Hay algo más peligroso que la violencia racista: que acabemos viéndola como una reacción inevitable -o justificable- ante una crisis migratoria. No lo es. Ceuta no es una excepción ni un estallido espontáneo. Tampoco toda protesta contra la gestión migratoria es necesariamente violencia ultra. Conviene mirar el patrón que vimos en Torre Pacheco, Southport, Epping y Belfast. Y que vuelve a aparecer en Ceuta.

La secuencia tiene cuatro fases: frustración, propaganda, movilización y violencia.

La primera es la frustración. Siempre hay un detonante real: una agresión, una ciudad que se siente abandonada o unos servicios insuficientes. Ese malestar merece respuestas políticas. El giro llega cuando alguien decide convertirlo en odio. Entonces cambia el foco. Ya no se habla de recursos, gestión o responsabilidades institucionales. El objetivo pasa a ser acechar, perseguir y hasta linchar a los inmigrantes. Una crisis compleja encuentra un culpable sencillo. Es ahí donde entra la extrema derecha.

Southport mostró la dinámica: un crimen terrible fue acompañado de falsedades sobre el origen del agresor que alimentaron, a su vez, ataques contra mezquitas, hoteles de solicitantes de asilo y comunidades migrantes. En Belfast hemos visto una secuencia parecida.

La segunda fase es la propaganda. La infraestructura digital del odio no aparece cuando estalla una crisis. Lleva años funcionando, acumulando seguidores, conectando grupos y difundiendo narrativas como “invasión”, “reemplazo” o “remigración”.

En Ceuta los datos muestran hasta qué punto puede acelerarse: en solo 25 días se detectaron 78.476 mensajes de odio relacionados con la crisis, con un pico de 6.615 en un solo día, casi tres veces más que la actividad habitual. Los principales objetivos de la cacería digital fueron personas norteafricanas, migrantes y musulmanas.

No son mensajes aislados. Existe una red que conecta organizaciones locales, españolas e internacionales: Deport Them Now, Save Europe Act, Reconquista, Junge Tat y Tercera Vía, junto a activistas portugueses, franceses e italianos. Y esa infraestructura tiene altavoces políticos y tecnológicos. Musk ha convertido X en un poderoso amplificador de la derecha radical internacional. Algunos dirigentes también han convertido la inmigración en un eje permanente de alarma política, asociándola con inseguridad, pérdida de identidad o amenaza demográfica. Sin distinguir entre inmigración regular e ilegal. Cuando esos marcos pasan de los canales ultras al discurso de masas, el perímetro de lo moralmente aceptable se amplía hasta dar cabida a discursos deshumanizadores.

La tercera fase es la movilización. Las redes dejan de servir solo para convencer y empiezan a organizar, desplegando toda su capacidad para trasladar la acción del espacio digital al espacio físico. Torre Pacheco mostró cómo funciona con Telegram. Deport Them Now UE difundió mapas y llamó a organizar “cacerías” contra población magrebí. Ceuta vuelve a mostrar que la internacional ultra sigue formando parte de la ecuación. Activistas vinculados a estos grupos han difundido la alarma o se han desplazado hasta España. Una crisis local se convierte así en una oportunidad para redes de distintos países y para reclutar nuevos perfiles.

La cuarta fase es la violencia. La propaganda llega a la calle. En Ceuta hemos visto episodios violentos y la quema del campamento y de los enseres de personas migrantes, además de amenazas contra organizaciones humanitarias y periodistas. Aquí hay otra frontera, moral, que también debe ser nítida. Se puede protestar contra la política migratoria o reclamar recursos. Quemar las pertenencias de personas migrantes no es protesta, es violencia racista.

Por eso importa tanto la reacción política. De Vox ya conocemos la respuesta: ante estos episodios no solo suele faltarles una condena clara y sin matices, sino que su discurso alimenta buena parte del marco que los precede. Del PP cabe esperar algo más: una repulsa enérgica sin añadir de inmediato un “pero Sánchez”. Puede responsabilizar al gobierno de una mala gestión y, a la vez, dejar claro que ninguna política migratoria convierte a una persona en objetivo legítimo de una agresión. Puede criticar la morosidad del ejecutivo mientras descalifica cualquier atisbo de respuesta violencia, por mucho que pueda servir como combustible electoral. Un combustible altamente inflamable, que no decrecerá aunque el PP llegue al gobierno.

Porque ¿de verdad cree el PP que gobernar le hará inmune?

Estados Unidos demuestra que no. La experiencia de Trump debería servir de advertencia: el supremacismo blanco no desaparece porque gobierne la derecha. Una de las primeras decisiones del presidente al volver a la Casa Blanca fue indultar a cientos de condenados por el asalto al Capitolio. Y el análisis del Jewish Council for Public Affairs sobre los datos del FBI de 2025 señala que, pese al descenso global de los delitos de odio, los ataques contra la comunidad latina e hispana aumentaron un 26% y los dirigidos contra la población sikh un 25%. Aquí el otro es el musulmán: allí es el hispano. Convendría no olvidarlo.

Hay que cortar la cadena: atender la frustración, combatir la propaganda, perseguir las redes que organizan la violencia y actuar con contundencia. Y proteger la protesta legítima: quienes quieren convertirla en una jauría humana no representan a los vecinos de Ceuta. Ambas cosas son -y deben ser- compatibles. Para solucionar la crisis de la ciudad autónoma sin menoscabar nuestra democracia.

Hay algo revelador en lo que no está ocurriendo entre el PP y Vox durante la crisis de Ceuta. En 2024, una situación parecida acabó con la ruptura de los gobiernos autonómicos que compartían. Dos años después hay mucha inflación retórica, pero pocas discrepancias de fondo y ningún interés en llevar el conflicto hasta la ruptura. Es la luna de miel anticipada de Feijóo y Abascal antes del matrimonio que ambos esperan formalizar tras las próximas elecciones generales.

No se trata todavía de una alianza formal, sino de la normalización de su relación como posible coalición estatal. Si las matemáticas electorales permiten una mayoría de PP y Vox, quieren demostrar desde ahora que pueden convivir en el poder sin hacerse la guerra. La prueba está en la gestión de los menores migrantes. El 13 de agosto, las comunidades gobernadas por el PP participaron en la reunión técnica convocada por la ministra de Juventud e Infancia, mientras los territorios donde Vox gestiona las competencias sobre menores decidieron no acudir. La reunión mostró el equilibrio que intenta mantener el PP: sentarse a la mesa, pero sin asumir el reparto, evitando un choque frontal con sus socios.

Hace dos años Vox rompió los gobiernos autonómicos después de que el PP aceptara el reparto de 347 menores procedentes de Canarias y Ceuta. Abascal presentó aquella decisión como una línea roja innegociable. En cambio, ahora la Consejería de Servicios Sociales y Familia de Extremadura que gestiona la ultraderecha ha tenido que asumir la tutela de cuatro menores llegados de Ceuta, pese a que los nuevos pactos de 2026 rechazan explícitamente su acogida.

¿Por qué no se rompe ahora lo que hace dos años saltó por los aires? La explicación jurídica —que desde 2025 existe un mecanismo que automatiza la redistribución cuando se supera la capacidad de acogida— es cierta, pero insuficiente.

Hay también un cálculo material. Romper acuerdos implica perder cargos, recursos y capacidad de decisión. En 2024, Vox renunció a unos 757.600 euros brutos anuales en salarios. Hoy el coste sería mayor: una ruptura completa supondría perder más de un millón al año en retribuciones. Y hay otro incentivo: en dos ciclos electorales, Vox obtuvo más de 16 millones en préstamos de un banco húngaro vinculado a Orbán. Romper ahora también significaría perder unos recursos que ya no va a encontrar en otra parte.

Pero el cálculo estratégico pesa aún más. Vox ya no necesita demostrar que es la oferta política que defiende la mano más dura contra a la inmigración porque ha conseguido trasladar su marco al centro de la conversación y convertir la “prioridad nacional” en una exigencia incorporada a acuerdos y presupuestos, como en la Comunitat Valenciana.

En septiembre de 2024, tras meses de tensión migratoria en Canarias, la preocupación por la inmigración se disparó del 11,2 % al 30,4 %, catapultándose como el primer problema del país según el CIS. Un salto de casi 20 puntos en apenas tres meses, de junio a septiembre. El dato muestra que el peso electoral de un asunto aumenta cuando un partido consigue que ocupe el centro de la agenda política y mediática. La crisis de refugiados de 2015 en Alemania ofrece otro ejemplo: convirtió la inmigración en uno de los grandes ejes de competición y favoreció notablemente a una Alternativa por Alemania que hasta entonces solo había cosechado magros resultados electorales con su programa euroescéptico.

Pero el riesgo para el PP es que, al convertir también la inmigración en uno de sus principales campos de batalla, aumente la importancia de un asunto que favorece más al discurso de Vox que al suyo. Hasta el punto de que Feijóo ha elevado el tono pidiendo confinar Ceuta por el riesgo de enfermedades atribuidas a los inmigrantes. Hay una subasta para ver quién hace la proclama más estridente en una competencia indisimulada por capitalizar la atención pública, con propuestas imposibles de aplicar, por razones geopolíticas o por conculcar una ley, la de extranjería, que sin duda será una de las primeras en ser derogadas y reformuladas si ambos llegan al gobierno.

Lo que se está ensayando en Ceuta es una cultura de coalición. El PP necesita a la extrema derecha porque ha quedado demostrado que no le alcanza la mayoría y Vox necesita demostrar que puede entrar en un futuro ejecutivo nacional sin dinamitarlo. Ha aprendido la lección de 2023, cuando Abascal apostó por un programa ultramontano que diferenciara su propuesta de los populares, lo que le hizo perder 19 diputados y alejar una mayoría de gobierno que parecía garantizada. El mayor problema para Feijóo es que cuanto más acerca sus posiciones a las de Vox, intentando cooptar su espacio electoral, más legitima su marco y menos amplía su base. No han desaparecido sus discrepancias: solo han descubierto que les resulta más rentable administrarlas que subrayarlas. Si los números se lo permiten en 2027, este noviazgo se convertirá en un matrimonio. Eso sí, de conveniencia.

Hay crisis que se convierten en símbolos y la de Ceuta es una de ellas, porque si lo ocurrido tenía una dimensión geopolítica, humanitaria y diplomática, esta semana ha empezado a adquirir una nueva naturaleza semiótica: la de dar el pistoletazo de salida a un curso marcado por elecciones de distinta naturaleza: locales, autonómicas y generales.

No es casualidad que el presidente de Ceuta, dirigente del PP que durante años ha mantenido una relación de cooperación con los distintos Gobiernos centrales, haya endurecido el tono contra Pedro Sánchez. Habla de “pasividad casi absoluta”, de una situación de excepción y concede al Ejecutivo un plazo de 30 días antes de acudir a “otras instituciones”, incluido el Poder Judicial.

Ya hemos visto que en Ceuta la cuestión no estriba tanto en dilucidar cómo solucionar un problema humanitario como en imponer uno u otro relato. Y me parece que ese es uno de los mayores errores del Ejecutivo, que tampoco está saliendo bien parado: una cosa es la realidad y otra su percepción social, que en política resulta decisiva. Puede que haya coordinación entre administraciones o visitas de ministros, y es cierto que el tempo de la ley es distinto al de la urgencia —mediática— del debate público, pero parece que el Gobierno reacciona por detrás de los acontecimientos. España tiene recursos para movilizar medios ante emergencias de distinta naturaleza, pero si esa capacidad no se percibe, aparece un vacío que ocupan los discursos de “abandono” o “Estado fallido”: ya pasó con la DANA de Valencia y aquel famoso —y falaz— mantra de “solo el pueblo salva al pueblo”.

El Partido Popular ha detectado ese hueco y ha decidido que Ceuta sea uno de los grandes símbolos del fracaso del “sanchismo”. La proposición no de ley presentada por Cuca Gamarra combina dos elementos clásicos del manual de la oposición en esta legislatura: la deslegitimación del presidente —“negligencia”, “pasividad absoluta”— y la competición con Vox para ver quién encarna un nacionalismo más ultramontano. Ahora, el PP reclama un mando único, refuerzo policial y militar, mayor presencia de Frontex, el fin de las regularizaciones y una reforma de la Ley de Extranjería. Pero su posición contrasta con su trayectoria: los Gobiernos de Aznar realizaron tres procesos de regularización extraordinaria que beneficiaron a unas 500.000 personas y, en 2024, este mismo PP votó a favor de tomar en consideración la ILP para una nueva regularización, que el Gobierno aprobó en 2026 y que ahora los populares rechazan.

A ello se suma la exigencia de Gamarra del “retorno inmediato” de quienes entraron de forma irregular, incluidos los menores, obviando que cualquier devolución debe respetar la normativa de protección del menor, el Estatuto de los Refugiados y la Ley de Extranjería que el PP de Aznar aprobó —y endureció con una reforma de urgencia tras obtener la mayoría absoluta— en 2000. Entonces la población extranjera apenas superaba el medio millón, poco más del 1% de la población. Hoy ronda el 14,8% y, a tenor de lo que estamos viendo, más que personas parecen munición electoral.

