, más que ideológica, que separa a votantes de distinto signo y que Shanto Iyengar, politólogo y profesor en la Universidad de Stanford, situó en el origen del antagonismo democrático. Entre esas emociones, la indignación ocupa hoy un lugar central para un sector amplio del electorado socialista y progresista, que percibe en el caso Gómez el epítome de una judicialización sistemática de la vida pública.

Da igual que la Audiencia Provincial haya depurado la instrucción de Peinado, descartando dos de los cuatro delitos y levantando las medidas cautelares más severas: para ese electorado, que el proceso siga vivo, que haya jurado y juicio, confirma una intuición previa, que la instrucción de determinadas causas se comporta como un actor político más, con calendario propio y capacidad de desgaste que ninguna sentencia absolutoria podrá compensar.

Lo que estos dos fallos certifican, más allá de su contenido legal, es hasta qué punto los tribunales son ya el escenario del combate político español. No porque los togados busquen ese protagonismo (la sentencia del TJUE, breve y sobria, parece sustraerse al ruido), sino porque la política, incapaz de zanjar sus conflictos en el Parlamento, ha encontrado ahí el escenario donde litigarlos.

La paradoja final es que ni el aval europeo a la amnistía ni la apertura de juicio a Begoña Gómez alteran la aritmética parlamentaria de esta legislatura. Pero el juicio a la mujer del presidente sí alimenta, más que ninguna otra causa abierta, la sensación de agravio que hoy pesa más que cualquier programa electoral, tanto entre quienes lo celebran como una victoria moral y quienes lo viven como un ensañamiento. En una democracia donde la emoción ha sustituido a la deliberación como combustible político, ayer Madrid no solo dio más combustible que Luxemburgo: dejó la sensación de que en esta partida no gana nadie. Cuando la indignación se convierte en uno de los motores de la política española, retrocede la calidad democrática.

No es la primera vez que la política española vive en un estado de excepcionalidad permanente, donde cada episodio parece definitivo y cada decisión promete cambiarlo todo. Casi nunca ocurre. Lo que sí cambia, poco a poco, es cómo los ciudadanos leen las instituciones. Ese puede ser el verdadero efecto de esta jornada: no tanto mover la posición electoral de los partidos, como reforzar una convicción cada vez más extendida en ambos bloques: que los árbitros ya no son neutrales, sino un terreno más de la confrontación.

Y cuando la ciudadanía deja de confiar en que esos árbitros actúan solo como árbitros, la polarización deja de librarse entre partidos para convertirse en una pugna entre legitimidades. Ese es el desafío democrático que deja un día en el que dos resoluciones distintas han alimentado una misma batalla.

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte este jueves su sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas en torno a la ley de amnistía, no solo orientará su aplicación en el ordenamiento jurídico español. También abrirá una nueva fase en el último tramo de la legislatura. Los tribunales delimitan el marco jurídico, pero son los partidos quienes deciden su significado político. A partir de ese momento, el debate dejará de girar en torno a su legalidad para centrarse en un asunto distinto: cómo condiciona la estabilidad de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez y las opciones de Alberto Núñez Feijóo para construir una alternativa de gobierno.

Durante la última década, el procés convirtió el conflicto territorial en el principal eje de la vida política española. Condicionó investiduras, reorganizó el sistema de partidos y polarizó la conversación pública como ningún otro asunto desde la Transición. La ley nació con el objetivo declarado de desjudicializar esa crisis y contribuir a cerrar una década de excepcionalidad política en Cataluña. Casi tres años después, el contexto es distinto. El clivaje identitario ha perdido buena parte de su capacidad para estructurar la competición electoral, y es precisamente ese cambio de panorama el que amplifica el impacto del veredicto europeo.

Para el PSOE, una resolución favorable supondría el respaldo de la Unión Europea a la decisión política más costosa de todo el mandato. Ninguna otra iniciativa erosionó tanto su relación con una parte de su electorado. Según una encuesta de 40dB. publicada en diciembre de 2023, cerca del 30% de los votantes socialistas consideraban injusta la medida. Sánchez asumió ese coste convencido de que era el precio necesario para garantizar la mayoría parlamentaria y reconducir la relación institucional con Cataluña.

A ese desgaste se sumó la reacción inédita de una parte de la judicatura, que adoptó una interpretación restrictiva de su alcance en las causas vinculadas al delito de malversación. Incluso si Luxemburgo avalara la amnistía, esa tensión entre poderes no desaparecería de inmediato, porque sería el propio Tribunal Supremo quien debería decidir si adapta su criterio al del órgano comunitario.

A partir de ahí, el Partido Popular se vería obligado a redefinir su estrategia. Desde la presentación de la norma, el rechazo al articulado ha sido el símbolo sobre el que Núñez Feijóo ha construido buena parte de su oposición a Sánchez. La ofensiva parlamentaria, judicial y social sirvió para cohesionar a su base social, al tiempo que respondía a la creciente competencia de Vox. Ignorar ese marco suponía arriesgarse a perder votantes por la derecha; asumirlo implicaba disputar ese espacio en los términos marcados por Santiago Abascal. Las movilizaciones frente a la sede socialista de la calle Ferraz, entre finales de 2023 y la primavera de 2024, ilustraron esa dinámica y reunieron, junto a simpatizantes del PP y Vox, a grupos de la extrema derecha extraparlamentaria.

Si el TJUE confirmara que la ley se ajusta al Derecho de la Unión, al PP le resultaría mucho más difícil sostener su presunta ilegalidad. No dejaría de combatirla, pero el eje de la confrontación cambiaría: la discusión se desplazaría del plano jurídico al estrictamente político. Un indicio de ese posible viraje pudo verse durante el Congreso del PP en Cataluña, el pasado 27 de junio, cuando Feijóo apeló a «dejar atrás el procés», una afirmación que provocó el rechazo de Aznar y Ayuso. Aunque fuera cierto que el líder popular quisiera imprimir ese giro pragmático para propiciar un acercamiento a Junts, serían los mandarines de su propio partido quienes se lo pondrían más que difícil.

Sin embargo, esta reorientación conllevaría riesgos que jugarían a favor de Vox. La formación de Abascal mantiene inalterado su discurso frente al independentismo y al Estado autonómico, lo que le permite seguir disputando al PP el electorado situado más a la derecha. Los cambios de posición de Feijóo, percibidos por una parte de la ciudadanía como muestras de incoherencia y oportunismo político, podrían pasarle una factura electoral que redujera incluso los 12 escaños que hoy le atribuye el último barómetro catalán.

Ese escenario reordenaría, además, la negociación entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios. El perdón judicial fue la condición fundacional de la coalición; superado ese compromiso, el fallo podría facilitar la relación con Junts, pese a los dos asuntos de calado que aún permanecen pendientes: el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat y el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas. Eso no significaría que el factor territorial dejara de ser decisivo para la estabilidad del Gobierno, aunque sí perdería el monopolio que había ejercido la desjudicialización del procés.

En definitiva, si la aprobación de la ley condicionó la primera parte de la legislatura, la decisión del tribunal europeo tendrá consecuencias en su recta final. Desde el jueves, el debate dejaría de centrarse en la legalidad de la amnistía para desplazarse hacia su balance político y los efectos que tendría sobre las expectativas de las fuerzas que aspiran a gobernar. Ese nuevo reparto de costes y beneficios ocuparía el centro del debate público.

Los retrocesos democráticos del siglo XXI rara vez llegan de golpe. Avanzan mediante pequeños desplazamientos culturales e institucionales que, acumulados, terminan alterando el alcance real de los derechos. La propuesta impulsada por Isabel Díaz Ayuso, que reconoce al “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos, y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de extender ese modelo al conjunto de España no modifican la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí reconfiguran el terreno sobre el que se articulará este debate en los próximos años.

Históricamente, el PP evitó convertir el aborto en un eje central de confrontación. Era una postura lógica. España ha construido un amplio consenso social en torno a este derecho. Diversas encuestas muestran que alrededor de ocho de cada diez ciudadanos consideran que la decisión corresponde a la mujer y, lo más significativo, más del 60% de los votantes del PP y de Vox también respaldan que siga siendo legal. Por eso, el objetivo ya no consiste en prohibir, sino en sustituir el discurso de los derechos por el de la natalidad, la familia y la protección del concebido.

El texto aprobado en Madrid incorpora una de las premisas centrales del movimiento antiabortista: asumir que el feto posee derechos desde la concepción. Hoy ese reconocimiento tiene un alcance administrativo; mañana puede servir para sustentar una discusión jurídica mucho más amplia. Porque las leyes no solo regulan comportamientos; también moldean aquello que una sociedad considera legítimo. Su efecto más profundo no reside en lo que modifican hoy, sino en aquello que hacen imaginable mañana.

El giro de Feijóo tampoco puede entenderse sin observar la competición con Vox. Durante mucho tiempo se sostuvo que el ascenso de la extrema derecha obligaría a los partidos conservadores tradicionales a moderarse para retener al votante de centro. La experiencia europea ha demostrado lo contrario: el partido tradicional es quien asume el relato, las prioridades e incluso la forma de entender los conflictos que introduce su competidor para evitar fugas por la derecha.

Los pactos firmados este año entre PP y Vox en Andalucía, Extremadura, Aragón o Castilla y León ilustran bien ese proceso. El aborto apenas aparece en esos textos. No es necesario. El nuevo consenso se articula alrededor de expresiones como “ley de familia”, “fomento de la natalidad”, “amparo de la maternidad” o “cultura de la vida”. El punto de partida implícito es que este núcleo social se presenta como una institución amenazada que requiere protección pública. Ya no se debate sobre restricciones de derechos, sino sobre demografía, apoyo a los hogares o invierno demográfico.

Ese movimiento tampoco está exento de riesgos para el propio PP. Existe una brecha de género persistente en el voto a Vox: los hombres apoyan mucho más a la formación de Santiago Abascal que las mujeres. Si la dirección popular aspira a gobernar sin depender de su socio, necesita ensanchar sus apoyos entre el electorado femenino y moderado, donde el respaldo a los derechos reproductivos sigue siendo muy elevado. Competir con Vox en este terreno puede reducir la distancia entre ambos partidos, pero también erosionar la fidelidad del votante de centro que ha sustentado las mayorías del centroderecha en las últimas décadas.

Esta apuesta forma parte de una ofensiva cultural más amplia. Miguel Ángel Rodríguez la resumía hace unos días al definir la medida madrileña como una “revolución frente a la cultura woke e izquierdista”. No es una frase aislada. Expresa un proyecto político que reorienta la conversación pública desde las libertades individuales hacia valores como la familia, la natalidad o la identidad nacional.

No todas las extremas derechas europeas siguen el mismo camino. Mientras Marine Le Pen ha moderado su posición sobre el aborto para ampliar su base electoral y concentrar la confrontación en la inmigración y el islam, allí donde el nacionalcatolicismo mantiene un peso decisivo la tríada “Dios, patria y familia” continúa siendo uno de los principales pilares ideológicos. España encaja mejor en esta segunda tradición.

La perspectiva internacional ofrece algunas advertencias. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni no derogó el aborto. Optó por una vía más gradual: reforzó las políticas natalistas y facilitó la presencia de asociaciones antiabortistas en los centros públicos donde se asesora a mujeres embarazadas. En Polonia el recorrido fue aún más lejos. Tras años de apelaciones a la defensa de la vida y la familia, formalizó una de las regulaciones más restrictivas de Europa.

La cuestión de fondo, por tanto, no es una eventual reforma de la legislación sobre el aborto, sino el cambio en la concepción de este derecho y el lugar que ocupa en el debate público.

