Tras los datos un poco desconcertantes de la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre del año, los datos registrados de afiliados en alta y de contratación laboral del mes de abril, que acaban de darse a conocer, recuperan la senda del crecimiento fuerte del empleo, con correlativa reducción del desempleo. Se trata de dos datos, estadísticos y de registro, sobre el empleo referidos a períodos diferentes y con bases de cálculo también distintos, que se complementan y, por tanto, no resultan tan contradictorios entre sí como parecería a primera vista. 

Por el carácter fuertemente cíclico de nuestra economía, con impacto en el empleo, la EPA recoge un primer trimestre tradicionalmente de pérdida de empleo y de incremento del paro. Lo sorprendente es que la EPA de este primer trimestre casi ha duplicado la reducción de empleo habitual en todos los primeros trimestres de cada año. Pero ello se explica por su concentración en dos ámbitos muy singulares, que acumulaban más de los dos tercios de la destrucción del empleo de este primer trimestre, que no son el referente central del comportamiento del mercado de trabajo: el trabajo autónomo y el servicio doméstico. El resto de los sectores manifiesta en esta EPA una reducción bastante contenida en el empleo y, por tanto, dentro de la tónica general. 

Por su parte, los nuevos datos sobre afiliación y contratación muestran una fuerte recuperación del empleo, con el inicio de la primavera, impulsada sobre todo por la actividad turística conectada con la semana santa.

Ahora sí, se puede afirmar, sin ningún tipo de cocina estadística, bastante discutible, que se supera la cifra simbólica de los 22 millones de afiliados en alta; cifra nunca alcanzada hasta ahora, la mayor en la serie histórica de cómputo de registros oficiales. El empleo crece en todos los territorios, con fuerte peso entre las mujeres e inmigrantes, mayor empleo juvenil y extendido en casi todos los sectores; si bien con mayor peso en los conectados con la actividad turística (hostelería y comercio). Eso sí, con algún elemento de contraste negativo en la educación, en actividades científico-técnicas y, especialmente significativa, la disminución en el trasporte de mercancías autónomo; emblemático este último, por estar claramente determinado por el crecimiento de los precios del gasóleo a resultas de la guerra de Irán, mejor dicho, de Oriente Medio. Este último factor es decisivo, pues era difícil que el conflicto bélico se reflejase en los datos de la EPA, dado que sus entrevistas abarcan en su mayoría un período (enero y febrero) en el que todavía no se había desencadenado. En todo caso, parece que ni la incertidumbre por la inestabilidad internacional, ni la fuerte subida de los precios por el desabastecimiento del petróleo ha impactado de forma significativa, manteniéndose al contrario las opciones empresariales por seguir apostando por un crecimiento de sus negocios, con repercusión sobre el empleo.  

Ni siquiera estos datos de empleo pueden contradecirse por los diagnósticos negativos de algunos, pero no contrastados, en el sentido de que se trata de un crecimiento más aparente que real. Algunos vienen a señalar que el número total de horas trabajadas no aumenta, con lo que el crecimiento del empleo no es tan real como parece. Los datos disponibles lo desmienten, cuando se comprueba que el trabajo a tiempo completo tiende a crecer respecto al parcial, al mismo tiempo que las cifras de horas de trabajo pactadas en los convenios colectivos y las efectivas realizadas no disminuyen. A pesar de que no puede ocultarse que tenemos un problema real de fuerte crecimiento de las horas no trabajadas por bajas por enfermedad, que es responsabilidad de todos adoptar medidas para hacerle frente, ello no impacta sobre el total de horas trabajadas en términos que llegue a poner en cuestión que el crecimiento real del volumen de empleo.

Como previsión adicional positiva en el corto plazo, es seguro que, al margen del escenario igualmente favorable de continuidad en el crecimiento en términos de Producto Interior Bruto, con seguridad el proceso extraordinario de regularización de los inmigrantes sin papeles residentes en España va a provocar efectos beneficiosos en muchos frentes, empezando por el empleo. Se trata de un proceso que todavía no ha comenzado a dar sus frutos, pero que, sin necesidad de entrar en mayores explicaciones, es claro que va a facilitar la contratación y afiliación en regla de muchos extranjeros. Sin poderse anticipar cuál será su exacta intensidad, lo que es indiscutible es que la irregularidad arrincona a los extranjeros en el empleo sumergido, por lo que a partir de ahora con la regularización podrá emerger una importante bolsa de empleo negro, muy precario y foco de clara vulnerabilidad. Incluso, el mero hecho de aflorar una mayor demanda de trabajo disponible podrá provocar incremento neto de empleo, particularmente en donde se detectan vacantes sin cubrir.

En todo caso, no todo son luces en el panorama actual, pues también se detectan sombras, algunas de ellas estructurales, que no dejan de tener su peso. Así, seguimos con procesos de arritmias en la contratación, manteniéndose situaciones patológicas de un exagerado número de bajas abruptas en la afiliación, cuando el final de mes coincide con un final de semana, como ha sucedido en el presente fin de abril, que después con cierta sorpresa se recupera a partir del primer lunes del mes siguiente. En segundo lugar, el carácter estacional de la economía no logra que la fuerte caída de la temporalidad (el 11,9 % en el sector privado), como indudable éxito de la reforma laboral de finales de 2021, se refleje en una reducción de la rotación laboral, pues no se logra ampliar la duración media de los contratos. Asimismo, se detectan ámbitos donde existen resistencias a que se logre una efectiva caída de las tasas de temporalidad, como es el caso bien conocido del empleo público, con tasas todavía en torno al 26,8 % (que llegó al culmen del 32,7 % en 2022), cuando debería situarse en el 8 %; sin olvidar otros sectores como es la enseñanza privada no reglada. Finalmente, el importante repunte de la inflación derivado de la crisis internacional está provocando una importante depreciación de los salarios, que se presenta como el principal desafío al que se enfrentan las organizaciones sindicales y empresariales ante la necesaria negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para los próximos años.

