Cuando la deuda pública de los Estados Unidos cruza la frontera matemática de la quiebra e ingresa en la asfixia estructural —alcanzando la cifra de 31,27 billones de dólares frente a un Producto Interno Bruto estimado en 31,22 billones de dólares al término del primer trimestre de este año—, la economía política imperialista no experimenta una simple sacudida coyuntural, sino una agonía de clase de dimensiones históricas. Este umbral no se registraba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de aquel periodo de reconstrucción y expansión del capital, hoy el imperio anglosajón, impregnado de sionismo, carece de base productiva real para amortizar semejante losa. Incapaz de garantizar la cuota media de ganancia mediante la acumulación ordinaria y viendo desplazado el centro de gravedad económico global hacia la masa continental euroasiática, el capital financiero norteamericano y sus comparsas occidentales se ven abocados a activar los mecanismos más agresivos y criminales de la reacción.

Las estructuras profundas de la historia de las sociedades se hacen visibles precisamente en la coyuntura de crisis extrema, cuando las contradicciones de clase estallan e imponen la violencia imperialista para reordenar el mundo. Para sostener esa astronómica deuda de más de 31 billones de dólares y preparar las condiciones económicas y sociopolíticas de un conflicto abierto contra la alianza estratégica formada por la República Popular China y la Federación Rusa, el bloque atlantista requiere desesperadamente pacificar y disciplinar su propia retaguardia social. La bancarrota del imperio no se liquida con ajustes contables; se salda mediante la expropiación, el colonialismo y la reorganización autoritaria del frente interno metropolitano. Y en esa arquitectura de dominación reaccionaria, la fabricación industrial de un enemigo de diseño es un requisito metodológico e ideológico imprescindible.

La masa desposeída de trabajadores migrantes, arrojada a las fronteras de Ceuta y del Mediterráneo o hacia al archipiélago canario, a través de la mortal ruta atlántica, por el pillaje colonial en el Sur Global, es convertida deliberadamente en el chivo expiatorio sobre el que canalizar el pánico social y la frustración de las clases subalternas europeas. Antonio Gramsci explicó con insuperable lucidez cómo las oligarquías en fase de descomposición hegemonizan la sociedad construyendo mitos irracionales que fracturan la conciencia de clase y dirigen el resentimiento de los penúltimos contra los últimos. La criminalización de la inmigración no es un exceso discursivo ni un error de gestión administrativa: es la operación fundamental de ingeniería social diseñada para imponer la hegemonía del odio e inocular el virus del racismo visceral en el cuerpo social metropolitano.

Bajo este despliegue, asistimos a la configuración de un auténtico IV Reich de naturaleza financiera, militar y mediática, articulado en torno a la cruzada ideológica antiizquierda que Washington cocina bajo el eufemismo de combatir el “resurgimiento del terrorismo político”, sumando a más de sesenta naciones a su disciplina atlantista en la cumbre celebrada el 16 de julio pasado en la capital estadounidense. En la trinchera europea, las corporaciones mediáticas, los algoritmos de las grandes plataformas digitales y la extrema derecha política operan como el brazo ejecutor de este nuevo orden fascista. Las provocaciones orquestadas a través de redes sociales para incitar colapsos en las vallas de Ceuta, las proclamas que exigen literalmente “cazar” seres humanos para deportarlos sumariamente, la rebeldía institucional de las comunidades autónomas españolas gobernadas por la reacción al negarse a acoger a menores desamparados, e incluso la presión judicial contra el Gobierno español no son fenómenos inconexos, sino los aperos de una estrategia de guerra psicológica brutal.

En este laboratorio geopolítico de la reacción, la figura de Giorgia Meloni adquiere una centralidad sintomática y peligrosa. Al imponer unilateralmente controles fronterizos para los viajeros procedentes de España, el ejecutivo neofascista de Roma no solo dinamita las libertades formales del espacio Schengen y aplica la doctrina del sospechoso generalizado, sino que instrumentaliza la crisis para erigirse en el capataz ideológico del atlantismo en la cuenca mediterránea. Esta ofensiva de la ultraderecha transalpina busca rendir dividendos electorales inmediatos y alinearse ciegamente con la agenda de Donald Trump y Elon Musk, pero proyecta además una sombra de consecuencias extraordinarias e inmediatas sobre el Archipiélago Canario.

En Canarias, donde reside una de las colonias de ciudadanos italianos más numerosas y sociológicamente complejas del Estado español, el riesgo político y sociológico resulta evidente: las políticas de movilización del odio del gobierno de Meloni actúan como un potente catalizador de fractura social. Existe un riesgo latente de que la inyección constante del dogma de la “prioridad nacional” y el chovinismo populista contamine a esta importante comunidad residente, empujando a sectores de la misma hacia posturas de repliegue identitario y enfrentamiento xenófobo en un territorio insular que es, precisamente, la primera frontera española en el Atlántico medio del dolor de la migración africana, máxime cuando el Gobierno español ha respondido con medidas de control fronterizo a los que lleguen de Italia. Semejante dinamita ideológica representa un serio riesgo de fragmentación de la solidaridad de clase y de la convivencia entre la clase trabajadora canaria y la población migrante e inmigrante, amenazando con transformar la convivencia plurinacional en un polvorín de tensiones raciales que solo beneficia a las oligarquías locales y al gran capital financiero.

Antonio Scurati ha retratado con precisión histórica en Los últimos días de Europa la mecánica exacta de este fenómeno: el fascismo no irrumpe mediante un golpe repentino, sino mediante la anestesia moral, la degradación sistemática del lenguaje jurídico y la aceptación gradual de la violencia contra el diferente. El paralelismo con el nazifascismo de los años treinta es absoluto y lacerante. La “prioridad nacional” no es otra cosa que el nombre contemporáneo de la segregación chauvinista de clase, convertida en norma legal para erosionar el derecho sustantivo e instrumentar el derecho penal y el administrativo sancionador contra los desposeídos.

Dentro de este esquema de agresión global, España y el gobierno central presidido por Pedro Sánchez representan en la actual correlación de fuerzas un obstáculo político y geopolítico que el IV Reich necesita derrocar a cualquier precio. Un gobierno en Madrid que pretenda mantener mínimos cauces de contención social, defender la legalidad internacional o negarse al alineamiento automático y sumiso con el atlantismo más belicista constituye un estorbo intolerable para los planes de la oligarquía financiera norteamericana y europea. De ahí la ferocidad del acoso institucional, la asfixia parlamentaria en el Senado y el linchamiento mediático derechista coordinado: para el imperialismo en quiebra no puede haber matices ni fisuras en la retaguardia europea cuando se prepara el gran zarpazo militar e industrial contra el bloque euroasiático.

No cabe llamarse a engaño ni refugiarse en abstracciones tibias o eufemismos socialdemócratas. El enemigo de clase ha enseñado sus cartas y está dispuesto a triturar la convivencia democrática, la legalidad internacional y las garantías procesales más elementales con tal de preservar el dominio del gran capital a expensas del derramamiento de sangre. La criminalización del inmigrante en las fronteras de Ceuta o Canarias, la agitación supremacista de la extrema derecha española, con el patrocinio de la Casa Blanca y del sionismo, y la desestabilización de las instituciones no son más que los preparativos ideológicos, en el Estado español, de una oligarquía imperial exhausta que pretende arrastrar a la humanidad entera a la barbarie. La batalla decisiva no es técnica ni administrativa; es una lucha de clases a escala planetaria donde la única respuesta legítima y eficaz frente al neofascismo es la movilización consciente, el rigor interpretativo y la defensa irrenunciable del internacionalismo organizado de los trabajadores.

La sincronía de los acontecimientos geopolíticos rara vez obedece al azar; es, por el contrario, el síntoma visible de una convergencia dialéctica mucho más profunda. Responde al deterioro estructural del sistema capitalista global y a la precipitación de crisis que el imperialismo instrumentaliza como palancas de recomposición autoritaria. España atraviesa hoy un periodo de vulnerabilidad multidimensional extrema. A la catástrofe climática encarnada en incendios forestales sin precedentes, se suma una violenta ofensiva interna de acoso judicial e intoxicación mediática diseñada para desestabilizar al Ejecutivo central. Esta ofensiva es ejecutada por la díada reaccionaria española —la alianza orgánica entre el PP y Vox— cuyo brazo armado es el lawfare judicial y mediático, operando como correa de transmisión de una estrategia de desgaste de mayor calado. Y es precisamente en este epicentro de fragilidad política interna donde se activa la válvula de escape exterior: la crisis fronteriza en el sur. La llegada masiva, fuera de los cauces legales, de decenas de miles de personas a Ceuta —un episodio de tal gravedad que el propio Gobierno español ha tenido que calificarlo como una vulneración de la integridad territorial— no es un accidente, sino la pieza de un tablero mayor.

La tragedia fronteriza es, en términos geoestratégicos, un arma de guerra híbrida. Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, más de 50.000 personas fueron empujadas a cruzar el límite fronterizo en una operación de dimensiones inéditas, que ya se ha cobrado un trágico saldo de más de sesenta fallecidos en suelo español. Lo que define este suceso como una operación de chantaje no es el flujo humano en sí, sino su fría orquestación: la deliberada inacción y la permisividad calculada de las autoridades de Rabat, que levantaron la vigilancia en puntos neurálgicos como el espigón limítrofe. No hubo falla operativa; hubo un movimiento táctico de la monarquía alauita para asfixiar al Estado español en su momento de mayor debilidad.

Pero Marruecos no actúa en solitario. Lo hace como pieza subordinada —como Estado subimperialista— dentro de una arquitectura geopolítica superior. Su alineamiento con la transacción colonial de los Acuerdos de Abraham, mediante la cual Washington y Tel Aviv avalaron la ocupación ilegal del Sáhara Occidental a cambio del sometimiento incondicional de Rabat a la agenda anglo-sionista, ha transformado al reino norteafricano en el gendarme del Estrecho y en el verdugo de los gobiernos disidentes. La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el conflicto de Palestina, su negativa a involucrar a España en la agresión armada estadounidense e israelí contra Irán —bloqueando el uso ofensivo de las bases de Rota y Morón— y su resistencia al incremento desmedido del gasto militar dictado por los Estados Unidos a la OTAN, han activado el mecanismo de castigo del bloque imperialista. Ceuta no es un problema migratorio; es una represalia geopolítica en toda regla.

Esta ofensiva desestabilizadora no es improvisada; está explícitamente teorizada y promovida desde los centros de poder estadounidenses. El reciente informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, impulsado por el sector neocon liderado por Mario Díaz-Balart bajo la cobertura de Marco Rubio, ha calificado formalmente a Ceuta y Melilla como «territorios bajo administración española situados en Marruecos», instando explícitamente a negociar su estatus. Esta declaración no es una ocurrencia retórica: es un acto de agresión institucional que cuestiona la soberanía española desde la propia legislatura del país hegemón.

A esta presión política se suman las provocaciones de los ideólogos del imperialismo y el sionismo. Michael Rubin, del American Enterprise Institute —vinculado a la maquinaria de inteligencia israelí y conocido por fabricar las falsas pruebas de armas de destrucción masiva que justificaron el genocidio en Irak en 2003—, ha incitado públicamente a Marruecos a organizar una «nueva Marcha Verde». Su plan es claro: enviar excavadoras para derribar las vallas perimetrales y facilitar la invasión de multitudes desarmadas para tomar las ciudades, ejecutando una sustitución demográfica y la expulsión forzosa de la población local. Esta retórica no es un exabrupto; se inscribe en una campaña de desestabilización narrativa que es amplificada por la maquinaria de intoxicación digital de magnates como Elon Musk y por la retórica agresiva de Donald Trump, quien ha sentenciado: «Parece una invasión de un país... y lo mismo nos va a pasar si los republicanos no son elegidos [...] Si no estamos en el poder, nuestro país será invadido en niveles que hacen que España parezca algo menor». Con estas palabras, Trump articula un ataque coordinado para consolidar la narrativa del «Estado fallido» español, reduciendo la tragedia humanitaria a mera coyuntura electoral estadounidense y escalando el chantaje hasta presentar a España como el ensayo generalizado de una invasión continental de los nuevos “bárbaros”.

Para comprender la magnitud del momento histórico, es insoslayable inscribir este chantaje en un marco continental. El alineamiento del gobierno neofascista italiano de Giorgia Meloni, suspendiendo el Acuerdo de Schengen con España y el anuncio de Emmanuel Macron de reforzar militarmente las fronteras francesas con España no son hechos aislados. Obedecen al despliegue de una estrategia coordinada desde la internacional reaccionaria y anticomunista urdida en Washington, orientada a la configuración ideológica y material de un auténtico «IV Reich» en el seno de la Unión Europea. El objetivo central de este bloque es la militarización total del continente para sostener a cualquier costo la confrontación bélica contra la Federación Rusa en Ucrania, mientras se prepara el terreno para la colisión estratégica final contra la República Popular China.

Dentro de este macroproyecto imperialista, el asalto a Ceuta y la amenaza latente sobre Melilla actúan como catalizadores ideológicos de primer orden.

De cara a los procesos electorales en Europa, el ensañamiento con la frontera sur y la exacerbación del racismo institucional buscan inyectar el pánico moral necesario en las sociedades europeas. Es la ingeniería del miedo aplicada para desviar la atención de la crisis sistémica del capital, liquidar cualquier reducto de soberanía popular y catapultar al poder a ejecutivos abiertamente nazifascistas, disciplinados bajo el nuevo orden paneuropeo.

En este tablero de agresiones cruzadas, el pueblo canario debe extraer una lección histórica inaplazable. La vulnerabilidad demostrada en la frontera norteafricana expone la falacia de situar la seguridad del Archipiélago bajo la cobertura del atlantismo o en la subordinación a los intereses geopolíticos de Washington. Marruecos, fortalecido por el aval anglo-sionista en la ocupación del Sáhara Occidental y por la complacencia europea, avanza sin freno en su agenda expansionista sobre las aguas jurisdiccionales y los recursos marinos y mineros contiguos a las Islas Canarias. Pretender que el servilismo militarista a la OTAN o la integración en clústeres de la industria de la guerra blindarán al Archipiélago es una ceguera trágica. Canarias no puede seguir siendo la plataforma logística de retaguardia ni el peón sacrificable de las aventuras imperialistas en África; la verdadera salvaguarda del pueblo canario pasa por la exigencia de la neutralidad, el respeto estricto al Derecho Internacional, el apoyo inequívoco al proceso de descolonización del Sáhara Occidental y la firme oposición a ser arrastrados a la espiral del expansionismo alauita.

Frente a esta embestida, la denuncia, también, debe ser implacable y la respuesta, estratégica. Pretender que la soberanía de Ceuta y Melilla, incluyendo la del Archipiélago Canari, pueda ser objeto de transacción en despachos de Washington, o que su integridad pueda ser asaltada impunemente bajo la instigación de ideólogos sionistas y la complicidad del régimen alauita, constituye un atropello flagrante al Derecho Internacional. Cuestionar el estatus de estas poblaciones para utilizarlas como fichas de cambio geopolítico no solo conculca la legalidad internacional sobre el derecho a la autodeterminación, sino que vulnera de forma directa los derechos fundamentales y la seguridad de miles de ciudadanos. El pueblo canario debe estar muy alerta.

La articulación de la resistencia exige desenmascarar esta maniobra sin caer en el chauvinismo reactivo ni en la xenofobia de baja intensidad que la derecha intenta explotar. Se trata de aplicar la pedagogía política y el análisis de clase a las relaciones internacionales para impedir que el eje anglo-sionista destruya la autodeterminación de los pueblos y consolide su proyecto de dominación neofascista en Europa. El «IV Reich» no es una metáfora retórica ni una exageración alarmista: es el nombre de una arquitectura de poder que se está cementando ante nuestros ojos, y cuya primera línea de trinchera ha sido trazada, hoy, en el Estrecho de Gibraltar.

El examen minucioso de la sentencia 152/2026, dictada el 14 de julio por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz bajo la ponencia del magistrado Emilio Serrano Molera, desvela una anomalía procesal y dogmática de gravedad extraordinaria que trasciende el debate casuístico para socavar los cimientos mismos de nuestro Estado social y democrático de derecho. La lectura de esta resolución genera una profunda inquietud institucional. En ella se articula una ingeniería jurídica que subvierte los pilares del Derecho Penal moderno: se condena por prevaricación administrativa basándose, de manera contradictoria, en una presunta influencia cuyo autor material se declara expresamente inacreditado. Este proceso penal, como ha señalado con lucidez el periodista Ernesto Ekaizer, adolece de una debilidad estructural de origen al haberse sustanciado con la oposición frontal del Ministerio Fiscal —que solicitó reiteradamente el sobreseimiento al no apreciar indicio delictivo alguno— y ser impulsado en exclusiva por una heterogénea alianza de acusaciones populares de derecha y extrema derecha españolas (Manos Limpias, Vox, PP, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa) que han instrumentalizado la causa con fines eminentemente partidistas.

