La política española tiene una costumbre algo impúdica, pero a fin de cuentas eficaz: los acuerdos más decisivos se cocinan a oscuras mientras los protagonistas se juran odio eterno ante los micrófonos. El último tuit de Santiago Abascal —«Sánchez es capaz de todo por destruir España, pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla»— se ha vendido como una declaración de sacrificio patriótico. El sábado, el líder de Vox apeló a la responsabilidad; el lunes advirtió de que la alianza de las izquierdas exigía «sacrificios» y ofreció un entendimiento al PP, confirmado por Feijóo menos de 24 horas después. Tras pasearse a caballo como campeón de una nueva «Reconquista», el dirigente ultraderechista emula ahora a Guzmán el Bueno, aquel caballero medieval —que el franquismo elevó a modelo escolar de santidad patriótica— que arrojó el puñal para que mataran a su propio hijo con tal de no entregar Tarifa al asedio de los «moros». Ahora, el jefe del «españolísimo» Vox escenifica su propio sacrificio para blindar las murallas del Senado frente al hostigamiento de los «rojos». Moros y rojos: una asonancia propagandísticamente muy rentable.

El movimiento de las izquierdas no responde a ninguna epifanía ideológica, sino al terror de los números. Asustados por la demoscopia, el PSOE y la sopa de letras de su izquierda han decidido aparcar temporalmente su cainismo habitual para firmar un matrimonio de conveniencia en el Senado en 45 provincias. Bajo la marca «Senado de Progreso», han entendido por fin que la Cámara Alta ya no es ese cementerio de elefantes donde enviar a sus viejos roqueros a dormir la siesta. Ahora es un baluarte.

El PP ha enseñado los dientes esta legislatura demostrando para qué sirve una mayoría absoluta en esa Cámara: para convertirla en un cadalso donde hacer desfilar a ministros, subalternos y secuaces del «sanchismo» para ser ajusticiados a base de preguntas incómodas y comisiones de investigación a pecho descubierto. Por allí han pasado desde Zapatero hasta la «trama Koldo», sin olvidar la actuación estelar de Leire Díez, esa fontanera que no sabía ni dónde estaba la llave de paso del agua (sucia).

El objetivo de la alianza progresista no es legislar, sino parapetarse. Quieren conquistar el Senado para transformarlo —igual que ha hecho el PP— en un búnker desde el que torpedear y hacerle la vida más difícil a un futuro Gobierno de la derecha. Pero no solo eso. La confluencia en el Senado trata, por encima de todo, de impedir que las derechas alcancen los tres quintos de ambas Cámaras, una mayoría que permitiría impulsar determinadas reformas constitucionales y acercaría el sueño que algunos acarician desde la Transición: recentralizar España. Si no arrumbar, al menos descafeinar el título VIII de la Constitución, el mismo que ya fracturó la Alianza Popular de Manuel Fraga cuando se votó en el Congreso en octubre de 1978.

Por eso Abascal está dispuesto a tragarse el orgullo y perpetrar una retirada táctica: sacrificar sus listas al Senado allí donde no tiene opciones y pedir el voto para el PP. La negociación confirmada por Feijóo indica que el entendimiento está más cerca, aunque todavía no haya un acuerdo cerrado. Pero la pirueta es de alto riesgo político. ¿Cómo explicas a tus bases, educadas en el dogma de la traición de la «derechita cobarde», que ahora hay que marcar la casilla del vecino? ¿Cómo evitas que el votante entienda que, si en la Cámara Alta el voto útil es el PP, quizá en el Congreso también lo sea? El dilema es perverso: retirarse es dopar a Feijóo; no retirarse es hacerle el juego a Sánchez.

Pero la pregunta candente ya no es si Abascal ha tenido un ataque de responsabilidad repentino, sino cuánto costará el rescate. Si Vox contribuye a asegurar una mayoría conservadora, la deuda pendiente parece clara: más allá de la posibilidad de (re)tocar la Constitución, habrá compromisos programáticos duros en inmigración y memoria histórica, ministerios de peso y una cuota de poder innegociable. El sacrificio de las listas puede convertirse así en una inversión: renunciar a candidaturas donde Vox tiene pocas opciones para ganar capacidad de influencia allí donde realmente se decide el poder.

Con 160 senadores —el umbral de los tres quintos de una Cámara de 266 miembros; los populares llegaron a tener 144—, la entente entre PP y Vox podría elegir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado sin necesidad de contar con el PSOE, siempre que alcanzase esa mayoría. Unos nombramientos cruciales para el equilibrio de la verdadera sala de máquinas del poder constitucional. No sería un reparto automático del tribunal, pero sí una oportunidad de influir en su composición durante años. El VAR de la política española, como ha quedado demostrado con la sentencia que ha finiquitado el procés, a pesar del berrinche de Llarena.

El presidente de los populares ya no puede hacerse el gallego y esquivar indefinidamente la cuestión: ha confirmado que negocia. El problema, como el dinosaurio de Monterroso, continuará ahí cuando despierte del sueño de los justos. Vox puede retirar la papeleta este mes de octubre, pero no retirará la mano extendida al día siguiente de los comicios. Y Feijóo debería saber que los acuerdos que se cierran antes de ganar suelen salir caros. Si la operación sale bien, Abascal podrá reclamar que su sacrificio ha sido decisivo y convertirlo en influencia política. Pero la factura no la pagará solo el Partido Popular: la acabaremos pagando todos.

Mientras, el ilustre estratega de Galapagar debe estar oteando todo este ominoso panorama con su media sonrisa de Maquiavelo de vía estrecha: Podemos, ese partido solipsista que viste sus obscenas tácticas de supervivencia con los ropajes de la pureza doctrinal, ha rehusado sumarse al acuerdo progresista para el Senado. Quizás, quién sabe, porque así por fin podrán acabar de una vez por todas con el «régimen del 78», como pretendían en su momento de gloria.

La disputa electoral del próximo 29N promete emociones fuertes en el frente —menos amplio de lo que se pretendía— de la izquierda de la izquierda, un espacio político que parece haber sustituido la lucha de clases por la aritmética recreativa. La gran paradoja de esta legislatura que agoniza es que la plataforma nacida bajo el verbo Sumar ha terminado conjugando el verbo contrario. Su lideresa, Yolanda Díaz, tras un expediente impecable en el Ministerio de Trabajo, parece haber emulado a Manuela Carmena: ha cogido el portante, cansada de gestionar un parvulario de egos e inmadurez política. Lo más fascinante —y doloroso— del asunto es que este festival de la escisión se produce compartiendo el 95% del programa electoral. Se matan por las listas mientras coinciden en los diagnósticos: vivienda, impuestos, servicios públicos, desigualdad económica o impuestos a la banca. Algo que, sin duda, derecha y extrema derecha contemplan y disfrutan frotándose las manos.

Todo parece indicar que durante las negociaciones no ha habido debate ideológico, sino cálculo de tahúr de casino. Podemos ha intentado territorializar los acuerdos allí donde aún le queda algo de tracción electoral para no ser engullido por el Frente Amplio. Por otro lado, Gabriel Rufián también ha jugado sus propias bazas, aprovechando su innegable tirada mediática para asegurarse un puesto de salida de ensueño sin el engorroso trámite de salir a buscar 400 avales, como se ve obligado a hacer todo hijo de vecino en ERC, ni pagar 155 monedas de plata. Y, como golpe de efecto final, el retorno de Ada Colau, la alcaldesa inopinada de los tiempos prometeicos del “Sí se puede”. Su mística original se fraguó con los desahucios de la crisis financiera del 2007, esos mismos dramas habitacionales que, curiosamente, siguen ejecutándose hoy en día. Lo que demuestra, lamentablemente, que los gobiernos de izquierda —una rara avis ya en la Europa actual— han sido incapaces de deshacer el nudo gordiano de la ortodoxia neoliberal, ese que considera la vivienda una mercancía más y la maximización de beneficios el único mandamiento: las claves de bóveda del problema de la vivienda que ha acabado estallando socialmente y llevándose por delante una legislatura ya de por sí convulsa.

Esta propensión al fraccionamiento de la izquierda no es nueva, es el ADN de la casa. Ya en los tiempos fundadores de Marx y Engels las divisiones entre reformistas socialdemócratas y revolucionarios eran legendarias. También ahora unos y otros se culparán del fracaso a la hora de conformar una candidatura conjunta, aunque fuera por motivos puramente electorales con el único fin —no lo olvidemos— de intentar desviar la borrasca extremista que domina el clima político español. El desafío era y es formidable. La respuesta, decepcionante —si no mezquina—, no ha estado ni mucho menos a la altura.

En mitad de este patio de vecindarios mal avenidos, Pedro Sánchez observa el tablero con la tranquilidad de quien conoce las debilidades del rival. Al PSOE nunca le ha temblado el pulso a la hora de practicar el canibalismo electoral: ya en 2008 dejó a Izquierda Unida tiritando en el Congreso, con apenas dos escaños, gracias a la implacable guadaña del voto útil. La gran incógnita es si Sánchez realmente cree que puede reeditar la aritmética mágica de 2023 —una carambola que hoy parece inviable con esta macedonia incomprensible de siglas— o si, en un alarde de ese pragmatismo maquiavélico que le achacan sus enemigos, ha convocado el adelanto electoral para dejar a su partido en la oposición, pero en unas condiciones más ventajosas de lo que el curso de la legislatura permitía imaginar. 

El verdadero drama para la izquierda no se jugará en los platós de televisión, sino en la fría contabilidad electoral de las circunscripciones pequeñas y medianas, esas que reparten 219 de los 350 escaños. En 2023, la candidatura unitaria de Sumar y Podemos ya sufrió la penalización de un sistema que no entiende de purezas inmaculadas: mientras en las grandes capitales el voto resultó eficiente, en las provincias de menos de seis escaños se convirtió en humo. Más allá del 5% oficial, el umbral real para rascar un diputado en provincias pequeñas como Ávila, Cuenca o Teruel oscila entre un prohibitivo 12% y 18%. En las medianas, como Jaén o Zaragoza, la barrera real se sitúa entre el 8% y el 12%. Presentarse por separado aboca a ambas listas a quedarse en un letal 5% o 7%: un porcentaje muy digno para el orgullo de partido, pero equivalente a un cero absoluto en escaños. Lo trágico es que el 57% de los votantes progresistas pedía a gritos esta unidad para frenar un gobierno de PP y Vox. 

El filósofo Ernst Bloch afirmaba que la izquierda se caracteriza por mantener siempre encendido el principio de la esperanza, que ahora se ve seriamente amenazada por la implacable lógica de la Ley D'Hondt. Para una izquierda alternativa que, en su gran mayoría, se declara agnóstica o directamente atea, creer en los milagros electorales no deja de ser un contrasentido. Creer, además, que el milagro de 2023 se va a repetir con papeletas divididas es casi tanto como creer en la segunda venida de Cristo. Pero, ante el frío veredicto de los datos y las artimañas de los tahures, solo nos queda ese viejo vicio de no perder la esperanza.

“No estaré en ninguna tribuna con un gobierno mafioso”, ha afirmado Santiago Abascal, líder de Vox, para justificar su ausencia en Madrid este pasado 12 de octubre, ese día de la “Hispanidad” que él y los suyos no dejan de enaltecer a la más mínima ocasión como “la obra de la civilización más grande de la historia”. Junto al descubrimiento y la colonización de América, la “Reconquista” es el otro ingrediente principal de esa ensalada mal aliñada que Vox pretende que los estudiantes se traguen en las clases de Historia. Un programa que querrán imponer si llegan al Gobierno, aunque sean minoría en la coalición: alguna concesión les tendrá que hacer el PP cuando llegue el momento.

El año pasado, Abascal sí que asistió a los actos oficiales en la capital del Reino de España, pero también declinó estar en la tribuna de autoridades. Prefirió, aseguraba, ver el desfile “entre el público”, formando parte de ese “pueblo” español al que solo Vox dice representar. Un pueblo cultural, étnica y religiosamente homogeneizado, por supuesto, frente a las amenazas disgregadoras de una inmigración desorganizada y galopante. Seguramente, a Abascal y compañía no les desagradaría recuperar aquel “Día de la Raza”, que fue el nombre oficial desde 1918 y que el franquismo rebautizó como “de la Hispanidad” solo mucho después —en 1958— de que la derrota de las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial convirtieran eso de las diferencias biológicas en algo muy mal visto. 

Este año —la ocasión la pintaban calva, con unas elecciones generales a tiro de piedra— el de Amurrio ha preferido irse a Ceuta a celebrar la festividad junto al líder de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella. ¿El motivo? Que, además de corrupto, este Ejecutivo “ha traicionado a España y ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido”. Así que el líder de la derecha radical española ha pasado la festividad nacional por excelencia en Ceuta, “con los españoles que defienden la frontera que Sánchez ha abandonado”.

Hasta aquí, pues, nada nuevo en ese populismo nacionalista de primero de primaria que los de Vox tan bien explotan y que —todo parece indicarlo— les llevará en volandas hasta unos espectaculares resultados electorales. La mayoría de los sondeos sitúan a Vox en una sólida horquilla de intención de voto de entre el 17% y el 19%, lo que les permitiría duplicar sus 33 escaños actuales; aquellos que consiguieron tras una calamitosa campaña donde quisieron que Cataluña siguiese siendo el centro de atención. Para Feijóo, en cambio, las perspectivas electorales no son tan halagüeñas: las mismas encuestas detectan un estancamiento, cuando no un retroceso, en la intención de voto de los populares. Esto no le impedirá liderar el bloque de la derecha, pero si quiere gobernar tendrá que hacerlo con un socio encaramado a sus cerca de 70 escaños que no se lo pondrá nada fácil.

