Este 14 de abril de 2026, 13 en el caso de Eibar, se celebra el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Todo el periodo histórico que representó esta segunda andadura republicana sigue siendo objeto de una intensa batalla de relatos. 

A menudo, la historia se ve oscurecida por bulos que buscan presentar este periodo únicamente como un prólogo inevitable de la Guerra Civil. Sin embargo, los datos y el contexto europeo nos devuelven una imagen muy distinta: la de un esfuerzo democrático por la modernización en un continente que se desmoronaba.

En primer lugar, el mito del caos excepcional.

Existe la idea de que, desde su nacimiento, la República fue un incendio constante de iglesias y asesinatos. Si bien hubo episodios de violencia, la República disfrutó de periodos de notable estabilidad legislativa. Durante el Bienio Reformista (1931-1933), se aprobaron leyes de vanguardia como el voto femenino, el divorcio y la educación laica, demostrando una voluntad de modernización institucional y no de caos.

Mientras España intentaba consolidar su democracia en Alemania y Austria, en los años 20 y 30, los choques entre milicias de partidos dejaron cientos de muertos en las calles de Berlín y Viena. Muy cerca, en Francia, hubo un intento de golpe de estado de extrema derecha en febrero de 1934 que derivó en un intento de asalto de la Asamblea Nacional y una polarización extrema en la vida política francesa. 

Es fundamental entender que la conflictividad social española no era un rasgo “genético” español, sino un fenómeno europeo con muchos factores y en los que influyeron en gran medida el miedo de la burguesía y grandes propietarios a la revolución (1917) además de la Crisis del 29 que agudizó los nacionalismos y los movimientos de extrema derecha. 

En segundo lugar, una supuesta “planificación” del exterminio religioso.

Uno de los bulos más dañinos afirma que el Gobierno diseñó un plan sistemático para eliminar a la Iglesia. La realidad jurídica es que la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de cultos. La violencia anticlerical más extrema estalló después del golpe de Estado de julio de 1936, fruto del colapso del orden estatal y no de un decreto oficial.

Aunque hubo sectores de los partidos del Frente Popular que jalearon la violencia, figuras del gobierno como Manuel Azaña o incluso ministros socialistas intentaron (con poco éxito inicial) detener las sacas y salvar a religiosos. La persecución fue fruto del desgobierno y del odio acumulado, no de un decreto oficial.

El Estado republicano, como institución, nunca legisló contra la vida de los religiosos. De hecho, la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de cultos, aunque limitaba el poder económico y educativo de las órdenes. El Gobierno de Juan Negrín, por ejemplo, trabajó activamente por restaurar el culto público. De hecho, en 1938 se creó el Comisariado de Cultos con el objetivo de normalizar la vida religiosa en la zona republicana y reabrir iglesias. 

El Partido Nacionalista Vasco, un partido profundamente católico, fue parte del poder republicano llegando a tener un ministro entre septiembre de 1936 y marzo de 1939. Si la República hubiera tenido un plan de exterminio religioso, habría empezado por el norte. La diferencia fue que en Euskadi el Gobierno civil no perdió el control del orden público, demostrando que el problema no era la ideología de la República, sino el colapso del orden estatal en otras zonas.

Si la República hubiera tenido un plan de exterminio religioso, habría empezado por el norte. La diferencia fue que en Euskadi el Gobierno civil no perdió el control del orden público, demostrando que el problema no era la ideología de la República

En tercer lugar, el inicio de la guerra fue en octubre del 34.

A menudo se señala la Revolución de octubre de 1934 como el evento que dio inicio al conflicto armado dos años después. En cierta medida, este bulo es utilizado principalmente para exculpar a los militares y no militares que organizaron el golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936. De hecho, es una de las columnas argumentales más importantes del bando golpista durante la Guerra Civil y los 39 años de dictadura. 

Sin embargo, antes de la Revolución de octubre de 1934, no solo hubo un intento, sino una sucesión de movimientos para derribar o cambiar el régimen por la fuerza. Algunos de los más significativos:

A) La conspiración de los “Tres Días” (abril 1931) 

Nada más proclamarse la República hubo militares y monárquicos conspirando. El general Kindelán y otros oficiales intentaron organizar una resistencia armada inmediata al ver que Alfonso XIII se marchaba. No llegó a ejecutarse porque no encontraron apoyo suficiente en los cuarteles, pero la intención estuvo ahí desde el “minuto uno”.

B) La “Sanjurjada” (10 de agosto de 1932)

Este fue el primer gran golpe de Estado contra la República que dieron ciertos militares. Su líder fue el general José Sanjurjo que se levantó en armas en Sevilla junto a un intento simultáneo en Madrid. El golpe fue un fracaso absoluto por la falta de coordinación y la rápida respuesta del gobierno, que ya estaba sobre aviso.

Este golpe de Estado es la prueba irrefutable de que el sector reaccionario del ejército intentó derribar la democracia mucho antes de cualquier supuesta “amenaza bolchevique”.

C) La Conspiración de la “Unión Militar Española” (UME)

Fundada a finales de 1933, la UME era una organización clandestina de militares derechistas cuyo único fin era conspirar para dar un golpe de Estado si la situación política no les favorecía. No fue un evento puntual, sino una trama continua que estuvo activa durante años y que fue la base del golpe definitivo de 1936.

D) El complot monárquico y el apoyo de Mussolini (marzo 1934)

Meses antes de octubre, representantes de los partidos monárquicos (Renovación Española y carlistas) viajaron a Roma para reunirse con Benito Mussolini. Buscaban asegurar el apoyo de la Italia fascista a través de dinero y armas para derrocar a la República. El viaje de los monárquicos a Roma demuestra que la desestabilización de la República era un proyecto internacional previo a la revolución de Asturias.

En cuarto lugar, la República era un satélite de la URSS.

Es común escuchar que España, en 1936, estaba a punto de convertirse en una dictadura soviética. Pío Moa es el máximo exponente. En libros como 'Los mitos de la Guerra Civil', sostiene que la República dejó de ser democrática en 1934 y que en 1936 ya era un estado fallido entregado a los intereses de Stalin. Dede Vox se utiliza este discurso de forma abierta. En sus intervenciones sobre la Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, es común escuchar a sus líderes afirmar que la República era una “dictadura roja” o que el gobierno de 1936 no era legítimo por su supuesta deriva soviética.

Sin embargo, en ese año el PCE era una fuerza minoritaria en el Parlamento. En las elecciones de febrero, el PCE obtuvo apenas 17 diputados de 473. Era una fuerza testimonial comparada con el PSOE o la Izquierda Republicana.

La influencia de la URSS creció después del inicio de la Guerra Civil, principalmente porque fue el único país (junto a México) que vendió armas a la República. Es decir, la dependencia de la URSS fue una consecuencia de la guerra, no una causa. Al negarse Francia y Gran Bretaña a vender armas al gobierno legítimo (Pacto de No Intervención), el gobierno de la República no tuvo más opción que acudir al mercado soviético para defenderse.

En quinto lugar, los fraudes electorales.

