Gaza lleva 22 meses sumergida bajo el agua y solo se le permite respirar cuando las autoridades israelíes sucumben a la presión política de aquellos que tienen más influencia que el propio derecho internacional. Tras meses de bombardeos incesantes, desplazamientos forzados y privaciones, el impacto del castigo colectivo impuesto por Israel al pueblo de Gaza nunca ha sido tan devastador.

He participado en la coordinación de los esfuerzos humanitarios en Gaza desde octubre de 2023. Cualquier ayuda vital que haya llegado desde entonces ha sido la excepción, no la regla. Más de un año después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenara a Israel “tomar todas las medidas a su alcance” para prevenir actos de genocidio, y a pesar de todas nuestras advertencias, seguimos siendo testigos de la hambruna, el acceso insuficiente al agua, una crisis sanitaria y un sistema de salud en ruinas, en un contexto de violencia continua que provoca la muerte diaria de decenas de palestinos, incluidos niños.

Incapaces de cambiar esta situación, los trabajadores humanitarios hemos recurrido a nuestras voces, junto con las de los periodistas palestinos que lo arriesgan todo, para describir las condiciones espantosas e inhumanas que se viven en Gaza. Alzar la voz, como estoy haciendo ahora, ante un sufrimiento deliberado y evitable forma parte de nuestra función de promover el respeto del derecho internacional.

Pero hacerlo tiene un precio. Después de celebrar una rueda de prensa en Gaza el 22 de junio en la que describí cómo se disparaba a civiles hambrientos que intentaban conseguir alimentos —lo que denominé “condiciones creadas para matar”—, el ministro de Asuntos Exteriores israelí anunció en una publicación en X que no se renovaría mi visado. El representante permanente de Israel ante la ONU siguió sus pasos en el Consejo de Seguridad y anunció que esperaba que abandonara el país antes del 29 de julio.

Este silenciamiento forma parte de una tendencia más amplia. Las ONG internacionales se enfrentan a requisitos de registro cada vez más restrictivos, incluidas cláusulas que prohíben ciertas críticas a Israel. Las ONG palestinas que, contra todo pronóstico, siguen salvando vidas a diario, se ven privadas de los recursos que necesitan para funcionar. A las agencias de la ONU se les conceden cada vez más visados de solo seis, tres o un mes, en función de si se les considera “buenas, malas o feas”. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha sido objeto de medidas legislativas, se ha prohibido la entrada a su personal internacional y se han ido asfixiando poco a poco sus operaciones.

Estas represalias no pueden borrar la realidad que hemos presenciado, día tras día, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Lo que he observado allí parece diferente de lo que está ocurriendo en Gaza, pero hay un objetivo común: romper la continuidad territorial y obligar a los palestinos a vivir en enclaves cada vez más reducidos. Los palestinos de Cisjordania son coaccionados y confinados a diario: coaccionados por la violencia de los colonos y las demoliciones en las zonas donde se están expandiendo los asentamientos, y confinados por una red de restricciones de movimiento en zonas urbanizadas desconectadas donde se multiplican las operaciones militares.

Gaza también está siendo fragmentada. Sus 2,1 millones de habitantes se encuentran ahora hacinados en solo el 12% de la superficie terrestre de la Franja. Recuerdo haber recibido la escalofriante llamada el 13 de octubre de 2023 en la que se anunciaba el desplazamiento forzoso de toda la población del norte de Gaza. Desde ese brutal acto inicial, casi toda Gaza ha sido desplazada por la fuerza, no una sola vez, sino repetidamente, sin refugio, alimentos ni seguridad suficientes.

He sido testigo de lo que parece ser el desmantelamiento sistemático de los medios para sostener la vida palestina. Como parte de nuestra función de coordinar las operaciones humanitarias, mis colegas y yo hemos ayudado a sacar a los pacientes de oscuras salas de cuidados intensivos infestadas de gatos en hospitales destruidos y tomados por las fuerzas israelíes, donde los muertos eran enterrados en el patio por el último personal que quedaba, privado de sueño, que había visto cómo se llevaban a sus compañeros.

