El 1 de enero de 1956, mientras el año nuevo apenas comenzaba, en Candás se encendía una pantalla que conectaba un pueblo marinero con Hollywood. Cuando ruge la marabunta, con Eleanor Parker y Charlton Heston, inauguraba la historia del Teatro Prendes y abría una ventana al mundo en una Asturias que descubría el cine y se engancha a este arte de por vida.

La familia Prendes logró algo que hoy suena casi imposible: que las grandes películas de la época llegaran puntuales a un concejo costero, convirtiendo la sala en puente entre la vida cotidiana y los relatos que venían de lejos. En los años cincuenta, la edad dorada del cine, el Prendes era un acontecimiento social. No se iba solo a ver una película: se iba a compartirla.

Desde entonces no ha cerrado ni un solo día. Es el único cine de Asturias que puede decirlo. En un tiempo en el que muchas salas desaparecieron, el Prendes resistió y hoy funciona como una filmoteca viva para el público general y también para el cine escolar. “A partir del cine clásico aprendes a mirar, a entender cómo un director da fuerza a un plano o cómo cambian los mensajes con la sociedad”, explica Alaín Fernández, director gerente del Teatro Prendes desde 1994.

El día que Candás salvó su teatro

La continuidad del Prendes no fue casual. En 1969, tras la jubilación de Luis Prendes, el edificio estuvo a punto de convertirse en un supermercado. Fue el propio Luis Prendes quien advirtió al entonces alcalde, José Luis Vega Fernández “Petis”, de que Candás no podía quedarse sin su teatro. El Ayuntamiento asumió el reto y la sala se mantuvo abierta, una decisión que garantizó su supervivencia hasta el día de hoy. Candás no se entiende sin su teatro.

En 1990 nació el patronato del Centro Cultural Teatro Prendes y un año después llegó otra apuesta decisiva: el primer Salón de Teatro Costumbrista, con cuatro compañías en cartel. Una iniciativa propia para dignificar un género que no había tenido el reconocimiento que merecía y que hoy se ha convertido en referencia absoluta, algo así como los “Oscar” del costumbrismo asturiano.

De ese impulso surgieron los Premios Aurora Sánchez, primero honoríficos y después con jurado y gala propia. La actriz candasina fue inmortalizada en una estatua inspirada en una caricatura suya y el salón ha alcanzado ya 36 ediciones consecutivas —incluso en pandemia—, con el agradecimiento unánime de compañías y público.

Un teatro que se adapta sin perder el alma

El edificio se ha ido actualizando sin renunciar a su esencia. En 2016 se acometió una reforma integral con nuevo suelo en el patio de butacas y el anfiteatro, climatización y mejoras técnicas. “Tenemos comodidades del siglo XXI, pero la esencia sigue siendo la misma”, resume Alaín Fernández. La sensación al entrar en el espacio escénico, el recorrido entre bambalinas y focos, sigue remitiendo a un teatro con un encanto que va más allá de las salas modernas. Apetece acomodarse en las butacas y dejar que el escenario sorprenda.

Ese cuidado por la esencia convive con una atención minuciosa al detalle. En los camerinos nunca falta agua ni marañuelas de Candás para las compañías. “Cuando vas a trabajar a un teatro no te puede faltar agua”, defiende el director gerente del Teatro Prendes, convencido de que actores y actrices deben sentirse atendidos para que el espectáculo funcione.“Nos gusta poner unas marañuelas, tratar bien a los actores y que tengan el recuerdo de haber pasado por aquí”, concreta.

Formado en Francia, donde el teatro era parte del aprendizaje escolar, Alaín Fernández ha trasladado esa idea a la programación educativa: ver una obra antes y después de estudiarla para comprenderla mejor. Quiso ser actor, estudió Medicina por tradición familiar y hoy combina ambas vocaciones. “En el fondo se trata de lo mismo: atender a la gente”, señala este cinéfilo empedernido, una auténtica biblioteca del cine andante que ha llevado su pasión a la sala.

Comunidad, memoria y vida social

Con 520 butacas y su maquinaria cinematográfica original aún en funcionamiento, el Prendes es sede de galas del deporte, graduaciones y actos de asociaciones culturales. Durante la pandemia, lejos de apagarse, sumó una comunidad de 1.500 socios de toda Asturias —y también de fuera— que lo sienten como propio.

Personas vinculadas a su vida —Pipo Prendes, Paula Echevarría, Joaquín Viña, Diego Argüelles y compañías de teatro— han dejado testimonio en el libro del 70 aniversario, de lo que ha significado este espacio en sus trayectorias y en la memoria colectiva de Candás.

Hoy, convertido en templo del teatro costumbrista y refugio del cine clásico, el Prendes funciona como una filmoteca viva, un lugar donde el pasado se proyecta en presente y donde cada sesión es también una lección de historia cultural.

Una fábrica de sueños

Cuando se apagan las luces del Prendes, Candás no se queda a oscuras. En la penumbra de la sala siguen flotando las voces de quienes se sentaron allí por primera vez de la mano de sus padres, los nervios de quien pisó el escenario temblando, el zumbido del proyector que acompañó a varias generaciones y los aplausos que nunca se marcharon del todo.

Hay teatros que programan y hay teatros que cuidan. El Prendes hace ambas cosas. Cuida a sus actores, cuida a su público y cuida a su pueblo manteniendo abierta una puerta que en otros lugares se cerró hace tiempo. Por eso no es solo un cine, ni solo un escenario: es un lugar donde la cultura se ha instalado en la vida cotidiana.

Setenta años después de aquella primera película, la “fábrica de sueños” sigue funcionando gracias a una comunidad que decidió que su teatro no se apaga. Cada función, cada proyección, cada gala o ensayo escolar es una forma de decir que merece la pena seguir levantando el telón.