El debate sobre la legitimidad de las elecciones durante la Segunda República no es nuevo, pero ha cobrado un vigor inusual en los últimos años debido a ciertos sectores políticos que buscan cuestionar la legalidad republicana. No es casualidad que esta acusación provenga siempre de sectores de la derecha y solo hablen de los comicios de febrero de 1936 o incluso de los celebrados el 28 de junio de 1931, en ambos ganó la izquierda. Sin embargo, no lo digan sobre las elecciones generales de noviembre de 1933.

Sobre el presunto fraude en las elecciones de 1931 la acusación suele centrarse en que fueron unas elecciones constituyentes organizadas por un Gobierno Provisional que ya había empezado a legislar.

La realidad es que se celebraron en un clima de enorme entusiasmo tras la caída de la monarquía y en el que la derecha estaba desorganizada, en estado de “shock” político, lo que explica la hegemonía de la conjunción republicano-socialista. Acusar de fraude a estos comicios suele ser un intento de deslegitimar el origen mismo de la República.

La tesis del fraude masivo en 1936 fue popularizada recientemente por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García a través de su libro '1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular'. Estos autores sostienen que hubo irregularidades en el recuento de actas en provincias específicas que pudieron alterar el número de escaños.

La realidad es que, aunque hubo desórdenes, presión callejera y la gestión de las actas en las comisiones de actas fue, en ocasiones, partidista, la mayoría de los historiadores coinciden en que el triunfo del Frente Popular fue legítimo en términos globales. Incluso sin las actas en disputa, la derecha no habría tenido los votos suficientes para formar un gobierno estable.

La construcción de estos relatos distorsionados no es un ejercicio casual de memoria, sino una estrategia política deliberada para presentar la democracia republicana como un experimento fallido o una amenaza totalitaria. Sin embargo, los datos demuestran que la conflictividad del periodo era un reflejo de la crisis europea y que el colapso del orden no fue una voluntad política, sino la consecuencia directa de un golpe de Estado gestado durante meses por sectores que nunca aceptaron la legalidad de las urnas. Recuperar el rigor histórico sobre la Segunda República es, por tanto, un paso indispensable para comprender que la guerra no fue un destino inevitable, sino el resultado del boicot violento a un esfuerzo de modernización que intentó situar a España a la vanguardia de las democracias occidentales.

Joan den martxoaren 21ean, Gipuzkoako PPko Nuevas Generaciones-ko antolakuntza eta ekintza politikoko idazkariordeak bideo bat argitaratu zuen, administrazio publikoko lanpostuetarako euskara titulazioa eskatzearen aurka gogor eginez. Izan ere, bere atzean “Fundación Popular de estudios vascos” irakur zitekeen bitartean egin zuen. Modu bitxia “euskal gauzen” inguruko ikerketa sustatzeko.

Bere diskurtsoan, euskara “kontrol sozialerako eta diskriminaziorako tresna” gisa definitu zuen. Baieztapen horrek errealitate juridikoa ukatzen du: euskara Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza koofiziala da, Konstituzioak eta Autonomia Estatutuak babestua. Administrazioan hizkuntza-eskakizuna eskatzea ez da kontrol neurri bat, herritarrek bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan artatuak izateko duten eskubidea bermatzea baizik. Diskriminazioa, berez, euskaldun batek bere administrazioan bere hizkuntza erabili ezin izatea litzateke. Gero, eskatu beharreko eskakizunei buruz eztabaidatu ahal izango dugu, baina mutil honek dioenetik oso urrun dago.

PP ez da bide horretan bakarra. Vox-ek ere administrazioan euskara normalizatzeko dekretuaren aurkako errekurtsoa iragarri zuen, funtzionario erdaldunak “diskriminatzen” dituela argudiatuz. Are gehiago, Santiago Abascal-ek Kongresuko Araudia aldatzea proposatu zuen, diputatuek gaztelaniaz bakarrik egin dezaten , eta ekainean, Euskararen eta Hizkuntzen Ikaskuntzarako Institutua kentzea eskatu zuten, PPren babesarekin, euskara “inposizio” gisa hartzen dutelako. Ekainean, Vox-ek Euskararen eta Hizkuntzen Ikaskuntzarako Institutua kentzea eskatu zuen Eusko Legebiltzarrean. Ekimena PPk babestu zuen, eta Institutuak “Euskadin euskararen inposizio linguistikoan sakontzea helburu duen tresna” bat dela argudiatzen zuen.

Bideoan erabilitako argumentua, non venezuelar batek euskara ez jakiteagatik “bonbilla bat ere aldatu ezin duela” esaten den, hiperbole demagogiko hutsa da. Funtzio publikorako sarbidea merituan eta gaitasunean oinarritzen da. Hizkuntza titulazioa beste edozein meritu edo eskakizun bezalakoa da, legeen ezagutza edo titulu akademikoak bezala. Gainera, lanpostu guztiek ez dute maila bera eskatzen.

“Euskara txikitatik jaso” duen norbaitek, atzerritik edo Espainiako probintzia batetik datorrenarekin konparatuta, abantaila duela esaten du. Ez du kontuan hartzen euskal hezkuntza sistemak edonori uzten diola hizkuntza ikasten, bere jatorria edozein dela ere.

Migratzaileak instrumentalizatzea euskara “oztopo” gisa aurkezteko maltzurkeria da. Euskal hezkuntza ereduak integrazioa bilatzen du elebitasunaren bidez, jatorria edozein dela ere aukera berdinak bermatzeko. Gaur egun, milaka dira txikitatik euskara ikasi duten migratzaileen seme-alabak (venezuelarrak, kolonbiarrak, txinatarrak., etab.), hizkuntza kohesiorako tresna gisa erabiltzen dutenak. Euskara zerbait “hereditario” edo baztertzaile gisa aurkeztea, ikasi duten eta kohesiorako tresna gisa erabiltzen duten milaka euskaldunen errealitatea ukatzea da.

PP dela egoera hau “lehengoratzea” proposatzen duen alderdi bakarra esatea txantxa bat da, gobernatzen duen edo gobernatu duen beste erkidego batzuetan ere (Galizia, Balear Uharteak edo Valentziako Erkidegoa, esaterako) hizkuntza eskakizunak daudelako. Beraien diskurtsoa hauteskunde komenientziaren eta eskualdeko nazionalismoarekin bilatzen duten konfrontazio mailaren arabera aldatzen da.

Ez, euskara ez da arazoa. Arazoa pertsonak inguratzen dituena eta ikastea ezinezko egiten dioten baldintzak izan daitezke (euskaltegi publikoetan toki falta, bizitzarekin uztartu ezin diren lan-ordutegiak, bakoitzak ikasteko duen gogoa, etab.). Baina ez hizkuntza.

