Hay libros que llegan como un tajo de luz en la oscuridad. Les fascistes n'ont jamais compté les étoiles —Los fascistas nunca contaron las estrellas—, de Yara El-Ghadban y Rodney Saint-Éloi, es uno de ellos. La tesis que lo atraviesa es de una radicalidad deslumbrante y desmonta el relato con el que Occidente se ha contado a sí mismo: “No hay que creer que Europa tuvo el monopolio del fascismo”. El fascismo europeo no inventó la supremacía, el campo de concentración, la clasificación racial ni la deshumanización del otro. Todo eso lo ensayó antes, a sangre y fuego, en Ultramar. Lo que vivimos hoy no es una repetición, sino la mutación de ese viejo monstruo colonial que regresa a las metrópolis.

Ese fascismo mutado ya no necesita marchar sobre Roma ni invadir Etiopía con bayonetas. Le basta con el cerramiento proteccionista, el algoritmo, la bota fronteriza y la conversión del barrio, del útero y de la escuela en trincheras de exclusión. No viste camisas negras de tejido barato; viste traje, gestiona fondos buitre y vomita bulos desde pantallas táctiles. Y ese es exactamente el manual que el Partido Popular y Vox pretenden aplicar en España a partir del 29N.

Las encuestas no dejan margen a la ambigüedad: la suma de PP y Vox arrojaría una mayoría absoluta holgada, con los populares disparados hasta los 137-148 escaños y la ultraderecha como socio indispensable para la investidura. No hablamos de un escenario hipotético. Hablamos de un programa de involución que ya se está ensayando allí donde gobiernan y que, si llegan a La Moncloa, se aplicará con la frialdad de un protocolo.

Tomemos la vivienda, hoy el campo de batalla central de la expropiación social. Su programa no es un plan de vivienda; es un mapa de saqueo. Donde gobiernan, ya han aprobado proposiciones no de ley para derogar la Ley de Vivienda de 2023, a la que acusan de “intervenir” el mercado y de “proteger al okupa”. Y allí donde pueden, impulsan la llamada “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda protegida, un eufemismo para institucionalizar el racismo habitacional y decidir quién merece un techo en función del origen. La vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un activo financiero de máxima rentabilidad. Y cuando la especulación necesita músculo, ahí está su brazo parapolicial: las empresas de “desokupa”, normalizadas, publicitadas y aplaudidas en medios de comunicación privados, reclutan paramilitares de inspiración neonazi y a exsoldados o expolicías para garantizar a golpes los intereses especuladores o de los fondos buitre. Es el viejo escuadrismo fascista: ayer el colono armaba milicias para blindar la plantación; hoy la plantación es un bloque de pisos gentrificado y el matón cobra por desalojar a una familia pobre a plena luz del día.

En educación y sanidad, la involución camina en paralelo: recentralización ideológica, demolición de lo público mediante conciertos y cheques segregadores, y persecución del docente que enseñe a pensar críticamente. Si el profesorado explica las raíces del colonialismo, se le criminaliza; si la juventud se organiza por el derecho a la vivienda, se envía a los cachorros del fascismo callejero a acosarla. En las acampadas por la vivienda ya se han producido agresiones físicas por comandos ultras. El patrón es siempre el mismo: el que disiente, es un objetivo.

En pensiones, el lenguaje es el de la tecnofinanza depredadora. Feijóo ha pronunciado la palabra “sacrificio” y su portavoz parlamentaria ha llegado a decir que el sistema público “va a petar”. Traducido sin eufemismos: desmantelar el sistema público, solidario e intergeneracional para entregarlo a la banca y a las aseguradoras mediante planes privados de capitalización individual. El complemento perfecto lo pone Vox, que anuncia la privatización de las pensiones, la derogación fulminante de las leyes de aborto y eutanasia. El cuerpo de las mujeres vuelve a ser un vientre al servicio de la demografía patriótica; el cuerpo del enfermo terminal, propiedad del Estado nacional católico. El fascismo del siglo XXI no necesita cartillas de trabajo esclavista; le basta con la precariedad absoluta, el terror a la enfermedad para no ser despedido y una vejez mercantilizada.

Y es aquí donde Canarias adquiere una dimensión trágica y central. Nuestro archipiélago ha sido convertido en una gran frontera militarizada, en el gendarme avanzado de la Europa fortaleza. La deriva de la derecha local es inequívoca: el PP de Canarias, en un ejercicio de sumisión ideológica, ha copiado a Vox y ha llevado al Parlamento una iniciativa para exigir el despliegue de las Fuerzas Armadas en nuestras costas para “controlar la inmigración”. Lo hace, además, con una desvergüenza insultante, mientras las llegadas por la ruta atlántica se han reducido, aunque continúa de forma lacerante cobrándose muertos, incluso menores. No buscan gestionar ninguna crisis humanitaria; buscan inyectar racismo institucional en vena y tratar a seres humanos desesperados y a su vez instrumentalizados sobre todo desde la satrapía de Marruecos como una fuerza invasora de ocupación.

Los resultados de esta militarización de la miseria ya los conocemos. Amnistía Internacional ha documentado torturas y tratos crueles de militares a migrantes en Ceuta: de 65 personas entrevistadas, 22 —un tercio— denunciaron torturas o vejaciones, y los audios revelan a efectivos jactándose de que pegar a los migrantes “sin guantes mola más”. ¿Qué diferencia estructural hay entre esa patrulla militar que caza de noche en la frontera y la escuadra neonazi de “desokupa” que desaloja a palos a una familia pobre de día? Ninguna. Forman parte del mismo continuum paramilitar y autoritario. Es el fascismo en estado puro: el que nunca contó estrellas porque solo sabe contar botas, porrazos, brutalidad policial, fusiles y alambradas de espino.

Para coronar la ofensiva, traen como tótem a Javier Milei. Sus visitas a España para arropar a la ultraderecha no son anécdotas folclóricas: son el manual de adoctrinamiento neofascista. El elogio de la motosierra social, la destrucción de lo público y el llamamiento a sacar al adversario político de izquierdas “a patadas”. Esa violencia verbal convertida en doctrina de Estado busca demoler cualquier pacto social de convivencia.

El-Ghadban y Saint-Éloi lo escribieron con precisión quirúrgica: los fascistas nunca contaron las estrellas porque jamás levantaron la mirada hacia la dignidad universal; su vista siempre ha estado fija hacia abajo, en el suelo que aspiran a expropiar y en el cuerpo que pretenden explotar o aniquilar. Hoy ese suelo es el alquiler abusivo de tu casa; esa expropiación es tu hipoteca impagable; y ese cuerpo es el de una mujer de desde los 16 años o el del joven africano hacinado en una nave industrial o en un acuertelamiento de Canarias.

El 29N no es una cita electoral rutinaria. Es una prueba histórica de supervivencia democrática. Si el bloque reaccionario suma el poder institucional, no traerá gestión ni estabilidad: traerá exactamente lo que el libro desmenuza, tiranía, depredación capitalista, tecnofinanza salvaje, militarización de la vida, misoginia, desaparición del Ministerio de Igualdad y una guerra abierta contra las clases populares y los vulnerables.

Frente a su barbarie colonial, misógina y militarista: organización, solidaridad internacionalista y combate democrático antifascista sin tregua.

Pararemos a este fascismo.

El mapa de esta externalización revela con claridad cómo la red ferroviaria pública se ha convertido en un nicho preferente de acumulación para corporaciones privadas, tanto nacionales como transnacionales. Leído con atención, ese mapa es algo más que un organigrama: es una radiografía social

Nueve meses bastaron para que la línea Madrid-Sevilla despojara al relato oficial de su barniz de modernidad tecnológica y devolviera a la superficie su verdadera estructura material. El 18 de enero de 2026, en Adamuz, la fractura inadvertida de un carril, según informaciones iniciales, provocó el descarrilamiento de un tren de la privada Iryo y la consiguiente embestida de un Alvia de Renfe: un impacto que se cobró cuarenta y seis vidas. El 28 de octubre de 2026, en Urda, las cifras provisionales del desastre alcanzaron los sesenta y nueve fallecidos y decenas de heridos —entre los que constan trabajadores, viajeros autóctonos y ciudadanos extranjeros—, tras detenerse seis convoyes por una caída del sistema LZB y autorizarse la marcha normal desde el centro de control de Atocha, lo que derivó en la colisión por alcance del AVE sobre el Iryo parado. Dos siniestros en apariencia heterogéneos, pero perfectamente unificados por una misma lógica de fondo.

Esa lógica no reside en ninguna pieza mecánica: reside en una manera de organizar el trabajo, el riesgo y el beneficio que ha encontrado en el ferrocarril público uno de sus territorios más rentables. Una vía férrea no es solo acero, balasto y electrónica; es trabajo acumulado y decisiones congeladas, jerarquías de prioridad invisibles al ojo que únicamente se hacen patentes cuando se rompen. Lo que se partió en Adamuz y lo que se apagó en Urda no fueron componentes aislados de un mecanismo: fueron los puntos débiles de una relación social que lleva décadas solidificándose en forma de pliegos de condiciones, contratos de mantenimiento y umbrales de alarma calibrados por partida doble, todo ello en la contratación del sector público en favor del capital de corporaciones privadas.

Hay, además, algo de emblemático en la coexistencia forzada entre el sistema agotado y el sistema prometido: lo viejo no termina de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y en ese intervalo se prodigan los fenómenos que el lenguaje oficial bautiza, con deliberada neutralidad, como «incidencias», cuando en realidad son monstruosas tragedias humanas. La catástrofe no es la irrupción del azar en un mundo ordenado; es la forma violenta en que un orden aplaza sus propias cuentas pendientes hasta que ellas mismas se cobran solas. Y cuando lo hacen, el poder se apresura a rebautizarlas como fatalidad.

La alta velocidad española nació en 1992, cuando Sevilla preparaba su exposición universal, y nació como nacen los escaparates: para ser mirada. Un país que quería exhibirse ante el mundo como potencia tecnológica fabricó en tiempo récord su objeto de demostración, y la modernidad se entendió desde el primer día como espectáculo y fotografía oficial, no como proceso; como inauguración, no como conservación perseverante de lo inaugurado. Treinta y cuatro años después, esa inversión del orden —la apariencia por delante de la sustancia— ha terminado pasando su factura a la sustancia misma: el carril, la soldadura, la señal, el puesto de mando. La arteria pionera de la alta velocidad española continúa operando bajo la cobertura del sistema de protección LZB, desplegado en 1992 y concebido para las exigencias de otro tiempo. La migración programada hacia la norma europea de seguridad ferroviaria ERTMS acumula un historial de aplazamientos que trasciende cualquier imprevisto técnico o error fortuito de un operario: es el resultado sistemático de priorizar la continuidad comercial y la contención del gasto sobre la sustitución integral de una tecnología exhausta. Conviene detenerse en la palabra. Llamar «fortuito» o “incomprensible” a lo que se decidió no remediar durante años no es una descripción; es una toma de posición. El azar o lo inexplicable es el nombre que el poder da a sus propias prioridades cuando conviene no firmarlas.

En esta arquitectura, la columna vertebral del mantenimiento de las instalaciones esenciales se segrega en un entramado de uniones temporales de empresas privadas que asumen la ejecución operativa, mientras el administrador público Adif conserva la titularidad formal de la seguridad y ejerce de cómodo paraguas institucional. Apenas en la víspera de la catástrofe ferroviaria de Urda, el Consejo de Ministros autorizó una inyección complementaria de 11,5 millones de euros para paliar las disfunciones derivadas de la convivencia forzada entre el viejo soporte y el nuevo. Un parche presupuestario de ese tipo es la forma contable de una confesión: el mal era conocido, estaba inventariado y se administraba como coste soportable. La pregunta que ninguna comisión de investigación quiere formular es sencilla: soportable para quién.

El mapa de esta externalización revela con claridad cómo la red ferroviaria pública se ha convertido en un nicho preferente de acumulación para corporaciones privadas, tanto nacionales como transnacionales. Leído con atención, ese mapa es algo más que un organigrama: es una radiografía social. Muestra quién extrae, quién ejecuta, quién responde y quién paga, y demuestra que las cuatro funciones han sido escrupulosamente repartidas entre actores distintos, de modo que ninguna coincida entera en las mismas manos. El contrato del mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico, enclavamientos y circuitos de señalización recae en la UTE GTS Sistem Mantenimiento Madrid-Sevilla. En ella convergen Hitachi Rail GTS Spain —filial de origen japonés integrada en el conglomerado multinacional Hitachi Ltd., que absorbió el negocio de transporte terrestre de la francesa Thales— con un 80% de participación, y la firma de capital nacional Sistemas y Montajes Industriales SA (Sistem), radicada en Getafe, con el 20% restante. Mientras el gigante nipón registra máximos históricos de ingresos en su división industrial de movilidad y Sistem consolida una facturación multimillonaria en el mercado estatal con resultados positivos y recurrentes, la infraestructura real acumula tensiones operativas que el sector ha aprendido a nombrar con eufemismo: «convivencia entre sistemas». 

La conservación de la infraestructura física y los aparatos de vía en el sector de Adamuz se adjudicó, por su parte, a la UTE Hornachuelos y Antequera. En este consorcio concurren corporaciones de marcado peso económico: la constructora de capital español FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) —cuyo accionista de control es el grupo mexicano encabezado por Carlos Slim—, que cerró los nueve primeros meses de 2026 disparando su beneficio neto atribuido hasta los 230 millones de euros, un 46,6% más que en el ejercicio anterior, y superando los 8.000 millones de cifra de negocio; Ferrovial, multinacional de origen español con sede legal en los Países Bajos y fuerte implantación internacional, que reportó un beneficio operativo de 848 millones de euros y un EBITDA ajustado de 1.210 millones en idéntico periodo; el Grupo Azvi, constructora de capital nacional que supera de forma sostenida los 1.000 millones de euros de cifra de negocio y consolida ganancias por encima de los 72 millones de EBITDA anuales; y la firma de matriz española OHLA (Obrascón Huarte Lain), que tras arrastrar ejercicios de reestructuración financiera revirtió los números rojos en sus balances más recientes logrando un beneficio neto de 26 millones de euros en su último ejercicio completo cerrado y consolidando un EBITDA superior a los 130 millones de euros, apuntalado por una cartera comercial que supera los 7.000 millones.

Conviene precisar la significación de este indicador financiero: el EBITDA alude a las ganancias operativas brutas antes de descontar impuestos, costes financieros de la deuda y la depreciación del capital invertido. Que las magnitudes de EBITDA de estas corporaciones alcancen cotas multimillonarias demuestra la ingente capacidad de extracción de rentabilidad del negocio del mantenimiento, una masa de beneficio operativo de la que se apropian los accionistas privados mientras la reinversión efectiva en la infraestructura real se reduce al mínimo imprescindible. La colosal acumulación de beneficios, la solvencia patrimonial y el reparto masivo de dividendos de estas corporaciones privadas contrastan dramáticamente con el deterioro acelerado de unas vías sometidas al estrés ininterrumpido de la explotación comercial. Y sin embargo no hay aquí dos fenómenos paralelos, sino uno solo visto desde sus extremos: el excedente que no se reinvierte en el carril es, exactamente, el excedente que remunera al accionista. La degradación de la infraestructura y la excelencia de los resultados financieros no discurren por cauces separados que casualmente se cruzan; son el mismo cauce, con distinto nombre en cada orilla. La seguridad, en este modelo, deja de ser un derecho y se convierte en un costo que hay que minimizar; la vida, en una variable de ajuste.

En Adamuz, todo apunta a que el desencadenante mecánico fue la quiebra del carril, sobre la que pesaban anomalías de nivelación detectadas con anterioridad y dudas directas sobre las soldaduras aplicadas en intervenciones recientes. Los circuitos de supervisión no emitieron una alerta automatizada previa al colapso debido a la calibración de sus umbrales eléctricos y a una sensibilidad que Adif no exigió incrementar para no encarecer la factura de mantenimiento ni ralentizar las frecuencias. Esa redacción administrativa encierra una operación económica elemental: un umbral de alarma es también un precio. Fijar la sensibilidad del sistema en función de la factura equivale a asignar, de manera implícita y sin debate público, un valor monetario máximo a la vida del viajero. El riesgo, en consecuencia, no se eliminó: se transfirió a quienes viajaban, que no firmaron pliego alguno ni estuvieron presentes en mesa de contratación alguna.  

En Urda, la interrupción inicial del LZB detuvo seis convoyes, y la posterior orden de circulación ordinaria emitida desde el centro de control de Atocha completó la cadena del desastre con la colisión por alcance del AVE sobre el Iryo parado. El diagnóstico apresurado hablará de «error humano»; el diagnóstico serio preguntará quién diseñó los protocolos, con qué dotación de personal y con qué márgenes de tiempo, quién decidió que la circulación se reanudara antes de que la duda se disipara. Los procedimientos no son neutrales: distribuyen la capacidad de decidir y, con ella, la carga de morir. Y cuando el sistema falla, el último eslabón operativo —quien teclea la orden, quien vigila la pantalla— es a la vez el más frágil, el menos formado y el peor pagado: sobre él, previsiblemente, descargará el aparato todo el peso de la imputación. El «error humano» es así la coartada perfecta: individualiza la culpa, disuelve la responsabilidad sistémica y deja intacta la arquitectura que organizó el riesgo.

Ambos episodios exponen los eslabones de un mismo modelo en el que la dispersión contractual cumple una función idónea: diluir las responsabilidades penales y políticas en una nebulosa de pliegos, subcontratas y alegaciones cruzadas, ocultando el enriquecimiento privado detrás de la entidad gestora estatal. Esa dispersión no es un defecto de construcción: es una de sus piezas maestras. La unión temporal de empresas opera, en el terreno que aquí importa, como una máquina de fragmentar la imputación. El titular de la seguridad no ejecuta; el ejecutante no decide; el decisor se disuelve en capas sucesivas de subcontratación; y cada eslabón custodia apenas un fragmento de la cadena causal, insuficiente en solitario para sostener ante un tribunal la responsabilidad plena de alguien concreto. El derecho penal, forjado para autores individuales y acciones determinadas, se encuentra estructuralmente desarmado frente a un daño producido por un sistema: puede alcanzar a quien firmó, dificultosamente a quien decidió, nunca a quien se benefició. El beneficio, sin embargo, está ahí, documentado, auditado y celebrado en las notas corporativas a la prensa: es la única pieza de ambas catástrofes que jamás será provisional. Mientras la investigación penal desciende, como por gravedad, hacia los estamentos inferiores —el técnico, el operador, el jefe de turno—, la arquitectura que organizó el riesgo permanece intacta, y con ella su rendimiento. El Estado, entretanto, absorbe el descrédito y las indemnizaciones: socialización de las pérdidas, apropiación privada del excedente. La fórmula es antigua; la externalización la ha industrializado.

Mientras tanto, en la arena política e instrumental, la ofensiva mediática y parlamentaria desatada desde la derecha y la ultraderecha encauza el descontento social hacia el choque puramente partidista. Concentrar el fuego en el Ejecutivo español y personalizarlo en la figura del ministro de Transportes, Óscar Puente, cumple una rigurosa función ideológica: levantar un tupido manto de oscuridad sobre el entramado de intereses empresariales que se benefician de esta privatización de hecho. El bloque reaccionario focaliza la agitación en la gestión coyuntural del Gobierno para evitar cuidadosamente cualquier cuestionamiento del modelo de acumulación privada y subcontratación sistemática que sus propias fuerzas impulsaron y consolidaron. Al reducir el debate a la cacería política o a la negligencia individual de un cargo público, la superestructura política protege las espaldas de las multinacionales y contratistas que ordeñan el presupuesto público. La maniobra no sería posible sin la cooperación de un material previo: un sentido común criado durante décadas en la escuela del espectáculo, que pide culpables y no causas, rostros y no estructuras, dimisiones y no balances. Esa demanda espontánea de un responsable individual es el punto de apoyo exacto sobre el que pivota toda la operación. La indignación legítima de millones de personas se canaliza hacia la pieza más fungible del engranaje —el ministro de turno— y se agota en ella, como se agota un fuego artificial: mucho estruendo, ninguna consecuencia para el montaje. Sacrificar un nombre para salvar un modelo es una técnica de gobierno que ejecutan con idéntica disciplina quienes lo defienden y quienes dicen querer cambiarlo todo.

Los balances financieros de estas corporaciones demuestran que la externalización no responde a la búsqueda de la excelencia técnica, sino a la valorización del capital mediante la mercantilización de servicios e infraestructuras esenciales. La línea Madrid-Sevilla no constituye una fisura aislada en la red, sino la expresión terminante de un sistema donde la seguridad colectiva y la vida de la clase trabajadora se subordinan a la maximización de la tasa de beneficio. Ni Adamuz ni Urda son anomalías del mercado; son su consecuencia objetiva. El problema no es de nombres ni de gestiones. Es de relaciones sociales. Mientras la infraestructura siga siendo tratada como un activo financiero y no como un derecho colectivo, mientras el mantenimiento se rija por la lógica del contrato y no por la de la seguridad, mientras el beneficio privado se alimente de la degradación de lo público y el Estado actúe como garante último de las pérdidas, la lista de víctimas seguirá encontrando nuevas estaciones. Mientras la responsabilidad siga fragmentándose entre uniones de mercantiles temporales e intermediarios públicos sumisos a la lógica corporativa, y mientras el combate político se contenga en las bambalinas del espectáculo institucional, la siguiente fractura de la infraestructura continuará siendo solo una cuestión de tiempo y de punto kilométrico. La única manera de interrumpir esa serie no es cambiar al operario u operarios de Atocha ni al ministro, sino alterar la dirección en que fluye el excedente y el lugar que ocupa la vida en la contabilidad del capital.

Hay momentos en que la historia no demanda programas brillantes, sino lucidez. Lo ocurrido en el espacio a la izquierda del PSOE de cara al 29 de noviembre es exactamente lo contrario: una exhibición de electoralismo de campanario que ha subordinado la correlación de fuerzas al reparto de puestos de salida. El dato es tozudo y ya es oficial. Convocadas las elecciones mediante Real Decreto 806/2026, la negociación entre el Frente Amplio (IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar) y Podemos ha naufragado tras un pulso de diez días. Solo se ha salvado el acuerdo en Canarias y la Comunitat Valenciana; en el resto, cada cual por su lado. No es un detalle menor: es una irresponsabilidad política de primer orden cuando enfrente se configura un bloque reaccionario que ya ha exhibido su programa real.