Porque las extremas derechas no siempre ganan cuando gobiernan. A menudo lo hacen antes. Ganan cuando consiguen que los demás adopten su sentido común y su forma de interpretar la realidad. La normalización no consiste en aprobar a corto plazo las agendas más radicales, sino en lograr que dejen de parecerlo. Feijóo puede pensar que solo ha asumido una iniciativa de Ayuso para contener el avance de Vox. Pero, al hacerlo, también ha aceptado discutir en los términos que la extrema derecha lleva años intentando imponer. Y cuando la competición política se desarrolla con las categorías del adversario, la experiencia comparada demuestra que quien acaba fijando las reglas del juego no es el partido tradicional, sino quien logró introducir primero esa lectura del conflicto.

En esa disputa, quienes tienen más que perder no son las siglas políticas. Son los derechos de las mujeres.

“No vamos a rendirnos”. Con esa frase cerró Pedro Sánchez una de las comparecencias más esperadas de los últimos meses. No era una intervención cualquiera. Llegaba después de semanas de acumulación de explicaciones pendientes, de una creciente presión judicial y de inquietud entre sus socios parlamentarios y una parte del electorado progresista.

El objetivo era claro: contener el desgaste y evitar que la situación derivara en una ruptura política irreversible. Para ello, Sánchez recurrió a un manual conocido. Un discurso de resistencia articulado en tres pilares: confrontar las acusaciones de corrupción con el historial del PP, reivindicar la gestión de su Gobierno y denunciar una campaña de acoso contra su entorno personal y familiar.

La lógica es sencilla. La supervivencia del Ejecutivo no depende de convencer a la oposición, sino de mantener cohesionada la mayoría parlamentaria que le permite gobernar. Por eso el mensaje estaba dirigido principalmente a socios y votantes progresistas. Sánchez reactivó los dos argumentos que han vertebrado su acción de gobierno: una economía que sigue creciendo por encima de la media europea y una agenda de expansión de derechos y refuerzo de servicios públicos. A ello añadió otro elemento central: la ausencia de una mayoría alternativa viable. La continuidad del Ejecutivo no se explica únicamente por sus fortalezas, sino también por las debilidades de sus adversarios.

Frente a Sánchez apareció un Alberto Núñez Feijóo que volvió a recurrir al marco narrativo que ha definido toda su oposición: la idea de una España inmersa en una profunda degradación institucional. Su intervención giró sobre dos ejes: la corrupción como síntoma de un deterioro sistémico y la exigencia de elecciones anticipadas.

El problema es que ambos argumentos muestran signos de agotamiento y efectos limitados en términos políticos. La petición de elecciones acompaña cada intervención del líder popular desde finales de 2023. Cuando un dirigente repite durante demasiado tiempo el mismo diagnóstico, corre el riesgo de erosionar su credibilidad como voz de alarma. Además, la convocatoria electoral sigue dependiendo exclusivamente del presidente del Gobierno.

Hay, sin embargo, un interrogante que también interpela al líder popular. Si la situación es tan insostenible como sostiene el PP, ¿por qué no logra construir una mayoría capaz de provocar el relevo? La respuesta remite a una de las debilidades estructurales de Feijóo: sus dificultades para reunir apoyos más allá de Vox. Esa incapacidad alimenta la imagen de aislamiento político que Sánchez explota con frecuencia.

Abascal, por su parte, desempeñó el papel habitual. Transformó una sesión centrada en la corrupción en un mitin sobre inmigración, seguridad y desconfianza hacia las instituciones, introduciendo en el debate la sospecha de un supuesto amaño electoral. Un relato que Vox ha elevado esta misma semana al Congreso mediante una propuesta para reformar el sistema de voto por correo. Más que intervenir en la disputa entre Gobierno y oposición, el líder de la extrema derecha buscó reforzar los marcos discursivos que mejor movilizan a su electorado.

La sesión ofreció una radiografía bastante precisa del momento político español: un presidente que busca resistir, una oposición que denuncia, pero no consigue construir una alternativa de gobierno, y una extrema derecha que intenta desplazar el debate hacia la desconfianza institucional.

Sin embargo, el principal desafío de Sánchez no está en la oposición, sino en sí mismo. En un episodio de corrupción de esta magnitud, los ciudadanos no solo demandan explicaciones; también exigen responsabilidades. La credibilidad nace de la capacidad de reconocer errores y asumir costes. Y aquí el presidente tiene una dificultad evidente: fue él quien nombró a dos secretarios de Organización hoy investigados y quien confió responsabilidades a dirigentes posteriormente condenados o cuestionados por la justicia. La pregunta incómoda no es solo qué ocurrió, sino cómo pudo ocurrir.

Gabriel Rufián fue quien mejor sintetizó ese malestar. Con una intervención incisiva, verbalizó la duda que muchos socialistas no se atreven a formularle al presidente: ¿lo sabía o no lo sabía? El catalán ejerció simultáneamente de aliado crítico del Ejecutivo y de oposición frente a PP y Vox, un papel que también le permite reforzar su perfil dentro de Esquerra y disputar centralidad política en el espacio independentista.

Por eso la comparecencia difícilmente puede considerarse el cierre de este episodio. Más bien parece el inicio de una operación de reconstrucción política que tendrá una segunda parada este sábado en el Comité Federal del PSOE. Allí el tono será distinto: menos institucional y más orientado a la cohesión interna. Porque el reto ya no es solo sostener al Gobierno, sino reconstruir la confianza de una parte de la izquierda que observa con preocupación los acontecimientos.

La gran incógnita que deja esta sesión no es si Sánchez resistirá —ha demostrado sobradamente su capacidad para hacerlo—, sino si será capaz de convencer a los suyos y a sus socios de que todavía existe una mayoría con sentido político, con capacidad para impulsar acuerdos y desarrollar una agenda útil para los ciudadanos.

La visita de León XIV a España constituye un acontecimiento político tan sugerente como revelador. El Papa ha llegado a un país constitucionalmente aconfesional y cada vez más secularizado, en el que la práctica religiosa se ha convertido en una opción minoritaria. Según los últimos estudios demoscópicos, apenas uno de cada seis españoles se considera católico practicante, mientras crece el número de quienes se declaran no creyentes o indiferentes.

Y, sin embargo, pocas visitas internacionales son capaces de generar hoy una expectación comparable.

La explicación no reside únicamente en la importancia histórica de la Iglesia en la tradición política de un país en el que hasta hace no tanto (apenas 50 años) el catolicismo era religión oficial. Porque para entender el significado político de esta visita es necesario tener muy en cuenta las incertidumbres de una sociedad que busca respuestas en medio de profundas transformaciones económicas y sociales.

La tensión entre autoridad religiosa y autoridad política forma parte de la propia construcción de la modernidad democrática. Desde Locke hasta Tocqueville y Max Weber, la teoría política ha señalado que el nacimiento del Estado moderno comportaba, casi necesariamente, diferenciar claramente poder civil y religioso. La Constitución de 1978 intentó resolver esa cuestión mediante una fórmula singular: España no tendría religión oficial, pero tampoco adoptaría el modelo de laicidad militante francés. El artículo 16 estableció un Estado aconfesional que garantizaba la libertad religiosa. Un siglo antes, la libertad de culto establecida por la Constitución canovista de 1876 levantó una agria controversia social y política, a pesar de proclamar la confesionalidad del Estado.

Así que puede decirse que la España que recibe al Papa es probablemente la más secularizada socialmente y la más laica institucionalmente de los últimos siglos. Los gobiernos de Pedro Sánchez han ido ampliando el principio de neutralidad religiosa del Estado. Sin romper los acuerdos con la Santa Sede ni abrir un conflicto frontal con la jerarquía eclesiástica, se han producido avances que hace apenas unas décadas habrían resultado impensables: la celebración de ceremonias civiles de Estado, la reducción del peso académico de la asignatura de Religión, la resignificación de Cuelgamuros, la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia o la recuperación de bienes inmatriculados.

Pero, al mismo tiempo, algunas de las grandes promesas del laicismo político han quedado pendientes. No se han revisado los acuerdos con la Santa Sede, tampoco se ha aprobado una Ley de Libertad de Conciencia y la financiación de la Iglesia sigue siendo objeto de debate. El resultado es una secularización institucional progresiva, pero incompleta, marcada más por la negociación que por la confrontación.

Sin embargo, reducir la visita del Papa a una cuestión de relaciones Iglesia-Estado sería insuficiente. Hay otros elementos contextuales que resultan decisivos.

León XIV aterriza en una sociedad atravesada por incertidumbres crecientes. La guerra en Europa, la crisis climática, la revolución de la inteligencia artificial, la precariedad económica de las nuevas generaciones, la polarización política o la sensación de pérdida de control sobre el futuro configuran un escenario de inseguridad colectiva que trasciende fronteras e ideologías.

Y es precisamente aquí donde aparece una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: mientras disminuye la práctica religiosa, aumenta la necesidad de referentes morales y de relatos capaces de ofrecer sentido. El filósofo alemán Jürgen Habermas aludió a esta situación mediante el concepto de “sociedad postsecular”, en la que la secularización no ha eliminado la relevancia pública de la religión, sino que la ha transformado.

Pero la secularización impulsada por la modernidad no ha conseguido paliar la antropológica necesidad de orientación existencial de los humanos. La ciencia no despacha verdades canónicas como la religión, así que las buscamos en otras parte: identidades políticas, comunidades digitales, nacionalismos, discursos tecnológicos o nuevas formas de espiritualidad individual. Y por eso precisamente la audiencia potencial de León XIV va mucho más allá de los creyentes. Su capacidad de influencia no depende tanto de la autoridad doctrinal de la Iglesia como de su condición de referente moral global en debates que preocupan al conjunto de la ciudadanía: las migraciones, la desigualdad, la guerra, el deterioro democrático o la crisis ecológica.

La paradoja es evidente. El Papa visita una España menos católica que nunca, pero también una España que, como buena parte de las democracias occidentales, parece más necesitada de sentido que hace una década.

Y es que las democracias liberales han demostrado una extraordinaria capacidad para garantizar derechos y gestionar intereses. Mucho menos éxito han tenido, sin embargo, a la hora de construir horizontes compartidos en sociedades cada vez más fragmentadas, polarizadas y desiguales. De ahí que figuras con una fuerte autoridad simbólica sigan conservando capacidad de convocatoria incluso entre quienes no comparten sus creencias religiosas.

Así que la cuestión no es si España vuelve a ser un país católico. No lo es. Tampoco si la Iglesia recuperará la centralidad social que tuvo durante décadas. Probablemente tampoco. La pregunta relevante es quién proporciona hoy marcos de interpretación compartidos en sociedades atravesadas por la incertidumbre y la desconfianza. Y hay que reconocer la habilidad política y comunicativa de Robert Prevost, cuyos mensajes están perfectamente construidos para trascender límites confesionales y postulados doctrinales para convertirse en puntos de referencia éticos globales, y por eso mismo también político, de unas sociedades ahítas de comodidades materiales pero ayunas de sentido. Quizá esa sea la verdadera clave política de la visita de León XIV.

En política, hay momentos en los que los hechos importan menos que la atmósfera. España vive precisamente uno de esos periodos. El debate público aparece dominado por una sensación de desgaste permanente y ruido político continuo que proyecta la idea de un país bloqueado. Pero la paradoja es que conviven dos realidades distintas: una percepción pública de inestabilidad y, al mismo tiempo, una notable capacidad de resistencia institucional del Gobierno.

El “caso Zapatero” ha intensificado esa sensación de agotamiento. No solo por los indicios o por el impacto mediático del sumario, sino porque cada nueva filtración alimenta un clima de sospecha difícil de gestionar políticamente. La estrategia de silencio del expresidente —comprensible desde el punto de vista procesal— tiene, sin embargo, costes evidentes para La Moncloa. En política, los vacíos comunicativos rara vez permanecen desocupados: los invade el adversario, el marco mediático o la especulación.

Probablemente, faltó desde el inicio una explicación institucional más exhaustiva sobre el rescate de Plus Ultra. Cuando la transparencia llega tarde, incluso procedimientos ajustados a derecho pueden aparecer ante parte de la opinión pública como políticamente opacos.

