Los casos de violencia machista que se han conocido recientemente en Errenteria han dado pie a un intenso debate en torno a la forma en la que se han abordado. Se trata de un debate que debemos afrontar con valentía y sin condicionantes partidistas, porque está estrechamente vinculado a una cuestión prioritaria como es la de la dignidad y la libertad de las mujeres. Sin señalamientos, sin voluntad de generar enfrentamientos políticos, pero sí desde la responsabilidad y la crítica constructiva. Siempre y en todo caso, sobre la base del respeto y el reconocimiento absoluto a las víctimas de esta violencia, ya que la prioridad institucional y social debe estar centrada en el apoyo a sus necesidades y bienestar, en su dignidad y autonomía. También en este caso. Así me gustaría trasladarlo.

Por la información que se ha hecho pública por parte del ayuntamiento estas últimas semanas, los dos casos que han ocupado la atención mediática son distintos entre sí en cuanto a la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, no se nos escapa que la coincidencia en el tiempo, el hecho de que en ambos casos se trata de hombres en posición de poder y referentes en sus ámbitos, y que su gestión haya sido “privada”, han multiplicado su impacto.

Como consecuencia de la preocupación surgida, se han celebrado concentraciones de denuncia bajo el lema “no a la impunidad”. Sin embargo, cuando prevalece la ley del silencio, ocurre justamente lo contrario. Hay impunidad. Y nada de esto es justo. Desde la responsabilidad de quienes hemos asumido la tarea de gobernar para mejorar la vida de nuestra ciudadanía, toca reflexionar muy seriamente si este es el camino para afrontar una realidad, por desgracia, tan cotidiana, como es el de la violencia machista. Debemos hacernos las preguntas correctas, al menos para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares. Aprender de lo que ha sucedido.

Me preocupa muchísimo que, ante hechos similares, pueda prevalecer la falta de transparencia, un diagnóstico no compartido y una gestión “particular” sin mediaciones institucionalizadas que ofrezcan garantías. Eso me lleva a preguntar si ese es el camino que debe emprender la atención pública al maltrato machista. ¿Se ha dejado de proteger a víctimas potenciales? ¿Ha prevalecido el prestigio del colectivo al que pertenecen sobre los derechos de las mujeres? ¿Ha pesado el poder y la referencialidad de los acusados? ¿Dónde queda la garantía de un proceso justo?

En los últimos años, se ha ido tejiendo y fortaleciendo una importante red institucional de apoyo a las víctimas, desde la colaboración entre las instituciones, siempre en diálogo con el movimiento feminista. Aunque existan ámbitos de mejora en los que incidir, los protocolos han ido también incorporando la centralidad de la reparación de las víctimas, en aras de promover una respuesta integral, feminista y comunitaria que reconozca su dignidad, autonomía y participación activa, respondiendo así a una de las necesidades que se venía identificando en las políticas públicas para hacer frente a la violencia machista. Porque, entre todas las instituciones, debemos trabajar para garantizar que las víctimas estén acompañadas y que el proceso contribuya a su reparación.

Lo ocurrido estas últimas semanas evidencia que, mientras que los enfoques puramente asistencialistas y judiciales pueden tener un alcance limitado en ese proceso de reparación, los procesos que obvian el ámbito institucional, asistencial y judicial pueden también generar espacios de impunidad para los agresores. Espacios exentos de garantías. Es este un ámbito en el que todas y todos –las instituciones públicas fundamentalmente– tenemos especial responsabilidad. Porque, además de proteger y de apoyar a las víctimas, es nuestra tarea velar para garantizar la no repetición y el reconocimiento social de las víctimas, frente a la impunidad y la revictimización.

Sin incorporar ese enfoque a los procesos de reparación, tal y como hemos visto en Errenteria y en otros casos, se traslada la posibilidad de articular un sistema paralelo de respuesta ante la violencia machista que evita los protocolos de las instituciones, así como las numerosas vías de atención y de apoyo puestas en marcha en los últimos años. Una tendencia que, a tenor de diversas voces escuchadas en las últimas semanas, se conjuga con la deslegitimación de las vías institucionales existentes y con la defensa de acuerdos de reparación que, se entiende, se activan en función del entorno social del que forme parte el agresor. Posiciones que, además de ser inaceptables desde el punto de vista democrático, no ofrecen garantías –como se ha comprobado– y suponen una ruptura social.

