La experiencia de cientos de mujeres que ven limitado o negado su derecho al aborto en España nos demuestra que ningún derecho está plenamente garantizado solo por figurar en una ley. Ojalá bastara con eso. Así, además de problemas de acceso, falta de información, burocracia excesiva y desesperante, traslados forzosos a otras provincias, el ejercicio real del derecho al aborto es restringido cuando cada día, a las puertas de clínicas acreditadas, las mujeres siguen teniendo que atravesar un pasillo de presión y de señalamiento de quienes quieren decidir por ellas.

Hace ya más de cuarenta años que, en España, gracias a la lucha del movimiento feminista, se legalizó el aborto. Y, sin embargo, aún hoy las mujeres que quieren ejercer este derecho siguen sufriendo hostigamiento y acoso. Siguen teniendo que enfrentarse a grupos de personas que quieren coartar su libertad.

Esto, además, pese a que en 2023 se logró reformar la ley para considerar como delito los actos intimidatorios o coactivos que intentasen obstaculizar este derecho. Así, mediante el artículo 172 quater del Código Penal, se reconoció que las pacientes y las profesionales de las clínicas vivían cada día una intimidación que tenía un fin: señalar a las mujeres, generar miedo, culpa, angustia, coartar e impedir el acceso a una prestación sanitaria legalmente reconocida.

Esta reforma recibió el aval del Tribunal Constitucional, que consideró que esta tipificación persigue un fin constitucionalmente legítimo —la protección de un derecho fundamental—; resulta proporcionada, necesaria y adecuada para evitar formas específicas de coacción ambiental; y no vulnera la libertad de expresión ni el derecho de reunión ya que no sanciona la manifestación de ideas, sino aquellas conductas que, por su contexto, reiteración o finalidad, pretenden perturbar gravemente la libertad de decisión de las mujeres.

Pese a lo bien intencionado de la reforma, las resoluciones judiciales interpretan de manera restrictiva este artículo. La sentencia más reciente, la del caso Askabide, en Gasteiz, ha absuelto a 21 personas que participaron en concentraciones frente a esta clínica. Según la jueza, se limitaron a “rezar por la vida y ofrecer su ayuda” en las inmediaciones del centro, actuando “de forma exquisitamente pacífica”.

Esta sentencia, vacía el artículo 172, resulta contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional y, sobre todo, supone una amenaza a la libertad de cualquier mujer, ya que justifica la intimidación y el acoso ante el ejercicio de un derecho.

Implica, además, una inversión de la carga de la prueba. No corresponde ni a las mujeres ni a las trabajadoras de las clínicas demostrar que estas concentraciones les causan malestar, les intimidan o les impiden acceder a esta prestación sanitaria. El acto en sí, la presencia de estos ultras, es una forma de acoso.

Por eso, para cerrar estas grietas y para que la protección frente al hostigamiento se cumpla, nuestro grupo parlamentario ha registrado una propuesta de modificación del artículo 172 quater.

En concreto, por un lado, perseguimos definir con total claridad que la generación de “un entorno intimidatorio, hostil o coactivo, mediante actos molestos u ofensivos” supone una limitación a la libertad de las mujeres. No se concentran en las clínicas para “cantar y rezar”, se concentran para influir y coaccionar a las mujeres que quieren ejercer un derecho básico.

Y por otro lado, prohibir la realización de concentraciones, manifestaciones, vigilias, etc., dentro de un perímetro de seguridad de doscientos metros alrededor de las clínicas.

Debe existir un espacio protegido en torno a las clínicas para que las mujeres puedan abortar con tranquilidad, sin intromisiones ni condicionamientos. Un espacio protegido para garantizar el derecho efectivo, algo que es responsabilidad de los poderes públicos.

El aborto debe poder ejercerse como un derecho, como una prestación sanitaria, y no como una carrera de obstáculos y hostigamientos. Y para que eso ocurra, el Estado no puede mirar hacia otro lado, tiene que proteger.

La obligación del Estado es estar al lado de quienes quieren ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Es asegurar que el ejercicio de ningún derecho dependa del miedo, de la culpa o de la determinación para soportar la presión.

En el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar lo tenemos claro. No vamos a permitir que se vulneren derechos, menos aún que se retroceda en ellos.

Una sociedad democrática no deja solas a las mujeres. No permite que acceder a un centro sanitario se convierta en una prueba de resistencia emocional frente al acoso.

Porque si la libertad depende del miedo, no es libertad. Y si la ley no basta para garantizarla, entonces la ley debe cambiar. Y eso es lo que vamos a hacer.

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Yolanda Díaz, Verónica Barbero, Esther Gil de Reboleño, Laura Vergara, Candela López, Aina Vidal, Júlia Boada, Viviane Ougou, Engracia Rivera, Tesh Sidi, Alda Recas y Mar González.