Para calibrar la dimensión del torpedo a la línea de flotación de la jurisprudencia que supone este pronunciamiento, es imperativo partir de la estricta dogmática del delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal. El Tribunal Supremo ha consolidado una doctrina pacífica: la prevaricación exige que la autoridad funcione dictando una resolución arbitraria, objetivamente injusta y con consciencia subjetiva de esa injusticia, rompiendo los principios de mérito y capacidad. Sin embargo, la resolución de Badajoz presume la injusticia objetiva de la convocatoria de la plaza de Alta Dirección de octubre de 2016 por el mero resultado final: la adjudicación a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. El tribunal construye su convicción sobre la arbitrariedad del acto administrativo apoyándose en la sombra de un influjo externo que, paradójicamente, declara no probado en cuanto a su autoría.

Esta contradicción colisiona frontalmente con el tipo penal de tráfico de influencias (art. 428 Cnel Código Pena), el cual exige la acreditación de un sujeto que, prevaliéndose de su situación, influye de manera eficiente sobre una autoridad. Al analizar el bloque A de los hechos probados de la sentencia, relativo al concurso de 2016 donde intervinieron el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda; la diputada de Cultura, Cristina Núñez Fernández, y la directora del Área, Elisa Moriano Morales, la sentencia reconoce de forma expresa que no consta acreditado si la decisión se tomó a petición del beneficiario o de su entorno, afirmando textualmente que “no ha quedado probado que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados”. Si la influencia carece de autor, el delito de tráfico desaparece del ámbito de lo punible por imperativo de la presunción de inocencia. No obstante, el tribunal realiza un salto mortal dogmático: descarta la condena por tráfico de influencias por falta de prueba, pero utiliza esa misma “influencia fantasma” como motor probatorio para sostener la prevaricación de los cargos públicos. Se absuelve la influencia, pero se condena su efecto implícito, empleando un hecho no probado para rellenar el elemento subjetivo del dolo en la prevaricación.

La quiebra del principio de legalidad adquiere tintes de aberración jurídica al analizar la condena de David Sánchez como cooperador necesario del delito de prevaricación. La prevaricación es un delito especial propio que solo puede cometer un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Para que un particular (extraneus) sea condenado como cooperador necesario de un delito especial, la jurisprudencia exige inexorablemente un pacto colusorio previo o simultáneo con el autor, una aportación causal determinante y el dolo de participar en la resolución injusta. En este caso, al declarar el tribunal que no está probado quién, cómo ni cuándo se ejerció presión sobre los miembros de la Diputación, la premisa de la cooperación necesaria se desmorona por completo. No puede existir un acuerdo de voluntades ni un dolo común sobre una base fáctica que el propio fallo judicial declara inexistente. Al condenar a David Sánchez por el mero hecho de presentar su candidatura y aceptar el contrato, se criminaliza un acto socialmente neutro, vulnerando la doctrina de la prohibición de regreso. El ejemplo clásico es el del taxista: si un taxista lleva a un cliente a un banco y este, al bajarse, lo atraca, el taxista no es cómplice del robo. Aunque físicamente “ayudó” al atracador a llegar a su destino, su conducta (conducir un taxi) es lícita y adecuada. El Derecho Penal tiene prohibido “regresar” en la cadena de hechos para culpar a quien actuó con normalidad. En el caso de Badajoz, presentarse a una plaza pública y firmar un contrato son actos sociales neutros. Culpar a David Sánchez de cooperar en la prevaricación ajena sin probar un pacto previo equivale a condenar al taxista por el atraco de su cliente. Se sustituye el Derecho Penal del hecho por un intolerable Derecho Penal de autor y de sospecha, donde el vínculo familiar actúa como una presunción iuris et de iure de culpabilidad.

A esta insostenible construcción dogmática se suma un entorno procesal y orgánico que compromete de raíz la apariencia de imparcialidad exigible en un Estado de derecho. Es obligado matizar, con el debido rigor, que la controvertida imagen del actual presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz posando junto a Santiago Abascal data de su etapa como juez decano y que dicho magistrado no integró el tribunal redactor de esta sentencia. Sin embargo, ese documento gráfico permanece como síntoma elocuente de la atmósfera de preocupante proximidad ideológica entre ciertos estamentos judiciales de Badajoz y el entorno de Vox, ejerciente aquí como acusación popular. Pero donde la quiebra de la neutralidad deviene verdaderamente intolerable es en la fase de instrucción. La magistrada instructora se significó políticamente de manera inequívoca al participar, togada, en concentraciones públicas ante la sede judicial de Badajoz manifestándose contra el proyecto de ley de amnistía. Que la instructora de una causa penal contra el hermano del presidente del Gobierno exteriorice públicamente su rechazo a la principal iniciativa política de ese mismo Gobierno constituye una vulneración frontal de la doctrina sobre la apariencia de imparcialidad objetiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La justicia no solo debe hacerse, sino que debe parecer que se hace; algo imposible cuando quien instruye se coloca la toga para protestar contra el entorno del investigado.

Como bien ha desvelado Ekaizer, nos encontramos ante una resolución donde la debilidad técnica de la condena, la ausencia de soporte fiscal y las conexiones ideológicas evidencian una preocupante sumisión de la técnica jurídica a la presión política y mediática. La secuencia lógica de la acusación penal ha sido alterada a martillazos para encajar una condena de carácter ejemplarizante. Desde el rigor jurídico, es insostenible afirmar que un ciudadano coopera necesariamente en una prevaricación por el mero hecho de resultar adjudicatario de un puesto de trabajo sin demostrar su participación en la manipulación de las bases o en un concierto delictivo con la autoridad. Hacerlo supone introducir una responsabilidad objetiva proscrita en nuestro ordenamiento, donde la culpabilidad se deduce del estatus del reo y no de la prueba de su participación en el injusto.

La conclusión política de este análisis ratifica de manera palmaria la tesis del lawfare. Estamos ante un caso de manual de judicialización de la política: el aparato judicial, impulsado por acusaciones populares instrumentales que actúan como correas de transmisión de intereses partidistas —y que encuentran un alarmante reflejo de simpatía en la instrucción y ciertas jerarquías judiciales de Badajoz—, se utiliza para socavar la legitimidad del Gobierno de la nación. El efecto político de esta sentencia es devastador para la credibilidad de nuestras instituciones. Cuando los tribunales erigen condenas penalmente frágiles, sustentadas en nexos causales inexistentes y figuras de cooperación vacías de contenido probatorio, lo que se genera no es justicia, sino una herramienta de desgaste democrático. La imagen de un familiar del presidente del Gobierno condenado cumple un objetivo puramente simbólico y propagandístico, pero el coste para el sistema es inasumible: se banaliza el Derecho Penal, se destruye la presunción de inocencia y se normaliza la condena por asociación. Este pronunciamiento no es un triunfo de la legalidad administrativa, sino el exponente más crudo de cómo la polarización instrumentaliza la justicia, produciendo fallos que la historia del Derecho acabará juzgando como un uso espurio de la jurisdicción penal con una devaluación democrática sin precedentes.

La reciente resolución judicial que vedó la presencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la delegación oficial española en la cumbre de la OTAN en Ankara, no admite una lectura ingenua bajo el reduccionismo técnico-jurídico del derecho procesal burgués. Sostener, con un formalismo estéril, que la denegación del permiso se fundamenta exclusivamente en la condición de Turquía como Estado extracomunitario es un ejercicio de hipocresía institucional que ofende la inteligencia crítica. Tal argumentación se desmorona ante la evidencia de que el riesgo de fuga es materialmente inexistente en una persona que se encuentra bajo una custodia permanente y exhaustiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Si descorremos el velo del fetichismo legal, lo que emerge con nitidez no es la aplicación de la norma, sino su instrumentalización política: un síntoma elocuente de una coyuntura histórica donde los aparatos coercitivos del Estado se activan para disciplinar, erosionar y descabezar a un poder ejecutivo que se ha tornado disfuncional, si no incómodo, para el bloque atlantista hegemónico transnacional.

Este asedio judicial doméstico no opera en el vacío, ni es fruto de la casualidad; actúa como la mandíbula interna de una pinza tenaza cuya fuerza motriz es exterior. Horas antes de que la resolución judicial viera la luz, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lanzaba en los medios de comunicación la consigna que preludiaba el fallo: calificaba de “absolutamente impropio” el viaje y exigía impedirlo “como sea”. Esta sincronización milimétrica entre la ofensiva mediático-partidista y el dictamen de los tribunales desenmascara la operativa de la “guerra híbrida” moderna: la judicatura deja de ser un poder arbitral para convertirse en el brazo ejecutor de una estrategia de desgaste orquestada. El objetivo trascendía lo meramente anecdótico; se trataba de garantizar que el presidente del Gobierno aterrizara en Ankara políticamente maniatado, mermado en su autoridad simbólica ante sus pares y lastrado por una duda penal que, más allá de los juzgados, actuaba como un mecanismo de devaluación de su palabra en el escenario internacional.

Para comprender la urgencia y la virulencia de este disciplinamiento, es imperativo ensanchar el foco hacia la geopolítica del imperio. La cumbre de la OTAN se celebra bajo la sombra de un Donald Trump hostil, refractario a cualquier fisura en la ortodoxia atlantista y ávido de sacrificios fiscales para la maquinaria bélica. El Gobierno español se ha convertido en una pieza a ajustar en el tablero geopolítico debido a sus posiciones de distanciamiento frente a la agresión militar estadounidense-sionista sobre Irán y, crucialmente, por su resistencia a acatar la exigencia draconiana de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB. Este incremento no es una mera variable macroeconómica; representa una detracción masiva de recursos que, en última instancia, sustraería capacidad de bienestar a las clases populares para transferirla, vía complejo militar-industrial, a los engranajes de la guerra permanente. Ante esta disidencia presupuestaria y diplomática, la maquinaria imperial no duda en activar sus terminales domésticas para corregir la desviación.

Una mirada rigurosa a la historia estructural de nuestro país nos obliga a establecer un paralelismo tan nítido como ineludible. En enero de 1981, el presidente Adolfo Suárez fue forzado a dimitir, acorralado por el ruido de sables, las presiones del estamento castrense y el aislamiento político de quienes exigían la integración inmediata y sumisa de España en la estructura de la OTAN. Un mes después, sobrevenía la intentona golpista del 23-F como culminación de esa crisis de hegemonía. La lección que nos lega aquella coyuntura es atemporal: cuando el diseño político de un Gobierno civil no se pliega con la docilidad exigida a los intereses estratégicos del eje atlantista, los resortes profundos del Estado —sus “poderes fácticos”— se movilizan para forzar su capitulación o su relevo.

La diferencia fundamental entre 1981 y la actualidad no reside en el objetivo final —el alineamiento inquebrantable con el bloque occidental—, sino en la mutación táctica de la clase dominante. En el marco de las democracias liberales maduras, la coerción tosca de los cuarteles ha sido sustituida por la violencia simbólica y el poder omnímodo de la toga. El lawfare se ha erigido como el nuevo ruido de sables. Ya no son necesarios los tanques en las calles para desestabilizar a un Ejecutivo; basta con la instrumentalización espuria del derecho penal, la generación de un estado de opinión asfixiante y la judicialización de la política. La presión actual de la OTAN, vehiculada a través de una judicatura dependiente y una oposición sumisa a los dictados exteriores, busca forzar un escenario de debilidad que facilite la caída del Gobierno o la dimisión de Pedro Sánchez para reinstaurar una ortodoxia sumisa.

Lo que hoy está en disputa en los estrados de Madrid y en los salones de Ankara no es la rectitud procedimental de una causa, sino los límites estructurales de la soberanía nacional. Se debate si España tiene derecho a un margen de autonomía estratégica o si, por el contrario, su política interior y exterior debe ser gestionada como una colonia interna del imperio, donde los jueces actúan como procuradores de un orden que nos es ajeno. Frente a la fuerza del poder de la toga, solo cabe la defensa democrática de la capacidad de decidir nuestro propio destino.

La reciente Sentencia 418/2026 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada el 22 de junio de 2026 en la causa especial 20775/2020, constituye un hito de extraordinaria gravedad que no puede despacharse bajo el cómodo lenguaje de la neutralidad técnica. Reducir este pronunciamiento a un mero pasaje de la dogmática sobre las atenuantes por confesión o colaboración es una ceguera voluntaria. Lo que oculta es la profunda mutación que experimentan las estructuras del Estado cuando los sectores más reaccionarios del bloque de poder se repliegan en sus bastiones corporativos para librar una guerra judicial contra el poder democrático. El trato de favor concedido a Víctor de Aldama —a quien se aplica una atenuante muy cualificada que desmorona la proporcionalidad de la pena y vacía las responsabilidades civiles— no es un exceso puntual, sino la institucionalización de una doctrina excepcional, que parece estar diseñada para alterar el mapa del poder político mediante la demolición controlada de los principios más elementales del garantismo penal clásico.

El garantismo procesal penal, construido históricamente como un escudo frente a la arbitrariedad del poder punitivo —y conquistado como defensa de las clases subalternas frente al aparato represor del Estado— exige que la declaración de quien confiesa o delata esté sometida a un riguroso tamiz de corroboración periférica, objetiva e incuestionable. La doctrina constitucional y la jurisprudencia consolidada del propio Tribunal Supremo condicionan la validez probatoria de la palabra del coimputado a la existencia de datos externos que la confirmen de manera verosímil. Sin embargo, en esta resolución asistimos a una inquietante inversión de la carga de la prueba. El testimonio interesado de quien ha actuado como un engranaje del capitalismo corruptor —y que negocia activamente su impunidad— adquiere un valor casi sagrado, no por su consistencia empírica, sino por su utilidad estratégica en un momento político preciso. Al rebajar los estándares de exigencia probatoria para premiar una delación huérfana de contraste documental sólido, el tribunal desnaturaliza los fines del proceso penal: la búsqueda de la verdad material cede su lugar a una lógica transaccional, donde la pena se compra y se vende en un mercado de relatos. El objetivo real no es ya averiguar lo ocurrido, sino obtener una narración preconcebida que alimente la hoguera política de las terminales mediáticas y parlamentarias de la derecha y la extrema derecha.

Esta instrumentalización del aparato punitivo revela el modo en que opera la judicatura cuando fracciones muy concretas de la magistratura asumen el papel de trinchera ideológica al servicio de los intereses económicos y políticos que representan. En un escenario de crisis institucional prolongada, donde las bases materiales de la hegemonía tradicional se resquebrajan, el Derecho Penal abandona cualquier pretensión de universalidad y se convierte en un mecanismo coercitivo de reordenación de fuerzas. La superestructura jurídica, lejos de operar como instancia neutral de resolución de conflictos, muestra su verdadera naturaleza de aparato de dominación que se activa selectivamente cuando el poder económico ve amenazada su posición preeminente. Al validar procesalmente las afirmaciones sin base sólida de un imputado que busca salvar su patrimonio y su libertad, el tribunal no está haciendo justicia: está legitimando una operación de acoso gubernamental que ya se desarrolla en paralelo desde otros frentes judiciales y mediáticos. La verdad judicial resultante se fabrica a la medida de los intereses de un bloque de poder tradicional, que utiliza los juzgados como una aduana política por la que debe pasar —y en la que debe ser desgastado— todo proyecto que cuestione las relaciones de producción y distribución heredadas.

La economía política de este nuevo modelo procesal introduce la figura del delator mercenario: un sujeto que permuta declaraciones incriminatorias contra terceros a cambio de una reducción drástica de su propia condena y de la inmunidad frente a las consecuencias civiles de sus actos. Esta figura no es anecdótica; representa la cristalización jurídica de la lógica del capital en su fase de acumulación más depredadora, donde todo —incluida la verdad judicial— se convierte en mercancía susceptible de ser intercambiada en un mercado regulado por relaciones de fuerza. El peligro de este precedente trasciende con mucho la coyuntura del caso concreto. Se trata de un ensayo jurisprudencial rigurosamente calculado para su posterior despliegue a gran escala. La meta a corto y medio plazo no es secreta: establecer una pasarela jurídica que permita, en fases sucesivas, armar causas penales contra figuras de máxima relevancia política que hayan representado proyectos de reformismo social, singularmente contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El diseño está listo para operar en las coordenadas precisas del presente: en un momento de aguda ofensiva político-judicial contra el Gobierno de coalición, bastará con incentivar a cualquier implicado en una trama económica —por periférica que sea su vinculación con los hechos— para que, a cambio de un generoso alivio punitivo, señale hacia miembros del Ejecutivo o de su entorno inmediato, proporcionando así la coartada procesal que permita abrir nuevas causas o reavivar las ya existentes con el único fin de erosionar la legitimidad y la capacidad de acción del poder democrático vigente actual y sepultar su reedición por un tiempo. Así se validará la apertura de causas generales que, en un Estado de Derecho legítimo, serían inadmisibles de plano por carecer de los indicios objetivos mínimos que exige la ley procesal.