Y así, mientras alguien vuelve a ocupar su butaca de siempre y el foco se enciende una vez más, el Prendes demuestra que hay espacios que no cumplen años: acumulan historias. Y que en Candás, pase el tiempo que pase, siempre habrá una luz encendida esperando a que empiece la función y siempre, siempre, habrá una marañuela esperando.

El Gobierno de España ha presentado este miércoles en Piloña la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, un documento que fija las líneas de actuación frente a la despoblación y que incorpora como principal novedad la creación de un Observatorio de Equidad Territorial para analizar la situación de cada zona y orientar las políticas públicas.

El plan, que se someterá ahora a consulta pública antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, se estructura en cinco pilares —resiliencia climática, acceso a servicios e infraestructuras, dinamización económica local, igualdad e inclusión y cultura y arraigo— y dos ejes transversales centrados en el conocimiento y la gobernanza multinivel. Su objetivo es garantizar el acceso a vivienda, movilidad de proximidad y servicios básicos en todo el territorio y que vivir en un municipio rural sea “una opción viable, digna y libre”.

Durante el acto, celebrado en el marco de la European Rural Youth Forward Conference 2026, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, subrayó que la equidad territorial requiere “cooperación de todos los niveles administrativos” y la implicación de comunidades autónomas, entidades locales y sociedad civil.

Un problema de Estado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó la presentación para reclamar que las políticas estatales incorporen de forma explícita el impacto demográfico en ámbitos como la financiación autonómica y las infraestructuras, al considerar que el reto demográfico es “un problema de Estado que demanda respuestas de Estado”. También defendió reforzar el apoyo a la agricultura y la ganadería, estimular la innovación en el campo y consolidar el Pacto por el Medio Rural como eje de la acción autonómica.

Barbón apeló a “redoblar la complicidad con el medio rural” para evitar que se imponga el desánimo y destacó que Asturias encadena cuatro años consecutivos de crecimiento de población, un dato que vinculó a la combinación de oportunidades laborales y servicios públicos. El presidente incidió en que las políticas demográficas del Principado incluyen una ley específica, ayudas a la natalidad, desgravaciones fiscales, apoyo a los concejos más afectados y programas de retorno.

Más de cien medidas

La nueva estrategia estatal da continuidad al plan aprobado en 2019 y al paquete de 130 medidas que movilizó más de 13.000 millones de euros entre 2021 y 2024. Según el Ejecutivo, los municipios más pequeños han ganado más de 150.000 habitantes en los últimos siete años y han registrado saldo migratorio positivo.

El Observatorio de Equidad Territorial permitirá realizar análisis con indicadores específicos para adaptar las políticas a las necesidades de cada territorio y facilitar la elaboración de estrategias locales, uno de los instrumentos con los que el Gobierno pretende mejorar la eficacia de las medidas frente a la despoblación.

La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) ha iniciado el rodaje de su primera serie de ficción televisiva en coproducción con la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG). El proyecto, titulado Coworkinaos, comenzó esta semana con los ensayos del primer capítulo y se presentó oficialmente en el Parque Empresarial de Argame.

La serie, rodada en asturiano, es una comedia ambientada en un coworking rural situado en la frontera entre Asturias y Galicia. La historia aborda, en clave de humor e ironía, las dinámicas cotidianas de un grupo de profesionales que buscan reinventarse en el medio rural tras la pandemia, entre proyectos cargados de buenas intenciones, aspiraciones personales y situaciones que derivan en enredos casi sin proponérselo.

El proyecto nace de la convocatoria conjunta “Asturias y Galicia crean ficción”, orientada a fomentar la colaboración entre profesionales del sector audiovisual de ambas comunidades. Con esta producción, RTPA y CSAG dan un paso estratégico hacia un modelo de coproducción que pretende reforzar los vínculos culturales y lingüísticos entre Asturias y Galicia y abrir nuevas oportunidades para la ficción televisiva en el noroeste peninsular.

Teletrabajo y retorno al pueblo

Coworkinaos convierte el entorno rural en un escenario contemporáneo en el que conviven el teletrabajo, el retorno al pueblo y la búsqueda de una vida más auténtica, elementos que sirven de base para una comedia coral centrada en los personajes y sus contradicciones.

La serie supone un hito para la televisión pública asturiana al tratarse de su primera ficción coproducida con otra radiotelevisión autonómica y consolida una línea de colaboración que ambas corporaciones prevén mantener en futuros proyectos.

El Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres, uno de los centros de referencia del sistema sanitario asturiano y cabecera del área sanitaria del Caudal, ha comenzado a aplicar de forma regular una técnica de alta precisión para el tratamiento de determinados cánceres de piel que permite que los pacientes sean atendidos dentro de la red pública autonómica y evita desplazamientos fuera de Asturias.

El hospital ya ha realizado diez intervenciones con buenos resultados y prevé mantener un ritmo aproximado de dos casos al mes, en función de la demanda asistencial.

Cómo se interviene

La intervención se desarrolla en varias fases durante una misma operación y requiere la coordinación estrecha entre Dermatología y Anatomía Patológica. El tumor se extirpa en capas muy finas que se analizan al microscopio en tiempo real hasta confirmar que no quedan células cancerosas en los márgenes.

Este método permite una extirpación completa y muy precisa, especialmente relevante en zonas sensibles como la cara, el cuello o las manos, y reduce de forma significativa el riesgo de recidiva. Está indicado para determinados tumores cutáneos, sobre todo los localizados en áreas de relevancia funcional o estética o aquellos que han reaparecido tras una cirugía previa.

Tasas de curación

Las tasas de curación se sitúan en torno al 95%, lo que convierte a este procedimiento en una de las opciones terapéuticas más eficaces disponibles en la actualidad.