La paradoja de Ceuta, donde las distintas instancias públicas compiten más de lo que colaboran, se hace aún más evidente si la comparamos con lo que sucedió con Ucrania. En el primer mes de la guerra, España concedió 51.957 protecciones temporales a desplazados ucranianos mediante un procedimiento extraordinario que permitía resolverlas en 24 horas. La respuesta contó, además, con la colaboración de las comunidades autónomas.

No son situaciones equivalentes. La protección temporal para los ucranianos se diseñó como una fórmula colectiva; en Ceuta, sobre todo en el caso de los menores no acompañados, hay que identificar a cada persona, determinar su situación y abrir un expediente individual. Eso alarga los plazos y exige otros recursos. Pero la comparación permite plantear una pregunta: si aquella emergencia humanitaria movilizó al conjunto del país y a las comunidades autónomas, ¿por qué ahora cuesta tanto encontrar esa misma solidaridad territorial?

La respuesta es que se avecinan elecciones que pueden cambiar —y mucho— el paisaje político. Pero no solo aquí. Europa afronta varias batallas electorales decisivas: este septiembre, en dos Länder de la antigua Alemania del Este, se verá si Alternativa por Alemania se convierte en primera fuerza; el año que viene, Italia y Finlandia pondrán a prueba la continuidad de sus gobiernos con participación de la extrema derecha, mientras Marine Le Pen aspira a convertirse en la primera presidenta de Francia. La extraña pareja formada la semana pasada por las primeras ministras danesa —socialdemócrata— e italiana —de extrema derecha— ofrece otra pista: la inmigración se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda europea.

Algo que, por supuesto, una abanderada del trumpismo nacional como Isabel Díaz Ayuso no podía desaprovechar. Este lunes ha vuelto a colocar a Sánchez y Ceuta en el centro de su argumentario, con referencias a una “invasión tolerada”, mientras sigue evitando responder con claridad a la polémica del ático adquirido con dinero público y vendido deprisa y corriendo después de que la prensa destapara el asunto. El patrón resulta reconocible: inundar la conversación pública con un asunto de enorme carga emocional para desplazar otros temas incómodos. Por eso la líder madrileña se ha convertido en una de las voces más insistentes del PP sobre Ceuta y Sánchez, hasta el punto de que en las últimas semanas su presencia en este debate ha sido mayor que la del propio presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

“Soy Giorgia. Soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana”. La frase con la que Meloni se hizo célebre en la campaña electoral de 2022 condensaba una fórmula precisa: encadenar identidad nacional, familiar y religiosa en una misma expresión para marcar diferencias con las nuevas identidades promocionadas por la izquierda. No necesitó moderar el discurso de la extrema derecha de la que provenía, el MSI, heredero del fascismo mussoliniano; logró algo más ambicioso: trasladar sus temas al centro de la conversación y articularlos desde una “nueva derecha” con vocación institucional.

Isabel Díaz Ayuso lleva años recorriendo un camino parecido, solo que en sentido inverso. Su comparecencia de este lunes lo volvió a confirmar. Había sido convocada para presentar ayudas a los ganaderos afectados por los incendios. Se anunció con apenas hora y media de antelación, sin permitir preguntas de los periodistas, y buena parte de la intervención acabó dedicada a Ceuta, Marruecos, Italia, Schengen y Pedro Sánchez. A nadie se le escapaba la intención: desviar la atención hacia la presión migratoria en la frontera y sus consecuencias, responsabilidad del Gobierno central. El mismo al que implicó unas semanas antes en la gestión de los incendios forestales en Madrid, una competencia del Ejecutivo autonómico, salvo que se eleve el problema a emergencia nacional.

Pero no se trata solo de comunicación: es una estrategia política orientada a dos objetivos.

El primero, desplazar la atención de una crisis que amenaza con convertirse en un problema serio para su Ejecutivo: la compra por 6,3 millones de euros de un ático por parte de una empresa pública de su comunidad, gestionada de forma opaca y pésimamente justificada. La operación corre el riesgo de erigirse en el símbolo de una legislatura en la que el PP puede perder el control absoluto de su principal bastión. A ello se suma la polémica por aquel viaje a México, acortado por supuestas amenazas a su seguridad, una versión cuestionada desde el otro lado del Atlántico.

Son dos crisis distintas con un rasgo común: ninguna ha quedado saldada con las explicaciones ofrecidas por la presidenta y su entorno. Ni siquiera Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete y especialista en aprovechar los apuros de Ayuso para abrir una nueva trinchera contra sus adversarios, parece haber encontrado esta vez una salida eficaz.

El segundo objetivo apunta más alto: disputar el liderazgo de la nueva derecha radical antes de que Vox lo monopolice.

Meloni opera aquí como referencia. Ambas dirigentes han comprendido la rentabilidad de hacer del choque con la izquierda la piedra angular de su perfil. Sánchez resulta un adversario útil para esta maniobra: permite elevar cuitas autonómicas a conflicto estatal e integrar banderas de la extrema derecha en el PP —seguridad, inmigración, feminismo o Cataluña—.

La politóloga austríaca Natascha Strobl llama “conservadurismo radicalizado” a esa evolución de las fuerzas tradicionales que adoptan el lenguaje y las tácticas de la derecha radical sin perder su perfil de gobierno, algo que ejemplificó el joven —y efímero— canciller austríaco Sebastian Kurz. Una senda explorada también por otros conservadores de Grecia, Suiza o Países Bajos. No implica mimetizarse por completo con la extrema derecha, pero sí asumir algunos de sus recursos para evitar que Vox acapare la conversación pública: ruptura de normas y protocolos en la relación con el adversario, polarización extrema, guerra cultural —como la emprendida en México—, transformación de la organización en un club de fans en torno a un líder mesiánico, hostigamiento a las instituciones, campaña permanente y creación de realidades paralelas amparadas en la posverdad. Ayuso en estado puro.

Como en su día intentó Esperanza Aguirre, la dirigente madrileña busca erigirse en la alternativa de un PP que no termina de despegar con Feijóo. Su baza pasa por presentarse como la única capaz de reagrupar el voto fugado hacia la extrema derecha.

Por eso Ceuta ofrece una oportunidad que no podía dejar pasar: permite regresar a la política nacional hablando de fronteras y soberanía, retomar el choque directo con Sánchez, alinearse con Meloni —amiga de Abascal— y proyectar un perfil estatal mientras desplaza la conversación del ático y del fiasco de su proyección internacional en México.

Pero ese plan encierra una paradoja. Vox es un rival para los populares, pero al mismo tiempo ha ensanchado el espacio en el que ambos pueden competir. Cuanto más se normalizan sus marcos discursivos, más difusa resulta la línea que separa a las dos formaciones. Al imitar las añagazas tacticistas de la ultraderecha española, Ayuso contribuye a su legitimación. Su nueva aliada ya completó esa transición en Italia, fagocitando el antiguo feudo democristiano y el espacio populista que encarnó Berlusconi hasta consolidar una derecha extrema, pero “pragmática”, con la que el Partido Popular Europeo no tiene reparos en pactar en Bruselas.

En 2023, los populares en la Comunidad de Madrid lograron el 47,3% de los votos y 70 escaños. Un éxito apabullante. La mayoría absoluta le permitió prescindir de Vox, marcar la agenda nacional y mantener una voz propia frente a Feijóo. Todo el andamiaje de sus ambiciones nacionales pasa por mantener ese statu quo. Parece difícil que la derecha pierda Madrid, pero si esa aritmética se quiebra y el año que viene necesitara el apoyo de Vox para seguir en el poder, se desharía el espejismo.

Parece difícil, pero no imposible: bastaría con seguir transitando por la senda que une México DF con Chamberí.

La decisión del Gobierno español de imponer controles a los viajeros procedentes de Italia no responde tan sólo a un principio de reciprocidad diplomática. Es, sobre todo, un intento de evitar que se normalice un precedente peligroso: que un Estado miembro pueda restringir unilateralmente la libre circulación con otro socio europeo por razones políticas y electorales.

Eso es lo que está en juego tras la decisión de Giorgia Meloni de restablecer controles con España utilizando como argumento la llegada masiva y descontrolada de migrantes a Ceuta. Una medida que transforma una crisis localizada en la frontera sur de la Unión Europea en un conflicto bilateral que nunca debió existir. A no ser que responda a razones más aviesas.

La inmigración constituye desde hace años el principal recurso de movilización electoral de la derecha radical europea. Cuando las políticas públicas no consiguen ofrecer los resultados prometidos, elevar el tono y recrudecer el discurso se convierte en una tentación difícil de evitar. La comunicación, más maleable, sustituye a la gestión, siempre más huraña.

La paradoja es evidente. Como recordó Pedro Sánchez utilizando datos de Frontex, Italia ha registrado alrededor de 478.600 entradas irregulares entre 2021 y 2026, prácticamente el doble que España, con 234.760. Es decir, el Gobierno que pretende presentar a España como el principal vórtice del problema migratorio es, precisamente, el que ha soportado una mayor presión sobre sus propias fronteras.

Tampoco puede exhibir Meloni grandes éxitos de gestión. Su proyecto estrella, los centros para solicitantes de asilo en Albania, ha quedado bloqueado por los tribunales italianos y se ha convertido en el símbolo de una política más eficaz para producir titulares que resultados. Y aunque el ejecutivo italiano ha comprometido alrededor de 800 millones de euros para este proyecto de externalización del problema, las instalaciones apenas han podido funcionar. La paradoja más llamativa, sin embargo, es que Italia ha seguido regularizando contingentes de trabajadores extranjeros porque su economía continúa necesitando mano de obra. Entre 2023 y 2025, el país alpino ha concedido 452.000 permisos de trabajo mediante el Decreto Flussi. El contraste entre el discurso maximalista y la prosaica realidad resulta difícil de ocultar. Especialmente, si se quiere culpar de esta crisis al proceso de regularización puesto en marcha por el gobierno español.

Fabricar un conflicto artificial con España cumple una función política evidente. Meloni ya no practica únicamente ese nacionalismo “banal” del que hablaba Michael Billig, presente en las banderas, las camisetas de la selección, los símbolos y las rutinas cotidianas. Ha dado un paso más hacia un nacionalismo performativo, construido para escenificar fortaleza, identificar enemigos externos y movilizar electoralmente a una parte de la sociedad. Del nacionalismo banal, hemos pasado al nacionalismo ruin, torticero y, sobre todo, oportunista. No es casualidad que esta escalada se produzca cuando falta poco más de un año para las elecciones italianas y cuando Fratelli d’Italia se ve amenazado a su derecha por el almirante Vanacci, que expide un discurso identitario y antiinmigración todavía más hiperventilado que el de Meloni. Que ya es decir. Endurecer el lenguaje y escenificar conflictos con otros gobiernos europeos constituye una estrategia de diferenciación política mucho más rentable que reconocer los límites de la propia acción gubernamental.

La respuesta española debe entenderse desde esa lógica. Si el Gobierno de Sánchez hubiera permanecido pasivo, habría asumido implícitamente que cualquier país puede restringir Schengen con España apelando a una supuesta amenaza para su seguridad nacional aunque los hechos no la avalen. La reciprocidad no persigue escalar el conflicto, sino proteger la igualdad entre Estados miembros y preservar la credibilidad de uno de los pilares fundamentales de la integración europea: la libre circulación.

Pero esta crisis deja al descubierto una diferencia fundamental entre Italia y España.

Meloni busca poner en práctica el efecto conocido como rally around the flag: aprovechar un conflicto exterior para reforzar la cohesión nacional en torno al Gobierno. Es una estrategia frecuente cuando los ejecutivos atraviesan dificultades internas. A finales de los 90 una película, oportunamente titulada 'La cortina de humo', desarrollaba la idea, con un presidente de los Estados Unidos sumido en una crisis por un escándalo sexual. La confrontación con un actor externo desplaza el debate y convierte cualquier crítica doméstica en una supuesta falta de patriotismo.

En España ocurre lo contrario. La polarización ha alcanzado tal intensidad que ni siquiera una disputa diplomática con otro Estado miembro genera un cierre de filas alrededor del Ejecutivo. Las declaraciones de Vox respaldando el relato del Gobierno italiano frente al español ilustran hasta qué punto la competición partidista pesa hoy más que cualquier lógica de unidad nacional. El conflicto exterior no reduce la polarización; la alimenta.

Quizá esa sea la principal enseñanza de esta crisis. No asistimos solo a un choque diplomático entre dos gobiernos. Lo que está en juego es la posibilidad de que Schengen deje de ser una política común para convertirse en un instrumento al servicio de las necesidades electorales, puntuales y episódicas, de los Estados miembros. Un precedente que sería muy preocupante en un contexto como el actual, en el que Europa se ve amenazada por fuerzas que intentan redefinir los ejes que han vertebrado la construcción europea. O, mejor dicho, sustituirlos por otros, radicalmente contrarios. Sustituir la tolerancia a las minorías por el ostracismo o la expulsión. Sustituir la cesión de soberanía por el repliegue identitario. O, como en este caso, sustituir la cooperación honesta entre Estados por la suspicacia interesada entre gobiernos.