Ondorioz, euskara gatazka politikoaren erdian jartzea errealitate sozialari bizkarra ematea da. Hizkuntza eskakizunak ez dira harresiak, herritar guztien eskubideak bermatzeko eta gizarte kohesionatuago bat eraikitzeko tresnak baizik. Eztabaida politikoak kudeaketa hobetzeko balio beharko luke, eta ez migratzaileen errealitatea instrumentalizatzeko edo gutxitutako hizkuntza bat erasotzeko. Azken finean, helburua ez baita inor kanpoan uztea, guztiei aukera berdinak eta elkarbizitzarako hizkuntza gaitasuna eskaintzea baizik.

El programa Adi-Adian dio comienzo en 2014. Le precedió el Plan para la Convivencia Democrática y la Deslegitimación del Terrorismo, del Gobierno socialista de Patxi López, en el que se incluía un proyecto de materiales didácticos para deslegitimar el terrorismo y llevará a las aulas testimonios directos de víctimas del terrorismo. Desde entonces este ha venido trabajando en las aulas de los centros escolares de Euskadi con los testimonios de diferentes víctimas del terrorismo. 

El uso de testimonios ayuda a humanizar lo sucedido, permitiendo que nuestros estudiantes conecten emocionalmente con la vivencia de la víctima. A través del relato directo de estas víctimas educadoras, se promueve el desarrollo de la empatía y el análisis crítico sobre las consecuencias del uso de la violencia. Al mismo tiempo, actúa como una herramienta para generar rechazo a la violencia.

Al participar en estas sesiones, tanto el alumnado como el centro educativo se convierten en agentes de memoria. Es decir, asumen la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo para evitar el olvido.

A nivel pedagógico permite trabajar conceptos sobre los derechos humanos que, de otro modo, el alumnado suele desconocer debido a su falta de saber respecto al contexto sociopolítico de la época. Se fomenta la involucración del estudiante de manera significativa en su propio aprendizaje ético. Finalmente, ayudan a los jóvenes a comprender realidades que, en ocasiones, han sido silenciadas dentro de sus propias familias. No pocas veces hay alumnos que son conscientes de lo que estaba sucediendo en sus casas tras escuchar el relato de una víctima del terrorismo y la violencia por motivación política.

La importancia del programa es evidente, pero surgen varias preguntas: ¿Por qué tiene tan poco impacto a nivel social? ¿Por qué se llega a tan pocos estudiantes? ¿Qué se podría hacer para que esto dejase de ser así?

El principal hándicap que tiene el programa Adi-Adian es que se trata de un programa voluntario. Es decir, no está dentro del programa lectivo de las etapas de secundaria obligatoria, secundaria o estudios superiores. Por lo tanto, el programa depende exclusivamente de la sensibilidad y el compromiso personal de directores o profesores específicos (normalmente de áreas como Geografía e Historia, Valores Éticos o Filosofía). Este es el principal escollo por el que su alcance no sea mayor o total y, por lo tanto, por lo que se generan los siguientes inconvenientes.

Sin embargo, si ese docente comprometido cambia de centro o se jubila el programa suele desaparecer de ese centro educativo. En la mayor parte de los casos no es un compromiso institucional del centro, sino un esfuerzo individual. También debemos tener en cuenta la sobrecarga de trabajo, los docentes deben buscar el hueco en un currículo muy completo, lo que muchas veces lleva a que se sacrifiquen las sesiones de preparación previa a la visita de la víctima o de reflexión posterior. Es decir, no hay un trabajo previo con el alumnado. Algo absolutamente necesario para preparar a los oyentes para escuchar el testimonio que van a escuchar. En otras ocasiones también suele suceder que no hay trabajo posterior con el alumnado. 

El número de centros escolares que participan en el programa es pequeño. Según los datos del Eustat de 2023/2024, publicado en julio de 2025, la CAV tenía al menos 1.200 centros escolares no universitarios. De estos, alrededor de 333 impartían Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 210 Bachillerato. De los 333 centros, 132 son públicos y 201 son privados. De estos últimos, 97 son concertados. En 2024, por ejemplo, el programa llegó a 31 centros educativos de secundaria. Es decir, se llegó únicamente al 9,30% de los centros educativos de esas etapas y la mayoría eran centros educativos concertados.

Según los datos del Diagnóstico del sistema educativo vasco de 2025, publicado en febrero de este año, había un total de 123.059 estudiantes de ESO y Bachillerato. En 2024, por ejemplo, el número de alumnos que participaron en Adi-Adian fue de 2630. Es decir, se llegó a un 2,13% del total de los alumnos y las alumnas de la etapa Secundaria.

Ante estos datos, la conclusión es clara: la voluntariedad del programa genera una desigualdad en el acceso a la Memoria. El alumnado que recibe este impacto no lo hace por un derecho educativo garantizado, sino por suerte según el centro donde estudie. Esto impide que la deslegitimación de la violencia sea un estándar de aprendizaje común para toda la juventud vasca, dejando fuera a la mayor parte de los centros que, por falta de tiempo, desconocimiento o reticencia, deciden no solicitarlo. En definitiva, no todos los jóvenes vascos reciben la misma formación en memoria y convivencia, lo que genera una brecha en la base ética común de las nuevas generaciones.

Al no ser parte del programa lectivo, Adi-Adian es percibido a veces como una charla puntual en lugar de un proceso pedagógico serio. A esto debemos añadir que, al no estar integrado en el programa lectivo, los contenidos no suelen ser evaluables, lo que puede relajar la atención de una parte del alumnado que lo percibe como un descanso de las materias importantes. Podríamos decir que existe una desconexión curricular en el que cuesta más conectar el testimonio de la víctima educadora con los temas que el alumno está estudiando en ese momento (Derechos Humanos, Dictadura, Transición, etc.), perdiéndose la oportunidad de que el testimonio sirva como fuente primaria de estudio histórico.

Todo esto provoca inconvenientes como que las entidades que trabajan con este programa no puedan prever cuántos centros lo solicitarán cada año y se generen picos de demanda en fechas señaladas (como el Día de la Memoria), mientras que el resto del año el programa tiene menos actividad, lo que complica la gestión de las agendas de las víctimas.

Vinculado a ello hay otro problema externo: el número de víctimas es reducido. Apenas una veintena de ellas, entre las que se encuentran tanto víctimas de ETA como de grupos terroristas de extrema derecha o de violencia del Estado, participan en el programa. Aquí se observan diferentes factores: el hecho de que haya víctimas que no deseen participar por no encontrarse preparadas para hablar de ello en público; los que al contrario, sin dejar de lado el recuerdo, han decidido seguir con su vida; o los que tras participar en múltiples visitas al aula necesitan un descanso o entienden que ya han cumplido. Todos estos factores son comprensibles, entendibles y absolutamente respetables.  

A esto le sumamos que el número de víctimas de primera fuente de información se va reduciendo por edad. El envejecimiento de estas víctimas, está empezando a crear y creará una limitación de estos testimonios de manera directa en un breve tiempo. Por ese motivo, es fundamental que se abra el espectro añadiendo a víctimas de persecución. Así como a víctimas de segunda generación o material audiovisual de los testimonios de las víctimas de primera fuente.