Con su incorporación estable, el hospital de referencia del Caudal refuerza su capacidad asistencial y mejora la accesibilidad a tratamientos especializados dentro del sistema sanitario público asturiano.

El Gobierno de Asturias ha impulsado una red pública de centros de formación y trabajo compartido conectados entre sí, habilitados en concejos con dificultades demográficas, una iniciativa que busca acercar la capacitación digital, facilitar el teletrabajo y generar oportunidades de empleo en el medio rural.

La red 'Rural connect', que integrarán los concejos de Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Cudillero e Illas, ha sido presentada este martes por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en una visita al centro de formación y coworking de Cudillero. El espacio del concejo pixueto se ubica en la primera planta de la Casa de las Tres Culturas y cuenta con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados.

Nómadas digitales

El centro está concebido como coworking, centro de capacitación digital y centro público de estudios, complementando la oferta formativa y cultural existente, tras una inversión movilizada por el Gobierno de Asturias que roza los 80.000 euros.

Este equipamiento, como el resto de la red, está dotado de infraestructura tecnológica y favorece que emprendedores y profesionales desarrollen su actividad laboral en un entorno rural, con una forma de trabajo que “combina flexibilidad, colaboración y desarrollo económico local”, ha informado el Gobierno del Principado. Entre sus objetivos se encuentra también la atracción de nómadas digitales, así como facilitar el retorno de personas que emigraron por razones laborales. Este espacio forma parte de una red integrada inicialmente por cinco coworking, todos ubicados en concejos con especiales dificultades demográfica que estarán operativos el próximo 30 de mayo, salvo el planificado para el concejo de Coaña, que tiene de plazo hasta el 30 de junio.

Formación y trabajo compartido

Los cinco espacios se han concebido como centros de formación y trabajo compartido, y no como equipamientos aislados. La red 'Rural connect' permitirá coordinar programación formativa, compartir servicios y facilitar el uso de los distintos centros, manteniendo al mismo tiempo la especialización de cada espacio en función de la realidad económica local. La red moviliza una inversión de 404.400 euros, con financiación europea y de cohesión territorial.

Mañana trágica en el occidente de Asturias. Un hombre de 59 años ha fallecido este lunes en un accidente laboral registrado en las instalaciones de Astilleros Gondán, en Figueras (Castropol), según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El suceso se produjo en torno a las 08.40 horas, cuando la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil recibió una llamada del 112 alertando del accidente. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Tapia de Casariego, que confirmó el fallecimiento del trabajador, vecino del municipio de Vegadeo.

Trabajaba en una subcontrata

Según los primeros datos, la muerte se produjo tras la caída de una pieza que estaba siendo desplazada por una grúa.

El Equipo de Policía Judicial de Luarca se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. La víctima trabajaba para un subcontrata. Por el momento no se conocen más datos del accidente.

Ni tratos de favor ni vínculos con la actividad minera. Así se resume, en sus propias palabras, la comparecencia en la comisión parlamentaria sobre el accidente de Zarréu de la ingeniera Estefanía Díaz, responsable técnica de los dos proyectos que obtuvieron ayudas del Instituto de Transición Justa (ITJ). Según defendió, se trataba de iniciativas de carácter industrial y no extractivo.

Díaz explicó que su empresa fue contratada por Combayl en octubre de 2022 para estudiar posibles usos de las instalaciones, entonces en proceso de cierre, y que el análisis detectó potencial para crear una especie de “mini polígono industrial” aprovechando el buen estado de naves y edificios.

Fruto de ese trabajo se diseñaron dos proyectos —una planta de briquetas y otra de recuperación de minerales estratégicos— que obtuvieron ayudas del ITJ por valor de 1,5 millones de euros. Ninguna llegó a cobrarse al ser revocadas tras el accidente del pasado 31 de marzo, en el que fallecieron cinco trabajadores, el siniestro más grave en la minería asturiana en tres décadas.

“Nunca se planteó ningún tipo de actividad minera en Zarréu por nuestra parte ni por parte de Combayl mientras trabajamos con ellos”, insistió la compareciente, que también negó haber mantenido contactos con altos cargos de la administración autonómica durante la tramitación de las subvenciones.

Sin papel en la transmisión de derechos a Blue Solving

La ingeniera aseguró que su empresa no tuvo “nada que ver” con la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving, concesionaria de la explotación cuando se produjo el accidente. No obstante, reconoció que tuvo conocimiento de la posible creación de esta última sociedad en el contexto del proyecto de recuperación de minerales estratégicos, una inversión que calificó de “bastante grande” y en la que mostró interés una empresa ucraniana.

Según explicó, representantes de esa compañía visitaron Zarréu en dos o tres ocasiones para recabar datos técnicos para el diseño del proceso, aunque los proyectos no llegaron a ejecutarse.

Díaz afirmó que su labor se limitaba al seguimiento técnico de las iniciativas una vez concedidas las ayudas y que, con el paso del tiempo, la relación con la explotadora se fue “ralentizando”.

Ningún contacto con la familia propietaria

La compareciente aseguró que nunca entró en el interior de la mina ni observó movimientos de maquinaria o camiones en la zona. Su interlocución se limitó, según dijo, a responsables técnicos como Jesús Rodríguez Morán y, posteriormente, al director facultativo José Antonio Fernández Casillas, a quienes entregó la documentación relativa a los proyectos.

También afirmó que no mantuvo contacto con la administradora única de Combayl, Ana María Rodríguez, ni con su hijo Adrián Rodríguez, administrador de Blue Solving, a quien dijo haber conocido en el funeral por los mineros fallecidos.

Por último, Díaz recalcó que no tuvo “ningún rol ni vinculación” en la tramitación del permiso de investigación complementaria solicitado por Blue Solving para extraer hasta 60.000 toneladas de carbón destinadas a usos no térmicos, como la producción de grafito, condicionado a un plan de labores que nunca llegó a presentarse.