Desde los tiempos del efímero Pablo Casado, el Partido Popular no ha sabido qué hacer para detener la persistente sangría de votos hacia su derecha. Primero imitaron sus afirmaciones altisonantes, como cuando el propio Casado afirmó que “la Hispanidad es el hito más importante de la humanidad, solo comparable con la romanización”. Aquello fue en octubre de 2018. Es decir que, poco antes de que Vox irrumpiera con fuerza en el Parlamento andaluz, los populares ya intentaban poner la tirita antes de la herida. Después probaron todo lo contrario: distanciarse. El mismo Casado sentenció un rotundo “hasta aquí hemos llegado” en la moción de censura de 2020, rompiendo unos puentes que Vox intentaría dinamitar más tarde, en 2023, con la propuesta de aquel candidato nonagenario y extemporáneo que fue Ramón Tamames. Ni imitarles ni diferenciarse de ellos ha servido a los populares para atemperar la amenaza que llegaba desde su derecha.

Pero ¿qué le ofrece realmente este paladín de la nación a los españoles, más allá de una versión actualizada de aquel “¡Santiago y cierra España!” que, según la leyenda, gritaban los caballeros cristianos en las Navas de Tolosa? Porque, si dejamos a un lado las proclamas patrióticas y descendemos a la letra pequeña de su programa, la propuesta es alarmante y paradójica. Alarmante porque los de Abascal hablan, sin demasiados tapujos, de privatizar las pensiones mediante un modelo mixto de reparto y capitalización, más conocido como la “mochila austriaca”.

Y paradójica porque la medida castigaría precisamente a su gran granero de votos: las rentas más bajas y de menor cualificación laboral, que verían mermadas sus futuras pensiones al no tener capacidad de ahorro para alimentar fondos privados. Si a esto le sumamos la reforma fiscal anunciada por Figaredo —un IRPF con un mínimo exento de 22.000 euros, un tipo del 15% hasta los 70.000 euros y del 25% a partir de esa cantidad—, la contradicción es evidente. No hace falta ser un lince en economía para ver que la propuesta también supone una rebaja sustancial para las rentas altas, al tiempo que reduce la recaudación pública. Esas mismas arcas que sostienen la sanidad, la educación o las pensiones.

Son los servicios esenciales de los que tanto se quejan muchos de los ciudadanos que el próximo 29 de noviembre correrán a depositar su confianza en el patriota Abascal. Ese mismo líder que en su juventud encadenó hasta tres prórrogas sucesivas para esquivar el servicio militar obligatorio hasta que su entonces coreligionario Aznar aprobó su abolición. Lo cual no le impide clamar hoy que está “con los uniformados que defienden la soberanía nacional frente a la traición institucional”. 

Abascal es, en definitiva, ese patriota aquejado de nostalgia imperial que quiere armar a España contra supuestos invasores a costa de desarmar —en recursos y derechos sociales— a los propios españoles.

El activismo judicial en España ha dejado de guardar las formas. Ya no le hace falta el pudor de la toga ni el disimulo de los tecnicismos. La reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de rechazar el recurso de la Abogacía del Estado y mantener la suspensión cautelar del voto para 163.020 españoles en el exterior no es un acto de prudencia jurídica. Es una intervención política (diseñada, eso sí, con escuadra y cartabón) en el campo de juego de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con esta decisión, el Alto Tribunal no solo arbitra el partido: ha bajado al césped a rematar el córner en el minuto de descuento.

Para entender la magnitud del escándalo hay que desbrozar el camino de la infamia. La llamada Ley de Nietos nació amparada por una “Instrucción” del Ministerio de Justicia que aliviaba la carga de la prueba a los descendientes del exilio, presumiendo su condición si salieron del país en los años de plomo de la dictadura. Aquella norma contó en sus inicios con el perfil bajo y los matices del Partido Popular, que pretendía mantener su tradicional caladero de votos en el exterior, singularmente en Galicia y el norte peninsular. 

De hecho, Feijóo prometió en 2022 una ley específica para los descendientes de españoles y su programa de 2023 recogía ese compromiso. La contradicción es aún más llamativa si recordamos que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2015 una ley para facilitar la nacionalidad a los sefardíes: hasta finales de 2024 se habían concedido 72.209 nacionalidades por esa vía. Entonces se invocaba la reparación de un vínculo histórico. Vínculo que parece que no es relevante cuando se trata de descendientes de exiliados por el franquismo.

Pero la irrupción de Vox y ese artefacto judicial que es Iustitia Europa activaron las alarmas de la derecha. Los de Abascal llevaban tiempo alimentando la sospecha de que esta ley era, en realidad, una fábrica de votantes socialistas, así que cuando los populares se unieron a la nueva cruzada, la “integridad de la patria” exigió sacrificar los derechos de sus propios compatriotas. El PP viró en redondo y el Supremo acudió raudo al silbato.

La resolución es jurídicamente aberrante por una razón que el Supremo despacha con soberbia: los 163.020 afectados ya gozan de la nacionalidad española de pleno derecho. Tienen su pasaporte, constan en los registros del Estado y son ciudadanos a todos los efectos. Pero el Supremo, en una pirueta elitista, ha creado una ciudadanía de segunda categoría. El tribunal dictamina que el derecho de sufragio no es “absoluto” y congela el voto de miles de personas bajo la sospecha abstracta de que el trámite por el cual adquirieron su condición nacional fue “demasiado laxo”. Es un hito inaudito: un tribunal priva preventivamente de un derecho constitucional a ciudadanos legítimos para proteger una supuesta “limpieza del censo” que nadie ha demostrado alterada. El Supremo ha intervenido, pero siempre con mesura, ante fraudes localizados de empadronamiento municipal, el burdo “turismo electoral” de los caciques locales. Ahora no ha tenido reparos en aplicar una purga masiva a escala internacional a las puertas de unas generales.

Este movimiento no es sino es el enésimo capítulo de una trayectoria de resistencia numantina de la cúpula judicial contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Vivimos en ese país donde el Supremo se rebela contra el poder legislativo de forma sistemática. Hace apenas una semana, el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarle la plana a la Sala de lo Penal y al juez Pablo Llarena por su insólita interpretación de la Ley de Amnistía, acusándolos de inventarse un “beneficio patrimonial” para no aplicar la norma al delito de malversación. 

Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de un Tribunal Constitucional obligado a actuar a contrarreloj. La Abogacía del Estado no tiene otra salida que presentar un recurso de amparo urgente invocando la vulneración flagrante del derecho al sufragio activo (artículo 23 de la Constitución) y la indefensión absoluta (artículo 24) que supone exigir la revisión individual de más de 160.000 expedientes consulares en un intervalo temporal mínimo. Una vulneración de derechos fundamentales de manual. La clave está en que el Constitucional tiene la facultad legal de resolver solicitudes de medidas “cautelarísimas” de 24 a 48 horas: podría suspender la resolución del Supremo antes del 23 de octubre, fecha límite e inamovible en la que la LOREG exige cerrar el censo definitivo.

Quizás en previsión de esta posibilidad, Vox y la parte más vociferante del PP –la inefable Ayuso— ya se han dedicado a embarrar el terreno de juego. Ahora se entienden mejor las constantes referencias al “pucherazo” electoral por parte de los de Abascal o que la de Chamberí saliera a las primeras de cambio a cuestionar el voto por correo. No seré yo quien diga que hay vasos comunicantes entre la derecha y el poder judicial, un conducto por el que la afinidad ideológica circula a presión constante. Pero no está de más recordar que los populares estuvieron a punto de firmar en noviembre de 2018 un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con un Sánchez que acababa de ganar una moción de censura por primera vez en democracia. Un preacuerdo que Ignacio Cosidó vendió como “extraordinario” porque permitiría al PP controlar “la Sala Segunda desde detrás”.

Una oportuna filtración periodística de este mensaje de WhatsApp dio al traste con aquel preacuerdo y así seguimos ocho años después: con un CGPJ sin renovar, oportunamente dominado por una mayoría conservadora, que no ha tenido a bien reprobar ninguna de las delirantes actuaciones del juez Peinado, por poner solo un ejemplo. España se asoma a un escenario de colisión institucional sin precedentes. Quienes se llenan la boca con la separación de poderes han acabado por convertir el Tribunal Supremo en el órgano, también supremo, de la oposición política.

Hay muertes que pertenecen a la intimidad de una familia y hay muertes que, por las circunstancias que las rodean, terminan hablando de una sociedad entera. La de Maricarmen pertenece también a esta segunda categoría.

Su desahucio, el pasado 23 de septiembre, la convirtió en el rostro de un problema que llevaba demasiado tiempo acumulando cifras, informes y discursos sin encontrar una imagen capaz de condensarlo: la crisis de la vivienda.

Porque detrás de cada estadística hay una vida. Detrás de los precios del alquiler, de la dificultad para acceder a una casa o de los desahucios hay personas para las que perder su vivienda no significa simplemente cambiar de dirección. Significa perder seguridad, vínculos, recuerdos y, en ocasiones, una parte esencial de su propia identidad.

Maricarmen puso rostro a ese problema. Su historia permitió reconocer a miles de personas vulnerables que viven bajo la amenaza de perder su hogar. Y mostró también una dimensión que suele quedar en segundo plano: la de tantas mujeres de su generación cuya autonomía económica y residencial estuvo condicionada por relaciones de dependencia familiar y económica. Su biografía hablaba, al mismo tiempo, de vivienda, vulnerabilidad y desigualdad de género.

Pero su significado político va más allá de haber sido un símbolo. Su caso se convirtió también en una palanca de cambio.

En Ciencia Política sabemos que los problemas sociales no entran por sí solos en la agenda pública. A veces necesitan un acontecimiento capaz de concentrar la atención, generar identificación y convertir un malestar disperso en una demanda colectiva. Eso es lo que ocurrió con Maricarmen.

En cuestión de días, su caso desbordó el ámbito individual. La movilización llegó a la calle, al Gobierno, al Parlamento y hasta a un fondo buitre. La vivienda pasó de ser una preocupación estructural a convertirse en una urgencia política.

Con todas las diferencias y matices, hay algo que recuerda a la lógica del 15M: no porque ambos procesos sean equivalentes, sino porque en ambos casos un acontecimiento concreto consiguió condensar un malestar que llevaba tiempo acumulándose y convertirlo en movilización.

La velocidad de lo ocurrido resulta significativa. En apenas una semana, una mujer hasta entonces desconocida para la mayoría del país consiguió situar en el centro del debate una cuestión que llevaba años esperando una respuesta política a la altura de su dimensión social.

De aquella movilización surgieron dos decretos de vivienda. Fueron rechazados en el Congreso, pero sería un error medir su impacto solo por el resultado de una votación. También dejaron algo menos tangible, pero políticamente relevante: la expectativa de que existe otra política de vivienda posible, capaz de actuar a corto plazo ante situaciones de emergencia y de conectar con una demanda ciudadana que ya no puede ser tratada como un asunto secundario.

Ese es uno de los elementos más interesantes de esta historia. Una movilización puede no conseguir que sus demandas se conviertan de inmediato en ley y, sin embargo, cambiar los términos del debate. Puede hacer que determinados problemas ocupen el centro de la agenda, obligar a los partidos a posicionarse y ampliar los límites de lo que la sociedad considera políticamente posible.

La vivienda ya era uno de los grandes problemas sociales de España. Lo que hizo el caso de Maricarmen fue convertir ese problema en una experiencia colectiva reconocible. Y esa movilización terminó teniendo consecuencias en el propio calendario político, en un contexto de creciente dificultad parlamentaria que desembocó en el adelanto electoral.

Pero entre decretos, votaciones y estrategias electorales conviene no perder de vista lo esencial: Maricarmen era una persona antes que un símbolo.

Una mujer de 87 años que había vivido durante décadas en su casa y que terminó convertida, sin haberlo buscado, en el rostro de una crisis que afecta a miles de personas.

Ya no podrá volver a aquella casa. Esa es la parte más dolorosa de esta historia y la que ninguna política pública puede reparar.

Pero una sociedad democrática puede hacer algo con su historia: conseguir que su caso no quede reducido a la memoria de un desahucio. Puede utilizarlo para preguntarse qué entendemos por vivienda, qué nivel de vulnerabilidad estamos dispuestos a aceptar y hasta dónde debe llegar la responsabilidad de las instituciones cuando el mercado y la protección social entran en conflicto.

Porque Maricarmen fue una persona antes que un símbolo. Y precisamente por eso terminó convirtiéndose en uno.

Su muerte deja una ausencia. Su historia, una pregunta política: ¿qué hacemos como sociedad para que nadie tenga que convertirse en símbolo para poder ser protegido?

La presidenta del PP madrileño ha entendido que estas elecciones no solo decidirán quién gobierna España los próximos cuatro años, también quién mandará en el espectro la derecha española. Apenas conocido el adelanto electoral, ya puso bajo sospecha el voto por correo y alertó de un posible fraude. Exactamente lo mismo que pasó después de que el Frente Popular ganara las elecciones de febrero de 1936. Sabemos de sobra cómo acabó aquella historia. Y por eso mismo sorprende que sean columnistas y opinadores varios de medios de la derecha los que afirmen ahora que la izquierda española está creando un clima «guerracivilista».