Hay imágenes que retratan una crisis. Y hay otras que retratan una época. Las de miles de personas intentando alcanzar Ceuta hablan, por supuesto, del fracaso del modelo migratorio europeo. Pero, sobre todo, revelan otra realidad: la competición política, en España y en la Unión Europea (UE), por demostrar quién es más duro con quienes intentan cruzar sus límites territoriales. La discusión ya no gira solo en torno a cómo gestionar la llegada de personas. Gira, sobre todo, alrededor de quién promete más expulsiones.

No estamos ante una excepción. La externalización del control fronterizo ha convertido a terceros países en guardianes del perímetro sur. A cambio de financiación, cooperación o respaldo diplomático, Estados como Marruecos o Turquía contienen los flujos migratorios. Ahí reside una de las grandes debilidades del modelo europeo: quien controla ese grifo también dispone de una poderosa herramienta de presión geopolítica. Ocurrió en el río Evros, cuando Turquía empujó a miles de personas hacia Grecia en 2020 para presionar a Bruselas. Volvió a suceder en 2021, cuando el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de ciudadanos de Oriente Próximo y los condujo hasta Polonia, Lituania y Letonia como parte de una estrategia de guerra híbrida. Ese mismo año, Marruecos permitió la entrada de unas 10.000 personas para castigar a España tras la acogida hospitalaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La Eurocámara respondió entonces condenando el uso de seres humanos como arma de presión política.

Las personas dejan así de ser sujetos de derechos para convertirse en munición humana, en piezas de ajedrez de la negociación entre Estados. Después pasan a desempeñar un segundo papel: el de recurso electoral. El guion se repite en Lampedusa, Grecia, Polonia o Ceuta. Primero llegan las imágenes; luego, los bulos; por último, las promesas de mano dura.

Los acontecimientos de estos días ilustran con claridad esa dinámica. Jordan Bardella culpó a Sánchez de haber “abierto las puertas de Europa”. Meloni elevó el tono hasta plantear la suspensión de Schengen respecto a España y Finlandia respaldó esa posición, pese a que Ceuta ni siquiera forma parte de ese espacio de libre circulación. En Alemania, la presión de AfD vuelve a empujar el debate migratorio hacia posiciones cada vez más extremas. Ninguna de esas reacciones puede ni debe entenderse al margen de los calendarios electorales que afrontan varios países europeos este año.

España tampoco escapó a esa lógica. El diputado de Vox José María Figaredo llegó a reclamar que había que “cazar” a quienes habían entrado en Ceuta. Santiago Abascal habló de “invasión”, vinculó la llegada de personas con la delincuencia, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos, canceló su viaje a Colombia para desplazarse a la ciudad autónoma y convirtió la frontera en el eje de su ofensiva política. Al mismo tiempo, Alvise Pérez y miembros de Núcleo Nacional acudieron a Ceuta para disputar a Vox el monopolio del discurso racista.

Nada de ello responde a la improvisación. Forma parte de una estrategia conocida: convertir una crisis fronteriza en una oportunidad política. El miedo moviliza, la xenofobia cohesiona y convertir a la persona migrante en enemigo interno continúa siendo uno de los principales reclamos ideológicos de la constelación ultra. Partiendo de ahí, la rivalidad ya solo consiste en demostrar quién propone el programa más intransigente y emplea el lenguaje más agresivo.

Pero el verdadero problema no es Vox. De Vox nadie puede decir que oculte su proyecto. Lo preocupante es un PP que ha dejado de combatir los marcos de la extrema derecha para hacerlos suyos. Lejos quedan los aplausos a las palabras de León XIV cuando recordó que “la dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”. Bastó lo ocurrido en Ceuta para que ese consenso desapareciera. La movilidad humana dejó de abordarse como un fenómeno complejo, que exige cooperación internacional y respeto a los derechos humanos, para convertirse en un instrumento de confrontación partidista.

Cuando la derecha tradicional acepta el marco que fija la derecha radical, deja de discutir las soluciones y termina, no solo reforzando el relato de quien marca el debate, sino extremándolo todavía más, porque del extremismo vociferará más, utilizará descalificaciones más gruesas y medidas todavía más inhumanas. Por ejemplo, elevando al nivel del discurso político lo que hasta entonces solo había tenido carta de naturaleza en las calles: cazar al inmigrante. Como en Torre Pacheco hace exactamente un año. También ocurrió con la Agenda 2030 y con las políticas climáticas. Ahora sucede con la inmigración, el clímax de las políticas de deshumanización, porque en este caso hablamos –o deberíamos– de seres humanos.

La pregunta más importante no es qué dice hoy la oposición, sino qué ocurrirá cuando gobierne. Porque Marruecos seguirá ahí y seguirá haciendo lo mismo: utilizará geopolíticamente los flujos migratorios. Ningún Ejecutivo español será inmune a episodios como el de Ceuta.

¿A quién culparán entonces?

Gobernar exige algo más difícil que señalar responsables: obliga a gestionar problemas para los que no existen soluciones simples. Además, obliga a responder otra pregunta. Si el referente político de Vox es el modelo impulsado por Trump, basado en deportaciones masivas, redadas y una exhibición constante de la fuerza frente a la inmigración irregular, ¿hasta dónde estaría dispuesto a acompañarle el PP para conservar una mayoría parlamentaria? Los acuerdos autonómicos ofrecen algunas pistas, porque el PP ha aceptado el principio de “prioridad nacional” o las restricciones a organizaciones sociales que atienden a personas en situación irregular. Cesión tras cesión, el espacio político del PP se desplaza hacia la derecha radical.

Ese es el verdadero riesgo. Ningún Estado está a salvo de que un tercer país utilice la migración como instrumento de presión. La diferencia reside en cómo se responde a esas situaciones: desde la gestión, la cooperación europea y el respeto al Estado de derecho o desde el miedo, la búsqueda de culpables y la competición por demostrar quién es más implacable. Pero entonces la política solo consistirá en demostrar quién puede gritar con más fuerza: yo soy más racista que tú.

Hay incendios que arrasan bosques. Y hay otros que consumen la conversación pública. Cada verano asistimos al mismo patrón: mientras miles de vecinos son desalojados, los equipos de extinción se juegan la integridad física y las llamas avanzan, el debate se precipita hacia el reproche. En el terreno, sin embargo, suele imponerse la cooperación entre instituciones y una gobernanza multinivel mucho más eficaz de lo que refleja la bronca política.

Toda crisis tiene dos tiempos. El primero es el de la emergencia. La prioridad no debería ser desgastar al adversario, sino proteger vidas, coordinar recursos y ofrecer información fiable para que ese espacio no lo ocupen la desinformación ni quienes instrumentalizan el temor para erosionar la confianza ciudadana. La comunicación institucional también resulta decisiva porque reduce la incertidumbre y transmite serenidad, unidad y empatía a quienes acaban de perder una vivienda, un negocio o, en el peor de los casos, a un ser querido.

¿Qué siente una persona evacuada cuando enciende la televisión y escucha insultos, descalificaciones o acusaciones cruzadas? Cuesta pensar que perciba a los responsables públicos concentrados en resolver su problema. El ruido no apaga el fuego; solo aumenta la sensación de miedo y enfado.

El segundo tiempo llega cuando las llamas se extinguen. Es entonces cuando corresponde la rendición de cuentas: preguntar si la prevención fue suficiente, si los montes estaban bien gestionados, si las plantillas contaban con medios estables o si los presupuestos respondían a un riesgo que ha dejado de ser excepcional. Confundir ambos momentos no fortalece la democracia; la empobrece porque erosiona la dimensión más útil de la política: su capacidad para ofrecer soluciones duraderas a desafíos colectivos.

Los datos evidencian que esta realidad ha dejado de ser coyuntural. En lo que va de 2026 ya han ardido 152.678 hectáreas forestales, más de seis veces la extensión afectada en el mismo periodo del año pasado, el equivalente a toda la isla de Gran Canaria. Con más de la mitad de su superficie cubierta por bosques y otras formaciones vegetales, y un Mediterráneo que se calienta por encima de la media mundial, resulta difícil seguir viendo estos siniestros como un fenómeno estacional o como una cuestión que solo reaparece cuando llegan las altas temperaturas.

Aun así, esa segunda etapa sigue sin traducirse en una estrategia de país frente a esta amenaza. No es por falta de propuestas. El Gobierno presentó el pasado septiembre un Pacto de Estado con diez medidas centradas en la adaptación, la articulación institucional y la anticipación. A ello se suma la hoja de ruta impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que incluye actuaciones como la reciente Red Estatal de Refugios Climáticos ante las olas de calor y el anunciado Plan contra la Desinformación Climática. El PP registró semanas antes un Plan Integral de Ayuda con cincuenta acciones orientadas a la restauración ambiental y al refuerzo de la UME.

El análisis de ambos documentos revela enfoques distintos, pero también coincidencias en el fortalecimiento de las capacidades públicas de prevención y respuesta. El Ejecutivo sitúa la crisis climática en el centro del diagnóstico. El texto del PP apenas menciona una vez el cambio climático y lo hace vinculado a la agricultura del carbono, no como explicación del aumento de la vulnerabilidad. Esa divergencia, por sí sola, no basta para explicar la ausencia de un punto de encuentro. El obstáculo parece otro y responde, sobre todo, a dos dinámicas.

Por un lado, la polarización bloquea cualquier entendimiento con el adversario. Por otro, la lógica de la campaña permanente premia la diferenciación constante, incluso en plena emergencia. El incentivo ya no es tejer consensos duraderos, sino reforzar el perfil propio. La paradoja es evidente: cuanto mayor es la certeza científica sobre la magnitud del problema, menor es la disposición para articular pactos de Estado.

En ese contexto, Vox introduce otro marco interpretativo. Durante los incendios de Madrid y Ávila, Santiago Abascal difundió un vídeo de 49 segundos en el que atribuía la tragedia al “fanatismo climático”, a las “políticas verdes suicidas” y a la corrupción del Gobierno de Sánchez. El fuego deja de concebirse como un asunto de interés general para convertirse en un nuevo frente de la batalla cultural. Para la extrema derecha, no se trata de resolver esta urgencia, sino de convertirla en un instrumento de movilización ideológica a través de la confrontación.

Ese relato encuentra un aliado en la desinformación. Cada gran incendio viene acompañado de una cascada de bulos y eslóganes populistas: que la Ley de Montes impide limpiar los bosques, que la UME abandona poblaciones o que “solo el pueblo salva al pueblo” porque el Estado autonómico no funciona. Son mensajes que el algoritmo recompensa porque generan indignación. Saltan de perfiles partidistas a canales de mensajería, de ahí a algunos medios de comunicación y terminan contaminando la esfera pública.

La gestión en el entorno rural comienza mucho antes de que aparezca el primer foco. Se construye mediante labores preventivas durante el invierno, se reduce la carga vegetal, se estabilizan brigadas, se mejora la formación de los profesionales, se impulsa la investigación y se blindan recursos. Son intervenciones discretas. Apenas ocupan tertulias ni generan rédito electoral, pero son las que hacen más resiliente el paisaje.

Ningún gobierno puede impedir que prenda la chispa. Sí puede decidir si el territorio llega mejor preparado para responder. Que un episodio de esta magnitud acabe convirtiéndose en una catástrofe depende de decisiones públicas: de la planificación de la administración competente, de la cooperación entre instituciones y de la capacidad para alcanzar acuerdos cuando desaparece el humo. Porque el verdadero fracaso no es que el monte arda. Es que, cuando deja de arder, también se extinga la voluntad política de evitar el siguiente. Ahí empieza el segundo tiempo del fuego. Y ese sigue siendo el reto que España aún no ha sabido afrontar.

Los grandes éxitos deportivos rara vez se circunscriben a la esfera estrictamente deportiva. Se convierten en relatos compartidos, en momentos que condensan un modelo de convivencia. La victoria de España frente a Argentina para conquistar su segundo Mundial pertenece a esa categoría de acontecimientos: este conjunto no solo ha ganado un campeonato, sino que ha contribuido a redefinir una identidad nacional más abierta e integradora.

El paralelismo con 2010 resulta inevitable. Aquel equipo conquistó el primer Mundial apenas unas semanas después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. El país se adentraba entonces en una crisis política que marcaría buena parte de la década siguiente. En ese contexto, los internacionales ofrecieron una imagen de cohesión que las instituciones eran incapaces de transmitir. Xavi, Puyol, Iniesta, Piqué, Casillas, Xabi Alonso o Villa proyectaban una comunidad transversal cuando el debate público empezaba a fracturarse alrededor del modelo de Estado.

