Durante años, España ha evitado el debate sobre ingresos involuntarios, contenciones mecánicas y derechos en salud mental. Hoy, ese debate es imprescindible. La reforma recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, que incluye la regulación de los ingresos y medidas involuntarias en salud mental, no abandona a las familias ni ignora la realidad: pone recursos sobre la mesa y coloca los derechos humanos en el centro.

Empiezo diciendo algo importante: necesitamos hablar de esto. Lo que describe Elisa Beni en un artículo publicado el jueves en este diario, ocurre: la angustia de una familia ante una crisis, el miedo, la impotencia. Yo misma lo he visto en urgencias y unidades de agudos. Pero responder con más coerción no alivia ese dolor: lo perpetúa. Lo que necesitamos son apoyos y garantías. Y eso es lo que busca la reforma.

El 15 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la modificación de las leyes de discapacidad y dependencia, incorporando el artículo 13 bis. ¿Qué cambia? Que desde el primer momento haya información accesible, respeto a las voluntades anticipadas, revisión sistemática de contenciones mecánicas y un control independiente de cumplimiento de derechos ya recogidos en nuestra legislación. Y fija un plazo: en un año deberá reformarse el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los ingresos involuntarios por motivo de salud mental, para adaptarlo a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó hace 15 años.

No es ideología ni buenismo: es cumplir la ley internacional y las recomendaciones de la ONU, el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea. Y no son solo palabras: acompañamos la reforma con casi 60 millones de euros a través de los planes de prevención del suicidio y salud mental, para alternativas reales: casas de crisis, atención domiciliaria, equipos comunitarios. Queremos que ninguna familia vuelva a sentirse sola.

Desde el primer día del Comisionado, hemos escuchado a usuarios y familias, y así seguirá siendo. Esta reforma no es contra nadie: es con todos. Porque no hay contradicción entre cuidar y respetar derechos. Al contrario: es la única manera de hacerlo bien.

Por eso cedo la voz a quienes más saben: las personas que lo viven.

–Hierbabuena, Asociación para la Salud Mental (de personas en discapacidad psicosocial): “Durante décadas se nos ha mirado desde el miedo. Se nos ha tratado como peligrosos, justificando medidas que nos dejaban sin libertad ni decisión. Eso no es protección: es vulneración.

“El cierre de los manicomios fue un paso, pero nunca llegó el modelo comunitario que necesitábamos. Muchas familias se han visto sobrepasadas, y tienen motivos para la desconfianza. Pero esa falta histórica no puede justificar que se nos sigan negando derechos.

“España ratificó la Convención de la ONU hace más de quince años, y su Comité, a raíz de un informe de nuestra Coalición ActivaMent-Hierbabuena, en primera persona, ya advirtió a España en 2019: había que cambiar, ante todo ese artículo 763 LEC que permite vulnerar nuestro derecho fundamental a la libertad. Esta reforma no es un capricho: es legalidad y es humanidad.

“Queremos dejar de ser objeto de coerción para ser sujetos de derechos. Necesitamos apoyos reales: redes de apoyo mutuo para encontrarnos y aprender en común, planificaciones personales de decisiones y de apoyos, espacios que faciliten vivir las crisis. Escucharnos no es solo justo: es imprescindible para una sociedad digna”.

—Confederación Salud Mental España: “Desde Salud Mental España, que agrupa 340 entidades y 60.000 personas, defendemos que esta reforma es un paso imprescindible para que España cumpla con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y avance hacia un modelo respetuoso con la autonomía y la dignidad. Hoy, demasiadas decisiones en salud mental se toman sin consentimiento, perpetuando prácticas coercitivas que ningún otro colectivo soportaría.

“La Confederación lleva muchos años exigiendo que se erradiquen estas prácticas y que se construya un modelo basado en apoyos reales, y muchas de las medidas aprobadas son fruto directo de ese trabajo. La clave no es endurecer el control, sino garantizar alternativas efectivas: casas de crisis, atención domiciliaria intensiva, redes comunitarias sólidas. Y también, establecer supervisión independiente para que los derechos no se vulneren nunca más.

Esta reforma no es un salto al vacío: es la oportunidad de transformar un sistema que durante demasiado tiempo ha priorizado la contención sobre el cuidado. Hoy podemos elegir un camino distinto: uno que ponga a las personas en el centro, con apoyos, cuidados y derechos“.

Frente al miedo, proponemos soluciones. Frente a la coerción, derechos y apoyos. Esta reforma no abandona a nadie: ni a las familias ni a las personas que sufren. Supone dejar atrás prácticas que avergüenzan a una sociedad democrática, para avanzar hacia un sistema que proteja y respete. Porque cuidar nunca puede significar vulnerar derechos.