La salida de tono de la de Chamberí no es nueva. Sigue su tónica habitual, ocupar desde su PP el espacio que hasta ahora ha colonizado la derecha radical: confrontación con Sánchez, guerra cultural, desconfianza hacia las instituciones y sospechas sobre el sistema electoral.

Además, mientras la conversación gira en torno al fraude electoral, queda en segundo plano otra polémica —una de tantas— que afecta a su gestión: la compra de un ático por 6,3 millones de euros justo enfrente de su madre. Pocos, excepto los más turiferarios, dudan ya de la verdadera intención de esa iniciativa inmobiliaria, perpetrada además con toda la opacidad posible: la adquisición fue gestionada por una empresa pública, Planifica Madrid. Una empresa con capital 100% de la Comunidad de Madrid, pero que opera bajo el régimen del derecho privado. Dicho en román paladino, que puede saltarse todos los controles a los que está sometida la administración pública. Que son muchos.

Esta no tan nueva faceta de promotora inmobiliaria de nuestra Ayuso la emparenta directamente con otro gran promotor inmobiliario de fama, lamentablemente, mundial: Donald Trump. O ‘el agente naranja’, como lo llama Claudi Pérez. La presidenta de Madrid es la variante más castiza y chulapa de ese trumpismo internacional que se expande con la misma rapidez y toxicidad que ese herbicida de color naranja con el que Estados Unidos pretendía arrasar las junglas de Vietnam. Por eso no es de extrañar que, como el presidente de los Estados Unidos, Ayuso se sume también a la campaña del pucherazo. En la otra orilla del Atlántico, la cosa acabó el 6 de enero de 2021 con un asalto al Capitolio, símbolo sacrosanto de la primera democracia moderna del mundo, retransmitido en vivo y en directo a todo el mundo. 

El problema es que ese relato choca con la realidad. La OSCE calificó las elecciones españolas de 2023 de competitivas y plurales, señaló que fueron gestionadas de forma eficaz y que los organismos electorales gozaban de confianza. Sobre el voto por correo, habló de una alternativa eficaz y mostró absoluta confianza en el procedimiento.

Hay, además, un dato todavía más incómodo para quienes intentan presentar el voto exterior como una amenaza: en 2023, el escrutinio del CERA (Censo Electoral de residentes Ausentes) permitió al PP ganar un diputado en Madrid que inicialmente se atribuía al PSOE. Qué más da. A ese cóctel incendiario que conforma el conglomerado PP -VOX le interesa otro tipo de cera, más en la línea de Karate Kid: «dar cera, pulir cera». A fin de cuentas, en este mundo en que vivimos, ¿a quién le importan la realidad, los datos o la validación de las instituciones internacionales? 

Pero la batalla decisiva para la derecha está en otro sitio. El PP llega a las elecciones con un competidor que ya no se limita a disputarle votos, sino que se permite fijar las condiciones de una futura mayoría de gobierno. Abascal (im)pone ya al PP “prioridad nacional”, “desregulación” y “remigración”. España estaría “invadida”, Sánchez sería un “candidato marroquí” y la izquierda el Anticristo. Ahí está el principal dilema de Feijóo. Competir con la derecha radical en sus propios temas puede contener fugas, pero también reforzaría al partido que ha hecho de ellos su principal seña de identidad. 

Esa estrategia de cooptación del espacio electoral de Vox explica la última y tronante intervención de Aznar. Si lo de Ayuso es de traca, lo de Aznar es de pena. Entre otras cosas, porque no es un personaje extemporáneo sin experiencia previa. Hablamos de alguien que fue presidente de gobierno, aunque saliera por la puerta de atrás de la historia después de mentir sistemática y descaradamente a la ciudadanía. Un historial ciertamente impresionante: la crisis del Prestige, las armas de destrucción masiva en Irak, el accidente del Yak-42 y los atentados del 11M. 

Porque si Ayuso alienta la teoría del fraude electoral, Aznar amaga con el golpe de Estado: asegura que, si gana Sánchez el 29N, «sin duda» proclamará la República. De forma, evidentemente, inconstitucional, porque la forma del Estado no solo está plenamente consagrada en el artículo 1.3 de la Constitución, sino que la posibilidad de cambiarla supondría un procedimiento de reforma «agravado», todo un viacrucis recogido en el artículo 168. Les ahorro los detalles, pero en la práctica, exige que los dos grandes partidos estatales tengan que ponerse de acuerdo, que se ganen dos elecciones consecutivas con mayorías abrumadoras y que se valide en las urnas con un referéndum, motivo por el cual muchos juristas consideran que la monarquía está blindada de facto ante mayorías parlamentarias simples o coyunturales. 

Y acabamos de empezar con la precampaña. Por eso yo propondría que en estos dos meses que nos esperan hasta las elecciones —y que se nos van a hacer muy largos— las empresas demoscópicas elaboren, además de los habituales trackings, un estudio especial: un «barbaritómetro» para medir la intensidad de los exabruptos y salidas de tono que la derecha, capitaneada por la presidenta promotora y secundada por el oráculo de FAES, proferirá este otoño electoral.

Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre. Tiene 54 días por delante. Y, en política, eso puede ser una eternidad si se consigue cambiar el eje de una campaña. Que se lo pregunten al Aznar de 2004.

El presidente ha planteado su comparecencia como una elección entre dos modelos de gobierno. Una decisión lógica: cuando un ejecutivo no puede sacar adelante sus principales iniciativas parlamentarias, solo las urnas pueden desbloquear una situación enquistada. Sánchez no puede plantear estas elecciones únicamente como un plebiscito sobre lo que ya ha hecho (poco, en materia de vivienda). Tiene que convertirlas en una consulta sobre lo que puede hacer. O, dicho de otra manera, tiene 54 días para conseguir que los españoles no voten únicamente contra alguien, sino a favor de algo.

Ahí está la clave.

Porque el argumento del miedo a la suma PP y Vox ya no tiene la capacidad movilizadora que pudo tener en 2023. El propio PP ha contribuido, y mucho, a ello. La derecha liberal ha dejado de presentar a Vox como una anomalía y ha incorporado buena parte de sus temas y marcos al debate político, como la inmigración y ahora el señuelo electoral de la «prioridad nacional». Por eso, la campaña no se ganará solamente agitando el espantajo del miedo a la derecha, sino explicando qué alternativa de gobierno se ofrece frente a ella.

La polarización afectiva es hoy uno de los grandes motores electorales: votamos, más que por identificación, por rechazo al adversario a quien consideramos una amenaza existencial. En ese terreno, PP y Vox tienen mucho avanzado, ya que se han dedicado toda la legislatura a explotar todo tipo de emociones negativas en torno a un Sánchez convertido en poco más que un súcubo sediento de poder. 

Sánchez necesita jugar otra partida: la de la ilusión.

Si algunos liderazgos progresistas han conseguido recientemente éxitos electorales ha sido por las expectativas generadas con sus propuestas de mejora de la vida cotidiana de sus votantes, no por amedrentarlos con lo que pasaría si gobernaran los otros.  

Y aquí es donde aparece la vivienda.

Porque no hablamos únicamente de un elemento material, secundario y menor. Una vivienda es el núcleo sin el cual no se puede imaginar un proyecto de vida. Un proyecto que necesita cierta estabilidad, no ir deambulando de casa en casa o, peor aún, descendiendo del purgatorio del alquiler de una vivienda maltrecha al infierno de una habitación compartida, con cocinilla y nevera pequeña.

Ningún partido ha conseguido capitalizar políticamente el problema de la vivienda y, por eso, veremos una pugna en las izquierdas por hacerse con este nuevo reclamo electoral. El gobierno y sus socios tienen ahora la oportunidad de convertir este estallido social en una discusión sobre qué tipo de solución política propone cada bloque al problema habitacional.

Este es un tema que incomoda especialmente a la derecha. En primer lugar, porque pensaba alimentar su campaña con la carnaza electoral del antisanchismo, una demonización larga y pacientemente trabajada durante esta convulsa legislatura. Y no solo a nivel político y mediático: quien ha podido hacer, ha hecho. Pero la irrupción volcánica del problema latente de la vivienda les obliga a mover el foco y a responder a una demanda que atraviesa ideologías: incluso entre votantes conservadores existe una opinión favorable a cierta intervención o contención pública de un mercado desbocado.

A favor de la derecha juega, en cambio, que su electorado está muy movilizado alrededor de tótems ideológicos que han demostrado rendir buenos beneficios electorales, como la inmigración. A lo que habrá que sumar la vuelta —con todo tipo de fanfarria, pompa y circunstancia— de Puigdemont. No olvidemos que la defensa de la «indisoluble unidad» de España —como dice el artículo 2 de la Constitución— ha tenido históricamente mayor capacidad de tracción emocional en la derecha. Y tampoco olvidemos que Vox prorrumpió en la escena política española con el Procés. Ellos son precisamente los que más han hecho por propalar ese «nacionalismo catastrofista» que presenta a España como una nación asediada y amenazada que requiere un estado de excepción que ellos quisieran permanente.

Por su parte, la izquierda a la izquierda del PSOE suma sus propios demonios: su atávica fragmentación. En 2023, Sumar —con Podemos dentro— obtuvo algo más de tres millones de votos, pero se quedó sin representación en 19 circunscripciones. Es decir, cerca de 600.000 votos les resultaron inútiles: hay que convertir votos en escaños. Ahora, si comparecen con papeletas distintas y unas previsiones que, en el mejor de los casos, les sitúan en un 9,4% conjunto, el descalabro puede ser monumental. No hay que descartar que Sánchez haya querido aprovechar, también esta vez, la estratagema del voto útil para fagocitar ese espacio cainita a su izquierda. Difícil.

Pero aún hay más. Sánchez jugará esta partida electoral con un as en la manga: la Diputación Permanente. La configuración que quedará cuando se disuelvan las cámaras es, como todo en esta legislatura, enrevesada. Porque, siendo actualmente la representante del Grupo Mixto en ese órgano provisional Ione Bellarra —y no UPN—, el Gobierno ya ha anunciado que intentará convalidar los dos decretos decaídos en el Congreso… sin necesidad de contar con Junts, aunque los posconvergentes se unan al bloque formado por PP y Vox. Por un solo voto (35 contra 34). Faltaría saber qué hará el PNV, pero, a diferencia de los de Puigdemont, la principal competencia de los jeltzales se sitúa a su izquierda y no a su derecha: es Bildu, no Aliança Catalana. Es decir, que Sánchez podrá contraponer el papel oficial del BOE al papel, casi siempre mojado, de un programa electoral. Acción de gobierno contra promesa de gobierno. No es mala baza.

Maquiavelo afirmó que es la fortuna quien gobierna buena parte de los asuntos humanos, pero el político —el princeps— puede aprovecharse de ella haciendo uso de su virtù, que no tiene nada que ver con la virtud cristiana, sino que resulta de la combinación de energía, determinación, astucia, estrategia y flexibilidad adaptativa. Leer la coyuntura consiste precisamente en eso: saber cuándo una elección se dilucida apelando al pasado y cuándo puede conseguirse que se vote pensando en el futuro.

Por eso estas elecciones serán también una batalla por cuál de todas las emociones puestas en liza durante esta legislatura acaba decidiendo el voto: si el miedo, el enfado y el rechazo o la expectativa razonable y hasta la esperanza.

Hay reveses parlamentarios que pueden acabar siendo victorias políticas. La derrota del Gobierno hoy en el Congreso, al ser tumbados los dos decretos de vivienda, puede ser una ocasión inmejorable para que Pedro Sánchez vuelva a poner a prueba sus virtudes como malabarista electoral, como sucedió en 2023. Junts ha votado con PP, Vox y UPN para tumbar las medidas. Pero lo importante no es quién ha ganado o perdido en el Congreso; es el horizonte electoral que se abre.

Porque esta semana la vivienda ha dejado de ser solo una emergencia social para definir un nuevo terreno de juego donde visualizar un modelo distinto de entender y hacer política. No en el futuro, sino ahora. No en un programa electoral, sino en el BOE. La política pública ha salido del papel y ha entrado en la vida cotidiana. 

Y aquí aparece un ingrediente electoralmente clave: la vivienda es una de las pocas cuestiones capaz de atravesar el telón de acero que separa la política española en dos bloques irreconciliables. El 67,5% de los españoles apoya limitar los precios del alquiler. También lo hace el 56,5% de los votantes del PP y el 55,2% de los de Vox. El 82,4% respalda ampliar la vivienda social y el 79,7% dar ventajas fiscales a pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles. La vivienda es ya el segundo problema que más preocupa, solo por detrás de la inflación.

La derecha española se ha pasado toda la legislatura enarbolando el espantajo de la ocupación. Es decir, poniendo todo el foco en el propietario. Pero ahora el debate se ha desplazado hacia el alquiler, la emancipación y el miedo a perder la casa, lo que resitúa el núcleo del problema en los inquilinos, los hipotecados y la cada vez más ingente masa que no puede aspirar ni siquiera a ser ni una cosa ni otra.