La comparecencia se enmarca en los trabajos de la comisión parlamentaria que analiza las responsabilidades políticas derivadas del accidente de Zarréu y que continúa abierta.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la caza —la pena máxima prevista para este delito— para un hombre acusado de matar a un oso pardo con un lazo de acero en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en 2024.

Según el escrito de conclusiones provisionales presentado en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas del Narcea, el acusado habría colocado cinco lazos de acero, un método de caza no selectivo, en montes próximos a las localidades de Villarmeirín (Ibias) y Villardecendias, dentro del espacio protegido.

El 8 de julio de ese mismo año apareció atrapado y muerto en uno de los lazos un ejemplar macho de oso pardo, una especie catalogada en peligro de extinción y sujeta a protección estricta.

Los hechos, según la Fiscalía, constituyen un delito relativo a la protección de la fauna.

Prohibida la caza durante cuatro años

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la prohibición de cazar durante cuatro años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice al Principado de Asturias con la cuantía en que se valore el ejemplar de oso muerto, cantidad que se fijará en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

El suceso tuvo lugar en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, un espacio protegido declarado por la Ley 12/2002 y uno de los principales hábitats del oso pardo cantábrico.

La Universidad de Oviedo, a través del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), lidera el proyecto Esparde, una investigación que analizará cómo las medidas de protección del medio marino y la planificación del espacio marítimo están afectando a la pesca artesanal en el Cantábrico.

El estudio se centrará en el desplazamiento de las flotas de pequeña escala —embarcaciones con puerto base en Asturias, Galicia y Cantabria— y en las consecuencias sociales, económicas y ambientales que genera la reubicación de su actividad. El objetivo es comprender mejor el impacto territorial de las restricciones en los caladeros y aportar herramientas que permitan compatibilizar la conservación de los ecosistemas marinos con la viabilidad del sector pesquero tradicional.

El proyecto, cuyo nombre completo es Efectos del Desplazamiento Espacial de Flotas Pesqueras Artesanales y Costeras Derivados de la Conservación y la Planificación del Medio Marino, se enmarca en el Programa Pleamar 2025 y cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA).

Una de las claves de la investigación será medir qué ocurre cuando las embarcaciones deben abandonar sus zonas habituales de pesca. El equipo analizará no solo las pérdidas económicas en los puertos de origen, sino también los posibles efectos en las áreas receptoras, donde puede aumentar la presión sobre los recursos marinos y sobre otras flotas.

Impactos indirectos

Para ello, Esparde desarrollará metodologías interdisciplinarias que combinan técnicas econométricas, datos de alta precisión sobre la actividad espacial de las flotas y modelos capaces de predecir los efectos de su reubicación en distintos escenarios. El proyecto también evaluará los impactos indirectos de las medidas de conservación, que, aunque buscan proteger hábitats y ecosistemas marinos, pueden generar tensiones en el tejido socioeconómico de las comunidades costeras dependientes de la pesca artesanal.

La investigación se llevará a cabo en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, reforzando la cooperación científica para aportar conocimiento útil a la gestión del espacio marítimo.

El objetivo final es ofrecer herramientas que permitan diseñar políticas de conservación más equilibradas, capaces de proteger el medio marino sin comprometer la sostenibilidad económica y social de la pesca de pequeña escala, un sector clave para la identidad y la economía de muchas localidades del litoral cantábrico.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presentado esta mañana la Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviegu 2026-2030, una iniciativa de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte que culmina un amplio análisis de la situación sociolingüística y cultural de las lenguas propias. El documento establece los criterios y objetivos que guiarán la acción institucional durante los próximos años, con el propósito de promover su uso social, favorecer la convivencia lingüística y garantizar los derechos lingüísticos y culturales de la ciudadanía.

La estratexa se organiza en cinco grandes áreas que abarcan todos los ámbitos relevantes para la revitalización del asturiano y del eonaviego.

En el campo institucional y administrativo se prevén medidas para impulsar su presencia en la Administración, respetando el marco jurídico vigente y garantizando el derecho de la ciudadanía a emplearlas en sus relaciones con los servicios públicos.

Fomento del uso cotidiano

En el área de transmisión intergeneracional, enseñanza y juventud se incluyen programas para la población joven que fomenten el uso cotidiano de las lenguas propias como un activo cultural y social.

En el ámbito de cultura, deporte y ocio, se refuerza su presencia en la creación literaria, la lectura, la producción audiovisual, el patrimonio cultural, la actividad deportiva y la oferta turística, sectores clave para su visibilidad social.

Economía, medios de comunicación y sociedad. Recoge medidas para estimular su uso en empresas, comercios y entornos digitales, así como para aumentar su presencia en los medios públicos y privados, así como en el tejido asociativo, la inmigración y el ámbito religioso.

En lo referente a proyección en el exterior, se incorporan iniciativas dirigidas a la diáspora asturiana y a la presencia de las lenguas propias en los espacios estatal e internacional.

La estratexa estará coordinada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, que ejercerá la dirección técnica de las líneas de actuación. Para ello, se creará una comisión intersectorial de política llingüística, presidida por la titular del área, Vanessa Gutiérrez, y con representación de las áreas de Educación, Universidad, Cultura, Deporte, Ciencia, Salud, Servicios Sociales, Consumo, Turismo, Justicia, Interior, Igualdad, Medio Natural, Hacienda y Administración Local, entre otras.

Durante el acto, la consejera ha situado este documento dentro del ciclo de avances impulsados por Barbón. En estos años se ha creado la Subdirección General de Política Llingüística, un órgano técnico y jurídico especializado y se ha consolidación el uso del asturiano en la comunicación institucional del Gobierno.