La integración de Adi-Adian en el programa lectivo por parte del Departamento de Educación es fundamental para garantizar que la formación en memoria y convivencia sea un derecho educativo garantizado y no una cuestión de azar según el centro. Se evitaría que el proyecto desaparezca cuando un docente comprometido se traslada o se jubila, convirtiéndolo en un compromiso institucional. Aseguraría que existan espacios curriculares específicos para el trabajo previo y posterior con el alumnado, fundamentales para la asimilación ética del testimonio. Estabilizaría la gestión de las entidades y las agendas de las víctimas, evitando picos de demanda estacionales y permitiendo una planificación pedagógica seria y evaluable.

En definitiva, transformar Adi-Adian en una pieza troncal del currículo es el paso necesario para que el testimonio de las víctimas deje de ser una charla puntual y se convierta en una herramienta sistemática de deslegitimación de la violencia y de construcción de una base ética sólida para las futuras generaciones.

Prometía ser un encuentro literario de alto nivel, pero se ha convertido en el epicentro de una agria disputa. El ciclo de conferencias coordinado por el académico Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra fue cancelado tras una cascada de renuncias a participar.

Todo comenzó con la renuncia a participar de David Uclés, que expuso como motivo la presencia en el programa del expresidente José María Aznar y del exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Para Uclés, compartir espacio con figuras que, a su juicio, han vulnerado derechos fundamentales, supondría una traición a sus principios y a la honestidad de su obra. A esta renuncia le siguió la del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Tras este, le siguieron las de otras personalidades.

Siempre he tenido la duda de si participar en charlas o conferencias en las que, de partida, se blanquea el fascismo es un acierto o un error. Y es que el ciclo de conferencias comenzó mal con su título: “1936: La guerra que todos perdimos”.

Días después de que estallara todo, Pérez-Reverte escribió en su red social: “Sin duda hubo un bando vencedor y un bando derrotado; pero todos los españoles perdimos mucho: la libertad, la justicia, el progreso, los derechos civiles, la liberación de la mujer, la dignidad y la democracia”. Sin embargo, la realidad es que esa democracia, esa libertad, esos derechos humanos, los perdieron solo los que lucharon para defenderlos. Hubo una parte de la población que no perdió nada de eso porque no quería nada de todas esas cosas. 

A esto le acompañó un artículo titulado “La guerra que todos seguimos perdiendo”. Al decir que “todos perdimos” diluye la responsabilidad específica del bando golpista. Reverte presenta el conflicto como un “destino trágico” en lugar de como el resultado de decisiones políticas y militares concretas, lo que resta rigor al análisis histórico. El artículo fracasa en su intención de presentarse como un baluarte de la libertad de expresión porque no acepta la libertad de asociación. 

Hay cierto ejercicio de cinismo frente a las familias que, noventa años después, siguen buscando en cunetas y fosas los restos de sus familiares. No pierde igual quien escribe una columna en un gran diario nacional que quien debe recurrir a la justicia internacional para recuperar el cuerpo de un abuelo. Mientras los vencedores pudieron enterrar, honrar y dignificar a sus muertos desde 1939, una parte de España sigue perdiendo la batalla por el derecho al duelo. Para estas personas, la guerra no es una metáfora intelectual, es un duelo suspendido por decreto.

La “pérdida común” se desmorona con la pervivencia de la simbología franquista en el espacio público. No es una pérdida compartida cuando un familiar de un represaliado madrileño debe caminar cada día bajo una placa que reza “Calle de los caídos de la División Azul” porque un alcalde se niega a aplicar la Ley de Memoria Democrática. La existencia de estas calles es la prueba de que la guerra, para algunos, se sigue ganando (en forma de honor público) y para otros, se sigue perdiendo (en forma de humillación cotidiana).

Muchos acusan a Uclés de sectarismo e incoherencia por retirar su asistencia. Señalan que no tiene reparos en publicar con el Grupo Planeta (donde también publica Aznar) o en aceptar premios con nombres de raigambre falangista, como el Nadal. Estos argumentos son, cuanto menos, endebles. 

Que un escritor comparta una plataforma comercial (por ejemplo, una editorial) con alguien no implica que valide sus ideas. Bajo esa lógica, ningún autor podría publicar en grandes grupos editoriales, Amazon o vender en librerías donde existan libros de ideologías opuestas. Es una exigencia de pureza absoluta que haría imposible cualquier actividad profesional en el mundo contemporáneo para un escritor. Estar en el mismo catálogo editorial (Planeta) es una relación comercial indirecta. Uclés no colabora con Aznar por el hecho de que sus libros compartan almacén. La posible equiparación con el ciclo de conferencias sería si Uclés escribiese un libro junto a Aznar, pero no es el caso.

Respecto al argumento sobre el Premio Nadal, aunque su nombre rinde homenaje a Eugenio Nadal (redactor de la revista falangista 'Destino'), el premio ha evolucionado durante 80 años hacia una institución literaria plural. Ganar un premio no significa suscribirse a la ideología de la persona que le dio nombre hace casi un siglo. Los críticos intentan establecer un anacronismo: juzgar una decisión de 2024 basándose en el contexto de 1944. Además, rechazar el Nadal por su origen obligaría a rechazar casi cualquier institución española que sobreviviera o naciera durante la dictadura, lo cual es un argumento reduccionista. Por esa regla de tres no podríamos escuchar el Concierto de Año Nuevo ya que fue una creación nazi. Tampoco podríamos vestir ropa de Hugo Boss por haber hecho los uniformes de las SS, ni conducir un vehículo Volkswagen.

Se ha señalado las supuestas incoherencias de Uclés para presentarlo como un “izquierdista de salón”. Sin embargo, este argumento es igual de reduccionista que los anteriores. Sugiere que, para tener una posición ética sobre la memoria histórica, un autor debe vivir en la indigencia o fuera del sistema comercial. Es una forma de silenciar cualquier crítica social: si tienes éxito, eres un hipócrita; si no lo tienes, eres un resentido.

He llegado a leer columnas críticas con Uclés tituladas “El fascismo de los antifascistas” en las que la autora centraba la crítica en el supuesto ego del autor, evitando responder a la pregunta central: ¿es éticamente problemático que un congreso histórico sea copado por políticos en activo de ideología marcadamente sesgada? El artículo se centra en el ataque personal y no en la discusión de principios. Aunque lo más complicado de entender es lo de calificar de “fascismo” que un escritor decida, por voluntad propia, no asistir a un evento. Llamar “fascista” a quien ejerce su derecho a no compartir espacio con Aznar es una pirueta semántica que busca escandalizar más que analizar. 

Participar en un congreso, sentarse en la misma mesa y compartir un cartel publicitario sí implica una acción conjunta y una validación del espacio de debate propuesto. Por ese motivo, participar de este tipo de conferencias siempre me ha generado muchas dudas y pocas certezas.

La tesis principal de una de las participantes que renunció a asistir es que la cancelación supone una derrota para la convivencia. Grosso modo argumenta que evitar el encuentro empobrece la democracia, asume que cualquier foro es constructivo. Sin embargo, no aborda el argumento de fondo de Uclés: la diferencia entre un diálogo académico y un acto de propaganda. Al invitar a políticos en activo o de primera línea a un ciclo cultural, el diálogo corre el riesgo de convertirse en una plataforma de legitimación política. Para que un diálogo sea real, debe haber un consenso mínimo sobre la verdad histórica y un respeto escrupuloso por la libertad de los participantes. 