Eso explica que el Ejecutivo esté hoy atrapado en una posición defensiva. Y, sin embargo, la legislatura no está paralizada. Pese al relato permanente de bloqueo, desde las elecciones del 23 de julio de 2023 el Congreso ha aprobado alrededor de 60 iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno y el bloque de investidura. Sánchez gobierna en minoría y en un Parlamento fragmentado, pero sigue sacando adelante más legislación de la que transmite el clima político o mediático.

La cuestión central ahora es cómo reaccionan los socios parlamentarios. Y ahí lo que observamos es un reposicionamiento preventivo. Todos intentan marcar distancia retórica ante un posible agravamiento del caso, especialmente de cara a la declaración de Zapatero prevista para junio. Pero los órdagos tienen efectos limitados si no son performativos. El ejemplo más claro es el PNV. Puede elevar el tono e incluso pedir elecciones anticipadas, pero sabe que apoyar una moción de censura junto al PP y Vox tendría costes políticos enormes. No solo porque compite con EH Bildu en un espacio sensible a pactos con la derecha española, sino porque gobierna junto al PSE en Euskadi. Romper en Madrid podría poner en riesgo ese equilibrio territorial construido durante años.

Por eso Sánchez sabe que la legislatura todavía puede resistir. El umbral verdaderamente crítico no está tanto en el ruido político como en la posibilidad de que aparezcan pruebas de financiación irregular del partido o indicios de tráfico de influencias que afecten al núcleo gubernamental.

Y ahí emerge el otro gran actor: Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP vive atrapado en un auténtico dilema del prisionero político. Necesita aumentar la presión sobre Sánchez para capitalizar el desgaste, pero su dependencia de Vox limita enormemente su capacidad de construir una mayoría alternativa transversal. Cada pacto autonómico con Abascal refuerza la idea de que el PP carece de un proyecto autónomo de gobierno.

Por eso la hipótesis de una moción de censura resulta especialmente arriesgada para Feijóo, al igual que trasladar toda la responsabilidad a los socios de Sánchez. Apelar al precedente de 2018 es además tramposo: entonces existía una sentencia firme contra el PP en el caso Gürtel. A ello se suma que el presidente de los populares obvia que su alianza con Vox ha consolidado un “bibloquismo imperfecto” en el Parlamento español, donde la extrema derecha solo tiene a su partido como socio posible. Eso dificulta cualquier ecuación alternativa con fuerzas nacionalistas o moderadas, a diferencia de otras democracias como la portuguesa o la alemana.

Feijóo podría perder una moción no solo aritmética, sino políticamente, porque no proyecta una alternativa clara de poder. Los propios datos del CIS reflejan ese problema de liderazgo. En el barómetro de abril apenas aparecía como presidente preferido para un 9,9% de los ciudadanos, solo dos puntos por encima de Abascal. Pero quizá el dato más significativo está dentro de su propio electorado: únicamente un 47,7% de los votantes del PP le señalan como líder preferido, muy lejos del nivel de cohesión interna que mantiene Pedro Sánchez, respaldado por un 78,5% de sus votantes.

El problema de fondo es que el malestar ciudadano ante la corrupción está dejando de ser episódico para convertirse en estructural. El CIS ya reflejó tras el estallido del caso Ábalos un fuerte incremento de la preocupación por la corrupción, que llegó al 25% en julio de 2024 y que, aunque descendió después hasta el 8,9% en abril, previsiblemente volverá a repuntar ahora. La paradoja es que ese descontento no está siendo capitalizado principalmente por el PP, cuya pesada herencia reputacional limita su credibilidad como fuerza regeneradora.

Quien sí rentabiliza emocionalmente ese clima es la extrema derecha. No solo desde las redes sociales o determinadas tribunas mediáticas, sino también en la calle. La manifestación del sábado convocada por Sociedad Civil, arropada por toda la galaxia ultra, recordó inevitablemente a las protestas de Ferraz contra la amnistía: una movilización permanente basada en la deslegitimación moral del adversario y en la idea de que las instituciones han sido capturadas.

Ahí reside quizá el principal riesgo político de esta etapa. Porque las respuestas fáciles —una moción, un adelanto electoral o el ruido parlamentario— no resuelven el problema de fondo. La cuestión es cómo reconstruir confianza democrática antes de que el desgaste derive en desafección.

La política andaluza vuelve a enfrentarse este domingo a una paradoja que ya anticipaban las encuestas: un electorado cada vez más escorado hacia la derecha en términos de bloques, pero con enormes incertidumbres sobre la gobernabilidad. Andalucía, que durante casi cuatro décadas —entre 1982 y 2019— fue el gran bastión institucional del PSOE en España, puede consolidar ahora un cambio estructural: la hegemonía de una nueva mayoría conservadora que ronda el 60% del Parlamento autonómico.

Sin embargo, el debate de fondo no es solo cuánto gana la derecha, sino quién manda dentro de ella. Y ahí reside la gran incógnita de estas elecciones.

Juanma Moreno ha construido toda su estrategia alrededor de esa idea. “Lío o mayoría absoluta”, ha repetido durante semanas. El lema resume perfectamente una apuesta política basada en la presidencialización absoluta de la candidatura, la desideologización del mensaje y la apelación emocional a la estabilidad. El líder andaluz ha querido convertir las elecciones en un plebiscito sobre su figura más que sobre el PP. Hasta el punto de que el cierre de campaña lo protagoniza prácticamente en solitario en Málaga, mientras Alberto Núñez Feijóo participa en otro acto distinto en Almería y apenas han coincidido durante la campaña.

El planteamiento del PP ha sido claro: mucha gestión, poca propuesta; mucha moderación estética y baja confrontación ideológica. El objetivo es ampliar el voto útil conservador y absorber a sectores moderados incómodos con la polarización nacional. Pero precisamente por eso el resultado de Vox será decisivo políticamente, aunque no necesariamente en escaños.

Porque estas elecciones funcionan también como un plebiscito sobre el momento político que atraviesa la extrema derecha española. Tras meses de crisis internas y desgaste derivado de su alineamiento internacional con Trump, el partido de Abascal afronta una prueba de resistencia. Si consigue impedir la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, Vox podrá interpretar el resultado como un éxito político: volvería a situarse como árbitro imprescindible de la gobernabilidad andaluza.

Y eso tendría una enorme carga simbólica. No conviene olvidar que fue precisamente Andalucía, en 2018, el primer territorio donde el PP utilizó a la extrema derecha para acceder al poder institucional en España. Aquella investidura inauguró una nueva etapa política cuyos efectos todavía estructuran el sistema de partidos español.

Por eso, una dependencia de Vox pondría en cuestión la llamada “vía andaluza” que Moreno Bonilla ha intentado vender durante toda la legislatura. Porque Abascal ya ha dejado claro que la “prioridad nacional” no se negocia. Y porque revelaría también las dificultades del PP de Feijóo para establecer límites políticos reales a Vox.

Mientras tanto, la izquierda llega fragmentada y con dificultades para territorializar la campaña. Las tres candidaturas progresistas han intentado centrar el debate en el deterioro de los servicios públicos, pero el PSOE vuelve a comprobar los límites de una fórmula ya ensayada en otros comicios: convertir a ministras de perfil estatal en candidatas autonómicas.

María Jesús Montero posee notoriedad nacional, pero menos arraigo político que Moreno Bonilla. Y eso importa en unas elecciones donde la cercanía al territorio pesa mucho más que la proyección mediática. Especialmente en una comunidad donde la izquierda ya demostró sus dificultades para movilizar a su electorado en autonómicas: en 2022 el PSOE obtuvo 887.000 votos, pero apenas un año después Pedro Sánchez alcanzó 1,46 millones en las generales. Más de 560.000 votantes progresistas que sí acudieron a una cita nacional, pero no a las urnas andaluzas.

A la izquierda del PSOE, el escenario también deja varias lecturas políticas. Adelante Andalucía puede convertirse en una de las sorpresas de la noche e incluso adelantar a Por Andalucía, impulsada por el perfil de José Ignacio García y por un discurso muy apoyado en el andalucismo político. Pero tampoco hay que infravalorar a la coalición de Antonio Maíllo, que mantiene una importante implantación territorial gracias al peso municipal de IU, con presencia en 57 alcaldías andaluzas.

En realidad, ambas candidaturas intentan ocupar un mismo espacio: el de un electorado progresista decepcionado con el PSOE y que busca perfiles más vinculados “a la tierra” frente a candidatos percibidos como excesivamente dependientes de Madrid. Además, las dos formaciones serán decisivas en la pelea por los llamados “restos” electorales, fundamentales para disputar escaños en provincias medias y, potencialmente, dificultar la mayoría absoluta del PP.

La participación será otra de las claves decisivas. Andalucía arrastra históricamente un problema de movilización en autonómicas: en 2018 y 2022 apenas votaron el 56% y el 58% de los electores, casi diez puntos menos que en unas generales. Además, PP y Vox llegan con electorados más fidelizados, mientras la izquierda depende mucho más de activar votantes indecisos y desmovilizados.

Y quizá ahí resida el fondo político de estas elecciones. No tanto en confirmar una tendencia ya conocida —una Andalucía más conservadora y más fragmentada— como en comprobar si Moreno Bonilla puede seguir sosteniendo la idea de una derecha autónoma y moderada o si, como apuntan las encuestas, volverá a necesitar a Vox para garantizar la gobernabilidad. Porque, de ocurrir eso, la extrema derecha demostraría de nuevo que sigue teniendo capacidad para fijar el precio político de las mayorías en España.

La reciente gira de Isabel Díaz Ayuso por México no es un episodio aislado ni una anomalía diplomática autonómica. Forma parte de una estrategia política sostenida en el tiempo: la construcción de una agenda transnacional orientada a captar un electorado específico, el de origen latinoamericano, cuyo peso en Madrid no deja de crecer. No es tanto política exterior como política electoral proyectada más allá de las fronteras

Esta lógica viene de lejos. En las elecciones autonómicas de 2021 y 2023, el Partido Popular madrileño ya desplegó campañas dirigidas a comunidades latinoamericanas, con actos como “Europa es hispana” o iniciativas como “El sueño de Madrid”. A ello se suma el refuerzo de la agenda institucional de la Hispanidad en los últimos años, con más eventos, mayor visibilidad y un discurso que vincula identidad cultural y afinidad política. La apelación a lo hispano no es neutra: funciona como marco de interpelación electoral.

El dato que suele aparecer en el debate —los extranjeros con derecho a voto en elecciones municipales— ofrece una imagen incompleta. El voto extranjero en sentido estricto es reducido y, además, requiere inscripción previa, lo que limita aún más su impacto. La clave está en otro lugar: en los nacionalizados. Según estimaciones recientes, más de 2,5 millones de personas nacidas en el extranjero tienen hoy derecho a voto en España, alrededor del 7% del censo. Y dentro de ese grupo, casi dos millones proceden de América Latina. En comunidades como Madrid, donde este electorado supera el medio millón de votantes, su peso puede resultar decisivo en contextos competitivos. No se trata solo de volumen, sino de tendencia: es un electorado en crecimiento sostenido.

La paradoja es que este voto resulta en gran medida invisible en las estadísticas. Ya no figura como “extranjero”, pero mantiene trayectorias sociales y culturales diferenciadas. La rapidez en la adquisición de la nacionalidad por parte de ciudadanos latinoamericanos —dos años de residencia frente a plazos mucho más largos para otros colectivos— ha acelerado este proceso. El resultado es un desplazamiento silencioso del centro de gravedad del electorado en grandes áreas urbanas.