La derecha no ha ocultado sus intenciones. Feijóo ha pedido “sacrificio” a los españoles, mientras su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, advertía que el sistema de pensiones “va a petar” y exigía cambiarlo de forma “valiente”. Vox, por boca de su portavoz, ha planteado sin ambages una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine reparto con capitalización individual. Traducido sin eufemismos: el desmantelamiento progresivo del sistema público solidario y la importación de un esquema de capitalización que, en la práctica, privatiza parcialmente la vejez y traslada el riesgo del capital al trabajador. Frente a ese ultraneoliberalismo pinochetista, la respuesta de la izquierda no podía ser un mercadillo de siglas y parcelas de poder. El sindicalista Unai Sordo lo ha expresado con crudeza: el modelo mixto supone decirle al que no puede ahorrar que “se joda”. Esa es la fractura de clase que se dirime el 29-N, y la izquierda institucional ha respondido con una fractura de aparato.

El reconocimiento de Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC por Barcelona, resulta elocuente por lo que confiesa y por lo que omite. “He fracasado”, declaró, calificando lo ocurrido de “espectáculo dantesco”. Criticó a las direcciones de su propio partido y de los Comuns por negarse a sumar en una lista única, señalando el núcleo del problema: el peso del aparato sobre la necesidad histórica. Cuando quien intenta coser reconoce que no ha podido arrastrar a las direcciones, está confesando la primacía de la lógica organizativa sobre la lógica de bloque. Pero su reconocimiento se quedó en la retórica. Si de verdad asumió el fracaso de su tarea unificadora, lo coherente hubiera sido dimitir como cabeza de lista y forzar, con un gesto de autoridad moral, el acuerdo unitario en todas las circunscripciones del Estado español. No lo hizo. En política, la responsabilidad sin consecuencias es solo una forma elegante de proseguir la fuga.

La necesidad histórica era una lista única en todas las circunscripciones del Estado. Y esto no es voluntarismo, es aritmética electoral. El sistema no es proporcional en el conjunto del país. La Constitución fija la provincia como circunscripción —52 en total—, con un mínimo de dos diputados por provincia y el resto repartido por población mediante la fórmula D’Hondt, aplicada por separado en cada circunscripción con listas cerradas y bloqueadas. A ello se suma una barrera legal del 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción, conforme al artículo 163.2 de la LOREG. En la práctica, más de la mitad de las circunscripciones eligen entre 2 y 4 escaños, lo que hunde la proporcionalidad y castiga severamente la fragmentación. Dividir el voto a la izquierda del PSOE en provincias donde se reparten 3, 4 o 5 diputados equivale a regalarle el último escaño al bloque reaccionario. La ley premia la concentración y castiga la dispersión. Lo sabían y, aun así, eligieron la división.

Los hechos de las últimas horas son elocuentes sobre la naturaleza de ese fracaso. A dos horas del cierre del plazo de coaliciones, el Frente Amplio lanzó una oferta in extremis a Podemos que incluía puestos de salida en Madrid y Cataluña, integración con plenos derechos en todas las circunscripciones, una portavocía del futuro grupo parlamentario y un reparto equitativo de los recursos de campaña. Es decir, el debate hasta el último minuto no fue sobre vivienda, pensiones o cómo frenar a la derecha, sino sobre quién ocupaba el número dos en Madrid, quién lideraba en Barcelona y cómo se distribuían los recursos. Podemos rechazó la oferta por considerarla una trampa y exigió acuerdos en once autonomías; el Frente Amplio acusó a IU de bloquear pactos. El relato es el de siempre: la mezquindad táctica sustituyendo a la estrategia. No han comprendido el momento. No es una elección más. Es una elección en la que se juega la reversibilidad de derechos conquistados. Cuando la sanidad y la educación públicas llevan años tensionadas, cuando el salario no alcanza para el alquiler y la vivienda se ha convertido en un activo financiero, la izquierda no puede permitirse competir consigo misma por un 3% en Soria o en Cuenca.

La historia, salvando distancias y contextos, enseña lecciones amargas sobre la mecánica de la división ante una amenaza de involución. En la Alemania de los primeros años treinta, la izquierda obrera fue incapaz de articular un frente único contra el ascenso nazi, atrapada en disputas de siglas, agravios orgánicos y la ilusión de que el adversario se moderaría al llegar al gobierno. El resultado fue la derrota sin batalla y un macabro régimen de terrorismo nazi de estado. No estamos en 1933, pero la lógica profunda es la misma: cuando la identidad de aparato se antepone a la necesidad de clase y de país, se abre la puerta a la reacción. La crisis de hegemonía que atraviesa el bloque popular no se resuelve con más fragmentación, sino con la construcción de una voluntad colectiva que amalgame a los sujetos dispersos en torno a un proyecto común. Y esa voluntad no surge espontáneamente de las direcciones; a menudo debe imponerse desde abajo.

Ante tamaña irresponsabilidad, toca una salida popular que obligue a las direcciones a rectificar lo que no quisieron pactar arriba. La propuesta es clara y practicable: en cada circunscripción, todas las organizaciones situadas a la izquierda del PSOE —incluido el propio PSOE cuando sea la fuerza más competitiva del bloque— deben renunciar a presentar candidatura propia en favor de la lista con más posibilidades reales de obtener escaño y frenar al PP y a Vox. Un acto de generosidad táctica por un objetivo estratégico: conformar un bloque antifascista y popular que impida la mayoría reaccionaria. Con cuatro excepciones necesarias, por su propia estructura nacional y por haber salvado acuerdos unitarios que hay que respetar: Canarias, Euskadi, el País Valencià y Catalunya. En Canarias, Euskadi y el País Valencià, donde existe un sujeto político propio —con marcas de referencia como la Unidad del Pueblo Canario o Compromís-Frente Valencià— y la cuestión nacional y social se entrelaza de otro modo, la unidad debe articularse desde esos espacios y con sus liderazgos. En Catalunya, la excepción obedece a una lógica distinta: se permite que Esquerra Republicana y los Comuns concurran por separado, salvaguardando el pacto de ERC con Podemos, de modo que la unidad de bloque no se imponga a costa de romper acuerdos ya existentes ni de forzar una fusión que las direcciones no han querido.

Este repliegue táctico no es una carta en blanco. Debe hacerse en torno a un programa mínimo de defensa y avance, un dique contra la involución y una palanca de vida material. Seis puntos innegociables: vivienda, con regulación del alquiler, parque público y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional; aumento del importe de las pensiones, blindadas por ley como derecho, revalorizadas con el IPC y con derogación de cualquier vía hacia la capitalización privada; salarios, con subida del SMI y reforma que devuelva poder a la negociación colectiva; fiscalidad, con impuestos extraordinarios y permanentes a las grandes fortunas y a los beneficios caídos del cielo de banca y energéticas; sanidad y educación públicas, con financiación finalista y reversión de privatizaciones; y memoria y democracia, con erradicación efectiva de los vestigios del franquismo, democratización profunda de los aparatos policial y judicial e ilegalización sin ambigüedad de las organizaciones que hacen apología del nazifascismo.

A ello debe sumarse una política exterior a la altura del momento. Salida de la OTAN, una alianza que nos arrastra a una escalada bélica ajena a los intereses populares y que exige incrementos de gasto militar incompatibles con el Estado social. Estatuto de neutralidad para Canarias, plataforma de paz en el Atlántico y no portaaviones del norte. Y un compromiso internacionalista explícito: reconocimiento y apoyo efectivo al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y del pueblo saharaui, contra el genocidio, por la paz y por el fin de la ocupación. No es maximalismo. Es el mínimo para que el No Pasarán sea algo más que una consigna en una pancarta.

La fuerza material de las clases populares en este país se juega en el alquiler de fin de mes, en la cita médica que no llega, en la pensión de una madre, en el contrato precario de un hijo o una hija. Si la izquierda organizada no es capaz de poner eso por delante de un puesto en la lista, entonces no está representando esa fuerza material: está representándose a sí misma. Todavía hay tiempo, no para registrar coaliciones —el plazo expiró—, pero sí para la política con mayúsculas: retiradas generosas, llamamientos públicos, acuerdos de no agresión y voto útil militante. Que cada asamblea local, cada sindicato, cada colectivo vecinal y cada comité de empresa diga con claridad: aquí, en esta provincia, la papeleta útil para parar a la derecha y abrir camino es esta. Esa es la gran tarea. No la de salvar siglas, sino la de salvar derechos y libertades. 

Lo que está ocurriendo frente a las costas de Canarias no responde a hechos aislados ni a coyunturas aleatorias. Es una pinza de cuatro tenazas —militar, energética, infraestructural y doméstica— que busca cerrar el Atlántico sahariano y neutralizar cualquier obstáculo geoestratégico. Para que esta operación de dominación sea plenamente eficaz, exige una maniobra paralela en casa: silenciar y desarticular a quienes desde Canarias han mantenido una defensa firme del Sáhara Occidental, del derecho internacional y de la neutralidad de nuestro territorio.

La primera tenaza es estrictamente militar. En Agadir acaba de iniciarse la planificación de African Lion 2027, el mayor ejercicio multinacional del continente, con la participación de más de 45 naciones y despliegues en tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Entre los escenarios en estudio figura un entrenamiento sobre armas de destrucción masiva en Agadir y operaciones especiales en Cap Draa. No estamos ante un dispositivo de defensa, sino ante la cobertura doctrinal para intervenciones rápidas en el Sahel bajo la narrativa de la proliferación, la misma que ya ensayó en 2021 ataques simulados contra baterías S-400, el sistema antimisiles rusos que opera Argelia.

La segunda tenaza es energética y define el gran mapa del suministro europeo. Argelia ha lanzado oficialmente la construcción de su tramo del Trans-Saharan Gas Pipeline, un gasoducto de 4.128 kilómetros diseñado para transportar hasta 30.000 millones de metros cúbicos anuales de gas natural desde Nigeria, atravesando Níger, hasta la costa mediterránea argelina. Representa entre el 6% y el 7% del consumo europeo previo a la guerra en Ucrania, convirtiendo a Argelia en un centro neurálgico ineludible tras el veto al gas ruso y al Sahel en un corredor geoestratégico a asegurar. Quien controle ese tubo y a ello se emplea los EEUU para cautivar mercados, controla el precio de la calefacción en Europa; quien lo desestabilice, encarece la energía mundial.

La tercera tenaza une la infraestructura con el peso de los símbolos. Marruecos ha bautizado como President Donald J. Trump Highway la autopista que conecta Tiznit, El Aaiún y Dajla, un corredor de 1.055 kilómetros que atraviesa el Sáhara Occidental ocupado. El propio rey Mohamed VI confirmó el gesto como homenaje por el reconocimiento norteamericano de 2020. Es el proyecto continuo más largo de África, con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares y un trazado de unas 655 millas que discurre por la costa atlántica para desembocar en el futuro Puerto Atlántico de Dajla, previsto para 2028. No es una carretera: es la cementación sobre asfalto de la anexión ilegal y la vía de salida atlántica para los recursos del Sahel con la que Rabat pretende competir contra la influencia argelina.

En medio de esta tormenta queda Canarias, situada a 650 kilómetros de las maniobras y a solo 300 de la nueva base del Centro de Adiestramiento y Mantenimiento Técnico de Artillería (AMTEC) de Tan-Tan, concebida como centro permanente de African Lion. Se consolida así el Archipiélago como portaaviones estático y corredor logístico del Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A esta servidumbre militar se suma la disputa por Monte Tropic, el volcán submarino situado a 269 millas de las islas que guarda 2.670 toneladas de telurio, reserva estratégica prioritaria para la Unión Europea, inmersa en la batalla por la extensión de la plataforma continental hasta las 350 millas que enfrenta a Madrid y Rabat.

Y es aquí donde encaja la cuarta tenaza, la operación interior que explica por qué todo se precipita al mismo tiempo. Para que esta arquitectura atlántica funcione sin resistencia canaria, era preciso desactivar el único espacio que mantuvo una solidaridad institucional constante con el Sáhara y una postura firme contra la militarización. Desde finales de 2024, Nueva Canarias vive una crisis orgánica que ha derivado en una ruptura estructural entre el sector oficialista de Román Rodríguez y el sector renovador de Teodoro Sosa. El saldo es de 22 concejales desvinculados para constituir Municipalistas Primero Canarias. No es solo una escisión, sino la implosión del nacionalismo progresista que sostuvo en el Cabildo y en el Parlamento las tesis de la neutralidad activa y del Sáhara como territorio no autónomo.

En este preciso escenario de fragmentación, en plena precampaña electoral y con las distintas fuerzas políticas anunciando sus candidaturas, salta el golpe mediático e institucional. La prensa oligárquica promarroquí en Canarias resalta a toda página el procesamiento de Inés Miranda a cuenta del caso de las Jornadas del Paisaje, resucitando un expediente administrativo de entre 2016 y 2019 con titulares estridentes que la sitúan al borde del banquillo por presunta prevaricación y malversación. La maniobra coincide, además, con la instrumentalización recurrente del drama migratorio en Ceuta como palanca de presión geopolítica por parte de Rabat.

Lo que esa prensa omite sistemáticamente es la trayectoria internacional de Inés Miranda en el plano que realmente incomoda a Rabat y a sus aliados. No es una mera exconsejera de Política Territorial: es la jurista canaria que desde 2003 interviene ante la Cuarta Comisión de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 2006 coordinó la Misión de Observación del Consejo General de la Abogacía Española, que denunció en 2014 la sistemática violación de los derechos humanos por la potencia ocupante y que en 2022 acusó al Gobierno español de respaldar un régimen de apartheid y la anexión marroquí. De hecho, hace tan solo unos días, la propia Miranda volvió a organizar el alzar la voz en Nueva York ante la Cuarta Comisión de la ONU, en unas audiencias donde más de medio centenar de peticionarios han recordado que el Sáhara sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y que sus recursos no pueden ser expoliados.

Que se reactive de forma tajante un asunto de apariencia contable de hace una década contra la abogada que acaba de señalar nuevamente a Madrid y a Rabat en las Naciones Unidas, justo cuando se oficializa la autopista Trump y se reconfiguran las listas electorales en las islas, plantea un inquietante juego entre casualidades y causalidades. A buen entendedor, pocas palabras bastan: la judicialización del pasado paisajístico logra objetivamente deslegitimar y neutralizar el presente jurídico internacional.

El círculo se cierra con absoluta precisión: African Lion aporta la fuerza militar, el gasoducto asegura el interés económico, la autopista Trump materializa la ocupación, Canarias aporta el espacio estratégico y la base logística, mientras que la ruptura del nacionalismo de izquierdas y la persecución mediática a sus referentes jurídicos, instrumentalizando la reactivación de un proceso penal judicial que data de hechos de casi diez años, que, repito, tiene más de apariencia de naturaleza contable que criminal y que tendría que haberse resuelto hace tiempo, eliminan la última voz institucional con capacidad de apelar al derecho internacional. Ceuta y Canarias no son meros escenarios de crisis geopolíticas coyunturales, sino piezas de una soberanía instrumentalizada, con la inmigración como ariete de guerra híbrida por parte de Marruecos, en alianza con el sionismo y los Estados Unidos. Y la Cuarta Comisión de la ONU no es un foro decorativo, sino el lugar donde se decide si Monte Tropic, los fosfatos de Bucraa y el puerto de Dajla son el botín de un expolio o el patrimonio imprescriptible de un pueblo por descolonizar. Pretenden dejarnos sin representación política soberana, sin juristas en la ONU y sin memoria territorial, relegando a Canarias a la triste condición de autopista de paso y polígono de tiro imperial.

Yo acuso al Gobierno de España de haber legislado tarde, mal y de forma insuficiente. Llegó al problema de la vivienda cuando ya era el primero de los problemas del país, después de años de inacción, y lo hizo con parches que no construyen una sola vivienda, que no movilizan un solo metro cuadrado de suelo público, que no tocan un solo euro del régimen fiscal de las SOCIMI. Los decretos que presentó eran estructuralmente insuficientes: socializaban las pérdidas de los arrendadores con fondos públicos, blindaban los privilegios fiscales de los grandes tenedores y dejaban intacto el corazón del rentismo. Ahora bien, debo reconocer que los reales decretos-leyes aprobados en el último año, si hubieran sido convalidados por el Congreso, habrían impedido el desahucio y la muerte de Maricarmen. La suspensión de los lanzamientos para hogares vulnerables, prorrogada en el RDL 16/2025, y la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler del RDL 8/2026, de haber estado en vigor, habrían protegido a esa anciana de 87 años. El Gobierno legisló tarde y mal, pero los decretos que presentó, de haber sido convalidados, habrían salvado su vida. Y no solo la suya: habrían protegido a las miles de personas que, cada año, ven cómo el desahucio les destroza la salud y, en demasiados casos, les arrebata la vida.

Yo acuso a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en coalición con Vox, e, incluso, en la comunidad canaria, que gobierna Coalición Canaria con el Partido Popular, de haberse negado sistemáticamente a aplicar la Ley de Vivienda. Las competencias en materia de vivienda están en sus manos, y las han utilizado para bloquear los límites a los alquileres, para no declarar zonas tensionadas, para no movilizar suelo público, para no construir ni una sola vivienda protegida allí donde su propia gestión lo permitía. Han convertido la autonomía en un escudo para proteger a los grandes tenedores y en un arma para dejar a los vulnerables a merced del mercado. Mientras Maricarmen era desahuciada en Madrid, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso presumía de no aplicar la ley. Esa omisión tiene nombre y apellidos. Y tiene consecuencias: cada desahucio evitable es una vida rota, una salud quebrada, un riesgo de suicidio que se multiplica. Mucha personas se habrían quitado la vida por el terrorismo financiero, según la PAH. 

Yo acuso al Partido Popular, a Vox, a Junts y a UPN de haber votado, el 27 de enero de 2026, contra el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 178 votos contra 171. Con esos votos, señores diputados, ustedes firmaron la sentencia de Maricarmen antes de que nadie la dictara. Y firmaron también la sentencia de Olga Matute, de 54 años y dos hijas, que se suicidó el 7 de septiembre de 2026, cinco meses después de ser desahuciada de su piso en L'Hospitalet de Llobregat. El procedimiento contra ella se reactivó precisamente después de que el Congreso tumbara la moratoria de desahucios con los votos del PP, Vox y Junts. Olga lo dijo proféticamente en el Parlament de Catalunya: «La vulnerabilidad, señores, mata». Tenía razón. La vulnerabilidad mata.

Yo acuso a esos mismos grupos parlamentarios de haber derogado, el 28 de abril de 2026, el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que prorrogaría hasta dos años los contratos de alquiler y limitaría la subida de la renta al 2% para los grandes tenedores. 177 votos contra 166. Ustedes sabían lo que hacían. Sabían a quién protegían. Y sabían a quién condenaban. El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, les advirtió en el hemiciclo: votar en contra «es empujar a que cientos de personas se suiciden» por ser desahuciadas. Les hizo «corresponsables de su muerte, dolor y sufrimiento». Y tenían razón.

Yo acuso a Junts per Catalunya de actuar como representación política de la burguesía catalana y como aliado objetivo del bloque reaccionario, anteponiendo los intereses de los grandes tenedores al derecho a la vida y la salud de los vulnerables. No es un debate técnico, señora Nogueras. Es una elección moral. Y ustedes la hicieron. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la vida. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la salud mental de miles de personas.

Yo acuso a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de haber convertido el desahucio de Maricarmen en un espectáculo de cinismo y desprecio. Mientras una anciana de 87 años, con un 50% de discapacidad, era sacada en camilla de la casa en la que vivió setenta años, ella respondía a los periodistas que había tenido «un día completo, lleno de contrastes, de emociones». «La verdad es que sí. Soy muy afortunada», dijo. Muy afortunada. Esa fue su reacción al drama de una mujer arrancada de su hogar. Al día siguiente, en un foro del Círculo de Empresarios, redujo el desalojo a una estadística: «Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España». Un desahucio más. Una cifra más. Y para justificarse, culpó al Gobierno: «No es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar». No tuvo una sola palabra de aliento para Maricarmen. Ni una. Y cuando se le preguntó por las protestas, las calificó de «algaradas» que generan un «clima de tensión» que «no favorece a la inversión». La inversión. Eso era lo que le preocupaba. No la vida de una mujer de 87 años. La inversión. Y remató su intervención con una burla que hiela la sangre: ante las propuestas de limitar los desahucios de personas mayores, ironizó: «Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo». Se burló. Se burló de Maricarmen. Se burló de los miles de desahuciados. Se burló de las víctimas. Y cuando fue consciente de la repugnancia que habían causado sus palabras, en lugar de rectificar, las justificó: dijo que se refería «a las ocurrencias políticas de la semana» y que contextualizarlas con el desahucio era «una burda manipulación». No hay manipulación, señora Ayuso. Hay una anciana muerta. Hay una mujer que fue sacada en camilla de su casa mientras usted se declaraba «muy afortunada». Hay miles de personas desahuciadas cada año en España. Y usted, que tiene las competencias de vivienda y protección social en la Comunidad de Madrid, no ha movido un solo dedo para evitarlo. Es más: su Gobierno presume de no aplicar la Ley de Vivienda. Presume de no proteger a los vulnerables. Presume de dejar a los grandes tenedores campar a sus anchas. Y mientras tanto, Maricarmen moría en el hospital Gregorio Marañón. Catorce días después del desahucio. Catorce días después de que usted dijera que era «muy afortunada». Catorce días después de que su Comunidad decidiera mirar hacia otro lado. Esa es su política de vivienda. Esa es su humanidad. Y esa es la razón por la que hoy la acuso, sin matices, sin paliativos, sin un ápice de compasión hacia quien no la tuvo con una anciana que se moría.