Este fenómeno es indisociable de la ofensiva global que sacude el panorama institucional español, ofensiva que hunde sus raíces en la resistencia de las viejas y nuevas oligarquías a la redistribución del poder político y a los cambios económicos operados en las últimas décadas. En él conviven la reactivación de medidas cautelares insólitas contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno y el sostenimiento artificial de imputaciones sin base indiciaria real, prolongadas durante años con fines puramente estigmatizantes. La función de estas causas no es condenar —a menudo la condena es inviable— sino desgastar, deslegitimar y erosionar la autoridad moral de quienes ocupan posiciones de poder democrático, creando un estado de excepción judicial permanente que actúa como dique de contención frente a cualquier avance reformista. El motor que dinamiza este engranaje es la perfecta simbiosis entre una vanguardia de choque procesal —encarnada por acusaciones populares de la derecha y la ultraderecha española donde convergen el Partido Popular, Vox y organizaciones como Manos Limpias, Hazte Oír— y determinados sectores judiciales dispuestos a acoger cualquier libelo revestido de formalidad jurídica. La acción popular, concebida originalmente como un canal democrático de participación ciudadana en la administración de justicia, ha sido completamente vaciada de su espíritu constitucional. Convertida ya en ariete de una auténtica dictadura togada, pretende corregir en los tribunales lo que la ciudadanía decidió en las urnas. Cuando la sentencia penal se transmuta en mercancía de cambio político, la justicia fenece. Y cuando la justicia fenece, lo que queda es el ejercicio desnudo de la coacción al servicio de quienes nunca aceptaron que la soberanía popular pudiera disputarles el control real del Estado.

Cuando el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley recorrió las celdas de los jerarcas nazis durante los juicios de Núremberg contra la jerarquía del régimen nazi, el mundo esperaba que su diagnóstico confirmara la monstruosidad clínica, la psicopatía excepcional, la deformación moral irrepetible de aquella cúpula criminal. Sin embargo, su hallazgo fue mucho más desasosegante: la absoluta e inquietante normalidad de los verdugos. No había en ellos una esencia diabólica que los diferenciara del resto de mortales, sino una perturbadora capacidad de adaptación a un sistema que convertía el exterminio en trámite administrativo y la crueldad en política de Estado.

Su advertencia, rescatada por la historiografía y el cine, pulverizó el mito consolador de que el nazismo fue un virus exclusivo del alma alemana. Kelley demostró que el estereotipo del nazi —ese burócrata utilitarista, gélido, ambicioso, capaz de justificar la eliminación de la mitad de la población si los cálculos de poder así lo exigían— habita en estado latente en cualquier sociedad. Es una simiente que no germina en el vacío, sino que aguarda la confluencia de tres elementos: las condiciones materiales propicias para el descontento, una crisis institucional profunda y, sobre todo, el vector político adecuado que la active, la discipline y la dirija hacia la toma del Estado.

La historia total no admite discusión: el fascismo nunca asalta los centros de poder de forma aislada ni mediante un golpe de mano tradicional; siempre accede gracias a la claudicación y la complicidad activa de la derecha tradicional. Es la derecha respetable, la de los salones alfombrados y la retórica de la moderación, la que le franquea la entrada creyendo que podrá instrumentalizarlo. El paradigma de esta verdad incómoda es la agonía de la República de Weimar, donde un Franz von Papen —refinado, aristocrático y cínico— abrió la cancillería a Adolf Hitler convencido de que lo usaría como títere. Lo domesticaría en seis meses, le confió a un amigo. Meses después, la democracia alemana era cenizas y la dictadura se devoraba a sus padrinos.

Esa misma pulsión suicida es la que escenificó Alberto Núñez Feijóo en su entrevista del pasado 17 de junio en el plató de El Hormiguero, ante un Pablo Motos convertido en anfitrión complaciente de la banalización del horror. Aquella noche no asistimos a un simple ejercicio de retórica televisiva de un líder de la oposición; asistimos a la representación pública de una capitulación moral. Al asumir a Vox como un socio natural, legítimo e institucional, al negarse a “demonizar” —ese fue el término elegido— a una formación abiertamente reaccionaria bajo el pretexto del pragmatismo electoral, la derecha española no solo ha alfombrado el camino hacia la barbarie cotidiana, sino que ha asumido que la extrema derecha no es un peligro para la democracia, sino un instrumento útil para la reconquista del poder.

Sin embargo, para que este desembarco neofascista sea viable no basta con la mera voluntad de coalición. Se requiere una demolición previa de la legitimidad democrática, un desgaste calculado de las instituciones que convenza a la ciudadanía de que el sistema está podrido y que solo una sacudida autoritaria puede regenerarlo. Aquí es donde la advertencia de Kelley engarza directamente con la estrategia contemporánea del lawfare: la perversa conjunción judicial, policial y mediática diseñada para derrocar a un gobierno legítimo mediante la construcción de un relato de Estado criminal, corrupto y fallido. La guerra judicial no busca la verdad ni la justicia; busca la resonancia política, la destrucción civil del adversario y, como objetivo último, el blanqueamiento definitivo del fascismo bajo la apariencia de una cruzada moral regeneracionista.

Asistimos en España a una sincronización perfecta, una maquinaria de precisión que opera en tres tiempos. Primero, determinadas terminales judiciales abren causas sin base probatoria sólida —los procesos inquisitoriales contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o contra su hermano David Sánchez son el ejemplo paradigmático— basándose en denuncias de organizaciones ultraderechistas o en recortes de prensa. Segundo, las causas son inmediatamente amplificadas por un ecosistema mediático afín que las presenta como escándalos de Estado, sin esperar siquiera a su viabilidad procesal. Y tercero, las redes sociales y los platós televisivos convierten la sospecha en sentencia, intoxicando el debate público y erosionando la presunción de inocencia hasta convertirla en papel mojado. No se busca la verdad jurídica; se busca el “caso abierto”, la foto de la declaración judicial y el titular demoledor.

Dentro de este engranaje de asedio, la pieza maestra de la cacería institucional ha sido el inédito cerco contra la Fiscalía General del Estado y su máximo responsable, Álvaro García Ortiz. Esta maniobra de demolición persigue un fin nítidamente político y estratégico: descabezar y maniatar a la máxima autoridad de un Ministerio Fiscal que cometió el “delito” imperdonable de mantenerse firme en la defensa del principio de legalidad al respaldar la aplicación de la ley de amnistía para los soberanistas catalanes encausados por el procés. Al someter al Fiscal General a una persecución penal sin precedentes —con imputaciones que se sostienen sobre interpretaciones forzadas y filtraciones interesadas—, el bloque judicial y mediático reaccionario consigue descoyuntar el último dique institucional que oponía resistencia frontal a los excesos del lawfare. Con una Fiscalía General neutralizada bajo la amenaza del banquillo, el aparato corporativo conservador elimina el contrapeso interno que aún recordaba que el Ministerio Público no es un brazo ejecutor de la oposición. El camino queda así completamente despejado para acelerar el derrocamiento del Ejecutivo mediante una ofensiva penal unilateral, desbocada y libre de frenos institucionales.

Esta estrategia de acoso y derribo ha encontrado su caja de resonancia más agresiva en el propio Congreso de los Diputados. Las últimas intervenciones de la cúpula de lo que ya actúa abiertamente como un “partido judicial”, espoleado por el propio Feijóo y las huestes de Vox, han traspasado todos los límites institucionales que sostienen una democracia sana. Criminalizar al presidente del Gobierno, tildarlo de “capo”, de “cobarde”, de “delincuente confeso”, y recurrir a una violencia verbal sin precedentes en sede parlamentaria no es una rabieta pasajera de la oposición ni una simple deriva de crispación. Es la preparación psicológica del terreno para justificar cualquier medida excepcional. Es la construcción meticulosa del pretexto, la fabricación del enemigo interno sobre el que cargará la culpa de todos los males cuando llegue el momento de la desestabilización permanente.

Lo flagrante y profundamente paradójico de este escenario es el absoluto cinismo de quienes lideran la ofensiva. Mientras se levantan sumarios de la nada y se agita la sospecha mediática sobre el entorno familiar del Ejecutivo, el Estado español contempla atónito cómo el Partido Popular —una organización históricamente imputada y condenada por corrupción estructural, con las ramificaciones de la trama Gürtel, la contabilidad opaca de los papeles de Bárcenas y el uso criminal de los recursos del Estado en la operación Kitchen— pretende erigirse en heraldo de la regeneración ética y en juez de la moralidad ajena. Esa impunidad flagrante, esa capacidad de mirar hacia otro lado mientras se procesa al adversario, constituye otra forma aún más perversa de normalización: la de una oligarquía que considera el aparato estatal como su propiedad privada y que no duda en incendiar la convivencia democrática si pierde el control de los presupuestos públicos y los resortes del poder administrativo.

El peligro que se avecina ante una confluencia gubernamental entre el Partido Popular y Vox tras las próximas elecciones no es un mero cambio de siglas ni una alternancia más en el turno bipartidista. Es una mutación sistémica hacia un modelo de Estado neofascista, policial y represor. Bajo la falsa bandera del orden y la seguridad, lo que se pretende configurar es un régimen de exclusión donde la desigualdad se convierta en ley escrita y la disidencia en delito. El concepto de “prioridad nacional” que pretenden implantar no es más que el eufemismo técnico para la segregación institucional, una herramienta xenófoba y antiinmigración diseñada para despojar de derechos fundamentales a la población migrante y fracturar a la clase trabajadora bajo el manto divisorio del odio identitario. Mientras una minoría acumula privilegios, el conflicto se redirige hacia los de abajo y los de fuera.

Esta alianza no oculta sus cartas. Se alimenta de un anticomunismo visceral que opera como el gran pretexto ideológico para criminalizar la disidencia, perseguir los movimientos sociales y justificar el ejercicio de la violencia discursiva, judicial y política contra cualquiera que cuestione los intereses de las élites dominantes. Cualquier reivindicación de justicia social es tachada de “marxismo cultural”; cualquier protesta legítima, de “golpismo callejero”. A esta matriz se suma una misoginia militante que no es accidental sino estructurante: busca desmantelar las conquistas históricas de las mujeres, devolviéndolas —con discursos edulcorados sobre la natalidad y la familia natural— a una estructura de subordinación patriarcal que el nacionalcatolicismo consagró durante cuarenta años de dictadura.

Porque en España, a diferencia de la Alemania de entreguerras, el virus no necesita inventar una mitología nueva ni importar iconografías exóticas. Le basta con reactivar el sustrato del franquismo sociológico que nunca fue plenamente depurado durante la Transición. La dictadura franquista no terminó en un colapso militar, sino que negoció su propia continuidad bajo nuevas formas. El enaltecimiento y la justificación de aquel régimen, camuflados hoy bajo cínicas “leyes de concordia” —que equiparan a víctimas y verdugos—, constituyen el núcleo duro de su proyecto hegemónico. Es la normalización del terror de Estado del pasado para legitimar el retroceso democrático del presente y del futuro. Es la reivindicación de que aquel orden era necesario, y que acaso sería deseable recuperarlo.

El pueblo español debe despertar de la anestesia mediática que convierte el avance del neofascismo en un espectáculo de entretenimiento nocturno, en un motivo más de tertulia intrascendente entre chascarrillos y cortes publicitarios. Lo que Douglas Kelley advirtió ante las celdas de Núremberg se está cocinando hoy, con meticulosidad y paciencia, en los despachos políticos, en los juzgados del conservadurismo corporativo, en las redacciones de los medios intoxicadores y en los platós de la televisión privada: la construcción de un sentido común reaccionario que acepte el racismo, el lawfare, la intolerancia y la pérdida paulatina de libertades como el precio inevitable para salvaguardar el poder de los de siempre y devolver al país a un orden que nunca debió ser cuestionado.

Si la confluencia entre el Partido Popular y Vox se materializa en las urnas y se consolida en el gobierno, las estructuras del Estado serán utilizadas para demoler la democracia desde dentro, del mismo modo que lo hicieron quienes hoy blanquean como socios aceptables. La advertencia está dada, documentada y testada por la historia. La responsabilidad de frenar el horror, antes de que el ruido mediático nos anestesie por completo y el fascismo nos parezca un mal menor, sigue estando en manos de la memoria, la vigilancia democrática y la movilización popular. No habrá tribunal en el futuro que nos absuelva de haber mirado hacia otro lado mientras los verdugos normales volvían a pasearse por los pasillos del poder.

La Audiencia Nacional —tribunal que asumió en 1977 las funciones del extinguido Tribunal de Orden Público (TOP) franquista— vuelve a situarse en el centro del debate público, demostrando que sus ritmos procesales y giros de guión no siempre obedecen a la estricta lógica formal del derecho, sino que parecen actuar en llamativa sintonía con la coyuntura política y las estrategias de desgaste institucional. El reciente auto del magistrado Santiago Pedraz, que ordena, a través de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) recabar o requerir información en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz que, al final, después de más de diez horas en la sede, es más bien un registro, no constituye un hecho aislado ni una mera diligencia de investigación penal rutinaria; representa, por ahora, el último eslabón visible de una cadena de eventos policiales, judiciales, mediáticos y políticos que que vienen operando coordinadamente con intereses que trascienden las fronteras del Estado español, siendo el portavoz de esta estrategia, desde noviembre de 2023 el expresidente ultraconservador proestadounidense y sionista José María Aznar: “El que pueda hacer que haga”, cuya consigna reprodujo, en un vídeo recientemente, a raíz de la imputación judicial al expresidente socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero.

Para desentrañar la verdadera naturaleza de estos movimientos sectoriales del aparato de Estado, es metodológicamente imprescindible conectar la actividad instructora con la geopolítica de servicios de inteligencia. No es posible desvincular la hiperactividad de la Audiencia Nacional de las recientes y significativas maniobras de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Las muy recientes reuniones del nuevo embajador de la Administración Trump con los líderes del bloque conservador y reaccionario —Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal—, sumadas a sus declaraciones públicas, en un denominado desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026, en Madrid, contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Configuran, en términos de bloques de poder, la articulación de una ofensiva que aspira a tutelar, condicionar y erosionar la soberanía del Gobierno de España.

El trasfondo conceptual y material de estos desencuentros bilaterales no responde a cuestiones accesorias, sino a una enmienda a la totalidad de la política exterior y de defensa de España por parte de Washington. Son tres los vectores de ruptura fundamentales. En primer lugar, la oposición del Ejecutivo español frente a la exigencia estadounidense de elevar el gasto militar al 5% del PIB, un umbral hipertrofiado que asfixiaría el gasto social en favor del complejo militar-industrial. En segundo lugar, el posicionamiento nítido de Moncloa en apoyo al pueblo palestino y la denuncia del genocidio en Gaza, una línea roja para el consenso bipartidista de Washington. Y, finalmente, el detonante inmediato de la crisis: la prohibición de la utilización de las bases de Morón de la Frontera y Rota como plataformas de agresión militar contra Irán. A principios de marzo de 2026, el Gobierno español comunicó formalmente que no autorizaría el uso de dichas instalaciones estratégicas para una ofensiva bélica, amparándose en el Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 y ante la flagrante falta de cobertura de una resolución de Naciones Unidas. Esta decisión de no alineamiento automático obligó al Pentágono a retirar al menos once aviones cisterna KC-135 con destino a la base de Ramstein, en Alemania.

Esta confluencia de discrepancias estructurales —gasto militar, Palestina y las bases— desató una inmediata hostilidad diplomática. El propio embajador de los Estados Unidos en España explicitó este esquema de asedio político en sus declaraciones en el mencionado Foro, al precisar de manera quirúrgica que la Administración Trump dirige sus críticas y hostilidad directamente contra el Gobierno español y sus posiciones ideológicas y geoestratégicas, desvinculando de dicho ataque al “pueblo español” en una clásica maniobra de manual de guerra política dirigida a minar la legitimidad del Ejecutivo ante su base social. Asimismo, el presidente Donald Trump calificó la actitud soberana de España de “terrible”, llegando a sugerir la ruptura de relaciones bajo una retórica imperial: “podríamos usar su base si quisiéramos (...) nadie nos va a decir que no la usemos”.

Es precisamente en este escenario de confrontación abierta donde cobra sentido la instrumentalización de los archivos de Homeland Security Investigations (HSI). Esta agencia especializada en crimen transnacional y delitos financieros, integrada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos y con oficina operativa dentro de la propia delegación diplomática en Madrid, ha actuado como proveedora de la munición procesal. Oficialmente, un portavoz del DHS confirmó a la agencia Reuters su colaboración con la Policía Nacional en una investigación sobre blanqueo de fondos. Sin embargo, la cronología desborda cualquier lógica de auxilio judicial ordinario: la extracción de los datos del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas —empresario venezolano vinculado a la aerolínea Plus Ultra a través de Snip Aviation— fue realizada por la agencia estadounidense en Miami con mucha anterioridad, pero Washington retuvo de forma calculada ese dosier, procediendo a su entrega definitiva a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en noviembre de 2025, coincidiendo milimétricamente con el momento de mayor tensión política e internacional entre ambos Gobiernos.