Ahora bien, ese electorado dista de ser homogéneo. Los datos disponibles apuntan a un patrón más complejo del que suele sugerir el debate público. En conjunto, los votantes de origen extranjero muestran cierta inclinación hacia la izquierda, especialmente entre los procedentes de África. Sin embargo, el caso latinoamericano —mayoritario dentro de los nacionalizados— presenta un comportamiento más equilibrado. El barómetro del CIS de abril de 2026 confirma esa ambivalencia: los nacidos fuera de España no se alinean de forma clara con un bloque ideológico, y dentro de ellos los latinoamericanos reparten su voto entre izquierda y derecha con diferencias relevantes según nacionalidad. En particular, colectivos como venezolanos y cubanos muestran una mayor inclinación hacia posiciones conservadoras, mientras que otros grupos presentan pautas más fragmentadas. Más que un bloque político cohesionado, el voto latino funciona como un espacio de competencia.

Ahí es donde se sitúa la estrategia del PP madrileño. No se trata de apelar a “los inmigrantes” en general, sino de segmentar y priorizar aquellos nichos más receptivos a su discurso. La insistencia en determinadas comunidades —especialmente aquellas marcadas por experiencias políticas traumáticas en sus países de origen— no es casual. Tampoco lo es la combinación de símbolos culturales, relatos sobre libertad y referencias constantes a América Latina en el discurso político.

¿Fue este voto determinante en la mayoría absoluta de Ayuso? Probablemente no de forma exclusiva, pero sí contribuyó a consolidar una base electoral más amplia. En un contexto donde pequeñas variaciones pueden alterar mayorías, un electorado que ronda ya porcentajes cercanos al 10% en grandes distritos no es marginal. Es estratégico. Más aún cuando su peso sigue aumentando por la vía de las nacionalizaciones.

Conviene, además, situar esta dinámica en un marco más amplio. El PP no está solo en esta disputa. Vox lleva años desarrollando su propia agenda transnacional a través del concepto de “Iberosfera”, articulando redes políticas y culturales en América Latina y estableciendo vínculos con líderes como Javier Milei. La competencia por este electorado no es únicamente electoral, sino también ideológica. Se trata de definir qué significa hoy lo “hispano” en clave política.

La diferencia entre ambas derechas es, en gran medida, de estilo. Mientras el PP combina institucionalidad y pragmatismo electoral, Vox opta por una narrativa más explícita y polarizadora. Pero ambos coinciden en lo esencial: la identificación de un espacio político en expansión que conecta América Latina y España no solo en términos culturales, sino también electorales.

La cuestión de fondo es si esta agenda responde a una lógica de integración o de movilización. La evidencia apunta más bien a lo segundo. La apelación a la Hispanidad, los viajes institucionales o los actos simbólicos no suelen ir acompañados de políticas públicas específicas orientadas a mejorar las condiciones materiales de estos colectivos. Más que incorporar demandas, se busca activar afinidades.

En este sentido, la agenda mexicana de Ayuso no es tanto un gesto diplomático como una pieza más de una estrategia de largo recorrido: convertir la identidad en voto. La política exterior, en este caso, no se despliega hacia fuera, sino que regresa hacia dentro, con un objetivo claro: consolidar poder en Madrid a través de un electorado que ya forma parte central de su presente y, sobre todo, de su futuro.

Hay decisiones políticas que no solo cambian políticas públicas, sino que tensionan de forma deliberada los fundamentos del orden jurídico. El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura introduce una de ellas: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a prestaciones. No es un matiz programático, sino un planteamiento con profundas implicaciones jurídicas y políticas, porque cuestiona el principio sobre el que se ha construido el Estado social: la igualdad en el acceso a derechos en función de la necesidad.

La cuestión es directa: ¿puede el acceso a servicios públicos —sanidad, vivienda, ayudas— condicionarse por la nacionalidad o el arraigo? La respuesta, en términos jurídicos, es muy limitada y acaricia la ilegalidad. El artículo 14 de la Constitución consagra el principio de igualdad y prohíbe la discriminación, mientras que el artículo 41 configura un sistema de protección social basado en la necesidad. A ello se suma el marco europeo, que restringe cualquier exclusión sistemática. Y existe un límite adicional: muchas de estas materias exceden las competencias autonómicas, lo que abre un conflicto directo con el Estado.

Aquí es donde la “prioridad nacional” introduce un salto cualitativo. No se limita a modular requisitos administrativos, sino que establece una preferencia estructural basada en la pertenencia. Desplaza el eje desde la necesidad hacia la identidad. Y ese desplazamiento no solo tensiona la Constitución, sino que abre la puerta a su impugnación judicial.

Las consecuencias son previsibles. Si estas medidas se desarrollan normativamente, se activará una dinámica de conflicto institucional con el Gobierno central y de control por parte de los tribunales. No es un escenario hipotético, sino el funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Y tiene derivadas personales: quienes firmen decisiones contrarias al ordenamiento pueden enfrentarse a responsabilidades jurídicas.

Pero el alcance del cambio no es solo jurídico. Es también político. En Extremadura, la inmigración no es un capítulo de tres páginas: es el marco. Aunque ocupe una parte limitada del documento, la lógica de la “prioridad nacional” se proyecta sobre vivienda, ayudas y sanidad. Es, en la práctica, una “lepenización hispánica” del programa de gobierno: la traducción española del llamado “chovinismo de bienestar” que defiende Marine Le Pen, donde el acceso a derechos se redefine en función de criterios identitarios.

No estamos ante medidas aisladas, sino ante un programa que ordena el acceso a derechos en función del origen. Un desplazamiento que encuentra paralelismos en la Hungría de Orbán, donde la ley dejó de operar como garantía universal para convertirse en instrumento de diferenciación. No es casualidad que el Parlamento Europeo calificara en 2022 al país como un “régimen híbrido de autocracia electoral” y que la Comisión Europea activara por primera vez el mecanismo de condicionalidad, congelando miles de millones de euros en fondos europeos por vulneraciones del Estado de derecho.

La historia europea del siglo XX ofrece, además, advertencias claras sobre los riesgos de institucionalizar jurídicamente la segregación. Las Leyes de Núremberg marcaron el momento en que la desigualdad dejó de ser social para convertirse en legal. No es una analogía directa, pero sí un recordatorio incómodo de hasta dónde pueden evolucionar estas lógicas cuando el derecho deja de proteger a todos por igual.

Esto interpela directamente al PP. Asumir este enfoque no es un ajuste táctico, sino un desplazamiento estratégico. Supone acercarse a posiciones que tensionan su tradición constitucional y europeísta y lo sitúan en una lógica de fricción con los límites del sistema. La urgencia por asegurar gobernabilidad se convierte así en un vector de riesgo: el de deslizarse hacia una forma de rebeldía legal que erosiona su perfil como partido de Estado.

En el caso de Vox, la lógica es distinta. No hay contradicción, sino coherencia estratégica. La “prioridad nacional” cumple una función política clara: señalar, estigmatizar y reforzar una identidad basada en la exclusión. Convertir ese marco en política pública le permite presentarse como un actor eficaz.

A ello se suma una dimensión práctica que suele quedar en segundo plano: el coste económico e institucional. La experiencia reciente en la Comunitat Valenciana es ilustrativa. Allí, la confrontación con el Estado por la normativa aprobada por PP-VOX ha derivado en una creciente judicialización: cerca de 400 procedimientos anuales y un coste superior a 316.000 euros, además del refuerzo de estructuras administrativas para gestionarlos. Cuando la acción política se orienta hacia el conflicto sistemático con el marco jurídico, el resultado no es solo ideológico: es también administrativo y presupuestario. Se tensionan recursos, se ralentiza la gestión y se erosiona la seguridad jurídica.

La pregunta, por tanto, no es únicamente si estas medidas son viables jurídicamente —que presentan serias dudas—, sino qué modelo de Estado y de democracia dibujan: uno en el que los ciudadanos dejan de ser iguales ante la ley.

El incidente protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez en el Congreso de los Diputados no es un hecho aislado ni una excentricidad puntual. Tampoco responde únicamente al temperamento individual de quien lo protagoniza. Conviene evitar esa tentación analítica, porque reduce el problema a una anécdota cuando en realidad estamos ante una estrategia política deliberada, bien ensayada y compartida por buena parte de la cultura de las extremas derechas contemporáneas.

Este tipo de comportamientos cumplen, al menos, dos objetivos claros. El primero es reforzar un perfil antisistema, incluso cuando se forma parte plenamente del sistema institucional. Se trata de presentarse como un actor que desafía las normas, que no acepta las reglas del juego porque —según su propio relato— éstas están supuestamente corrompidas o porque ellos mismos se consideran víctimas de agravios constantes, lo que legitima cualquier forma de respuesta. El segundo objetivo es escandalizar: generar ruido, indignación y conflicto como forma de ocupar la agenda pública.

En términos de teoría política, lo que observamos es un desplazamiento sostenido de lo que se conoce como la Ventana de Overton: el marco de lo que una sociedad considera aceptable en el debate público. Estas estrategias no buscan necesariamente convencer en el corto plazo, sino alterar los límites de lo decible y lo tolerable. Y lo están consiguiendo tanto en el plano retórico como en la praxis política. Hoy escuchamos propuestas o vemos comportamientos que hace apenas una década habrían sido políticamente inasumibles.

Los ejemplos son numerosos. Desde las declaraciones de Abascal sobre deportaciones masivas de millones de inmigrantes o amenazas simbólicas como “entrar en TVE con lanzallamas”, hasta una agenda moral que sitúa derechos consolidados —como el aborto o la eutanasia— como “aberraciones” y que defenderían con violencia. A ello se suma una forma de hacer política basada en la descalificación personal, donde el adversario deja de ser un rival para convertirse en un enemigo. En el plano internacional, la referencia es evidente: Donald Trump ha llevado estos patrones al extremo, desde cuestionar resultados electorales hasta legitimar acciones que tensionan los marcos legales internacionales.

Nada de esto es nuevo en la política española desde la entrada de Vox en los parlamentos autonómicos y en el Congreso, ni por el contexto ni por el protagonista. El diputado implicado, con trayectoria pública previa, se inscribe en una lógica política más amplia. Por eso resulta especialmente relevante analizar las reacciones, tanto políticas como institucionales.

En el plano político, la respuesta de su propio partido ha sido reveladora: no ha habido sanción ni disculpa, sino justificación. Lejos de desautorizar el comportamiento, se ha optado por desplazar la responsabilidad hacia la presidencia de la Cámara. Este tipo de reacción no solo valida el incidente, sino que lo integra en una lógica de confrontación permanente.

Más compleja es la posición del Partido Popular, socio de gobierno de Vox en un centenar de ayuntamientos y previsiblemente en varias comunidades autónomas, a la espera de las elecciones en Andalucía. Su respuesta no ha sido ni unánime ni especialmente contundente, reflejando una incomodidad estratégica difícil de sostener en el tiempo. El silencio de su líder, Alberto Núñez Feijóo, contrasta con intervenciones más genéricas de otros cargos que apelan al respeto institucional sin entrar en el fondo del asunto.

Frente a ello, diez formaciones del arco parlamentario han firmado una declaración institucional de condena, de la que se han desmarcado Vox, el PP y Unión del Pueblo Navarro. El dato no es menor: muestra hasta qué punto la defensa de las reglas del juego democrático empieza a fragmentarse.

En el plano institucional, el incidente afecta directamente a la sede de la soberanía popular y a la figura que encarna la tercera autoridad del Estado. La respuesta ha seguido los cauces reglamentarios: aplicación del artículo 104, expulsión del hemiciclo y apertura de un proceso por parte de la Mesa del Congreso para evaluar posibles sanciones adicionales. Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto: ¿son suficientes los mecanismos actuales para proteger la institución frente a estrategias de disrupción deliberada? La respuesta aplicada evidencia esa tensión permanente entre garantizar el pluralismo parlamentario y proteger la dignidad institucional.

No es la primera vez que se plantea esta cuestión. En julio de 2025 se reformó el reglamento del Congreso para hacer frente a comportamientos disruptivos en ruedas de prensa, protagonizados en buena medida por agitadores ultras. Aquella reforma, impulsada tras varios incidentes, contó con la oposición del PP y Vox. De nuevo, los cortafuegos llegan tarde, después de que el problema se haya manifestado con claridad.