A pesar de todo esto, sigo teniendo más dudas que certezas respecto a la asistencia a este tipo de actos. Lo que sí tengo claro es que, noventa años después, la Guerra Civil sigue siendo una cuestión en la que el consenso sobre nuestro pasado sigue siendo una asignatura pendiente. Seguir creyendo que el proceso llamado 'Transición' cerró alguna herida es un error, mucho menos aún en los últimos tiempos en los que el revisionismo y blanqueamiento del franquismo es una realidad.

Una vez más, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a usar a ETA y las víctimas para hacer una crítica política. Esta vez fue hace escasos días con motivo del acto de homenaje a Gregorio Ordoñez por el aniversario de su asesinato a manos de ETA. En aquel atril dijo: “Si nace un nuevo Gregorio Ordoñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas, ¿volvería a tener que vivir escoltado?”. Apenas dos meses antes la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra”.

Hay ocasiones en las que hay que saber estar a la altura del cargo, pero por alguna razón los hay que se esmeran en comportarse de manera indigna.

La utilización espuria de la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA es un habitual en determinadas personas que ostentan algún cargo de representación política. Esto resulta contraproducente para las nuevas generaciones que no han conocido, afortunadamente, el horror del terrorismo.

La propia Comunidad de Madrid comenzó en octubre con unos talleres ('Pasado y presente del terrorismo de ETA: el testimonio de los jóvenes') con charlas de 50 minutos a lo largo del primer trimestre, extensibles al 2026. Esta iniciativa provocó una oleada de críticas que denunciaron la falta de rigor histórico, un marcado sesgo ideológico y la exclusión de las asociaciones mayoritarias de víctimas.

Según el historiador Casquete y el periodista Luis R. Aizpeolea, el taller incurre en errores de bulto. Por ejemplo, mientras en la charla se afirmó que el 80% de los asesinatos de ETA ocurrieron en democracia, los datos del 'Informe Foronda' sitúan esa cifra en casi el 95%. A esto se suma la imprecisión en las cifras de fallecidos ya que los ponentes hablaban de “unos cientos”, por no hablar también de que el carácter “racista” que el taller atribuye a ETA es otro error historiográfico de las personas que han diseñado este taller.

¿Por qué se contó para esto con una asociación inexperta como Ego Non en estas cuestiones? Las víctimas que acuden a dar estas charlas deben tener un trabajo previo, en muchos casos con acompañamiento psicológico. Resulta curioso que no se haya querido contar con asociaciones de víctimas como FVT, AVT o COVITE, con una larga experiencia en el trabajo con las víctimas. Sorprende, más aún, que no se hayan querido contar con entidades que sin representan a víctimas del terrorismo tienen una dilatada experiencia de años de trabajar con víctimas de violencia armada.

Es importante que se multipliquen en las aulas iniciativas pedagógicas sobre estos temas de nuestro pasado. Por eso, lo ideal para las nuevas generaciones es que los participantes pasen por una preparación previa con expertos y deban ser muy rigurosos con el tratamiento de la información histórica.

¿Hablamos de pedagogía o de cuestión política? Decía acertadamente, sobre estos talleres, la diputada socialista Rafaela Romero que hablar de ETA en presente contribuye a la “revictimización”.

En esta cuestión juegan un papel fundamental las víctimas educadoras. La educación juega un papel fundamental en la construcción de una sociedad más tolerante y pacífica, y uno de los métodos más poderosos para lograrlo es a través de los testimonios de las víctimas del terrorismo. Incorporar los testimonios de las víctimas del terrorismo dentro de los programas educativos tiene un gran valor pedagógico, ya que permite tratar temas complejos como la violencia, la intolerancia, el odio y la venganza desde una perspectiva humanista y constructiva. 

Si hablamos de pedagogía, entonces debemos hablar de todas las víctimas del terrorismo y eso debe incluir necesariamente de las víctimas de los GAL, el BVE, la Triple A, Grupos Armados Españoles, Guerrilleros de Cristo Rey o ultraderecha. No hacerlo convierte a los talleres en un proyecto limitado desde el inicio. No incluir a las víctimas de la violencia por motivaciones políticas implica que los talleres surgen con un hándicap importante.

En Madrid, por ejemplo, podrían trabajar con los testimonios de los testigos en el atentado ultraderechista que costó la vida a los cinco abogados laboralistas en enero de 1977 o el asesinato de Arturo Ruiz García el día antes cerca de la Gran Vía madrileña. También podrían trabajar con los familiares de José Luis Alcanzó, apaleado hasta la muerte en septiembre de 1979 por jóvenes de extrema derecha (relacionados con Fuerza Nueva) en el parque del Retiro y que reconocido oficialmente como víctima del terrorismo en 2001. Hay más testimonios: las personas que conocieron a Yolanda González Martín, asesinada en febrero de 1980; o los que conocían a Juan Carlos García Pérez asesinado en Ciudad Lineal en mayo de ese año.

Más allá de las siglas o la ideología que intente justificar la violencia, el foco de cualquier iniciativa educativa debe ser la defensa innegociable de los derechos humanos. Trabajar la vulneración de estos derechos sin distinciones, provenga del terrorismo de ETA o de cualquier otra forma de violencia política. En Euskadi se hace. 

Si el objetivo es construir una sociedad democrática, no se pueden establecer jerarquías entre las víctimas. Reconocer el sufrimiento causado por grupos como el GAL, el BVE o la extrema derecha, junto al de las víctimas de ETA, no resta importancia a ninguna tragedia. La realidad es que refuerza el mensaje de que ninguna causa política está por encima de la dignidad humana y la vida. Solo a través de una mirada inclusiva y rigurosa se puede desactivar el discurso del odio y evitar que las nuevas generaciones hereden los sesgos del pasado.

Solo cuando seamos capaces de honrar a todas las víctimas y rechazar toda violencia con la misma firmeza, estaremos preparando a los jóvenes para un futuro donde la convivencia y el respeto a los derechos humanos sean los únicos protagonistas.

El año 2025 llega a su fin tras doce meses de intensa actividad institucional. El Gobierno ha organizado numerosos actos para reivindicar la democracia en el marco del 50.º aniversario de la muerte de Franco, pero, una vez apagados los focos, surge la gran pregunta: ¿y ahora qué?

Medio siglo después de la desaparición del dictador, la enseñanza de la Guerra Civil y el franquismo en los centros escolares españoles continúa siendo una asignatura pendiente. Aunque la Ley de Memoria Democrática (2022) exige la inclusión del estudio de la represión y la lucha por las libertades, la realidad docente se topa con un doble muro: la asfixiante presión de los calendarios académicos y un revisionismo histórico que se difunde sin control en la esfera pública.