La aportación de esta prueba tecnológica, tutelada y dosificada por los servicios estadounidenses, ha resultado capital para la reactivación penal en la Audiencia Nacional. Según consta en los autos del juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Central de Instrucción número 4, la extracción telefónica del terminal de Reyes Rojas ha sido la palanca para imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. El relato judicial asume indicios de que diversos intermediarios buscaban la intercesión del expresidente (“busco llegar a Zapatero”, “nuestro pana Zapatero está por detrás”), situándolo de forma provisional al frente de una supuesta estructura jerarquizada que habría utilizado la consultora Análisis Relevante para canalizar pagos y justificar la concesión del préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra durante la crisis sanitaria del COVID. El manejo estratégico de los tiempos por parte de HSI evidencia que la prueba tecnológica no se activó por razones procesales, sino por estricta oportunidad política global de los Estados Unidos. Había que sacar a Zapatero de las relaciones o de sus interacciones diplomáticas o comerciales con Venezuela y con China. Y de paso, remover uno de los principales pilares de apoyo político del presidente Sánchez.

De forma simultánea, la instrucción penal se nutre en el plano operativo local de piezas instrumentales como Carmen Pano, correa de transmisión de los negocios de Víctor de Aldama, vinculado a sectores ultraderechistas y que no cesa de pronunciarse políticamente para hacer caer al Gobierno español. Pano, cuya vinculación con Aldama transita desde lo personal hasta la presunta trama corporativa del fraude del IVA de hidrocarburos vinculada a la operadora Villafuel, ha asumido un rol estelar en la hoja de ruta de la acusación. Según sus propias declaraciones en sede judicial, Pano fue la encargada de transportar y entregar en mano a una persona desconocida (así lo dice) 90.000 euros en efectivo en la sede central de Ferraz, haciéndose pasar como el vector operativo para introducir flujos monetarios bajo sospecha en la arquitectura interna del partido gubernamental.

Sobre este trasfondo de injerencia externa y delaciones dirigidas, la actuación de determinados sectores de la judicatura proyecta sombras que afectan a las más elementales garantías constitucionales. La apariencia de imparcialidad objetiva del magistrado Santiago Pedraz se encuentra severamente comprometida tras haberse documentado y difundido sus reiterados encuentros de carácter social con el exjuez y actual abogado defensor de Carmen Pano, Javier Gómez Bermúdez (magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, de la que fue presidente la Sala de lo Penal), en establecimientos públicos de la calle Almagro, a escasa distancia de la Audiencia Nacional. Semejante contigüidad podría encajar conceptual y normativamente en las causas de abstención de obligado cumplimiento tipificadas en el artículo 219.9.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por amistad íntima con los letrados intervinientes. Pudiendo viciar la limpieza del procedimiento y de las diligencias ordenadas en la sede del PSOE.

Se constata, por tanto, la apariencia de ejecución de un diseño de asedio multifactorial y sincronizado: una potencia extranjera custodia y dosifica dosieres de inteligencia para entregarlos a la UDEF en el cenit de un conflicto diplomático motivado por el rechazo al aumento del gasto militar, la defensa de Palestina y el veto a las bases de Morón y Rota; testimonios de parte y delaciones operativas marcan la dirección de la causa; magistrados de la Audiencia Nacional canalizan el material bajo un manto de formalidad procesal, siguiendo miméticamente los atestados policiales y pudiéndose cuestionar su imparcialidad; y el bloque político y mediático de la derecha y la ultraderecha doméstica amplifica el relato criminalizador para justificar la tesis del desmantelamiento institucional. No estamos ante el discurrir ordinario del Estado de derecho, sino que podríamos estar asistiendo ante una sofisticada operación de lawfare e injerencia geopolítica donde sectores del aparato judicial interno parecen actuar en sintonía con los intereses de una potencia exterior, los Estados Unidos, cuyo interés es quebrar la soberanía nacional para forzar un cambio de ciclo político en el Estado español.

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la macrocausa del caso Plus Ultra que instruye la Audiencia Nacional rebasa los cauces ordinarios de una instrucción penal basada en hechos concretos para internarse en el terreno de la excepcionalidad jurídica. Un examen riguroso del auto que lo imputa de graves delitos revela que no estamos ante una investigación penal convencional, sino ante un hecho judicial que sirve objetivamente a una estrategia de asedio multifactorial en la que el proceso penal se utilizará no sólo para erosionar al Gobierno de coalición, sino provocar su caída efectiva. Nos hallamos, en suma, ante una operación de diseño transnacional donde confluyen de manera simbiótica dos objetivos estratégicos perfectamente coordinados: la neutralización de un actor clave de la diplomacia paralela y el derrocamiento de un Ejecutivo considerado hostil por los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

El vicio radical que envenena la validez de toda la instrucción radica en la falta de garantías y la indefensión que trae consigo la nulidad de origen de su principal elemento de cargo, a la que se añade la absoluta insostenibilidad de su imputación con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El núcleo de la incriminación al expresidente español descansa sobre el volcado informático de un dispositivo móvil incautado en suelo estadounidense (Miami) al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, que fue accionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra. Dicha extracción digital fue ejecutada de forma unilateral por la agencia Homeland Security Investigations (HSI) sin mediar orden judicial previa, amparándose en la agresiva doctrina norteamericana del «registro excepcional en fronteras». Partiendo de ese origen espurio, el andamiaje de la imputación se desmorona técnicamente: el auto judicial sustituye la certidumbre fáctica por una retahíla de conjeturas, referencias cruzadas a conversaciones de terceros, inferencias expansivas y saltos lógicos. Ante la ausencia total de indicios racionales de criminalidad que puedan subsumirse con mínima consistencia dogmática en los tipos penales invocados (tráfico de influencias, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales) la resolución abandona su función garantista para convertirse en una construcción puramente prospectiva.

La quiebra flagrante de la tutela judicial efectiva se consuma cuando el magistrado instructor realiza una transposición mimética y acrítica del informe policial de la UDEF derivado de ese material aportado por la Homeland Security Investigations (HSI), omitiendo cualquier fiscalización sobre la cadena de custodia, las garantías de tutela judicial en la obtención o la licitud de la fuente. En derecho procesal penal, la doctrina del «fruto del árbol envenenado» exige expulsar del acervo probatorio todo elemento obtenido con vulneración de derechos fundamentales o al margen de los cauces garantistas de la asistencia judicial. Sostener una imputación de esta gravedad en tales condiciones vulnera frontalmente el principio de presunción de inocencia y el proceso con todas las garantías e invierte la carga de la prueba, trasladándola al investigado.

Para comprender el sesgo estructural de esta prueba de origen resulta imperativo examinar la ubicación física de la HSI. Esta agencia opera formalmente desde las dependencias de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, incardinada en su organigrama y reportando directamente a la jefatura de la misión diplomática y al embajador, que, a su vez, se coordina con la CIA y el FBI. Las embajadas no son oficinas técnicas neutrales, sino delegaciones estrictamente políticas orientadas a velar por los intereses soberanos de su propio Estado. Al carecer la HSI de autonomía jurisdiccional respecto a las directrices de su Gobierno, el material que procesa y suministra aparece intrínsecamente mediatizado por los objetivos coyunturales de la Casa Blanca.

Esta subordinación orgánica destruye cualquier apariencia de fiabilidad e imparcialidad y revela las dos perspectivas críticas que parecen guiar la maniobra de Washington. Por un lado, se persigue la inhabilitación civil y política de Zapatero para apartarlo definitivamente de cualquier espacio de interlocución con el Gobierno legítimo de Venezuela, consolidando el aislamiento de una nación cuyo presidente constitucional, Nicolás Maduro, fue secuestrado a principios de año tras una intervención militar estadounidense orientada al expolio petrolero. Por otro lado, y como objetivo principal, la Casa Blanca buscaría liquidar al Gobierno de España. En un contexto bélico mundial de escalada de agresiones, intervenciones y guerras abiertas, la Administración Trump no tolera un Ejecutivo español soberano que ponga límites a su maquinaria de guerra. La discrepancia de fondo no es tanto Venezuela, como la posición exterior del Gobierno español de condenar el genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino, de rechazar las agresiones militares a Irán y, fundamentalmente, negar la autorización para utilizar las bases militares de Morón y Rota como plataformas de agresión a Irán. Washington exige el control sumiso de las bases españolas al respecto y sabe que, para recuperarlo, necesita hacer caer al actual Gobierno de coalición.

La gravedad del escenario se acentúa cuando el propio juzgado instructor, lejos de blindar las garantías procesales, solicita formalmente ampliar la colaboración y el intercambio de información con la potencia agresora a Venezuela, que ostenta un interés directo y geopolítico sobre el entorno objeto de investigación. No puede existir tutela judicial justa cuando la fuente de información proviene de un aparato de inteligencia extranjero con intereses de parte en el conflicto.

Es aquí donde encaja a la perfección la sincronización de la ofensiva doméstica de demolición. Washington diseña el marco de intervención y la reacción española ejecuta la maniobra sobre el terreno: A través de la reciente decisión judicial de admitir en bloque la personación de partidos y organizaciones de la derecha y la ultraderecha —Partido Popular, Vox y la plataforma Hazte Oír— bajo la fórmula de acusaciones populares, les brinda en bandeja la oportunidad de oro para instrumentalizar la causa penal como su principal herramienta de desestabilización política al Gobierno. Ante la manifiesta incapacidad de la oposición conservadora para articular mayorías parlamentarias legítimas que les devuelvan el poder, el proceso penal deja de ser el escenario de averiguación de la verdad material para transformarse en un teatro de operaciones de lawfare. Algunas otras terminales judiciales, también, objetivamente están dando cobertura al hostigamiento fascista callejero y mediático. Y si a ello, ahora, se le suma lo que conlleva procesalmente la validación de este expediente extranjero contra Zapatero, con unas eventuales medidas cautelares que puedan adoptarse contra el mismo, la caída, sin debate parlamentario, del Gobierno de España es posible, cumpliéndose la consigna de José María Aznar: el que pueda hacer que haga.

Cuando el derecho penal abdica de la exigencia rigurosa de la prueba material y de la estricta legalidad constitucional para validar expedientes construidos en embajadas extranjeras y jaleados por la reacción interna, el daño no se limita a un investigado concreto. Lo que se corroe, desde sus cimientos, son las garantías procesales que sostienen la democracia material. La nulidad de estas actuaciones es un imperativo legal, ético y técnico si se pretende salvaguardar la independencia real de los tribunales españoles y la soberanía del Estado frente a la colonización de la toga.

La reciente resolución judicial por la que se articula la imputación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, constituye un paradigma de instrucción prospectiva. Revela un alarmante déficit de indicios racionales de criminalidad susceptibles de subsumirse, con mínima consistencia dogmática, en los tipos penales invocados. El análisis riguroso del auto evidencia la sustitución de la certidumbre fáctica —exigible como presupuesto habilitante del ius puniendi— por un andamiaje de conjeturas, inferencias expansivas y saltos lógicos. Esto desplaza al derecho penal desde su función garantista hacia una lógica de excepcionalidad incompatible con los principios básicos del Estado de derecho. No estamos ante un hecho aislado, sino ante un síntoma estructural. Ante la manifiesta incapacidad de las fuerzas reaccionarias, de la derecha y la ultraderecha, para articular una mayoría parlamentaria que viabilice una moción de censura, el conflicto político se ha trasladado deliberadamente a las sedes judiciales. Se propicia así la utilización del proceso penal como un ariete coordinado por actores políticos, policiales, judiciales y mediáticos para derrocar al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, mediante una estrategia de asedio multifactorial que instrumentaliza la justicia.  

En primer término, la imputación por un presunto delito de tráfico de influencias carece del mínimo sustento típico exigible. El artículo 428 del Código Penal castiga a quien, prevaliéndose de una relación personal, ejerza una presión moral idónea para alterar el proceso de formación de la voluntad de la autoridad o funcionario encargado de dictar una resolución. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no basta con la mera sugerencia, la cercanía temporal o la intermediación genérica; se requiere una conducta activa y causalmente orientada a doblegar el criterio del decisor público. Sin embargo, el relato judicial ancla la imputación en coincidencias cronológicas, conversaciones de terceros y referencias reverenciales extraídas de aplicaciones de mensajería, sin acreditar una actuación concreta, directa e inequívoca de presión. Se confunde la influencia social propia de quien ha ocupado altas responsabilidades con la influencia típicamente antijurídica, construyendo una imputación sobre la peligrosa base de una suerte de responsabilidad objetiva por estatus. La inconsistencia se agrava al advertirse que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) no operaba mediante decisiones unipersonales arbitrarias, sino a través de un procedimiento administrativo reglado y sometido a informes técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la evaluación de un Consejo Gestor interministerial y a la aprobación final del Consejo de Ministros. Resulta extraordinariamente problemático presumir la corrupción integral de un procedimiento colegiado de esta naturaleza sin aportar una sola prueba material, pericial o testifical que acredite una efectiva alteración de la voluntad administrativa respecto al “rescate” de la aerolínea “Plus Ultra”. El auto invierte de facto la carga probatoria hacia el investigado, vulnerando el principio in dubio pro reo.  

Por su parte, la imputación por falsedad documental adolece de idéntica insuficiencia probatoria. La resolución parte de la premisa de que diversos contratos de consultoría y facturas emitidas por sociedades mercantiles constituían instrumentos simulados destinados a encubrir pagos ilícitos. No obstante, para integrar el tipo de falsedad ideológica —o la simulación contractual— la jurisprudencia penal exige la constatación inequívoca de la inexistencia absoluta de la prestación subyacente; no bastan meras irregularidades formales o desorganización administrativa. Las conversaciones intervenidas entre terceros relativas a importes o fechas podrían revelar dinámicas administrativas desordenadas, pero en modo alguno sustituyen la imprescindible prueba pericial que descarte la realidad material de los servicios. Al renunciar a este estándar, el instructor transforma simples disfunciones corporativas en falsedades delictivas, difuminando la frontera entre el ilícito penal y la mera controversia mercantil.  

La misma fragilidad argumentativa atraviesa los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. La configuración típica de la organización criminal (artículos 570 bis y sucesivos del Código Penal) exige acreditar una estructura jerarquizada y estable, un reparto funcional de tareas y una efectiva cadena de mando orientada a la comisión concertada de ilícitos. El auto sitúa forzadamente al expresidente en la cúspide a partir de inferencias construidas sobre menciones de terceros en comunicaciones privadas, sin aportar evidencia directa alguna sobre órdenes o directrices criminales. El salto lógico consiste en deducir jerarquía de la mera notoriedad pública, vaciando de contenido el principio de responsabilidad por el hecho propio. En cuanto al blanqueo de capitales, la hipótesis roza lo absurdo. La inferencia de que la constitución de sociedades en Dubái tenía por objeto ocultar un porcentaje del rescate público choca frontalmente con la propia admisión judicial de no haberse acreditado la transferencia efectiva de tales fondos. Se castiga así de forma preventiva una preparación para un blanqueo que no consta que se haya consumado, lo que resulta manifiestamente incompatible con los principios de tipicidad estricta, lesividad y presunción de inocencia, confundiendo la planificación fiscal con el delito.  

Este endeble edificio incriminatorio se vuelve todavía más alarmante al examinar el origen del principal material probatorio. Buena parte de la instrucción descansa sobre el volcado de un dispositivo móvil suministrado unilateralmente por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), incautado en Miami al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, que fue accionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra. La admisión de material informático obtenido fuera del control jurisdiccional español —sin constancia de comisión rogatoria que respete las garantías del Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal— plantea serias dudas sobre la cadena de custodia y la licitud de la fuente. El criterio de exclusión probatoria derivado de la doctrina del fruto del árbol envenenado debería expulsar del acervo incriminatorio todo elemento obtenido con vulneración de derechos fundamentales (artículo 24 de la Constitución Española). Esta recepción acrítica de material suministrado por una agencia extranjera no es una cuestión técnica inocente. Históricamente, determinados aparatos estatales y de inteligencia de los Estados Unidos han desempeñado un papel activo en operaciones contrarias al derecho internacional, de judicialización extraterritorial y desestabilización política contra dirigentes considerados contrarios a sus intereses geopolíticos; el caso de la persecución y asedio contra el gobierno de Venezuela es un antecedente directo. E intenta reproducirse en un lawfare de terrorismo de estado contra el lider de la revolución Cubana Raúl Castro.

En la coyuntura actual, bajo una administración estadounidense manifiestamente hostil a la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez —marcada por una postura soberana en la cuestión palestina, el cuestionamiento de la agresión militar a Irán o el uso estratégico de las bases de Morón y Rota—, la reactivación de estas dinámicas adquiere una lectura nítida. Activar las alertas es imperativo cuando el expresidente Zapatero ha mantenido un papel clave de interlocución y mediación con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Utilizar la asistencia judicial como cobertura para operaciones de presión geopolítica busca apartar a los actores de la diplomacia paralela y castigar la autonomía del Estado español, delegando de facto parcelas de soberanía judicial a intereses de Washington.  

La macrocausa contra Zapatero no opera en el vacío; se retroalimenta de una ofensiva sistémica y coordinada. Es imposible desvincular este proceso del acoso judicial asfixiante desplegado contra el entorno del presidente del Gobierno, visible en la instrucción del juez Peinado sobre su esposa, Begoña Gómez, o en las causas abiertas contra el hermano del jefe del Ejecutivo. Asistimos a una activación sin precedentes de una judicatura de trinchera que, distanciándose de la neutralidad institucional, parece confluir con los intereses de la reacción. Ejemplos recientes como las polémicas resoluciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo —que han forzado interpretaciones punitivas para confrontar directamente las leyes del legislativo, como la ley de amnistía— evidencian una preocupante politización de las altas instancias judiciales. O la cuestionada e infumable sentencia que condenó al ex Fiscal General del Estado, al hacerlo responsable criminal de un delito de revelación de secretos con el argumento diabólico, de que él o alguien de su entorno comunicó a la prensa un escrito que demostraba la verdad del reconocimiento del fraude Fiscal cometido por la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, para desmentir un bulo propalado desde el jefe de su gabinete.