Yo acuso al Partido Popular de no haber movido un solo dedo para evitar el desahucio de Maricarmen, teniendo las competencias de vivienda y protección social en la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Mientras Maricarmen era sacada en camilla de su casa, la presidenta regional, repito, decía: «La verdad es que sí. Soy muy afortunada». Y cuando a Alberto Núñez Feijóo le preguntaron por el desalojo, respondió: «Vengo a otra cosa». A otra cosa. Esa es su respuesta a una mujer de 87 años arrancada de su hogar. Esa es su política de vivienda. Una política que, según el estudio de científicos de la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, condena al 91% de las personas afectadas por desahucios a la depresión, al 88% a la ansiedad y al 32% a un riesgo de suicidio que multiplica por más de cuatro el de la población general.

Yo acuso al aparato judicial que autorizó el desahucio de Maricarmen. A la judicatura que autorizó el lanzamiento sin garantizar un análisis de proporcionalidad, sin verificar que existiera una alternativa habitacional real, sin detenerse en que la víctima tenía 87 años, un 50% de discapacidad y llevaba setenta años viviendo en esa casa. La toga no puede ser un escudo para la inhumanidad. Quien autoriza un desalojo sabiendo que la persona quedará en la calle no administra justicia: administra violencia. Al juez de Olga Matute, que le dijo: «En ningún caso está previsto que sufrir situaciones de ansiedad permitan la suspensión de un lanzamiento». La ansiedad no suspende un desahucio, pero el desahucio provoca ansiedad. Y depresión. Y suicidio. Cuatro meses después de ese pronunciamiento, Olga se quitó la vida.

Yo acuso a los medios de comunicación y a los periodistas de la derecha mediática de haber dedicado más tiempo a escarbar en la vida de una anciana que a denunciar el drama de los desahucios. El Español publicó un reportaje entero con supuestos testimonios de vecinos que la llamaban «mala vecina», «jeta», «protestona», «insoportable». Alberto Artero escribió en un artículo titulado «Maricarmen es una jeta (y alguien tenía que decirlo)». Federico Jiménez Losantos dijo que Maricarmen tiene «más cara que un saco de euros». Bertrand Ndongo la llamó «jeta de jetón» y sugirió que tenía vicios. Ana Rosa Quintana, en su programa, no dedicó un solo minuto a pronunciarse contra el desahucio.

Yo acuso a esos mismos medios y a esos mismos periodistas de haber difundido bulos infames mientras Maricarmen agonizaba en el hospital Gregorio Marañón. Publicaron que tenía 250.000 euros en el banco y acciones de BBVA, Santander y Telefónica. Su abogada, Beatriz Duro, lo desmintió: era «mentira». Difundieron un vídeo de octubre de 2025 presentándolo como una supuesta recuperación milagrosa para cuestionar su estado de salud. En realidad, mostraba a Maricarmen durante el primer intento de desahucio, once meses antes. Sembraron la teoría de un «plan orquestado» del Sindicato de Inquilinas. Todo falso. Todo verificado como falso. Todo difundido, aun así, con una saña que no tiene otro nombre que el de linchamiento mediático. Un linchamiento que se cebó con una mujer de 87 años que se estaba muriendo. Una mujer que, seguramente, desde la cama del hospital, leyó o escuchó cómo la llamaban jeta, sinvergüenza, insoportable. Y ese odio, esa difamación, esa crueldad, también mata. El 91% de las personas afectadas por desahucios padece depresión. El 88%, ansiedad. El 32% tiene riesgo de suicidio. Y el linchamiento mediático es una forma más de violencia que agrava ese sufrimiento.

Yo acuso al concejal de Vivienda de Benalmádena, del Partido Popular, José Luis Bergillos, de haber llamado «puta sinvergüenza con miles de euros en el banco» a una mujer de 87 años hospitalizada. Lo dijo en un Consejo Sectorial de Vivienda. Lo dijo desde el cargo que le habilita para gestionar precisamente las políticas de vivienda. Y aunque pidió disculpas después, el daño estaba hecho: la difamación ya había sido vertida sobre una mujer que se estaba muriendo.

Yo acuso a quienes ordenaron las cargas policiales contra manifestantes pacíficos. El 23 de septiembre en el Paseo de la Castellana. El 3 de octubre en Madrid. En Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La porra no es diálogo. La porra es la confesión de quien no tiene argumentos. Maricarmen, de 87 años, con un 50% de discapacidad, fue sacada en camilla de la casa en la que vivió setenta años mientras veía cómo los antidisturbios agredían a quienes intentaban impedir el lanzamiento. Esa violencia de entrada, esas agresiones, ese desalojo ejecutado con precisión mecánica por los aparatos policial y judicial, son responsabilidad de quien tiene la potestad de impedirlos y no lo hace. El Gobierno del Estado tendría que impedir la represión, también.

Yo acuso a quienes ignoraron el pronunciamiento del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, que advirtió, antes de que se consumara el desalojo, que la legislación española no garantiza un análisis de proporcionalidad caso por caso, que la residencia ofrecida a Maricarmen no era razonable y que ejecutar el lanzamiento vulneraría los estándares internacionales. La advertencia existía. La posibilidad de evitarlo, también. Solo faltó voluntad.

Yo acuso a los grandes tenedores, a los fondos buitre, a las SOCIMI y a la banca de haberse enriquecido a costa del sueño de millones de familias, convirtiendo la vivienda en un activo financiero mientras las calles se llenan de ancianos sin hogar y de jóvenes sin futuro. No construyen ciudades. Construyen trincheras de clase. Construyen enfermedades mentales. Construyen muertes y suicidios. La PAH lo denuncia con un lema que no admite matices: «No son suicidios, son asesinatos». Un desahucio, un suicidio. A eso le llamaremos asesinato.

Yo acuso a la CEOE y a su presidente, Antonio Garamendi, de calificar de «político y electoral» el paro del 11 de noviembre. ¿Qué hay más político, señor Garamendi, que exigir que los salarios alcancen para pagar un techo? ¿Qué hay más electoral que defender la vida de quienes ya no pueden votar porque han muerto en el intento? ¿Qué hay más político que exigir que no haya ni una Maricarmen más, ni una Olga más, ni un suicidio más por no poder pagar el alquiler?

Yo acuso al capitalismo español de haber convertido el alquiler en una condena y el desahucio en una ejecución. No hay crisis de vivienda. Hay un modelo económico que necesita que la vivienda sea escasa, cara y precaria para seguir alimentando la rentabilidad de unos pocos. Un modelo que mata. Que mata con la ansiedad, con la depresión, con el riesgo de suicidio que multiplica por más de cuatro el de la población general. Un modelo que, según las estimaciones, está detrás de casi el 50% de los suicidios o sus intentos.

Yo acuso al parlamentarismo, dominado por el bloque reaccionario, de haberse subordinado al capital, de haber convertido mayoritariamente el Congreso en una oficina de intereses privados, y de haber traicionado a la mayoría social que dice representar. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la vida. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la salud mental de miles de personas. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto que empujó a alguien, en algún lugar de España, a pensar que ya no merecía la pena seguir viviendo.

Y por todo ello, yo acuso a este sistema de ser un sistema asesino. No un sistema imperfecto. No un sistema mejorable. Un sistema que mata. Que mata despacio, en los juzgados, en los despachos, en las oficinas de los fondos de inversión, y que mata deprisa, en la calle, con la porra y con la pelota de goma. Y que mata también con la pluma, con la palabra, con el bulo, con el insulto, con el silencio cómplice de quien decide mirar hacia otro lado. Un sistema que convierte la vulnerabilidad en enfermedad y la enfermedad en muerte.

No pido caridad. No pido compasión. Pido justicia.

Pido la expropiación de uso de las viviendas vacías en manos de especuladores. Pido la paralización inmediata de todos los desahucios sin alternativa habitacional. Pido la intervención pública del mercado del alquiler. Pido que los responsables políticos de estas muertes comparezcan ante la ciudadanía y respondan por sus actos. Pido que los medios que difamaron a Maricarmen rectifiquen públicamente y reconozcan su responsabilidad en el linchamiento. Pido que se investigue hasta qué punto la difusión de bulos sobre una mujer hospitalizada contribuyó a su muerte. Pido que se investigue la «cadena de omisiones» que precedió al suicidio de Olga Matute, como exigen las entidades vecinales de L'Hospitalet. Pido que se reconozca oficialmente el vínculo entre desahucio y suicidio, que se cuantifiquen las víctimas y que se establezcan protocolos de prevención en todos los juzgados y servicios sociales del Estado. Pedir algo al Consejo General del Poder Judicial, sería clamar en el desierto. Pero, exijo investigar las actuaciones judiciales de desahucios que han terminado en muertes como la de Maricarmen o graves enfermedades.

Y pido, sobre todo, que el 11 de noviembre este país se pare. Que se paren las fábricas, el transporte, los comercios, las oficinas, las aulas. Que se pare todo. Porque mientras el país productivo se detiene, la vida de los vulnerables no puede seguir siendo arrollada por la maquinaria del beneficio.

A la reacción fascista y a la especulación inmobiliaria no se les derrota en los despachos. Se les derrota en la calle. Con organización. Con dignidad. Con la fuerza constituyente de la clase obrera.

Maricarmen no está muerta. Maricarmen es una herida abierta en la conciencia de este país. Maricarmen fue difamada mientras se moría. Maricarmen fue insultada mientras agonizaba. Maricarmen fue convertida en diana de bulos, de odio, de saña. Y mientras esa herida no cicatrice con justicia, ninguna de nosotras y nosotros podrá dormir tranquila.

Olga no está muerta. Olga es otra herida abierta. Olga avisó. Olga dijo «la vulnerabilidad mata». Y nadie la escuchó. Y se quitó la vida cinco meses después de ser desahuciada. Y sus hijas, una de ellas menor de edad, tendrán que vivir sabiendo que su madre murió porque este sistema no tuvo piedad.

Y todas las Maricarmen. Y todas las Olga. Y los miles de hombres y mujeres que cada año se quitan la vida o enferman gravemente por no poder pagar un techo. Todas ellas son heridas abiertas. Todas ellas nos interpelan. Todas ellas exigen justicia.

A la Huelga General.

El rechazo a la convalidación de los dos reales decretos-ley sobre vivienda en el Congreso de los Diputados, orquestado este viernes con los votos en contra de Junts, el Partido Popular y Vox, no es un simple desacuerdo sobre política habitacional. Tras la caída de estas medidas —vendidas institucionalmente como el blindaje definitivo de la función social de la vivienda tras el dramático desahucio de Mari Carmen Abascal—, se esconde una maniobra política de mucho mayor calado. Estamos ante una venganza política consumada, un ajuste de cuentas diseñado milimétricamente desde Waterloo. Carles Puigdemont, obligado al exilio durante nueve años a raíz de la represión del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, ha hecho morder el polvo al Gobierno de Pedro Sánchez, al ser coautor el PSOE, junto al PP, de la intervención de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución Española.

Pero reducir este episodio a una vendetta personal sería un error de análisis. Lo que ha caído con los decretos no es solo un paquete de medidas habitacionales, sino la máscara de una legislatura que nació herida de muerte. Para comprender la magnitud de este jaque, debemos retroceder a la génesis de esta legislatura y, más atrás aún, a las contradicciones no resueltas del régimen de 1978. La Transición no fue una ruptura democrática, sino un reformismo, con una transformación desde arriba que preservó intactos los privilegios de la oligarquía, de la Iglesia Católica, los aparatos de poder —judicial, policial, militar— heredados del franquismo, mientras integraba a las élites políticas de la oposición en un nuevo consenso constitucional, bajo una monarquía instaurada por la dictadura franquista. Ese pacto, sin embargo, dejó sin resolver la cuestión nacional catalana y vasca, y consagró un Poder Judicial que nunca ha dejado de ser un reducto de la reacción. La crisis actual no es sino la erupción de esas contradicciones largamente reprimidas. No estamos ante un accidente parlamentario, sino ante una crisis orgánica del régimen: la clase dominante ha perdido su capacidad de ejercer la hegemonía, y el Estado se descompone por momentos.

Los siete escaños de Junts, surgidos de las elecciones generales de 2023, fueron la llave esencial para la investidura de Pedro Sánchez. La condición innegociable: la ley de amnistía. Sin embargo, el camino hacia el olvido penal se ha topado con la resistencia numantina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Mediante lo que no pocos juristas califican de subterfugios legales propios de un lawfare, el Supremo ha obstaculizado sistemáticamente la aplicación de la amnistía a los líderes del procés, especialmente en lo referente al delito de malversación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado que no existió malversación de fondos europeos en el procés. Luxemburgo rechazó que la protección de los intereses financieros de la Unión, prevista en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pueda extenderse a perjuicios exclusivamente nacionales mediante conexiones hipotéticas o indirectas. La sentencia del TJUE de julio de 2026 impedía mantener el segundo de los dos motivos esgrimidos por el juez Llarena para denegar la amnistía: el de la afectación a los intereses financieros de la UE. El magistrado del Supremo admitió que no se gastaron fondos europeos, pero se aferró al otro argumento —el supuesto beneficio personal patrimonial— para mantener la orden de detención contra Puigdemont. Esa argucia es la que ahora queda desmontada por el Tribunal Constitucional.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha puesto por escrito lo que buena parte de la doctrina venía señalando desde 2024: que el Supremo sostiene, dentro de un mismo procedimiento, dos tesis que no pueden ser ciertas a la vez. El borrador de ponencia para resolver el recurso de amparo de Dolors Bassa aprecia una contradicción «flagrante e insoluble» y una «quiebra de racionalidad inconciliable» en la doble lectura del Supremo. El texto aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y sostiene que en los hechos por los que Bassa fue condenada concurren los presupuestos que los sitúan dentro del ámbito de aplicación de la amnistía. Conde-Pumpido ha asegurado que la doctrina del Constitucional sobre la amnistía será «vinculante» y «clara» para que la aplique el Tribunal Supremo. Ha advertido que trasladará «inmediatamente» la decisión del TC que desatasca el regreso de Puigdemont. Y ha denunciado que las resoluciones del Supremo incurren «en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables». No es casual que sea el poder judicial —ese aparato que la Transición dejó intacto— el que se resista a la amnistía. La magistratura conservadora opera aquí como un intelectual orgánico de la reacción, defendiendo los intereses de las fracciones de clase que no aceptan la más mínima concesión al soberanismo catalán.

Con la garantía de que el Tribunal Constitucional amparará finalmente a los soberanistas catalanes y con el aval de la justicia europea ya materializado, Puigdemont ha decidido que era el momento de ejecutar su estocada. Ernesto Ekaizer lo ha anticipado con claridad: «Llarena y Marchena se han rendido; a partir del 15 de octubre, Puigdemont podría volver a Cataluña sin ser detenido». El periodista señala que, una vez el TC resuelva el primer recurso —el de Jordi Turull—, Llarena deberá archivar todas las causas y caerá la orden de detención contra el expresident. «Seguramente, ahora ya les interesa más que Puigdemont vuelva; así crean tensión en los medios y se aseguran que su retorno se resolverá antes de que Feijóo sea presidente», señala Ekaizer. La foto del retorno de Puigdemont con el Estado español en una quiebra del régimen del 78 será el trofeo de una venganza consumada.

Durante las últimas semanas, Junts ha mantenido una estrategia simuladora. Ha participado en aparentes negociaciones con el Ministerio de Vivienda, incluso logrando introducir exigencias propias y que se partiera en dos la normativa original. El texto final tenía una impronta de Junts que algunas fuentes del Gobierno cifraban incluso en un 80%. El Gobierno incorporó medidas de Junts y PNV para los propietarios, incluyendo deducciones fiscales de hasta el 100% del impuesto sobre el alquiler si el pequeño propietario suscribía un nuevo contrato bajando la renta más de un 5%. Se incluyeron garantías para los propietarios en caso de desahucios: si un procedimiento se suspendía por vulnerabilidad del inquilino, la administración competente debía asumir y compensar al propietario por los impagos de rentas. El Gobierno calculaba que las bonificaciones incluidas suponían unos 330 millones de euros que se ahorrarían los pequeños propietarios en su declaración de la renta.

Sin embargo, la intención subyacente siempre fue aprovechar el momento oportuno —en este noveno aniversario de las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 y el inicio de la represión en Catalunya — para votar en contra y hacer colapsar al Ejecutivo español. La Ejecutiva Nacional de Junts anunció, precisamente en el 1 de octubre de 2026, su voto en contra y pidió al PSOE que retirase las dos normas. La portavoz, Míriam Nogueras, acusó al Gobierno de «engañar a la gente» y de darle una «falsa esperanza». «Hay que decir la verdad, sea cual sea el precio», proclamó Nogueras, criticando que los decretos no actuaban contra los fondos buitre y sí contra los pequeños propietarios. Pero la realidad es que la concepción propietarista de Junts —su defensa a ultranza del pequeño arrendador frente a las medidas de protección al inquilino— fue la coartada social perfecta para consumar la venganza. Junts no votó contra el decreto por su sesgo propietarista; utilizó su sesgo propietarista como excusa para votar contra el Gobierno. El informe interno de Junts calificaba el decreto de «trágala» y detallaba diez motivos para rechazarlo. El resultado fue una derrota parlamentaria sin paliativos: 172 votos a favor y 178 en contra en el primer decreto; 166 frente a 184 en el segundo. Los siete diputados de Junts fueron decisivos. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, lo dijo sin ambages: «Sus intereses particulares putean a miles de personas». La prensa internacional habló de «sonora derrota» y de «profundización de la crisis política» para Sánchez.

Al tumbar los decretos, Puigdemont no solo castiga al PSOE. Contribuye de forma decisiva a colapsar al Gobierno, facilitando objetivamente la ofensiva reaccionaria de los aparatos judiciales, policiales, mediáticos y de la alianza PP-Vox. Y lo hace en un contexto de alta volatilidad, con la espoleta geopolítica de Ceuta activada y sin resolver. Porque Ceuta no es sólo un telón de fondo: es el incendio que Puigdemont aviva con su voto. Entre el 30 y el 31 de julio, entre 75.000 y 85.000 personas entraron irregularmente en la ciudad autónoma desde Marruecos, una cifra equivalente a la práctica totalidad de su población censada (83.595 habitantes). El informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras concluyó que no fue un fenómeno espontáneo, sino una operación de «guiado activo de la masa» por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, calificada como «una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual». El documento no descarta que Marruecos «intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos». Una jueza española de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación formal; Marruecos lo niega y el Gobierno español apenas pide «repensar» la relación.

Pero la dimensión más grave de esta crisis es la humanitaria. Amnistía Internacional ha documentado, tras entrevistar a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo —entre ellas 31 menores y 26 mujeres, dos embarazadas—, un patrón sistemático de agresiones por parte de militares españoles que «según patrones internacionales, podrían definirse como tortura»: palizas, acoso, robo, destrucción de teléfonos, insultos, amenazas para abandonar Ceuta, humillaciones como obligar a musulmanes a arrodillarse para besar una cruz, y un «hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba». Un testimonio documentado describe cómo un migrante fue esposado, metido en un maletero, amordazado y golpeado contra un árbol antes de ser arrojado por un terraplén, quedando 25 días sin poder caminar. La organización ha tenido acceso a vídeos que muestran a militares encapuchados golpeando de noche a migrantes o rociándoles con espray irritante, y expulsándoles a la fuerza a Marruecos. En este escenario de crisis humanitaria, tensión diplomática y sospecha de agresión territorial, los motivos espúreos del voto de Junts cobran una gravedad inusitada. Es gasolina sobre el incendio. El expresident prioriza la venganza política y el cálculo electoral: ver pasar el cadáver del Gobierno español cuando, por fin, regrese a Catalunya, como líder del independentismo amparado por el Constitucional y ante un Supremo doblegado como actor político. Pero su venganza no se detiene en Sánchez. Puigdemont espera pacientemente a que el Partido Popular muerda el polvo. El otro coautor de la represión de 2017, el Partido Popular, será el siguiente en la lista. Quiere ver a Feijóo, también, bajo su dependencia política si no quiere cogobernar con el fascismo de Vox, si necesita de los votos de Junts para gobernar.

Toda esta crisis institucional encierra una lección pedagógica ineludible. Es cierto que el principal Real Decreto-ley que acaba de decaer era estructuralmente insuficiente. Hacía demasiadas concesiones al capital inmobiliario, premiaba fiscalmente al acaparador de viviendas, asfixiaba a los asalariados y pensionistas, a la vez que cubría las pérdidas de los propietarios mediante compensaciones con fondos públicos. Su única virtud era suponer un dique de contención legal, por mínimo que fuera, frente a la barbarie especulativa y la ofensiva reaccionaria. Sin embargo, su naufragio a manos de Junts demuestra que el marco parlamentario burgués tiene límites infranqueables. No se puede desmercantilizar la vivienda, ni asegurar una vida digna, sin confrontar de raíz con la sagrada propiedad privada; y esa tarea, históricamente, no cabe en la convalidación de un decreto-ley nacido de los pactos de pasillo. 

Frente a la miseria del cálculo electoral y el tacticismo político, se alza la única fuerza capaz de cambiar el tablero: la calle. Las mareas de cientos de miles de personas, las acampadas masivas, la desobediencia civil y el pulso inquebrantable del movimiento por la vivienda han demostrado cómo se pueden mover las posiciones políticas de los gobiernos en favor de las clases populares. Es imperativo que el contrapoder de la movilización popular destierre, de una vez por todas, estas intrigas y venganzas palaciegas burguesas. Quienes han tumbado estas medidas han jugado frívolamente con el techo de miles de familias para satisfacer sus vendettas políticas y expectativas electorales, allanando el camino al fascismo. Pero no seremos su daño colateral. Si el parlamentarismo burgués se ahoga en sus propias miserias, debe ser la autoorganización en los barrios, la huelga general y la fuerza constituyente de la clase trabajadora los que desborden los despachos y barran sus privilegios. A la decadencia de sus palacios, debemos oponer la firmeza implacable del contrapoder popular, favorecedor de un cambio en la correlación de fuerzas, con organización y permanencia, que arrebate a la burguesía su hegemonía, desarticule su bloque de poder y abra paso a la construcción de un poder popular capaz de disputar, desde abajo y desde la calle, la dirección de la sociedad y sus instituciones. No para administrar el Estado tal como está, sino para transformarlo de raíz. República, Socialismo y Derecho a la autodeterminación de los pueblos.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, constituye un acontecimiento revelador de las dinámicas de clase que rigen el Estado contemporáneo. Vendido por la propaganda institucional como el blindaje definitivo de la función social de la vivienda y la respuesta urgente a la emergencia habitacional tras el dramático desahucio de Mari Carmen Abascal, un análisis riguroso de su texto definitivo —frente a las expectativas y críticas formuladas sobre sus borradores previos— desenmascara una realidad incuestionable: la norma vuelve a priorizar la lógica propietarista y las exigencias del mercado capitalista por encima de las necesidades materiales de la clase trabajadora. Pese a la introducción de parches administrativos sobre los alquileres de temporada, el régimen de habitaciones o la suspensión condicionada de lanzamientos, el decreto profundiza la financiarización del sector inmobiliario mediante mecanismos como la «Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa» —un nuevo instrumento de ahorro con ventajas fiscales que busca movilizar el ahorro minorista inmovilizado de los hogares (en depósitos bancarios o efectivo) y canalizarlo hacia la economía real y los mercados de capitales del Espacio Económico Europeo (EEE), reduciendo la presión de la inversión especulativa sobre el mercado inmobiliario residencial — y un abanico de incentivos fiscales diseñados a la medida de rentistas y Socimis.

Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, conocidas por el acrónimo SOCIMI, son vehículos de inversión colectiva que, bajo un régimen fiscal privilegiado —exención del Impuesto sobre Sociedades a cambio de repartir la mayor parte de sus beneficios vía dividendos—, se han erigido en agentes centrales de la financiarización de la vivienda. Su lógica no es la producción de hogares, sino la captura de rentas: adquieren edificios residenciales completos, los transforman en activos financieros y presionan al alza los precios del alquiler, expulsando a la población de los centros urbanos. En la última década, las SOCIMI han colonizado el mercado residencial español, comprando carteras de viviendas a fondos buitre y convirtiendo barrios enteros en activos de rendimiento. El Real Decreto-ley, lejos de frenar esta colonización, la incentiva: introduce un gravamen del 25% sobre los beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial, pero lo reduce al 50% o incluso al 100% si las SOCIMI destinan más del 80% de su parque al alquiler asequible o reinvierten en él. Se consolida así una nueva frontera de negocio: la vivienda asequible como nicho de rentabilidad garantizada por el Estado.

Esta subordinación de los derechos sociales al capital es, desgraciadamente, la consecuencia lógica de los límites estructurales del parlamentarismo burgués. El articulado del Real Decreto-ley elude intervenir de forma estructural el régimen de la propiedad privada especulativa o desmantelar la acumulación del suelo. Al convertir la vivienda en un activo financiero protegido e incentivar la canalización del ahorro minorista hacia los mercados de inversión europeos, el Estado actúa como garante de las rentas del capital. La protección concedida a los propietarios y la regulación asimétrica del mercado del alquiler demuestran que, bajo la legalidad vigente, la propiedad privada sigue operando como una trampa que estrangula las condiciones de vida populares.

El examen de la letra pequeña confirma la primacía del propietarismo. En materia de desahucios, el decreto establece una suspensión para personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el demandante sea un fondo buitre, pero para el resto de los casos articula un mecanismo de «enervación extraordinaria» en el que la Administración queda obligada a pagar las rentas adeudadas o, en su defecto, a subrogarse en la posición del inquilino. Lejos de garantizar el derecho a la vivienda con cargo a los beneficios del capital, la norma socializa las pérdidas de los arrendadores mediante compensaciones con fondos públicos. El Estado no protege el techo; actúa como un seguro privado con cargo a la Hacienda Pública para garantizar el dividendo del rentista. Los impuestos que paga la clase obrera a través del IVA (en Canarias IGIC) y el IRPF servirán para pagar la renta al gran tenedor.

La asimetría fiscal es sangrante. El artículo 6 de la norma reforma el IRPF para introducir reducciones de hasta el 100% en los rendimientos del alquiler para los arrendadores que cumplan determinadas condiciones, mientras que a los inquilinos con salarios medios o bajos se les ofrece una paupérrima deducción del 10% con límites de base imponible. Se premia fiscalmente al acaparador mientras se asfixia al asalariado. La regulación del alquiler temporal, pese a definir la causa justificada y limitar a doce meses los contratos, carece de una inspección administrativa de oficio y de un régimen sancionador severo para los propietarios que fraudulentamente encubren alquileres de vivienda permanente. Se aboca al inquilino a una judicialización civil inasumible. Los recargos del IBI a pisos vacíos o turísticos se dejan como una mera facultad opcional para los ayuntamientos, lo que en la práctica los convierte en papel mojado.

Para desentrañar la arquitectura de este decreto-ley y anticipar su votación parlamentaria de este viernes en el Congreso de los Diputados, es indispensable examinar la correlación de fuerzas políticas y el trasfondo de las alianzas de clase. El Gobierno de coalición enfrenta una persistente y encarnizada ofensiva de corte golpista articulada por el bloque reaccionario fascista español. En este panorama de alta inestabilidad, donde la espoleta geopolítica de Ceuta amenaza con convertirse en el elemento desencadenante de una quiebra institucional, la supervivencia del Ejecutivo depende del alineamiento parlamentario de Junts. Como representación política de la burguesía catalana, Junts actúa como un aliado natural de clase del bloque reaccionario; sin embargo, no le interesa, al igual que al PNV, la caída inmediata del Gobierno debido a la necesidad táctica de garantizar la aplicación íntegra de la amnistía a los condenados del procés. Esta contradicción explica por qué el Real Decreto-ley ha sido moldeado con un indiscutible sesgo propietarista: ha sido concebido para satisfacer las exigencias de la patronal y los rentistas que representa Junts y PNV y amarrar así su voto a favor en la convalidación del viernes.

Paralelamente, la temperatura de la lucha de clases no se mide únicamente en los escaños, sino en las calles. La acampada en la Plaza del Sol se ha erigido en un símbolo de antifascismo activo y resistencia popular en defensa del derecho a la vivienda y contra la voracidad especulativa. El hostigamiento, las amenazas de violencia fascista y la presión difamatoria desde aparatos ideológicos de la reacción, que sufre esta movilización, evidencian que el fascismo actúa como el brazo ejecutor del capital cuando este siente amenazados sus privilegios. Frente a la agresión fascista que pretende aplastar la protesta en las plazas, la lucha antifascista y la defensa de las conquistas populares exigen la mayor firmeza organizativa. Lo que no tiene justificación alguna es que la Ley Mordaza no se haya derogado.

En este complejo escenario dialéctico, el Real Decreto-ley 26/2026 expone sin ambages las severas limitaciones del orden burgués, incapaz de ofrecer una salida verdaderamente emancipadora a la crisis de la vivienda. Es una norma estructuralmente insuficiente que concesiona demasiado al capital inmobiliario. No obstante, la coyuntura histórica impone una lectura táctica insoslayable: la convalidación de este Real Decreto-ley el próximo viernes en el Congreso es imprescindible para cerrar el paso a la ofensiva reaccionaria y evitar que el fascismo capitalice un colapso del Gobierno. Reconocer la insuficiencia de la vía parlamentaria no equivale a ceder terreno al enemigo de clase. Al fascismo no se le da ni el más mínimo margen de maniobra. La aprobación del decreto debe asumirse como una trinchera defensiva temporal para contener la embestida golpista, mientras la clase trabajadora redobla la movilización en las calles y en las acampadas populares.

La convalidación de esta norma, con todas sus insuficiencias, posee además un valor pedagógico y estratégico de primer orden. Demuestra que la movilización popular sostenida —las mareas de centenares de miles de personas, las acampadas, el pulso del Sindicato de Inquilinas— arranca concesiones al poder, aunque sean mínimas y estén diseñadas para desmovilizar. Evidencia que la correlación de fuerzas no es inmutable y que la presión en la calle condiciona la letra de la ley. Pero también revela, con crudeza, que el marco parlamentario burgués tiene límites infranqueables: no se puede desmercantilizar la vivienda sin enfrentar la propiedad privada, y esa tarea no cabe en los estrechos márgenes de la convalidación de un decreto-ley. La lección es clara: la eficacia de la movilización debe traducirse en organización permanente y en la construcción de una mayoría política y social que desborde por la izquierda al PSOE. No estamos en las condiciones de la toma del Palacio de Invierno ni en las de La Comuna de París; sería un error infantil aventurerista confundir la correlación actual con una situación revolucionaria. Pero tampoco estamos en una normalidad democrática: hay un asedio fascista y golpista que exige unidad, firmeza y una alternativa de poder. Esa alternativa pasa por articular una mayoría unitaria, transformadora, socialista y soberanista, capaz de disputar la hegemonía en las instituciones y en las calles, de convertir la rabia en proyecto y la protesta en poder popular. La crisis de la vivienda no se resuelve remunerando al rentista con incentivos fiscales ni autorizando subidas del 2% sobre precios abusivos; se resuelve desmercantilizando el suelo y garantizando el techo por la vía del derecho y la justicia social.

El materialismo histórico nos impide leer la realidad como un álbum de fotografías desconectadas; nos exige analizarla como una totalidad donde cada encuadre revela los intereses de clase en pugna. La coyuntura que atraviesa el Estado español no responde a una sucesión accidental de crisis —migratoria, habitacional, judicial—, sino a una operación de desestabilización a gran escala. Es una ofensiva orquestada por el bloque dominante para someter a un Gobierno que, débil y claudicante, ha perdido el control efectivo de sus propios aparatos represivos. Asistimos, en definitiva, al levantamiento del Estado profundo.

Para descifrar esta ofensiva, el análisis debe partir del laboratorio del horror en el que han convertido a Ceuta. La crisis desatada a finales de julio trasciende el drama humanitario: es un episodio de guerra híbrida donde Estados Unidos, Israel y Marruecos han instrumentalizado la migración como arma y la frontera como trinchera. Este escenario ha operado como el caldo de cultivo perfecto para la fascistización acelerada de las fuerzas de seguridad del Estado. La normalización de agresiones y emboscadas con intervención militar, así como el despliegue de 4.100 efectivos y la dotación de gas pimienta a patrullas admitidos por el Ministerio de Defensa, evidencian una deriva autoritaria alarmante. Una impunidad que envalentona a los sectores neofascistas, tal como demostró el intento de linchamiento a una diputada de Ceuta Ya! el pasado 21 de septiembre. Cuando la violencia parapolicial se dirige contra cargos electos ante la mirada pasiva del Estado, presenciamos los prolegómenos de un fascismo de nuevo cuño.

Este asalto no ocurre en un vacío geopolítico, sino en un marco deliberado por el imperialismo atlantista. Washington y Tel Aviv, utilizando a Rabat como gendarme delegado, tejieron las condiciones propicias para golpear al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aprovechando la vulnerabilidad de la frontera sur, inyectaron una dosis letal de inestabilidad para castigar y neutralizar cualquier atisbo, por mínimo que fuera, de autonomía política y diplomática.

Esta bestialidad represiva no es una anomalía periférica; es la misma maquinaria coercitiva que opera en las calles de Madrid para blindar la especulación inmobiliaria. El infame desahucio de Maricarmen, arrancada de su hogar a los 87 años vulnerando frontalmente los mandatos sobre derechos humanos de la ONU, es la prueba de cargo de un Gobierno aislado y asediado. La claudicación gubernamental ante la no convalidación parlamentaria del Real Decreto Ley antidesahucios en marzo hizo que se entregara a la clase trabajadora a las fauces del rentismo. Y la respuesta del Estado fue, invariablemente, la fuerza bruta: antidisturbios dando porrazos, retorciendo brazos, aplastando cabezas y cuellos ante resistencias pacíficas y posteriores cargas con pelotas de goma en el Paseo de la Castellana contra las 10.000 personas que salieron a protestar. No son frentes inconexos. Obedecen a una lógica unívoca: la vivienda como mercancía, la frontera como trinchera, la protesta como delito. El Estado burgués no arbitra entre clases; administra la correlación de fuerzas y, ante la rebelión de la mayoría social, enseña la porra y ejerce la brutalidad policial.

En este análisis de la totalidad, la crítica marxista debe apuntar inexcusablemente a quienes, arrogándose la representación obrera, eluden las últimas consecuencias de su posición. Como certeramente se ha apuntado desde reflexiones como las publicadas en Hojas de Debate, el desahucio de Maricarmen exigía ejercer una posición neta de vanguardia. Es cierto que figuras como el secretario general del PCE, Enrique Santiago, o la eurodiputada Irene Montero, asistieron a las movilizaciones posteriores, pero lo hicieron resguardados en un cómodo segundo plano. Desde posiciones comunistas o feministas de genuina transformación, el lugar histórico en el momento crítico no era la presencia testimonial en la retaguardia, sino la puerta de esa vivienda. Dejar a la ciudadanía sola frente a la crudeza de la represión es una renuncia política inaceptable. Un liderazgo conectado con los intereses de clase no busca el foco mediático; planta el cuerpo en primera línea junto a los desahuciados para intentar detener la violencia estatal con su presencia. La vanguardia no se decreta desde las actas parlamentarias; se ejerce poniendo el cuerpo. Si se reclama representar a la clase trabajadora, hay que asumir su riesgo, su represión y su dignidad. Lo contrario no es táctica institucional, es la simple gestión de la derrota.

Se revela así un doble cortocircuito: por un lado, una izquierda institucional incapaz de asumir la vanguardia en la calle; por otro, un Ejecutivo sin control sobre unas fuerzas de seguridad que emplea la saña con la protesta social, ni sobre algunos efectivos militares que aplican lógicas de guerra sucia en la frontera. Este desgaste basal es instrumentalizado sin piedad por las altas magistraturas en su particular cruzada de lo que puede parecer un “golpismo judicial”, cuando se concatenan hechos objetivos. Al suspender la 'Ley de Nietos', avalar desahucios y procesar al entorno familiar presidencial más estrecho, la judicatura conservadora abona objetivamente el terreno reaccionario. No es una disputa técnica: es una guerra de posiciones gramsciana, librada con togas y sumarios, mientras las porras garantizan el orden material del capital.

La culminación de esta estrategia cristalizó el sábado 26 de septiembre de 2026, en Madrid. Bajo el pretexto de defender Ceuta, una supuesta “Sociedad Civil Española” marchó arropada abiertamente por el PP y Vox. En la cabecera, Santiago Abascal se dio un baño de multitudes al grito de “¡presidente!”. La ausencia de Núñez Feijóo, sustituido por Miguel Tellado, evidenció la sumisión discursiva del Partido Popular. Tellado clamó contra una supuesta “invasión”, comparó al Gobierno con el narcotráfico y evadió rechazar la exigencia de Vox de juzgar a Sánchez por traición. El fascismo vertebra ya a la derecha española: Vox impone el marco y el PP se pliega. No es un estallido espontáneo, sino una ofensiva coordinada donde judicatura, cúpulas policiales, medios, extrema derecha e imperialismo convergen para derribar cualquier posibilidad de gobierno autónomo y disciplinar a las clases populares.

Pero ese mismo sábado 26 de septiembre, mientras la reacción exhibía un músculo, que resultó desinflado, en el “Arco de la Victoria”, la dialéctica de clases materializó su réplica. Una marea de 300.000 personas desbordó el centro de Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más”. Convocada por el Sindicato de Inquilinas, esta marcha intergeneracional trazó una línea nítida de confrontación: “O con el capital o con la clase obrera”. El clímax llegó con la acampada en la tarde noche en la Puerta del Sol, un eco ineludible del 15-M, coronado por el mensaje de la propia Maricarmen instando a convertir su drama en el motor del cambio legislativo. Al repicar de llaves y bajo la consigna “O cae el rentismo, o cae el gobierno”, los manifestantes demostraron que el espacio público sigue en disputa.

La movilización, extendida a 40 ciudades en todo el Estado (en Las Palmas de Gran Canaria convocó 20.000 personas, aproximadamente) marca un ultimátum al Consejo de Ministros de cara al inminente decreto de vivienda. Las exigencias son innegociables: obligación de causa justificada para no renovar contratos, rebajar, topar o congelar precio de alquileres, conversión contractual a modelos indefinidos y regulación estricta de los alquileres de temporada. La advertencia del Sindicato de Inquilinas a CCOO y UGT para convocar una huelga general por la vivienda evidencia que el motor de la historia vuelve a girar por la base.

Esta irrupción no es un accidente. Es la respuesta organizada de la clase trabajadora a la ofensiva del bloque dominante. Un actor colectivo como el Sindicato de Inquilinas, nacido de la necesidad popular, ha asumido la posición de vanguardia que la izquierda parlamentaria dejó vacante. La conclusión es nítida: el aparato estatal está operando con una autonomía relativa que lo erige en ariete de las oligarquías. Frente a un Estado en guerra contra la mayoría social y una izquierda institucional que no comparece donde se la necesita, las clases populares no pueden limitarse a hacer de escudo humano del progresismo.

Urge la articulación de un contrapoder real: democratizar de raíz los aparatos de seguridad y justicia, desmilitarizar las fronteras, regularizar a los migrantes como sujetos de derecho, articular mecanismos solidarios de reubicación temporal en la Península y la UE, y expropiar de forma implacable a los especuladores que han convertido la vivienda en un botín. La acampada en Sol es la semilla de ese contrapoder. No basta con resistir; hay que organizar, disputar y gobernar desde abajo. La disyuntiva histórica no es entre orden y caos, sino entre democracia popular y autoritarismo oligárquico. Y esa batalla, contra el fascismo y la especulación inmobiliaria, no se libra solo en los escaños, sino en los barrios, en las plazas ocupadas y en las fronteras. Ayer la mayoría social dio un paso al frente; la pregunta ya no es si el contrapoder es posible, sino con qué firmeza seremos capaces de construirlo.

El Memorando de Entendimiento firmado en Cardiff el 14 de septiembre de 2026 trasciende con mucho la coyuntura británica. No estamos ante una simple alianza táctica, sino ante el síntoma inequívoco de la quiebra del modelo centralista de Westminster y de la crisis orgánica de hegemonía del bloque dominante. Suscribieron el documento John Swinney, jefe del Gobierno escocés y líder del SNP (Scottish National Party / Partido Nacional Escocés); Rhun ap Iorwerth, dirigente de Plaid Cymru (Partido de Gales) y ministro principal galés, y Michelle O’Neill, líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte. Los tres participaron en calidad de máximos responsables de sus respectivas formaciones políticas, sin actuar formalmente en representación de los Ejecutivos regionales, subrayando el carácter de alianza estratégica entre movimientos de emancipación nacional.

Los firmantes articulan proyectos con dinámicas históricas específicas —el SNP persigue la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia para Escocia; Plaid Cymru defiende la ampliación del autogobierno galés dentro de un proceso destituyente del Estado unitario; y Sinn Féin abandera la reunificación de la isla de Irlanda—, pero coinciden en un eje doctrinal irrenunciable: el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación. El propio texto lo proclama sin ambages: «Para quienes observan en estas islas —y para quienes observan en todo el mundo— no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin».

Ese agotamiento estructural del Estado centralizado e imperial británico se inscribe en una mutación geopolítica de alcance planetario: la crisis irreversible del orden unipolar imperialista y el avance hacia un horizonte multipolar. Esta transición encuentra sustento doctrinal e institucional en instrumentos de la diplomacia colectiva como la Declaración de Nueva Delhi de los BRICS (acrónimo del bloque geopolítico integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevos Estados miembros), adoptada el 13 de septiembre de 2026. Dicho texto propugna la refundación de las relaciones internacionales sobre los pilares del multilateralismo polisémico, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la observancia estricta del Derecho Internacional.

Frente a esta inevitable redistribución del poder global, la respuesta estratégica del bloque atlantista ha sido la hipertrofia militar y el atrincheramiento ideológico. Asistimos a la implantación coercitiva de una economía de guerra y a la derivación sistemática de recursos públicos hacia los complejos militares e industriales, desmantelando los derechos sociales y precarizando las condiciones de vida de la clase trabajadora. Para legitimar esta transferencia de rentas hacia el capital armamentístico, las oligarquías occidentales reactivan el supremacismo neocolonial que dibuja a la metrópoli imperial como un «jardín» que debe ser protegido frente a la «selva» exterior mediante el bloqueo, la sanción unilateral o la intervención militar directa. Esta lógica segregadora constituye el caldo de cultivo ideal para el neofascismo, el racismo institucional y el autoritarismo de Estado, diseñados para fracturar la conciencia de clase y neutralizar la resistencia popular.

En este tablero de confrontación, la libre determinación de los pueblos emerge como la herramienta jurídica y política indispensable para la salvaguarda de la paz y la soberanía material. La Carta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en su artículo 1.2, consagra como principio rector la cooperación fundada en el respeto a la igualdad de derechos y a la autodeterminación de las naciones. Este precepto adquiere fuerza vincular e indisoluble en el artículo 1 común al PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y al PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), al tipificar que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» para fijar su condición política y proveer a su desarrollo económico y social.

Asimismo, la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU, de 14 de diciembre de 1960 —Carta Magna de la Descolonización—, resolvió que «todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la plena libertad, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional», exigiendo el traspaso incondicional del poder a los pueblos no autónomos. El control efectivo sobre la propia estructura productiva y los recursos estratégicos es la premisa sine qua non para liquidar la subordinación neocolonial.

El Acuerdo de Cardiff se entronca directamente con esta doctrina internacionalista al afirmar: «Cada una de nuestras naciones tiene el derecho a determinar su propio futuro, por medios democráticos y de acuerdo con la voluntad de su pueblo». Y añade: «Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestros pueblos decidirán su propio futuro». Si bien el memorando reconoce las «distintas posturas constitucionales» de los firmantes, sitúa la legitimidad democrática por encima de la legalidad formal impuesta por el centro imperial. Reclama además que el Ejecutivo británico «prepare, planifique y facilite el cambio constitucional», señalando la urgencia de desmontar la arquitectura económica caduca de Whitehall —término que designa al centro neurálgico del poder administrativo, ministerial y ejecutivo del Estado británico concentrado en Londres— para poner la riqueza energética al servicio de la mayoría social.