Ley de Cultura e Identidad

Al mismo tiempo, Vanessa Gutiérrez ha puesto en valor la votación en la Junta General que permitió alcanzar, por primera vez, una mayoría a favor de la reforma estatutaria para reconocer la oficialidad de las lenguas propias, así como el avance que supone la incorporación del asturiano en las convocatorias del Ministerio de Cultura.

Estos progresos conducen a la futura Ley de Cultura e Identidad, actualmente en elaboración, que establecerá un marco común para el sistema cultural asturiano, la protección del patrimonio y de las lenguas de la comunidad. Con esta estrategia, el Principado asegura que consolida un proyecto de convivencia lingüística moderno, garantista y orientado a fortalecer la presencia del asturiano y del eonaviego en todos los ámbitos de la vida.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado hoy que el Gobierno de Asturias “no escatimará esfuerzos para reconocer y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, consciente de que la diversidad suma y enriquece”. Durante la presentación de la Estrategia de normalización del asturiano y del eonaviego 2026-2030, ha subrayado que la meta “sigue siendo la oficialidad”, un objetivo por el que se ha comprometido a trabajar “sin renuncias, con serenidad y con ambición”.

Primeras reacciones al acuerdo entre el comité de empresa y ENCE Navia. El comité de empresa y la dirección de Celulosas de Asturias (Ceasa), filial de Energía & Celulosa (Ence), alcanzaron un acuerdo “verbal” que da salida al conflicto laboral para que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que preveía la supresión de 84 puestos de trabajo -de los 96 iniciales- en una plantilla de 368 trabajadores en la fábrica ubicada en el concejo asturiano de Navia se cierre de la manera menos traumática posible, sin recurrir a despidos forzosos

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha valorado hoy el acuerdo alcanzado entre la dirección de Celulosas de Asturias (Ceasa), filial del Grupo Ence, y el comité de empresa de la factoría de Navia. “El pacto corrige el planteamiento inicial, que resultaba desfavorable para las trabajadoras y los trabajadores de Navia y los concejos limítrofes, y evita medidas traumáticas para la plantilla, junto con el compromiso de nuevas inversiones industriales”, ha señalado.

Ratificación de las asambleas

“El acuerdo ordena el proceso con garantías sociales y, además, con visión de futuro”, ha agregado Campo, quien ha felicitado a ambas partes por “la responsabilidad y el diálogo” que han permitido alcanzar este entendimiento.

También ha subrayado el compromiso asumido por Ence para instalar una nueva planta de fabricación de envases de celulosa: “Supone un salto cualitativo en términos de valor añadido y, además, se trata de una instalación que no solo permitirá recolocar trabajadores, sino que generará actividad económica y empleo indirecto en la zona, reforzando el tejido industrial”.

“En definitiva, se trata de un acuerdo que combina protección social, diálogo y apuesta industrial”, ha resumido Campo. “Confiamos en que sea ratificado por las asambleas para aportar estabilidad y certidumbre a todas las personas implicadas”, ha concluido.

En la Autovía del Cantábrico (A-8) se vivieron momentos de tensión el pasado 29 de enero cuando se produjo un corte de tráfico a la altura de Valdés, en el marco de una jornada de protesta agrícola y ganadera contra el recorte de las ayudas de la PAC y el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

La Guardia Civil ha denunciado a cuatro personas por presuntos desórdenes públicos y delitos contra la seguridad vial tras la interrupción del tráfico, que se produjo mediante la quema de una barricada formada por neumáticos y paja, generando un riesgo para los usuarios de la vía.

Los agentes identificaron a tres de los responsables gracias a la colaboración de usuarios que señalaron a un grupo de jóvenes vestidos de negro, con chalecos reflectantes y los rostros cubiertos por capuchas. En los vehículos de los investigados se localizó material presuntamente empleado en la quema, como cascos, pasamontañas, gorros, bufandas, una caja de petardos y un chaleco reflectante, mientras que un tractor de un vecino fue utilizado para transportar los neumáticos y la paja.

Los cuatro fueron citados a declarar el 12 de febrero y las diligencias ya han sido remitidas al tribunal de instancia de Luarca.

La polémica sobre la llegada de universidades privadas a Asturias suma otro capítulo. Por primera vez, la comunidad autónoma contará con centros privados como la Universidad Antonio de Nebrija en Avilés y la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo, mientras un tercer proyecto ligado a la Universidad Europea sigue en fase preliminar. La situación adquiere un matiz paradójico con Ovidio Zapico, coordinador general de Izquierda Unida y consejero del Ejecutivo autonómico, al frente de las autorizaciones. IU, socio del Gobierno asturiano, ha recurrido estas implantaciones. Este miércoles, el presidente del Principado ha dejado claro que las universidades privadas no percibirán ni un euro del Gobierno, subrayando la distancia entre el apoyo público a la educación y la autorización de centros privados, y reforzando el debate sobre acceso, equidad y coherencia política en el sistema universitario asturiano.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha garantizado que la universidad pública tendrá prioridad “absoluta”, tanto en financiación como el acceso del alumnado a las prácticas obligatorias. “Ni un solo euro de dinero público irá a la universidad privada”, ha subrayado en el pleno de la Junta General. También ha defendido la apuesta del gobierno por la Universidad de Oviedo, que se concreta en un contrato programa que asegura la suficiencia económica de la institución académica y en medidas como la gratuidad de la matrícula para facilitar que cualquier persona pueda acceder. 

“No son ningún chiringuito”, dice Barbón

Barbón ha precisado que el Ejecutivo autonómico no ha autorizado la creación de ninguna universidad privada en Asturias -una decisión que exigiría, entre otros requisitos, la aprobación de una ley en el Parlamento - sino la puesta en marcha de tres centros adscritos a universidades privadas “que tienen reconocimiento, que no son ningún chiringuito y que cuentan con una trayectoria de muchos años en el ámbito educativo”. 

