El ejecutivo de Imanol Pradales ha anunciado una nueva línea de avales por valor de 144 millones de euros, destinada a facilitar la compra de viviendas por parte de particulares. Esta medida, que a primera vista parece responder a una necesidad real —la dificultad de una buena parte de la población para acceder a una vivienda—, en realidad no viene a solucionar dicho problema, sino que lo profundizará aún más.

La iniciativa ha sido diseñada de tal forma que permitirá a la banca aumentar su negocio colocando hipotecas de mayor importe, pero sin asumir mayores riesgos, ya que contarán con garantía pública. Dicho de otro modo: se privatizarán los beneficios y se socializarán las pérdidas, el abecé de los gurús del neoliberalismo.

Sus fervientes defensores ocultan el efecto inflacionario de este tipo de políticas, que empujará aún más al alza los precios de la vivienda, alejándolos cada vez más de los sueldos reales de la clase trabajadora. Esto significa que, en el futuro, la deuda que deberá contraer un comprador para adquirir una vivienda será todavía mayor, y nos encontraremos ante la necesidad de dedicar más fondos públicos para avalar esas hipotecas. Una pescadilla que se muerde la cola, cada vez más grande, parecida a lo que ocurre con las ayudas al alquiler, que también están contribuyendo al aumento del precio de los arrendamientos.

Nos encontramos ante la necesidad de repensar el diseño de las políticas de vivienda para que sean eficaces tanto a corto como a largo plazo. Debemos superar este callejón sin salida que no solo es incapaz de responder a las necesidades actuales de vivienda, sino que además está condicionando en exceso el futuro de las próximas generaciones. Para empezar, hay una cuestión de fondo que merece mayor atención: ¿hacia dónde debe orientarse la política de vivienda? O, en términos más concretos, ¿hacia dónde deben dirigirse los recursos públicos?

Sin entrar en una valoración detallada de los presupuestos en materia de vivienda, se puede partir de un hecho: durante décadas, la mayor parte del presupuesto se ha destinado a incentivar la compra de vivienda en propiedad. Durante muchos años, solo con la deducción fiscal a la compra se han destinado más recursos que los que ha gestionado todo el departamento de vivienda. Con esta nueva línea de avales, se pretende seguir destinando más recursos en esa dirección.

¿Tiene sentido seguir dedicando recursos públicos a la adquisición de vivienda en propiedad, teniendo en cuenta el factor inflacionario de estas medidas y que la dificultad de acceso a una vivienda está precisamente relacionada con su precio? Una década después de la peor crisis financiera e inmobiliaria, parece que no hemos aprendido nada. Todo indica que se pretende volver a recorrer el mismo camino: “hipotecas al 100 %”, “te ayudamos”, “construir más para bajar los precios”… Se podrá repetir mil veces, pero esta fórmula ya ha sido probada y ha fracasado para quienes realmente necesitan una vivienda, mientras una minoría se llena los bolsillos.

Insistir en el camino que nos ha llevado hasta esta emergencia habitacional no parece la mejor elección para construir un futuro que garantice vivienda a quien la necesite. Sin embargo, ni el PNV ni el PSE parecen mostrar interés en recorrer una alternativa distinta.

Desde EH Bildu creemos que se debe partir de una premisa muy clara: recursos públicos para vivienda pública. El futuro pasa por redoblar esfuerzos en materia de vivienda, sí, pero orientando esos esfuerzos hacia un sistema de vivienda pública permanente. Solo así podremos, año tras año, ir acumulando capacidades y ampliando una infraestructura de vivienda que dé servicio a todo el territorio. Hemos propuesto la creación de un fondo para la promoción de vivienda pública. Pero este fondo —del que también habla, al menos conceptualmente, el Gobierno Vasco— necesita estar compuesto mayoritariamente por recursos públicos. Si, bajo el pretexto de la colaboración público-privada, se genera un mecanismo que permita a la parte privada obtener suelo y rentabilidad, estaremos ante otra medida cortoplacista que generará nuevos problemas en el futuro.

No debemos olvidar que necesitamos tanto construir un sistema como intervenir en el actual. Limitar y regular el mercado es una obligación moral, al menos para evitar que arrebate los proyectos vitales de toda una generación. En solo una década estamos asistiendo a un gran acaparamiento de viviendas por parte de grandes tenedores, a un aumento de precios completamente desconectado de los salarios, a familias que sobreviven hacinadas en habitaciones, a la imposibilidad de que los jóvenes se emancipen, al aumento de desahucios y a un impacto económico alarmante. Quien crea que el mercado acabará regulándose solo, que los precios bajarán y se alinearán con los sueldos, está creyendo en unicornios. El dogma neoliberal solo sirve para que unos pocos ganen mucho y muchos lo pierdan todo. Reorientemos la política hacia la vivienda pública.