Eso ha obligado a PP y Vox a recolocarse tan deprisa que han cometido errores de bulto que ahora el PSOE puede aprovechar: Feijóo ha prometido derogar decretos que protegen los derechos de los arrendatarios y fía su contrapropuesta al aumento de la oferta, la movilización de suelo y la construcción un millón de viviendas. Vox comparte parte de ese discurso, pero sitúa la inmigración en el centro de su explicación. 

Dos partidos que según casi todas las encuestas sumarían 200 diputados y que habían encontrado en la inmigración —con la crisis de Ceuta como símbolo— y la corrupción sus principales ejes de oposición, se han descentrado de improviso. Si para Abascal el problema se llamaba “Morocarmen”, para Sánchez Maricarmen es el nombre de un cisne negro. 

Pero hay otra dimensión. La vivienda puede ayudar a recomponer una izquierda estatal fragmentada y con problemas de movilización. PSOE, Sumar y Podemos comparten un electorado para el que este asunto es vital y urgente. Aunque la preocupación por la vivienda atraviese los bloques, será difícil que aliente trasvases de votos, pero puede fraguar y cimentar un espacio, el de la izquierda, que en las encuestas aparecía disperso, agrietado y desmovilizado.

Hasta ahora, buena parte de la polarización afectiva ha movilizado a la derecha desde el miedo, el rechazo, la indignación o la ira. El imprevisto giro de guion de la vivienda ha despertado otra emoción: la esperanza. Y para ponerse del lado de esa esperanza, el PSOE se ha visto obligado, sin enmendar el diktat neoliberal del libre mercado, a alinearse con propuestas que hacen partidos y líderes situados a su izquierda. En Berlín, Die Linke colocó los alquileres en el centro de su campaña. En Nueva York, la asequibilidad y el coste de la vida fueron elementos centrales del mensaje de Zohran Mamdani. No son modelos trasladables sin más, pero muestran cómo un problema cotidiano puede convertirse en un eje de movilización.

Y aquí aparece la cuestión decisiva: el tiempo.

El Gobierno se enfrenta a numerosos frentes: la inmigración, la corrupción y una inflación que aumenta por los problemas en las cadenas de suministro Problemas que pueden volver a dominar la agenda y que, en buena parte, dependen de una coyuntura internacional que Moncloa no controla. Esperar hasta el verano de 2027 significa dejar que ese escenario pueda seguir empeorando y dejando al gobierno sin capacidad de respuesta. Poco o nada puede hacer Sánchez en Ormuz o en Ucrania.

¿Por qué, entonces, esperar a 2027 si esta ventana puede cerrarse en unos meses? El adelanto electoral ha dejado de ser solo una hipótesis de tertulia para entrar en el terreno del cálculo político, con una derecha descolocada de repente y con un Junts que puede haber medido mal su apuesta: la fotografía que puede salir hoy del hemiciclo del Congreso —PP, Vox y los siete diputados de Puigdemont votando juntos contra los decretos— puede suponerle un elevado coste electoral en Catalunya, donde Aliança le disputa el flanco identitario y el PP su base social de botiguers, tan crucial para sostener a CiU tantas décadas.

Cuando todo parecía conducir la campaña hacia la inmigración, la corrupción y el miedo, ha aparecido un tema capaz de hablar de reorientar el problema seguridad hacia un lugar que no favorece tanto a la derecha española ni catalana: la seguridad de tener una casa, sea en alquiler o en propiedad, de poder pagarla y de no perderla.

A veces, en política lo decisivo no es saber qué tema va a centrar la campaña. Es cuánto tiempo tienes para convertirlo en una baza electoral en un mundo como el actual, exaltado y sobresaltado, donde el foco de atención mediática y pública cambia casi cada semana.

Hay problemas cuya solución no cabe en un tuit. El de la vivienda, por ejemplo. El precio medio del alquiler en España ronda ya los 1.176 euros mensuales y el de compraventa creció un 12,8% interanual. Más del doble que la media europea.

Para solventar la cuestión, Vox ofrece —como para casi todo— una solución muy sencilla: menos inmigración, más desokupación y seguir señalando a Sánchez. Para ellos, el problema se resuelve señalando culpables: si no puedes pagar el alquiler, acabas convertido en un okupa; si no puedes comprar una casa, el culpable es el inmigrante; y, si todo falla, siempre queda el comodín Sánchez.

Todos estos mensajes son ideales para esas redes sociales que demandan mensajes cortos y fáciles de viralizar. Pero ¿qué propone exactamente Vox en sus programas electorales?

Porque el hecho es que, cuando atendemos al perfil de una franja importante de sus votantes —sectores trabajadores que se han alejado de la izquierda— encontramos una significativa contradicción. Y es que para los trabajadores menos cualificados la vivienda es, con diferencia, el problema que más destacan en las encuestas del CIS: el 35%, frente al 4,1% que recibe la inmigración. Pero, a esa masa más menesterosa de potenciales votantes, Abascal les ofreces en realidad exactamente lo contrario de lo que necesitan: la agenda habitacional del partido sigue centrándose en liberar suelo, reducir regulación, proteger al propietario, facilitar la construcción de renta libre y combatir la ocupación con desalojos en menos de 48 horas.

Pero esas medidas que favorecen a los grandes tenedores, alientan la especulación inmobiliaria y perjudican a un precariado cada vez más numeroso no se quedan solo en el papel del programa electoral, sino que escalan a los acuerdos autonómicos que Vox ha firmado con el PP este año, donde se despliega sin tapujos todo este viejo recetario neoliberal, aliñado además con ese nuevo mantra electoral de la «prioridad nacional». Una cantinela que tiene mucho gancho electoral, cosa de la que Vox es perfectamente consciente: el pasado junio llevaron al Congreso una moción para que los españoles tuvieran preferencia para comprar, alquilar o acceder a vivienda social. Fue rechazada por 314 votos frente a 33, lo que los sitúa como único referente electoral que defiende los intereses de los «verdaderos» españoles frente a la «invasión» inmigrante.

En cambio, a todos aquellos que defienden políticas sociales más redistributivas o una mayor intervención estatal del mercado, solo les espera la demonización más descarnada. El caso de Maricarmen lo mostró con especial crudeza. La gran aportación de Abascal al debate fue un tuit en el que llamó «milicias de Sánchez» a los manifestantes que salieron a la calle y acamparon en Sol. Además, con una paronomasia supuestamente ingeniosa, alentó esa teoría conspiranoica que asegura que las fuerzas tradicionales —esas que se opusieron a su moción— están particularmente interesadas en sustituir a la población blanca y cristiana europea por un nuevo contingente de población inmigrante que les sea electoralmente fiel: «toda España sabe que, si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa», escribió. La teoría del Gran Reemplazo sintetizada en 13 palabras.

Pero la frase, con ser supuestamente ocurrente, no explica por qué comprar o alquilar una vivienda cuesta hoy un 80% más que hace una década ni qué problemas causan la concentración de la propiedad, los fondos de inversión, el alquiler turístico y de temporada o un parque público que apenas representa el 2,5% del residencial, frente al casi 10% de la media europea. Para eso no sirven los retruécanos, los calambures ni otros juegos de palabras que tan bien quedan en un tuit.

Y luego está el PP. Esta táctica simplista y simplificadora, que supone una ventaja competitiva para Vox, es un problema para un PP que, según las encuestas, lideraría un futuro gobierno de coalición. Porque si ahora la cuestión es quién puede ofrecer el titular más duro contra los okupas o los inmigrantes, el año que viene el problema será qué políticas concretas podrían evitar que más personas sean expulsadas del mercado residencial. La próxima votación parlamentaria sobre vivienda será un buen test para identificar la posición del PP en este complicado asunto, una bomba de explosión retardada que le puede estallar cuando encabece ese futuro gobierno «limpio y decente» que garantice «los servicios públicos y la igualdad de los españoles».

Porque la emergencia habitacional no desaparecerá en un año. Seguirán faltando viviendas asequibles en un mercado desregulado, un mayor parque público, los alquileres seguirán presionando los salarios y miles de jóvenes continuarán retrasando su emancipación, aunque sea en una pequeña habitación de un piso compartido —con nevera y una pequeña cocina, con suerte—, una solución de último recurso que, aun así, no para de aumentar de precio porque ahora mismo la vivienda no es un derecho, sino una mercancía de alto valor especulativo, dadas las garantías que ofrece el marco legal español a los propietarios.

Así que sí, una frase ocurrente puede que sirva para ganar votos ahora. Pero solucionar —o simplemente paliar— el problema exige y exigirá implementar medidas concretas, osadas y, sobre todo, efectivas. Porque, cuando no funcionen, ya no estará Sánchez para cargar con las culpas.

Friedrich Mertz aludía a la creciente “fascinación que despierta el autoritarismo en nuestra sociedad” para justificar la debacle de los democristianos en las recientes elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Por primera vez desde la fundación de la República Federal, en 1949, la CDU se queda fuera de un parlamento regional. Se convierte en fuerza extraparlamentaria, como lo había sido la extrema derecha alemana hasta agosto de 2014, cuando consiguió entrar en el parlamento de Sajonia (sin Anhalt) con el 9,7% de los votos. Doce años después. Alternativa por Alemania (AfD) rozó el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt y el 38,2% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Es el mundo al revés, sin duda, pero no puede decirse que sea un hecho inesperado, uno de esos cisnes negros sobre los que especulaba Nicholas Taleb. Esta —también— es la historia de una muerte anunciada. Y lo peor es que no tiene visos de solucionarse si los análisis descansan de manera simplista y simplificadora sobre esa nueva “fascinación por el autoritarismo” que le sirve al canciller para meter en el mismo saco a AfD y a Die Linke, cuya candidata fue la más votada en las elecciones municipales de Berlín con un programa centrado en la crisis de la vivienda y del alquiler en la capital de la República, proponiendo medidas semejantes a las que sirvieron a Zohran Mamdani para ganar en Nueva York. Elif Eralp, futura alcaldesa de Berlín, es hija de padres turcos exiliados. Mamdani, por su parte, tiene orígenes ugandeses y sobre todo indios. Parece que la nueva política de izquierdas es cosa de expatriados, de outsiders de un sistema político cuyos principales representantes –conservadores, socialdemócratas y liberales— se han estado pasando la patata caliente de la gobernabilidad sin dar respuesta a los cada vez más acuciantes y concretos problemas de una ciudadanía harta de oír que “no hay alternativa” a un capitalismo desenfrenado que lo convierte todo en mercancía susceptible de ser vendida o comprada atendiendo exclusivamente a la maximización de beneficios. En 1987, el Gordon Gekko de Oliver Stone afirmaba que “la codicia era buena”. En 2010 rubricó la frase asegurando que «ahora es legal».

El programa de la extrema derecha alemana, como el de todos sus correligionarios, también asegura preocuparse por los problemas cotidianos de la gente, incluida la vivienda. Pero para solucionarlo echan mano de lo que el sociólogo Richard Seymour ha llamado “nacionalismo catastrofista” (disaster nationalism), que se caracteriza por una fijación por las fantasías del colapso y, sobre todo, por la canalización del resentimiento y la humillación individuales —económicas y sociales— hacia una nueva política de la crueldad y una violencia compartida hacia colectivos más vulnerables: los inmigrantes, sobre todo. Es lo que Pablo Stefanoni llama en su reciente y muy recomendable libro, Un fantasma recorre el mundo, el «malismo». Y es, exactamente, lo que está pasando en Ceuta. La agresión a una diputada ceutí, a un activista y a una abogada especializada en derechos humanos es una buena muestra de que las palabras exaltadas acaban provocando mucho más que simples incendios verbales. Hablar de “invasión” por parte de Vox es un ardid electoralmente interesado. 

Porque el monocultivo informativo del problema ceutí —que existe, sin duda— no solo beneficia a la extrema derecha patria y a unos populares que intentan darles caza con más dosis de tremendismo y dejando que el problema se le enquiste al Gobierno. Lo peor es que desplaza el foco de atención de otros problemas que urge solucionar cuanto antes, a riesgo de que el colapso deseado por los extremistas acabe con los andariveles de la democracia, ya tambaleantes. Por ejemplo, la pobreza laboral. En 2025, el porcentaje de personas que, a pesar de tener trabajo, estaban en riesgo de exclusión social subió hasta casi el 16%. Si tenemos en cuenta que hemos alcanzado el récord de afiliación activa a la Seguridad Social, con 22,5 millones de personas, es evidente que la distancia entre las boyantes cifras macroeconómicas y las depauperadas economías domésticas es una de las claves que más y mejor explican ese malestar que sirve de combustible electoral a las extremas derechas aquí y en todo el mundo. 

¿Y qué decir de la vivienda? La semana pasada, el PSOE se abstuvo en una proposición de ley que abogaba por prohibir que empresas y fondos buitres compraran casas y edificios con fines especulativos. Los socialistas arguyeron que la propuesta generaba inseguridad jurídica y que es mejor aumentar la fiscalidad a compras de extranjeros no residentes y penalizar los pisos vacíos, cosas que no han hecho hasta el momento. Pero el mayor obstáculo para solventar el problema de la vivienda en España es legislativo: nuestro marco regulador se ha orientado durante décadas a proteger la seguridad del tráfico mercantil y la rentabilidad de la inversión inmobiliaria. Aquí el inversor siempre gana y por eso se invierte a espuertas. Hace pocos días hemos sabido que las ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre de este año han aumentado un —brutal— 27,5% interanual: más de la mitad se firmaron en plena burbuja inmobiliaria, entre 2005 y 2008. 