Existe el riesgo de que estos episodios se normalicen, de que pasen a formar parte del paisaje habitual de la política. Como si fueran inevitables. Pero la fortaleza de una democracia no reside en su capacidad de resistir pasivamente, sino en su habilidad para protegerse activamente, estableciendo límites claros frente a quienes buscan vaciarla de contenido.

Los datos apuntan en una dirección preocupante. Según distintos estudios sobre polarización afectiva, en España ha aumentado de forma sostenida el distanciamiento entre ciudadanos por motivos políticos. En algunos casos, en torno a un 14% de los españoles reconoce haber dejado de hablar con amigos o familiares por estas razones. Este deterioro del clima cívico no es ajeno a los comportamientos que vemos en las instituciones; al contrario, se retroalimentan.

Porque estos incidentes tienen más trascendencia de la que sugiere un titular. Son parte de un proceso más amplio que erosiona la confianza en la política, degrada el debate público y alimenta un escepticismo ciudadano que puede derivar en desapego democrático. Y ahí reside el verdadero riesgo: no en el escándalo inmediato, sino en el desgaste silencioso que deja tras de sí.

La democracia, como cualquier sistema complejo, no colapsa de forma abrupta. Se vacía poco a poco, cuando sus normas dejan de ser respetadas, cuando sus instituciones son cuestionadas sin fundamento y cuando el conflicto sustituye al debate. Por eso, más allá del incidente, lo ocurrido en el Congreso no interpela únicamente a un diputado o a un partido, sino a los límites que estamos dispuestos a tolerar en nuestra vida democrática.

Hay remodelaciones que buscan cambiar el rumbo y otras que buscan protegerlo. En el tramo final de la legislatura, los gobiernos tienden a reordenar sus prioridades: reducir desgaste, asegurar la gestión y concentrar el capital político allí donde resulta más eficaz. La última remodelación del Ejecutivo responde, en buena medida, a esa lógica. No es solo un relevo de nombres, sino una redefinición del equilibrio entre técnica y política.

La salida de María Jesús Montero, el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia y la incorporación de Arcadi España apuntan en esa dirección. El cambio rompe además una inercia simbólica —la vicepresidencia económica deja de estar en manos de una mujer—, pero su significado profundo está en los perfiles. Frente al peso político, la exposición mediática y la capacidad de confrontación de Montero, el nuevo esquema pivota sobre figuras de bajo perfil, orientadas a la gestión y alejadas del foco.

Carlos Cuerpo se consolida así como eje del área económica. Su perfil técnico, vinculado a las instituciones europeas, encaja con la necesidad de proyectar solvencia en un contexto marcado por la guerra, la inflación y la continuidad de las políticas de protección. Los datos refuerzan esa apuesta: debutó en el CIS en abril de 2024 como un ministro prácticamente desconocido —apenas lo identificaba un 13% de los ciudadanos—, pero en pocos meses pasó a ser el mejor valorado del Gobierno. Hoy mantiene esa posición, con un 5,27, siendo el único que aprueba.

Ese perfil ha tenido una consecuencia política directa: su baja exposición al desgaste. Desde su llegada en enero de 2024, ha recibido solo 11 preguntas en el Congreso, tres de ellas del Partido Popular —apenas un 27%—. Más significativo aún: la oposición tardó más de un año en interpelarle por primera vez. No es solo menor fiscalización; es también la evidencia de que no ha sido un blanco eficaz en la confrontación.

La incorporación de Arcadi España profundiza en esa misma lógica. Su trayectoria en la Generalitat Valenciana, donde fue una pieza clave del Gobierno del Botànic junto a Ximo Puig, no solo le aporta experiencia en Hacienda y financiación, sino también en gestión política compleja. Fue, de hecho, uno de los perfiles encargados de engrasar las relaciones internas de la coalición, especialmente con Mónica Oltra, en un contexto no exento de tensiones.

Ese bagaje ayuda a entender su estilo. Arcadi España representa, en muchos sentidos, la antipolarización: un perfil que tiende a rebajar el conflicto, a buscar espacios de acuerdo y a evitar la sobreactuación política. Su forma de intervenir —contenida, prudente, casi académica— lo aleja de la lógica de confrontación permanente que domina la política nacional.

Y ahí reside precisamente el contraste con su predecesora. María Jesús Montero había asumido en los últimos tiempos no solo la gestión económica, sino también la tarea —o la carga— de responder a una oposición que ha convertido el Congreso en un espacio de hostigamiento constante, en una suerte de guerra de guerrillas parlamentaria. Arcadi España, por el contrario, no ha mostrado hasta ahora esa retórica de combate.

El mensaje del Gobierno es claro: en el último año de legislatura no se busca tanto generar impacto político desde la gestión económica como reducir fricción. En una cartera que acumula inevitablemente costes —y más en territorios como la Comunitat Valenciana, donde la cuestión fiscal es especialmente sensible—, la apuesta es por perfiles que amortigüen el desgaste.

Pero ese movimiento tiene una contrapartida. Al tecnificar el área económica, el Ejecutivo libera —y al mismo tiempo concentra— el capital político en una figura: Pedro Sánchez. La estrategia parece clara: proteger la gestión y capitalizar la política.

Los últimos datos del CIS apuntan en esa dirección. Entre sus votantes, Sánchez obtiene una valoración media de 6,9 y mantiene una alta fidelidad —más del 75% lo prefiere como presidente—, lo que refuerza su papel como principal activo electoral. Al mismo tiempo, sigue siendo un potente movilizador para la oposición, lo que intensifica la polarización.

En ese contexto, la defensa del decreto anticrisis en el Congreso ha funcionado como primer test del nuevo equilibrio. Para Cuerpo, ha sido su bautismo como vicepresidente económico; para el Gobierno, la prueba de que un perfil técnico puede sostener también el frente político cuando es necesario. La incógnita es si esta estrategia será suficiente. La política no desaparece: se reordena y tiende a concentrarse en menos actores. La tecnificación de los ministerios económicos libera el frente político, que se sitúa con mayor claridad en el núcleo del Gobierno.

Ahí, junto a Pedro Sánchez, todo apunta a que Félix Bolaños asumirá un papel central como principal interlocutor y, previsiblemente, como figura de confrontación frente a la oposición. Si María Jesús Montero había ejercido en los últimos años como uno de los principales diques políticos frente a la ofensiva parlamentaria de las derechas, su salida obliga a redistribuir ese rol.

El resultado es un Gobierno más técnico en los ministerios y más político en su núcleo. Menos confrontación en la gestión, más concentración del pulso político en torno a Sánchez y su núcleo.

Los resultados de Vox en las elecciones de Castilla y León han sido interpretados en parte del debate público como un crecimiento menor del esperado. Sin embargo, esa lectura puede resultar engañosa. En realidad, los datos apuntan a otra conclusión: la formación de Santiago Abascal ha consolidado una base electoral estable, una implantación territorial amplia y una estrategia política eficaz para convertir votos en poder político. 

Vox ha obtenido cerca del 19% del voto y ha sumado 19.089 sufragios más que en la cita electoral de 2022. Pero el dato más relevante no es solo el incremento de votos, sino su distribución territorial y su traducción en representación institucional.

El partido ha logrado representación en todas las provincias de Castilla y León y se mueve en una franja de apoyo que oscila aproximadamente entre el 15% y algo más del 20% del voto —superando ese umbral en provincias como Palencia y Valladolid—. En un sistema electoral provincial como el español, ese porcentaje resulta especialmente relevante porque permite consolidar presencia institucional, maximizar la conversión de votos en escaños y, en última instancia, resultar decisivo en futuros comicios generales.

Los resultados adquieren aún más relevancia si se observa el equilibrio parlamentario: el bloque formado por PP y Vox suma alrededor del 54%, uno de los más escorados a la derecha del mapa autonómico. Solo Extremadura presenta un bloque conservador aún más amplio, cercano al 60%.

El mapa del voto también ofrece algunas claves. Vox obtiene sus mejores resultados en provincias y municipios de carácter más rural o semiurbano, donde determinados discursos sobre identidad nacional, seguridad o crítica a políticas europeas encuentran mayor resonancia. Al mismo tiempo, el resultado revela algunas tensiones dentro de su propio espacio político. La candidatura impulsada por el agitador digital Alvise Pérez ha logrado 17.351 votos. No logró representación, pero sí captó parte de un electorado joven muy activo en redes sociales que, en otros contextos, podría haber apoyado a Vox. En provincias con circunscripciones relativamente grandes, como Valladolid, León o Burgos, esa fragmentación del voto podría incluso haber tenido impacto en la disputa por los últimos escaños.

Más allá de estos factores sociológicos, la formación de Abascal ha conseguido cumplir tres objetivos estratégicos. El primero era crecer electoralmente, aunque fuera de forma moderada. El segundo consistía en reforzar su implantación territorial: Vox tiene ahora representación en todas las provincias y mantiene porcentajes relativamente homogéneos en todo el territorio. El tercer objetivo es quizá el más importante: mantener su capacidad de condicionar la gobernabilidad.

El PP de Alfonso Fernández Mañueco necesita el apoyo de Vox para gobernar, lo que sitúa a la formación de Abascal en una posición negociadora relevante. La influencia de la extrema derecha no depende necesariamente de grandes victorias electorales. A menudo basta con ser imprescindible.

Estas negociaciones, además, no deben interpretarse únicamente en clave autonómica. Los pactos que se negocian en Extremadura y Aragón tienen también una dimensión política y estratégica más amplia.

En el plano político, estos acuerdos contribuyen a perfilar la relación del PP con la extrema derecha. Cada pacto fija precedentes tanto sobre el modelo de negociación —si será tutelado desde Génova o dejará margen a los liderazgos autonómicos— como sobre las líneas programáticas que los populares están dispuestos a traspasar para garantizar la gobernabilidad.

Ese debate ya ha empezado a hacerse visible. El decálogo presentado por Alberto Núñez Feijóo hace apenas un par de semanas —que incluía compromisos básicos como el respeto a la Constitución— irritó profundamente a Santiago Abascal. Sin embargo, la evolución reciente de los acuerdos entre PP y Vox demuestra que esos límites se vuelven cada vez más difusos. El ejemplo más claro es el pacto alcanzado en la Comunitat Valenciana, donde se han abierto la puerta a propuestas que hace pocos años habrían resultado impensables, desde la elaboración de estadísticas diferenciadas en materia migratoria hasta el rechazo frontal al Pacto Verde europeo.

Pero existe también una dimensión estratégica que afecta al corto y al medio plazo. Lo que se negocie ahora puede influir en futuros escenarios electorales, especialmente en Andalucía y en las generales previstas para 2027.

En el caso andaluz, el presidente Moreno Bonilla ha construido su liderazgo sobre una estrategia de centralidad política, una retórica menos confrontativa y una imagen de moderación institucional. La evolución de los pactos entre PP y Vox en otras comunidades podría tensionar ese equilibrio si se consolidan acuerdos que incluyan políticas más radicales.

Al mismo tiempo, para Vox resulta estratégicamente útil mantener un perfil ideológico nítido y diferenciado como la fuerza hegemónica de la derecha más radical española. En ese contexto, los acuerdos de gobierno pueden servir tanto para demostrar capacidad de influencia como para reforzar su identidad política frente a un PP que, en cuestiones como la inmigración, el aborto, el feminismo, la violencia de género o las políticas climáticas, puede aparecer más ambiguo o dividido.

Subestimar estos resultados puede conducir a interpretaciones equivocadas. La extrema derecha no siempre avanza mediante grandes irrupciones electorales. La historia política reciente lo demuestra: desde los años ochenta ha participado en más de setenta gobiernos en Europa, tres de ellos en solitario. Con frecuencia lo hace de forma más gradual: consolidando apoyos, ampliando su implantación territorial y convirtiéndose en un actor imprescindible para gobernar. Castilla y León es un buen ejemplo de esa lógica política que ya se observa en varios países europeos.