Dieciséis años después, el combinado vuelve a proclamarse campeón del mundo. Pero la discusión ha cambiado. Si en 2010 el gran debate era territorial, hoy la pregunta ha pasado a ser otra: quién forma parte del «nosotros». La celebración en Madrid terminó de condensar esa transformación. Sobre el escenario convivían las banderas de las comunidades autónomas y jóvenes que tienen raíces en Ghana, Guinea Ecuatorial o Francia. Pocas fotografías resumen mejor la España del siglo XXI.

Durante mucho tiempo, una parte de la izquierda mantuvo una relación incómoda con la identidad nacional española y sus símbolos —la bandera, el himno o la propia camiseta—, percibidos desde la Transición como un patrimonio exclusivo del franquismo. Pero las dinámicas colectivas cambian. Hoy buena parte de la izquierda celebra este triunfo porque ya no identifica tales emblemas con una ideología concreta, sino con una ciudadanía heterogénea. Ese desplazamiento cultural dice tanto sobre nuestra sociedad como el propio resultado deportivo.

El politólogo Michael Billig llamó nacionalismo banal a esos referentes cotidianos que alimentan el sentimiento de pertenencia casi sin que nos demos cuenta. Los colores, los escudos o la iconografía deportiva nunca son elementos neutros. También ahí se disputa el proyecto colectivo. Por eso este vestuario trasciende el deporte: ayuda a normalizar una España en la que la diferencia deja de verse como algo excepcional para formar parte de la identidad compartida. Quizá por eso la reacción de una parte de la derecha y de la extrema derecha fue tan reveladora. Apenas habían pasado unas horas desde la victoria cuando el éxito de la selección volvió a leerse en clave de confrontación política y de antisanchismo, incapaz de sostener por un momento un relato compartido.

No es casual que la extrema derecha haya convertido la «prioridad nacional» en una de sus principales banderas. Tampoco que, tras la victoria, tanto Vox como el PP recurrieran casi de inmediato al marco de la polarización partidista para interpretar un éxito que millones de ciudadanos vivían como un motivo de celebración colectiva. La batalla ya no consiste solo en ganar elecciones, sino en decidir quién pertenece a la comunidad política. Frente a esa agenda, esta selección desmonta sin proponérselo uno de los pilares de esa retórica. Lamine Yamal o Nico Williams forman parte del imaginario colectivo sin tener que justificar quiénes son. Su sola presencia desmiente la premisa de que existan ciudadanos de primera y de segunda. Son la expresión más visible de una sociedad inclusiva que hace tiempo dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana.

De ahí que resulte difícil presentar la inmigración como una amenaza cuando algunos de los rostros que hoy despiertan mayor orgullo colectivo son hijos de ese mestizaje. Tampoco sostiene ese marco la imagen de millones de personas celebrando los goles de futbolistas cuyas historias familiares desdibujan esas fronteras imaginarias.

Ese es el mayor legado de este Mundial. Un campeonato no elimina el racismo ni las proclamas de odio. Pero los referentes sí importan. Las imágenes compartidas una y otra vez acaban moldeando la forma en que una sociedad se mira a sí misma. Las generaciones más jóvenes aprenden tanto de aquello que celebran como de las narrativas que escuchan.

Los Mundiales pasan. Los goles acabarán ocupando un lugar en la memoria deportiva. Pero algunos recuerdos sobreviven mucho más tiempo. En 2010 quedó grabado el gol de Iniesta como el emblema de una España capaz de reconocerse, aunque fuera por un instante, en su diversidad territorial. En 2026 permanecerá otra escena: la de un equipo que representó una España forjada en la convivencia. Un grupo que demuestra que el patriotismo no necesita construirse contra nadie, que este país puede seguir siendo un espacio de integración y no una frontera entre amigos y enemigos, y que la pluralidad no debilita el sentimiento de pertenencia: lo fortalece. Esa, probablemente, sea la mayor victoria que deja este Mundial.

Hay días en los que la política parece escrita por un guionista empeñado en subrayar las coincidencias. Apenas unas horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley de amnistía, desmontando los argumentos jurídicos en su contra, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez deberá sentarse en el banquillo por dos presuntos delitos. Dos resoluciones de signo opuesto, el mismo día, sobre los dos frentes judiciales que más han desgastado y sostenido el relato político de esta legislatura.

La tentación de leer ambas noticias como un empate técnico –Bruselas da una alegría al Gobierno, la Audiencia le da un disgusto– es comprensible, pero engañosa. No hay tal empate. Que la mujer del presidente vaya a comparecer ante un jurado popular es un triunfo para la derecha y la extrema derecha, que llevan dos años señalando a Gómez como símbolo de una trama de favores conyugales y ven ahora confirmado ante un tribunal lo que hasta hoy era un relato construido a fuerza de repetición mediática. Es también la culminación del empeño de un juez, Juan Carlos Peinado, cuya instrucción fue corregida varias veces por la propia Audiencia y que, pese a ello, mantuvo el pulso hasta el final, alimentando la sospecha de que buscaba algo más que impartir justicia: dejar huella en la historia reciente de la Justicia de este país.

En una democracia madura, los tiempos de la Justicia y los tiempos políticos rara vez coinciden, y cuando lo hacen, la percepción suele imponerse sobre la explicación jurídica: en la política contemporánea, esa lectura pesa a menudo más que los propios hechos. Esa primacía de lo simbólico no es un accidente pasajero, sino el síntoma de una forma distinta de entender la política.

La competición electoral lleva años sin girar solo en torno a programas o balances de gestión: vivimos en una democracia gobernada por las emociones, donde el voto ya no responde solo a intereses materiales, sino a sentimientos de pertenencia, agravio o miedo. La politología lleva más de una década describiendo este fenómeno como polarización afectiva: la distancia emocional, más que ideológica, que separa a votantes de distinto signo y que Shanto Iyengar, politólogo y profesor en la Universidad de Stanford, situó en el origen del antagonismo democrático. Entre esas emociones, la indignación ocupa hoy un lugar central para un sector amplio del electorado socialista y progresista, que percibe en el caso Gómez el epítome de una judicialización sistemática de la vida pública.

Da igual que la Audiencia Provincial haya depurado la instrucción de Peinado, descartando dos de los cuatro delitos y levantando las medidas cautelares más severas: para ese electorado, que el proceso siga vivo, que haya jurado y juicio, confirma una intuición previa, que la instrucción de determinadas causas se comporta como un actor político más, con calendario propio y capacidad de desgaste que ninguna sentencia absolutoria podrá compensar.

Lo que estos dos fallos certifican, más allá de su contenido legal, es hasta qué punto los tribunales son ya el escenario del combate político español. No porque los togados busquen ese protagonismo (la sentencia del TJUE, breve y sobria, parece sustraerse al ruido), sino porque la política, incapaz de zanjar sus conflictos en el Parlamento, ha encontrado ahí el escenario donde litigarlos.

La paradoja final es que ni el aval europeo a la amnistía ni la apertura de juicio a Begoña Gómez alteran la aritmética parlamentaria de esta legislatura. Pero el juicio a la mujer del presidente sí alimenta, más que ninguna otra causa abierta, la sensación de agravio que hoy pesa más que cualquier programa electoral, tanto entre quienes lo celebran como una victoria moral y quienes lo viven como un ensañamiento. En una democracia donde la emoción ha sustituido a la deliberación como combustible político, ayer Madrid no solo dio más combustible que Luxemburgo: dejó la sensación de que en esta partida no gana nadie. Cuando la indignación se convierte en uno de los motores de la política española, retrocede la calidad democrática.

No es la primera vez que la política española vive en un estado de excepcionalidad permanente, donde cada episodio parece definitivo y cada decisión promete cambiarlo todo. Casi nunca ocurre. Lo que sí cambia, poco a poco, es cómo los ciudadanos leen las instituciones. Ese puede ser el verdadero efecto de esta jornada: no tanto mover la posición electoral de los partidos, como reforzar una convicción cada vez más extendida en ambos bloques: que los árbitros ya no son neutrales, sino un terreno más de la confrontación.

Y cuando la ciudadanía deja de confiar en que esos árbitros actúan solo como árbitros, la polarización deja de librarse entre partidos para convertirse en una pugna entre legitimidades. Ese es el desafío democrático que deja un día en el que dos resoluciones distintas han alimentado una misma batalla.

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte este jueves su sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas en torno a la ley de amnistía, no solo orientará su aplicación en el ordenamiento jurídico español. También abrirá una nueva fase en el último tramo de la legislatura. Los tribunales delimitan el marco jurídico, pero son los partidos quienes deciden su significado político. A partir de ese momento, el debate dejará de girar en torno a su legalidad para centrarse en un asunto distinto: cómo condiciona la estabilidad de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez y las opciones de Alberto Núñez Feijóo para construir una alternativa de gobierno.

Durante la última década, el procés convirtió el conflicto territorial en el principal eje de la vida política española. Condicionó investiduras, reorganizó el sistema de partidos y polarizó la conversación pública como ningún otro asunto desde la Transición. La ley nació con el objetivo declarado de desjudicializar esa crisis y contribuir a cerrar una década de excepcionalidad política en Cataluña. Casi tres años después, el contexto es distinto. El clivaje identitario ha perdido buena parte de su capacidad para estructurar la competición electoral, y es precisamente ese cambio de panorama el que amplifica el impacto del veredicto europeo.

Para el PSOE, una resolución favorable supondría el respaldo de la Unión Europea a la decisión política más costosa de todo el mandato. Ninguna otra iniciativa erosionó tanto su relación con una parte de su electorado. Según una encuesta de 40dB. publicada en diciembre de 2023, cerca del 30% de los votantes socialistas consideraban injusta la medida. Sánchez asumió ese coste convencido de que era el precio necesario para garantizar la mayoría parlamentaria y reconducir la relación institucional con Cataluña.

A ese desgaste se sumó la reacción inédita de una parte de la judicatura, que adoptó una interpretación restrictiva de su alcance en las causas vinculadas al delito de malversación. Incluso si Luxemburgo avalara la amnistía, esa tensión entre poderes no desaparecería de inmediato, porque sería el propio Tribunal Supremo quien debería decidir si adapta su criterio al del órgano comunitario.

A partir de ahí, el Partido Popular se vería obligado a redefinir su estrategia. Desde la presentación de la norma, el rechazo al articulado ha sido el símbolo sobre el que Núñez Feijóo ha construido buena parte de su oposición a Sánchez. La ofensiva parlamentaria, judicial y social sirvió para cohesionar a su base social, al tiempo que respondía a la creciente competencia de Vox. Ignorar ese marco suponía arriesgarse a perder votantes por la derecha; asumirlo implicaba disputar ese espacio en los términos marcados por Santiago Abascal. Las movilizaciones frente a la sede socialista de la calle Ferraz, entre finales de 2023 y la primavera de 2024, ilustraron esa dinámica y reunieron, junto a simpatizantes del PP y Vox, a grupos de la extrema derecha extraparlamentaria.

Si el TJUE confirmara que la ley se ajusta al Derecho de la Unión, al PP le resultaría mucho más difícil sostener su presunta ilegalidad. No dejaría de combatirla, pero el eje de la confrontación cambiaría: la discusión se desplazaría del plano jurídico al estrictamente político. Un indicio de ese posible viraje pudo verse durante el Congreso del PP en Cataluña, el pasado 27 de junio, cuando Feijóo apeló a «dejar atrás el procés», una afirmación que provocó el rechazo de Aznar y Ayuso. Aunque fuera cierto que el líder popular quisiera imprimir ese giro pragmático para propiciar un acercamiento a Junts, serían los mandarines de su propio partido quienes se lo pondrían más que difícil.

Sin embargo, esta reorientación conllevaría riesgos que jugarían a favor de Vox. La formación de Abascal mantiene inalterado su discurso frente al independentismo y al Estado autonómico, lo que le permite seguir disputando al PP el electorado situado más a la derecha. Los cambios de posición de Feijóo, percibidos por una parte de la ciudadanía como muestras de incoherencia y oportunismo político, podrían pasarle una factura electoral que redujera incluso los 12 escaños que hoy le atribuye el último barómetro catalán.

Ese escenario reordenaría, además, la negociación entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios. El perdón judicial fue la condición fundacional de la coalición; superado ese compromiso, el fallo podría facilitar la relación con Junts, pese a los dos asuntos de calado que aún permanecen pendientes: el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat y el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas. Eso no significaría que el factor territorial dejara de ser decisivo para la estabilidad del Gobierno, aunque sí perdería el monopolio que había ejercido la desjudicialización del procés.

En definitiva, si la aprobación de la ley condicionó la primera parte de la legislatura, la decisión del tribunal europeo tendrá consecuencias en su recta final. Desde el jueves, el debate dejaría de centrarse en la legalidad de la amnistía para desplazarse hacia su balance político y los efectos que tendría sobre las expectativas de las fuerzas que aspiran a gobernar. Ese nuevo reparto de costes y beneficios ocuparía el centro del debate público.