Según ha señalado, esta medida no supondrá ninguna merma en la Universidad de Oviedo, que en la actualidad ronda los 20.000 estudiantes, pero sí ayudará a que jóvenes asturianos que no consiguen plaza en la institución académica cuenten con otras alternativas para estudiar en Asturias. 

“No confundamos privatizar con la iniciativa privada, porque son cosas muy diferentes. La Constitución ampara la iniciativa privada y nosotros nunca hemos sido contrarios a ella”, ha precisado el presidente, quien ha agregado que “privatización” es lo que ocurre en Madrid, “que está desguazando la universidad pública”. 

Como ejemplo del compromiso del Gobierno de Asturias con la Universidad de Oviedo ha citado los tres centros de I+D+i que se pondrán en marcha este año junto con la institución académica y que estarán vinculados al cáncer, el origen de la vida y la investigación espacial.

La Fiscalía de Asturias ha solicitado este lunes dos años de prisión para un hombre acusado de matar a tiros a cinco vacas y herir de gravedad a otra, que tuvo que ser sacrificada, en mayo de 2023 en la localidad de Parana, en el concejo de Lena.

Según el Ministerio Fiscal, el acusado salió de su domicilio acompañado de sus perros hacia el monte Ladrones, movido por la inquina hacia personas cercanas a su padre, y disparó a los animales de manera intencionada. Un ternero recibió un disparo en la frente y murió en el acto, mientras que de las cinco vacas, cuatro fallecieron y la quinta tuvo que ser sacrificada debido a la gravedad de las heridas.

Delito continuado

La pericial económica tasó al ternero en 900 euros y las vacas en 6.700 euros, a los que se suman los gastos de necropsia y eutanasia, que ascienden a varios cientos de euros.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado contra los animales y solicita, además de la pena de prisión, la inhabilitación especial del acusado para ejercer cualquier actividad relacionada con animales durante cuatro años y la privación del derecho a tenencia y porte de armas durante cinco.

En concepto de responsabilidad civil, se pide que el acusado indemnice a las propietarias de los animales: 3.019 euros por el ternero y 9.956 euros por las vacas.

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El Grupo Lobo Asturias ha reclamado este lunes el inmediato cese del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, tras lo que califican como una serie de matanzas indiscriminadas e ilegales de lobos en Asturias. La organización asegura que los episodios han involucrado incluso a cazadores, a pesar de que el lobo no es una especie cinegética, y ha solicitado a la Fiscalía que investigue los hechos.

La petición del colectivo llega tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que la muerte de lobos solo puede autorizarse como última medida para evitar daños al ganado, y siempre después de evaluar alternativas razonables para proteger las explotaciones ganaderas. La sentencia insiste además en que la extracción de ejemplares debe ser selectiva, evitando actuaciones indiscriminadas que puedan perjudicar a toda la manada.

“Eliminar lobos de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería; al contrario, los incrementa”, señalan desde Grupo Lobo Asturias. “Los datos muestran que en los años en que el lobo estuvo incluido en el LESPRE y no hubo controles poblacionales, los daños al ganado disminuyeron en comparación con períodos anteriores”, añaden.

Convertir al lobo en “chivo expiatorio”

El colectivo recuerda que el lobo es una especie en recuperación, que estuvo a punto de desaparecer y que, aunque su población haya aumentado, “sigue siendo amenazada y requiere protección”, concretan. Según denuncian, convertir al lobo en chivo expiatorio desvía la atención de los problemas estructurales de la ganadería asturiana: el bajo precio de la carne y la leche, el aumento de costes directos y la lentitud de la administración para indemnizar los daños causados por la fauna.

Desde Grupo Lobo Asturias reclaman que las medidas de gestión respeten tanto el bienestar de la ganadería extensiva como la conservación de la biodiversidad, recordando el papel fundamental del lobo en el control de ungulados salvajes y la restauración del equilibrio ecológico. “Azuzar el odio hacia el lobo no protege a nadie; solo genera conflictos innecesarios y pone en riesgo una especie que aún necesita protección”, concluyen.

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha anulado el programa anual de control del lobo aprobado por el Gobierno asturiano en 2022 al estimar el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), que inicialmente fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La sentencia incide en que, tras la inclusión de todas las poblaciones de lobo del territorio nacional en el grado de protección estricta, resulta incompatible con el establecimiento de medidas de gestión para la extracción o captura de ejemplares, sin perjuicio de las autorizaciones individuales al concurrir las excepciones previstas la ley.

Además, en el caso de la sentencia relativa al plan de extracción de ejemplares aprobado en Cantabria, el autoriza la caza del lobo “sólo cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado”, por lo que considera que debe ir precedida de un examen de “medidas alternativas” que “razonablemente” puedan adoptar las explotaciones ganaderas para impedir sus ataques.

La puerta de su casa en El Natahoyo, en Gijón, iba a cerrarse este miércoles a las once de la mañana, para salir en dirección a un hostal. Dentro, una madre y su hijo de ocho años. Fuera, una orden de desahucio. Finalmente, no será así. Al menos por ahora. La presión sindical y vecinal ha conseguido una tregua para esta familia. El escudo social ha funcionado.

“Los padres fallecen y la empresa pública Vipasa propone un deshaucio para la hija (madre de un niño de ocho años) que cobra poco más de 600 euros al mes porque Vipasa dejó de pasarle las facturas porque el titular del contrato había fallecido. Tienen que subrrogarles el contrato, tiene que haber una alternativa habitacional para ella y su hijo que llevan viviendo allí toda la vida”, explica Javier Linares, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias.