La extrapolación de estas premisas al Estado español resulta insoslayable. El régimen constitucional de 1978 padece un colapso de legitimidad frente a las aspiraciones explícitas de soberanía, principalmente, hoy, de Catalunya y Euskal Herria. Su arquitectura jurídica opera como un dispositivo de petrificación centralista al servicio de las corporaciones privadas, la oligarquía financiera y bancaria de la metrópoli. Pretender encorsetar las realidades nacionales mediante el fetichismo legal o la coerción judicial ignora que la norma positiva no es más que la cristalización formal de una correlación de fuerzas determinada. Una articulación democrática y pacífica entre pueblos solo puede emanar del pacto libremente asumido desde el ejercicio de la soberanía originaria.

En este entramado de contradicciones, Canarias padece una vulnerabilidad geopolítica crítica. Relegado históricamente a una condición periférica y dependiente, el Archipiélago experimenta una peligrosa mutación estructural: su conversión acelerada en plataforma logística, tecnológica y militar avanzada de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) para proyectar operaciones hacia el Sahel, África Occidental y el Magreb. Bajo la cobertura del discurso oficial de la «diversificación económica», consorcios tecnológicos y clústeres de la industria armamentística absorben ingentes recursos públicos para desarrollar infraestructuras de doble uso militar. Esta deriva integra a las islas en el engranaje de agresiones imperiales, transformándolas en «zona hostil» y objetivo táctico directo en eventuales conflictos bélicos, vulnerando el mandato democrático dictado por el pueblo canario el 12 de marzo de 1986, cuando votó mayoritariamente contra la permanencia en la OTAN.

La viabilidad procedimental de la autodeterminación cuenta con referencias claras en el Derecho Comparado. El caso de Nueva Caledonia en relación con la República Francesa resulta ilustrativo: El Acuerdo de Bougival (12 de julio de 2025) fue suscrito en Francia entre el Gobierno central y representantes lealistas e independentistas Kanakos para fijar un nuevo modelo estatutario tras el fin del ciclo de Numea y la crisis institucional de 2024: Define a Nueva Caledonia como un “Estado autónomo” integrado en la República Francesa; introducen la consulta obligatoria a las autoridades locales sobre la estrategia militar en el Indo-Pacífico y prevén un mecanismo para una eventual cesión en materia de defensa; y se reconoce la nacionalidad caledoniana. El precedente demostró que el ejercicio de la soberanía puede articularse mediante vías internacionalmente homologadas y jurídicamente ordenadas. Canarias, como territorio geográficamente africano y de significación ultraperiférica, dotado de una identidad histórica diferenciada y una vocación pacifista ratificada en las urnas, exige un proceso análogo de restitución soberana.

Frente a la arquitectura del vasallaje atlantista, la respuesta estratégica de la clase trabajadora canaria debe ser la consecución de un Estatuto de Neutralidad Activa para el Archipiélago, como una de las expresiones del derecho a la autodeterminación. Un régimen normativo garantizado internacionalmente que declare al territorio canario estrictamente desnuclearizado, libre de armas de destrucción masiva, exento de bases militares extranjeras y blindado ante su instrumentalización para guerras de agresión o maniobras imperiales. Este Estatuto debe incorporar una cláusula de salvaguarda que impida la «guantanamización» de las islas: evitando que, mediante la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, el suelo canario sea convertido en una cárcel a cielo abierto y un centro de reclusión exterior para las masas migrantes desposeídas por el expolio neocolonial en sus países de origen.

La neutralidad territorial activa no es un postulado utópico, sino una figura con amplio anclaje en el Derecho Internacional Público. Las Islas Åland representan un modelo de desmilitarización y neutralidad garantizado por convenios internacionales vigentes, conservando un estatus sui generis respetado por las potencias globales. Asimismo, la República de Malta consagra en el artículo 1 de su Constitución el principio de neutralidad activa, definiéndose como un Estado no alineado que prohíbe la instalación de bases extranjeras y persigue activamente la paz. Para Canarias, la neutralidad no significa aislamiento, sino la condición previa para erigirse en un puente tricontinental de cooperación, diplomacia de paz y solidaridad con los pueblos del Sur global.

Desmantelar la falacia del centralismo atlantista es una tarea urgente para frenar la deriva hacia el rearme global y el neofascismo. La autodeterminación de las naciones y el establecimiento de franjas de neutralidad activa en territorios de alta sensibilidad geoestratégica no dividen a las clases populares; al contrario, constituyen la premisa material para levantar una alternativa fundada en la paz, la justicia redistributiva y la emancipación social. Frente al diktat de la economía de guerra y la subordinación imperial, la libre determinación de los pueblos señala el único camino firme hacia un orden multipolar, justo y democrático.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho lo que el Tribunal Constitucional no quiso hacer en 2021: desautorizar de manera concluyente la denominada doctrina Marchena. Este 3 de septiembre, en el caso Molina Marín y otros contra España, Estrasburgo ha condenado a España por vulnerar el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos —derecho a la libertad de reunión pacífica, interpretado a la luz del artículo 10— en relación con cuatro manifestantes del colectivo Aturem el Parlament, a quienes el Tribunal Supremo había impuesto penas de tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado.

No se trata de un mero correctivo ni de una discrepancia interpretativa menor. La resolución pone en cuestión todo un modelo de Derecho penal de corte autoritario, asentado en construcciones dogmáticas que vacían de contenido las garantías procesales básicas. El Tribunal Europeo no blanquea lo ocurrido entre el 14 y el 15 de junio de 2011. Reconoce que hubo una perturbación seria del funcionamiento del Parlament, que el acceso de los diputados quedó gravemente dificultado —solo 70 de 135 lograron entrar, algunos en helicóptero y vehículos policiales— y que se produjeron actos de acoso, insultos, escupitajos y lanzamiento de líquidos. Lo que declara desproporcionado es condenar a tres años de cárcel a personas a las que la propia sentencia nacional no atribuyó ningún acto concreto de violencia.

La conducta probada de los cuatro recurrentes, Rubén Molina Marín, Ángela Bergillos Alguacil, Francisco José Cobos García y Carlos Munter Domec, consistió, según el factum, en seguir a diputados, levantar los brazos, corear consignas y reprocharles las políticas de recortes. Estrasburgo es taxativo: eso puede resultar molesto, puede constituir una obstrucción que justifique una sanción, pero no constituyó un acto de violencia ni una incitación a la violencia, y una persona no deja de gozar del derecho de reunión pacífica por los actos violentos cometidos por terceros no identificados en el curso de la manifestación. El Tribunal va más allá y desvela la ratio oculta de la condena: por su severidad, las penas buscaban un efecto de disuasión, el chilling effect de la tradición constitucional estadounidense, no solo hacia los condenados, sino hacia el conjunto de la sociedad para desalentar la participación en manifestaciones y en el debate público abierto. Por eso la vulneración subsiste aunque las penas nunca llegaran a ejecutarse, suspendidas durante más de nueve años por la solicitud de indulto y finalmente prescritas. De hecho, el TEDH ni siquiera concede indemnización; considera que la mera declaración de la violación constituye reparación suficiente.

La trayectoria procesal del caso ejemplifica con nitidez los mecanismos de criminalización por vía dogmática. En 2014, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con ponencia del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, absolvió a los acusados al constatar, desde un riguroso análisis probatorio, que los hechos se inscribían en el legítimo ejercicio de derechos fundamentales. Un año después, el Tribunal Supremo, en la STS 161/2015 de 17 de marzo, revocó aquella absolución y condenó a ocho personas. El ponente inicial, Perfecto Andrés Ibáñez, había quedado en minoría con un voto particular absolutorio que resultó profético; su borrador fue rechazado y la ponencia recayó finalmente en Manuel Marchena, presidente de la Sala. Para condenar, el Supremo no individualizó conductas. Construyó la imputación sobre un “clima coactivo” y una “atmósfera intimidatoria”, fórmulas que el Tribunal Constitucional rebautizó en su STC 133/2021, de 24 de junio, como “contexto general de intimidación ambiental”. Esa es la esencia de lo que la crítica ha denominado dolo ambiental: una ficción que permite que un gesto en sí mismo pacífico mute de significado por ocurrir dentro de una multitud hostil. El contexto deja de ser un elemento interpretativo y se convierte en sustituto de la prueba, transmitiéndose por ósmosis a todos los presentes y liberando al tribunal de la carga de acreditar responsabilidades individuales.

Frente a esta anomalía, Estrasburgo ha respondido apelando al principio cardinal del Derecho penal liberal: nullum crimen, nulla poena sine culpa certa, propria et individuali. No hay delito ni pena sin culpa cierta, propia e individual. Es doctrina consolidada desde Kudrevičius y otros contra Lituania (2015): solo restricciones necesarias, proporcionadas y basadas en hechos concretos pueden limitar la libertad de reunión. Aquí, se definieron los límites entre una protesta molesta (que las autoridades tienen el deber de tolerar, incluso si causa perturbaciones en el tráfico o la vida ordinaria) y los actos que exceden esa protección.

El reciente fallo europeo de 3 de septiembre no hace sino dar carta de naturaleza a lo que ya advirtieron los cuatro votos particulares de la STC 133/2021 —los de Cándido Conde-Pumpido, Encarnación Roca, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer—, que denunciaron una preocupante deriva de la jurisprudencia constitucional cada vez más alejada de Estrasburgo. Y no puede obviarse en qué contexto se dictó aquella sentencia del Constitucional de 2021. Fue dictada en plena resaca del juicio del procés, con una mayoría conservadora que bloqueó cualquier pronunciamiento que pudiera cuestionar la doctrina Marchena y, por extensión, debilitar la arquitectura jurídica de la sentencia del procés, cuyo ponente era también Marchena. Avalar Aturem era fortalecer el procés.

Lo más preocupante es que el mismo artificio late, idéntico, en la reciente sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo que ha inhabilitado al que fue Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa especial 20557/2024. Por mayoría de cinco frente a dos, la Sala le condena a dos años de inhabilitación especial y multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos del artículo 417.1 del Código Penal por la filtración del correo en el que Alberto González Amador admitía dos delitos fiscales. La premisa fáctica, recogida literalmente en el fallo, es que “él o alguien de su entorno, y con su conocimiento” filtró el correo. El propio tribunal lo bautiza como dolo generalizado o dolo de entorno. Es la misma matriz que en Aturem, solo que trasplantada del orden público al secreto funcionarial: se extiende el tipo a un círculo difuso, se aniquila de facto el artículo 24.2 de la Constitución y el principio de personalidad de la pena del artículo 25.1. Un delito exige autor concreto, acción típica y nexo causal probado; prescindir de la base material convierte la sentencia en un auto de fe, no en un acto de justicia. La resolución, además, no es firme y cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya anunciado, pero su mera existencia revela que la deriva ya no puede achacarse a un caso aislado.

La concomitancia de esta deriva con la dogmática de los tribunales de excepción nazis no es un recurso retórico, sino una advertencia fundada en la técnica jurídico-comparada. El Volksgerichtshof o Tribunal del Pueblo bajo Roland Freisler operaba desvinculado de la materialidad de los hechos sobre pilares que, mutatis mutandis, resuenan en ciertas construcciones de nuestra cúpula judicial: la sustitución de la prueba objetiva por la intuición ideológica del juez, el gesundes Volksempfinden; la responsabilidad del clan o culpa colectiva, la Sippenhaftung, que no juzga el acto personal sino la mera pertenencia al grupo; y la utilización de la alarma social como tipo penal autónomo, desvinculado de un bien jurídico concreto.

En Aturem no hubo violencia acreditada en los condenados por Estrasburgo; en el caso del Fiscal General no se acredita una lesión material y autónoma del bien jurídico tutelado por el artículo 417 CP —la reserva funcionarial— más allá de la difusión de un dato relativo a una conformidad por fraude fiscal, carente de contenido íntimo y destinado por su propia naturaleza a alcanzar publicidad procesal. En ambos, sin embargo, se invoca la incomodidad del poder o la alarma pública para justificar el castigo, vaciando el principio de intervención mínima del derecho penal que inspira el Estado de Derecho.

Castigar la disidencia pacífica o inhabilitar a un alto cargo público bajo la etérea premisa del entorno son herramientas de hegemonía incompatibles con una democracia plena. No existen dos Derechos penales: solo hay uno válido, el que exige hechos históricamente probados, autor inequívocamente identificado y dolo estrictamente personal. Todo lo demás es autoritarismo revestido de toga. La sentencia de Estrasburgo no es sólo una derrota jurídica para España, sino que la misma debe convertirse en una oportunidad para recuperar la ortodoxia garantista que exigen el artículo 24.2 de la Constitución y el Convenio Europeo. Corresponde ahora al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, en uso de sus facultades de revisión, adecuar su doctrina a los estándares europeos y desterrar definitivamente las ficciones del dolo ambiental y del entorno. La credibilidad del Estado de Derecho y la legitimidad de la jurisdicción penal española dependen de ello.

Hay nombres que eluden los comunicados oficiales y, sin embargo, sostienen la arquitectura profunda de una política exterior. Adil El Alami es uno de ellos. El que fue jefe de la División de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, fogueado como encargado de negocios en Panamá y consejero en México —toda una trayectoria profesional que consta públicamente y se extrae de su propio perfil en la red LinkedIn—, aterriza en septiembre de 2023 en Madrid como ministro plenipotenciario, segundo de la embajada de Karima Benyaich. El dato no es anecdótico. Es la pieza que cierra un circuito.

Lo que hemos podido documentar en los últimos días —gracias a la luz arrojada por las recientes filtraciones del grupo de hackers Jabaroot, que han dejado al descubierto las comunicaciones confidenciales y el modus operandi de la diplomacia marroquí— es el itinerario de un alto funcionario que ha pasado de gestionar la ofensiva en América Latina a tejer la hegemonía en el corazón del Estado español. Lo encontramos avalando con su presencia institucional, en la propia sede del Consejo Económico y Social (CES) de España, la firma de acuerdos de este órgano con su homólogo marroquí, presidiendo en la Universidad de Córdoba la Cátedra Fátima Al Fihri, entregando el Premio Ibn Rushd de la Concordia junto a la Fundación Baleària (*), inaugurando el Festival de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR) en Casa Árabe y bendiciendo premios de periodismo en Casa Mediterráneo.

Pero la red no se limita al folclore institucional o a la academia. El pasado mes de julio, como él mismo exhibe con orgullo en su perfil público de Linkedln, El Alami participó en la inauguración del Cybersecurity Summer BootCamp 2026 en León. Allí se codeó con la cúpula del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con el secretario de Estado español de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y con la plana mayor de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El antiguo jefe para América Latina, insertado ahora en los foros donde se coordinan las infraestructuras de seguridad digital hispanoamericanas. El círculo es perfecto.

No es casual la lista. Casa Mediterráneo, Casa Árabe o el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) no son espacios neutros; son instrumentos clave del aparato del Estado español. Cuando un diplomático marroquí se sienta en un Consejo Diplomático, cuando su embajada celebra la Fiesta del Trono con ministros del Gobierno español y con fundaciones como la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) —que teorizan la Iberofonía como un mercado de 900 millones de personas—, lo que se está produciendo es una meticulosa construcción de hegemonía en el seno de la sociedad civil y política española. El dominio no se impone ya de forma coercitiva; se normaliza y se legitima a través de la cultura, la cátedra universitaria, el premio o el foro tecnológico, forjando un nuevo sentido común que invisibiliza el conflicto.

La historia profunda, aquella que exige analizar el movimiento de las estructuras materiales por debajo de la espuma de los acontecimientos coyunturales, explica esta estrategia. En 1986, Marruecos instaló en Bogotá una de sus tres nuevas embajadas en América Latina. En 2005, Mohamed VI hizo la primera gira de un monarca alauí por el continente. No era turismo diplomático. Era la preparación de una infraestructura material: fosfatos, fertilizantes, puertos atlánticos, acuerdos de pesca y corredores logísticos. La superestructura política e ideológica vino después. En junio de 2022, la Plataforma Latinoamericana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui alertó al Parlamento Andino. En 2025, ese mismo Parlamento celebra su plenario en Marruecos y presenta al reino como el “puente natural” entre África, Europa y América Latina. En el intervalo, la cosecha extractiva da sus frutos políticos: Colombia congela sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y reconoce la soberanía marroquí; Ecuador suspende su reconocimiento en 2024; Bolivia lo hace en 2026, y Honduras y Perú se alinean en la misma órbita.

Ningún pueblo vende su política exterior por un cargamento de abono, pero ningún gobierno toma decisiones en el vacío de las relaciones de producción. Lo que Marruecos ofrece no es un simple contrato comercial, es una inserción en una cadena de valor extractiva global: yo te garantizo el insumo para tu agroexportación, la conectividad para tu mercancía y la inversión para tu puerto, y a cambio, tú normalizas el olvido de que existe un pueblo en espera de descolonización. Chile es el laboratorio perfecto: nunca ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pero su intercambio con Rabat ya roza los 80 millones de dólares y negocia el primer acuerdo comercial de su historia con un país africano, todo ello sostenido sobre la base material del fosfato.

Traer a Madrid al hombre que tejió esa red es una operación de una racionalidad implacable. Madrid no es solo la capital del Estado que en 1975 firmó la traición histórica de los Acuerdos Tripartitos. Es la sede de la comunidad iberoamericana, de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), de las universidades que forman a los cuadros latinoamericanos y, sobre todo, ha sido históricamente la retaguardia de la solidaridad con el Frente Polisario en Europa. Si se controla el relato en Madrid, se asfixia al movimiento solidario. Por eso la exhibición de poder e influencia de El Alami en el Consejo Económico y Social (CES), en la cátedra de Córdoba o en los foros de ciberseguridad de León no es una simple anécdota diplomática. Es la disputa directa por el aparato cultural y tecnológico del Estado.

La difusión de las operaciones marroquíes expuestas por los hackers de Jabaroot, amplificada por medios como El Confidencial Saharaui (ECSaharaui) —un digno ejemplo de periodismo riguroso y saharaui libre—, ha cumplido una función vital de contrapoder. Han puesto luz donde la diplomacia opaca imponía la sombra. Estas filtraciones no han revelado meros secretos de Estado; han desnudado una estructura. Y esa estructura nos dice que Marruecos no actúa como un país africano más en busca de cooperación, sino como un Estado subimperialista que, amparado por Washington y París, blindado por la tecnología de cibervigilancia y la alianza militar estratégica con Israel, por el capital logístico europeo y por la complicidad de Madrid, pretende convertir el Sáhara Occidental en simple moneda de cambio mercantil.

Frente a esta arquitectura del olvido, la respuesta solo puede articularse desde el derecho internacional y la solidaridad de clase. El Sáhara Occidental sigue siendo, jurídicamente, un territorio no autónomo pendiente de descolonización. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro fundador de la Unión Africana. Ningún plenario en Rabat, ningún foro empresarial en Alicante, ni ningún congreso en León puede borrar el hecho material de que un pueblo lleva cincuenta años resistiendo en campamentos de refugiados y bajo ocupación militar.

Por eso este artículo no es solo una denuncia; es un posicionamiento en el que afirmo que, la única solución justa, legal y duradera exige el estricto respeto al derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia mediante referéndum, con el Frente Polisario como su único y legítimo representante. La misma legalidad internacional que invocamos para Palestina debe ser exigida para el pueblo saharaui. No es casualidad que hoy Rabat y Tel Aviv consoliden un eje al amparo de los Acuerdos de Abraham, intercambiando reconocimiento diplomático por armamento y software de espionaje (Pegasus); ambas potencias comparten la misma lógica de ocupación colonial y el mismo desprecio sistemático por las resoluciones de Naciones Unidas.

África no empieza ni termina en Rabat. Los recursos naturales y las riquezas marítimas del Sáhara no pueden ser la coartada para el expolio transnacional. Y el Estado español tiene una deuda histórica que no se salda con cátedras de relaciones públicas, sino con verdad, justicia y reparación. Por un Sáhara libre.

Lo ocurrido el 22 de agosto en el estadio de fútbol Alfonso Murube de Ceuta no fue una anécdota deportiva ni el exabrupto de un calentón pospartido. Fue una operación de agitación política con guion, escenografía y firma de autor. La exhibición de camisetas con el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» —que la UD Las Palmas primero rechazó para «evitar una polémica política» y horas después abrazó en un giro tan burdo como revelador— apenas constituyó el prólogo. El acto central se retransmitió por UD Radio, el medio oficial del club, donde su presidente, Miguel Ángel Ramírez, convirtió una entidad histórica en tribuna de propaganda reaccionaria.

Las palabras son suyas y conviene fijarlas en el acta: «Que nadie juegue con Canarias, que nadie juegue con la UD Las Palmas y que nadie juegue con lo que significa España para los canarios»; «Los canarios estamos hartos de estar recibiendo inmigrantes. Somos españoles y vamos a muerte con España»; «Nunca vamos a ser marroquíes». A ello sumó el anuncio de liderar una movilización callejera para «explicarle a Marruecos que somos España». Hechos, los verbos. El juicio es el que sigue: la equipación oficial viste de amarillo y azul; la retórica que la envolvió fue, inequívocamente, parda.

La primera operación de todo impulso autoritario es gramatical: expropiar el «yo» para suplantarlo por un «nosotros» monolítico. Nadie ha otorgado a Ramírez mandato alguno para expedir certificados de canariedad ni para pautar qué siente el pueblo isleño. Se lo autoatribuye. En su «estamos hartos» fabrica una ficción demográfica y moral: pretende convertir a un archipiélago construido sobre la acogida y la dignidad en una masa informe vertebrada por el encono. Pero la democracia empieza precisamente donde se rompe esa ficción. La representación política ni se usurpa ni se liquida en un micrófono oficial: se delega, se fiscaliza y se revoca.

