Los socialistas siempre hemos entendido la política, y la propia acción de gobierno, como una herramienta destinada a solucionar los problemas de la gente y a establecer horizontes y modelos de sociedad basados en la justicia social, la igualdad y la libertad. En la consecución de esos objetivos hemos tratado siempre de aglutinar al máximo posible de actores, convencidos como estamos de la necesidad de buscar el acuerdo y la transversalidad en una sociedad plural y diversa como es la nuestra.

Conviene recordar esto tras lo vivido en el último pleno del Congreso de este curso político, que se saldaba con la derogación del Real Decreto-ley 7/2025, más conocido como “decreto antiapagones”, y que venía a establecer una serie de nuevas normas encaminadas a reforzar nuestro sistema eléctrico y a evitar la repetición de episodios como el sufrido el pasado 28 de abril. Se trataba de medidas urgentes y necesarias dirigidas, por ejemplo, a impulsar el autoconsumo colectivo, facilitar el almacenamiento energético, desbloquear cuellos de botella para la conexión a red, impulsar las inversiones en renovables en un momento en el que la apuesta por las energías verdes se está poniendo en duda o proteger a la industria electrointensiva aliviando la factura de la luz de un sector que es clave para la economía de muchas regiones españolas que sufren despoblación. Se calcula que la pérdida de inversiones por la no convalidación puede alcanzar los 200.000 millones de euros.

Y es que todas esas medidas ya no verán la luz, al menos por ahora, como consecuencia del voto negativo del PP y Vox, algo que a estas alturas ya no sorprende a nadie; pero también, y esto sí es más alarmante, debido al voto en contra de partidos de izquierda como Podemos y el BNG. Y creo que es importante profundizar en esta cuestión.

Que la derecha dejara caer el decreto forma parte de la dinámica destructiva en la que lleva el PP inmerso desde hace 7 años, empeñado como está en asestar al Gobierno de España golpes que son en realidad golpes al conjunto de la ciudadanía española y, en este caso concreto, a la más que necesaria transición ecológica y a la competitividad de la industria española. Ni siquiera lo evitó la transversalidad de los apoyos cosechados por el Gobierno para mantener las medidas recogidas en el decreto, apoyos que iban desde asociaciones ecologistas o del sector energético hasta cooperativas, industria, entidades locales y asociaciones de consumidores. La pérdida del PP de todo sentido de Estado se manifiesta, por desgracia, de múltiples formas y en demasiadas ocasiones, pero es especialmente sangrante en este caso, ya que el PP ha optado por ignorar un clamor social amplio y diverso que era de por sí indicativo de lo positivas y necesarias que eran las medidas incluidas en el decreto.

Sin embargo, sorprende más la postura adoptada por partidos como Podemos o el BNG, que al votar en contra del Decreto 7/2025 lo han hecho en contra de medidas que ellos mismos ha defendido una y otra vez y que han incluido en sus propios programas electorales, como la apuesta por el autoconsumo energético y el impulso a las renovables. Es evidente que el decreto podía no ser perfecto (qué en esta vida lo es) y que podía existir un margen de mejora. Pero no es menos cierto que su configuración había permitido articular un apoyo mayoritario entre los actores afectados, de un lado y de otro, y que esa transversalidad tan positiva y necesaria implica siempre, como es lógico, que no todo lo incluido en el texto pueda gustar a todos.

Un voto en contra que se sustentó, además, en medias verdades, cuando no directamente en argumentos falsos. Porque la exención del trámite de evaluación ambiental incluida en el decreto se planteaba únicamente para proyectos de almacenamiento en el perímetro de instalaciones renovables ya existentes, lo que evitaba la necesidad de ocupar nuevos suelos; porque la reducción de plazos contemplada en la norma para ciertos casos no implicaba una merma de las garantías ambientales; o porque en ningún caso se mantenía la vía de tramitación abreviada para instalaciones renovables decretada en 2022, que ya no está vigente ni activa, lo que implica que cualquier nueva instalación debe seguir los procedimientos ordinarios de evaluación ambiental fijados.

Sorprende aún más el voto en contra de estos partidos de izquierdas cuando actores ecologistas de la talla de Greenpeace entendieron precisamente esa cuestión vital y dieron su apoyo al decreto, manifestando precisamente que, pese a que no colmara todas sus expectativas, se hacía frente positivamente a una problemática necesitada de ser abordada, y por ello merecía la pena apoyarlo.

Y es que es importante entender, tal y como hizo Greenpeace, que en política a veces no se puede cumplir de golpe con el 100% de los objetivos planteados, y hay que saber avanzar en las cuestiones posibles, siempre progresando en la dirección marcada. Entender, en definitiva, que a veces los objetivos marcados deben cumplirse de manera progresiva, sabiendo qué luchas deben ser afrontadas hoy y cuáles mañana, no renunciando nunca a obtener determinados logros a costa de no conseguirlos todos. Es una lástima que en nuestro país haya partidos que estén siempre más centrados en ver lo que no se consigue que en asumir y apoyar lo que sí se puede alcanzar.

Porque este Decreto 7/2025 era precisamente un ejemplo de eso: de avanzar en la línea del impulso a las renovables y del desarrollo del autoconsumo energético, garantizando al mismo tiempo la seguridad energética de nuestro país, la estabilidad del sistema, la reducción de la factura de la luz, y consolidando el liderazgo de España en el desarrollo de las energías renovables, aún cuando pudieran quedar determinadas cuestiones por abordar en la forma que algunos actores hubiesen querido.

Y es que se entiende que desde el espacio progresista se espere que, a través de la política, se limiten los beneficios y el poder de las grandes eléctricas. También esa es la aspiración del Partido Socialista y del Gobierno de España, como se ha visto en los últimos años: una apuesta por una transición ecológica justa y social, construida de abajo hacía arriba y con las personas, especialmente las más necesitadas, en el centro de su acción y su desarrollo. Pero no es menos cierto que este decreto se presentaba en un momento concreto y respondiendo a unas circunstancias concretas, para abordar unas necesidades y problemas determinados. Por lo tanto, se equivocan quienes plantearon o visualizaron, en la convalidación o no de este decreto, el campo de batalla de una lucha más partidista que real contra las grandes empresas energéticas. Conviene siempre entender qué es lo que nos estamos jugando en cada momento y, sobre todo, qué cuestiones deben plantearse en unos o en otros espacios.

Por lo que respecta al Partido Socialista, seguiremos incidiendo en el camino que creemos que hay que recorrer. Un camino que apuesta sin matices por las energías renovables, por el desarrollo del autoconsumo energético, por el respeto al medio ambiente y los ecosistemas y por la seguridad energética de nuestro país, todo ello en colaboración con los actores involucrados en el sector energético, desde las asociaciones ecologistas hasta las empresas y la industria, y por supuesto los consumidores. Tal vez no lleguemos todo lo rápido que hubiéramos querido, pero llegaremos, porque seguiremos dando los pasos en esa dirección, sumando a gente y actores y basándonos en los criterios políticos y técnicos adecuados.

Que lleguemos antes o después dependerá de la voluntad de acuerdo que tengan el resto de los actores del espacio progresista. De si optan por unir fuerzas para ir sumando victorias y avanzando pasos en ese horizonte de sostenibilidad e igualdad y justicia social, o de si deciden, como hicieron el pasado 22 de julio, mantener sus posiciones inmovilistas y ralentizar el camino de un país entero al que le han arrebatado una buena oportunidad.