Una de las cuestiones más recurrentes es por qué apenas se profundiza en estos contenidos en la Educación Secundaria. Debemos considerar que el franquismo se imparte dentro de la asignatura de Historia Contemporánea Universal, tanto en 4.º de la ESO como en 1.º de Bachillerato. Por su parte, la Historia de España, donde se encuadra específicamente el bloque sobre la dictadura, se aborda en 6.º de Primaria y en 2.º de Bachillerato, siendo en este último curso una materia obligatoria.

El principal obstáculo radica en la extensión de las programaciones frente a la escasez de tiempo disponible. Esta limitación obliga a menudo a impartir el currículo de forma acelerada, con un calado insuficiente para el alumnado. En Bachillerato, la situación se agrava, pues el programa se orienta casi exclusivamente a preparar el examen de acceso a la universidad (EBAU). Esta dinámica no solo impide profundizar en los matices históricos, sino que cercena cualquier posibilidad de fomentar el debate crítico y la participación activa en el aula.

Además, existe una brecha educativa significativa: no todo el alumnado cursa Bachillerato. Quienes optan por ciclos de Formación Profesional de Grado Medio no reciben el refuerzo de estos contenidos, lo que deriva en un conocimiento escaso y fragmentado sobre nuestra historia reciente. A diferencia de Alemania, donde el nazismo se trata de manera transversal —aunque el modelo alemán tampoco esté exento de imperfecciones—, en España no existe un consenso educativo similar.

Suele decirse que las comparaciones son odiosas, pero al contrastar el tratamiento del nazismo o el fascismo italiano con el del franquismo, la diferencia es reveladora. Mientras los regímenes europeos se presentan como totalitarismos ajenos y unánimemente condenados, el franquismo se aborda a menudo con un enfoque neutralizado. Es evidente que resulta más sencillo analizar críticamente los crímenes ajenos que los propios, especialmente cuando aquello que atañe a la historia nacional aún suscita polémicas.

La derrota del nazismo y el fascismo en 1945 permitió procesos judiciales y una ruptura clara. En cambio, el franquismo es parte de la historia viva de España; cincuenta años es un periodo breve en términos históricos y sus consecuencias siguen vigentes, en parte, por una transición que cerró heridas en falso. La Ley de Amnistía de 1977 evitó que responsables y colaboradores fueran juzgados, beneficiando principalmente a las estructuras de represión del Estado para asegurar una estabilidad negociada que evitó depurar responsabilidades.

Esta herencia se manifiesta hoy en la presencia de simbología franquista en monumentos y topónimos, o en el reconocimiento de antiguos torturadores en plena democracia. En el ámbito escolar, mientras los libros de texto son tajantes con los totalitarismos europeos (nazismo y fascismo), el tratamiento del franquismo varía según la época, la comunidad autónoma o el manual utilizado. En ocasiones, el enfoque es tan aséptico que las fuerzas de seguridad de la dictadura aparecen como meros funcionarios, despojando al relato de su naturaleza represiva.

Las consecuencias de este vacío educativo son palpables. Según el CIS, un 21,3% de los españoles considera que la dictadura fue «buena o muy buena», una percepción que alcanza al 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Esta tendencia es especialmente marcada entre los hombres (26,8%) frente a las mujeres (16%). Aunque la mayoría rechaza el régimen, no podemos ignorar que la estética y los valores «fachas» ganan terreno entre la juventud. En este escenario, el sistema educativo no puede competir con las redes sociales, un caladero de desinformación constante frente al que los docentes nos sentimos impotentes.

Los datos más recientes son alarmantes: el último Deustobarómetro indica que uno de cada cuatro jóvenes vascos asocia la figura de Franco con el bienestar social. 

A primeros de este mes de diciembre, en Durango, cerca de donde se iba a celebrar la Azoka de Durango, aparecieron varias pintadas neonazis y supremacistas blancas. No es algo de ahora, en 2017 atacaron el mural en memoria de la resistencia antifascista que hay en el monte Artxanda. Dos años después le sucedió lo mismo al mural antifascista en la zona de Bilbao La Vieja y fue atacada con pintadas la redacción de la revista feminista Pikara. En 2021, el mismo día en el que la Asociación de Vecinos de Kareaga (Basauri) colocó una placa y un mural en memoria de los fallecidos que provocó la Guerra Civil y el franquismo, tanto el mural como la placa desaparecieron.

Si la educación no ocupa el espacio que le corresponde, lo hará la desinformación. No se trata solo de cumplir una ley, sino de formar ciudadanos con capacidad crítica que comprendan que la democracia no es un estado natural, sino una conquista frágil. Mientras el estudio de nuestra dictadura siga siendo un tema incómodo o apresurado en las aulas, España mantendrá una deuda con su propia memoria y, lo que es más grave, dejará la puerta abierta a que los errores del pasado regresen disfrazados de nostalgia digital.

El pasado 28 de octubre leí el titular de un artículo de un periódico de tirada provincial castellano-leonés: “El Gobierno resucita a Franco para celebrar 50 años después”. La realidad es que el dictador ya estaba resucitado antes incluso de que este Gobierno decidiese exhumar su cadáver de Cuelgamuros. Posteriormente, se presenció un aquelarre de personas haciendo el saludo fascista en la calle Ferraz mientras coreaban el 'Cara al Sol'. Muchas de ellas iban ataviadas con sus banderas rojigualdas franquistas.

Sería interesante que quienes sienten predilección por el franquismo —aunque se envuelvan en la bandera del “liberalismo democrático” y se hagan llamar “la tercera España”— dejen de justificar el uso de los símbolos de una dictadura como la de Franco con falsos argumentos sobre el Águila de San Juan y los Reyes Católicos. Estoy ya cansado de explicar la evidencia de las diferencias entre el escudo de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y la bandera del dictador.

Lo cierto es que el franquismo sociológico nunca murió. Hubiéramos necesitado una especie de Juicios de Núremberg que juzgaran a los criminales que participaron en la dirección de la dictadura durante tantos años. No sería garantía de no retorno, a la vista de lo que está sucediendo en Alemania desde hace una década, pero nos habría garantizado 50 años de tranquilidad y la reclusión de los blanqueadores en el más absoluto ostracismo.

Especialmente en el ostracismo académico e intelectual, dado que la presencia de blanqueadores del franquismo en el mundo de la divulgación histórica es significativa en España. Recientemente leí a un docente de la Universidad Complutense que, tras defender a Juan Carlos I, llegó a sostener que se enorgullece de que los españoles “decidieron que el dictador muriera en la cama”.

El alcalde de Madrid, al mismo tiempo que se niega a quitar las calles vinculadas al franquismo como la dedicada a la División Azul, insiste en azuzar la memoria de Largo Caballero, quien fue prisionero del campo nazi de Sachsenhausen. Otro alcalde, en este caso de Vox en Jaén, editó un calendario de 2026 con el lema “Franco, Franco, viva España, arriba España” para repartirlo entre los clientes de la gestoría que él mismo regenta.