De la apropiación del «nosotros» a la construcción del enemigo no hay distancia; es el mismo mecanismo. Carl Schmitt definió el criterio de lo político en el antagonismo amigo/enemigo. Mientras que el constitucionalismo democrático busca neutralizar ese dualismo en el plano interno mediante el imperio de la ley y el pluralismo —relegando la enemistad existencial al ámbito de la guerra exterior—, la lógica reaccionaria la importa a la convivencia civil, convirtiendo la vida cotidiana en un campo de batalla identitario. Ramírez erige dos chivos expiatorios de un solo trazo. El enemigo externo es Marruecos, reducido a una amenaza ontológica («nunca vamos a ser marroquíes», como si la nacionalidad vecina fuese un estigma); el enemigo interno es el migrante sin papeles, blanco perfecto por su desposeimiento, sobre cuya espalda se descarga la frustración que la política formal no sabe o no quiere encauzar. Umberto Eco definía el fascismo eterno no como un partido formal, sino como una gramática del miedo: el culto a la acción, el rechazo a lo diferente y la alucinación de un pueblo asediado. Cada frase del presidente encaja con precisión quirúrgica en los epígrafes de Eco.

El discurso, además, confunde deliberadamente los marcos. Transforma una crisis humanitaria estructural en el Atlántico —la ruta migratoria más mortífera hacia Europa— en una amenaza bélica, al tiempo que degrada un contencioso diplomático de Estado sobre Ceuta y Melilla a la condición de exabrupto de trinchera. Ambos escenarios exigen respuestas de Estado: una política migratoria europea con corresponsabilidad real y una diplomacia con Rabat asentada en la firmeza de los derechos humanos, no en la concesión o el exabrupto. Ramírez no aporta nada a ninguna; incendia el debate porque el conflicto es su capital político. Y de paso, regala la cobertura ideológica que la extrema derecha ansiaba: consignas que ya no necesita formular, pues se las dicta el presidente de un club de fútbol desde su emisora corporativa.

Hay una lógica de trayectoria que explica estos reflejos. Miguel Ángel Ramírez proviene del negocio de la seguridad privada y la contención de masas —fundador de Seguridad Integral Canaria y presidente del Grupo Ralons—, distinguido en su día con la Medalla al Mérito Militar y la Mención Honorífica Policial. No se trata de un prejuicio, sino de un prisma de análisis: quien ha levantado su fortuna sobre el control de multitudes tiende a concebir la ciudadanía como un aforo que se administra, el conflicto social como un problema de orden público y la política como una extensión de la vigilancia. Ante la complejidad, su protocolo no es la deliberación democrática, sino la apelación al cuartel. Canarias imaginada como plaza sitiada; el estadio como patio de armas; la afición como guarnición militarizada. Ese «vamos a muerte» trasciende la metáfora deportiva: es el lenguaje del estado de excepción proyectado sobre la sociedad civil. Frente a ello, nuestro ordenamiento constitucional contrapone la primacía de la vida civil sobre la militar. Las Fuerzas Armadas tienen encomendada la misión del artículo 8.1 de la Constitución, no el magisterio de los sentimientos cívicos para actuar autónomamente. Militarizar la palabra pública es subvertir esa jerarquía.

El relato de Ramírez se sostiene sobre una profunda amnesia histórica. Canarias es, en su estructura histórica de larga duración, una tierra de emigración y de tránsito. Los miles de isleños que partieron hacia Venezuela o Cuba huyendo del hambre y de la represión conocieron la mirada sospechosa del recién llegado, pero también los cauces de integración y fraternidad. A ellos se les concedió el tiempo y el espacio para echar raíces; hoy, Ramírez pretende negar esa misma condición humana a quienes arriban exhaustos a nuestras costas.

La crisis de acogida existe, pero su causa no es el náufrago, sino las políticas de externalización fronteriza, los pactos que convierten a países terceros en gendarmes y la falta de un sistema estatal distributivo y eficaz. Señalar al indefenso es el truco clásico para exculpar al responsable: la dictadura marroquí bajo los auspicios del anglo sionismo.

Nada en esta operación es improvisado. Las corrientes autoritarias siempre han codiciado el fútbol porque en él cristaliza aquello que el capital no puede fabricar: la pasión popular, la identidad comunitaria y la liturgia colectiva. Antonio Gramsci analizó cómo el bloque dominante busca capturar la cultura popular para construir hegemonía e introducir su ideología en las clases subalternas. La UD Las Palmas, fundada en 1949 para unificar el fútbol grancanario, es hoy un patrimonio sentimental y cultural de gran parte del pueblo. Su configuración jurídica como Sociedad Anónima Deportiva no transforma a la afición en una masa de clientes ni otorga a su accionista mayoritario el monopolio de la conciencia colectiva. Que un empresario pretenda erigirse en tutor ideológico de la grada reproduce el arquetipo más rancio del paternalismo: el patrón erigido en guía moral, el club convertido en sindicato vertical y la discrepancia señalada como traición. La afición no es una plantilla sometida a la disciplina de empresa.

Como jurista, procede aplicar la precisión analítica de la que carece el exabrupto xenófobo. La libertad de expresión ampara opiniones ácidas o heterodoxas, pues el antifascismo democrático no busca la persecución penal del pensamiento ni sustituye la batalla de las ideas por el Código Penal. Sin embargo, el derecho no es un cheque en blanco para el discurso del odio. Desde la histórica Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991, nuestra jurisprudencia excluye de la protección constitucional las expresiones injuriosas o vejatorias dirigidas contra colectivos vulnerables. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Féret c. Bélgica, 2009) validó la sanción penal del discurso xenófobo emitido por representantes públicos, mientras que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en su Recomendación General nº 15, define con claridad el discurso de odio como la incitación al rechazo o la denigración por razón de origen nacional. Proclamas como «estamos hartos de inmigrantes» o «nunca seremos marroquíes» se incardinan directamente en este perímetro. A ello se suman los deberes institucionales del deporte: la Ley 39/2022, del Deporte, junto con el código disciplinario de la RFEF y la normativa de La Liga, imponen a los clubes el deber activo de prevenir y sancionar cualquier manifestación racista o xenófoba en sus medios oficiales. La UD Radio no es la tribuna privada de Miguel Ángel Ramírez; es el canal de una entidad con responsabilidades públicas.

La UD Las Palmas no necesita uniformes de trinchera ni homilías cuartelarias. La canariedad es una identidad atlántica, mestiza, africana por geografía y universal por vocación, incompatible con el patrioterismo de corneta. Canario es quien defiende derechos sin aspavientos belicistas y la Paz; quien acoge desde la fraternidad cívica y exige corresponsabilidad a las instituciones sin caer en el chantaje demagógico; quien comprende la condición insular como puente y no como muralla. Lo actuado por Miguel Ángel Ramírez no es la defensa de Canarias, sino la privatización ideológica de su memoria popular y el uso patrimonialista de un club de fútbol. Un patrimonio colectivo no puede quedar de rehén de quien confunde el estadio con un patio de armas, ni un pueblo migrante y atlántico puede dejarse vestir con la camiseta parda de la reacción. A los pueblos no los defienden quienes agitan el odio contra el débil, sino quienes organizan la convivencia desde los derechos, la memoria democrática y la solidaridad. Esa —y no el uniforme pardo— es la verdadera piel de nuestra tierra.

El 15 de agosto no existió un intento de entrada masiva en Ceuta. Lo que presenciamos fue la escenificación de un teatro de operaciones tan viejo como rentable para la satrapía alauita: una maniobra de coerción calculada, minuciosamente instrumentada para pasar la factura en los despachos de Bruselas. Para desentrañar la arquitectura de esta representación, es imprescindible revisar primero el baile de cifras del episodio anterior —30 y 31 de julio—, donde el propio Estado español se vio obligado a corregir su relato a medida que la realidad desmontaba la versión inicial.

Aquel fin de semana no entraron 40.000 personas como se afirmó en un primer momento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a Ceuta denunciando una «violación de la integridad territorial» e imputando la responsabilidad en exclusiva a las mafias. Sin embargo, la contabilidad fue mutando al ritmo de la conveniencia política: de los 40.000 o 50.000 iniciales —versión destinada a minimizar el impacto—, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que elevar la cifra a 72.000. Fuentes gubernamentales y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, terminaron admitiendo ante el Parlamento Europeo un saldo de hasta 80.000 entradas y 75.000 devoluciones exprés en apenas 24 horas. La brecha entre el relato y los hechos puso al descubierto la mayor irrupción instrumentalizada de la historia reciente.

El recuento de la violencia letal sufrió idéntica metamorfosis. La versión oficial arrancó admitiendo 43 fallecidos. Poco después se contabilizaban 57 cadáveres en aguas de Ceuta; la Cadena SER elevaba la cifra a 94; y hoy, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y Caminando Fronteras confirman al menos 141 muertos a ambos lados de la valla, 78 rescatados en territorio español y 63 en la vertiente marroquí. Pasamos de 43 a 141 víctimas. Tal es el coste humano acumulado que sirve de preámbulo a la nueva escenografía.

Sobre ese reguero de sangre se montó la operación del 15 de agosto. Alimentada por la propagación de convocatorias en redes sociales —«Nos vemos allí el día 15»—, el aparato del Majzén ejecutó la maniobra inversa. En las colinas de Jbel Moussa y el barrio de la Cerámica, a tres kilómetros de Fnideq, las Fuerzas Auxiliares desplegaron una batería represiva desproporcionada: gases lacrimógenos, helicópteros, drones, perros y un saldo de 294 detenidos, 248 subsaharianos y 46 magrebíes. La respuesta posterior fue la acostumbrada violencia estructural: deportaciones forzosas en autobuses fletados a Ouarzazate —a más de 800 kilómetros—, detenciones arbitrarias sin verificación documental y el abandono de seres humanos en zonas desérticas o en la frontera con Argelia.

Existe una lógica contable y de clase en esta selección de la violencia. El 30 y 31 de julio la masa estaba compuesta por jóvenes marroquíes; el 15 de agosto la represión se encarniza contra la población negra. No es un exceso aleatorio, sino un cálculo racista de contención política. Reprimir brutalmente a la juventud de Beni Mellal o Tetuán tras el impacto de 141 muertes recientes entraña un riesgo de reactivación del conflicto interno que el régimen no puede asumir. Por el contrario, aporrear, perseguir y expulsar a un joven chadiano o a un menor nigeriano carece de coste social en el frente doméstico, pero genera un altísimo rendimiento geopolítico exterior: produce la foto exacta que se vende en Europa.

Esta es la piedra angular del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El acuerdo ha transformado la frontera sur en un mercado de subasta donde la capacidad punitiva se retribuye con fondos públicos. Marruecos domina las reglas del juego: abre la espita cuando necesita recordar su capacidad de chantaje soberano, y la cierra mediante la cacería de subsaharianos cuando busca certificar su rol de gendarme indispensable. La ecuación es implacable: a mayor violencia exhibida, mayor flujo de euros en concepto de cooperación, pertrechos antidisturbios y tecnología de control fronterizo.

Para que la mercancía represiva cotice al alza, es condición indispensable amordazar la información. La expulsión de Fnideq de los equipos periodísticos de EFE y RTVE —bajo amenazas de retirada de acreditación y coacciones a la hostelería local— no es un incidente aislado: es un acto de censura estructural para garantizar el monopolio del relato a los medios estatales del régimen. Sin testigos independientes, la narrativa se reduce a la operación contra las mafias y la desinformación, deteniendo a decenas de administradores de redes sociales que se limitaron a amplificar el bulo propiciado por el propio sistema para justificar el despliegue.

Este engranaje represivo y extractivo no opera en el vacío; se sostiene sobre una sólida cobertura imperialista. Mientras se escenificaba la batida en Castillejos, en Tan-Tan —a 200 kilómetros de Canarias— las fuerzas de AFRICOM estrenaban el Centro AMTEC con simulacros de misiles de largo alcance, al amparo de la hoja de ruta militar EE. UU.-Marruecos 2026-2036 y los acuerdos de cooperación estratégica firmados con Tel Aviv. Washington requiere una plataforma militar terrestre en el Atlántico medio; Israel busca un cliente estratégico; Rabat exige impunidad diplomática y financiación permanente. La jornada del 15 de agosto condensa la naturaleza de este modelo: violencia racista como infraestructura de negocio, blindaje geopolítico, apagón informativo y la entrega de una nueva factura en Bruselas pagada con la dignidad y la vida de los desposeídos.

Cuando la deuda pública de los Estados Unidos cruza la frontera matemática de la quiebra e ingresa en la asfixia estructural —alcanzando la cifra de 31,27 billones de dólares frente a un Producto Interno Bruto estimado en 31,22 billones de dólares al término del primer trimestre de este año—, la economía política imperialista no experimenta una simple sacudida coyuntural, sino una agonía de clase de dimensiones históricas. Este umbral no se registraba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de aquel periodo de reconstrucción y expansión del capital, hoy el imperio anglosajón, impregnado de sionismo, carece de base productiva real para amortizar semejante losa. Incapaz de garantizar la cuota media de ganancia mediante la acumulación ordinaria y viendo desplazado el centro de gravedad económico global hacia la masa continental euroasiática, el capital financiero norteamericano y sus comparsas occidentales se ven abocados a activar los mecanismos más agresivos y criminales de la reacción.

Las estructuras profundas de la historia de las sociedades se hacen visibles precisamente en la coyuntura de crisis extrema, cuando las contradicciones de clase estallan e imponen la violencia imperialista para reordenar el mundo. Para sostener esa astronómica deuda de más de 31 billones de dólares y preparar las condiciones económicas y sociopolíticas de un conflicto abierto contra la alianza estratégica formada por la República Popular China y la Federación Rusa, el bloque atlantista requiere desesperadamente pacificar y disciplinar su propia retaguardia social. La bancarrota del imperio no se liquida con ajustes contables; se salda mediante la expropiación, el colonialismo y la reorganización autoritaria del frente interno metropolitano. Y en esa arquitectura de dominación reaccionaria, la fabricación industrial de un enemigo de diseño es un requisito metodológico e ideológico imprescindible.

La masa desposeída de trabajadores migrantes, arrojada a las fronteras de Ceuta y del Mediterráneo o hacia al archipiélago canario, a través de la mortal ruta atlántica, por el pillaje colonial en el Sur Global, es convertida deliberadamente en el chivo expiatorio sobre el que canalizar el pánico social y la frustración de las clases subalternas europeas. Antonio Gramsci explicó con insuperable lucidez cómo las oligarquías en fase de descomposición hegemonizan la sociedad construyendo mitos irracionales que fracturan la conciencia de clase y dirigen el resentimiento de los penúltimos contra los últimos. La criminalización de la inmigración no es un exceso discursivo ni un error de gestión administrativa: es la operación fundamental de ingeniería social diseñada para imponer la hegemonía del odio e inocular el virus del racismo visceral en el cuerpo social metropolitano.

Bajo este despliegue, asistimos a la configuración de un auténtico IV Reich de naturaleza financiera, militar y mediática, articulado en torno a la cruzada ideológica antiizquierda que Washington cocina bajo el eufemismo de combatir el “resurgimiento del terrorismo político”, sumando a más de sesenta naciones a su disciplina atlantista en la cumbre celebrada el 16 de julio pasado en la capital estadounidense. En la trinchera europea, las corporaciones mediáticas, los algoritmos de las grandes plataformas digitales y la extrema derecha política operan como el brazo ejecutor de este nuevo orden fascista. Las provocaciones orquestadas a través de redes sociales para incitar colapsos en las vallas de Ceuta, las proclamas que exigen literalmente “cazar” seres humanos para deportarlos sumariamente, la rebeldía institucional de las comunidades autónomas españolas gobernadas por la reacción al negarse a acoger a menores desamparados, e incluso la presión judicial contra el Gobierno español no son fenómenos inconexos, sino los aperos de una estrategia de guerra psicológica brutal.

En este laboratorio geopolítico de la reacción, la figura de Giorgia Meloni adquiere una centralidad sintomática y peligrosa. Al imponer unilateralmente controles fronterizos para los viajeros procedentes de España, el ejecutivo neofascista de Roma no solo dinamita las libertades formales del espacio Schengen y aplica la doctrina del sospechoso generalizado, sino que instrumentaliza la crisis para erigirse en el capataz ideológico del atlantismo en la cuenca mediterránea. Esta ofensiva de la ultraderecha transalpina busca rendir dividendos electorales inmediatos y alinearse ciegamente con la agenda de Donald Trump y Elon Musk, pero proyecta además una sombra de consecuencias extraordinarias e inmediatas sobre el Archipiélago Canario.

En Canarias, donde reside una de las colonias de ciudadanos italianos más numerosas y sociológicamente complejas del Estado español, el riesgo político y sociológico resulta evidente: las políticas de movilización del odio del gobierno de Meloni actúan como un potente catalizador de fractura social. Existe un riesgo latente de que la inyección constante del dogma de la “prioridad nacional” y el chovinismo populista contamine a esta importante comunidad residente, empujando a sectores de la misma hacia posturas de repliegue identitario y enfrentamiento xenófobo en un territorio insular que es, precisamente, la primera frontera española en el Atlántico medio del dolor de la migración africana, máxime cuando el Gobierno español ha respondido con medidas de control fronterizo a los que lleguen de Italia. Semejante dinamita ideológica representa un serio riesgo de fragmentación de la solidaridad de clase y de la convivencia entre la clase trabajadora canaria y la población migrante e inmigrante, amenazando con transformar la convivencia plurinacional en un polvorín de tensiones raciales que solo beneficia a las oligarquías locales y al gran capital financiero.

Antonio Scurati ha retratado con precisión histórica en Los últimos días de Europa la mecánica exacta de este fenómeno: el fascismo no irrumpe mediante un golpe repentino, sino mediante la anestesia moral, la degradación sistemática del lenguaje jurídico y la aceptación gradual de la violencia contra el diferente. El paralelismo con el nazifascismo de los años treinta es absoluto y lacerante. La “prioridad nacional” no es otra cosa que el nombre contemporáneo de la segregación chauvinista de clase, convertida en norma legal para erosionar el derecho sustantivo e instrumentar el derecho penal y el administrativo sancionador contra los desposeídos.

Dentro de este esquema de agresión global, España y el gobierno central presidido por Pedro Sánchez representan en la actual correlación de fuerzas un obstáculo político y geopolítico que el IV Reich necesita derrocar a cualquier precio. Un gobierno en Madrid que pretenda mantener mínimos cauces de contención social, defender la legalidad internacional o negarse al alineamiento automático y sumiso con el atlantismo más belicista constituye un estorbo intolerable para los planes de la oligarquía financiera norteamericana y europea. De ahí la ferocidad del acoso institucional, la asfixia parlamentaria en el Senado y el linchamiento mediático derechista coordinado: para el imperialismo en quiebra no puede haber matices ni fisuras en la retaguardia europea cuando se prepara el gran zarpazo militar e industrial contra el bloque euroasiático.

No cabe llamarse a engaño ni refugiarse en abstracciones tibias o eufemismos socialdemócratas. El enemigo de clase ha enseñado sus cartas y está dispuesto a triturar la convivencia democrática, la legalidad internacional y las garantías procesales más elementales con tal de preservar el dominio del gran capital a expensas del derramamiento de sangre. La criminalización del inmigrante en las fronteras de Ceuta o Canarias, la agitación supremacista de la extrema derecha española, con el patrocinio de la Casa Blanca y del sionismo, y la desestabilización de las instituciones no son más que los preparativos ideológicos, en el Estado español, de una oligarquía imperial exhausta que pretende arrastrar a la humanidad entera a la barbarie. La batalla decisiva no es técnica ni administrativa; es una lucha de clases a escala planetaria donde la única respuesta legítima y eficaz frente al neofascismo es la movilización consciente, el rigor interpretativo y la defensa irrenunciable del internacionalismo organizado de los trabajadores.

La sincronía de los acontecimientos geopolíticos rara vez obedece al azar; es, por el contrario, el síntoma visible de una convergencia dialéctica mucho más profunda. Responde al deterioro estructural del sistema capitalista global y a la precipitación de crisis que el imperialismo instrumentaliza como palancas de recomposición autoritaria. España atraviesa hoy un periodo de vulnerabilidad multidimensional extrema. A la catástrofe climática encarnada en incendios forestales sin precedentes, se suma una violenta ofensiva interna de acoso judicial e intoxicación mediática diseñada para desestabilizar al Ejecutivo central. Esta ofensiva es ejecutada por la díada reaccionaria española —la alianza orgánica entre el PP y Vox— cuyo brazo armado es el lawfare judicial y mediático, operando como correa de transmisión de una estrategia de desgaste de mayor calado. Y es precisamente en este epicentro de fragilidad política interna donde se activa la válvula de escape exterior: la crisis fronteriza en el sur. La llegada masiva, fuera de los cauces legales, de decenas de miles de personas a Ceuta —un episodio de tal gravedad que el propio Gobierno español ha tenido que calificarlo como una vulneración de la integridad territorial— no es un accidente, sino la pieza de un tablero mayor.

La tragedia fronteriza es, en términos geoestratégicos, un arma de guerra híbrida. Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, más de 50.000 personas fueron empujadas a cruzar el límite fronterizo en una operación de dimensiones inéditas, que ya se ha cobrado un trágico saldo de más de sesenta fallecidos en suelo español. Lo que define este suceso como una operación de chantaje no es el flujo humano en sí, sino su fría orquestación: la deliberada inacción y la permisividad calculada de las autoridades de Rabat, que levantaron la vigilancia en puntos neurálgicos como el espigón limítrofe. No hubo falla operativa; hubo un movimiento táctico de la monarquía alauita para asfixiar al Estado español en su momento de mayor debilidad.

Pero Marruecos no actúa en solitario. Lo hace como pieza subordinada —como Estado subimperialista— dentro de una arquitectura geopolítica superior. Su alineamiento con la transacción colonial de los Acuerdos de Abraham, mediante la cual Washington y Tel Aviv avalaron la ocupación ilegal del Sáhara Occidental a cambio del sometimiento incondicional de Rabat a la agenda anglo-sionista, ha transformado al reino norteafricano en el gendarme del Estrecho y en el verdugo de los gobiernos disidentes. La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el conflicto de Palestina, su negativa a involucrar a España en la agresión armada estadounidense e israelí contra Irán —bloqueando el uso ofensivo de las bases de Rota y Morón— y su resistencia al incremento desmedido del gasto militar dictado por los Estados Unidos a la OTAN, han activado el mecanismo de castigo del bloque imperialista. Ceuta no es un problema migratorio; es una represalia geopolítica en toda regla.