La gravedad del momento histórico se mide también en las calles y en las cafeterías de la capital. Decisiones como el archivo de la denuncia por el acoso fascista sufrido por Begoña Gómez a manos de agitadores de la ultraderecha, como Vito Quiles, lanzan un mensaje devastador: se levanta la veda. Al garantizar la impunidad judicial a las avanzadillas del hostigamiento fascista callejero y mediático contra políticos y comunicadores de izquierdas o progresistas, se valida que las escuadras del neofascismo actúen sin consecuencias. El objetivo ya no es la persecución penal en los márgenes de la ley, sino generar un clima social e institucional irrespirable de agresión y violencia (que nos recuerda a “los puños y las pistolas” del falangismo español) que impida la acción legítima de gobierno.

Cuando el derecho penal se emancipa de las exigencias de prueba sólida, taxatividad e intervención mínima, el riesgo ya no afecta exclusivamente a los investigados concretos, sino al propio equilibrio constitucional. La resolución judicial pasa de desempeñar un papel estrictamente jurisdiccional a convertirse en un elemento de intervención directa sobre el conflicto político. Al alimentar dinámicas de deslegitimación y erosión institucional, combinando la debilidad indiciaria con el eco mediático masivo, se configuran las estrategias neofascistas de ocupación del poder por vías judiciales y comunicativas. El proceso penal deja de ser un instrumento de averiguación de hechos para transformarse en un mecanismo de presión y reconfiguración del campo de poder. La degradación de las garantías procesales nunca constituye un fenómeno neutral; termina abriendo la puerta a una judicialización de la política que corroe, desde dentro, los cimientos de una democracia material avanzada.  

La crisis del MV Hondius ha dejado de ser una emergencia sanitaria para convertirse en un tratado abierto sobre la geopolítica del desprecio y la vigencia de las estructuras coloniales en el Atlántico. Lo que comenzó el 1 de abril de 2026 en el puerto de Ushuaia como una expedición de élite hacia la Antártida y las Georgias del Sur, ha degenerado en un periplo de cuarenta días donde la seguridad de la población canaria ha sido supeditada a la comodidad logística de las potencias europeas y al lucro de la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions. A fecha de 8 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado al menos cinco casos de hantavirus de la cepa Andes —la única variante con capacidad demostrada de transmisión interhumana y una letalidad que puede alcanzar el 50 %—, lo que sitúa al archipiélago frente a una amenaza biológica gestionada con un cinismo administrativo que prioriza el ahorro de costes empresariales sobre la seguridad pública.

Que el foco de la crisis se haya desplazado del puerto de Santa Cruz de Tenerife al recinto de Granadilla no es una decisión técnica neutra, sino un intento de invisibilizar el desembarco del patógeno en una infraestructura periférica, sorteando así el rechazo social de la capital. Esta maniobra se produce en un contexto de absoluta impotencia institucional, donde el Gobierno de Canarias se ha reconocido incapaz de vetar una operación impuesta desde Madrid y Ginebra. El propio presidente canario, Fernando Clavijo, llegó a declarar que no podía “permitir” que entrara en las Islas Canarias, para después tener que conformarse con un fondeo que constituye una claudicación ante el Estado. Ello ha producido la amenaza explícita de los trabajadores portuarios de Granadilla (Sindicato de Trabajadores Puertos de Tenerife), quienes han advertido que bloquearán el muelle ante la falta de protocolos de seguridad claros, denunciando falta de información y la insuficiencia de la infraestructura médica para afrontar un brote de estas características.

La trazabilidad del brote vinculaba inicialmente esta crisis con el núcleo económico de los Países Bajos a través de una empleada de KLM, el mismo Estado que ahora busca externalizar sus riesgos en las costas canarias. Aunque la OMS confirmó el 8 de mayo que la trabajadora ingresada en Ámsterdam dio negativo, el balance global es alarmante: se han confirmado nueve casos positivos y tres fallecidos. La dispersión del patógeno por Europa es un hecho, con pacientes hospitalizados en centros de alta especialización en Zúrich (Suiza), Düsseldorf (Alemania), Nimega y Leiden (Países Bajos), además de la alerta emitida por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) tras confirmar un tercer ciudadano británico afectado. Estos datos demuestran que el problema se atomizó en el continente antes de designar a Canarias como el territorio de descarga definitiva de la crisis.

El periplo del MV Hondius es una cronología de oportunidades de interceptación deliberadamente ignoradas. Resulta injustificable que, tras la primera muerte a bordo el 11 de abril y el posterior desembarco de treinta personas en la isla de Santa Elena el 24 de abril —donde se abandonó el cuerpo de la primera víctima—, el buque no fuera retenido en dicho punto. Santa Elena representaba el momento crucial para una intervención internacional que impidiera el avance del riesgo hacia el norte. Ante el fracaso en dicha latitud, la segunda oportunidad fallida se sitúa en la ruta entre Cabo Verde y Canarias. En este tramo de alta mar, la obligación ética y técnica dictaba la movilización de todos los recursos hospitalarios navales disponibles para interceptar el crucero que, incluso, transporta, ahora, un cadáver, sin necesidad de que recalara en el archipiélago. Sudáfrica, en un primer momento, con infraestructuras de primer nivel en Ciudad del Cabo y vínculos estrechos con la naviera neerlandesa y Holanda, en un segundo momento, eran el destino lógico para una gestión que no desplazara el riesgo biológico miles de kilómetros hacia una región ultraperiférica.

La gravedad de la situación alcanzó su punto crítico con el incidente en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria. Un avión medicalizado Learjet 45, que trasladaba a dos pacientes infectados desde Cabo Verde con destino a Ámsterdam, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que Marruecos le denegara la escala en Marrakech. Tras la toma en tierra, se comunicó una avería en el soporte vital de una de las cápsulas de aislamiento, obligando a mantener la aeronave en pista mientras se improvisaba una solución. Este fallo técnico en la burbuja de seguridad expuso al entorno aeroportuario a un riesgo inaceptable y constituye la prueba definitiva de la externalización del riesgo: Canarias se ha convertido en la estación de reparaciones de una logística sanitaria internacional fallida.

Es imperativo denunciar que la Unión Europea posee una flota hospitalaria de vanguardia que ha permanecido inexplicablemente amarrada. El buque español Esperanza del Mar dispone de aislamiento para procesos infecciosos y UCI, mientras que el Juan de la Cosa posee capacidad para veinte pacientes en condiciones de máxima seguridad. A ellos se suman unidades como el francés Dixmude, con un hospital Role-3 de 69 camas, o el neerlandés HNLMS Karel Doorman. La movilización coordinada de todos estos buques habría permitido tratar a los pacientes en alta mar cuando recaló el MV Hondius en Cabo Verde, preservando a la población civil. Optar, sin movilizar a estos buques hospitales, por el fondeo, después de tres días de navegación, en Granadilla y la derivación, en su caso, al Hospital de La Candelaria —con una unidad de aislamiento limitada a un solo paciente— es una decisión que obedece a la claudicación de la OMS ante los intereses empresariales y la lógica de mercado, arrastrando al Estado español a una renuncia de su propia soberanía sanitaria. Priorizar el ahorro de costes de la naviera frente a la necesaria movilización de recursos navales públicos no solo evidencia una sumisión institucional al capital privado, sino que configura un patrón de abandono colonial.

La designación de Canarias como puerto de escala no fue una fatalidad geográfica, sino el producto de una cadena de rechazos soberanos. Cabo Verde cerró sus puertos el 4 de mayo y Marruecos bloqueó su espacio aéreo para el repostaje médico. En este escenario, España fue el único actor que aceptó, a petición de la OMS, la llegada del buque. La «proximidad geográfica» esgrimida por el Ministerio de Sanidad es la coartada para convertir el archipiélago en el receptor forzado de riesgos que ningún otro Estado estuvo dispuesto a asumir. Mientras tanto, los españoles a bordo serán evacuados a la instalación de élite del Hospital Gómez Ulla en Madrid, evidenciando el abismo entre la protección reservada para el centro y la precariedad impuesta a la periferia.

Esta crisis exige interrogar sus causas estructurales. La claudicación institucional ante una gobernanza global que externaliza el riesgo hacia los territorios periféricos reitera un modelo donde Canarias es utilizada como el eslabón más débil de una cadena de intereses ajenos. Canarias no puede seguir siendo la frontera que todo lo aguanta por imposición de un sistema que nos mira con condescendencia. La crisis del hantavirus es el síntoma de una enfermedad política profunda: la carencia de una soberanía real para proteger la vida en nuestras islas frente a los dictados de las metrópolis y el capital.

Esta militarización sobre el terreno es la respuesta logística a la consolidación de la denominada Europa Fortaleza. Bajo este concepto, la Unión Europea ha abandonado cualquier pretensión de asilo humanitario para abrazar una lógica estrictamente policial y de defensa de fronteras

La historia debe ser aprehendida en su totalidad, no como una suma de anécdotas dispersas o titulares efímeros. Quien analice las noticias que publica la prensa en Canarias este 4 de mayo de 2026 sobre el despliegue masivo de la Brigada Canarias XVI —con patrullas a pie y en vehículos tácticos que cubren simultáneamente las ocho islas habitadas— como meros ejercicios logísticos o rutinarios, renuncia a comprender las profundas raíces materiales del momento que atravesamos. No hay casualidades en la geopolítica ni en la forma en que el Estado despliega su aparato coercitivo. Lo que contemplamos es un proceso articulado y sostenido de recolonización armada y disciplinamiento social, donde la lógica de la guerra se desplaza desde el frente exterior para incrustarse en nuestras propias calles, pueblos, montes y costas.

Para entender esta suerte de estado de sitio de facto que vivimos, debemos remontarnos a los hechos que actuaron como laboratorio de pruebas. El 23 de abril de 2016, bajo el nombre de operación Acorán 2016, fuimos testigos de cómo la Brigada Canarias XVI y la Cruz Roja simulaban la gestión de un campo de refugiados en la Zona Militar de La Isleta, en Gran Canaria. Aquello que se revistió de inofensivo ejercicio humanitario era, en puridad material, el ensayo general para la asunción progresiva de competencias de control poblacional por parte del ejército. Fue el preludio de lo que vendría después: la normalización de la gestión castrense de crisis migratorias que son generadas por las mismas políticas de expolio y desestabilización del Norte Global.

La secuencia temporal es implacable. Pasamos de ensayar la contención a convertir el archipiélago en plataforma de proyección ofensiva. En octubre de 2025, 35 militares franceses —fuerzas expulsadas del Sahel tras el fracaso de la intervención neocolonial— se desplegaron en el Centro de Tropas de Montaña de La Isleta junto a la Brigada Canarias XVI, con el objetivo declarado de «reforzar la preparación en entornos complejos» mediante ejercicios de combate subterráneo. La prensa local informó puntualmente de que aquellas maniobras conjuntas se enmarcaban en los acuerdos de cooperación militar suscritos entre España y Francia, y que resultaban especialmente relevantes «en un momento de alta tensión geopolítica». A ello se suma el uso recurrente de la Base Naval de Las Palmas y el puerto de La Luz como retaguardia logística de la OTAN, evidenciado de forma elocuente por los itinerarios erráticos del buque norteamericano Cape Texas en enero de 2025. Dicha nave, perteneciente a la Fuerza de Reserva Preparada estadounidense, permaneció varios días realizando extraños trayectos entre La Palma y Tenerife antes de solicitar fondeo en la Rada Norte del Puerto de Las Palmas.

Sin embargo, el salto cualitativo definitivo hacia la subordinación de la sociedad civil se cristaliza este mismo 4 de mayo de 2026. El Mando de Canarias activa un «despliegue masivo» y coordinado de patrullas que cubre la totalidad del archipiélago. La coartada oficial las define como «operaciones permanentes» destinadas a «conocer la realidad social» y a «consolidar la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio». Esta justificación constituye una anomalía democrática palmaria: las Fuerzas Armadas se arrogan funciones de vigilancia sociológica que no les corresponden, penetrando capilarmente en el espacio público para naturalizar la militarización en nuestro paisaje cotidiano. El objetivo es que la población asuma su propia condición subalterna como una necesidad de «seguridad», un proceso reforzado mediante charlas de adoctrinamiento en centros educativos como el IES Jandía y el IES Corralejo, donde el Regimiento de Infantería Soria 9 tiene previsto impartir sesiones informativas en los próximos días.

Esta militarización sobre el terreno es la respuesta logística a la consolidación de la denominada Europa Fortaleza. Bajo este concepto, la Unión Europea ha abandonado cualquier pretensión de asilo humanitario para abrazar una lógica estrictamente policial y de defensa de fronteras. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, no es más que la arquitectura legal de este blindaje. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtió en su momento de que dicho pacto apuesta por un mecanismo de «solidaridad a la carta» o «flexible» —donde los Estados pueden pagar para no acoger—, extiende la aplicación de procedimientos acelerados y legitima las detenciones sistemáticas en frontera, poniendo en serio peligro el derecho de asilo en la UE.

La mimetización de la política europea con los postulados de la extrema derecha se materializa en la creación de los Centros de Retorno. Estos espacios, previstos para ser instalados en las fronteras exteriores o incluso externalizados a terceros países —en lo que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha calificado como potenciales «agujeros negros de derechos humanos»—, operan como limbos jurídicos destinados a la deportación masiva y exprés. En el diseño de la Europa Fortaleza, Canarias no es solo una plataforma militar, sino el emplazamiento idóneo para estos centros de reclusión y retorno, consolidando al Archipiélago como el eslabón más robusto de la cadena de exclusión continental. La militarización que vemos hoy en nuestras calles es la infraestructura necesaria para gestionar este modelo de Archipiélago-Cárcel.

Todo este despliegue ocurre mientras el complejo militar-industrial se lucra: en 2025, el gasto militar real del Estado español alcanzó los 39.476 millones de euros, lo que equivale al 2,42% del PIB y supera con creces el objetivo del 2% exigido por la OTAN. Este rearme contable está perfectamente sincronizado con el rearme territorial en el archipiélago y con el peligro de una deriva autoritaria que ya condiciona la agenda pública. La complicidad entre la derecha tradicional y la extrema derecha se manifiesta en propuestas que habrían sido inconcebibles hace apenas unos años. En septiembre de 2025, el ex dirigente de Vox Javier Ortega Smith preguntó al jefe de la Armada si consideraba necesario incrementar los buques de guerra en aguas de Canarias, Ceuta y Melilla para frenar la llegada de cayucos. La respuesta del almirante fue tajante: «No estamos para combatir a los cayucos sino para ayudarles», recordando la impotencia que siente cualquier marino ante la tesitura de tener que elegir a quién rescatar cuando hay 300 personas en el agua que no saben nadar.

La monstruosidad de estas posiciones alcanza su cénit cuando, en agosto de 2025, el líder de Vox, Santiago Abascal, pidió públicamente la confiscación y el hundimiento del buque de rescate Open Arms, al que tachó de «barco de negreros». Más de cuarenta organizaciones sociales y políticas rechazaron el uso del archipiélago como plataforma de guerra, exigiendo una Canarias «de paz y neutralidad». La putrefacción moral de unas élites dispuestas a subvertir el derecho internacional marítimo, obviando que la obligación jurídica de cualquier buque ante una patera es el rescate —no la intercepción bélica—, evidencia hasta qué punto la agenda política ha sido colonizada por discursos que deshumanizan a las personas migrantes y criminalizan la solidaridad.

La secuencia de hechos demuestra que detrás de la maraña de decretos, directivas y comunicados no hay preocupación humanitaria alguna, sino la defensa fanática de los mismos intereses geopolíticos y oligárquicos que nos arrastran hacia el abismo. El silencio es complicidad. Frente a este blindaje que subordina nuestras vidas a los intereses geoestratégicos de la OTAN y las oligarquías, la única respuesta que garantiza nuestra supervivencia es la articulación de un bloque social que exija un Estatuto de Neutralidad internacionalmente reconocido. Un marco jurídico que declare al archipiélago territorio desmilitarizado y neutral en caso de conflicto bélico armado, tal como recoge la propuesta de siete artículos presentada en marzo de 2025 ante la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, por la Comisión Promotora del Estatuto con el respaldo de una treintena de colectivos sociales, políticos y sindicales, y del que recientemente se presentó en un seminario celebrado en el Congreso de los Diputados. O asumimos democráticamente el control de nuestro territorio como puente tricontinental de paz, o seremos, de forma irreversible, la zona de sacrificio de sus crisis imperiales.