Fue esta central sindical la que anunció la paralización del lanzamiento previsto en este barrio gijonés. La organización asegura que la suspensión se ha logrado tras “la presión sindical y mediática” generada en las últimas horas alrededor del caso, pero advierten de que la tregua que se les ha dado de un año “no es suficiente, necesitamos que sea un solución definitiva”.

Para la mujer —A. G. V.— y su hijo, la noticia supone un respiro. Pero solo eso: un respiro. “Estamos hablando de un niño de ocho años que está estudiando y de una chica joven que es madre y que no dispone de recursos, es increíble que hagan esto. Es increible, pero Vipasa es una empresa buitre”, denuncia Linares.

“Cuando hay voluntad política existen alternativas”

Desde la organización sindical celebran la decisión porque, afirman, demuestra que “cuando hay voluntad política existen alternativas” y que la presión social puede frenar situaciones de desprotección. Sin embargo, advierten de que este caso no puede convertirse en una excepción que calme conciencias durante unos días. “Los servicios sociales de Gijón enviaron un informe a Vipasa y al juez solicitando la paralización del desahucio, esto es una emergencia social y son casos que tiene que estar blindados”, reclaman desde el colectivo sindical.

“Esta suspensión no puede quedar como un hecho aislado”, explica Javier Linares, portavoz del sindicato, que exige la paralización inmediata de todos los desahucios y la prohibición de los mismos, especialmente cuando afectan a vivienda social. También reclaman a las administraciones la recuperación y ampliación del parque público de vivienda y cambios estructurales que eviten que familias vulnerables tengan que esperar a la presión mediática para poder quedarse en su casa“. De momento, madre e hijo seguirán en su casa, en la que llevan viviendo toda una vida.

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha presentado alegaciones al Plan de acción a corto plazo en caso de episodios de alta contaminación del aire en Asturias, cuya consulta previa finalizó el viernes. El colectivo considera que el Gobierno autonómico no está adoptando medidas suficientes para proteger la salud pública cuando se superan los umbrales de contaminación.

Según la organización, en distintas zonas del Principado se registran episodios puntuales en los que los niveles de contaminantes superan los valores establecidos en el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. Estos picos afectan especialmente a menores, personas mayores y enfermos crónicos, además de generar impactos ambientales significativos.

La Coordinadora sostiene que el Ejecutivo autonómico no activa protocolos con la suficiente contundencia ni informa adecuadamente a la población cuando se producen estos episodios. Como ejemplo, señala que solo en Gijón se están activando de forma sistemática los protocolos de contaminación, una iniciativa que atribuye al Ayuntamiento y no al Principado. En otras zonas con niveles elevados de polución, como Oviedo, Avilés, las Cuencas, Siero o Carreño, el colectivo denuncia que no se advierte con claridad a la ciudadanía de los riesgos asociados a respirar aire contaminado durante varios días consecutivos.

Medidas inmediatas y evaluables

En sus alegaciones, la organización reclama que el plan incluya medidas de aplicación inmediata que incidan directamente sobre las fuentes emisoras responsables del riesgo, apoyándose en estudios de dispersión y modelos predictivos. En el caso de episodios vinculados al ozono o a partículas secundarias, pide que se establezca la relación causal y se actúe también sobre sus precursores químicos.

Asimismo, propone incorporar indicadores de seguimiento cuantificables que permitan comparar la situación de la calidad del aire antes y después de aplicar las medidas, con el fin de comprobar su eficacia real.

Transporte gratuito y refuerzo del servicio

En relación con el tráfico rodado, una de las principales fuentes de emisiones, la Coordinadora plantea ampliar las reducciones actuales del precio del billete —que en el protocolo vigente oscilan entre el 20% y el 40%— hasta alcanzar la gratuidad total del transporte público urbano e interurbano durante los niveles de Aviso y Alerta.

La propuesta incluye también la gratuidad de los sistemas públicos de préstamo de bicicletas y otros medios de transporte limpio, así como el refuerzo de la oferta de transporte público para absorber el aumento de la demanda durante los episodios de contaminación.

Activación preventiva y restricciones industriales

El colectivo ecologista reclama además que el plan contemple un refuerzo automático de las medidas cuando se prevean condiciones meteorológicas adversas, como inversiones térmicas o ausencia de lluvias, que dificulten la dispersión de contaminantes. En ese sentido, pide activar restricciones de forma temprana, en un nivel preventivo, sin esperar a que se superen los valores límite.

Por último, solicita que se incluya la posibilidad de reducir la producción o suspender temporalmente instalaciones industriales que contribuyan de manera significativa a la superación de los umbrales de alerta, así como prohibir operaciones industriales o portuarias que generen emisiones difusas durante los episodios más graves.

La Coordinadora Ecoloxista defiende que el futuro plan debe garantizar “una respuesta rápida, eficaz y coherente con el Plan Marco estatal”, priorizando la protección de la salud de la población asturiana frente a los picos de contaminación.

El Gobierno de Asturias ha autorizado la instalación de la multinacional de hipermercados Costco Wholesale Spain en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, mediante la declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). La decisión ha generado rechazo por parte de sindicatos y representantes políticos, así como división dentro del propio Ejecutivo autonómico: IU discrepa del PSOE.

El sindicato CCOO denuncia que la multinacional, con una inversión proyectada de 45 millones de euros y la creación de 170 empleos en tres años, no cumple los criterios de un proyecto estratégico. Según la central, ni supone inversión industrial, ni impulsa futuras inversiones, ni aporta innovación o valor añadido al territorio. “La estrategia para el futuro de Asturias no puede ser la construcción de un supermercado que viene a depredar el comercio local”, advierte CCOO, señalando además que la empresa no ha tributado en el impuesto de sociedades y que la mayoría de los empleos generados en España son no cualificados.