Veinte años pagando una hipoteca para acabar perdiendo el dinero y la casa. Eso también es una catástrofe. 

Hay políticos que gobiernan y políticos que, además, saben generar imágenes icónicas. La presidenta madrileña destaca sobre todo en el segundo grupo, el de la política de escaparate. Los ingleses lo llaman political posturing. Recordemos su gran contribución a la gestión del covid-19: un hospital Zendal cuya utilidad todavía hoy no está muy clara. Su última gran escenificación ha sido la Fórmula 1 de Madrid: un circuito convertido en escenario político, miles de espectadores, cámaras, pilotos, Felipe VI, la princesa y la infanta. La creciente turistificación del mundo ha hecho que numerosas ciudades se conviertan en parques temáticos que hacen las delicias de los turistas y la vida imposible a los vecinos. Venecia es el ejemplo paradigmático. Convertir Madrid en un escaparate es la quintaesencia de una líder escaparatista —y escapista— como Ayuso. 

Para aderezar aún más la carga folletinesca del evento, la presidenta acabó auxiliando a un aficionado que se había desmayado por el calor. La imagen contiene buena parte de los ingredientes de la política de nuestro tiempo: emoción, espectáculo y una dirigente cercana. En las gradas, además, se escucharon insultos contra Pedro Sánchez. La escena encaja a la perfección en el relato político de Ayuso.

Porque nada de esto es casual.

A poco más de ocho meses de las elecciones autonómicas, no basta con gobernar: hay que fijar el marco discursivo en el que los ciudadanos juzgarán la legislatura. Y la estrategia pasa por convertir cada acontecimiento en una elección entre ella y Sánchez. La cuestión no es saber cómo está la Comunidad de Madrid, sino si se prefiere a Ayuso o a Sánchez. En 2021, recordemos, la dicotomía fue “comunismo o libertad”. Política de trazo grueso en blanco y negro, ideal para tiempos de elevada competencia por la atención y escasa capacidad de concentración.

En comunicación política se conoce como “agenda diversionista” cuando la estrategia pasa, no por negar un problema, sino por impedir que se convierta en el problema dominante. Cuando el Ejecutivo regional puede ser juzgado por la vivienda, la sanidad, las emergencias, los servicios públicos o el uso del dinero público, trasladar la competición al terreno nacional modifica el terreno de juego. 

Lo vimos en el último Debate sobre el Estado de la Región. La líder de los populares volvió a nacionalizar la discusión, convirtió a Sánchez en el centro del debate y mezcló inmigración, seguridad, Ceuta y Marruecos con la política autonómica. El mecanismo es sencillo: si el debate se libra sobre Sánchez, Ayuso juega en casa; si se libra sobre Madrid, la oposición puede obligarla a rendir cuentas sobre su gestión.

Las encuestas más solventes todavía la sitúan en una posición muy fuerte y algunas mantienen su mayoría absoluta. Pero también muestran un Vox con margen de crecimiento. Por eso la cuestión no es ganar, sino hacerlo con la suficiente holgura como para no necesitar a Vox y conservar, al mismo tiempo, una autoridad sobre Feijóo que ningún otro presidente autonómico puede exhibir con tanta fuerza.

Porque esa es la otra carrera de fondo en la que participa la presidenta madrileña, que disputa también, más o menos indisimuladamente, el liderazgo a Feijóo. Su posición sobre Ceuta lo demuestra: ha llegado a afirmar que, si ella llegara a La Moncloa, rompería relaciones con Marruecos. Una declaración que coloca al líder del PP en una posición incómoda y permite a la madrileña ocupar el espacio más duro de la derecha, ese por el que compite con Vox. Así presiona a Feijóo, contiene a Vox y mantiene movilizado a su electorado con el espantajo del antisanchismo.  

Pero hay una curva que quizá no pueda tomarse a 300 kilómetros por hora: la de la vivienda.

El ático de Chamberí conecta una cuestión de transparencia con una preocupación que atraviesa buena parte de la sociedad. La pregunta es peligrosamente sencilla: ¿por qué era necesario comprar ese ático, quién decidió hacerlo y dónde está el expediente que lo justifica? Aquí el relato de Ayuso encuentra un límite que no colinda con Sánchez.

La vivienda es uno de los grandes problemas económicos y sociales del país. Es, de hecho, una bomba social de efecto retardado que puede hacer saltar por los aires la ya frágil línea sobre la que flotan con dificultades las democracias liberales. Afecta a jóvenes, familias, trabajadores y clases medias. Y el famoso ático reúne dos malestares que pueden cruzarse en una campaña electoral: el precio de la vivienda y la sospecha de un uso opaco y más que discutible del dinero público.

Por eso esa terraza de Chamberí puede acabar convertida en una de las imágenes de la campaña. Una imagen de la que Ayuso intenta ahora escapar a bordo de un Fórmula-1. Es su última añagaza para desviar la atención y controlar la conversación. Pero si en mayo de 2027 la conversación pública acaba centrándose en cuánto cuesta vivir en Madrid, qué se hace con el dinero público y quién responde por ello, el rugido del motor puede no ser suficiente para tapar el ruido de fondo. Especialmente, con Vox esperando a salir de la zona de boxes.

Porque un o una piloto de Fórmula 1 puede ganar un Gran Premio por rapidez y pericia. Pero también puede estrellarse si midió mal las distancias al encarar una curva.

Los resultados electorales de Sajonia-Anhalt debería preocupar a todos los partidos democráticos europeos y, en particular, a los conservadores que creen que la mejor manera de frenar a la extrema derecha es parecerse un poco más a ella.

AfD ha obtenido el 43,8% de los votos, más del doble que en 2021, con una participación del 77,8%, récord desde la Reunificación. No estamos, por tanto, ante una victoria producida por la abstención de los demás, sino ante una movilización masiva en torno a AfD.

Pero lo que importa para España no son tanto las cifras como la lección política que encierran.

AfD ha conseguido integrar malestares diferentes en una única narrativa: desigualdad económica, inseguridad, inmigración, pérdida de estatus, desconfianza hacia las élites y refuerzo identitario. En el este alemán existe una herida histórica que ninguna política posterior a la Reunificación ha conseguido cerrar. De hecho, los resultados de las elecciones de este land sirven para ilustrar a la perfección qué es lo que ha pasado en las sociedades capitalistas democráticas en los últimos 36 años. En 1990, la CDU liderada por Helmut Kohl consiguió en Sajonia-Anhalt un récord hasta ahora imbatido: cosechó el 39% de los votos. Fue el año de la Reunificación, cuando la democracia y el capitalismo eran objeto de deseo y motivo de esperanza. Más de tres décadas después, casi el 44% de los electores ha apostado por la extrema derecha: aquel sueño de la democracia capitalista parece ahora más bien una pesadilla.

Hablamos de «la Reunificación», pero Ilko-Sascha Kowalczuk, un historiador de Berlín este, habla de «la Absorción» (Die Übernahme). En un libro publicado en 2019 describe cómo aquella compleja operación de Estado funcionó como funciona la adquisición de una empresa: se cogieron los activos de la República Democrática Alemania, se desmantelaron sus instituciones y la Alemania Occidental absorbió el territorio sin adoptar prácticamente nada del legado del Este.

Eso explicaría la desigualdad crónica aún evidente entre los restos de aquellos dos Estados. En 2024, la renta disponible por habitante de Sajonia-Anhalt fue de 26.297 euros, casi cuatro mil euros menos al año que los 30.069 de media alemana. Cifras todavía más reveladoras: el ingreso primario, antes de transferencias sociales, es el 73% de la media, los salarios el 78,2% y los ingresos patrimoniales apenas el 49,6%.

Hablamos de economía, pero también de dignidad e identidad. Porque una persona no vota solo con la nómina. Vota también sugestionado por la sensación de que su comunidad no importa, que no es escuchado ni tenido en cuenta.

Ahí está una de las claves del éxito de AfD y de la extrema derecha europea. Su programa ofrece respuestas sencillas a problemas complejos: menos inmigración y más deportaciones, recuperación de soberanía y confrontación con las élites políticas y económicas. La inmigración es el contenedor en el que se depositan todo tipo de frustraciones.

También funciona la nostalgia. No tanto por el comunismo real como por una versión idealizada en la que había seguridad, comunidad, empleo y certezas. Justo lo que el capitalismo neoliberal no ofrece. Se trata de una memoria selectiva de un pasado que nunca existió realmente así, pero que sirve como imagen especular de un presente que no satisface.

La otra gran lección es la humillante derrota de la CDU de Friedrich Merz. Ha pasado del 37,1% al 17,2%, perdiendo casi la mitad de su apoyo. Lo cual obliga a plantearse una pregunta —incómoda— que también debería hacerse el Partido Popular español: ¿qué ocurre cuando la derecha tradicional intenta competir con la extrema derecha adoptando su discurso?

La estrategia no es nueva. Se conoce como «triangulación política» y la experiencia alemana ofrece una respuesta poco halagüeña: endurecer el discurso sobre inmigración no solo no garantiza recuperar al votante de extrema derecha, sino que vuelve hegemónico su marco cognitivo. Si el votante prefiere la posición más dura sobre inmigración, ¿por qué habría de contentarse con una copia moderada?

Eso explica la escalada verbal entre PP y Vox a cuenta de la crisis de Ceuta, ese laboratorio en el que esta nueva política de extremos está experimentando tácticas y estrategias. Feijóo podría haber aprovechado la ocasión para demostrar que él encarna una alternativa entre el optimismo ingenuo de unos y la deriva deshumanizadora de otros. Habría podido defender el control de las fronteras, exigir una respuesta europea, reclamar seguridad y capacidad del Estado y, al mismo tiempo, negarse a despojar al inmigrante de cualquier dignidad humana.

Ha hecho todo lo contrario. Ha intentado superar a los de Abascal en dureza retórica y crudeza política. Pero lejos de frenar a su más directo adversario por la derecha, el PP ha contribuido aún más a agudizar un estancamiento —detectado en prácticamente todas las encuestas— que sitúa su techo electoral alrededor del 32%, mientras Vox se dispara, rozando en algunas encuestas los veinte puntos porcentuales. De confirmarse electoralmente esas cifras, ambos gobernarían con holgura, cierto, pero el equilibrio de poder dentro de la coalición cambia mucho si es tu socio quien ha salido más reforzado.

Así que el resultado de Sajonia-Anhalt es mucho más que un hecho histórico y alarmante. Es —también— un aviso. Para quien lo quiera, o lo sepa, entender.

Hay algo más peligroso que la violencia racista: que acabemos viéndola como una reacción inevitable -o justificable- ante una crisis migratoria. No lo es. Ceuta no es una excepción ni un estallido espontáneo. Tampoco toda protesta contra la gestión migratoria es necesariamente violencia ultra. Conviene mirar el patrón que vimos en Torre Pacheco, Southport, Epping y Belfast. Y que vuelve a aparecer en Ceuta.

La secuencia tiene cuatro fases: frustración, propaganda, movilización y violencia.

La primera es la frustración. Siempre hay un detonante real: una agresión, una ciudad que se siente abandonada o unos servicios insuficientes. Ese malestar merece respuestas políticas. El giro llega cuando alguien decide convertirlo en odio. Entonces cambia el foco. Ya no se habla de recursos, gestión o responsabilidades institucionales. El objetivo pasa a ser acechar, perseguir y hasta linchar a los inmigrantes. Una crisis compleja encuentra un culpable sencillo. Es ahí donde entra la extrema derecha.

Southport mostró la dinámica: un crimen terrible fue acompañado de falsedades sobre el origen del agresor que alimentaron, a su vez, ataques contra mezquitas, hoteles de solicitantes de asilo y comunidades migrantes. En Belfast hemos visto una secuencia parecida.

La segunda fase es la propaganda. La infraestructura digital del odio no aparece cuando estalla una crisis. Lleva años funcionando, acumulando seguidores, conectando grupos y difundiendo narrativas como “invasión”, “reemplazo” o “remigración”.

En Ceuta los datos muestran hasta qué punto puede acelerarse: en solo 25 días se detectaron 78.476 mensajes de odio relacionados con la crisis, con un pico de 6.615 en un solo día, casi tres veces más que la actividad habitual. Los principales objetivos de la cacería digital fueron personas norteafricanas, migrantes y musulmanas.

No son mensajes aislados. Existe una red que conecta organizaciones locales, españolas e internacionales: Deport Them Now, Save Europe Act, Reconquista, Junge Tat y Tercera Vía, junto a activistas portugueses, franceses e italianos. Y esa infraestructura tiene altavoces políticos y tecnológicos. Musk ha convertido X en un poderoso amplificador de la derecha radical internacional. Algunos dirigentes también han convertido la inmigración en un eje permanente de alarma política, asociándola con inseguridad, pérdida de identidad o amenaza demográfica. Sin distinguir entre inmigración regular e ilegal. Cuando esos marcos pasan de los canales ultras al discurso de masas, el perímetro de lo moralmente aceptable se amplía hasta dar cabida a discursos deshumanizadores.