En la España de los pactos entre el Partido Popular y Vox, la barbarie ha mudado de piel pero conserva intacta su matriz ideológica y su función de clase. Se despliega en una doble ofensiva, íntimamente conectada: la agitación como músculo de choque y la perversión administrativa como esqueleto jurídico del nuevo fascismo

En 1933, frente al tribunal nazi que pretendía lincharlo legalmente por el incendio del Reichstag, Georgi Dimitrov lanzó una pregunta que hoy resuena con escalofriante vigencia en las instituciones del Estado español: «¿En qué país no son los fascistas bárbaros y salvajes?». El dirigente comunista búlgaro, con una clarividencia dialéctica impecable, no denunciaba únicamente la brutalidad callejera de las camisas pardas, sino la metamorfosis estructural del propio aparato del Estado. Dimitrov alertaba de cómo la maquinaria institucional estaba siendo capturada para transformarse en un engranaje de exclusión, sanción y odio sistemático. Aquella advertencia, pronunciada en la soledad del banquillo de Leipzig, cobra hoy una actualidad aterradora, no solo en los boletines oficiales, sino en la jauría que asedia la democracia en las calles. En la España de los pactos entre el Partido Popular y Vox, la barbarie ha mudado de piel pero conserva intacta su matriz ideológica y su función de clase. Se despliega en una doble ofensiva, íntimamente conectada: la agitación como músculo de choque y la perversión administrativa como esqueleto jurídico del nuevo fascismo.

Antonio Scurati ha diseccionado magistralmente que el fascismo nunca nace como una doctrina acabada, sino como una praxis que vacía el Estado de Derecho desde dentro. Esa praxis, sin embargo, necesita también un músculo callejero, una vanguardia de choque que genere el terror ambiental imprescindible para quebrar los diques de la convivencia. En la España actual, ese músculo lo encarnan figuras como Vito Quiles y otros agitadores que, bajo el disfraz de periodistas, operan como auténticos destacamentos de acoso. Los incidentes de hostigamiento contra profesionales de TVE, señalados y perseguidos en el ejercicio de su labor, no son hechos aislados: son tentativas de dinamitar la libertad de prensa mediante la intimidación sistemática. Esta estrategia alcanzó una cota de especial ignominia el pasado 29 de abril, con el asedio sufrido por la esposa del presidente del Gobierno en una cafetería. Ahí la frontera entre la discrepancia política y la violencia personal se disuelve deliberadamente, buscando la deshumanización absoluta del adversario. Lo más alarmante de este escenario no es la existencia de provocadores, sino el paraguas institucional que el Partido Popular les proporciona. La claudicación del PP no es sólo discursiva; es logística y moral. Ver a dirigentes de la formación conservadora salir en defensa de agitadores como Quiles —quien llegó incluso a cerrar un acto electoral del propio PP— revela una simbiosis orgánica. En los actos públicos de la derecha y la extrema derecha, el lenguaje se ha degradado hasta convertir el insulto soez y la calumnia contra el presidente Sánchez en la moneda de cambio común. Esta «gramática del odio» no es accidental: busca generar un clima de ilegitimidad que justifique cualquier atropello. Al validar a estos provocadores, el bloque reaccionario subcontrata la violencia verbal para mantener las manos «limpias» mientras se dinamita la convivencia democrática.

Si la agitación en la calle es el músculo del nuevo fascismo, la «prioridad nacional» es su arquitectura jurídica. Esta consigna, convertida en eje programático de la formación de Santiago Abascal y suscrita —por asimilación ideológica o por un colaboracionismo táctico que anula cualquier pretensión democrática— por el Partido Popular en Extremadura, Aragón y que amenaza con extenderse a Castilla y León, no es una mera concesión electoral. Es una sofisticada técnica de fascistización administrativa diseñada para operar desde las entrañas mismas del Estado. Retomando la advertencia de Dimitrov, no necesita derogar formalmente la Constitución; le basta con pervertir el derecho administrativo, introducir categorías diferenciadas de ciudadanía y hacer de la excepción la norma cotidiana de gobierno. Es la heredera directa de la Volksgemeinschaftnazi —la «comunidad popular»—, un constructo que unificaba a los incluidos generando un falso sentimiento de pertenencia interclasista, mientras alimentaba el odio hacia quienes quedaban fuera de sus fronteras identitarias. Su lógica subyacente es la anulación del derecho universal: la titularidad de los derechos ya no deriva de la condición humana, sino de la pertenencia a una nación concebida como un club privado con un férreo derecho de admisión. El peligro alcanza su expresión más letal en el asalto a la universalidad de la sanidad pública. Al imponer barreras de exclusión —como ya vimos con el fatídico Real Decreto 16/2012 y como se reproduce ahora mediante trabas burocráticas de empadronamiento o exigencia de «arraigo» para acceder a un médico de cabecera—, el Estado deja de ser garante de la vida para convertirse en un aparato que sanciona la existencia del «otro». No se deroga el derecho a la salud de golpe; se sitia mediante reglamentos y ventanillas hostiles, convirtiendo la gestión sanitaria en una herramienta de purga identitaria. Esta exclusión sanitaria es la punta de lanza de un auténtico apartheid burocrático con consecuencias criminales. Resulta profundamente revelador escuchar a Abascal defender esta discriminación apelando al «sentido común» y declarándose «muy tranquilo» ante posibles recursos de inconstitucionalidad. Su objetivo no es solo legislativo, sino cultural: normalizar la muerte civil, lo que puede suponer poner en riesgo la muerte biológica del excluido.

Ambas dimensiones de la barbarie —la callejera y la institucional— cumplen una función material fundamental en el actual contexto de crisis estructural. En términos gramscianos, la extrema derecha libra una guerra de posiciones para construir un nuevo «sentido común» reaccionario. El discurso de radicalidad xenófoba ejecuta a la perfección el objetivo histórico del reaccionarismo: fracturar el bloque histórico de la clase trabajadora. Al señalar al inmigrante como el «usurpador» de una sanidad colapsada por los recortes y la privatización, el bloque PP-Vox desvía la mirada de las contradicciones del modelo económico de desposesión que ellos mismos apuntalan. Sustituyen el conflicto vertical —clase contra clase, explotación contra derechos— por un conflicto horizontal —nacional contra extranjero—. Es la vieja táctica de dividir a las capas populares para que se disputen las migajas de un sistema público deliberadamente desmantelado, asegurando así la hegemonía intacta de las élites económicas. En este proceso, la claudicación del Partido Popular es absoluta. Al asumir el marco discursivo de la «invasión», al validar a los agitadores y aceptar la ruptura de la universalidad sanitaria, el PP no está domesticando a la extrema derecha; está permitiendo que el veneno fascista se convierta en praxis administrativa cotidiana. Han ignorado sistemáticamente las advertencias de juristas, estamentos médicos y voces de la propia sociedad civil —incluida la Conferencia Episcopal— que señalan que la exclusión sanitaria es ilegal e inhumana. Pero al fascismo nunca le ha importado la realidad material; solo le importa la construcción del enemigo.

Dimitrov tenía razón: el fascismo es la barbarie instalada en el poder y en la calle. La fascistización del Estado español no llegará, en caso que no lo impidamos democráticamente, anunciada por marchas militares, sino por el goteo incesante de decretos excluyentes, por los baremos de exclusión, por las tarjetas sanitarias denegadas y por el silencio cómplice ante el acoso a periodistas y familiares de políticos. Frente a esta ofensiva hegemónica, la respuesta exige claridad dialéctica sin un ápice de equidistancia. Es imperativo recuperar la contundencia de Leipzig: señalar a los bárbaros contemporáneos sin eufemismos y defender, con la ley en la mano y la movilización en la calle, que no hay democracia posible allí donde la «prioridad» de unos se edifica sobre la deshumanización, el asedio y el apartheid de los otros. La historia no absolverá a quienes callaron mientras la provocación se disfrazaba de periodismo y la barbarie de mera gestión administrativa.

El resultado político es aterrador: el atentado sirve para blanquear el historial de Trump, convirtiéndolo en víctima y mártir, mientras se silencia cualquier debate sobre sus atrocidades presidenciales como criminal de guerra o sus oscuras conexiones pasadas con Epstein

Lo sucedido el 25 de abril de 2026 en el corazón de Washington no puede ser despachado como un simple incidente de seguridad o el arrebato de un individuo alienado. Cuando Cole Tomas Allen, un ingeniero mecánico y científico de la computación con un currículum académico brillante, logró burlar los anillos de protección en la cena de corresponsales de la Casa Blanca para atentar contra el presidente Donald Trump y altos cargos de su administración, no solo puso en jaque al Servicio Secreto; puso al desnudo la fragilidad de un sistema que ha sustituido la justicia por la vigilancia. Allen, cuya pericia técnica le permitió ridiculizar los protocolos humanos de seguridad, dejó tras de sí un manifiesto titulado Friendly Federal Assassin (Asesino Federal Amigable), publicado por el New York Post. En él, no solo justifica el uso de la fuerza frente a lo que denomina la “traición de las élites”, sino que señala directamente las llagas abiertas del poder estadounidense: los vínculos jamás purgados con la trama de Jeffrey Epstein y la violación sistemática del Derecho Internacional que ha caracterizado la praxis política de Trump. Sin embargo, la mayor tragedia de este abominable evento no radica únicamente en lo que parece ser un intento de magnicidio en sí -que al contrario de lo sucedido en algunos otros magnicidios o tentativas, salió con vida el autor material y sin causar muertos- sino en cómo este “manifiesto de la pólvora” de Allen se entrelaza dialécticamente con el “manifiesto del algoritmo” de Alex Karp, CEO de Palantir Technologies, publicado directamente por Palantir Technologies en sus canales oficiales y redes sociales el 19 de abril pasado..

Para comprender el abismo al que nos asomamos, es imperativo diseccionar la doctrina de Karp. El líder de Palantir ha articulado lo que él llama la “República Tecnológica”, una visión del mundo donde el poder blando, la diplomacia y los marcos éticos de la ONU son considerados vestigios obsoletos de un romanticismo inútil. Para Karp, la supervivencia de Occidente depende exclusivamente de la supremacía del software de guerra y la inteligencia artificial. Su pensamiento es la máxima expresión del tecnofascismo: la fusión total del capital tecnológico con el aparato militar-represivo del Estado. En este esquema, el software no es una herramienta, sino el soberano mismo. Si las plataformas de Palantir, como Gotham o su nueva Artificial Intelligence Platform (AIP), son capaces de garantizar la seguridad y el crecimiento económico, cualquier “pecado” de las élites —ya sea la depravación moral (trama Epstein) o la vulneración flagrante de la Carta de las Naciones Unidas— queda automáticamente exculpado por la razón de Estado tecnológica. Es un pacto maquiavélico de nuevo cuño: la eficiencia algorítmica a cambio de una impunidad de clase absoluta.

La paradoja es que el atentado de Cole Tomas Allen, lejos de herir a este sistema, le proporciona el combustible necesario para su expansión definitiva. Al humillar la seguridad humana tradicional, Allen le entrega a Karp el argumento definitivo de venta. La narrativa oficial ya no será cómo proteger la democracia, sino cómo sustituir al falible ser humano por la infalible caja negra de Palantir. El resultado político es aterrador: el atentado sirve para blanquear el historial de Trump, convirtiéndolo en víctima y mártir, mientras se silencia cualquier debate sobre sus atrocidades presidenciales como criminal de guerra o sus oscuras conexiones pasadas con Epstein. Cualquier crítica legítima al sistema ahora puede ser convenientemente etiquetada como el “delirio” de un potencial terrorista, invalidando la disidencia política mediante su criminalización psiquiátrica y tecnológica.

Estamos asistiendo al nacimiento de un bloque histórico donde la tecnología ya no sirve a la sociedad, sino que la disciplina. Las implicaciones de Palantir en matanzas mecanizadas (genocidios en Gaza y en Líbano) y en el control social preventivo son solo el preludio. Al erosionar el Derecho Internacional y los principios del Derecho Penal Internacional —que exigen transparencia y responsabilidad humana—, el tecnofascismo instala una dictadura de la técnica donde no hay a quién reclamar y exigir responsabilidades. Cuando la decisión de quién es un objetivo o quién es un criminal la toma un algoritmo diseñado por una corporación amoral para proteger a una élite depravada, la humanidad ha perdido su condición de sujeto para convertirse en un simple dato procesable. El 25 de abril no fue un fallo del sistema, fue la señal de que el sistema ha decidido prescindir de la ley para abrazar definitivamente la fuerza bruta del código. Alertar sobre esto no es una opción, es una obligación existencial para todo aquel que aún crea que la justicia debe emanar de la voluntad popular y no de una línea de programación ejecutada desde una oficina en Silicon Valley.

El análisis del caso Kitchen no puede comenzar, como algunos pretenden, con el estallido de las agendas, audios y cuadernos de notas de Villarejo en 2017 cuando cayó en manos de la Justicia. Su génesis se sitúa en la primavera de abril de 2010, cuando Luis Bárcenas, recién imputado en el caso Gürtel, presentó su renuncia formal como tesorero y senador. Sobre el papel, aquel fue un punto de ruptura; en la práctica, marcó el inicio de una de las anomalías institucionales más prolongadas de nuestra peculiar democracia generada en la denominada transición española. Durante los tres años siguientes, el extesorero habitó un auténtico limbo jurídico y político: sin cargo oficial, pero con despacho propio en la tercera planta de Génova, sede del Partido Popular, coche oficial con chófer y una retribución mensual que superaba los 21.000 euros. Este escenario de «convivencia protegida» es la clave de bóveda para entender la gravedad del espectáculo al que hemos asistido en la sesión del juicio Kitchen de 23 de abril de 2026, en la Audiencia Nacional. Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de dicho partido, que iban como testigos, han desfilado por la sala para rendir cuentas ante un tribunal que, a través de su presidencia, lejos de permitir interrogar a las acusaciones populares, sobre todo del PSOE, con rigor bajo una estricta neutralidad, ha actuado como el último eslabón de una cadena de protección tejida desde la instrucción.

La comparecencia de Cospedal ha intentado asentar un relato de higienismo político: el partido habría actuado con contundencia fulminante en cuanto se descubrieron las cuentas suizas de Bárcenas. Sin embargo, la realidad documentada destroza esa coartada. El 26 de febrero de 2012, cuando la instrucción del caso Gürtel ya apretaba, Mariano Rajoy envió a su extesorero el famoso SMS: «Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo». No es la expresión de un líder implacable con la corrupción, sino la confesión de quien parece gestionar activamente un pacto de silencio y de protección institucional. Ese «hacemos» en plural parece implicar una estrategia común, una acción compartida para sostener al imputado. El 16 de enero de 2013 se hizo público lo que la comisión rogatoria judicial en diciembre de 2012 había comunicado al juez Ruz, instructor del caso Gürtel: el hallazgo en Ginebra de 22 millones de euros vinculados a Bárcenas. Según la versión de María Cospedal como testigo en el juicio oral, ese sería el detonante del cese inmediato. Pero, resulta, que apenas 48 horas después de que se conociera públicamente ese dato proveniente de Suiza, Rajoy volvió a escribirle: «Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo». No hay allí ni un solo reproche. La baja laboral en la Seguridad Social no se formalizó hasta el 31 de enero de 2013, coincidiendo con la publicación en medios de comunicación de la contabilidad paralela del Partido Popular. Lo que hoy se presenta como un «cese fulminante» fue, en realidad, una huida hacia adelante mediante la llamada «indemnización en diferido», un burdo eufemismo contable para seguir pagando al extesorero a cambio, probablemente, de su silencio.

Esta brecha entre el discurso, que han querido oficializar Rajoy con María Dolores de Cospedal y la realidad fáctica se ha visto agravada en el acto del juicio hasta extremos escandalosos por la dirección del juicio. El diseño de protección no nació en la sala de vistas, sino mucho antes, en la instrucción del juez Manuel García Castellón, que ya en su día limitó el objeto del procedimiento para excluir a las altas esferas políticas del Partido Popular. Como denunció la acusación popular en su momento, la instrucción estuvo orientada a «sacar del procesamiento a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal», una criba previa que el tribunal de enjuiciamiento, presidido por Teresa Palacios, se ha limitado a validar y profundizar sin complejos. Hoy, ese blindaje judicial se ha consumado con una intervención continua y sistemática de la magistrada, que ha limitado de manera constante las preguntas dirigidas tanto a Rajoy como a Cospedal, especialmente las que conectaban la Operación Kitchen con la relación de cercanía o confianza que ambos mantuvieron con Bárcenas, con la contabilidad paralela, o con los SMS que el propio presidente le envió en plena ebullición del caso Gürtel, o la relación de Cospedal con el ex comisario Villarejo. Cada «no ha lugar» de la presidenta ha funcionado objetivamente como una clausura de la verdad material. No es una interpretación rigurosa del objeto del proceso, pudiéndose entender u opinar que es más bien una labor activa de desactivación de las preguntas molestas.