Ayudamos a descubrir fosas comunes en los patios de otros hospitales, donde las familias buscaban entre la ropa esparcida tratando de identificar a sus seres queridos, a quienes habían despojado de sus ropas antes de asesinarlos o hacerlos desaparecer. Hemos discutido con soldados que intentaban sacar a la fuerza de una ambulancia a un paciente con lesiones en la médula espinal que gritaba mientras era evacuado de un hospital. Hemos repatriado los cuerpos de trabajadores humanitarios asesinados por ataques con drones y fuego de tanques mientras intentaban entregar ayuda y hemos recogido los cuerpos de familiares de trabajadores de ONG que fueron asesinados en lugares reconocidos por las fuerzas israelíes como “humanitarios”.

Hemos visto a médicos con sus uniformes asesinados y enterrados bajo ambulancias aplastadas por las fuerzas israelíes. Refugios superpoblados para personas desplazadas bombardeados, con padres abrazando a sus hijos heridos o muertos. Innumerables cadáveres en las calles devorados por perros. Personas pidiendo ayuda desde debajo de los escombros a las que se les negó la ayuda de los equipos de emergencias hasta que ya no quedaba nadie con vida. Niños consumiéndose por la desnutrición mientras la ayuda se enfrenta a una carrera de obstáculos insuperable.

Las autoridades israelíes nos acusan de ser el problema. Dicen que no estamos recogiendo los productos en los pasos fronterizos. No es que no lo estemos haciendo, es que nos lo impiden. La semana pasada formé parte de un convoy que se dirigía al paso fronterizo de Kerem Shalom desde el interior de Gaza. Escoltamos camiones vacíos a través de una zona muy concurrida, siguiendo una ruta innecesariamente complicada indicada por las fuerzas israelíes. Cuando los camiones se alinearon en un punto de espera y las fuerzas israelíes finalmente dieron luz verde para avanzar hacia el paso fronterizo, miles de personas desesperadas se movieron con nosotros, con la esperanza de que los camiones regresaran con alimentos. Mientras avanzábamos lentamente, la gente se aferraba a los vehículos hasta que vimos el primer cadáver al lado de la carretera, disparado por la espalda desde la dirección de las fuerzas israelíes. En el paso fronterizo, la puerta estaba cerrada. Esperamos alrededor de dos horas a que un soldado la abriera.

Ese convoy tardó 15 horas en completar su recorrido. Con otros convoyes, las fuerzas israelíes han retrasado el regreso de los camiones mientras se congregaban multitudes y han matado a personas desesperadas que esperaban la llegada de los camiones. Algunas de nuestras mercancías han sido saqueadas por bandas armadas que operan bajo la vigilancia de las fuerzas israelíes. Durante el alto el fuego, realizábamos varios convoyes al día. Ahora, el caos, los asesinatos y las obstrucciones vuelven a ser la norma. La ayuda es vital, pero nunca será una cura para la escasez provocada y diseñada.

La CIJ ha sido clara. En sus medidas provisionales vinculantes, no solo ordenó a Israel que impidiera los actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, sino que también le ordenó que facilitara los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia, entre otras cosas aumentando la entrada de ayuda.

En una opinión consultiva separada, la CIJ no dejó lugar a dudas: la ocupación actual de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, por parte de Israel es ilegal según el derecho internacional. Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, son partes diferentes de un mismo panorama.

Lo que está ocurriendo no es complicado. No es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas de quienes crean estas condiciones y de quienes las permiten. El fin de la ocupación debería haber llegado hace mucho tiempo. La credibilidad del sistema multilateral se ve debilitada por la doble moral y la impunidad. El derecho internacional no puede ser una herramienta de conveniencia para algunos si quiere ser una herramienta viable de protección para todos.

Gaza ya se está ahogando bajo las bombas, el hambre y el implacable control del bloqueo sobre los productos esenciales para la supervivencia. Cada retraso en la aplicación de las normas más básicas destinadas a proteger la vida humana es otra mano que sumerge a Gaza mientras lucha por respirar.

Jonathan Whittall es el director de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) en los territorios palestinos ocupados.