Esta ofensiva desestabilizadora no es improvisada; está explícitamente teorizada y promovida desde los centros de poder estadounidenses. El reciente informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, impulsado por el sector neocon liderado por Mario Díaz-Balart bajo la cobertura de Marco Rubio, ha calificado formalmente a Ceuta y Melilla como «territorios bajo administración española situados en Marruecos», instando explícitamente a negociar su estatus. Esta declaración no es una ocurrencia retórica: es un acto de agresión institucional que cuestiona la soberanía española desde la propia legislatura del país hegemón.

A esta presión política se suman las provocaciones de los ideólogos del imperialismo y el sionismo. Michael Rubin, del American Enterprise Institute —vinculado a la maquinaria de inteligencia israelí y conocido por fabricar las falsas pruebas de armas de destrucción masiva que justificaron el genocidio en Irak en 2003—, ha incitado públicamente a Marruecos a organizar una «nueva Marcha Verde». Su plan es claro: enviar excavadoras para derribar las vallas perimetrales y facilitar la invasión de multitudes desarmadas para tomar las ciudades, ejecutando una sustitución demográfica y la expulsión forzosa de la población local. Esta retórica no es un exabrupto; se inscribe en una campaña de desestabilización narrativa que es amplificada por la maquinaria de intoxicación digital de magnates como Elon Musk y por la retórica agresiva de Donald Trump, quien ha sentenciado: «Parece una invasión de un país... y lo mismo nos va a pasar si los republicanos no son elegidos [...] Si no estamos en el poder, nuestro país será invadido en niveles que hacen que España parezca algo menor». Con estas palabras, Trump articula un ataque coordinado para consolidar la narrativa del «Estado fallido» español, reduciendo la tragedia humanitaria a mera coyuntura electoral estadounidense y escalando el chantaje hasta presentar a España como el ensayo generalizado de una invasión continental de los nuevos “bárbaros”.

Para comprender la magnitud del momento histórico, es insoslayable inscribir este chantaje en un marco continental. El alineamiento del gobierno neofascista italiano de Giorgia Meloni, suspendiendo el Acuerdo de Schengen con España y el anuncio de Emmanuel Macron de reforzar militarmente las fronteras francesas con España no son hechos aislados. Obedecen al despliegue de una estrategia coordinada desde la internacional reaccionaria y anticomunista urdida en Washington, orientada a la configuración ideológica y material de un auténtico «IV Reich» en el seno de la Unión Europea. El objetivo central de este bloque es la militarización total del continente para sostener a cualquier costo la confrontación bélica contra la Federación Rusa en Ucrania, mientras se prepara el terreno para la colisión estratégica final contra la República Popular China.

Dentro de este macroproyecto imperialista, el asalto a Ceuta y la amenaza latente sobre Melilla actúan como catalizadores ideológicos de primer orden.

De cara a los procesos electorales en Europa, el ensañamiento con la frontera sur y la exacerbación del racismo institucional buscan inyectar el pánico moral necesario en las sociedades europeas. Es la ingeniería del miedo aplicada para desviar la atención de la crisis sistémica del capital, liquidar cualquier reducto de soberanía popular y catapultar al poder a ejecutivos abiertamente nazifascistas, disciplinados bajo el nuevo orden paneuropeo.

En este tablero de agresiones cruzadas, el pueblo canario debe extraer una lección histórica inaplazable. La vulnerabilidad demostrada en la frontera norteafricana expone la falacia de situar la seguridad del Archipiélago bajo la cobertura del atlantismo o en la subordinación a los intereses geopolíticos de Washington. Marruecos, fortalecido por el aval anglo-sionista en la ocupación del Sáhara Occidental y por la complacencia europea, avanza sin freno en su agenda expansionista sobre las aguas jurisdiccionales y los recursos marinos y mineros contiguos a las Islas Canarias. Pretender que el servilismo militarista a la OTAN o la integración en clústeres de la industria de la guerra blindarán al Archipiélago es una ceguera trágica. Canarias no puede seguir siendo la plataforma logística de retaguardia ni el peón sacrificable de las aventuras imperialistas en África; la verdadera salvaguarda del pueblo canario pasa por la exigencia de la neutralidad, el respeto estricto al Derecho Internacional, el apoyo inequívoco al proceso de descolonización del Sáhara Occidental y la firme oposición a ser arrastrados a la espiral del expansionismo alauita.

Frente a esta embestida, la denuncia, también, debe ser implacable y la respuesta, estratégica. Pretender que la soberanía de Ceuta y Melilla, incluyendo la del Archipiélago Canari, pueda ser objeto de transacción en despachos de Washington, o que su integridad pueda ser asaltada impunemente bajo la instigación de ideólogos sionistas y la complicidad del régimen alauita, constituye un atropello flagrante al Derecho Internacional. Cuestionar el estatus de estas poblaciones para utilizarlas como fichas de cambio geopolítico no solo conculca la legalidad internacional sobre el derecho a la autodeterminación, sino que vulnera de forma directa los derechos fundamentales y la seguridad de miles de ciudadanos. El pueblo canario debe estar muy alerta.

La articulación de la resistencia exige desenmascarar esta maniobra sin caer en el chauvinismo reactivo ni en la xenofobia de baja intensidad que la derecha intenta explotar. Se trata de aplicar la pedagogía política y el análisis de clase a las relaciones internacionales para impedir que el eje anglo-sionista destruya la autodeterminación de los pueblos y consolide su proyecto de dominación neofascista en Europa. El «IV Reich» no es una metáfora retórica ni una exageración alarmista: es el nombre de una arquitectura de poder que se está cementando ante nuestros ojos, y cuya primera línea de trinchera ha sido trazada, hoy, en el Estrecho de Gibraltar.

El examen minucioso de la sentencia 152/2026, dictada el 14 de julio por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz bajo la ponencia del magistrado Emilio Serrano Molera, desvela una anomalía procesal y dogmática de gravedad extraordinaria que trasciende el debate casuístico para socavar los cimientos mismos de nuestro Estado social y democrático de derecho. La lectura de esta resolución genera una profunda inquietud institucional. En ella se articula una ingeniería jurídica que subvierte los pilares del Derecho Penal moderno: se condena por prevaricación administrativa basándose, de manera contradictoria, en una presunta influencia cuyo autor material se declara expresamente inacreditado. Este proceso penal, como ha señalado con lucidez el periodista Ernesto Ekaizer, adolece de una debilidad estructural de origen al haberse sustanciado con la oposición frontal del Ministerio Fiscal —que solicitó reiteradamente el sobreseimiento al no apreciar indicio delictivo alguno— y ser impulsado en exclusiva por una heterogénea alianza de acusaciones populares de derecha y extrema derecha españolas (Manos Limpias, Vox, PP, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa) que han instrumentalizado la causa con fines eminentemente partidistas.

Para calibrar la dimensión del torpedo a la línea de flotación de la jurisprudencia que supone este pronunciamiento, es imperativo partir de la estricta dogmática del delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal. El Tribunal Supremo ha consolidado una doctrina pacífica: la prevaricación exige que la autoridad funcione dictando una resolución arbitraria, objetivamente injusta y con consciencia subjetiva de esa injusticia, rompiendo los principios de mérito y capacidad. Sin embargo, la resolución de Badajoz presume la injusticia objetiva de la convocatoria de la plaza de Alta Dirección de octubre de 2016 por el mero resultado final: la adjudicación a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. El tribunal construye su convicción sobre la arbitrariedad del acto administrativo apoyándose en la sombra de un influjo externo que, paradójicamente, declara no probado en cuanto a su autoría.

Esta contradicción colisiona frontalmente con el tipo penal de tráfico de influencias (art. 428 Cnel Código Pena), el cual exige la acreditación de un sujeto que, prevaliéndose de su situación, influye de manera eficiente sobre una autoridad. Al analizar el bloque A de los hechos probados de la sentencia, relativo al concurso de 2016 donde intervinieron el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda; la diputada de Cultura, Cristina Núñez Fernández, y la directora del Área, Elisa Moriano Morales, la sentencia reconoce de forma expresa que no consta acreditado si la decisión se tomó a petición del beneficiario o de su entorno, afirmando textualmente que “no ha quedado probado que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados”. Si la influencia carece de autor, el delito de tráfico desaparece del ámbito de lo punible por imperativo de la presunción de inocencia. No obstante, el tribunal realiza un salto mortal dogmático: descarta la condena por tráfico de influencias por falta de prueba, pero utiliza esa misma “influencia fantasma” como motor probatorio para sostener la prevaricación de los cargos públicos. Se absuelve la influencia, pero se condena su efecto implícito, empleando un hecho no probado para rellenar el elemento subjetivo del dolo en la prevaricación.

La quiebra del principio de legalidad adquiere tintes de aberración jurídica al analizar la condena de David Sánchez como cooperador necesario del delito de prevaricación. La prevaricación es un delito especial propio que solo puede cometer un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Para que un particular (extraneus) sea condenado como cooperador necesario de un delito especial, la jurisprudencia exige inexorablemente un pacto colusorio previo o simultáneo con el autor, una aportación causal determinante y el dolo de participar en la resolución injusta. En este caso, al declarar el tribunal que no está probado quién, cómo ni cuándo se ejerció presión sobre los miembros de la Diputación, la premisa de la cooperación necesaria se desmorona por completo. No puede existir un acuerdo de voluntades ni un dolo común sobre una base fáctica que el propio fallo judicial declara inexistente. Al condenar a David Sánchez por el mero hecho de presentar su candidatura y aceptar el contrato, se criminaliza un acto socialmente neutro, vulnerando la doctrina de la prohibición de regreso. El ejemplo clásico es el del taxista: si un taxista lleva a un cliente a un banco y este, al bajarse, lo atraca, el taxista no es cómplice del robo. Aunque físicamente “ayudó” al atracador a llegar a su destino, su conducta (conducir un taxi) es lícita y adecuada. El Derecho Penal tiene prohibido “regresar” en la cadena de hechos para culpar a quien actuó con normalidad. En el caso de Badajoz, presentarse a una plaza pública y firmar un contrato son actos sociales neutros. Culpar a David Sánchez de cooperar en la prevaricación ajena sin probar un pacto previo equivale a condenar al taxista por el atraco de su cliente. Se sustituye el Derecho Penal del hecho por un intolerable Derecho Penal de autor y de sospecha, donde el vínculo familiar actúa como una presunción iuris et de iure de culpabilidad.

A esta insostenible construcción dogmática se suma un entorno procesal y orgánico que compromete de raíz la apariencia de imparcialidad exigible en un Estado de derecho. Es obligado matizar, con el debido rigor, que la controvertida imagen del actual presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz posando junto a Santiago Abascal data de su etapa como juez decano y que dicho magistrado no integró el tribunal redactor de esta sentencia. Sin embargo, ese documento gráfico permanece como síntoma elocuente de la atmósfera de preocupante proximidad ideológica entre ciertos estamentos judiciales de Badajoz y el entorno de Vox, ejerciente aquí como acusación popular. Pero donde la quiebra de la neutralidad deviene verdaderamente intolerable es en la fase de instrucción. La magistrada instructora se significó políticamente de manera inequívoca al participar, togada, en concentraciones públicas ante la sede judicial de Badajoz manifestándose contra el proyecto de ley de amnistía. Que la instructora de una causa penal contra el hermano del presidente del Gobierno exteriorice públicamente su rechazo a la principal iniciativa política de ese mismo Gobierno constituye una vulneración frontal de la doctrina sobre la apariencia de imparcialidad objetiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La justicia no solo debe hacerse, sino que debe parecer que se hace; algo imposible cuando quien instruye se coloca la toga para protestar contra el entorno del investigado.

Como bien ha desvelado Ekaizer, nos encontramos ante una resolución donde la debilidad técnica de la condena, la ausencia de soporte fiscal y las conexiones ideológicas evidencian una preocupante sumisión de la técnica jurídica a la presión política y mediática. La secuencia lógica de la acusación penal ha sido alterada a martillazos para encajar una condena de carácter ejemplarizante. Desde el rigor jurídico, es insostenible afirmar que un ciudadano coopera necesariamente en una prevaricación por el mero hecho de resultar adjudicatario de un puesto de trabajo sin demostrar su participación en la manipulación de las bases o en un concierto delictivo con la autoridad. Hacerlo supone introducir una responsabilidad objetiva proscrita en nuestro ordenamiento, donde la culpabilidad se deduce del estatus del reo y no de la prueba de su participación en el injusto.

La conclusión política de este análisis ratifica de manera palmaria la tesis del lawfare. Estamos ante un caso de manual de judicialización de la política: el aparato judicial, impulsado por acusaciones populares instrumentales que actúan como correas de transmisión de intereses partidistas —y que encuentran un alarmante reflejo de simpatía en la instrucción y ciertas jerarquías judiciales de Badajoz—, se utiliza para socavar la legitimidad del Gobierno de la nación. El efecto político de esta sentencia es devastador para la credibilidad de nuestras instituciones. Cuando los tribunales erigen condenas penalmente frágiles, sustentadas en nexos causales inexistentes y figuras de cooperación vacías de contenido probatorio, lo que se genera no es justicia, sino una herramienta de desgaste democrático. La imagen de un familiar del presidente del Gobierno condenado cumple un objetivo puramente simbólico y propagandístico, pero el coste para el sistema es inasumible: se banaliza el Derecho Penal, se destruye la presunción de inocencia y se normaliza la condena por asociación. Este pronunciamiento no es un triunfo de la legalidad administrativa, sino el exponente más crudo de cómo la polarización instrumentaliza la justicia, produciendo fallos que la historia del Derecho acabará juzgando como un uso espurio de la jurisdicción penal con una devaluación democrática sin precedentes.

La reciente resolución judicial que vedó la presencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la delegación oficial española en la cumbre de la OTAN en Ankara, no admite una lectura ingenua bajo el reduccionismo técnico-jurídico del derecho procesal burgués. Sostener, con un formalismo estéril, que la denegación del permiso se fundamenta exclusivamente en la condición de Turquía como Estado extracomunitario es un ejercicio de hipocresía institucional que ofende la inteligencia crítica. Tal argumentación se desmorona ante la evidencia de que el riesgo de fuga es materialmente inexistente en una persona que se encuentra bajo una custodia permanente y exhaustiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Si descorremos el velo del fetichismo legal, lo que emerge con nitidez no es la aplicación de la norma, sino su instrumentalización política: un síntoma elocuente de una coyuntura histórica donde los aparatos coercitivos del Estado se activan para disciplinar, erosionar y descabezar a un poder ejecutivo que se ha tornado disfuncional, si no incómodo, para el bloque atlantista hegemónico transnacional.

Este asedio judicial doméstico no opera en el vacío, ni es fruto de la casualidad; actúa como la mandíbula interna de una pinza tenaza cuya fuerza motriz es exterior. Horas antes de que la resolución judicial viera la luz, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lanzaba en los medios de comunicación la consigna que preludiaba el fallo: calificaba de “absolutamente impropio” el viaje y exigía impedirlo “como sea”. Esta sincronización milimétrica entre la ofensiva mediático-partidista y el dictamen de los tribunales desenmascara la operativa de la “guerra híbrida” moderna: la judicatura deja de ser un poder arbitral para convertirse en el brazo ejecutor de una estrategia de desgaste orquestada. El objetivo trascendía lo meramente anecdótico; se trataba de garantizar que el presidente del Gobierno aterrizara en Ankara políticamente maniatado, mermado en su autoridad simbólica ante sus pares y lastrado por una duda penal que, más allá de los juzgados, actuaba como un mecanismo de devaluación de su palabra en el escenario internacional.

Para comprender la urgencia y la virulencia de este disciplinamiento, es imperativo ensanchar el foco hacia la geopolítica del imperio. La cumbre de la OTAN se celebra bajo la sombra de un Donald Trump hostil, refractario a cualquier fisura en la ortodoxia atlantista y ávido de sacrificios fiscales para la maquinaria bélica. El Gobierno español se ha convertido en una pieza a ajustar en el tablero geopolítico debido a sus posiciones de distanciamiento frente a la agresión militar estadounidense-sionista sobre Irán y, crucialmente, por su resistencia a acatar la exigencia draconiana de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB. Este incremento no es una mera variable macroeconómica; representa una detracción masiva de recursos que, en última instancia, sustraería capacidad de bienestar a las clases populares para transferirla, vía complejo militar-industrial, a los engranajes de la guerra permanente. Ante esta disidencia presupuestaria y diplomática, la maquinaria imperial no duda en activar sus terminales domésticas para corregir la desviación.

Una mirada rigurosa a la historia estructural de nuestro país nos obliga a establecer un paralelismo tan nítido como ineludible. En enero de 1981, el presidente Adolfo Suárez fue forzado a dimitir, acorralado por el ruido de sables, las presiones del estamento castrense y el aislamiento político de quienes exigían la integración inmediata y sumisa de España en la estructura de la OTAN. Un mes después, sobrevenía la intentona golpista del 23-F como culminación de esa crisis de hegemonía. La lección que nos lega aquella coyuntura es atemporal: cuando el diseño político de un Gobierno civil no se pliega con la docilidad exigida a los intereses estratégicos del eje atlantista, los resortes profundos del Estado —sus “poderes fácticos”— se movilizan para forzar su capitulación o su relevo.

La diferencia fundamental entre 1981 y la actualidad no reside en el objetivo final —el alineamiento inquebrantable con el bloque occidental—, sino en la mutación táctica de la clase dominante. En el marco de las democracias liberales maduras, la coerción tosca de los cuarteles ha sido sustituida por la violencia simbólica y el poder omnímodo de la toga. El lawfare se ha erigido como el nuevo ruido de sables. Ya no son necesarios los tanques en las calles para desestabilizar a un Ejecutivo; basta con la instrumentalización espuria del derecho penal, la generación de un estado de opinión asfixiante y la judicialización de la política. La presión actual de la OTAN, vehiculada a través de una judicatura dependiente y una oposición sumisa a los dictados exteriores, busca forzar un escenario de debilidad que facilite la caída del Gobierno o la dimisión de Pedro Sánchez para reinstaurar una ortodoxia sumisa.

Lo que hoy está en disputa en los estrados de Madrid y en los salones de Ankara no es la rectitud procedimental de una causa, sino los límites estructurales de la soberanía nacional. Se debate si España tiene derecho a un margen de autonomía estratégica o si, por el contrario, su política interior y exterior debe ser gestionada como una colonia interna del imperio, donde los jueces actúan como procuradores de un orden que nos es ajeno. Frente a la fuerza del poder de la toga, solo cabe la defensa democrática de la capacidad de decidir nuestro propio destino.

La reciente Sentencia 418/2026 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada el 22 de junio de 2026 en la causa especial 20775/2020, constituye un hito de extraordinaria gravedad que no puede despacharse bajo el cómodo lenguaje de la neutralidad técnica. Reducir este pronunciamiento a un mero pasaje de la dogmática sobre las atenuantes por confesión o colaboración es una ceguera voluntaria. Lo que oculta es la profunda mutación que experimentan las estructuras del Estado cuando los sectores más reaccionarios del bloque de poder se repliegan en sus bastiones corporativos para librar una guerra judicial contra el poder democrático. El trato de favor concedido a Víctor de Aldama —a quien se aplica una atenuante muy cualificada que desmorona la proporcionalidad de la pena y vacía las responsabilidades civiles— no es un exceso puntual, sino la institucionalización de una doctrina excepcional, que parece estar diseñada para alterar el mapa del poder político mediante la demolición controlada de los principios más elementales del garantismo penal clásico.

El garantismo procesal penal, construido históricamente como un escudo frente a la arbitrariedad del poder punitivo —y conquistado como defensa de las clases subalternas frente al aparato represor del Estado— exige que la declaración de quien confiesa o delata esté sometida a un riguroso tamiz de corroboración periférica, objetiva e incuestionable. La doctrina constitucional y la jurisprudencia consolidada del propio Tribunal Supremo condicionan la validez probatoria de la palabra del coimputado a la existencia de datos externos que la confirmen de manera verosímil. Sin embargo, en esta resolución asistimos a una inquietante inversión de la carga de la prueba. El testimonio interesado de quien ha actuado como un engranaje del capitalismo corruptor —y que negocia activamente su impunidad— adquiere un valor casi sagrado, no por su consistencia empírica, sino por su utilidad estratégica en un momento político preciso. Al rebajar los estándares de exigencia probatoria para premiar una delación huérfana de contraste documental sólido, el tribunal desnaturaliza los fines del proceso penal: la búsqueda de la verdad material cede su lugar a una lógica transaccional, donde la pena se compra y se vende en un mercado de relatos. El objetivo real no es ya averiguar lo ocurrido, sino obtener una narración preconcebida que alimente la hoguera política de las terminales mediáticas y parlamentarias de la derecha y la extrema derecha.

Esta instrumentalización del aparato punitivo revela el modo en que opera la judicatura cuando fracciones muy concretas de la magistratura asumen el papel de trinchera ideológica al servicio de los intereses económicos y políticos que representan. En un escenario de crisis institucional prolongada, donde las bases materiales de la hegemonía tradicional se resquebrajan, el Derecho Penal abandona cualquier pretensión de universalidad y se convierte en un mecanismo coercitivo de reordenación de fuerzas. La superestructura jurídica, lejos de operar como instancia neutral de resolución de conflictos, muestra su verdadera naturaleza de aparato de dominación que se activa selectivamente cuando el poder económico ve amenazada su posición preeminente. Al validar procesalmente las afirmaciones sin base sólida de un imputado que busca salvar su patrimonio y su libertad, el tribunal no está haciendo justicia: está legitimando una operación de acoso gubernamental que ya se desarrolla en paralelo desde otros frentes judiciales y mediáticos. La verdad judicial resultante se fabrica a la medida de los intereses de un bloque de poder tradicional, que utiliza los juzgados como una aduana política por la que debe pasar —y en la que debe ser desgastado— todo proyecto que cuestione las relaciones de producción y distribución heredadas.