Las críticas, como era de esperar, han sido contundentes y han dejado al descubierto la fragilidad jurídica de esta conducción procesal. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha sido especialmente severo, calificando la actuación de Palacios como una «intervención intolerable». En sus declaraciones a TVE, el exmagistrado ha recordado que los tribunales deben mantenerse «distantes, serenos, impasibles y no descender a la arena», y ha subrayado que Palacios no sólo no ha cumplido con esa norma, sino que sus limitaciones a las preguntas de las partes no eran pertinentes, ya que los interrogantes planteados estaban directamente relacionados con los hechos que se juzgan. Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo ha sido si cabe más directo, afirmando sin ambages que «este juicio está siendo un fraude procesal». Y ha añadido un diagnóstico certero: la instrucción ya lo fue, destinada a proteger a los altos cargos, y Teresa Palacios no ha hecho más que continuar esa misma línea, intentando «impedir que se le pueda preguntar nada que, verdaderamente, tenga sentido y que tengan obligación de contestar los comparecientes». La presidenta del tribunal, en suma, estaría actuando como la fiel ejecutora de las directrices marcadas en su día por el instructor, prolongando un blindaje judicial que vacía de contenido el proceso.

Las contradicciones en las declaraciones de los testigos han sido reveladoras. Cospedal aseguró este jueves que recurrió al excomisario Villarejo porque pensaba que en el PP estaban siendo espiados por algún sector del Ministerio del Interior de la ėpoca de Pérez Rubalcaba, del PSOE y afirmó que el interés siempre partía de Villarejo. Pero su exjefe de gabinete, José Luis Ortiz, la desmintió minutos después al declarar que «a veces Villarejo pedía la cita y a veces, Cospedal», desmontando así su coartada sobre la iniciativa. Rajoy, por su parte, rechazó el relato de Bárcenas sobre la contabilidad B y la grabación en su despacho, negó cualquier implicación en la Kitchen y se refugió en una relación «puramente profesional» con su extesorero. El problema de fondo es que la presidenta del tribunal no ha permitido que las acusaciones profundizaran en esos desmentidos ni en la conexión directa entre la trama policial y la protección política previa. Y esa limitación no es casual: responde a una estrategia procesal de acotación artificial del juicio, que lo reduce al análisis de una operación policial aislada, extirpando el móvil político que le da sentido: impedir que la documentación de Bárcenas llegara a la justicia.

La conclusión es inevitable: esto no es un juicio, es un simulacro. La independencia judicial, que la Constitución garantiza como pilar del Estado de derecho, se ha convertido aquí en un escudo para la derecha política española. Cuando el tribunal rechaza las peticiones de las acusaciones populares —incluyendo la suspensión del juicio para volver a imputar a Cospedal o la inclusión del Partido Popular en la causa—, parece que está dejando claro que la verdad material importa menos que el calendario político y la protección activa de determinados intereses políticos derechistas. Lo que se dirime hoy no es solo una trama de espionaje parapolicial, sino el uso de las estructuras del Estado para liquidar los pasivos de una relación —esa convivencia protegida que nunca debió prolongarse más allá de la ética pública— que, cuando se tornó amenazante, hubo que neutralizar con fondos reservados. En pocas palabras: se protegió a un imputado durante tres años con despacho, chófer y SMS de ánimo presidencial, y cuando dejó de ser controlable, se recurrió a medios policiales ilegales para silenciarle. Y cuando la verdad material se difumina por decisión judicial —primero en la instrucción con el tamiz de García Castellón y hoy en el juicio con la mano firme de Teresa Palacios—, no es el poder político el que sale indemne: es la democracia la que sale herida.

Pero hay algo aún más oscuro en este entramado. La sentencia que puede resultar en la decisión de este tribunal, con el guión ya escrito desde la instrucción, no sería un fallo jurídico convincente. Podría ser una sentencia útil para dar cobertura política a un gobierno de ultraderecha en el Estado español: el pacto entre el Partido Popular y Vox que se perfila tras las próximas elecciones. Porque la impunidad que hoy se blinda en los papeles judiciales mañana se convertirá en argumento de estabilidad institucional. Cerrar el caso Kitchen sin tocar a la cúpula del PP no es una casualidad procesal: es una operación de ingeniería política que legitima la vuelta al poder de quienes corrompieron las estructuras del Estado. Y la magistrada Palacios, consciente o no, está poniendo los mimbres para que la ultraderecha pueda gobernar sobre los escombros de la verdad.

Hemos visto cómo se juzga a la cúpula de Interior mientras los políticos que se sentaron en las mesas de Génova desfilan como meros «testigos», al amparo de una magistrada que descarta preguntas incómodas con un simple «no ha lugar». Si esta es la independencia judicial que nos queda, asistimos a una farsa en toda regla. No nos engañemos: en España, y más concretamente en la Audiencia Nacional, algunos aún deciden de qué lado de la historia quieren estar.

Los datos materiales son irrefutables: la acumulación masiva de carga bélica y la presencia de portaaviones como el USS George H.W. Bush no responden a una estrategia de disuasión, sino a una fase final de despliegue. Sin embargo, el error de cálculo de esta administración es ignorar que Irán, respaldado por su profundidad estratégica con Rusia y su alianza vital con China, no aceptará la capitulación

La reciente y explosiva revelación del exanalista de la CIA Larry Johnson en el espacio del juez Andrew Napolitano no debe leerse como una anécdota de pasillo, sino como el síntoma más alarmante de una crisis de Estado terminal. Al denunciar que el general Dan Caine, presidente de los Jefes de Estado Mayor Conjunto, tuvo que intervenir físicamente para frenar un intento de activación de los códigos nucleares contra Irán tras una reunión de emergencia el pasado sábado, Johnson ha puesto nombre al pánico: la irracionalidad pulsional de Donald Trump ante los reveses estratégicos en el Golfo Pérsico. No estamos ante una simple discrepancia de criterios en política exterior, sino ante el choque frontal entre un líder que, ante la incapacidad de someter a Teherán por las vías convencionales, se muestra dispuesto a cruzar la línea del holocausto nuclear, y un aparato militar que ha decidido actuar como un órgano de contención para evitar la mutua destrucción asegurada.

Esta atmósfera de descontrol en la cúspide del poder político encuentra un eco inquietante en las filtraciones del Wall Street Journal. El diario, portavoz histórico de la estabilidad del sistema, ha confirmado que el Pentágono ha establecido una suerte de “cordón sanitario” alrededor del Despacho Oval. Lo que el Journal describe no es una gestión administrativa, sino una medida de emergencia: el aislamiento del comandante en jefe de la Sala de Crisis durante horas críticas, mientras los mandos militares operaban de espaldas a sus exabruptos para evitar que sus gritos y exigencias de castigo inmediato se tradujeran en órdenes tácticas catastróficas. Cuando el instrumento militar se ve forzado a tutelar al mando civil para preservar la existencia misma del Estado, la democracia liberal estadounidense ha dejado de ser una estructura funcional para convertirse en un interregno peligroso donde el poder real ya no emana de las urnas, sino de la capacidad de los generales para desobedecer una voluntad presidencial desquiciada por el fracaso.

Esta parálisis institucional ocurre mientras el escenario internacional se mueve bajo la lógica de una “solución final” que la retórica diplomática de las conversaciones en Islamabad intenta encubrir. El Consejo de Seguridad Nacional de Rusia ha sido tajante al denunciar que estos diálogos son un espejismo, un camuflaje diseñado para ganar el tiempo logístico que exige la invasión de gran escala preparada por Estados Unidos e Israel. Los datos materiales son irrefutables: la acumulación masiva de carga bélica y la presencia de portaaviones como el USS George H.W. Bush no responden a una estrategia de disuasión, sino a una fase final de despliegue. Sin embargo, el error de cálculo de esta administración es ignorar que Irán, respaldado por su profundidad estratégica con Rusia y su alianza vital con China, no aceptará la capitulación. En este nudo histórico, donde la hegemonía se niega a reconocer su ocaso y el liderazgo civil sucumbe a la irracionalidad ante la resistencia iraní, el mundo queda suspendido de un hilo: el que separa el arrebato de rabia en el Despacho Oval de la mano de un general que, por ahora, se niega a ejecutar el fin de la historia.

La visita anunciada de una delegación de la NASA al Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, ha sido presentada por la prensa oligárquica local con el habitual servilismo informativo: un envoltorio de prestigio científico y progreso tecnológico que apenas disimula su fondo geoestratégico. Bajo la aparente neutralidad del programa Artemis y la supuesta evaluación de nuestras capacidades sanitarias para el rescate de astronautas en el Atlántico, se oculta una operación de calado militar que merece ser diseccionada con rigor analítico y conciencia política. Si atendemos a la realidad material de la carrera espacial, los amerizajes de las misiones tripuladas estadounidenses se concentran sistemáticamente en el océano Pacífico. ¿Qué razón operativa justifica entonces auditar infraestructuras civiles en Tenerife? La respuesta es clara: ninguna, salvo que interpretemos esta visita como una maniobra de distracción, una pantalla destinada a legitimar la integración de Canarias en la arquitectura logística del bloque militar euroatlántico. Lo que se nos presenta como cooperación científica no es sino el caballo de Troya de una ocupación encubierta.

No nos hallamos ante un hecho aislado, sino ante una ofensiva orquestada que sigue un guión ya ensayado en otros archipiélagos y territorios insulares. En las Azores, la base de Lajes fue presentada durante décadas como un centro meteorológico y de apoyo a la navegación civil, cuando en realidad operaba como nodo esencial del despliegue antisubmarino de la OTAN. En el archipiélago de Chagos, el Reino Unido expulsó por la fuerza a toda la población indígena para ceder el territorio a Estados Unidos, y después se declararon reservas marinas con coartada científica para impedir el retorno de los nativos mientras Diego García funciona como plataforma de bombardeos y vigilancia global. En Guam, la investigación oceanográfica y meteorológica ha servido de cortina de humo para expandir instalaciones militares hasta convertir la isla en el portaviones no hundible del Pacífico, con almacenamiento de armas nucleares. En las Islas Marshall, los ensayos nucleares fueron justificados como experimentación científica para la humanidad, y hoy la base de Kwajalein se presenta como centro de seguimiento de cohetes espaciales mientras forma parte del escudo antimisiles estadounidense. En Vieques, Puerto Rico, la Marina de Estados Unidos ocupó durante más de sesenta años dos tercios de la isla para realizar ejercicios de bombardeo, causando una cascada de enfermedades y muerte entre la población civil. Cuando la resistencia popular logró la expulsión de los militares en 2003, el gobierno estadounidense y las instituciones científicas locales justificaron la demora en la descontaminación con el pretexto de «estudios ambientales» que se prolongaron durante años, mientras los habitantes seguían expuestos a metales pesados y radiación. La ciencia, una vez más, actuó como coartada para dilatar responsabilidades y ocultar el rastro del colonialismo militar. Canarias sigue exactamente el mismo guión: una infraestructura científica como el Centro Espacial de Maspalomas, operado por el INTA —organismo bajo dependencia orgánica del Ministerio de Defensa y dirigido por mandos militares— es presentado sistemáticamente como un hito de la ciencia civil, ocultando su función dual y su carácter castrense.

Mientras la NASA ejerce de avanzadilla diplomática y científica, el verdadero entramado se articula en el terreno económico: la creación del denominado Clúster Canario de la Industria de Defensa, promovido por la CEOE de Tenerife y bendecido institucionalmente a través de la Zona Especial Canaria. Este proyecto evidencia la voluntad de la burguesía intermediaria local de subordinar nuestro tejido productivo a las necesidades del complejo militar-industrial estadounidense y sionista. Bajo el eufemismo de la diversificación económica, se pretende convertir las islas en un laboratorio y centro de servicios para tecnologías de guerra electrónica, sistemas no tripulados y plataformas de vigilancia masiva, aprovechando incentivos fiscales concebidos originariamente para el bienestar social, no para el lucro armamentístico. La contradicción es palmaria: se nos promete ciencia mientras se audita logística de guerra; se nos vende desarrollo económico mientras se hipoteca nuestra seguridad, convirtiendo el archipiélago en un objetivo estratégico de primer orden. La militarización de Canarias no se anuncia con tambores de guerra, sino con visitas hospitalarias y convenios empresariales de alto valor añadido. La coartada científica funciona como un mecanismo de despolitización: vacía de contenido crítico la presencia militar y la sustituye por un relato aséptico de innovación y progreso.

Frente a esta estrategia de ocupación encubierta, resulta imperativo desenmascarar los intereses de clase que subyacen al discurso oficial. Pero la denuncia no basta: es necesario articular una propuesta política concreta. Por eso defendemos la necesidad de impulsar un Estatuto de Neutralidad de Canarias, inspirado en dos referentes insulares exitosos. Por un lado, Malta, cuya neutralidad permanente fue incorporada a su Constitución en 1987 con el compromiso de no permitir bases militares extranjeras ni utilizar su territorio para operaciones bélicas de terceros. Por otro lado, las Islas Åland, archipiélago finlandés desmilitarizado y neutralizado desde 1921 por decisión de la Sociedad de Naciones, que sigue vigente hoy como ejemplo de cómo un territorio puede sustraerse a las lógicas de confrontación entre grandes bloques. Un Estatuto semejante para Canarias implicaría, al menos, el rechazo a la instalación de bases militares extranjeras o uso de las existentes por tropas extranjeras, la prohibición del uso del territorio canario para operaciones de guerra de agresión y ocupación, desnuclearización,la auditoría y desmantelamiento progresivo de infraestructuras de doble uso que operan bajo apariencia civil, y la reconversión de los incentivos fiscales de la ZEC hacia políticas sociales y para sectores realmente sostenibles y pacíficos. La defensa de la neutralidad activa de Canarias y el rechazo a convertirnos en el portaviones no declarado del Atlántico medio no son solo una cuestión ética, sino una exigencia de supervivencia política frente a un bloque de poder que no duda en instrumentalizar la ciencia como coartada de sus ambiciones belicistas. O construimos colectivamente ese Estatuto de Neutralidad, siguiendo la estela de Malta y Åland, o seguiremos siendo el laboratorio de pruebas de una guerra que no nos pertenece.

Canarias se encuentra en un momento decisivo. El pasado 30 de marzo de 2026, el diario Canarias7 publicaba una información que, bajo la apariencia de una oportunidad económica local, revela un proceso de transformación profunda del archipiélago. CEOE Tenerife, en colaboración con PwC, el Gobierno de Canarias a través de Proexca, el Cabildo de Tenerife y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, impulsan la constitución del Clúster Canario de la Industria de Defensa. La iniciativa se presenta como una vía para diversificar la economía, generar empleo cualificado y aprovechar la posición geoestratégica atlántica. Sin embargo, un análisis riguroso del ecosistema que sustenta este proyecto desvela un entramado más complejo, donde intereses militaristas se entretejen con instituciones empresariales, fondos europeos y redes elitistas de poder.

En el centro de este rompecabezas se sitúa Arquimea, la única empresa con perfil armamentístico plenamente integrada en el Hub de Tecnologías Duales impulsado por CIDIHUB (Canary Islands Digital Innovation Hub). Este hub, reconocido como European Digital Innovation Hub (EDIH) en la convocatoria del Programa Digital Europe de la Comisión Europea, es un consorcio de organizaciones y centros competenciales especializados en digitalización empresarial. Entre sus miembros figuran la Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia (coordinadora), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Universidad de La Laguna (ULL), el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), el Clúster Marítimo de Canarias (CMC), el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica (CET), Avantalia Soluciones y Proexca (Sociedad Canaria de Fomento Económico). 

El consorcio canaliza cofinanciación europea, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y ha movilizado previamente más de 50 millones de euros en proyectos de digitalización. Arquimea fue incorporada como socio prioritario de CIDIHUB en noviembre de 2025, accediendo directamente a programas del Fondo Europeo de Defensa y a la Estrategia de Autonomía Estratégica de la Unión Europea. De este modo, la empresa se coloca en la parrilla de salida del futuro Clúster de Defensa, mientras el artículo de Canarias7 habla de que “muchas empresas canarias ya están trabajando en este ámbito”.

El hilo que une a Diego Fernández Infante, presidente de Arquimea, con este proyecto trasciende lo empresarial. Como patrono de la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, forma parte de un patronato que constituye un verdadero think tank de élites militares, judiciales, nobiliarias y culturales de orientación marcadamente conservadora y pro-OTAN. Presidida por Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orleans, Duque de Calabria —Gran Maestre de órdenes militares católicas—, la fundación cuenta entre sus miembros con el general de Ejército Fernando Alejandre Martínez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (2017-2020) y con experiencia directa en mandos de la Alianza Atlántica. Junto a él figura el magistrado Manuel Marchena Gómez, ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien ha recibido la Grand Star del Premio Serge Lazareff de la OTAN, máximo reconocimiento civil de la Alianza, e ideólogo de la cuestionada sentencia condenatoria a los soberanistas catalanes en el juicio del procés. Completan el cuadro figuras como el académico Arturo Pérez-Reverte y otros altos mandos retirados de las Fuerzas Armadas. Esta composición no es meramente cultural: la fundación promueve una narrativa épica de la historia militar española, apoya donaciones a museos castrenses y difunde valores de lealtad, honor y sacrificio que legitiman simbólicamente la proyección del poder armado.