A esta lista de resistencias se suma el alcalde del PP de Baños de Ebro, en Araba, quien se niega a retirar una inscripción franquista en un edificio municipal que reza: “Caídos por Dios y por España”. El alcalde ha sostenido que “no molesta a nadie” y que “no es una simbología tan franquista como se dice”, a pesar de que la Delegación del Gobierno argumenta que el lema forma parte de la fraseología e iconografía del bando vencedor y de la dictadura.

Le sumamos un acto de Vox, por el 12 de octubre, al que acudieron jóvenes enarbolando banderas rojigualdas de la dictadura franquista y coreando el 'Cara al Sol'. Una reciente encuesta del CIS en la que un 21,3% de los españoles piensan que la dictadura de Franco fue buena o muy buena.

En los últimos cinco años he observado manifestaciones mucho más obscenas del blanqueamiento de la dictadura, como la equiparación de las fuerzas de seguridad del Estado del período franquista (Policía Armada, Cuerpo General de Policía con su Brigada Político-Social incluida y la Guardia Civil) a las fuerzas de seguridad de un Estado democrático. Como si elegir ser miembro de los servicios de seguridad de la dictadura fuera como quien decide ser albañil, panadero o ajustador: una elección más del mundo laboral.

Los encargados de mantener vivo un régimen dictatorial, de sostener día tras día los valores antidemocráticos del franquismo, de entrar en los domicilios para detener a las personas que pedían libertad y democracia, de golpear a estudiantes y obreros en manifestaciones, y que torturaban en comisaría o en la cárcel. Resulta que ahora hay que obviar que fueran la representación de la dictadura en la calle, materializada a través de esa placa y ese arma. Eran dictadura y eso les convierte en victimarios. Esta es precisamente la teoría que se sostiene respecto a los servicios de seguridad del III Reich, la URSS o la RDA.

La insistencia en remarcar lo que eran unos, pero no lo que eran otros, es lo que desde este verano está generando que haya personas en diferentes posiciones institucionales amplificando el blanqueamiento de la dictadura de ese franquismo sociológico que mencionaba.

A cambio, hemos tenido una travesía en el desierto de miles de personas que seguían buscando a su familiar desaparecido hasta que se aprobó la Ley de Memoria Histórica de José Luis Zapatero de 2004. ¿Imperfecta? Sin duda, pero al menos fue el primer paso real por los derechos humanos de las víctimas del franquismo en los 26 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución de 1978.

También llega tarde la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, no ha sido hasta este mes de octubre cuando el Ministerio de Cultura ha enviado a la entidad el acuerdo de inicio de procedimiento de extinción. Llega 50 años después de la muerte del dictador, pero ha llegado.

Recientemente RTVE ha hecho público un mapa interactivo en el que aparecen las 6.000 fosas comunes que hay en España desde el inicio del golpe de Estado de 1936 hasta la muerte del dictador en 1975. Algunas contienen decenas o cientos de personas y otras son individuales. Es evidente que aún hay mucho por hacer a nivel social y educativo.

Puede parecer que no, pero también en Euskadi hay mucho por hacer. Desde lo más simbólico hasta lo más práctico. En cuanto a lo primero, el ámbito simbólico, aún no existe un Día de la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Afortunadamente, a principios de año, desde Gogora se lanzó la propuesta de crear este día. Incluso el diseño de una escultura, para ese Día de la Memoria Histórica y Democrática, fundiendo el material bélico que se ha recuperado en las excavaciones. Esperemos que llegue pronto.

Decenas de vascos sufrieron el cautiverio en los campos de concentración franquistas. Personas de diferentes colectivos (homosexuales, gitanos, etc.) fueron reprimidos durante el franquismo. Cabe destacar el aumento económico en investigación por parte de Gogora. Decenas de vascos pasaron por campos de concentración nazis y aún no tienen el homenaje merecido. En Barakaldo hemos sido pioneros en esto, pues no solo hemos homenajeado a los 12 baracaldeses que estuvieron en esos campos, sino que la propuesta surgió de las aulas de secundaria de un centro educativo de la localidad. Sería interesante y necesario que este tipo de proyectos se generalizasen a otros municipios.

En cuanto a lo segundo, el ámbito práctico, Euskadi no ha sido la última comunidad autónoma en aprobar una ley de Memoria Histórica, pero tampoco la primera. Navarra en 2013; Andalucía y Comunidad Valenciana lo hicieron en 2017; Aragón, Canarias, Extremadura y Castilla y León en 2018; Asturias en 2019, Cantabria 2021, La Rioja en 2022, mientras que la de Euskadi no llegó hasta 2023. Cierto es que muchas de estas leyes han terminado siendo sustituidas por una “ley de concordia” aprobadas por las mayorías del PP y Vox, y que Euskadi arrastra otro serio problema de memoria con la violencia terrorista, pero resulta curioso que haya sido la última de todas ellas.

Es evidente que la lucha por la memoria histórica sigue siendo una tarea pendiente en España y Euskadi. Desde hace medio siglo, tenemos una deuda democrática y moral con la memoria histórica. La impunidad ha sido la regla, no la excepción, lo que se evidencia en el porcentaje alarmante de ciudadanos que justifican aún la dictadura. Las demoras y las resistencias de los alcaldes que sostienen que la simbología fascista no incomoda a nadie son ejemplo de ello. La verdad, la justicia y la reparación solo se pueden asegurar mediante una acción sostenida, desde la retirada de los símbolos franquistas hasta cada fosa que se abre.

En España y Euskadi, todavía debatimos acerca de la simbología fascista en calles y edificios públicos, así como sobre la equiparación de criminales con servidores democráticos, mientras que Europa sigue con inquietud el renacer de la extrema derecha. A cincuenta años de la muerte del dictador la distinción entre la lección aprendida en otras naciones y nuestra tarea pendiente es abrumadora. La lucha contra el franquismo sociológico exige una respuesta más enérgica que un acuerdo de extinción de la Fundación Francisco Franco; requiere una condena social y política unánime que entierre, de una vez por todas, la larga sombra del régimen franquista. Es hora de empezar a saldar nuestra cuenta con el futuro: el de una democracia sin fantasmas.

El estudio de los contextos de las sociedades pasadas nos ayuda a los historiadores a comprender los hechos. Comprender dichos hechos no es justificarlos, sino entender las circunstancias y a los actores involucrados. De esta manera, podemos aproximarnos a nuestro pasado.

Este 27 de septiembre se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos ordenados por el régimen del dictador Francisco Franco. Precisamente, este verano se ha reavivado un debate complejo en torno a la figura de Jon Paredes Manot ('Txiki') y Ángel Otaegi. El debate sobre estos dos hombres, ejecutados por la dictadura franquista en 1975, cruza las líneas de la memoria histórica, la justicia y el reconocimiento de las víctimas.

Desde el punto de vista histórico resulta preocupante ya que abre un melón complicado de gestionar. En concreto, la polémica surge porque se ha planteado la distinción entre ser víctimas del franquismo y ser mártires de la democracia. Diferentes personas han coincidido en que ‘Txiki’ y Otaegi son, sin duda, víctimas de un régimen dictatorial, pero esta condición no los convierte en “luchadores por la libertad y la democracia”.