Los retrocesos democráticos del siglo XXI rara vez llegan de golpe. Avanzan mediante pequeños desplazamientos culturales e institucionales que, acumulados, terminan alterando el alcance real de los derechos. La propuesta impulsada por Isabel Díaz Ayuso, que reconoce al “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos, y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de extender ese modelo al conjunto de España no modifican la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí reconfiguran el terreno sobre el que se articulará este debate en los próximos años.

Históricamente, el PP evitó convertir el aborto en un eje central de confrontación. Era una postura lógica. España ha construido un amplio consenso social en torno a este derecho. Diversas encuestas muestran que alrededor de ocho de cada diez ciudadanos consideran que la decisión corresponde a la mujer y, lo más significativo, más del 60% de los votantes del PP y de Vox también respaldan que siga siendo legal. Por eso, el objetivo ya no consiste en prohibir, sino en sustituir el discurso de los derechos por el de la natalidad, la familia y la protección del concebido.

El texto aprobado en Madrid incorpora una de las premisas centrales del movimiento antiabortista: asumir que el feto posee derechos desde la concepción. Hoy ese reconocimiento tiene un alcance administrativo; mañana puede servir para sustentar una discusión jurídica mucho más amplia. Porque las leyes no solo regulan comportamientos; también moldean aquello que una sociedad considera legítimo. Su efecto más profundo no reside en lo que modifican hoy, sino en aquello que hacen imaginable mañana.

El giro de Feijóo tampoco puede entenderse sin observar la competición con Vox. Durante mucho tiempo se sostuvo que el ascenso de la extrema derecha obligaría a los partidos conservadores tradicionales a moderarse para retener al votante de centro. La experiencia europea ha demostrado lo contrario: el partido tradicional es quien asume el relato, las prioridades e incluso la forma de entender los conflictos que introduce su competidor para evitar fugas por la derecha.

Los pactos firmados este año entre PP y Vox en Andalucía, Extremadura, Aragón o Castilla y León ilustran bien ese proceso. El aborto apenas aparece en esos textos. No es necesario. El nuevo consenso se articula alrededor de expresiones como “ley de familia”, “fomento de la natalidad”, “amparo de la maternidad” o “cultura de la vida”. El punto de partida implícito es que este núcleo social se presenta como una institución amenazada que requiere protección pública. Ya no se debate sobre restricciones de derechos, sino sobre demografía, apoyo a los hogares o invierno demográfico.

Ese movimiento tampoco está exento de riesgos para el propio PP. Existe una brecha de género persistente en el voto a Vox: los hombres apoyan mucho más a la formación de Santiago Abascal que las mujeres. Si la dirección popular aspira a gobernar sin depender de su socio, necesita ensanchar sus apoyos entre el electorado femenino y moderado, donde el respaldo a los derechos reproductivos sigue siendo muy elevado. Competir con Vox en este terreno puede reducir la distancia entre ambos partidos, pero también erosionar la fidelidad del votante de centro que ha sustentado las mayorías del centroderecha en las últimas décadas.

Esta apuesta forma parte de una ofensiva cultural más amplia. Miguel Ángel Rodríguez la resumía hace unos días al definir la medida madrileña como una “revolución frente a la cultura woke e izquierdista”. No es una frase aislada. Expresa un proyecto político que reorienta la conversación pública desde las libertades individuales hacia valores como la familia, la natalidad o la identidad nacional.

No todas las extremas derechas europeas siguen el mismo camino. Mientras Marine Le Pen ha moderado su posición sobre el aborto para ampliar su base electoral y concentrar la confrontación en la inmigración y el islam, allí donde el nacionalcatolicismo mantiene un peso decisivo la tríada “Dios, patria y familia” continúa siendo uno de los principales pilares ideológicos. España encaja mejor en esta segunda tradición.

La perspectiva internacional ofrece algunas advertencias. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni no derogó el aborto. Optó por una vía más gradual: reforzó las políticas natalistas y facilitó la presencia de asociaciones antiabortistas en los centros públicos donde se asesora a mujeres embarazadas. En Polonia el recorrido fue aún más lejos. Tras años de apelaciones a la defensa de la vida y la familia, formalizó una de las regulaciones más restrictivas de Europa.

La cuestión de fondo, por tanto, no es una eventual reforma de la legislación sobre el aborto, sino el cambio en la concepción de este derecho y el lugar que ocupa en el debate público.

Porque las extremas derechas no siempre ganan cuando gobiernan. A menudo lo hacen antes. Ganan cuando consiguen que los demás adopten su sentido común y su forma de interpretar la realidad. La normalización no consiste en aprobar a corto plazo las agendas más radicales, sino en lograr que dejen de parecerlo. Feijóo puede pensar que solo ha asumido una iniciativa de Ayuso para contener el avance de Vox. Pero, al hacerlo, también ha aceptado discutir en los términos que la extrema derecha lleva años intentando imponer. Y cuando la competición política se desarrolla con las categorías del adversario, la experiencia comparada demuestra que quien acaba fijando las reglas del juego no es el partido tradicional, sino quien logró introducir primero esa lectura del conflicto.

En esa disputa, quienes tienen más que perder no son las siglas políticas. Son los derechos de las mujeres.

“No vamos a rendirnos”. Con esa frase cerró Pedro Sánchez una de las comparecencias más esperadas de los últimos meses. No era una intervención cualquiera. Llegaba después de semanas de acumulación de explicaciones pendientes, de una creciente presión judicial y de inquietud entre sus socios parlamentarios y una parte del electorado progresista.

El objetivo era claro: contener el desgaste y evitar que la situación derivara en una ruptura política irreversible. Para ello, Sánchez recurrió a un manual conocido. Un discurso de resistencia articulado en tres pilares: confrontar las acusaciones de corrupción con el historial del PP, reivindicar la gestión de su Gobierno y denunciar una campaña de acoso contra su entorno personal y familiar.

La lógica es sencilla. La supervivencia del Ejecutivo no depende de convencer a la oposición, sino de mantener cohesionada la mayoría parlamentaria que le permite gobernar. Por eso el mensaje estaba dirigido principalmente a socios y votantes progresistas. Sánchez reactivó los dos argumentos que han vertebrado su acción de gobierno: una economía que sigue creciendo por encima de la media europea y una agenda de expansión de derechos y refuerzo de servicios públicos. A ello añadió otro elemento central: la ausencia de una mayoría alternativa viable. La continuidad del Ejecutivo no se explica únicamente por sus fortalezas, sino también por las debilidades de sus adversarios.

Frente a Sánchez apareció un Alberto Núñez Feijóo que volvió a recurrir al marco narrativo que ha definido toda su oposición: la idea de una España inmersa en una profunda degradación institucional. Su intervención giró sobre dos ejes: la corrupción como síntoma de un deterioro sistémico y la exigencia de elecciones anticipadas.

El problema es que ambos argumentos muestran signos de agotamiento y efectos limitados en términos políticos. La petición de elecciones acompaña cada intervención del líder popular desde finales de 2023. Cuando un dirigente repite durante demasiado tiempo el mismo diagnóstico, corre el riesgo de erosionar su credibilidad como voz de alarma. Además, la convocatoria electoral sigue dependiendo exclusivamente del presidente del Gobierno.

Hay, sin embargo, un interrogante que también interpela al líder popular. Si la situación es tan insostenible como sostiene el PP, ¿por qué no logra construir una mayoría capaz de provocar el relevo? La respuesta remite a una de las debilidades estructurales de Feijóo: sus dificultades para reunir apoyos más allá de Vox. Esa incapacidad alimenta la imagen de aislamiento político que Sánchez explota con frecuencia.

Abascal, por su parte, desempeñó el papel habitual. Transformó una sesión centrada en la corrupción en un mitin sobre inmigración, seguridad y desconfianza hacia las instituciones, introduciendo en el debate la sospecha de un supuesto amaño electoral. Un relato que Vox ha elevado esta misma semana al Congreso mediante una propuesta para reformar el sistema de voto por correo. Más que intervenir en la disputa entre Gobierno y oposición, el líder de la extrema derecha buscó reforzar los marcos discursivos que mejor movilizan a su electorado.

La sesión ofreció una radiografía bastante precisa del momento político español: un presidente que busca resistir, una oposición que denuncia, pero no consigue construir una alternativa de gobierno, y una extrema derecha que intenta desplazar el debate hacia la desconfianza institucional.

Sin embargo, el principal desafío de Sánchez no está en la oposición, sino en sí mismo. En un episodio de corrupción de esta magnitud, los ciudadanos no solo demandan explicaciones; también exigen responsabilidades. La credibilidad nace de la capacidad de reconocer errores y asumir costes. Y aquí el presidente tiene una dificultad evidente: fue él quien nombró a dos secretarios de Organización hoy investigados y quien confió responsabilidades a dirigentes posteriormente condenados o cuestionados por la justicia. La pregunta incómoda no es solo qué ocurrió, sino cómo pudo ocurrir.

Gabriel Rufián fue quien mejor sintetizó ese malestar. Con una intervención incisiva, verbalizó la duda que muchos socialistas no se atreven a formularle al presidente: ¿lo sabía o no lo sabía? El catalán ejerció simultáneamente de aliado crítico del Ejecutivo y de oposición frente a PP y Vox, un papel que también le permite reforzar su perfil dentro de Esquerra y disputar centralidad política en el espacio independentista.

Por eso la comparecencia difícilmente puede considerarse el cierre de este episodio. Más bien parece el inicio de una operación de reconstrucción política que tendrá una segunda parada este sábado en el Comité Federal del PSOE. Allí el tono será distinto: menos institucional y más orientado a la cohesión interna. Porque el reto ya no es solo sostener al Gobierno, sino reconstruir la confianza de una parte de la izquierda que observa con preocupación los acontecimientos.

La gran incógnita que deja esta sesión no es si Sánchez resistirá —ha demostrado sobradamente su capacidad para hacerlo—, sino si será capaz de convencer a los suyos y a sus socios de que todavía existe una mayoría con sentido político, con capacidad para impulsar acuerdos y desarrollar una agenda útil para los ciudadanos.

La visita de León XIV a España constituye un acontecimiento político tan sugerente como revelador. El Papa ha llegado a un país constitucionalmente aconfesional y cada vez más secularizado, en el que la práctica religiosa se ha convertido en una opción minoritaria. Según los últimos estudios demoscópicos, apenas uno de cada seis españoles se considera católico practicante, mientras crece el número de quienes se declaran no creyentes o indiferentes.

Y, sin embargo, pocas visitas internacionales son capaces de generar hoy una expectación comparable.

La explicación no reside únicamente en la importancia histórica de la Iglesia en la tradición política de un país en el que hasta hace no tanto (apenas 50 años) el catolicismo era religión oficial. Porque para entender el significado político de esta visita es necesario tener muy en cuenta las incertidumbres de una sociedad que busca respuestas en medio de profundas transformaciones económicas y sociales.

La tensión entre autoridad religiosa y autoridad política forma parte de la propia construcción de la modernidad democrática. Desde Locke hasta Tocqueville y Max Weber, la teoría política ha señalado que el nacimiento del Estado moderno comportaba, casi necesariamente, diferenciar claramente poder civil y religioso. La Constitución de 1978 intentó resolver esa cuestión mediante una fórmula singular: España no tendría religión oficial, pero tampoco adoptaría el modelo de laicidad militante francés. El artículo 16 estableció un Estado aconfesional que garantizaba la libertad religiosa. Un siglo antes, la libertad de culto establecida por la Constitución canovista de 1876 levantó una agria controversia social y política, a pesar de proclamar la confesionalidad del Estado.

Así que puede decirse que la España que recibe al Papa es probablemente la más secularizada socialmente y la más laica institucionalmente de los últimos siglos. Los gobiernos de Pedro Sánchez han ido ampliando el principio de neutralidad religiosa del Estado. Sin romper los acuerdos con la Santa Sede ni abrir un conflicto frontal con la jerarquía eclesiástica, se han producido avances que hace apenas unas décadas habrían resultado impensables: la celebración de ceremonias civiles de Estado, la reducción del peso académico de la asignatura de Religión, la resignificación de Cuelgamuros, la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia o la recuperación de bienes inmatriculados.

Pero, al mismo tiempo, algunas de las grandes promesas del laicismo político han quedado pendientes. No se han revisado los acuerdos con la Santa Sede, tampoco se ha aprobado una Ley de Libertad de Conciencia y la financiación de la Iglesia sigue siendo objeto de debate. El resultado es una secularización institucional progresiva, pero incompleta, marcada más por la negociación que por la confrontación.

Sin embargo, reducir la visita del Papa a una cuestión de relaciones Iglesia-Estado sería insuficiente. Hay otros elementos contextuales que resultan decisivos.

León XIV aterriza en una sociedad atravesada por incertidumbres crecientes. La guerra en Europa, la crisis climática, la revolución de la inteligencia artificial, la precariedad económica de las nuevas generaciones, la polarización política o la sensación de pérdida de control sobre el futuro configuran un escenario de inseguridad colectiva que trasciende fronteras e ideologías.