La posibilidad de una candidatura única a la izquierda del PSOE vuelve al centro del debate en un momento decisivo. Esta semana lo hace con una imagen clara: dos citas paralelas ante el mismo dilema estratégico. Por un lado, IU, Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar convocan Un paso al frente, sin liderazgos visibles y con énfasis en el proyecto colectivo. Por otro, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, junto al diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado, protagoniza en Madrid la charla Doble o nada: disputar el presente para ganar el futuro, sin aval formal de sus partidos. Dos formatos distintos —quizá complementarios, quizá competitivos— y una misma pregunta de fondo: ¿es viable y necesaria una reorganización unitaria de ese espacio político en el nuevo ciclo que se abre?

No se trata solo de una discusión organizativa ni de una pugna por liderazgos. Es una cuestión estructural en un momento de cambio de época, donde el eje de la competencia ya no se ordena exclusivamente entre izquierda y derecha, sino entre democracia liberal y proyectos iliberales que cuestionan sus fundamentos.

La experiencia europea muestra que estas fórmulas de articulación surgen cuando la extrema derecha deja de ser marginal y se convierte en opción real de gobierno, incluso en solitario. En Francia, tras el avance de Agrupación Nacional —primer partido en las europeas de 2014 con el 24,9%— y la llegada de Marine Le Pen a la segunda vuelta presidencial en 2017 con el 33,9%, el resto de fuerzas activó el llamado Frente Republicano, una fórmula de concentración del voto democrático para frenar su acceso al poder.

Portugal ofrece un contraste reciente. Frente al crecimiento de Chega, António José Seguro impulsó la Comissão de Honra da Candidatura, una plataforma amplia y heterogénea que alteró el escenario: de un 14% en las encuestas pasó a imponerse con el 66,8% de los votos. La clave no fue solo organizativa, sino también de liderazgo: una campaña centrada en la moderación, la empatía y un tono integrador que logró proyectarse como alternativa fiable y transversal frente a la radicalización.

Alemania, por su parte, ha sostenido el llamado Brandmauer, el “cortafuegos” frente a Alternativa para Alemania, que excluye cualquier cooperación estructural con la extrema derecha. Modelos distintos, misma lógica: cuando el eje político se desplaza hacia la tensión entre democracia liberal e iliberalismo, la coordinación entre fuerzas democráticas deja de ser táctica para convertirse en estructural.

España se mueve en ese nuevo eje. El enfrentamiento central no es solo programático, sino sistémico: democracia liberal frente a tentaciones iliberales asumidas por la extrema derecha y por sectores conservadores dispuestos a pactar con ella. En este contexto, la reorganización de la izquierda alternativa no puede limitarse a “parar a la derecha”, sino articular una propuesta de gobernanza inclusiva que conecte con los malestares sociales de la época.

Aquí la aritmética electoral es determinante. La fórmula D’Hondt favorece a las fuerzas más votadas y castiga la dispersión, especialmente en las provincias pequeñas y medianas —28 de las 50 circunscripciones reparten entre tres y seis escaños—, donde el umbral efectivo es mucho más alto de lo que sugiere el porcentaje nacional. En esos territorios, la fragmentación puede traducirse en pérdidas directas de representación incluso cuando el bloque progresista iguala o supera en votos al conservador.

Si de cara a 2027 se consolida un escenario de bloques ajustados, el sistema tenderá a sobrerrepresentar al PP y a Vox, siempre que este último mantenga apoyos en torno o por encima del 15% —e incluso cercanos al 18%, como apuntan encuestas y resultados autonómicos— y una implantación territorial homogénea. En ese contexto, una izquierda atomizada podría quedar infrarrepresentada pese a sumar porcentajes similares, no por falta de respaldo social, sino por el efecto mecánico del voto dividido.

Los datos demoscópicos refuerzan la preocupación. El CIS de febrero indicaba que solo dos de cada diez votantes de Podemos repetirían su voto, mientras que en Sumar la fidelidad ronda los cuatro de cada diez. Frente a esa desmovilización, formaciones con arraigo territorial y liderazgos consolidados como BNG, EH Bildu, Compromís o Esquerra Republicana de Catalunya mantienen niveles de movilización superiores al 60%.

En este contexto, Gabriel Rufián emerge como un activo potencial para articular puentes. Su liderazgo presenta una notable territorialización: alcanza un 9,6% en Navarra, por encima de su media nacional (4,2%), y registra cifras relevantes en Galicia, Baleares, La Rioja y País Vasco. No es suficiente para liderar en solitario, pero sí indica capacidad de conexión más allá de su base catalana.

El diagnóstico es claro: el espacio a la izquierda del PSOE se divide entre partidos movilizados y con proyecto definido y otros desmovilizados y tensionados internamente. Si la fragmentación persiste, el riesgo no es solo un relevo gubernamental, sino una reconfiguración más profunda del mapa ideológico, con una derecha cada vez más “abascalizada” y una extrema derecha normalizada.

La unidad, sin embargo, no puede ser un fin en sí mismo ni una reacción táctica. Debe ofrecer un proyecto ilusionante de gobernanza económica inclusiva que aborde vivienda, empleo y servicios públicos con soluciones concretas, y que reconstruya presencia territorial y músculo digital.

Lo que está en juego no es únicamente la supervivencia de un espacio político, sino la calidad de la democracia en 2026. El Parlamento Europeo declaró en 2022 que Hungría, bajo Viktor Orbán, se ha convertido en un “régimen híbrido de autocracia electoral”. Ese precedente muestra cómo, desde dentro, pueden erosionarse contrapesos institucionales. Por eso, la decisión que ahora se debate no afecta solo a escaños: incide en el marco democrático que definirá la próxima década.

La reacción de la extrema derecha española y de sus aliados internacionales al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha sido ni espontánea ni improvisada. Responde a un guion ya ensayado en otros países, basado en una premisa simple: cualquier intervención pública sobre el espacio digital equivale a censura. Medidas similares se han debatido o aplicado en países como Francia o Australia y en el marco de la Unión Europea. Pese a ello, el anuncio del Ejecutivo español ha activado de inmediato ese reflejo defensivo en Vox, en su líder Santiago Abascal y en el ecosistema ideológico y empresarial que orbita en torno a Elon Musk.

No se trata de una polémica aislada ni estrictamente española. Forma parte de una estrategia transnacional de la extrema derecha que ha convertido las plataformas digitales en algo más que un altavoz: en un auténtico ecosistema político. La defensa casi dogmática de una supuesta “libertad de expresión absoluta” funciona aquí como cortina de humo. Lo que se protege no es tanto el derecho a opinar como una arquitectura algorítmica que amplifica el conflicto, la desinformación y el odio, y que ha demostrado ser extraordinariamente funcional para estos actores.

Esa lógica se ha hecho visible estos días en la cumbre celebrada en el Parlamento Europeo por fuerzas de la extrema derecha bajo el lema “Libertad de expresión contra la cultura de la cancelación”. El encuentro, presentado formalmente como un debate sobre los límites del pluralismo en las democracias liberales, derivó rápidamente en la defensa de posiciones ultraconservadoras: cuestionamiento de los derechos reproductivos, ataques al colectivo LGTBI, así como una reivindicación explícita de valores “cristianos” frente a una supuesta decadencia de la “civilización occidental”.

Desde un punto de vista analítico, el esquema es revelador. La libertad de expresión deja de entenderse como un derecho fundamental inserto en un sistema de garantías para redefinirse como un derecho a discriminar, excluir o deslegitimar derechos ajenos, mientras cualquier límite jurídico —incluso aquellos orientados a proteger a colectivos vulnerables— se presenta como persecución ideológica o censura política. Este desplazamiento conceptual es clave para entender la reacción ultra ante cualquier intento de regulación.

La propuesta del Gobierno español se inscribe, sin embargo, en un marco europeo mucho más amplio. La Unión Europea lleva años avanzando —no sin resistencias— en la regulación del espacio digital, consciente de que los algoritmos no son neutrales y de que el mercado, por sí solo, no corrige sus efectos sociales. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) parte precisamente de esta premisa: que las grandes plataformas ejercen un poder estructural sobre la esfera pública y deben asumir responsabilidades acordes. Aprobado en 2022, el DSA entró en vigor ese mismo año y comenzó a aplicarse de forma escalonada a partir de 2023, siendo plenamente exigible desde febrero de 2024. Proteger a los menores y exigir obligaciones de transparencia y rendición de cuentas no constituye, por tanto, una deriva autoritaria, sino un paso coherente dentro del debate europeo sobre soberanía digital.

Los datos avalan este diagnóstico. El Eurobarómetro de febrero de 2026 señala que la exposición percibida a la desinformación en la Unión Europea ha aumentado ocho puntos en el último año. En España, la preocupación es muy superior a la media: el 85% considera la desinformación una amenaza grave y el 82% el discurso de odio. No es casual que las medidas anunciadas por Sánchez apunten precisamente a estos riesgos.

Aquí aparece el primer gran marco discursivo de la extrema derecha: la confusión deliberada entre regulación y censura. Abascal y otros dirigentes han insistido en que el Gobierno pretende “controlar lo que piensan los españoles”, desplazando el debate del terreno empírico al emocional. No se discute si los algoritmos generan adicción, polarización o procesos de radicalización temprana; se invoca una amenaza abstracta a la libertad. Es un encuadre eficaz porque apela al miedo y evita cualquier contraste con la evidencia disponible.

El segundo marco es el de la victimización. Vox se presenta como el principal damnificado de una regulación que, supuestamente, busca silenciar voces “disidentes”. Sin embargo, el actual ecosistema digital ha beneficiado de manera clara a la extrema derecha. Su discurso emocional, simplificador y confrontativo se adapta mejor que ningún otro a lógicas algorítmicas basadas en la atención y la viralidad. Regular los algoritmos implica, en términos políticos, reducir una ventaja competitiva construida durante años.

En este punto entra en escena Elon Musk. Desde que adquirió Twitter —rebautizado como X—, ha convertido la plataforma en un laboratorio donde la retórica de la “libertad de expresión” convive con decisiones empresariales que debilitan la moderación de contenidos y favorecen dinámicas extremistas. Su oposición frontal a cualquier regulación no es solo ideológica: afecta al núcleo del modelo de negocio de las grandes plataformas, basado en maximizar el tiempo de exposición incluso a costa de la salud democrática.

Existe, además, un componente generacional central. La extrema derecha ha logrado penetrar con fuerza entre los jóvenes a través de redes sociales prácticamente sin control, que funcionan como espacios de socialización política temprana donde se diluyen las fronteras entre información, entretenimiento y propaganda.

Regular no es censurar. Es gobernar un espacio que ya condiciona la democracia. Y la pregunta que la extrema derecha evita responder sigue siendo sencilla: ¿a quién beneficia que nada cambie?

Las tragedias colectivas abren siempre un tiempo suspendido. En las horas posteriores a un accidente como el ocurrido recientemente en Andalucía, el dolor, la confusión y la necesidad urgente de respuestas conviven con un vacío informativo inevitable. Cuando todavía no se conocen las causas y las investigaciones técnicas apenas han comenzado, la prudencia debería marcar el debate público. Sin embargo, ese espacio de incertidumbre se ha convertido, cada vez más, no solo en España sino en buena parte del mundo, en un terreno fértil para la confrontación política y la explotación deliberada del malestar.

Lo sucedido tras el accidente ferroviario andaluz no es una anomalía ni un exceso puntual. Forma parte de una práctica política cotidiana que se intensifica en contextos de crisis y conmoción social. Vox la despliega de manera recurrente, como ya ocurrió durante la Dana o en episodios como Torrepacheco, pero esta lógica conecta con una tendencia más amplia del nuevo ciclo político global, en el que la extrema derecha convierte cada situación de incertidumbre en una oportunidad para reforzar su relato de colapso y decadencia institucional.