IU se opone dentro del Gobierno

La decisión también ha evidenciado diferencias en el Ejecutivo autonómico: el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de IU-Convocatoria por Asturias, votó en contra del proyecto durante el Consejo de Gobierno, mientras que el PSOE respaldó la autorización. Zapico ha reiterado su rechazo a considerar estratégico un proyecto que, a su juicio, no aporta valor industrial ni transforma el modelo productivo regional, reflejando la división dentro de la coalición.

“Una alfombra roja para Costco”, dice Tomé

A las críticas sindicales se suma la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que asegura que la Ley de Proyectos Estratégicos se ha convertido en “una herramienta para poner una alfombra roja” a proyectos como Costco. La diputada señala que la multinacional “no es un proyecto estratégico, no es una empresa novedosa, no aporta valor añadido, no impulsa la transformación ecológica ni supone un cambio en el modelo productivo”.

Para la portavoz de Somos Asturies, se trata simplemente de “una gran superficie comercial más”, y calificarla de estratégica “desvirtúa el concepto”. Tomé añade que, aunque se anuncie creación de empleo, no se detalla si será de calidad, y advierte que la empresa “fagocitará el comercio local”.

Condiciones de la aprobación

A pesar de las críticas, la autorización de PIER permitirá agilizar los permisos y utilizar suelo industrial, aunque se concede con condiciones sobre inversión, plazos, empleo de calidad, compromiso social y territorial, y seguimiento y control. Entre ellas, se exige que al menos el 87% de los contratos sean indefinidos, se mantenga la paridad de género y se reserve un mínimo del 2% de los puestos para personas con discapacidad. Además, la empresa deberá colaborar con productores locales y con entidades sin ánimo de lucro.

El proyecto sigue adelante con el respaldo del PSOE y del alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', pese a la oposición interna de IU y a las advertencias sobre su impacto en el comercio local y en el modelo productivo regional.

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos reestructurará los edificios judiciales en el entorno de Llamaquique, en Oviedo, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Los cambios buscan agrupar, en la medida de lo posible, los distintos servicios que integrarán la nueva Oficina Judicial y cuentan con un presupuesto de 400.000 euros.

El consejero, Guillermo Peláez, que ha detallado hoy en la Junta General las modificaciones previstas, ha explicado que esta reorganización permitirá racionalizar los espacios con el fin de que las zonas de trabajo sean abiertas, lo que mejorará su distribución y aprovechamiento y modernizará la disposición de los diferentes puestos.

Las actuaciones se llevarán a cabo en tres edificios de la zona. En la sede de Llamaquique se agruparán los servicios de ejecución y de tramitación de las secciones de lo Social y de lo Contencioso Administrativo. Así, se acondicionarán los espacios para contar con más puestos de trabajo y despachos para jueces y letrados. En el antiguo edificio de Telefónica se ubicará el servicio común de tramitación de la sección de lo Mercantil.

El Registro Civil se trasladará al Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) para liberar espacio en el Palacio de Justicia, que recibirá los servicios comunes de ejecución y de tramitación de las Secciones de lo Civil y Penal y de la Audiencia Provincial. También acogerá los juzgados ubicados hasta la fecha en las calles El Rosal y Pedro Masaveu.

Segunda fase: el Palacio de Justicia

Una vez culminados estos cambios, está prevista una segunda fase que incluye una obra en el Palacio de Justicia para mejorar y ampliar la sección de Violencia sobre la Mujer. Así, contará con tres nuevas salas: una de vistas propia, otra amable para la toma de declaración de las víctimas y una más de espera, que evitará la confrontación visual entre la víctima y el agresor. “Es un servicio esencial para este gobierno y vamos a llevar a cabo la reforma necesaria para dotarlo de las mejores instalaciones”, ha asegurado Peláez.

La reforma también contempla, en última instancia, el traslado de la sección de Vigilancia Penitenciaria, que actualmente se ubica en la sede del Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, al Palacio de Justicia, lo que pondrá fin a la dispersión actual de sedes.

También Gijón y Avilés

El consejero ha destacado que estos cambios no significan que el Gobierno del Principado renuncie a su objetivo de encontrar alternativas para ganar espacio en la zona de Llamaquique. “Esta reorganización no implica que dejemos de buscar alternativas en Llamaquique que permitan ganar metros cuadrados, en tanto no se materialice la Ciudad de la Justicia, en los edificios que ahora ocupa la Universidad”, ha explicado.

La aplicación de la ley también permitirá agrupar y reordenar los servicios en Gijón y en Avilés, en los que, sin embargo, no será necesario realizar obras como en el caso de Oviedo.

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Asturies han convocado dos nuevas jornadas de huelga, los días 18 y 19 de febrero, en protesta por sus condiciones laborales y la falta de recursos en el sector. La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, respaldó esta mañana a las trabajadoras en una rueda de prensa junto a las representantes de CC OO, Carmen Riesgo y Tania Alonso.

Entre las principales demandas se encuentra la recategorización al Grupo B, que consideran legalmente correspondiente, y la estabilización de las plazas tras el traslado de competencias de los ayuntamientos a la administración autonómica. Además, denuncian la reducción del calendario lectivo en diez días y la escasez de recursos en los centros.

Compromiso firme, fiable y concreto

“Estamos ante un sector eminentemente feminizado y, precisamente por eso, nos duele especialmente que se esté racaneando con sus condiciones laborales”, señaló Tomé, que anunció que llevará la cuestión a la Comisión de Educación. La diputada reclamó un compromiso firme, viable y concreto, antes del primer semestre de 2027, para que las mejoras no se dilaten por motivos electorales.

Las movilizaciones comenzarán el 18 de febrero con una concentración frente a la Xunta y continuarán el 19 de febrero con una manifestación desde la estación de Renfe hasta la Consejería de Educación.