Las instituciones vascas llevan décadas activando y reforzando servicios de atención que buscan, precisamente, apoyar a las víctimas, acompañarlas, evitando la revictimización, tratando de responder de forma coordinada y eficaz, previniendo y tratando de poner freno a la impunidad. Es también deber de las instituciones mostrar el rechazo público y el compromiso firme con la justicia.

En Gipuzkoa, por ejemplo, además de los servicios de asesoramiento jurídico, de atención psicológica y de los recursos de acogida para las víctimas, se ha activado en esta última legislatura el servicio Hariberria, el Servicio Foral de Atención Integral a las Víctimas de agresiones sexuales con espacios de atención en Donostia, en Arrasate y próximamente en Lazkao.

Llevamos años de recorrido de lucha contra la violencia machista. Una lucha en la que, ante tendencias negacionistas y regresoras, debemos seguir trabajando desde la estrecha colaboración entre las instituciones y el movimiento feminista. Llevamos mucho tiempo afirmando que la violencia machista atañe al conjunto de la sociedad. Que toda la sociedad debe implicarse para erradicarla. Trabajemos por lo tanto desde la colaboración, sin generar vías paralelas sino coordinadas, transparentes, que se complementen a la hora de apoyar a las víctimas.

Quiero invitar a todos los agentes implicados a trabajar en esta línea y tiendo la mano al conjunto de fuerzas políticas, asociaciones feministas y responsables institucionales para reflexionar sobre los aprendizajes que nos dejan casos como los de Errenteria. Solamente así podremos avanzar en el objetivo de construir un territorio libre de violencia contra las mujeres. Se trata de un objetivo que nos une y que nos debe seguir uniendo en el futuro. Se lo debemos a todas las víctimas y al conjunto de la sociedad.

“Izena badu, bada” (todo lo que tiene nombre, existe), reza un dicho en euskera. Izena eta izana. Nombre y existencia. Se trata de dos conceptos que suelen ir de la mano en nuestra cultura.

A la luz de esta expresión podemos afirmar que las y los guipuzcoanos ya existíamos hace mil años, ya éramos comunidad. Y es que la mención escrita más antigua de Gipuzkoa, conocida hasta el momento, data de 1025. Aquel año, un escribano plasmó la palabra 'Ipuscua' en un manuscrito. En dicho documento, el señor de Ipuscua, Gartzia Azenariz, y su esposa, la señora Gayla de Iputza, donaban a los monjes de San Juan de la Peña el monasterio San Salvador de Olazabal, situado en lo que hoy sería Altzo, junto con otras tierras bajo su protección.

Esta efeméride nos ofrece a los guipuzcoanos y guipuzcoanas una gran oportunidad para conocernos mejor: por un lado, para hablar de la evolución, la institucionalización o los hitos históricos del territorio histórico de Gipuzkoa; y, por otro lado, para hablar de los eslabones de valores que unen a los 'ipuscuanos' de hace mil años con los guipuzcoanos del presente.

Con el fin de celebrar dichos valores comunitarios, las y los representantes públicos de Gipuzkoa nos reunimos a comienzos de julio en la plaza Euskal Herria de Tolosa, en un acto institucional lleno de simbolismo. Allí nos unimos en la tradicional soka-dantza de honor: el presidente de las Juntas Generales, decenas de alcaldesas y alcaldes, y la diputada general.

La soka-dantza nos recuerda que estamos unidas, que los problemas de cada uno son de todos, que queremos trabajar y vivir en comunidad. Y que también queremos celebrarlo conjuntamente. Deba, Urola, Oria, Urumea, Oiartzun y Bidasoa. Desde Hondarribia hasta Leintz-Gatzaga, de Mutriku a Ataun: ciudadanía y representantes de toda Gipuzkoa, ciudades, barrios y pueblos unidas y unidos por un nexo que compartimos de punta a punta.

Por superficie, somos un territorio pequeño. Y, sin embargo, somos cuna de muchos hitos y personajes históricos, que han dejado huella en el mundo. Tenemos mucho que compartir. También hemos vivido momentos difíciles, algunos de ellos no tan lejanos en el tiempo.

Con todo ello en la memoria, al celebrar el milenario de la palabra Gipuzkoa, reivindicamos con orgullo ser guipuzcoanos y guipuzcoanas, reivindicamos los sólidos valores que colectivamente hemos ido desarrollando y trabajando durante siglos. Los que unen a Gipuzkoa. Un fuerte sentido comunitario que se ha ido arraigando generación tras generación, y que nos ha permitido avanzar incluso en los momentos más difíciles, en cooperación con los demás territorios vascos.