Y es precisamente aquí donde aparece una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: mientras disminuye la práctica religiosa, aumenta la necesidad de referentes morales y de relatos capaces de ofrecer sentido. El filósofo alemán Jürgen Habermas aludió a esta situación mediante el concepto de “sociedad postsecular”, en la que la secularización no ha eliminado la relevancia pública de la religión, sino que la ha transformado.

Pero la secularización impulsada por la modernidad no ha conseguido paliar la antropológica necesidad de orientación existencial de los humanos. La ciencia no despacha verdades canónicas como la religión, así que las buscamos en otras parte: identidades políticas, comunidades digitales, nacionalismos, discursos tecnológicos o nuevas formas de espiritualidad individual. Y por eso precisamente la audiencia potencial de León XIV va mucho más allá de los creyentes. Su capacidad de influencia no depende tanto de la autoridad doctrinal de la Iglesia como de su condición de referente moral global en debates que preocupan al conjunto de la ciudadanía: las migraciones, la desigualdad, la guerra, el deterioro democrático o la crisis ecológica.

La paradoja es evidente. El Papa visita una España menos católica que nunca, pero también una España que, como buena parte de las democracias occidentales, parece más necesitada de sentido que hace una década.

Y es que las democracias liberales han demostrado una extraordinaria capacidad para garantizar derechos y gestionar intereses. Mucho menos éxito han tenido, sin embargo, a la hora de construir horizontes compartidos en sociedades cada vez más fragmentadas, polarizadas y desiguales. De ahí que figuras con una fuerte autoridad simbólica sigan conservando capacidad de convocatoria incluso entre quienes no comparten sus creencias religiosas.

Así que la cuestión no es si España vuelve a ser un país católico. No lo es. Tampoco si la Iglesia recuperará la centralidad social que tuvo durante décadas. Probablemente tampoco. La pregunta relevante es quién proporciona hoy marcos de interpretación compartidos en sociedades atravesadas por la incertidumbre y la desconfianza. Y hay que reconocer la habilidad política y comunicativa de Robert Prevost, cuyos mensajes están perfectamente construidos para trascender límites confesionales y postulados doctrinales para convertirse en puntos de referencia éticos globales, y por eso mismo también político, de unas sociedades ahítas de comodidades materiales pero ayunas de sentido. Quizá esa sea la verdadera clave política de la visita de León XIV.

En política, hay momentos en los que los hechos importan menos que la atmósfera. España vive precisamente uno de esos periodos. El debate público aparece dominado por una sensación de desgaste permanente y ruido político continuo que proyecta la idea de un país bloqueado. Pero la paradoja es que conviven dos realidades distintas: una percepción pública de inestabilidad y, al mismo tiempo, una notable capacidad de resistencia institucional del Gobierno.

El “caso Zapatero” ha intensificado esa sensación de agotamiento. No solo por los indicios o por el impacto mediático del sumario, sino porque cada nueva filtración alimenta un clima de sospecha difícil de gestionar políticamente. La estrategia de silencio del expresidente —comprensible desde el punto de vista procesal— tiene, sin embargo, costes evidentes para La Moncloa. En política, los vacíos comunicativos rara vez permanecen desocupados: los invade el adversario, el marco mediático o la especulación.

Probablemente, faltó desde el inicio una explicación institucional más exhaustiva sobre el rescate de Plus Ultra. Cuando la transparencia llega tarde, incluso procedimientos ajustados a derecho pueden aparecer ante parte de la opinión pública como políticamente opacos.

Eso explica que el Ejecutivo esté hoy atrapado en una posición defensiva. Y, sin embargo, la legislatura no está paralizada. Pese al relato permanente de bloqueo, desde las elecciones del 23 de julio de 2023 el Congreso ha aprobado alrededor de 60 iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno y el bloque de investidura. Sánchez gobierna en minoría y en un Parlamento fragmentado, pero sigue sacando adelante más legislación de la que transmite el clima político o mediático.

La cuestión central ahora es cómo reaccionan los socios parlamentarios. Y ahí lo que observamos es un reposicionamiento preventivo. Todos intentan marcar distancia retórica ante un posible agravamiento del caso, especialmente de cara a la declaración de Zapatero prevista para junio. Pero los órdagos tienen efectos limitados si no son performativos. El ejemplo más claro es el PNV. Puede elevar el tono e incluso pedir elecciones anticipadas, pero sabe que apoyar una moción de censura junto al PP y Vox tendría costes políticos enormes. No solo porque compite con EH Bildu en un espacio sensible a pactos con la derecha española, sino porque gobierna junto al PSE en Euskadi. Romper en Madrid podría poner en riesgo ese equilibrio territorial construido durante años.

Por eso Sánchez sabe que la legislatura todavía puede resistir. El umbral verdaderamente crítico no está tanto en el ruido político como en la posibilidad de que aparezcan pruebas de financiación irregular del partido o indicios de tráfico de influencias que afecten al núcleo gubernamental.

Y ahí emerge el otro gran actor: Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP vive atrapado en un auténtico dilema del prisionero político. Necesita aumentar la presión sobre Sánchez para capitalizar el desgaste, pero su dependencia de Vox limita enormemente su capacidad de construir una mayoría alternativa transversal. Cada pacto autonómico con Abascal refuerza la idea de que el PP carece de un proyecto autónomo de gobierno.

Por eso la hipótesis de una moción de censura resulta especialmente arriesgada para Feijóo, al igual que trasladar toda la responsabilidad a los socios de Sánchez. Apelar al precedente de 2018 es además tramposo: entonces existía una sentencia firme contra el PP en el caso Gürtel. A ello se suma que el presidente de los populares obvia que su alianza con Vox ha consolidado un “bibloquismo imperfecto” en el Parlamento español, donde la extrema derecha solo tiene a su partido como socio posible. Eso dificulta cualquier ecuación alternativa con fuerzas nacionalistas o moderadas, a diferencia de otras democracias como la portuguesa o la alemana.

Feijóo podría perder una moción no solo aritmética, sino políticamente, porque no proyecta una alternativa clara de poder. Los propios datos del CIS reflejan ese problema de liderazgo. En el barómetro de abril apenas aparecía como presidente preferido para un 9,9% de los ciudadanos, solo dos puntos por encima de Abascal. Pero quizá el dato más significativo está dentro de su propio electorado: únicamente un 47,7% de los votantes del PP le señalan como líder preferido, muy lejos del nivel de cohesión interna que mantiene Pedro Sánchez, respaldado por un 78,5% de sus votantes.

El problema de fondo es que el malestar ciudadano ante la corrupción está dejando de ser episódico para convertirse en estructural. El CIS ya reflejó tras el estallido del caso Ábalos un fuerte incremento de la preocupación por la corrupción, que llegó al 25% en julio de 2024 y que, aunque descendió después hasta el 8,9% en abril, previsiblemente volverá a repuntar ahora. La paradoja es que ese descontento no está siendo capitalizado principalmente por el PP, cuya pesada herencia reputacional limita su credibilidad como fuerza regeneradora.

Quien sí rentabiliza emocionalmente ese clima es la extrema derecha. No solo desde las redes sociales o determinadas tribunas mediáticas, sino también en la calle. La manifestación del sábado convocada por Sociedad Civil, arropada por toda la galaxia ultra, recordó inevitablemente a las protestas de Ferraz contra la amnistía: una movilización permanente basada en la deslegitimación moral del adversario y en la idea de que las instituciones han sido capturadas.

Ahí reside quizá el principal riesgo político de esta etapa. Porque las respuestas fáciles —una moción, un adelanto electoral o el ruido parlamentario— no resuelven el problema de fondo. La cuestión es cómo reconstruir confianza democrática antes de que el desgaste derive en desafección.

La política andaluza vuelve a enfrentarse este domingo a una paradoja que ya anticipaban las encuestas: un electorado cada vez más escorado hacia la derecha en términos de bloques, pero con enormes incertidumbres sobre la gobernabilidad. Andalucía, que durante casi cuatro décadas —entre 1982 y 2019— fue el gran bastión institucional del PSOE en España, puede consolidar ahora un cambio estructural: la hegemonía de una nueva mayoría conservadora que ronda el 60% del Parlamento autonómico.

Sin embargo, el debate de fondo no es solo cuánto gana la derecha, sino quién manda dentro de ella. Y ahí reside la gran incógnita de estas elecciones.

Juanma Moreno ha construido toda su estrategia alrededor de esa idea. “Lío o mayoría absoluta”, ha repetido durante semanas. El lema resume perfectamente una apuesta política basada en la presidencialización absoluta de la candidatura, la desideologización del mensaje y la apelación emocional a la estabilidad. El líder andaluz ha querido convertir las elecciones en un plebiscito sobre su figura más que sobre el PP. Hasta el punto de que el cierre de campaña lo protagoniza prácticamente en solitario en Málaga, mientras Alberto Núñez Feijóo participa en otro acto distinto en Almería y apenas han coincidido durante la campaña.

El planteamiento del PP ha sido claro: mucha gestión, poca propuesta; mucha moderación estética y baja confrontación ideológica. El objetivo es ampliar el voto útil conservador y absorber a sectores moderados incómodos con la polarización nacional. Pero precisamente por eso el resultado de Vox será decisivo políticamente, aunque no necesariamente en escaños.

Porque estas elecciones funcionan también como un plebiscito sobre el momento político que atraviesa la extrema derecha española. Tras meses de crisis internas y desgaste derivado de su alineamiento internacional con Trump, el partido de Abascal afronta una prueba de resistencia. Si consigue impedir la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, Vox podrá interpretar el resultado como un éxito político: volvería a situarse como árbitro imprescindible de la gobernabilidad andaluza.

Y eso tendría una enorme carga simbólica. No conviene olvidar que fue precisamente Andalucía, en 2018, el primer territorio donde el PP utilizó a la extrema derecha para acceder al poder institucional en España. Aquella investidura inauguró una nueva etapa política cuyos efectos todavía estructuran el sistema de partidos español.

Por eso, una dependencia de Vox pondría en cuestión la llamada “vía andaluza” que Moreno Bonilla ha intentado vender durante toda la legislatura. Porque Abascal ya ha dejado claro que la “prioridad nacional” no se negocia. Y porque revelaría también las dificultades del PP de Feijóo para establecer límites políticos reales a Vox.

Mientras tanto, la izquierda llega fragmentada y con dificultades para territorializar la campaña. Las tres candidaturas progresistas han intentado centrar el debate en el deterioro de los servicios públicos, pero el PSOE vuelve a comprobar los límites de una fórmula ya ensayada en otros comicios: convertir a ministras de perfil estatal en candidatas autonómicas.

María Jesús Montero posee notoriedad nacional, pero menos arraigo político que Moreno Bonilla. Y eso importa en unas elecciones donde la cercanía al territorio pesa mucho más que la proyección mediática. Especialmente en una comunidad donde la izquierda ya demostró sus dificultades para movilizar a su electorado en autonómicas: en 2022 el PSOE obtuvo 887.000 votos, pero apenas un año después Pedro Sánchez alcanzó 1,46 millones en las generales. Más de 560.000 votantes progresistas que sí acudieron a una cita nacional, pero no a las urnas andaluzas.

A la izquierda del PSOE, el escenario también deja varias lecturas políticas. Adelante Andalucía puede convertirse en una de las sorpresas de la noche e incluso adelantar a Por Andalucía, impulsada por el perfil de José Ignacio García y por un discurso muy apoyado en el andalucismo político. Pero tampoco hay que infravalorar a la coalición de Antonio Maíllo, que mantiene una importante implantación territorial gracias al peso municipal de IU, con presencia en 57 alcaldías andaluzas.

En realidad, ambas candidaturas intentan ocupar un mismo espacio: el de un electorado progresista decepcionado con el PSOE y que busca perfiles más vinculados “a la tierra” frente a candidatos percibidos como excesivamente dependientes de Madrid. Además, las dos formaciones serán decisivas en la pelea por los llamados “restos” electorales, fundamentales para disputar escaños en provincias medias y, potencialmente, dificultar la mayoría absoluta del PP.

La participación será otra de las claves decisivas. Andalucía arrastra históricamente un problema de movilización en autonómicas: en 2018 y 2022 apenas votaron el 56% y el 58% de los electores, casi diez puntos menos que en unas generales. Además, PP y Vox llegan con electorados más fidelizados, mientras la izquierda depende mucho más de activar votantes indecisos y desmovilizados.

Y quizá ahí resida el fondo político de estas elecciones. No tanto en confirmar una tendencia ya conocida —una Andalucía más conservadora y más fragmentada— como en comprobar si Moreno Bonilla puede seguir sosteniendo la idea de una derecha autónoma y moderada o si, como apuntan las encuestas, volverá a necesitar a Vox para garantizar la gobernabilidad. Porque, de ocurrir eso, la extrema derecha demostraría de nuevo que sigue teniendo capacidad para fijar el precio político de las mayorías en España.