Allí donde faltan datos y sobran emociones, emerge un relato inmediato que identifica culpables políticos antes incluso de que existan elementos contrastados. El Gobierno de Pedro Sánchez, el “Estado central” o una supuesta negligencia estructural aparecen como responsables evidentes de una tragedia cuya complejidad técnica se borra deliberadamente. La gestión concreta deja de importar: lo relevante es que el accidente encaje en una narrativa previa que presenta a las instituciones como incapaces, ajenas o directamente hostiles a la ciudadanía.

Desde el punto de vista del análisis político, este mecanismo encaja con lo que la literatura denomina framing de crisis: la capacidad de determinados actores para imponer un marco interpretativo cerrado en momentos de alta carga emocional. No se trata tanto de explicar qué ha ocurrido como de decidir cómo debe entenderse lo ocurrido. Frente a la incertidumbre, se ofrece un relato simple, moralizado y fácilmente compartible, en el que la tragedia deja de ser un hecho a esclarecer y pasa a funcionar como una prueba más de un supuesto colapso general del sistema.

En este contexto, la desinformación actúa como catalizador. En las horas posteriores al accidente circularon mensajes que vinculaban directamente el siniestro con una supuesta decisión del Gobierno de “enviar dinero a Marruecos para sus trenes” mientras se abandonaba la red ferroviaria española. Se trata de una afirmación falsa, repetida y amplificada por dirigentes y redes afines, que mezcla hechos inconexos para construir un agravio emocionalmente eficaz. No es un error aislado, sino una estrategia conocida: introducir elementos de política exterior y confrontación identitaria para reforzar la sensación de traición y abandono.

Este tipo de bulos se suma a interpretaciones interesadas de partidas presupuestarias o a insinuaciones de negligencia deliberada sin respaldo técnico alguno. Lejos de ser episodios espontáneos, forman parte de un ecosistema de desinformación que se activa de forma casi automática en situaciones de crisis y que combina mensajes lanzados desde tribunas políticas con su amplificación coordinada en redes sociales.

Las consecuencias de esta dinámica son profundas. En el corto plazo, el impacto es especialmente doloroso para las víctimas y sus familias. El uso político de la tragedia contribuye a aumentar el miedo, el enfado y la sensación de abandono, desviando la atención del acompañamiento, la reparación y la búsqueda serena de responsabilidades. El sufrimiento se convierte en munición y el duelo en un espacio contaminado por la confrontación.

A medio plazo, el efecto es más estructural. La reiteración de estos frames de crisis va sedimentando una visión abiertamente antipolítica que erosiona la confianza en las instituciones democráticas. No se cuestiona solo la gestión concreta de un gobierno, sino la legitimidad misma del Estado como garante de seguridad y bienestar. La política deja de percibirse como un espacio de solución de problemas y pasa a ser presentada como parte del problema, un rasgo compartido por las nuevas derechas radicales en distintos países.

La demoscopia ayuda a entender por qué esta estrategia encuentra un terreno fértil. Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran de forma consistente que el electorado de Vox es el que expresa mayores niveles de desconfianza hacia el sistema político. En los últimos barómetros, más del 70% de sus votantes considera que los políticos son el principal problema del país, una proporción muy superior a la del resto de electorados. También es entre estos votantes donde se observa una percepción especialmente negativa del papel de las instituciones públicas.

Esta correlación no implica que cada campaña de desinformación genere automáticamente nuevos apoyos, pero sí revela una afinidad estructural entre este tipo de discursos y un determinado perfil político. La estrategia no busca tanto convencer mediante propuestas como alimentar un clima de desafección permanente, en el que cada crisis confirma una narrativa previa de decadencia y colapso.

Conviene subrayar que la crítica institucional es legítima y necesaria en cualquier democracia. Exigir responsabilidades, transparencia y mejoras en la gestión pública forma parte del debate democrático. El problema surge cuando esa crítica se adelanta a los hechos, se apoya en información falsa o engañosa y persigue deliberadamente debilitar la confianza colectiva en lugar de fortalecerla.

La tragedia ferroviaria en Andalucía merece tiempo, rigor y respeto. Convertirla en un instrumento de agitación política no solo daña a quienes han sufrido directamente sus consecuencias, sino que contribuye a normalizar un clima de antipolítica y desafección democrática que se alimenta del miedo y la indignación. Identificar este encuadre del desastre —y asumir que no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia recurrente— es una condición necesaria para proteger el espacio público y preservar la calidad del debate democrático en un contexto cada vez más marcado por la desinformación y la polarización.

La política española vuelve a encontrar en el territorio autonómico el espacio donde se anticipan los cambios de fondo. Las elecciones celebradas en Extremadura no son solo una cita regional más, sino un termómetro avanzado de la derechización del clima político y del agotamiento de algunos marcos discursivos que habían sido eficaces hasta hace poco. Entre ellos, el recurso al miedo a Vox como elemento central de movilización del electorado progresista y, en parte, también del votante moderado del Partido Popular.

Los datos del último estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas permiten sostener este diagnóstico con bastante claridad. La media de autoposicionamiento ideológico de los extremeños en la escala 0-10 se sitúa ya en 5,37, casi dos décimas por encima del centro y, lo que es más relevante, casi dos puntos más que en el estudio preelectoral de 2023, donde se registraba en torno al 5,07. Este desplazamiento no es neutro ni homogéneo: la subida se concentra de forma muy clara en el electorado de derechas y, especialmente, en los votantes del PP y de Vox.

Entre quienes declaran votar al PP, la media ideológica pasa del 7,49 al 7,55, mientras que entre los votantes de Vox asciende del 7,55 al 7,62. No son variaciones espectaculares en términos absolutos, pero sí muy significativas cuando se observan como tendencia: indican una consolidación y radicalización suave pero constante de las posiciones ideológicas en el espacio de la derecha. No se trata solo de que Vox crezca electoralmente, sino de que el conjunto del bloque conservador se desplaza hacia coordenadas más duras.

Los resultados de ayer confirman esta lectura. Vox obtuvo en torno al 17% de los votos y 11 escaños, prácticamente duplicando su representación respecto a 2023 y convirtiéndose, de nuevo, en actor imprescindible para la formación de gobierno. El PP ganó las elecciones, pero quedó lejos de la mayoría absoluta y depende de Vox para gobernar. El PSOE, en cambio, sufrió una caída notable, incapaz de frenar una dinámica que las encuestas ya venían anunciando. El voto a Vox no solo no se castigó tras su salida de los gobiernos autonómicos en julio de 2024, sino que se vio reforzado.

Este punto es clave para entender el agotamiento del discurso del miedo. Estas son las primeras elecciones autonómicas celebradas después de la ruptura de Vox con los ejecutivos regionales, una decisión que fue presentada por la izquierda como la prueba definitiva de la inestabilidad y el radicalismo del partido. Sin embargo, lejos de provocar rechazo, esa estrategia parece haber reforzado su perfil ante una parte del electorado conservador, que percibe a Vox como una fuerza coherente, capaz de imponer condiciones y marcar límites a sus socios.

A ello se suma un segundo fenómeno decisivo: la normalización de Vox como opción política legítima y deseable dentro del espacio de la derecha. Los datos del CIS son muy elocuentes en este sentido. En 2023, solo el 15% de los votantes del PP señalaban a Vox como su segunda opción preferida. En 2025, esa cifra se duplica hasta el 32%. Es decir, uno de cada tres votantes populares ve ya a Vox como la alternativa natural a su propio partido. En el caso inverso, entre los votantes de Vox también crece la aceptación del PP como segunda opción, aunque de forma más moderada: se pasa del 25% al 31%. La asimetría es clara: la normalización de Vox avanza más rápido entre los votantes del PP que la del PP entre los de Vox.

Este dato explica por qué el voto útil ha cambiado de significado. Ya no se trata únicamente de concentrar apoyos en el partido mayoritario de la derecha para evitar que gobierne la izquierda, sino de reforzar al conjunto del bloque, incluso cuando eso implica dar más peso a la extrema derecha. En este contexto, el mensaje socialista de alerta frente a Vox pierde capacidad movilizadora. Cuando una parte significativa del electorado conservador no solo no teme a Vox, sino que lo considera un socio legítimo y preferente, el miedo deja de funcionar como incentivo electoral.

Extremadura muestra así una dinámica que trasciende lo regional. El poder territorial vuelve a marcar el ritmo del cambio político en España y lo hace planteando una pregunta de fondo: qué modelo de relación entre PP y Vox se consolidará tras los nuevos pactos autonómicos. Si España se encamina hacia un pragmatismo conservador de corte iliberal, similar al que encarna Meloni en Italia, o si opta por una fórmula más radical, como la que practica Orbán en Hungría. 

Las elecciones extremeñas no ofrecen aún una respuesta definitiva, pero sí una señal inequívoca: la derechización es real, la normalización de Vox avanza y el viejo discurso del miedo ha dejado de ser suficiente para contenerla. La cuestión ya no es si este cambio existe, sino qué coalición de gobierno acabará adoptando y con qué consecuencias para la democracia española.

Cada 6 de diciembre, Vox se envuelve en la Constitución como si solo ellos fueran sus legítimos herederos. Pero la Constitución que reivindican no es la del 78: es un texto amputado, convertido en un muro más que en un pacto, en una trinchera identitaria antes que en un marco de convivencia plural. En su relato, España es una esencia homogénea que debe ser defendida de enemigos internos, externos, imaginarios o reales. Pero basta observar sus propuestas, sus votaciones y su manera de entender la democracia para comprender que el país que dicen proteger no cabe en la Constitución, sino en un pasado mitificado del que la sociedad española decidió salir hace casi medio siglo.

La fuerza de la extrema derecha española de Abascal reside precisamente en esta apropiación simbólica. Su constitucionalismo selectivo cita unos artículos y silencia otros: abrazan los que justifican su modelo centralista y excluyente del Estado, pero evitan los que consagran la diversidad territorial, la igualdad real entre hombres y mujeres, los derechos sociales, el pluralismo político o el carácter social del Estado. La Constitución que celebran sería irreconocible para quienes la negociaron, discutieron y votaron en 1978, y también para una ciudadanía que ha ampliado derechos y libertades durante décadas.

Desde esta base, el partido de Abascal se presenta como guardián del orden constitucional mientras cuestiona pilares esenciales como el reparto territorial del poder, la neutralidad institucional, la independencia judicial o la propia legitimidad de los gobiernos que no controla. Su patriotismo se articula por exclusión: hay españoles auténticos —los suyos— y otros sospechosos, tibios, anti-patrias o “enemigos internos”. Y esa división no es una anomalía, sino una pieza estructural del discurso de las extremas derechas europeas. Lo vimos con Le Pen en Francia, Meloni en Italia o la AfD en Alemania: un patriotismo identitario que exige homogeneidad cultural, política y moral.

En España, la extrema derecha asienta este marco sobre la idea de una nación única e inquebrantable. La existencia de proyectos soberanistas —sean independentistas o simplemente autonomistas— se presenta como amenaza existencial. No es casual que reduzcan cualquier diferencia territorial a un acto de deslealtad. Su proyecto constitucional no admite la plurinacionalidad, pero tampoco la diversidad cultural o lingüística. La España de Vox es un país uniforme donde la pluralidad no se protege: se combate.

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas ayudan a comprender la profundidad de este marco emocional. En el barómetro de octubre, el 61% de los votantes de Vox afirma que el sistema democrático actual es peor o mucho peor que la dictadura franquista. Esta cifra, escandalosa en una democracia consolidada, no es una anécdota ni un desliz: es el síntoma de un relato político que necesita degradar la confianza en las instituciones para sostenerse. Un proyecto que se reivindica constitucional mientras parte de sus bases considera que la democracia española es inferior a una dictadura.

Esta deriva no es nueva. Vox ha cuestionado resultados electorales, ha acusado a funcionarios de parcialidad, ha denunciado conspiraciones imaginarias y ha alimentado la idea de que España vive en un estado de emergencia permanente. La estrategia es clara: erosionar la confianza en las reglas del juego mientras se exige su cumplimiento solo para los adversarios. Su constitucionalismo es declarativo, pero su práctica política es profundamente iliberal.

