El nombre Pegasus salta a la esfera pública por primera vez en 2010. Lo hace en el momento en que la empresa israelí NSO Group pone un pie en el mercado de la ciberseguridad con su producto estrella. Desde el principio, quienes estuvieron a cargo de la creación de este software espía altamente invasivo —seguramente, el más invasivo conocido hasta el momento— describieron su misión como el desarrollo de una herramienta imposible de rastrear, capaz de acceder y extraer datos de un dispositivo móvil.

Utilizado por gobiernos de todo el mundo, en España Pegasus se conoce por haber sido la vía para espiar a 65 personas vinculadas al movimiento independentista (no solo líderes políticos y sociales sino también sus abogados o familiares). Tras años con las investigaciones sobre el espionaje en los juzgados, sería lógico poder conocer la postura del Estado español. ¿El CNI sigue teniendo y utilizando Pegasus?

A pesar de la pertinencia de esta inquietud, el Gobierno ha impuesto una política de silencio, siempre amparada en razones de “seguridad nacional” y cubierta por la ley franquista de 1968 sobre Secretos Oficiales; la misma que ahora —por quinta vez— se compromete a reformar. El último ejemplo: ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, aunque las personas expertas dirigieron preguntas concretas sobre el uso de Pegasus, la respuesta del Gobierno fue ignorarlas por completo.

Si bien el uso de Pegasus ya es preocupante per se, el software espía más famoso es solo la punta del iceberg en lo que respecta a la exportación de tecnología de cibervigilancia israelí como herramienta de opresión y control autoritario alrededor del mundo. Lo que queda muchas veces oculto cuando hablamos de Pegasus es que esta tecnología se ha diseñado y probado como parte del régimen de ocupación en Palestina y para sabotear y criminalizar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil palestina que defienden los derechos humanos.

Poco después de la designación como “terrorista” de seis organizaciones de derechos humanos palestinas, se descubrió que seis personas que trabajaban en ellas habían sido espiadas con Pegasus. Su uso vuelve a evidenciar el ciclo de criminalización que activa este tipo de espionaje desproporcionado e ilegal con la voluntad de silenciar los intentos ingentes de Al Haq, Addameer o Bisan Center for Research and Development de exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad israelíes. Las consecuencias para las personas afectadas palestinas van mucho más allá de la ilegalización de su trabajo. En el caso del defensor de derechos humanos Salah Hammouri, fue encarcelado y deportado de la cárcel a Francia, sin posibilidad de volver a Palestina ni continuar ejerciendo su tarea como abogado en los tribunales militares israelíes.

Hace dos años, el movimiento de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) ya alertaba de que Israel albergaba más compañías de software espía que cualquier otro país del mundo, incluyendo NICE (la división de spyware de NICE fue comprada por Elbit Systems, la mayor empresa armamentística de Israel), Verint, NSO Group, Black Cube, Cytrox, Cellebrite e Intellexa. Hoy, la lista es aún más larga. Pero en el último año también nos han llegado noticias preocupantes sobre nuevos programas de inteligencia artificial en desarrollo, como Lavender, Where Is Daddy y Gospel.

Todas estas empresas presumen de que su tecnología proviene directamente del ejército israelí y los fundadores más frecuentes son exintegrantes de unidades de inteligencia israelíes. Sin ir más lejos, los tres fundadores de Pegasus, Shalev Hulio, Omri Lavie y Niv Karmi, están imputados en un juzgado de Barcelona por el espionaje a los independentistas.

La historia se repite: a pesar de que las empresas de spyware argumentan que su tecnología está destinada a combatir el terrorismo y el crimen, no hay pruebas de que se haya prevenido ningún delito mediante el uso de spyware. De hecho, la evidencia internacional muestra que las personas más comúnmente atacadas por este tipo de programas son periodistas, abogados, activistas, defensores de derechos humanos y representantes políticos de la oposición.

La privacidad, derecho fundamental de todas las personas, está siendo desvalorizada en un mundo digitalizado e hiperconectado. El uso de software espía como Pegasus vulnera profundamente nuestra esfera personal. Hoy, acceder al móvil de alguien es más invasivo que entrar en su hogar, dada la cantidad de información íntima que contiene. Por eso, es urgente abrir un debate global sobre estas tecnologías.

Programas tan peligrosos e incontrolables como Pegasus deben prohibirse. No pueden ser parte del armamento actual ni futuro, en manos y al servicio de los estados como armas contra la sociedad civil. Ha llegado el momento de exigir una investigación exhaustiva, empezando por Pegasus y el entramado empresarial que lo sostiene, para luego extenderla a otros programas espía. La oportunidad es ahora: por primera vez, tres altos cargos de NSO Group —en Israel y Luxemburgo— están imputados en una investigación criminal en el Estado español, por el espionaje ilegal a un abogado sin autorización judicial. Es urgente que las empresas implicadas rindan cuentas, asuman responsabilidades y se sometan a mecanismos de control públicos y transparentes.

El silencio y la opacidad solo alimentan la impunidad, erosionan el Estado de Derecho y permiten que los Estados continúen utilizando estas herramientas para vigilar a miembros de la sociedad civil. Mientras tanto, un entramado de empresas sigue creciendo y lucrándose a costa de la vulneración sistemática de nuestros derechos fundamentales