La tercera fase es la movilización. Las redes dejan de servir solo para convencer y empiezan a organizar, desplegando toda su capacidad para trasladar la acción del espacio digital al espacio físico. Torre Pacheco mostró cómo funciona con Telegram. Deport Them Now UE difundió mapas y llamó a organizar “cacerías” contra población magrebí. Ceuta vuelve a mostrar que la internacional ultra sigue formando parte de la ecuación. Activistas vinculados a estos grupos han difundido la alarma o se han desplazado hasta España. Una crisis local se convierte así en una oportunidad para redes de distintos países y para reclutar nuevos perfiles.

La cuarta fase es la violencia. La propaganda llega a la calle. En Ceuta hemos visto episodios violentos y la quema del campamento y de los enseres de personas migrantes, además de amenazas contra organizaciones humanitarias y periodistas. Aquí hay otra frontera, moral, que también debe ser nítida. Se puede protestar contra la política migratoria o reclamar recursos. Quemar las pertenencias de personas migrantes no es protesta, es violencia racista.

Por eso importa tanto la reacción política. De Vox ya conocemos la respuesta: ante estos episodios no solo suele faltarles una condena clara y sin matices, sino que su discurso alimenta buena parte del marco que los precede. Del PP cabe esperar algo más: una repulsa enérgica sin añadir de inmediato un “pero Sánchez”. Puede responsabilizar al gobierno de una mala gestión y, a la vez, dejar claro que ninguna política migratoria convierte a una persona en objetivo legítimo de una agresión. Puede criticar la morosidad del ejecutivo mientras descalifica cualquier atisbo de respuesta violencia, por mucho que pueda servir como combustible electoral. Un combustible altamente inflamable, que no decrecerá aunque el PP llegue al gobierno.

Porque ¿de verdad cree el PP que gobernar le hará inmune?

Estados Unidos demuestra que no. La experiencia de Trump debería servir de advertencia: el supremacismo blanco no desaparece porque gobierne la derecha. Una de las primeras decisiones del presidente al volver a la Casa Blanca fue indultar a cientos de condenados por el asalto al Capitolio. Y el análisis del Jewish Council for Public Affairs sobre los datos del FBI de 2025 señala que, pese al descenso global de los delitos de odio, los ataques contra la comunidad latina e hispana aumentaron un 26% y los dirigidos contra la población sikh un 25%. Aquí el otro es el musulmán: allí es el hispano. Convendría no olvidarlo.

Hay que cortar la cadena: atender la frustración, combatir la propaganda, perseguir las redes que organizan la violencia y actuar con contundencia. Y proteger la protesta legítima: quienes quieren convertirla en una jauría humana no representan a los vecinos de Ceuta. Ambas cosas son -y deben ser- compatibles. Para solucionar la crisis de la ciudad autónoma sin menoscabar nuestra democracia.

Hay algo revelador en lo que no está ocurriendo entre el PP y Vox durante la crisis de Ceuta. En 2024, una situación parecida acabó con la ruptura de los gobiernos autonómicos que compartían. Dos años después hay mucha inflación retórica, pero pocas discrepancias de fondo y ningún interés en llevar el conflicto hasta la ruptura. Es la luna de miel anticipada de Feijóo y Abascal antes del matrimonio que ambos esperan formalizar tras las próximas elecciones generales.

No se trata todavía de una alianza formal, sino de la normalización de su relación como posible coalición estatal. Si las matemáticas electorales permiten una mayoría de PP y Vox, quieren demostrar desde ahora que pueden convivir en el poder sin hacerse la guerra. La prueba está en la gestión de los menores migrantes. El 13 de agosto, las comunidades gobernadas por el PP participaron en la reunión técnica convocada por la ministra de Juventud e Infancia, mientras los territorios donde Vox gestiona las competencias sobre menores decidieron no acudir. La reunión mostró el equilibrio que intenta mantener el PP: sentarse a la mesa, pero sin asumir el reparto, evitando un choque frontal con sus socios.

Hace dos años Vox rompió los gobiernos autonómicos después de que el PP aceptara el reparto de 347 menores procedentes de Canarias y Ceuta. Abascal presentó aquella decisión como una línea roja innegociable. En cambio, ahora la Consejería de Servicios Sociales y Familia de Extremadura que gestiona la ultraderecha ha tenido que asumir la tutela de cuatro menores llegados de Ceuta, pese a que los nuevos pactos de 2026 rechazan explícitamente su acogida.

¿Por qué no se rompe ahora lo que hace dos años saltó por los aires? La explicación jurídica —que desde 2025 existe un mecanismo que automatiza la redistribución cuando se supera la capacidad de acogida— es cierta, pero insuficiente.

Hay también un cálculo material. Romper acuerdos implica perder cargos, recursos y capacidad de decisión. En 2024, Vox renunció a unos 757.600 euros brutos anuales en salarios. Hoy el coste sería mayor: una ruptura completa supondría perder más de un millón al año en retribuciones. Y hay otro incentivo: en dos ciclos electorales, Vox obtuvo más de 16 millones en préstamos de un banco húngaro vinculado a Orbán. Romper ahora también significaría perder unos recursos que ya no va a encontrar en otra parte.

Pero el cálculo estratégico pesa aún más. Vox ya no necesita demostrar que es la oferta política que defiende la mano más dura contra a la inmigración porque ha conseguido trasladar su marco al centro de la conversación y convertir la “prioridad nacional” en una exigencia incorporada a acuerdos y presupuestos, como en la Comunitat Valenciana.

En septiembre de 2024, tras meses de tensión migratoria en Canarias, la preocupación por la inmigración se disparó del 11,2 % al 30,4 %, catapultándose como el primer problema del país según el CIS. Un salto de casi 20 puntos en apenas tres meses, de junio a septiembre. El dato muestra que el peso electoral de un asunto aumenta cuando un partido consigue que ocupe el centro de la agenda política y mediática. La crisis de refugiados de 2015 en Alemania ofrece otro ejemplo: convirtió la inmigración en uno de los grandes ejes de competición y favoreció notablemente a una Alternativa por Alemania que hasta entonces solo había cosechado magros resultados electorales con su programa euroescéptico.

Pero el riesgo para el PP es que, al convertir también la inmigración en uno de sus principales campos de batalla, aumente la importancia de un asunto que favorece más al discurso de Vox que al suyo. Hasta el punto de que Feijóo ha elevado el tono pidiendo confinar Ceuta por el riesgo de enfermedades atribuidas a los inmigrantes. Hay una subasta para ver quién hace la proclama más estridente en una competencia indisimulada por capitalizar la atención pública, con propuestas imposibles de aplicar, por razones geopolíticas o por conculcar una ley, la de extranjería, que sin duda será una de las primeras en ser derogadas y reformuladas si ambos llegan al gobierno.

Lo que se está ensayando en Ceuta es una cultura de coalición. El PP necesita a la extrema derecha porque ha quedado demostrado que no le alcanza la mayoría y Vox necesita demostrar que puede entrar en un futuro ejecutivo nacional sin dinamitarlo. Ha aprendido la lección de 2023, cuando Abascal apostó por un programa ultramontano que diferenciara su propuesta de los populares, lo que le hizo perder 19 diputados y alejar una mayoría de gobierno que parecía garantizada. El mayor problema para Feijóo es que cuanto más acerca sus posiciones a las de Vox, intentando cooptar su espacio electoral, más legitima su marco y menos amplía su base. No han desaparecido sus discrepancias: solo han descubierto que les resulta más rentable administrarlas que subrayarlas. Si los números se lo permiten en 2027, este noviazgo se convertirá en un matrimonio. Eso sí, de conveniencia.

Hay crisis que se convierten en símbolos y la de Ceuta es una de ellas, porque si lo ocurrido tenía una dimensión geopolítica, humanitaria y diplomática, esta semana ha empezado a adquirir una nueva naturaleza semiótica: la de dar el pistoletazo de salida a un curso marcado por elecciones de distinta naturaleza: locales, autonómicas y generales.

No es casualidad que el presidente de Ceuta, dirigente del PP que durante años ha mantenido una relación de cooperación con los distintos Gobiernos centrales, haya endurecido el tono contra Pedro Sánchez. Habla de “pasividad casi absoluta”, de una situación de excepción y concede al Ejecutivo un plazo de 30 días antes de acudir a “otras instituciones”, incluido el Poder Judicial.

Ya hemos visto que en Ceuta la cuestión no estriba tanto en dilucidar cómo solucionar un problema humanitario como en imponer uno u otro relato. Y me parece que ese es uno de los mayores errores del Ejecutivo, que tampoco está saliendo bien parado: una cosa es la realidad y otra su percepción social, que en política resulta decisiva. Puede que haya coordinación entre administraciones o visitas de ministros, y es cierto que el tempo de la ley es distinto al de la urgencia —mediática— del debate público, pero parece que el Gobierno reacciona por detrás de los acontecimientos. España tiene recursos para movilizar medios ante emergencias de distinta naturaleza, pero si esa capacidad no se percibe, aparece un vacío que ocupan los discursos de “abandono” o “Estado fallido”: ya pasó con la DANA de Valencia y aquel famoso —y falaz— mantra de “solo el pueblo salva al pueblo”.

El Partido Popular ha detectado ese hueco y ha decidido que Ceuta sea uno de los grandes símbolos del fracaso del “sanchismo”. La proposición no de ley presentada por Cuca Gamarra combina dos elementos clásicos del manual de la oposición en esta legislatura: la deslegitimación del presidente —“negligencia”, “pasividad absoluta”— y la competición con Vox para ver quién encarna un nacionalismo más ultramontano. Ahora, el PP reclama un mando único, refuerzo policial y militar, mayor presencia de Frontex, el fin de las regularizaciones y una reforma de la Ley de Extranjería. Pero su posición contrasta con su trayectoria: los Gobiernos de Aznar realizaron tres procesos de regularización extraordinaria que beneficiaron a unas 500.000 personas y, en 2024, este mismo PP votó a favor de tomar en consideración la ILP para una nueva regularización, que el Gobierno aprobó en 2026 y que ahora los populares rechazan.

A ello se suma la exigencia de Gamarra del “retorno inmediato” de quienes entraron de forma irregular, incluidos los menores, obviando que cualquier devolución debe respetar la normativa de protección del menor, el Estatuto de los Refugiados y la Ley de Extranjería que el PP de Aznar aprobó —y endureció con una reforma de urgencia tras obtener la mayoría absoluta— en 2000. Entonces la población extranjera apenas superaba el medio millón, poco más del 1% de la población. Hoy ronda el 14,8% y, a tenor de lo que estamos viendo, más que personas parecen munición electoral.

La paradoja de Ceuta, donde las distintas instancias públicas compiten más de lo que colaboran, se hace aún más evidente si la comparamos con lo que sucedió con Ucrania. En el primer mes de la guerra, España concedió 51.957 protecciones temporales a desplazados ucranianos mediante un procedimiento extraordinario que permitía resolverlas en 24 horas. La respuesta contó, además, con la colaboración de las comunidades autónomas.

No son situaciones equivalentes. La protección temporal para los ucranianos se diseñó como una fórmula colectiva; en Ceuta, sobre todo en el caso de los menores no acompañados, hay que identificar a cada persona, determinar su situación y abrir un expediente individual. Eso alarga los plazos y exige otros recursos. Pero la comparación permite plantear una pregunta: si aquella emergencia humanitaria movilizó al conjunto del país y a las comunidades autónomas, ¿por qué ahora cuesta tanto encontrar esa misma solidaridad territorial?

La respuesta es que se avecinan elecciones que pueden cambiar —y mucho— el paisaje político. Pero no solo aquí. Europa afronta varias batallas electorales decisivas: este septiembre, en dos Länder de la antigua Alemania del Este, se verá si Alternativa por Alemania se convierte en primera fuerza; el año que viene, Italia y Finlandia pondrán a prueba la continuidad de sus gobiernos con participación de la extrema derecha, mientras Marine Le Pen aspira a convertirse en la primera presidenta de Francia. La extraña pareja formada la semana pasada por las primeras ministras danesa —socialdemócrata— e italiana —de extrema derecha— ofrece otra pista: la inmigración se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda europea.

Algo que, por supuesto, una abanderada del trumpismo nacional como Isabel Díaz Ayuso no podía desaprovechar. Este lunes ha vuelto a colocar a Sánchez y Ceuta en el centro de su argumentario, con referencias a una “invasión tolerada”, mientras sigue evitando responder con claridad a la polémica del ático adquirido con dinero público y vendido deprisa y corriendo después de que la prensa destapara el asunto. El patrón resulta reconocible: inundar la conversación pública con un asunto de enorme carga emocional para desplazar otros temas incómodos. Por eso la líder madrileña se ha convertido en una de las voces más insistentes del PP sobre Ceuta y Sánchez, hasta el punto de que en las últimas semanas su presencia en este debate ha sido mayor que la del propio presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

“Soy Giorgia. Soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana”. La frase con la que Meloni se hizo célebre en la campaña electoral de 2022 condensaba una fórmula precisa: encadenar identidad nacional, familiar y religiosa en una misma expresión para marcar diferencias con las nuevas identidades promocionadas por la izquierda. No necesitó moderar el discurso de la extrema derecha de la que provenía, el MSI, heredero del fascismo mussoliniano; logró algo más ambicioso: trasladar sus temas al centro de la conversación y articularlos desde una “nueva derecha” con vocación institucional.