En historia, el inconveniente de usar frases genéricas como “luchaban contra la dictadura, pero utilizando las mismas herramientas que utilizó la dictadura, que era la violencia, el terror y el miedo” es que deja abierta la misma crítica a la resistencia francesa durante la ocupación nazi, al maquis durante la dictadura franquista, los partisanos italianos o yugoslavos bajo la ocupación nazi y un largo etcétera. De hecho, dejaría fuera a personas como Nelson Mandela que era uno de los jefes de Umkhonto we Sizwe (brazo armado del Congreso Nacional Sudafricano) que realizó atentados bajo el régimen del apartheid. ¿Qué hacemos con los homenajes a Nelson Mandela?

Planteo esta pregunta porque una de las propuestas que hizo Gaizka Fernández Soldevilla, del Memorial, era que se aplicase la misma norma a todos los “victimarios-víctimas”. Sugiere que se debe investigar y divulgar su historia, reconociendo tanto el daño que sufrieron como el que infligieron. Sin embargo, subraya que informar no es lo mismo que homenajear pues los homenajes son “antipedagógicos” y falsifican el pasado.

¿Deberían no homenajear a la resistencia checa que mató a Reindhard Heydrich? ¿No debió Angela Merkel haber homenajeado a los ciudadanos alemanes que atentaron contra Adolf Hitler? ¿Qué hacemos con Pertur? ¿Qué hacemos con ‘Yoyes’? ¿Mario Onaindia? Mario también era miembro de ETA (pm), pero la única diferencia es que a Mario le conmutaron la condena y a los otros dos no. ¿Qué posición habrían asumido en la VII Asamblea de 1976? Algunos de sus compañeros entraron en Euskadiko Ezkerra y después al PSE. Su fusilamiento impide saberlo.

Esta noción de “victimarios-víctimas”, si bien busca una aparente neutralidad, puede ser una trampa retórica. Al equiparar a ‘Txiki’ y Otaegi con victimarios del franquismo como Luis Carrero Blanco o Melitón Manzanas, se desdibuja el contexto y el lugar que ocupaba cada uno en él. De lo contrario, deberíamos poner en ese mismo nivel a Celestino Alfonso y el oficial de las SS al que disparó.

Los fusilados de 1975 no fueron ejecutados por sus crímenes, sino por el régimen de excepción del que la dictadura se valió para mantener su control. Sus juicios fueron sumarios, sin ninguna garantía, y las condenas a muerte estaban predeterminadas por un sistema ilegítimo. Reducir la memoria de ‘Txiki’ y Otaegi a su supuesto papel de “victimarios” es obviar que su muerte fue un acto de violencia de Estado, un último grito de una dictadura agonizante. El franquismo decidió asesinarlos para reafirmar su poder y sembrar el miedo, no para impartir justicia. Por lo tanto, su condición de víctimas de la represión política es innegable y primordial.

De lo contrario, suceden cosas como las de Carmelo Barrio, diputado del PP, que ha llegado a equipararlos con ‘Txapote’. Una comparación poco acertada teniendo en cuenta que los dos primeros pertenecían a ETA (pm), mientras que el último a ETA (m); que los dos primeros son ejecutados en 1975 con Francisco Franco aún vivo y el último no entra en ETA (m) hasta los años 80, en democracia.

Se critica la “propaganda y las celebraciones rituales” por parte de la izquierda abertzale que los han convertido en mártires de ETA y se plantea que esto humilla a las víctimas del terrorismo. Esto es, sin duda, una preocupación legítima. No obstante, al demonizar cualquier intento de recordar a ‘Txiki’ y Otaegi, se corre el riesgo de borrar la memoria de las víctimas de la dictadura. La memoria de las víctimas del terrorismo es vital, pero no puede construirse sobre la base del olvido o la minimización de las víctimas del franquismo. La Ley de Memoria Democrática busca reparar la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia, y en 1975, la lucha contra el franquismo era, en esencia, una lucha por la libertad.

El historiador Antonio Rivera añade que, si la historia de ETA hubiera terminado con la muerte de Franco, ambos podrían haber sido considerados parte del panteón de los antifranquistas, como lo son otros como Grimau o Puig Antich. Sin embargo, la decisión de la organización de continuar con la violencia durante la democracia les arrebató esa posibilidad y “los metió en su saco terrorista”. Es curioso que no tenga tantas dudas al hablar de Puig Antich ya que algunas fuentes las oficiales del franquismo, apuntan a que era un “pistolero”. ¿Qué hacemos entonces? Además, hay cierta historia ficción en sus palabras ya que ambos pertenecían a ETA (pm) y, como he dicho antes, no sabemos si habrían sido los de la VII asamblea que se disolvieron en 1982.

Algunos de los análisis que se han hecho este verano adjetivan y juzgan la historia con categorías morales del presente, perdiendo de vista el contexto histórico y la brutalidad de un régimen que, en sus estertores, continuó sembrando el terror hasta el final. Estos análisis, al centrarse en la distinción entre víctimas del franquismo y “mártires de la democracia”, caen en una simplificación maniquea que ignora las complejidades de la lucha antifascista y la brutalidad de un régimen dictatorial que utilizaba el terror de Estado.

Su imagen como meros “victimarios” o “ciudadanos no ejemplares” se desmorona ante la evidencia de que sus ejecuciones fueron actos de terrorismo de Estado. Un proceso viciado desde su concepción, un entramado legal y militar diseñado para asesinar a la disidencia política.

El coronel auditor Pedro Ramírez Barbero, que participó en el proceso contra Otaegi, reconoce que “se usó la justicia militar para hacer algo que no era justo”. Las condenas a muerte estaban predeterminadas, sirviendo a los intereses de un régimen moribundo que quería “morir matando”. El testimonio del capitán de la Policía Militar, Fernando San Agustín, es definitivo: “Antes de que el consejo de guerra de 'Txiki' se iniciara, un general auditor ya daba por sentado que lo fusilarían”.

El razonamiento de “todos merecen memoria, pero no todos merecen homenaje”, referido a las víctimas del franquismo, es complicado de gestionar desde el punto de vista histórico y se corre el peligro de dejar el campo abierto a un mensaje peligroso que en Europa está más que afincado académica y políticamente.

El 26 de septiembre del año pasado, por ejemplo, en el ayuntamiento de Elche, los concejales de Vox plantearon una modificación en una propuesta de Compromís de homenaje a varias víctimas del franquismo y quisieron incluir en ella a José Antonio Primo de Rivera. De tal forma, equipararon a Miguel Hernández, que constaba en la propuesta, y Primo de Rivera. En una televisión generalista, hace tres años, alguna periodista llegó a decir que “ni los que bombardearon Gernika eran malos, ni los bombardeados tan buenos”.

Desde determinadas posiciones políticas se pretende equiparar a todos para difuminar la responsabilidad de la violencia del Estado franquista a través de todas sus formas. Una especie de totum revolutum. Sería conveniente no dejar el campo abierto a todo esto.