Su interpretación del artículo 14, por ejemplo, reduce la igualdad a una neutralidad abstracta que ignora desigualdades reales. Rechazan las leyes de igualdad y las políticas contra la violencia machista porque no encajan en su visión de un país sin discriminación estructural. Igualdad formal sin igualdad material. Una lectura que, lejos de ampliar derechos, consolida privilegios. Algo parecido ocurre con la inmigración: reclaman aplicar la ley con firmeza mientras difunden bulos, exageraciones y estigmatizaciones que vulneran derechos fundamentales y alimentan la fractura social.

Este mecanismo de apropiación constitucional ya se ha visto en Hungría, Polonia e incluso en la Italia actual. La extrema derecha reivindica la ley para vaciarla por dentro; invoca la nación para enfrentar a su propio pueblo; convierte símbolos compartidos en herramientas de exclusión. En España, la Constitución se convierte en fetiche mientras se vacía su espíritu: el pluralismo, la descentralización, la igualdad, los derechos sociales y las libertades civiles.

Pero hay un elemento diferencial en nuestro país: la propia historia democrática reciente. La Constitución fue un pacto entre diferentes, un ejercicio de reconocimiento mutuo en un país que venía de una guerra y una dictadura. Ese pacto permitió construir un Estado descentralizado, ampliar derechos, modernizar la economía, fortalecer la sociedad civil y consolidar instituciones. La España del siglo XXI —diversa, urbana, mestiza, feminista, europeísta— es hija de ese pacto. Y esa España es, para Vox, el verdadero problema: desmiente su relato de decadencia, ruptura y amenaza. Para sostenerse, necesitan un país al borde del colapso.

En un momento en el que las extremas derechas europeas avanzan —mantienen uno de cada tres gobiernos en la Unión Europea—, conviene recordar que la Constitución no es solo un texto: es un horizonte que se actualiza en el conflicto democrático. Y que su defensa exige asumir sus contradicciones, no esconderlas.

La Constitución no cabe en el país que propone Vox porque su proyecto político necesita una España más pequeña, más uniforme y más miedosa. Pero la España real —plural, abierta e imperfecta— sigue siendo más fuerte que ese relato.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, España celebra medio siglo de libertad, pero la sombra del franquismo sigue dejando huella en la democracia española. No se manifiesta ya en los despachos y en los uniformes; hoy se filtra de manera más sutil, en las redes sociales, en los discursos rebeldes y en los rincones digitales donde la historia se reescribe con ironía y desprecio.

Se suele decir que el franquismo murió con el dictador. Pero muchas de sus inercias –su concepción de la autoridad, del orden y de la nación– han sobrevivido bajo otras formas. El llamado “franquismo sociológico” no es nostalgia: es un modo de pensar que nunca fue desmontado del todo y que se ha adaptado a los tiempos. Hoy encuentra su vehículo en la ultraderecha digital y en ciertos sectores de la política contemporánea. Formaciones como Vox no son copias exactas del franquismo, sino sus herederos culturales, capaces de transformar un autoritarismo histórico en estética antisistema. Palabras que antes eran insultos, como “facha”, se resignifican como emblemas de rebeldía frente a la democracia, sobre todo entre jóvenes que no vivieron la dictadura y cuya educación cívica ha sido insuficiente.

Los datos del CIS de octubre son reveladores: un 19% de los jóvenes considera que el franquismo fue “bueno”, y el porcentaje sube al 21,3% en la población general. Sin embargo, el 65,5% valora los años de la dictadura como “malos o muy malos”. Son cifras que deberían sacudir a una sociedad que presume de haber cerrado su pasado: la memoria histórica no puede depender solo de actos institucionales ni de conmemoraciones, sino de pedagogía activa y de un relato que se renueve constantemente.

La banalización del franquismo se ha sofisticado. Ya no se expresa en panfletos y tertulias; circula en vídeos de treinta segundos, memes y clips compartidos miles de veces. La dictadura se trivializa y se transforma en un pasado de “orden y prosperidad” frente al caos contemporáneo. La extrema derecha ha comprendido que la batalla por la memoria ya no se gana con discursos solemnes, sino con likes y compartidos: es la guerra de la historia convertida en algoritmo.

Detrás de esta estrategia hay un trabajo cuidadoso sobre emociones y narrativas. Palabras como “seguridad”, “unidad” o “patria” activan sentimientos que estructuran un pensamiento autoritario incluso en quienes nunca vivieron la dictadura. La democracia, confiada en su legitimidad histórica, se encuentra desarmada en el terreno del relato. Así surge la “Generación neoautoritaria 2.0”: varones menores de 24 años que perciben a Franco no como dictador asesino, sino como víctima de un sistema del que desconfían. La reivindicación de ese pasado se transforma en una expresión de rechazo posmoderna, irónica y viral.

Este método se refleja de manera inquietante en el contexto internacional. En Polonia, la ley mordaza de 2018 persiguió a historiadores que cuestionaban la versión oficial sobre el exterminio judío, atribuyendo a los nazis la totalidad de la culpa y exonerando a los polacos. En Hungría, Orbán ha reivindicado la memoria del almirante Miklós Horthy, presentando a los húngaros como víctimas y héroes, mientras los alemanes son señalados como únicos culpables del Holocausto.

Italia ofrece otro ejemplo reciente de pragmatismo neofascista: la propuesta de Meloni de cambiar la fecha del Día Nacional para sustituir la celebración de la victoria antifascista por un símbolo de unidad, y los comentarios de su ministra Eugenia Maria Roccella cuestionando visitas escolares a Auschwitz. Estos casos muestran que la reinterpretación y la banalización de pasados autoritarios no son un problema exclusivo de España: es un patrón internacional de las extremas derechas contemporáneas, que buscan suavizar culpabilidades y resignificar dictadores como héroes o víctimas.

En España, esa táctica encuentra terreno fértil en la combinación entre franquismo sociológico, cultura digital y ausencia de pedagogía activa en medios y redes. La banalización del franquismo no es solo cosa de nostálgicos: es un problema estructural, un riesgo para generaciones que aprenden la historia a través de formatos virales y no del análisis riguroso. La extrema derecha ha aprendido a vestir el autoritarismo con ironía, rebeldía y posverdad, transformando su discurso para calar entre adolescentes desconfiados del sistema. El peligro no está en la nostalgia de unos pocos, sino en que la democracia se perciba como un lujo prescindible, una formalidad histórica sin relevancia inmediata.

Franco fue un dictador que reprimió, asesinó y sometió a generaciones enteras bajo un régimen de miedo y obediencia. Su legado, sin embargo, no se limita a su época; pervive en mentalidades autoritarias que buscan legitimarse con humor, memes y posverdad. La batalla histórica se ha convertido en una lucha por la narrativa y las emociones: explicar los hechos ya no basta si no se compite en el terreno afectivo donde se forman las nuevas generaciones.

Medio siglo después de su muerte, España celebra la libertad, pero debe asumir que la democracia no es un estado garantizado, sino un compromiso diario. El franquismo no ha regresado formalmente, pero su sombra cultural sigue activa, igual que el revisionismo autoritario en Polonia, Hungría o Italia.

La pregunta esencial es si seremos capaces de hacer que la democracia resulte tan atractiva, comprensible y cercana como los contenidos que hoy difunden los herederos del franquismo, o si permitiremos que medio siglo de libertades se reduzca a una anécdota mal entendida por quienes deberían defenderla. La respuesta marcará no solo cómo recordamos el pasado, sino también cómo vivimos el presente y construimos el futuro.

“Cuando la justicia se politiza, la política se judicializa”, advierte la politóloga Nancy Bermeo al analizar las tensiones en democracias en proceso de polarización. En España estamos viendo ese diagnóstico hecho realidad: el tribunal se convierte en escenario y altavoz de la contienda política, y lo que podría ser un procedimiento técnico adquiere un peso descomunal en el tablero democrático.

El impacto es inmediato para el Gobierno, que sufre una pérdida de control de la agenda y se ve obligado a responder a golpe de titular. La Moncloa se enfrenta a un dilema comunicativo complejo: debe mostrar confianza en la independencia de los jueces y al mismo tiempo evitar que cale en la opinión pública la sensación de impunidad en torno a la pareja del presidente. Cualquier error de cálculo —ya sea un exceso de prudencia o una reacción defensiva— puede agravar el desgaste. El Ejecutivo camina por una cuerda floja en la que lo que está en juego no es solo su reputación, sino su capacidad de mantener la iniciativa política.

Para la oposición, en cambio, este escenario representa una oportunidad estratégica. El Partido Popular y Vox han encontrado un eje de movilización que les permite insistir en el relato de “gobierno acorralado”, exigir responsabilidades políticas y reforzar su demanda de dimisión de Pedro Sánchez. De este modo, un proceso judicial deja de ser un asunto circunscrito a los tribunales y se convierte en combustible para la campaña electoral. Esta dinámica beneficia a quienes buscan convertir la política en un juego de suma cero, donde la erosión del adversario es más valiosa que la construcción de consensos o la presentación de propuestas de gobierno.

Sin embargo, el fenómeno trasciende las fronteras españolas. Italia vivió un terremoto político con el “Mani Pulite” de los noventa: la operación de limpieza judicial acabó con los partidos de la Primera República, pero también abrió la puerta al ascenso de Silvio Berlusconi, un outsider que supo capitalizar el descrédito de la clase política. En Brasil, la operación “Lava Jato” puso fin a la presidencia de Dilma Rousseff e inhabilitó a Lula da Silva, alterando el tablero político y allanando el camino para Jair Bolsonaro. Años después, varias de esas condenas fueron anuladas por sesgos procesales, lo que alimentó la narrativa de persecución judicial y reforzó la polarización. Incluso en Estados Unidos, los múltiples procesos contra Donald Trump han sido utilizados por él mismo como prueba de su tesis de que “el sistema está contra nosotros”, lo que moviliza a sus bases y le mantiene en el centro de la agenda mediática.

Estos casos muestran que cuando la justicia se convierte en campo de batalla, los efectos trascienden lo jurídico y reescriben las reglas del juego democrático. En lugar de fortalecer el Estado de Derecho, el riesgo es que se debilite, ya que la percepción de imparcialidad judicial se erosiona y las decisiones de los tribunales se leen en clave partidista.

España no es inmune a este riesgo. Según el último barómetro del CIS sobre calidad democrática, publicado el 8 de mayo, nueve de cada diez ciudadanos creen que la justicia no es igual para todos y un 78% considera que no actúa con imparcialidad cuando se trata de casos que afectan a partidos políticos. Estos datos son preocupantes porque reflejan una percepción extendida de desigualdad ante la ley, un elemento central en la legitimidad de cualquier democracia liberal. Cuando esa percepción se consolida, el terreno queda abonado para discursos antipolíticos que no buscan mejorar las instituciones, sino deslegitimarlas.

La antipolítica, en este contexto, se convierte en un recurso electoral poderoso. Presentar al sistema como irreformable y a todas las élites como corruptas genera frustración, pero también moviliza a sectores del electorado que buscan soluciones de choque. En los últimos años, la extrema derecha ha sabido capitalizar ese descontento con un discurso que simplifica los problemas y señala enemigos claros —políticos, jueces, medios— ofreciendo la promesa de “limpiar” el sistema. Ese relato conecta con emociones más que con programas, y convierte el malestar en apoyo electoral estable. 

Si el debate público se centra exclusivamente en imputaciones, declaraciones y dimisiones, la discusión sobre políticas públicas quedará relegada a un segundo plano. Y en un contexto de desafección creciente, el riesgo es que se consolide la idea de que “todos son iguales”, debilitando aún más el vínculo entre ciudadanía y democracia.

El desafío es mayúsculo: evitar que la justicia quede atrapada en la lógica partidista. De la respuesta que demos ahora dependerá buena parte de la salud democrática en los próximos años.