Diversas noticias pusieron el derecho al aborto en el centro de los titulares esta semana. Por un lado, el apoyo del PP en el Ayuntamiento de Madrid a una propuesta de Vox para que los trabajadores municipales informen a las mujeres que quieran abortar de las presuntas consecuencias de un inexistente síndrome post aborto.

El apoyo de los populares madrileños –y de la dirección estatal del partido– a esta medida, destinada según VOX a acabar con el “gran negocio feminista del aborto”, da continuidad a la apuesta reaccionaria y antiderechos en la que parecen haberse embarcado los de Feijóo.

Porque no es la primera vez. Ahí están las oficinas antiaborto de Sevilla y Alicante o el anuncio de la Junta de Castilla y León de que el personal sanitario ofrecería escuchar el latido del feto y una ecografía 4D a las mujeres que quisieran abortar.

El otro titular es la reacción del presidente de Gobierno y su intención de constitucionalizar el aborto. Esta, en realidad, es una propuesta en la que el Grupo Plurinacional Sumar lleva trabajando casi dos años y para la que presentamos un texto concreto en marzo del 2025. La respuesta del PSOE en aquel momento, por boca de la ministra de Igualdad, fue que no era el momento.

Todo esto ha coincidido además con la presentación esta misma semana de los datos del informe anual sobre la interrupción voluntaria del embarazo en 2024. Hay un dato en él que llama poderosamente la atención: en el 18,09% de los casos, la interrupción del embarazo se realizó en un centro público y en el 81,91% en centros privados (concertados o no). Unos porcentajes que no han variado casi en los últimos años, a pesar de que la ley de 2023 tenía entre sus objetivos garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.

Varias son las razones para que esto ocurra. La primera está vinculada al modelo de sanidad de algunas formaciones políticas.

Sobre este poco hay que decir que no sepamos ya: la apuesta de la derecha, en aquellas comunidades donde gobierna, por la privatización de la sanidad y su conversión en un negocio de astronómicos beneficios para empresas cercanas, convierte al aborto en una lucrativa prestación a externalizar.

Además, existen unas condicionantes históricas que conviene no olvidar.

En primer lugar, la tardía despenalización del aborto en España y, en segundo, la aceptación de una objeción de conciencia que ha limitado o bloqueado nuestro derecho a la autonomía plena sobre nuestro cuerpo.

Efectivamente, pese al avance que sin duda supuso, la ley de 1985 no despenalizó por completo el aborto. Tan solo reformó el artículo 417 bis del Código Penal para permitirlo en tres supuestos (grave peligro físico o psíquico para la mujer, violación o malformación del feto). Ello implicó dejar la interrupción voluntaria del embarazo fuera del ámbito de decisión de las mujeres, más allá de que no fuese reconocida como una prestación en la sanidad pública y de una enorme inseguridad jurídica derivada del margen de interpretación de los supuestos.

Como consecuencia de todo ello, quienes intentaron que el aborto se practicase en hospitales públicos se encontraron con enormes obstáculos, acoso e incluso persecuciones. Y las clínicas privadas, muchas de ellas nacidas o cercanas al propio movimiento feminista, se enfrentaron durante décadas a ataques de todo tipo, incluido judiciales, dirigidos por organizaciones anti elección. Hasta la ley de 2010, decenas de médicos y médicas tuvieron que enfrentarse a procesos judiciales injustos y miles de mujeres tuvieron que sufrir que sus expedientes clínicos fueran requisados. El caso “Isadora”, de 2007, es un ejemplo claro.

Otra consecuencia de esta ley fue normalizar la invocación a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario. Una objeción que a día de hoy se ha institucionalizado en muchos hospitales públicos y sigue provocando que las mujeres no puedan acceder, por tanto, a esta prestación en ellos. Más allá del establecimiento de un registro de objetores, tal y como recoge la ley de 2023, es hora de que volvamos a abrir el debate y hacernos al menos la pregunta de si puede hacerse objeción a un derecho, a una prestación, por parte de quien presta un servicio público y en base a qué. Nosotras creemos que no.

Para dar solución a todas estas deficiencias históricas, para avanzar en un horizonte feminista, para que al aborto sea un Derecho en mayúsculas, en marzo de 2025, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentamos una propuesta concreta para constitucionalizar el aborto, la de añadir al artículo 43 un nuevo apartado: “Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a la autonomía física”.

Ahora parece que el PSOE, por fin, se abre a ello. ¡Bienvenidas! Nosotras siempre hemos defendido que este debe ser un proceso compartido.

Ojalá el PP comprenda, por su parte, que los derechos no se pueden medir mediante cálculos partidistas. Y que elegir entre la ciudadanía y la ultraderecha es, en realidad, muy sencillo.

El pasado 26 de julio una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) fue asesinada en O Porriño por el marido de una persona dependiente a la que cuidaba. Esta mujer, profesional del sistema de atención a la dependencia, había denunciado acoso sexual por parte del agresor. A pesar de haber dado la voz de alarma, las instituciones no la protegieron. No hubo respuesta de la empresa, ni actuación preventiva, ni medidas urgentes de protección. La tragedia se consumó en un entorno que debía ser seguro: su trabajo.