La reciente gira de Isabel Díaz Ayuso por México no es un episodio aislado ni una anomalía diplomática autonómica. Forma parte de una estrategia política sostenida en el tiempo: la construcción de una agenda transnacional orientada a captar un electorado específico, el de origen latinoamericano, cuyo peso en Madrid no deja de crecer. No es tanto política exterior como política electoral proyectada más allá de las fronteras

Esta lógica viene de lejos. En las elecciones autonómicas de 2021 y 2023, el Partido Popular madrileño ya desplegó campañas dirigidas a comunidades latinoamericanas, con actos como “Europa es hispana” o iniciativas como “El sueño de Madrid”. A ello se suma el refuerzo de la agenda institucional de la Hispanidad en los últimos años, con más eventos, mayor visibilidad y un discurso que vincula identidad cultural y afinidad política. La apelación a lo hispano no es neutra: funciona como marco de interpelación electoral.

El dato que suele aparecer en el debate —los extranjeros con derecho a voto en elecciones municipales— ofrece una imagen incompleta. El voto extranjero en sentido estricto es reducido y, además, requiere inscripción previa, lo que limita aún más su impacto. La clave está en otro lugar: en los nacionalizados. Según estimaciones recientes, más de 2,5 millones de personas nacidas en el extranjero tienen hoy derecho a voto en España, alrededor del 7% del censo. Y dentro de ese grupo, casi dos millones proceden de América Latina. En comunidades como Madrid, donde este electorado supera el medio millón de votantes, su peso puede resultar decisivo en contextos competitivos. No se trata solo de volumen, sino de tendencia: es un electorado en crecimiento sostenido.

La paradoja es que este voto resulta en gran medida invisible en las estadísticas. Ya no figura como “extranjero”, pero mantiene trayectorias sociales y culturales diferenciadas. La rapidez en la adquisición de la nacionalidad por parte de ciudadanos latinoamericanos —dos años de residencia frente a plazos mucho más largos para otros colectivos— ha acelerado este proceso. El resultado es un desplazamiento silencioso del centro de gravedad del electorado en grandes áreas urbanas.

Ahora bien, ese electorado dista de ser homogéneo. Los datos disponibles apuntan a un patrón más complejo del que suele sugerir el debate público. En conjunto, los votantes de origen extranjero muestran cierta inclinación hacia la izquierda, especialmente entre los procedentes de África. Sin embargo, el caso latinoamericano —mayoritario dentro de los nacionalizados— presenta un comportamiento más equilibrado. El barómetro del CIS de abril de 2026 confirma esa ambivalencia: los nacidos fuera de España no se alinean de forma clara con un bloque ideológico, y dentro de ellos los latinoamericanos reparten su voto entre izquierda y derecha con diferencias relevantes según nacionalidad. En particular, colectivos como venezolanos y cubanos muestran una mayor inclinación hacia posiciones conservadoras, mientras que otros grupos presentan pautas más fragmentadas. Más que un bloque político cohesionado, el voto latino funciona como un espacio de competencia.

Ahí es donde se sitúa la estrategia del PP madrileño. No se trata de apelar a “los inmigrantes” en general, sino de segmentar y priorizar aquellos nichos más receptivos a su discurso. La insistencia en determinadas comunidades —especialmente aquellas marcadas por experiencias políticas traumáticas en sus países de origen— no es casual. Tampoco lo es la combinación de símbolos culturales, relatos sobre libertad y referencias constantes a América Latina en el discurso político.

¿Fue este voto determinante en la mayoría absoluta de Ayuso? Probablemente no de forma exclusiva, pero sí contribuyó a consolidar una base electoral más amplia. En un contexto donde pequeñas variaciones pueden alterar mayorías, un electorado que ronda ya porcentajes cercanos al 10% en grandes distritos no es marginal. Es estratégico. Más aún cuando su peso sigue aumentando por la vía de las nacionalizaciones.

Conviene, además, situar esta dinámica en un marco más amplio. El PP no está solo en esta disputa. Vox lleva años desarrollando su propia agenda transnacional a través del concepto de “Iberosfera”, articulando redes políticas y culturales en América Latina y estableciendo vínculos con líderes como Javier Milei. La competencia por este electorado no es únicamente electoral, sino también ideológica. Se trata de definir qué significa hoy lo “hispano” en clave política.

La diferencia entre ambas derechas es, en gran medida, de estilo. Mientras el PP combina institucionalidad y pragmatismo electoral, Vox opta por una narrativa más explícita y polarizadora. Pero ambos coinciden en lo esencial: la identificación de un espacio político en expansión que conecta América Latina y España no solo en términos culturales, sino también electorales.

La cuestión de fondo es si esta agenda responde a una lógica de integración o de movilización. La evidencia apunta más bien a lo segundo. La apelación a la Hispanidad, los viajes institucionales o los actos simbólicos no suelen ir acompañados de políticas públicas específicas orientadas a mejorar las condiciones materiales de estos colectivos. Más que incorporar demandas, se busca activar afinidades.

En este sentido, la agenda mexicana de Ayuso no es tanto un gesto diplomático como una pieza más de una estrategia de largo recorrido: convertir la identidad en voto. La política exterior, en este caso, no se despliega hacia fuera, sino que regresa hacia dentro, con un objetivo claro: consolidar poder en Madrid a través de un electorado que ya forma parte central de su presente y, sobre todo, de su futuro.

Hay decisiones políticas que no solo cambian políticas públicas, sino que tensionan de forma deliberada los fundamentos del orden jurídico. El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura introduce una de ellas: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a prestaciones. No es un matiz programático, sino un planteamiento con profundas implicaciones jurídicas y políticas, porque cuestiona el principio sobre el que se ha construido el Estado social: la igualdad en el acceso a derechos en función de la necesidad.

La cuestión es directa: ¿puede el acceso a servicios públicos —sanidad, vivienda, ayudas— condicionarse por la nacionalidad o el arraigo? La respuesta, en términos jurídicos, es muy limitada y acaricia la ilegalidad. El artículo 14 de la Constitución consagra el principio de igualdad y prohíbe la discriminación, mientras que el artículo 41 configura un sistema de protección social basado en la necesidad. A ello se suma el marco europeo, que restringe cualquier exclusión sistemática. Y existe un límite adicional: muchas de estas materias exceden las competencias autonómicas, lo que abre un conflicto directo con el Estado.

Aquí es donde la “prioridad nacional” introduce un salto cualitativo. No se limita a modular requisitos administrativos, sino que establece una preferencia estructural basada en la pertenencia. Desplaza el eje desde la necesidad hacia la identidad. Y ese desplazamiento no solo tensiona la Constitución, sino que abre la puerta a su impugnación judicial.

Las consecuencias son previsibles. Si estas medidas se desarrollan normativamente, se activará una dinámica de conflicto institucional con el Gobierno central y de control por parte de los tribunales. No es un escenario hipotético, sino el funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Y tiene derivadas personales: quienes firmen decisiones contrarias al ordenamiento pueden enfrentarse a responsabilidades jurídicas.

Pero el alcance del cambio no es solo jurídico. Es también político. En Extremadura, la inmigración no es un capítulo de tres páginas: es el marco. Aunque ocupe una parte limitada del documento, la lógica de la “prioridad nacional” se proyecta sobre vivienda, ayudas y sanidad. Es, en la práctica, una “lepenización hispánica” del programa de gobierno: la traducción española del llamado “chovinismo de bienestar” que defiende Marine Le Pen, donde el acceso a derechos se redefine en función de criterios identitarios.

No estamos ante medidas aisladas, sino ante un programa que ordena el acceso a derechos en función del origen. Un desplazamiento que encuentra paralelismos en la Hungría de Orbán, donde la ley dejó de operar como garantía universal para convertirse en instrumento de diferenciación. No es casualidad que el Parlamento Europeo calificara en 2022 al país como un “régimen híbrido de autocracia electoral” y que la Comisión Europea activara por primera vez el mecanismo de condicionalidad, congelando miles de millones de euros en fondos europeos por vulneraciones del Estado de derecho.

La historia europea del siglo XX ofrece, además, advertencias claras sobre los riesgos de institucionalizar jurídicamente la segregación. Las Leyes de Núremberg marcaron el momento en que la desigualdad dejó de ser social para convertirse en legal. No es una analogía directa, pero sí un recordatorio incómodo de hasta dónde pueden evolucionar estas lógicas cuando el derecho deja de proteger a todos por igual.

Esto interpela directamente al PP. Asumir este enfoque no es un ajuste táctico, sino un desplazamiento estratégico. Supone acercarse a posiciones que tensionan su tradición constitucional y europeísta y lo sitúan en una lógica de fricción con los límites del sistema. La urgencia por asegurar gobernabilidad se convierte así en un vector de riesgo: el de deslizarse hacia una forma de rebeldía legal que erosiona su perfil como partido de Estado.

En el caso de Vox, la lógica es distinta. No hay contradicción, sino coherencia estratégica. La “prioridad nacional” cumple una función política clara: señalar, estigmatizar y reforzar una identidad basada en la exclusión. Convertir ese marco en política pública le permite presentarse como un actor eficaz.

A ello se suma una dimensión práctica que suele quedar en segundo plano: el coste económico e institucional. La experiencia reciente en la Comunitat Valenciana es ilustrativa. Allí, la confrontación con el Estado por la normativa aprobada por PP-VOX ha derivado en una creciente judicialización: cerca de 400 procedimientos anuales y un coste superior a 316.000 euros, además del refuerzo de estructuras administrativas para gestionarlos. Cuando la acción política se orienta hacia el conflicto sistemático con el marco jurídico, el resultado no es solo ideológico: es también administrativo y presupuestario. Se tensionan recursos, se ralentiza la gestión y se erosiona la seguridad jurídica.

La pregunta, por tanto, no es únicamente si estas medidas son viables jurídicamente —que presentan serias dudas—, sino qué modelo de Estado y de democracia dibujan: uno en el que los ciudadanos dejan de ser iguales ante la ley.

El incidente protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez en el Congreso de los Diputados no es un hecho aislado ni una excentricidad puntual. Tampoco responde únicamente al temperamento individual de quien lo protagoniza. Conviene evitar esa tentación analítica, porque reduce el problema a una anécdota cuando en realidad estamos ante una estrategia política deliberada, bien ensayada y compartida por buena parte de la cultura de las extremas derechas contemporáneas.

Este tipo de comportamientos cumplen, al menos, dos objetivos claros. El primero es reforzar un perfil antisistema, incluso cuando se forma parte plenamente del sistema institucional. Se trata de presentarse como un actor que desafía las normas, que no acepta las reglas del juego porque —según su propio relato— éstas están supuestamente corrompidas o porque ellos mismos se consideran víctimas de agravios constantes, lo que legitima cualquier forma de respuesta. El segundo objetivo es escandalizar: generar ruido, indignación y conflicto como forma de ocupar la agenda pública.

En términos de teoría política, lo que observamos es un desplazamiento sostenido de lo que se conoce como la Ventana de Overton: el marco de lo que una sociedad considera aceptable en el debate público. Estas estrategias no buscan necesariamente convencer en el corto plazo, sino alterar los límites de lo decible y lo tolerable. Y lo están consiguiendo tanto en el plano retórico como en la praxis política. Hoy escuchamos propuestas o vemos comportamientos que hace apenas una década habrían sido políticamente inasumibles.

Los ejemplos son numerosos. Desde las declaraciones de Abascal sobre deportaciones masivas de millones de inmigrantes o amenazas simbólicas como “entrar en TVE con lanzallamas”, hasta una agenda moral que sitúa derechos consolidados —como el aborto o la eutanasia— como “aberraciones” y que defenderían con violencia. A ello se suma una forma de hacer política basada en la descalificación personal, donde el adversario deja de ser un rival para convertirse en un enemigo. En el plano internacional, la referencia es evidente: Donald Trump ha llevado estos patrones al extremo, desde cuestionar resultados electorales hasta legitimar acciones que tensionan los marcos legales internacionales.

Nada de esto es nuevo en la política española desde la entrada de Vox en los parlamentos autonómicos y en el Congreso, ni por el contexto ni por el protagonista. El diputado implicado, con trayectoria pública previa, se inscribe en una lógica política más amplia. Por eso resulta especialmente relevante analizar las reacciones, tanto políticas como institucionales.

En el plano político, la respuesta de su propio partido ha sido reveladora: no ha habido sanción ni disculpa, sino justificación. Lejos de desautorizar el comportamiento, se ha optado por desplazar la responsabilidad hacia la presidencia de la Cámara. Este tipo de reacción no solo valida el incidente, sino que lo integra en una lógica de confrontación permanente.

Más compleja es la posición del Partido Popular, socio de gobierno de Vox en un centenar de ayuntamientos y previsiblemente en varias comunidades autónomas, a la espera de las elecciones en Andalucía. Su respuesta no ha sido ni unánime ni especialmente contundente, reflejando una incomodidad estratégica difícil de sostener en el tiempo. El silencio de su líder, Alberto Núñez Feijóo, contrasta con intervenciones más genéricas de otros cargos que apelan al respeto institucional sin entrar en el fondo del asunto.