Esta red elitista —clasista en su composición nobiliaria y militar, y explícitamente alineada con la OTAN— no opera en el vacío. Proporciona el marco ideológico y relacional que permite a Arquimea y al Clúster Canario de Defensa presentarse como una iniciativa “local” cuando, en realidad, se inserta en la lógica de rearme europeo y de control del flanco sur atlántico. Canarias no es un territorio neutral: su posición geoestratégica la convierte en plataforma avanzada para la vigilancia del Sahel, el Golfo de Guinea y el Atlántico Sur. Drones, sistemas no tripulados, satélites de comunicaciones seguras y ciberdefensa —precisamente las especialidades de Arquimea y del Hub de Tecnologías Duales— son herramientas idóneas para monitorizar rutas migratorias, rutas energéticas y posibles escenarios de inestabilidad que justifican la presencia militar reforzada. Los fondos europeos (EDIH y potenciales convocatorias del Fondo Europeo de Defensa) actúan como lubricante: se destinan oficialmente a innovación y diversificación económica, pero su destino final es fortalecer capacidades duales con clara aplicación militar.

Los intereses en juego son múltiples y convergentes. Por un lado, las instituciones empresariales canarias —con CEOE Tenerife y PwC al frente— buscan reconvertir una economía turística vulnerable en un polo de alto valor añadido ligado al sector defensa. El Gobierno autonómico, a través de Proexca y el Cabildo de Tenerife, aportan legitimidad institucional y facilitan el acceso a suelo y a infraestructuras públicas. Por otro lado, la élite representada en la Fundación Ferrer-Dalmau moviliza contactos en el Ministerio de Defensa, en la OTAN y en círculos de poder judicial y nobiliario que allanan el camino para la obtención de contratos y el ejercicio de influencia política. Diego Fernández Infante, ingeniero formado en Airbus Defence and Space y convertido en empresario independiente, encarna la síntesis perfecta: innovación tecnológica al servicio de la soberanía estratégica europea y atlántica, con la bendición simbólica de una fundación que glorifica la tradición militar española.

A los canarios nos corresponde exigir transparencia. Detrás de la retórica del “desarrollo local” y la “oportunidad urgente” se perfila una progresiva militarización económica que incrementa la exposición del archipiélago a conflictos externos y subordina el tejido productivo a los presupuestos de defensa. No se trata de oponerse al progreso tecnológico, sino de rechazar que este se oriente prioritariamente a la lógica de la confrontación armada en lugar de a la paz y el bienestar ciudadano. El Clúster Canario de la Industria de Defensa, con Arquimea en posición privilegiada y respaldado por una red elitista pro-OTAN, no es una mera iniciativa empresarial: es el primer eslabón visible de un proceso que transforma Canarias en nodo avanzado del complejo industrial-militar europeo.

Nuestro pueblo merece conocer estos hilos para poder decidir, con pleno conocimiento, el modelo de desarrollo que desea. La paz no es un lujo abstracto: es la condición indispensable para un futuro digno. Y un futuro digno no se fabrica con la militarización de Canarias para guerras de agresión y ocupación.

Las imágenes difundidas por el digital El Salto, reproducidas en otros medios, el 26 de marzo de 2026 sobre la redada policial en el distrito madrileño de Villaverde, que culminó con la detención de Serigne Mbaye —ex diputado autonómico de Podemos y reconocido activista— en la puerta misma de su domicilio, no dejan margen a la duda: revelan la naturaleza de clase y la deriva reaccionaria de sectores del aparato coercitivo del Estado. La brutalidad policial documentada no constituye un exceso individual, sino la expresión de un fascismo policial que actúa con impunidad en los barrios populares.

Resulta especialmente revelador el detalle del agente de paisano que lucía una pulsera con la bandera de España. Lejos de representar una neutralidad institucional, ese distintivo se ha consolidado como emblema de la militancia del Partido Popular y de Vox. Su exhibición durante el ejercicio de la fuerza pública no solo quiebra el deber de objetividad, sino que escenifica la captura de las instituciones de seguridad por parte de un chovinismo reaccionario que identifica al adversario político y al migrante como enemigos a batir. Detener de este modo a quien ha ostentado la representación de la soberanía popular en la Asamblea de Madrid constituye un mensaje de amedrentamiento directo contra toda disidencia que cuestione la hegemonía del sistema. En el vídeo se observa, también, cómo dos policías aplastan, poniéndose encima en plancha con sus cuerpos para inmovilizarlo, a un ciudadano sobre la acera boca abajo, ante los gritos de la vecindad del peligro de asfixiarlo.

Desde un prisma estrictamente jurídico-constitucional, lo presenciado en el vídeo supone una vulneración flagrante del artículo 15 de la Constitución Española, que prohíbe de forma taxativa los tratos inhumanos o degradantes. Cuando la fuerza del Estado se desborda de manera desproporcionada contra un ciudadano desarmado en su esfera privada, se quiebra el principio de legalidad y se incurre en el terreno de la tortura moral y física. A ello se suma la violación del artículo 14, que consagra la igualdad ante la ley, y del artículo 17, que protege el derecho a la libertad y la seguridad frente a detenciones arbitrarias. No nos hallamos ante una actuación reglada, sino ante una vía de hecho que lesiona el núcleo duro de los derechos fundamentales. El uso del perfilamiento racial como herramienta de control social en estas redadas vacía de contenido el Estado de Derecho y convierte la seguridad pública en un sistema de castigo selectivo bajo la lógica del ultranacionalismo fascista.

Esta agresión a la dignidad humana trasciende nuestras fronteras y colisiona frontalmente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 5 y 9, proscribe de manera meridiana los tratos crueles y las detenciones arbitrarias. Asimismo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en su artículo 3, establece una prohibición absoluta e inderogable de los tratos inhumanos o degradantes —doctrina que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado reiteradamente al Estado español por su falta de diligencia en la investigación de abusos policiales—. La actuación contra el ex diputado Serigne Mbaye infringe también el artículo 14 del CEDH, que prohíbe la discriminación, situando a España en una posición de ilegalidad internacional manifiesta. El marco normativo europeo exige que toda intervención policial sea proporcionada y necesaria; la violencia exhibida en Villaverde no cumple ninguno de estos preceptos.

Ante tal gravedad, la única respuesta compatible con una democracia que se pretenda real es la inmediata separación del servicio de todos los policías involucrados en el operativo. La permanencia en activo de estos agentes, portando armas y autoridad en nombre del pueblo mientras exhiben simbología propia de la extrema derecha, constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana. Pero la depuración disciplinaria no basta: urge acometer una democratización profunda del aparato policial. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden seguir siendo el último reducto de lógicas autoritarias y continuidades ideológicas del pasado. Es imperativo limpiar de fascismo las comisarías y garantizar que el monopolio de la violencia responda exclusivamente a la protección de los derechos de la mayoría social, y no a las agendas de odio de la reacción política encarnada en el PP y Vox. Tolerar esta brutalidad es aceptar que la Constitución se detiene allí donde empieza el brazo de un agente con una pulsera partidista.

La historia no es un fenómeno meteorológico que se contempla desde la ventana, sino una construcción de la voluntad colectiva que se fragua en el asfalto. Este 21 de marzo, la cita en el Paseo de Las Canteras trasciende cualquier convocatoria ordinaria: es un imperativo ético ante la barbarie. Se nos anuncia que ha llegado una especie de DANA a nuestro Archipiélago, con lluvias y vientos que algunos podrían ver como un obstáculo, pero que en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, según los pronósticos no será tanta la incidencia. Sin embargo, frente a la posibilidad de tormenta, rescatamos el testigo y el ejemplo histórico que nos dejó el Comandante Hugo Chávez en aquella inolvidable jornada bajo el diluvio: “Aunque llueva, truene o relampaguee”, el pueblo consciente no retrocede. Chávez nos enseñó que la lucha por la justicia y la paz no se disuelve con el agua, sino que se templa en ella.

La chispa que hoy moviliza nuestra conciencia es la brutal escalada de agresión terrorista imperialista que el mundo presencia con horror. La acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada este 28 de febrero, constituye un crimen de guerra flagrante. Sin declaración previa, sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU y en violación absoluta del derecho internacional, esta ofensiva ha segado ya cientos de vidas civiles —con la atrocidad del ataque y masacre en la escuela infantil de Minab como herida abierta— y el asesinato del líder Alí Jamenei. Es un guión de asedio que ya conocemos: la misma estrategia que en 1953 derrocó a Mossadegh se repite hoy a escala global, pretendiendo imponer la tiranía del expolio sobre el Sur Global.

Esta agresión no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva sistémica. Lo vemos en el genocidio continuado que el Gobierno de Israel perpetra contra el pueblo palestino y la invasión del Líbano, extendiendo el fuego por toda la región, con consecuencias catástróficas en lo económico, lo social y lo político (ascenso de los fascismos con nuevos rostros) para la clase trabajadora en el mundo . Lo sentimos también más cerca, en la cuenca del Caribe, con los bombardeos y secuestros del Presidente constitucional y legítimo en Venezuela, junto a la Diputada Nacional Cilia Flores y el criminal bloqueo energético, económico, comercial y financiero contra Cuba. Desde Canarias, alzamos la voz para decir que Cuba: No está sola; que su resistencia frente al cerco económico y energético es la resistencia de todos los pueblos que aspiran a decidir su propio destino.

En este contexto, la participación de Canarias este 21 de marzo es vital. No podemos permitir que nuestro archipiélago siga siendo utilizado como una plataforma logística para el militarismo o un portaaviones para agresiones en el Atlántico y el Sahel. Reivindicamos un Estatuto de Neutralidad que nos convierta en territorio desnuclearizado y puente de paz. La exigencia de desmantelar la Base Naval, ubicada en plena ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de retirar toda infraestructura bélica ofensiva de nuestro suelo es la única garantía para no ser cómplices —ni objetivos— de esta maquinaria de muerte.

Nuestra brújula moral hoy se apoya, también, en el “Grito de Yara”. Aquel 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes declaró la independencia de Cuba y liberó a sus esclavos para que lucharan como hombres libres, marcando el camino de la ruptura definitiva con la opresión. El Grito de Yara nos enseña que la soberanía es irrenunciable en la confrontación con la metrópoli imperialista, se ejerce con el valor de alzarse en resistencia organizada, inteligente y paciente contra un sistema que solo ofrece guerra, opresión colonial y miseria.

Este 21 de marzo, desde la Plaza de Saulo Torón, debemos conformar una marea humana que recorra el Paseo de Las Canteras con la firmeza de quien sabe que defiende la vida. Que el trueno del cielo no opaque nuestra voz contra la guerra, y que la lluvia limpie el rastro de la ignominia militarista de nuestras islas. Por la paz, por la soberanía de los pueblos y por nuestra dignidad como pueblo canario: ¡Al Paseo de Las Canteras!

La historia no es un cementerio de efemérides, sino la expresión viva de una lucha de clases donde las estructuras de dominación se perpetúan mediante la ocupación física e ideológica del territorio. Hace apenas unos días, el pueblo canario volvió a las calles para conmemorar el 40 aniversario de aquel 12 de marzo de 1986; una fecha fundacional en la que nuestra sociedad dictaminó, con una madurez política insubordinada, un rotundo «No» a la OTAN. No fue un rechazo técnico a una alianza militar, sino una enmienda a la totalidad del modelo imperialista que nos subordina. Cuatro décadas después, la respuesta del Estado a aquella voluntad democrática ha sido la imposición colonial de una realidad material que asfixia nuestra cotidianidad: el despliegue de un estado de sitio de facto en todo el Archipiélago.

No estamos ante maniobras rutinarias, como recientemente la prensa local -Canarias Ahora del día 13 de marzo de 2026- nos ha informado de su despliegue, sino ante una militarización exhaustiva y milimétricamente planificada que abarca cada rincón de nuestras islas, asumiendo funciones de control militar-policial e ideológico sobre la población civil. El despliegue es total: el Regimiento de Infantería Tenerife 49 se despliega en Tenerife, Lanzarote y La Graciosa; el Regimiento Soria 9 ejecuta labores de presencia en Fuerteventura; el Regimiento Canarias 50 asegura Gran Canaria; mientras que el Regimiento de Artillería de Campaña 93 y el Batallón de Zapadores XVI se activan en La Palma, La Gomera y El Hierro. El Mando de Canarias justifica esta ocupación bajo el pretexto de «reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad», pero la materialidad de sus acciones revela su verdadera naturaleza: el control social y la anulación de la disidencia.

El ejército español no se limita a patrullar barrancos y costas; penetra directamente en los aparatos de reproducción ideológica de nuestra sociedad. Que el RI 49 acuda al CEIP Costa Teguise en Lanzarote para realizar un izado de bandera y adoctrinar a la infancia sobre las bondades castrenses, o que el RI 9 haga lo propio en centros de mayores de Puerto del Rosario y en el IES Santo Tomás de Aquino de Fuerteventura, evidencia una estrategia de guerra psicológica de manual. Se busca normalizar la bota militar y el uniforme de combate en la retina de las nuevas generaciones, integrando la coerción armada en el paisaje cotidiano hasta naturalizar lo que debería ser excepcional. Es la construcción del consentimiento a través del miedo: convencernos de que estamos bajo una amenaza existencial para que aceptemos dócilmente nuestra condición de enclave subordinado a los intereses de la OTAN en la proyección militar exterior, sobre todo hacia el continente africano.

Para que este estado de sitio funcione, necesita imperativamente la fabricación de una amenaza exterior. Es aquí donde, desde hace algún tiempo, determinada prensa oligárquica canaria entra en juego como intelectual orgánico del atlantismo, actuando como correa de transmisión de los intereses de Washington y Bruselas. A través de un periodismo de guerra, con resabios rusófobos, estos medios construyen un alarmismo en torno a la falaz «flota en la sombra» rusa, un constructo propagandístico diseñado para criminalizar el comercio legítimo de Estados soberanos y allanar el camino a la intervención militar en nuestras aguas. Desde el rigor del derecho internacional público, esta narrativa no resiste el más mínimo análisis. La Ley 14/2014 de Navegación Marítima y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar consagran la libertad de navegación y el derecho de paso inocente. Las sanciones unilaterales jaleadas por la prensa y dictadas por Washington y Bruselas carecen de toda validez ejecutiva, al no emanar del Consejo de Seguridad de la ONU bajo el Capítulo VII de su Carta. Cualquier abordaje o restricción naval ejecutada por autoridades españolas amparándose en estas «listas negras» constituiría un acto de piratería institucionalizada, pudiendo constituir un delito de prevaricación administrativa.

La pinza es evidente: la ocupación militar de nuestras calles y escuelas se complementa con la manipulación informativa para ocultar a los verdaderos responsables de la desestabilización global. Mientras se persigue a buques civiles, se silencia la implicación de la alianza atlántica y sus apéndices —como el régimen de Kiev o la inteligencia israelí— en operaciones de sabotaje en las costas africanas - ataque al petrolero Marsim frente a las costas de Dakar- y en la desestabilización del Sahel. Canarias está siendo forzada a ejercer de «gasolinera» y plataforma logística para las agresiones imperialistas contra los pueblos soberanos de África occidental. Nuestros puertos y bases se convierten en retaguardia de conflictos que nos son ajenos, lo que nos convierte automáticamente en un objetivo beligerante en el contexto de guerra actual y viola cualquier principio de neutralidad que como pueblo hemos reivindicado históricamente. Esta subordinación a la OTAN no solo vacía de contenido nuestra soberanía, sino que nos arroja a las fauces de una guerra que no es nuestra.

Frente a este asedio integral, la respuesta de nuestro pueblo, refrendada en las movilizaciones de este mes de marzo, no puede ser otra que la confrontación cívica y jurídica. La única salida política digna que garantiza nuestra supervivencia frente a la recolonización armada es la reclamación urgente e intransigente de un Estatuto de Neutralidad para Canarias, una aspiración histórica de nuestro pueblo . No se trata de una ingenuidad geopolítica, sino de una estrategia inteligente: sustraer a Canarias de las guerras de las potencias y garantizar su seguridad mediante el derecho internacional y una defensa militar estrictamente defensiva sin ejércitos ni tropas extranjeras. Un estatus, repito, internacionalmente reconocido —similar al de las Islas Åland o Malta: «Malta es un Estado neutral que procura activamente la paz, la seguridad y el progreso social entre todas las naciones adhiriéndose a una política de no alineación y negándose a participar en cualquier alianza militar“— que blinde a nuestro Archipiélago como territorio de paz, desnuclearizado y absolutamente excluido de los engranajes bélicos de la OTAN. Esto implicaría la desmilitarización efectiva de nuestro pueblo.

Hoy, 40 años después de aquel histórico 12 de marzo, el «No» a la OTAN no es una reliquia del pasado, sino el único imperativo categórico para mantener nuestra dignidad y defender la vida. Frente a quienes pretenden convertir nuestra tierra en un campo de entrenamiento para la guerra, frente al ejército ocupando nuestras ciudades, pueblos, espacios naturales, escuelas y la prensa manipulando nuestras conciencias, solo cabe una respuesta: la movilización popular, la denuncia jurídica y la reivindicación inclaudicable de un Estatuto de Neutralidad que nos blinde como pueblo. Canarias no es base, es territorio. Canarias no es plataforma, es pueblo. Y ese pueblo, 40 años después, sigue diciendo No a la OTAN, contra la guerra y SÍ a la paz, la soberanía y la desmilitarización de la sociedad canaria.