Isabel Díaz Ayuso lleva años recorriendo un camino parecido, solo que en sentido inverso. Su comparecencia de este lunes lo volvió a confirmar. Había sido convocada para presentar ayudas a los ganaderos afectados por los incendios. Se anunció con apenas hora y media de antelación, sin permitir preguntas de los periodistas, y buena parte de la intervención acabó dedicada a Ceuta, Marruecos, Italia, Schengen y Pedro Sánchez. A nadie se le escapaba la intención: desviar la atención hacia la presión migratoria en la frontera y sus consecuencias, responsabilidad del Gobierno central. El mismo al que implicó unas semanas antes en la gestión de los incendios forestales en Madrid, una competencia del Ejecutivo autonómico, salvo que se eleve el problema a emergencia nacional.

Pero no se trata solo de comunicación: es una estrategia política orientada a dos objetivos.

El primero, desplazar la atención de una crisis que amenaza con convertirse en un problema serio para su Ejecutivo: la compra por 6,3 millones de euros de un ático por parte de una empresa pública de su comunidad, gestionada de forma opaca y pésimamente justificada. La operación corre el riesgo de erigirse en el símbolo de una legislatura en la que el PP puede perder el control absoluto de su principal bastión. A ello se suma la polémica por aquel viaje a México, acortado por supuestas amenazas a su seguridad, una versión cuestionada desde el otro lado del Atlántico.

Son dos crisis distintas con un rasgo común: ninguna ha quedado saldada con las explicaciones ofrecidas por la presidenta y su entorno. Ni siquiera Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete y especialista en aprovechar los apuros de Ayuso para abrir una nueva trinchera contra sus adversarios, parece haber encontrado esta vez una salida eficaz.

El segundo objetivo apunta más alto: disputar el liderazgo de la nueva derecha radical antes de que Vox lo monopolice.

Meloni opera aquí como referencia. Ambas dirigentes han comprendido la rentabilidad de hacer del choque con la izquierda la piedra angular de su perfil. Sánchez resulta un adversario útil para esta maniobra: permite elevar cuitas autonómicas a conflicto estatal e integrar banderas de la extrema derecha en el PP —seguridad, inmigración, feminismo o Cataluña—.

La politóloga austríaca Natascha Strobl llama “conservadurismo radicalizado” a esa evolución de las fuerzas tradicionales que adoptan el lenguaje y las tácticas de la derecha radical sin perder su perfil de gobierno, algo que ejemplificó el joven —y efímero— canciller austríaco Sebastian Kurz. Una senda explorada también por otros conservadores de Grecia, Suiza o Países Bajos. No implica mimetizarse por completo con la extrema derecha, pero sí asumir algunos de sus recursos para evitar que Vox acapare la conversación pública: ruptura de normas y protocolos en la relación con el adversario, polarización extrema, guerra cultural —como la emprendida en México—, transformación de la organización en un club de fans en torno a un líder mesiánico, hostigamiento a las instituciones, campaña permanente y creación de realidades paralelas amparadas en la posverdad. Ayuso en estado puro.

Como en su día intentó Esperanza Aguirre, la dirigente madrileña busca erigirse en la alternativa de un PP que no termina de despegar con Feijóo. Su baza pasa por presentarse como la única capaz de reagrupar el voto fugado hacia la extrema derecha.

Por eso Ceuta ofrece una oportunidad que no podía dejar pasar: permite regresar a la política nacional hablando de fronteras y soberanía, retomar el choque directo con Sánchez, alinearse con Meloni —amiga de Abascal— y proyectar un perfil estatal mientras desplaza la conversación del ático y del fiasco de su proyección internacional en México.

Pero ese plan encierra una paradoja. Vox es un rival para los populares, pero al mismo tiempo ha ensanchado el espacio en el que ambos pueden competir. Cuanto más se normalizan sus marcos discursivos, más difusa resulta la línea que separa a las dos formaciones. Al imitar las añagazas tacticistas de la ultraderecha española, Ayuso contribuye a su legitimación. Su nueva aliada ya completó esa transición en Italia, fagocitando el antiguo feudo democristiano y el espacio populista que encarnó Berlusconi hasta consolidar una derecha extrema, pero “pragmática”, con la que el Partido Popular Europeo no tiene reparos en pactar en Bruselas.

En 2023, los populares en la Comunidad de Madrid lograron el 47,3% de los votos y 70 escaños. Un éxito apabullante. La mayoría absoluta le permitió prescindir de Vox, marcar la agenda nacional y mantener una voz propia frente a Feijóo. Todo el andamiaje de sus ambiciones nacionales pasa por mantener ese statu quo. Parece difícil que la derecha pierda Madrid, pero si esa aritmética se quiebra y el año que viene necesitara el apoyo de Vox para seguir en el poder, se desharía el espejismo.

Parece difícil, pero no imposible: bastaría con seguir transitando por la senda que une México DF con Chamberí.

La decisión del Gobierno español de imponer controles a los viajeros procedentes de Italia no responde tan sólo a un principio de reciprocidad diplomática. Es, sobre todo, un intento de evitar que se normalice un precedente peligroso: que un Estado miembro pueda restringir unilateralmente la libre circulación con otro socio europeo por razones políticas y electorales.

Eso es lo que está en juego tras la decisión de Giorgia Meloni de restablecer controles con España utilizando como argumento la llegada masiva y descontrolada de migrantes a Ceuta. Una medida que transforma una crisis localizada en la frontera sur de la Unión Europea en un conflicto bilateral que nunca debió existir. A no ser que responda a razones más aviesas.

La inmigración constituye desde hace años el principal recurso de movilización electoral de la derecha radical europea. Cuando las políticas públicas no consiguen ofrecer los resultados prometidos, elevar el tono y recrudecer el discurso se convierte en una tentación difícil de evitar. La comunicación, más maleable, sustituye a la gestión, siempre más huraña.

La paradoja es evidente. Como recordó Pedro Sánchez utilizando datos de Frontex, Italia ha registrado alrededor de 478.600 entradas irregulares entre 2021 y 2026, prácticamente el doble que España, con 234.760. Es decir, el Gobierno que pretende presentar a España como el principal vórtice del problema migratorio es, precisamente, el que ha soportado una mayor presión sobre sus propias fronteras.

Tampoco puede exhibir Meloni grandes éxitos de gestión. Su proyecto estrella, los centros para solicitantes de asilo en Albania, ha quedado bloqueado por los tribunales italianos y se ha convertido en el símbolo de una política más eficaz para producir titulares que resultados. Y aunque el ejecutivo italiano ha comprometido alrededor de 800 millones de euros para este proyecto de externalización del problema, las instalaciones apenas han podido funcionar. La paradoja más llamativa, sin embargo, es que Italia ha seguido regularizando contingentes de trabajadores extranjeros porque su economía continúa necesitando mano de obra. Entre 2023 y 2025, el país alpino ha concedido 452.000 permisos de trabajo mediante el Decreto Flussi. El contraste entre el discurso maximalista y la prosaica realidad resulta difícil de ocultar. Especialmente, si se quiere culpar de esta crisis al proceso de regularización puesto en marcha por el gobierno español.

Fabricar un conflicto artificial con España cumple una función política evidente. Meloni ya no practica únicamente ese nacionalismo “banal” del que hablaba Michael Billig, presente en las banderas, las camisetas de la selección, los símbolos y las rutinas cotidianas. Ha dado un paso más hacia un nacionalismo performativo, construido para escenificar fortaleza, identificar enemigos externos y movilizar electoralmente a una parte de la sociedad. Del nacionalismo banal, hemos pasado al nacionalismo ruin, torticero y, sobre todo, oportunista. No es casualidad que esta escalada se produzca cuando falta poco más de un año para las elecciones italianas y cuando Fratelli d’Italia se ve amenazado a su derecha por el almirante Vanacci, que expide un discurso identitario y antiinmigración todavía más hiperventilado que el de Meloni. Que ya es decir. Endurecer el lenguaje y escenificar conflictos con otros gobiernos europeos constituye una estrategia de diferenciación política mucho más rentable que reconocer los límites de la propia acción gubernamental.

La respuesta española debe entenderse desde esa lógica. Si el Gobierno de Sánchez hubiera permanecido pasivo, habría asumido implícitamente que cualquier país puede restringir Schengen con España apelando a una supuesta amenaza para su seguridad nacional aunque los hechos no la avalen. La reciprocidad no persigue escalar el conflicto, sino proteger la igualdad entre Estados miembros y preservar la credibilidad de uno de los pilares fundamentales de la integración europea: la libre circulación.

Pero esta crisis deja al descubierto una diferencia fundamental entre Italia y España.

Meloni busca poner en práctica el efecto conocido como rally around the flag: aprovechar un conflicto exterior para reforzar la cohesión nacional en torno al Gobierno. Es una estrategia frecuente cuando los ejecutivos atraviesan dificultades internas. A finales de los 90 una película, oportunamente titulada 'La cortina de humo', desarrollaba la idea, con un presidente de los Estados Unidos sumido en una crisis por un escándalo sexual. La confrontación con un actor externo desplaza el debate y convierte cualquier crítica doméstica en una supuesta falta de patriotismo.

En España ocurre lo contrario. La polarización ha alcanzado tal intensidad que ni siquiera una disputa diplomática con otro Estado miembro genera un cierre de filas alrededor del Ejecutivo. Las declaraciones de Vox respaldando el relato del Gobierno italiano frente al español ilustran hasta qué punto la competición partidista pesa hoy más que cualquier lógica de unidad nacional. El conflicto exterior no reduce la polarización; la alimenta.

Quizá esa sea la principal enseñanza de esta crisis. No asistimos solo a un choque diplomático entre dos gobiernos. Lo que está en juego es la posibilidad de que Schengen deje de ser una política común para convertirse en un instrumento al servicio de las necesidades electorales, puntuales y episódicas, de los Estados miembros. Un precedente que sería muy preocupante en un contexto como el actual, en el que Europa se ve amenazada por fuerzas que intentan redefinir los ejes que han vertebrado la construcción europea. O, mejor dicho, sustituirlos por otros, radicalmente contrarios. Sustituir la tolerancia a las minorías por el ostracismo o la expulsión. Sustituir la cesión de soberanía por el repliegue identitario. O, como en este caso, sustituir la cooperación honesta entre Estados por la suspicacia interesada entre gobiernos.

Hay imágenes que retratan una crisis. Y hay otras que retratan una época. Las de miles de personas intentando alcanzar Ceuta hablan, por supuesto, del fracaso del modelo migratorio europeo. Pero, sobre todo, revelan otra realidad: la competición política, en España y en la Unión Europea (UE), por demostrar quién es más duro con quienes intentan cruzar sus límites territoriales. La discusión ya no gira solo en torno a cómo gestionar la llegada de personas. Gira, sobre todo, alrededor de quién promete más expulsiones.

No estamos ante una excepción. La externalización del control fronterizo ha convertido a terceros países en guardianes del perímetro sur. A cambio de financiación, cooperación o respaldo diplomático, Estados como Marruecos o Turquía contienen los flujos migratorios. Ahí reside una de las grandes debilidades del modelo europeo: quien controla ese grifo también dispone de una poderosa herramienta de presión geopolítica. Ocurrió en el río Evros, cuando Turquía empujó a miles de personas hacia Grecia en 2020 para presionar a Bruselas. Volvió a suceder en 2021, cuando el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de ciudadanos de Oriente Próximo y los condujo hasta Polonia, Lituania y Letonia como parte de una estrategia de guerra híbrida. Ese mismo año, Marruecos permitió la entrada de unas 10.000 personas para castigar a España tras la acogida hospitalaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La Eurocámara respondió entonces condenando el uso de seres humanos como arma de presión política.

Las personas dejan así de ser sujetos de derechos para convertirse en munición humana, en piezas de ajedrez de la negociación entre Estados. Después pasan a desempeñar un segundo papel: el de recurso electoral. El guion se repite en Lampedusa, Grecia, Polonia o Ceuta. Primero llegan las imágenes; luego, los bulos; por último, las promesas de mano dura.

Los acontecimientos de estos días ilustran con claridad esa dinámica. Jordan Bardella culpó a Sánchez de haber “abierto las puertas de Europa”. Meloni elevó el tono hasta plantear la suspensión de Schengen respecto a España y Finlandia respaldó esa posición, pese a que Ceuta ni siquiera forma parte de ese espacio de libre circulación. En Alemania, la presión de AfD vuelve a empujar el debate migratorio hacia posiciones cada vez más extremas. Ninguna de esas reacciones puede ni debe entenderse al margen de los calendarios electorales que afrontan varios países europeos este año.

España tampoco escapó a esa lógica. El diputado de Vox José María Figaredo llegó a reclamar que había que “cazar” a quienes habían entrado en Ceuta. Santiago Abascal habló de “invasión”, vinculó la llegada de personas con la delincuencia, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos, canceló su viaje a Colombia para desplazarse a la ciudad autónoma y convirtió la frontera en el eje de su ofensiva política. Al mismo tiempo, Alvise Pérez y miembros de Núcleo Nacional acudieron a Ceuta para disputar a Vox el monopolio del discurso racista.

Nada de ello responde a la improvisación. Forma parte de una estrategia conocida: convertir una crisis fronteriza en una oportunidad política. El miedo moviliza, la xenofobia cohesiona y convertir a la persona migrante en enemigo interno continúa siendo uno de los principales reclamos ideológicos de la constelación ultra. Partiendo de ahí, la rivalidad ya solo consiste en demostrar quién propone el programa más intransigente y emplea el lenguaje más agresivo.