En las últimas décadas, esa fuerza comunitaria ha impulsado en Gipuzkoa la puesta en marcha de numerosas iniciativas transformadoras en ámbitos como la economía, la educación, el euskera, la sanidad, la protección social, el deporte o el sector público. En la actualidad, miles de ciudadanos y ciudadanas se comprometen a diario con la comunidad a través de asociaciones y entidades de diversa naturaleza. Todas estas iniciativas se basan en los valores. Los valores de una comunidad guipuzcoana viva y fuerte.

Pero, en el mundo tan incierto y cambiante como en el que vivimos, se están extendiendo el individualismo, el autoritarismo y la violencia. Gipuzkoa y Euskal Herria no son una isla.

De cara al futuro, es imprescindible fortalecer los valores comunitarios. Porque eso nos ayudará, como hasta ahora, a sostenernos mutuamente. En ese contexto, igual que los tres tejos de nuestro escudo, quiero poner el foco en la necesidad de seguir arraigando muy especialmente tres valores.

El primer valor es el euskera. Tal como dijo Joxe Azurmendi, escoger el euskera es “escoger la reconstrucción de un pueblo destruido”. El euskera es un rasgo que cohesiona la comunidad y que está en el corazón de nuestra identidad, como territorio y como país. Pero el euskera necesita compromiso y cooperación para disipar cualquier peligro del retroceso, más si cabe en la actualidad, cuando tanto la lengua como quienes la hablamos nos encontramos en una encrucijada.

El segundo valor es la solidaridad. Porque los guipuzcoanos y las guipuzcoanas tenemos un fuerte sentido de la igualdad y de la justicia. Eso nos ayuda a ser innovadores, a emprender, a encontrar vías más justas de organización social y económica, a reivindicar y labrar el lugar que merecemos las mujeres en la sociedad. Solidaridad con los pueblos que están sufriendo injusticias, opresión y cerrazón por todo el mundo, especialmente en los últimos meses con Gaza y también con Ucrania. Solidaridad con las personas con más dificultades que se encuentran entre nosotros y nosotras, sin dejar a nadie atrás.

El tercer valor es la firme voluntad de gobernarse a sí mismo. Si nuestro país ha sabido avanzar, ha sido porque tiene una identidad propia, ha sabido organizarse, desarrollar y defender leyes e instituciones propias. También en los tiempos más difíciles. Por ello, aprovechamos el milenio de Gipuzkoa para reivindicar que los símbolos que nos hemos dado, tanto a nivel territorial como local y, en particular, la ikurriña, representan la identidad de este pueblo. De dónde venimos, qué somos y por qué.

Estos tres valores, entre otros, nos unen al resto de territorios vascos. Unámonos, tomando como base la comunidad, para desarrollar y defender nuestras instituciones propias, para seguir construyendo país.

La forma de avanzar hacia el futuro es agarrar firmemente el nexo que nos une como comunidad, arraigados a nuestra tierra, con un rumbo claro. Hay mucho en juego. Porque cuando se debilita la cohesión comunitaria y los valores compartidos, se debilita la democracia misma.

Un pueblo, un territorio, no puede ser una mera suma de individuos. Necesita valores compartidos, necesita un sentimiento arraigado de comunidad. Identidad propia. Es lo que nos ha traído hasta el presente y es lo que tenemos que mantener para tener un futuro como vascos y vascas, guipuzcoanos y guipuzcoanas.

Queremos que ese sentimiento comunitario tenga continuidad en Gipuzkoa. Para que sigamos siendo una comunidad que forma parte de un mismo pueblo: responsable, igualitaria, que vive en euskera, equilibrada y equitativa, que cuide el bienestar integral de todas las personas. Cojámonos de la mano y avancemos, como dice Juan Antonio Urbeltz, “guztiok garelako soka berekoak”. Compartimos los valores de una misma comunidad.

Y, por qué no, para que, dentro de mil años alguien diga que aquí sigue en pie una comunidad, desde las montañas de Aralar y Aizkorri hasta las tierras de la costa, entre los ríos Bidasoa y Deba. Y que a ambos lados del Pirineo existe un pueblo que, a través del canto y la danza, celebra su nombre y su existencia.