Este crimen no es un suceso aislado, es el resultado de un abandono institucional sistemático hacia miles de trabajadoras que cada día, en Galicia y en todo el Estado, se enfrentan a condiciones laborales indignas y a riesgos que se silencian. Son mujeres con condiciones de trabajo precarias y horarios imposibles, solas en los domicilios de personas dependientes, que prestan uno de los servicios más esenciales de nuestra sociedad: el cuidado. Y sin embargo, son invisibles. Invisibles también cuando denuncian violencia, acoso o condiciones que vulneran todos los derechos laborales y humanos.

En 2019, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 190, un instrumento internacional clave que España ha ratificado y que exige a los Estados combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en especial cuando afecta a las mujeres. No se trata únicamente de evitar tocamientos no consentidos o comentarios sexuales, sino de eliminar la discriminación de género que permite y reproduce estas violencias: esa que impide la igualdad salarial, que mantiene a las mujeres en los escalones más bajos de la estructura laboral, y que acepta entornos de trabajo hostiles como si fueran parte del oficio.

En España, se estima que 1,5 millones de mujeres han sido víctimas de acoso sexual laboral.

El caso de las trabajadoras del SAF (SAD, según los territorios) es especialmente grave. A diferencia de otros sectores, ellas están solas, porque no hay compañeras a las que acudir, ni cámaras de vigilancia. Su espacio de trabajo es el domicilio privado de la persona a la que cuidan.

En septiembre de 2024, el Ministerio de Trabajo reformó el Reglamento de los Servicios de Prevención para que las empresas del sector de la dependencia cumplieran con sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, las empresas siguen sin cumplir, porque el negocio de los cuidados se sostiene sobre los cuerpos y la precariedad de estas mujeres. La raíz del problema: la privatización del sistema público de dependencia mediante su externalización a empresas que solo buscan maximizar ingresos a costa de reducir costes.

Como inspectora de trabajo lo he visto muchas veces: protocolos de acoso que se activan tarde o nunca, evaluaciones de riesgos inexistentes, y una cultura empresarial que minimiza las denuncias y protege más al agresor que a la víctima.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales también se están promoviendo cambios importantes para dignificar las condiciones laborales de estas mujeres. La mejora de sus derechos laborales y salariales, así como el refuerzo del control público sobre el servicio forman parte de una agenda de cuidados feminista y transformadora. Estas medidas son fundamentales para mujeres que acuden cada mañana a trabajar a domicilios donde no se garantiza su seguridad.

Y cuando una de ellas denuncia, como hizo Teresa Jesús González en Porriño, la respuesta de la administración competente –de la Xunta, de los concellos– y la empresa responsable es tan clara como cruel: la obligan a seguir acudiendo al mismo domicilio hasta que haya una sustituta. Y, cuando la hay, lo que hacen es enviar a otra mujer a vivir el mismo infierno. Cambia el nombre de la cuidadora, pero no se modifica ni una sola condición del riesgo.

Lo que más dificulta erradicar el acoso es su invisibilidad. No porque las víctimas no sepan identificarlo, sino porque todo a su alrededor —la cultura laboral, el silencio institucional, la ausencia de respuesta empresarial— está diseñado para que pase desapercibido. La impunidad no es un accidente: es un síntoma del machismo estructural que atraviesa nuestras relaciones laborales y nuestras instituciones. Lo denuncia el Convenio 190 de la OIT: el acoso en el trabajo no es una anomalía, sino la manifestación visible de una desigualdad arraigada que sigue situando a las mujeres en posiciones de subordinación, especialmente a aquellas que desempeñan trabajos más precarios.

Por eso, la violencia contra las trabajadoras del SAF no es solo violencia laboral ni solo violencia machista. Es violencia machista de clase. Porque mientras en ciertos sectores y grandes empresas se habla ya de compliance, códigos éticos o planes de igualdad, en un sector tan esencial como el de los cuidados —profundamente feminizado, privatizado y precarizado— aún estamos reclamando que se cumpla la norma más básica: que se evalúe si un domicilio es seguro, que se actúe ante una denuncia, que no se exponga a una mujer sola frente a un agresor.

Por todo ello en SUMAR exigimos responsabilidades institucionales y empresariales por lo ocurrido en O Porriño. Porque lo que ha matado a Teresa es el incumplimiento de la ley por parte de quien debía protegerla. Ni una trabajadora SAD más debe pisar un domicilio sin la garantía de que no vaya a sufrir una situación de acoso; menos aún si ya existe una denuncia.

Además, hay que revisar todo el sistema. La privatización del cuidado no puede seguir dejando expuestas a quienes lo prestan. Por eso nosotras apostamos por una política pública que ponga la vida en el centro, que asuma el cuidado como derecho y como bien común, y que proteja a quienes lo garantizan.

Porque a las que cuidan, también hay que cuidarlas.