Pero el verdadero problema no es Vox. De Vox nadie puede decir que oculte su proyecto. Lo preocupante es un PP que ha dejado de combatir los marcos de la extrema derecha para hacerlos suyos. Lejos quedan los aplausos a las palabras de León XIV cuando recordó que “la dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”. Bastó lo ocurrido en Ceuta para que ese consenso desapareciera. La movilidad humana dejó de abordarse como un fenómeno complejo, que exige cooperación internacional y respeto a los derechos humanos, para convertirse en un instrumento de confrontación partidista.

Cuando la derecha tradicional acepta el marco que fija la derecha radical, deja de discutir las soluciones y termina, no solo reforzando el relato de quien marca el debate, sino extremándolo todavía más, porque del extremismo vociferará más, utilizará descalificaciones más gruesas y medidas todavía más inhumanas. Por ejemplo, elevando al nivel del discurso político lo que hasta entonces solo había tenido carta de naturaleza en las calles: cazar al inmigrante. Como en Torre Pacheco hace exactamente un año. También ocurrió con la Agenda 2030 y con las políticas climáticas. Ahora sucede con la inmigración, el clímax de las políticas de deshumanización, porque en este caso hablamos –o deberíamos– de seres humanos.

La pregunta más importante no es qué dice hoy la oposición, sino qué ocurrirá cuando gobierne. Porque Marruecos seguirá ahí y seguirá haciendo lo mismo: utilizará geopolíticamente los flujos migratorios. Ningún Ejecutivo español será inmune a episodios como el de Ceuta.

¿A quién culparán entonces?

Gobernar exige algo más difícil que señalar responsables: obliga a gestionar problemas para los que no existen soluciones simples. Además, obliga a responder otra pregunta. Si el referente político de Vox es el modelo impulsado por Trump, basado en deportaciones masivas, redadas y una exhibición constante de la fuerza frente a la inmigración irregular, ¿hasta dónde estaría dispuesto a acompañarle el PP para conservar una mayoría parlamentaria? Los acuerdos autonómicos ofrecen algunas pistas, porque el PP ha aceptado el principio de “prioridad nacional” o las restricciones a organizaciones sociales que atienden a personas en situación irregular. Cesión tras cesión, el espacio político del PP se desplaza hacia la derecha radical.

Ese es el verdadero riesgo. Ningún Estado está a salvo de que un tercer país utilice la migración como instrumento de presión. La diferencia reside en cómo se responde a esas situaciones: desde la gestión, la cooperación europea y el respeto al Estado de derecho o desde el miedo, la búsqueda de culpables y la competición por demostrar quién es más implacable. Pero entonces la política solo consistirá en demostrar quién puede gritar con más fuerza: yo soy más racista que tú.

Hay incendios que arrasan bosques. Y hay otros que consumen la conversación pública. Cada verano asistimos al mismo patrón: mientras miles de vecinos son desalojados, los equipos de extinción se juegan la integridad física y las llamas avanzan, el debate se precipita hacia el reproche. En el terreno, sin embargo, suele imponerse la cooperación entre instituciones y una gobernanza multinivel mucho más eficaz de lo que refleja la bronca política.

Toda crisis tiene dos tiempos. El primero es el de la emergencia. La prioridad no debería ser desgastar al adversario, sino proteger vidas, coordinar recursos y ofrecer información fiable para que ese espacio no lo ocupen la desinformación ni quienes instrumentalizan el temor para erosionar la confianza ciudadana. La comunicación institucional también resulta decisiva porque reduce la incertidumbre y transmite serenidad, unidad y empatía a quienes acaban de perder una vivienda, un negocio o, en el peor de los casos, a un ser querido.

¿Qué siente una persona evacuada cuando enciende la televisión y escucha insultos, descalificaciones o acusaciones cruzadas? Cuesta pensar que perciba a los responsables públicos concentrados en resolver su problema. El ruido no apaga el fuego; solo aumenta la sensación de miedo y enfado.

El segundo tiempo llega cuando las llamas se extinguen. Es entonces cuando corresponde la rendición de cuentas: preguntar si la prevención fue suficiente, si los montes estaban bien gestionados, si las plantillas contaban con medios estables o si los presupuestos respondían a un riesgo que ha dejado de ser excepcional. Confundir ambos momentos no fortalece la democracia; la empobrece porque erosiona la dimensión más útil de la política: su capacidad para ofrecer soluciones duraderas a desafíos colectivos.

Los datos evidencian que esta realidad ha dejado de ser coyuntural. En lo que va de 2026 ya han ardido 152.678 hectáreas forestales, más de seis veces la extensión afectada en el mismo periodo del año pasado, el equivalente a toda la isla de Gran Canaria. Con más de la mitad de su superficie cubierta por bosques y otras formaciones vegetales, y un Mediterráneo que se calienta por encima de la media mundial, resulta difícil seguir viendo estos siniestros como un fenómeno estacional o como una cuestión que solo reaparece cuando llegan las altas temperaturas.

Aun así, esa segunda etapa sigue sin traducirse en una estrategia de país frente a esta amenaza. No es por falta de propuestas. El Gobierno presentó el pasado septiembre un Pacto de Estado con diez medidas centradas en la adaptación, la articulación institucional y la anticipación. A ello se suma la hoja de ruta impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que incluye actuaciones como la reciente Red Estatal de Refugios Climáticos ante las olas de calor y el anunciado Plan contra la Desinformación Climática. El PP registró semanas antes un Plan Integral de Ayuda con cincuenta acciones orientadas a la restauración ambiental y al refuerzo de la UME.

El análisis de ambos documentos revela enfoques distintos, pero también coincidencias en el fortalecimiento de las capacidades públicas de prevención y respuesta. El Ejecutivo sitúa la crisis climática en el centro del diagnóstico. El texto del PP apenas menciona una vez el cambio climático y lo hace vinculado a la agricultura del carbono, no como explicación del aumento de la vulnerabilidad. Esa divergencia, por sí sola, no basta para explicar la ausencia de un punto de encuentro. El obstáculo parece otro y responde, sobre todo, a dos dinámicas.

Por un lado, la polarización bloquea cualquier entendimiento con el adversario. Por otro, la lógica de la campaña permanente premia la diferenciación constante, incluso en plena emergencia. El incentivo ya no es tejer consensos duraderos, sino reforzar el perfil propio. La paradoja es evidente: cuanto mayor es la certeza científica sobre la magnitud del problema, menor es la disposición para articular pactos de Estado.

En ese contexto, Vox introduce otro marco interpretativo. Durante los incendios de Madrid y Ávila, Santiago Abascal difundió un vídeo de 49 segundos en el que atribuía la tragedia al “fanatismo climático”, a las “políticas verdes suicidas” y a la corrupción del Gobierno de Sánchez. El fuego deja de concebirse como un asunto de interés general para convertirse en un nuevo frente de la batalla cultural. Para la extrema derecha, no se trata de resolver esta urgencia, sino de convertirla en un instrumento de movilización ideológica a través de la confrontación.

Ese relato encuentra un aliado en la desinformación. Cada gran incendio viene acompañado de una cascada de bulos y eslóganes populistas: que la Ley de Montes impide limpiar los bosques, que la UME abandona poblaciones o que “solo el pueblo salva al pueblo” porque el Estado autonómico no funciona. Son mensajes que el algoritmo recompensa porque generan indignación. Saltan de perfiles partidistas a canales de mensajería, de ahí a algunos medios de comunicación y terminan contaminando la esfera pública.

La gestión en el entorno rural comienza mucho antes de que aparezca el primer foco. Se construye mediante labores preventivas durante el invierno, se reduce la carga vegetal, se estabilizan brigadas, se mejora la formación de los profesionales, se impulsa la investigación y se blindan recursos. Son intervenciones discretas. Apenas ocupan tertulias ni generan rédito electoral, pero son las que hacen más resiliente el paisaje.

Ningún gobierno puede impedir que prenda la chispa. Sí puede decidir si el territorio llega mejor preparado para responder. Que un episodio de esta magnitud acabe convirtiéndose en una catástrofe depende de decisiones públicas: de la planificación de la administración competente, de la cooperación entre instituciones y de la capacidad para alcanzar acuerdos cuando desaparece el humo. Porque el verdadero fracaso no es que el monte arda. Es que, cuando deja de arder, también se extinga la voluntad política de evitar el siguiente. Ahí empieza el segundo tiempo del fuego. Y ese sigue siendo el reto que España aún no ha sabido afrontar.

Los grandes éxitos deportivos rara vez se circunscriben a la esfera estrictamente deportiva. Se convierten en relatos compartidos, en momentos que condensan un modelo de convivencia. La victoria de España frente a Argentina para conquistar su segundo Mundial pertenece a esa categoría de acontecimientos: este conjunto no solo ha ganado un campeonato, sino que ha contribuido a redefinir una identidad nacional más abierta e integradora.

El paralelismo con 2010 resulta inevitable. Aquel equipo conquistó el primer Mundial apenas unas semanas después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. El país se adentraba entonces en una crisis política que marcaría buena parte de la década siguiente. En ese contexto, los internacionales ofrecieron una imagen de cohesión que las instituciones eran incapaces de transmitir. Xavi, Puyol, Iniesta, Piqué, Casillas, Xabi Alonso o Villa proyectaban una comunidad transversal cuando el debate público empezaba a fracturarse alrededor del modelo de Estado.

Dieciséis años después, el combinado vuelve a proclamarse campeón del mundo. Pero la discusión ha cambiado. Si en 2010 el gran debate era territorial, hoy la pregunta ha pasado a ser otra: quién forma parte del «nosotros». La celebración en Madrid terminó de condensar esa transformación. Sobre el escenario convivían las banderas de las comunidades autónomas y jóvenes que tienen raíces en Ghana, Guinea Ecuatorial o Francia. Pocas fotografías resumen mejor la España del siglo XXI.

Durante mucho tiempo, una parte de la izquierda mantuvo una relación incómoda con la identidad nacional española y sus símbolos —la bandera, el himno o la propia camiseta—, percibidos desde la Transición como un patrimonio exclusivo del franquismo. Pero las dinámicas colectivas cambian. Hoy buena parte de la izquierda celebra este triunfo porque ya no identifica tales emblemas con una ideología concreta, sino con una ciudadanía heterogénea. Ese desplazamiento cultural dice tanto sobre nuestra sociedad como el propio resultado deportivo.

El politólogo Michael Billig llamó nacionalismo banal a esos referentes cotidianos que alimentan el sentimiento de pertenencia casi sin que nos demos cuenta. Los colores, los escudos o la iconografía deportiva nunca son elementos neutros. También ahí se disputa el proyecto colectivo. Por eso este vestuario trasciende el deporte: ayuda a normalizar una España en la que la diferencia deja de verse como algo excepcional para formar parte de la identidad compartida. Quizá por eso la reacción de una parte de la derecha y de la extrema derecha fue tan reveladora. Apenas habían pasado unas horas desde la victoria cuando el éxito de la selección volvió a leerse en clave de confrontación política y de antisanchismo, incapaz de sostener por un momento un relato compartido.

No es casual que la extrema derecha haya convertido la «prioridad nacional» en una de sus principales banderas. Tampoco que, tras la victoria, tanto Vox como el PP recurrieran casi de inmediato al marco de la polarización partidista para interpretar un éxito que millones de ciudadanos vivían como un motivo de celebración colectiva. La batalla ya no consiste solo en ganar elecciones, sino en decidir quién pertenece a la comunidad política. Frente a esa agenda, esta selección desmonta sin proponérselo uno de los pilares de esa retórica. Lamine Yamal o Nico Williams forman parte del imaginario colectivo sin tener que justificar quiénes son. Su sola presencia desmiente la premisa de que existan ciudadanos de primera y de segunda. Son la expresión más visible de una sociedad inclusiva que hace tiempo dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana.

De ahí que resulte difícil presentar la inmigración como una amenaza cuando algunos de los rostros que hoy despiertan mayor orgullo colectivo son hijos de ese mestizaje. Tampoco sostiene ese marco la imagen de millones de personas celebrando los goles de futbolistas cuyas historias familiares desdibujan esas fronteras imaginarias.

Ese es el mayor legado de este Mundial. Un campeonato no elimina el racismo ni las proclamas de odio. Pero los referentes sí importan. Las imágenes compartidas una y otra vez acaban moldeando la forma en que una sociedad se mira a sí misma. Las generaciones más jóvenes aprenden tanto de aquello que celebran como de las narrativas que escuchan.

Los Mundiales pasan. Los goles acabarán ocupando un lugar en la memoria deportiva. Pero algunos recuerdos sobreviven mucho más tiempo. En 2010 quedó grabado el gol de Iniesta como el emblema de una España capaz de reconocerse, aunque fuera por un instante, en su diversidad territorial. En 2026 permanecerá otra escena: la de un equipo que representó una España forjada en la convivencia. Un grupo que demuestra que el patriotismo no necesita construirse contra nadie, que este país puede seguir siendo un espacio de integración y no una frontera entre amigos y enemigos, y que la pluralidad no debilita el sentimiento de pertenencia: lo fortalece. Esa, probablemente, sea la mayor victoria que deja este Mundial.