Frente a ello, diez formaciones del arco parlamentario han firmado una declaración institucional de condena, de la que se han desmarcado Vox, el PP y Unión del Pueblo Navarro. El dato no es menor: muestra hasta qué punto la defensa de las reglas del juego democrático empieza a fragmentarse.

En el plano institucional, el incidente afecta directamente a la sede de la soberanía popular y a la figura que encarna la tercera autoridad del Estado. La respuesta ha seguido los cauces reglamentarios: aplicación del artículo 104, expulsión del hemiciclo y apertura de un proceso por parte de la Mesa del Congreso para evaluar posibles sanciones adicionales. Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto: ¿son suficientes los mecanismos actuales para proteger la institución frente a estrategias de disrupción deliberada? La respuesta aplicada evidencia esa tensión permanente entre garantizar el pluralismo parlamentario y proteger la dignidad institucional.

No es la primera vez que se plantea esta cuestión. En julio de 2025 se reformó el reglamento del Congreso para hacer frente a comportamientos disruptivos en ruedas de prensa, protagonizados en buena medida por agitadores ultras. Aquella reforma, impulsada tras varios incidentes, contó con la oposición del PP y Vox. De nuevo, los cortafuegos llegan tarde, después de que el problema se haya manifestado con claridad.

Existe el riesgo de que estos episodios se normalicen, de que pasen a formar parte del paisaje habitual de la política. Como si fueran inevitables. Pero la fortaleza de una democracia no reside en su capacidad de resistir pasivamente, sino en su habilidad para protegerse activamente, estableciendo límites claros frente a quienes buscan vaciarla de contenido.

Los datos apuntan en una dirección preocupante. Según distintos estudios sobre polarización afectiva, en España ha aumentado de forma sostenida el distanciamiento entre ciudadanos por motivos políticos. En algunos casos, en torno a un 14% de los españoles reconoce haber dejado de hablar con amigos o familiares por estas razones. Este deterioro del clima cívico no es ajeno a los comportamientos que vemos en las instituciones; al contrario, se retroalimentan.

Porque estos incidentes tienen más trascendencia de la que sugiere un titular. Son parte de un proceso más amplio que erosiona la confianza en la política, degrada el debate público y alimenta un escepticismo ciudadano que puede derivar en desapego democrático. Y ahí reside el verdadero riesgo: no en el escándalo inmediato, sino en el desgaste silencioso que deja tras de sí.

La democracia, como cualquier sistema complejo, no colapsa de forma abrupta. Se vacía poco a poco, cuando sus normas dejan de ser respetadas, cuando sus instituciones son cuestionadas sin fundamento y cuando el conflicto sustituye al debate. Por eso, más allá del incidente, lo ocurrido en el Congreso no interpela únicamente a un diputado o a un partido, sino a los límites que estamos dispuestos a tolerar en nuestra vida democrática.

Hay remodelaciones que buscan cambiar el rumbo y otras que buscan protegerlo. En el tramo final de la legislatura, los gobiernos tienden a reordenar sus prioridades: reducir desgaste, asegurar la gestión y concentrar el capital político allí donde resulta más eficaz. La última remodelación del Ejecutivo responde, en buena medida, a esa lógica. No es solo un relevo de nombres, sino una redefinición del equilibrio entre técnica y política.

La salida de María Jesús Montero, el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia y la incorporación de Arcadi España apuntan en esa dirección. El cambio rompe además una inercia simbólica —la vicepresidencia económica deja de estar en manos de una mujer—, pero su significado profundo está en los perfiles. Frente al peso político, la exposición mediática y la capacidad de confrontación de Montero, el nuevo esquema pivota sobre figuras de bajo perfil, orientadas a la gestión y alejadas del foco.

Carlos Cuerpo se consolida así como eje del área económica. Su perfil técnico, vinculado a las instituciones europeas, encaja con la necesidad de proyectar solvencia en un contexto marcado por la guerra, la inflación y la continuidad de las políticas de protección. Los datos refuerzan esa apuesta: debutó en el CIS en abril de 2024 como un ministro prácticamente desconocido —apenas lo identificaba un 13% de los ciudadanos—, pero en pocos meses pasó a ser el mejor valorado del Gobierno. Hoy mantiene esa posición, con un 5,27, siendo el único que aprueba.

Ese perfil ha tenido una consecuencia política directa: su baja exposición al desgaste. Desde su llegada en enero de 2024, ha recibido solo 11 preguntas en el Congreso, tres de ellas del Partido Popular —apenas un 27%—. Más significativo aún: la oposición tardó más de un año en interpelarle por primera vez. No es solo menor fiscalización; es también la evidencia de que no ha sido un blanco eficaz en la confrontación.

La incorporación de Arcadi España profundiza en esa misma lógica. Su trayectoria en la Generalitat Valenciana, donde fue una pieza clave del Gobierno del Botànic junto a Ximo Puig, no solo le aporta experiencia en Hacienda y financiación, sino también en gestión política compleja. Fue, de hecho, uno de los perfiles encargados de engrasar las relaciones internas de la coalición, especialmente con Mónica Oltra, en un contexto no exento de tensiones.

Ese bagaje ayuda a entender su estilo. Arcadi España representa, en muchos sentidos, la antipolarización: un perfil que tiende a rebajar el conflicto, a buscar espacios de acuerdo y a evitar la sobreactuación política. Su forma de intervenir —contenida, prudente, casi académica— lo aleja de la lógica de confrontación permanente que domina la política nacional.

Y ahí reside precisamente el contraste con su predecesora. María Jesús Montero había asumido en los últimos tiempos no solo la gestión económica, sino también la tarea —o la carga— de responder a una oposición que ha convertido el Congreso en un espacio de hostigamiento constante, en una suerte de guerra de guerrillas parlamentaria. Arcadi España, por el contrario, no ha mostrado hasta ahora esa retórica de combate.

El mensaje del Gobierno es claro: en el último año de legislatura no se busca tanto generar impacto político desde la gestión económica como reducir fricción. En una cartera que acumula inevitablemente costes —y más en territorios como la Comunitat Valenciana, donde la cuestión fiscal es especialmente sensible—, la apuesta es por perfiles que amortigüen el desgaste.

Pero ese movimiento tiene una contrapartida. Al tecnificar el área económica, el Ejecutivo libera —y al mismo tiempo concentra— el capital político en una figura: Pedro Sánchez. La estrategia parece clara: proteger la gestión y capitalizar la política.

Los últimos datos del CIS apuntan en esa dirección. Entre sus votantes, Sánchez obtiene una valoración media de 6,9 y mantiene una alta fidelidad —más del 75% lo prefiere como presidente—, lo que refuerza su papel como principal activo electoral. Al mismo tiempo, sigue siendo un potente movilizador para la oposición, lo que intensifica la polarización.

En ese contexto, la defensa del decreto anticrisis en el Congreso ha funcionado como primer test del nuevo equilibrio. Para Cuerpo, ha sido su bautismo como vicepresidente económico; para el Gobierno, la prueba de que un perfil técnico puede sostener también el frente político cuando es necesario. La incógnita es si esta estrategia será suficiente. La política no desaparece: se reordena y tiende a concentrarse en menos actores. La tecnificación de los ministerios económicos libera el frente político, que se sitúa con mayor claridad en el núcleo del Gobierno.

Ahí, junto a Pedro Sánchez, todo apunta a que Félix Bolaños asumirá un papel central como principal interlocutor y, previsiblemente, como figura de confrontación frente a la oposición. Si María Jesús Montero había ejercido en los últimos años como uno de los principales diques políticos frente a la ofensiva parlamentaria de las derechas, su salida obliga a redistribuir ese rol.

El resultado es un Gobierno más técnico en los ministerios y más político en su núcleo. Menos confrontación en la gestión, más concentración del pulso político en torno a Sánchez y su núcleo.

Los resultados de Vox en las elecciones de Castilla y León han sido interpretados en parte del debate público como un crecimiento menor del esperado. Sin embargo, esa lectura puede resultar engañosa. En realidad, los datos apuntan a otra conclusión: la formación de Santiago Abascal ha consolidado una base electoral estable, una implantación territorial amplia y una estrategia política eficaz para convertir votos en poder político. 

Vox ha obtenido cerca del 19% del voto y ha sumado 19.089 sufragios más que en la cita electoral de 2022. Pero el dato más relevante no es solo el incremento de votos, sino su distribución territorial y su traducción en representación institucional.

El partido ha logrado representación en todas las provincias de Castilla y León y se mueve en una franja de apoyo que oscila aproximadamente entre el 15% y algo más del 20% del voto —superando ese umbral en provincias como Palencia y Valladolid—. En un sistema electoral provincial como el español, ese porcentaje resulta especialmente relevante porque permite consolidar presencia institucional, maximizar la conversión de votos en escaños y, en última instancia, resultar decisivo en futuros comicios generales.

Los resultados adquieren aún más relevancia si se observa el equilibrio parlamentario: el bloque formado por PP y Vox suma alrededor del 54%, uno de los más escorados a la derecha del mapa autonómico. Solo Extremadura presenta un bloque conservador aún más amplio, cercano al 60%.

El mapa del voto también ofrece algunas claves. Vox obtiene sus mejores resultados en provincias y municipios de carácter más rural o semiurbano, donde determinados discursos sobre identidad nacional, seguridad o crítica a políticas europeas encuentran mayor resonancia. Al mismo tiempo, el resultado revela algunas tensiones dentro de su propio espacio político. La candidatura impulsada por el agitador digital Alvise Pérez ha logrado 17.351 votos. No logró representación, pero sí captó parte de un electorado joven muy activo en redes sociales que, en otros contextos, podría haber apoyado a Vox. En provincias con circunscripciones relativamente grandes, como Valladolid, León o Burgos, esa fragmentación del voto podría incluso haber tenido impacto en la disputa por los últimos escaños.

Más allá de estos factores sociológicos, la formación de Abascal ha conseguido cumplir tres objetivos estratégicos. El primero era crecer electoralmente, aunque fuera de forma moderada. El segundo consistía en reforzar su implantación territorial: Vox tiene ahora representación en todas las provincias y mantiene porcentajes relativamente homogéneos en todo el territorio. El tercer objetivo es quizá el más importante: mantener su capacidad de condicionar la gobernabilidad.

El PP de Alfonso Fernández Mañueco necesita el apoyo de Vox para gobernar, lo que sitúa a la formación de Abascal en una posición negociadora relevante. La influencia de la extrema derecha no depende necesariamente de grandes victorias electorales. A menudo basta con ser imprescindible.

Estas negociaciones, además, no deben interpretarse únicamente en clave autonómica. Los pactos que se negocian en Extremadura y Aragón tienen también una dimensión política y estratégica más amplia.

En el plano político, estos acuerdos contribuyen a perfilar la relación del PP con la extrema derecha. Cada pacto fija precedentes tanto sobre el modelo de negociación —si será tutelado desde Génova o dejará margen a los liderazgos autonómicos— como sobre las líneas programáticas que los populares están dispuestos a traspasar para garantizar la gobernabilidad.

Ese debate ya ha empezado a hacerse visible. El decálogo presentado por Alberto Núñez Feijóo hace apenas un par de semanas —que incluía compromisos básicos como el respeto a la Constitución— irritó profundamente a Santiago Abascal. Sin embargo, la evolución reciente de los acuerdos entre PP y Vox demuestra que esos límites se vuelven cada vez más difusos. El ejemplo más claro es el pacto alcanzado en la Comunitat Valenciana, donde se han abierto la puerta a propuestas que hace pocos años habrían resultado impensables, desde la elaboración de estadísticas diferenciadas en materia migratoria hasta el rechazo frontal al Pacto Verde europeo.

Pero existe también una dimensión estratégica que afecta al corto y al medio plazo. Lo que se negocie ahora puede influir en futuros escenarios electorales, especialmente en Andalucía y en las generales previstas para 2027.

En el caso andaluz, el presidente Moreno Bonilla ha construido su liderazgo sobre una estrategia de centralidad política, una retórica menos confrontativa y una imagen de moderación institucional. La evolución de los pactos entre PP y Vox en otras comunidades podría tensionar ese equilibrio si se consolidan acuerdos que incluyan políticas más radicales.

Al mismo tiempo, para Vox resulta estratégicamente útil mantener un perfil ideológico nítido y diferenciado como la fuerza hegemónica de la derecha más radical española. En ese contexto, los acuerdos de gobierno pueden servir tanto para demostrar capacidad de influencia como para reforzar su identidad política frente a un PP que, en cuestiones como la inmigración, el aborto, el feminismo, la violencia de género o las políticas climáticas, puede aparecer más ambiguo o dividido.

Subestimar estos resultados puede conducir a interpretaciones equivocadas. La extrema derecha no siempre avanza mediante grandes irrupciones electorales. La historia política reciente lo demuestra: desde los años ochenta ha participado en más de setenta gobiernos en Europa, tres de ellos en solitario. Con frecuencia lo hace de forma más gradual: consolidando apoyos, ampliando su implantación territorial y convirtiéndose en un actor imprescindible para gobernar. Castilla y León es un buen ejemplo de esa lógica política que ya se observa en varios países europeos.