La economía política de este nuevo modelo procesal introduce la figura del delator mercenario: un sujeto que permuta declaraciones incriminatorias contra terceros a cambio de una reducción drástica de su propia condena y de la inmunidad frente a las consecuencias civiles de sus actos. Esta figura no es anecdótica; representa la cristalización jurídica de la lógica del capital en su fase de acumulación más depredadora, donde todo —incluida la verdad judicial— se convierte en mercancía susceptible de ser intercambiada en un mercado regulado por relaciones de fuerza. El peligro de este precedente trasciende con mucho la coyuntura del caso concreto. Se trata de un ensayo jurisprudencial rigurosamente calculado para su posterior despliegue a gran escala. La meta a corto y medio plazo no es secreta: establecer una pasarela jurídica que permita, en fases sucesivas, armar causas penales contra figuras de máxima relevancia política que hayan representado proyectos de reformismo social, singularmente contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El diseño está listo para operar en las coordenadas precisas del presente: en un momento de aguda ofensiva político-judicial contra el Gobierno de coalición, bastará con incentivar a cualquier implicado en una trama económica —por periférica que sea su vinculación con los hechos— para que, a cambio de un generoso alivio punitivo, señale hacia miembros del Ejecutivo o de su entorno inmediato, proporcionando así la coartada procesal que permita abrir nuevas causas o reavivar las ya existentes con el único fin de erosionar la legitimidad y la capacidad de acción del poder democrático vigente actual y sepultar su reedición por un tiempo. Así se validará la apertura de causas generales que, en un Estado de Derecho legítimo, serían inadmisibles de plano por carecer de los indicios objetivos mínimos que exige la ley procesal.

Este fenómeno es indisociable de la ofensiva global que sacude el panorama institucional español, ofensiva que hunde sus raíces en la resistencia de las viejas y nuevas oligarquías a la redistribución del poder político y a los cambios económicos operados en las últimas décadas. En él conviven la reactivación de medidas cautelares insólitas contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno y el sostenimiento artificial de imputaciones sin base indiciaria real, prolongadas durante años con fines puramente estigmatizantes. La función de estas causas no es condenar —a menudo la condena es inviable— sino desgastar, deslegitimar y erosionar la autoridad moral de quienes ocupan posiciones de poder democrático, creando un estado de excepción judicial permanente que actúa como dique de contención frente a cualquier avance reformista. El motor que dinamiza este engranaje es la perfecta simbiosis entre una vanguardia de choque procesal —encarnada por acusaciones populares de la derecha y la ultraderecha española donde convergen el Partido Popular, Vox y organizaciones como Manos Limpias, Hazte Oír— y determinados sectores judiciales dispuestos a acoger cualquier libelo revestido de formalidad jurídica. La acción popular, concebida originalmente como un canal democrático de participación ciudadana en la administración de justicia, ha sido completamente vaciada de su espíritu constitucional. Convertida ya en ariete de una auténtica dictadura togada, pretende corregir en los tribunales lo que la ciudadanía decidió en las urnas. Cuando la sentencia penal se transmuta en mercancía de cambio político, la justicia fenece. Y cuando la justicia fenece, lo que queda es el ejercicio desnudo de la coacción al servicio de quienes nunca aceptaron que la soberanía popular pudiera disputarles el control real del Estado.

Cuando el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley recorrió las celdas de los jerarcas nazis durante los juicios de Núremberg contra la jerarquía del régimen nazi, el mundo esperaba que su diagnóstico confirmara la monstruosidad clínica, la psicopatía excepcional, la deformación moral irrepetible de aquella cúpula criminal. Sin embargo, su hallazgo fue mucho más desasosegante: la absoluta e inquietante normalidad de los verdugos. No había en ellos una esencia diabólica que los diferenciara del resto de mortales, sino una perturbadora capacidad de adaptación a un sistema que convertía el exterminio en trámite administrativo y la crueldad en política de Estado.

Su advertencia, rescatada por la historiografía y el cine, pulverizó el mito consolador de que el nazismo fue un virus exclusivo del alma alemana. Kelley demostró que el estereotipo del nazi —ese burócrata utilitarista, gélido, ambicioso, capaz de justificar la eliminación de la mitad de la población si los cálculos de poder así lo exigían— habita en estado latente en cualquier sociedad. Es una simiente que no germina en el vacío, sino que aguarda la confluencia de tres elementos: las condiciones materiales propicias para el descontento, una crisis institucional profunda y, sobre todo, el vector político adecuado que la active, la discipline y la dirija hacia la toma del Estado.

La historia total no admite discusión: el fascismo nunca asalta los centros de poder de forma aislada ni mediante un golpe de mano tradicional; siempre accede gracias a la claudicación y la complicidad activa de la derecha tradicional. Es la derecha respetable, la de los salones alfombrados y la retórica de la moderación, la que le franquea la entrada creyendo que podrá instrumentalizarlo. El paradigma de esta verdad incómoda es la agonía de la República de Weimar, donde un Franz von Papen —refinado, aristocrático y cínico— abrió la cancillería a Adolf Hitler convencido de que lo usaría como títere. Lo domesticaría en seis meses, le confió a un amigo. Meses después, la democracia alemana era cenizas y la dictadura se devoraba a sus padrinos.

Esa misma pulsión suicida es la que escenificó Alberto Núñez Feijóo en su entrevista del pasado 17 de junio en el plató de El Hormiguero, ante un Pablo Motos convertido en anfitrión complaciente de la banalización del horror. Aquella noche no asistimos a un simple ejercicio de retórica televisiva de un líder de la oposición; asistimos a la representación pública de una capitulación moral. Al asumir a Vox como un socio natural, legítimo e institucional, al negarse a “demonizar” —ese fue el término elegido— a una formación abiertamente reaccionaria bajo el pretexto del pragmatismo electoral, la derecha española no solo ha alfombrado el camino hacia la barbarie cotidiana, sino que ha asumido que la extrema derecha no es un peligro para la democracia, sino un instrumento útil para la reconquista del poder.

Sin embargo, para que este desembarco neofascista sea viable no basta con la mera voluntad de coalición. Se requiere una demolición previa de la legitimidad democrática, un desgaste calculado de las instituciones que convenza a la ciudadanía de que el sistema está podrido y que solo una sacudida autoritaria puede regenerarlo. Aquí es donde la advertencia de Kelley engarza directamente con la estrategia contemporánea del lawfare: la perversa conjunción judicial, policial y mediática diseñada para derrocar a un gobierno legítimo mediante la construcción de un relato de Estado criminal, corrupto y fallido. La guerra judicial no busca la verdad ni la justicia; busca la resonancia política, la destrucción civil del adversario y, como objetivo último, el blanqueamiento definitivo del fascismo bajo la apariencia de una cruzada moral regeneracionista.

Asistimos en España a una sincronización perfecta, una maquinaria de precisión que opera en tres tiempos. Primero, determinadas terminales judiciales abren causas sin base probatoria sólida —los procesos inquisitoriales contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o contra su hermano David Sánchez son el ejemplo paradigmático— basándose en denuncias de organizaciones ultraderechistas o en recortes de prensa. Segundo, las causas son inmediatamente amplificadas por un ecosistema mediático afín que las presenta como escándalos de Estado, sin esperar siquiera a su viabilidad procesal. Y tercero, las redes sociales y los platós televisivos convierten la sospecha en sentencia, intoxicando el debate público y erosionando la presunción de inocencia hasta convertirla en papel mojado. No se busca la verdad jurídica; se busca el “caso abierto”, la foto de la declaración judicial y el titular demoledor.

Dentro de este engranaje de asedio, la pieza maestra de la cacería institucional ha sido el inédito cerco contra la Fiscalía General del Estado y su máximo responsable, Álvaro García Ortiz. Esta maniobra de demolición persigue un fin nítidamente político y estratégico: descabezar y maniatar a la máxima autoridad de un Ministerio Fiscal que cometió el “delito” imperdonable de mantenerse firme en la defensa del principio de legalidad al respaldar la aplicación de la ley de amnistía para los soberanistas catalanes encausados por el procés. Al someter al Fiscal General a una persecución penal sin precedentes —con imputaciones que se sostienen sobre interpretaciones forzadas y filtraciones interesadas—, el bloque judicial y mediático reaccionario consigue descoyuntar el último dique institucional que oponía resistencia frontal a los excesos del lawfare. Con una Fiscalía General neutralizada bajo la amenaza del banquillo, el aparato corporativo conservador elimina el contrapeso interno que aún recordaba que el Ministerio Público no es un brazo ejecutor de la oposición. El camino queda así completamente despejado para acelerar el derrocamiento del Ejecutivo mediante una ofensiva penal unilateral, desbocada y libre de frenos institucionales.

Esta estrategia de acoso y derribo ha encontrado su caja de resonancia más agresiva en el propio Congreso de los Diputados. Las últimas intervenciones de la cúpula de lo que ya actúa abiertamente como un “partido judicial”, espoleado por el propio Feijóo y las huestes de Vox, han traspasado todos los límites institucionales que sostienen una democracia sana. Criminalizar al presidente del Gobierno, tildarlo de “capo”, de “cobarde”, de “delincuente confeso”, y recurrir a una violencia verbal sin precedentes en sede parlamentaria no es una rabieta pasajera de la oposición ni una simple deriva de crispación. Es la preparación psicológica del terreno para justificar cualquier medida excepcional. Es la construcción meticulosa del pretexto, la fabricación del enemigo interno sobre el que cargará la culpa de todos los males cuando llegue el momento de la desestabilización permanente.

Lo flagrante y profundamente paradójico de este escenario es el absoluto cinismo de quienes lideran la ofensiva. Mientras se levantan sumarios de la nada y se agita la sospecha mediática sobre el entorno familiar del Ejecutivo, el Estado español contempla atónito cómo el Partido Popular —una organización históricamente imputada y condenada por corrupción estructural, con las ramificaciones de la trama Gürtel, la contabilidad opaca de los papeles de Bárcenas y el uso criminal de los recursos del Estado en la operación Kitchen— pretende erigirse en heraldo de la regeneración ética y en juez de la moralidad ajena. Esa impunidad flagrante, esa capacidad de mirar hacia otro lado mientras se procesa al adversario, constituye otra forma aún más perversa de normalización: la de una oligarquía que considera el aparato estatal como su propiedad privada y que no duda en incendiar la convivencia democrática si pierde el control de los presupuestos públicos y los resortes del poder administrativo.

El peligro que se avecina ante una confluencia gubernamental entre el Partido Popular y Vox tras las próximas elecciones no es un mero cambio de siglas ni una alternancia más en el turno bipartidista. Es una mutación sistémica hacia un modelo de Estado neofascista, policial y represor. Bajo la falsa bandera del orden y la seguridad, lo que se pretende configurar es un régimen de exclusión donde la desigualdad se convierta en ley escrita y la disidencia en delito. El concepto de “prioridad nacional” que pretenden implantar no es más que el eufemismo técnico para la segregación institucional, una herramienta xenófoba y antiinmigración diseñada para despojar de derechos fundamentales a la población migrante y fracturar a la clase trabajadora bajo el manto divisorio del odio identitario. Mientras una minoría acumula privilegios, el conflicto se redirige hacia los de abajo y los de fuera.

Esta alianza no oculta sus cartas. Se alimenta de un anticomunismo visceral que opera como el gran pretexto ideológico para criminalizar la disidencia, perseguir los movimientos sociales y justificar el ejercicio de la violencia discursiva, judicial y política contra cualquiera que cuestione los intereses de las élites dominantes. Cualquier reivindicación de justicia social es tachada de “marxismo cultural”; cualquier protesta legítima, de “golpismo callejero”. A esta matriz se suma una misoginia militante que no es accidental sino estructurante: busca desmantelar las conquistas históricas de las mujeres, devolviéndolas —con discursos edulcorados sobre la natalidad y la familia natural— a una estructura de subordinación patriarcal que el nacionalcatolicismo consagró durante cuarenta años de dictadura.

Porque en España, a diferencia de la Alemania de entreguerras, el virus no necesita inventar una mitología nueva ni importar iconografías exóticas. Le basta con reactivar el sustrato del franquismo sociológico que nunca fue plenamente depurado durante la Transición. La dictadura franquista no terminó en un colapso militar, sino que negoció su propia continuidad bajo nuevas formas. El enaltecimiento y la justificación de aquel régimen, camuflados hoy bajo cínicas “leyes de concordia” —que equiparan a víctimas y verdugos—, constituyen el núcleo duro de su proyecto hegemónico. Es la normalización del terror de Estado del pasado para legitimar el retroceso democrático del presente y del futuro. Es la reivindicación de que aquel orden era necesario, y que acaso sería deseable recuperarlo.

El pueblo español debe despertar de la anestesia mediática que convierte el avance del neofascismo en un espectáculo de entretenimiento nocturno, en un motivo más de tertulia intrascendente entre chascarrillos y cortes publicitarios. Lo que Douglas Kelley advirtió ante las celdas de Núremberg se está cocinando hoy, con meticulosidad y paciencia, en los despachos políticos, en los juzgados del conservadurismo corporativo, en las redacciones de los medios intoxicadores y en los platós de la televisión privada: la construcción de un sentido común reaccionario que acepte el racismo, el lawfare, la intolerancia y la pérdida paulatina de libertades como el precio inevitable para salvaguardar el poder de los de siempre y devolver al país a un orden que nunca debió ser cuestionado.

Si la confluencia entre el Partido Popular y Vox se materializa en las urnas y se consolida en el gobierno, las estructuras del Estado serán utilizadas para demoler la democracia desde dentro, del mismo modo que lo hicieron quienes hoy blanquean como socios aceptables. La advertencia está dada, documentada y testada por la historia. La responsabilidad de frenar el horror, antes de que el ruido mediático nos anestesie por completo y el fascismo nos parezca un mal menor, sigue estando en manos de la memoria, la vigilancia democrática y la movilización popular. No habrá tribunal en el futuro que nos absuelva de haber mirado hacia otro lado mientras los verdugos normales volvían a pasearse por los pasillos del poder.

La Audiencia Nacional —tribunal que asumió en 1977 las funciones del extinguido Tribunal de Orden Público (TOP) franquista— vuelve a situarse en el centro del debate público, demostrando que sus ritmos procesales y giros de guión no siempre obedecen a la estricta lógica formal del derecho, sino que parecen actuar en llamativa sintonía con la coyuntura política y las estrategias de desgaste institucional. El reciente auto del magistrado Santiago Pedraz, que ordena, a través de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) recabar o requerir información en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz que, al final, después de más de diez horas en la sede, es más bien un registro, no constituye un hecho aislado ni una mera diligencia de investigación penal rutinaria; representa, por ahora, el último eslabón visible de una cadena de eventos policiales, judiciales, mediáticos y políticos que que vienen operando coordinadamente con intereses que trascienden las fronteras del Estado español, siendo el portavoz de esta estrategia, desde noviembre de 2023 el expresidente ultraconservador proestadounidense y sionista José María Aznar: “El que pueda hacer que haga”, cuya consigna reprodujo, en un vídeo recientemente, a raíz de la imputación judicial al expresidente socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero.

Para desentrañar la verdadera naturaleza de estos movimientos sectoriales del aparato de Estado, es metodológicamente imprescindible conectar la actividad instructora con la geopolítica de servicios de inteligencia. No es posible desvincular la hiperactividad de la Audiencia Nacional de las recientes y significativas maniobras de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Las muy recientes reuniones del nuevo embajador de la Administración Trump con los líderes del bloque conservador y reaccionario —Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal—, sumadas a sus declaraciones públicas, en un denominado desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026, en Madrid, contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Configuran, en términos de bloques de poder, la articulación de una ofensiva que aspira a tutelar, condicionar y erosionar la soberanía del Gobierno de España.

El trasfondo conceptual y material de estos desencuentros bilaterales no responde a cuestiones accesorias, sino a una enmienda a la totalidad de la política exterior y de defensa de España por parte de Washington. Son tres los vectores de ruptura fundamentales. En primer lugar, la oposición del Ejecutivo español frente a la exigencia estadounidense de elevar el gasto militar al 5% del PIB, un umbral hipertrofiado que asfixiaría el gasto social en favor del complejo militar-industrial. En segundo lugar, el posicionamiento nítido de Moncloa en apoyo al pueblo palestino y la denuncia del genocidio en Gaza, una línea roja para el consenso bipartidista de Washington. Y, finalmente, el detonante inmediato de la crisis: la prohibición de la utilización de las bases de Morón de la Frontera y Rota como plataformas de agresión militar contra Irán. A principios de marzo de 2026, el Gobierno español comunicó formalmente que no autorizaría el uso de dichas instalaciones estratégicas para una ofensiva bélica, amparándose en el Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 y ante la flagrante falta de cobertura de una resolución de Naciones Unidas. Esta decisión de no alineamiento automático obligó al Pentágono a retirar al menos once aviones cisterna KC-135 con destino a la base de Ramstein, en Alemania.

Esta confluencia de discrepancias estructurales —gasto militar, Palestina y las bases— desató una inmediata hostilidad diplomática. El propio embajador de los Estados Unidos en España explicitó este esquema de asedio político en sus declaraciones en el mencionado Foro, al precisar de manera quirúrgica que la Administración Trump dirige sus críticas y hostilidad directamente contra el Gobierno español y sus posiciones ideológicas y geoestratégicas, desvinculando de dicho ataque al “pueblo español” en una clásica maniobra de manual de guerra política dirigida a minar la legitimidad del Ejecutivo ante su base social. Asimismo, el presidente Donald Trump calificó la actitud soberana de España de “terrible”, llegando a sugerir la ruptura de relaciones bajo una retórica imperial: “podríamos usar su base si quisiéramos (...) nadie nos va a decir que no la usemos”.

Es precisamente en este escenario de confrontación abierta donde cobra sentido la instrumentalización de los archivos de Homeland Security Investigations (HSI). Esta agencia especializada en crimen transnacional y delitos financieros, integrada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos y con oficina operativa dentro de la propia delegación diplomática en Madrid, ha actuado como proveedora de la munición procesal. Oficialmente, un portavoz del DHS confirmó a la agencia Reuters su colaboración con la Policía Nacional en una investigación sobre blanqueo de fondos. Sin embargo, la cronología desborda cualquier lógica de auxilio judicial ordinario: la extracción de los datos del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas —empresario venezolano vinculado a la aerolínea Plus Ultra a través de Snip Aviation— fue realizada por la agencia estadounidense en Miami con mucha anterioridad, pero Washington retuvo de forma calculada ese dosier, procediendo a su entrega definitiva a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en noviembre de 2025, coincidiendo milimétricamente con el momento de mayor tensión política e internacional entre ambos Gobiernos.

La aportación de esta prueba tecnológica, tutelada y dosificada por los servicios estadounidenses, ha resultado capital para la reactivación penal en la Audiencia Nacional. Según consta en los autos del juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Central de Instrucción número 4, la extracción telefónica del terminal de Reyes Rojas ha sido la palanca para imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. El relato judicial asume indicios de que diversos intermediarios buscaban la intercesión del expresidente (“busco llegar a Zapatero”, “nuestro pana Zapatero está por detrás”), situándolo de forma provisional al frente de una supuesta estructura jerarquizada que habría utilizado la consultora Análisis Relevante para canalizar pagos y justificar la concesión del préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra durante la crisis sanitaria del COVID. El manejo estratégico de los tiempos por parte de HSI evidencia que la prueba tecnológica no se activó por razones procesales, sino por estricta oportunidad política global de los Estados Unidos. Había que sacar a Zapatero de las relaciones o de sus interacciones diplomáticas o comerciales con Venezuela y con China. Y de paso, remover uno de los principales pilares de apoyo político del presidente Sánchez.

De forma simultánea, la instrucción penal se nutre en el plano operativo local de piezas instrumentales como Carmen Pano, correa de transmisión de los negocios de Víctor de Aldama, vinculado a sectores ultraderechistas y que no cesa de pronunciarse políticamente para hacer caer al Gobierno español. Pano, cuya vinculación con Aldama transita desde lo personal hasta la presunta trama corporativa del fraude del IVA de hidrocarburos vinculada a la operadora Villafuel, ha asumido un rol estelar en la hoja de ruta de la acusación. Según sus propias declaraciones en sede judicial, Pano fue la encargada de transportar y entregar en mano a una persona desconocida (así lo dice) 90.000 euros en efectivo en la sede central de Ferraz, haciéndose pasar como el vector operativo para introducir flujos monetarios bajo sospecha en la arquitectura interna del partido gubernamental.

Sobre este trasfondo de injerencia externa y delaciones dirigidas, la actuación de determinados sectores de la judicatura proyecta sombras que afectan a las más elementales garantías constitucionales. La apariencia de imparcialidad objetiva del magistrado Santiago Pedraz se encuentra severamente comprometida tras haberse documentado y difundido sus reiterados encuentros de carácter social con el exjuez y actual abogado defensor de Carmen Pano, Javier Gómez Bermúdez (magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, de la que fue presidente la Sala de lo Penal), en establecimientos públicos de la calle Almagro, a escasa distancia de la Audiencia Nacional. Semejante contigüidad podría encajar conceptual y normativamente en las causas de abstención de obligado cumplimiento tipificadas en el artículo 219.9.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por amistad íntima con los letrados intervinientes. Pudiendo viciar la limpieza del procedimiento y de las diligencias ordenadas en la sede del PSOE.

Se constata, por tanto, la apariencia de ejecución de un diseño de asedio multifactorial y sincronizado: una potencia extranjera custodia y dosifica dosieres de inteligencia para entregarlos a la UDEF en el cenit de un conflicto diplomático motivado por el rechazo al aumento del gasto militar, la defensa de Palestina y el veto a las bases de Morón y Rota; testimonios de parte y delaciones operativas marcan la dirección de la causa; magistrados de la Audiencia Nacional canalizan el material bajo un manto de formalidad procesal, siguiendo miméticamente los atestados policiales y pudiéndose cuestionar su imparcialidad; y el bloque político y mediático de la derecha y la ultraderecha doméstica amplifica el relato criminalizador para justificar la tesis del desmantelamiento institucional. No estamos ante el discurrir ordinario del Estado de derecho, sino que podríamos estar asistiendo ante una sofisticada operación de lawfare e injerencia geopolítica donde sectores del aparato judicial interno parecen actuar en sintonía con los intereses de una potencia exterior, los Estados Unidos, cuyo interés es quebrar la soberanía nacional para forzar un cambio de ciclo político en el Estado español.