Establecer un sistema fiable de control de la jornada de trabajo realizada por cada trabajador es clave para poder asegurar que se cumplen los límites fijados legalmente y por convenio colectivo. Este asunto ha constituido un caballo de batalla, de tensión desde hace tiempo atrás, con variados hitos. Entre ellos sobresalen unas sentencias iniciales del Tribunal Supremo que no exigían el control de la jornada ordinaria de trabajo; unas sentencias posteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019 y 2024, que exigen efectuar control de manera objetiva y accesible, tanto de la jornada ordinaria como de las horas extraordinarias en todas las actividades y sectores. También una reforma legal de 2019 que de manera general establecía esa obligación de registro horario, con remisión a su concreción y adaptación a través de la negociación colectiva; y un intento de regulación en el Estatuto de los Trabajadores más exigente, con menor delegación a los convenios colectivos que, junto con la reducción de la jornada, fracasó en sede parlamentaria en septiembre del año pasado. La última iniciativa del Ministerio de Trabajo, ante el rechazo de la vía parlamentaria, ha sido el de aprobar un Real Decreto, imponiendo de manera generalizada un modelo digital de control único. Se trata de una iniciativa que ha obtenido el apoyo sindical, pero también el rechazo empresarial.

El punto de partida, que se comparte, es que el modelo actual de registro horario, sobre todo el documentado a través de papel no es suficientemente fiable, porque es susceptible de manipulación, sin capacidad de demostrarse ante la Inspección de Trabajo. La prueba más elocuente de las deficiencias del modelo de registro permitido legalmente en estos momentos es que, conforme a los datos estadísticos disponibles, en algunos ámbitos no se respetan los topes legales y convencionales en materia de jornada de trabajo. Especialmente revelador es el elevadísimo número de horas extraordinarias que realizan casi un millón de trabajadores, en un elevado porcentaje no pagadas, que se concentran en ciertas actividades y profesiones. De ahí, la justificada posición gubernamental de implantación de un sistema de registro horario digitalizado, que superaría las conductas abusivas existentes en materia de jornada de trabajo.

Sin embargo, el proyecto de Real Decreto ha recibido reparos de parte de los Ministerios de Economía y de Administraciones Públicas, así como de la Agencia Española de Protección de Datos. Pero, sobre todo, la mayor dificultad ha surgido por un Dictamen contundente del Consejo de Estado, emitido la semana pasada, que concluye que no procede aprobar el Real Decreto proyectado. Los argumentos del Consejo de Estado son sólidos y en gran medida los comparto. Las objeciones del Dictamen se encuentran en los siguientes aspectos: 1) el Estatuto de los Trabajadores no habilita para la aprobación de un Reglamento que, con carácter general, desarrolle el modelo de registro de la jornada; 2) el Estatuto se remite a la negociación colectiva y no al poder reglamentario del Gobierno para que se realice esta labor de organización y documentación del registro (art. 34.9 ET); 3) el proyecto no contiene garantías suficientes de protección de los datos personales de los trabajadores en ese registro (aunque discrepo de que esas garantías necesariamente se deban establecer por vía legal); 4) no se toman en consideración las superiores cargas que pueden resultar desproporcionadas para las pequeñas empresas; 5) se establece un sistema de entrada en vigor del modelo digital brusco, que dificulta a las empresas su inmediata implantación, 6) no se han realizado los estudios necesarios de impacto económico de la medida, tanto para las empresas como para las Administraciones Públicas.

Ciertamente, todos estos obstáculos se reconducen sobre todo a una negativa a que la reforma se lleve a cabo a través de un Real Decreto, pero casi todas ellas podrían superarse con la aprobación de una norma con rango de Ley. El propio Consejo de Estado avala la razonabilidad y oportunidad del modelo digital de registro, si bien sobre la base de aprobarlo vía reforma legal y con las cautelas antes señaladas. Eso sí, en el actual contexto parlamentario, resulta prácticamente imposible componer una mayoría de apoyo a la aprobación de una reforma legal de estas características. Por ello, esta alternativa se presenta como un callejón sin salida, que impediría adoptar una medida como la que se pretende.

A pesar de todos estos reparos, señalados por el Consejo de Estado, creo que cabría una solución alternativa a la contemplada en el proyecto del Real Decreto que, logrando el objetivo que se pretende, mantuviera la opción reglamentaria y, por tanto, sin necesidad de intentar hacerlo por vía de reforma del Estatuto de los Trabajadores, esta última con seguridad abocada al fracaso.

La vía consistiría en acudir a aprobar un Real Decreto fundado en una expresa previsión en el propio Estatuto, que contempla que “el Gobierno… podrá establecer… especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran” (art. 34.7 ET). Se trataría de renunciar a una regulación general y única por vía reglamentaria para todos los trabajadores, dirigiéndose la norma sólo a determinados sectores. El fundamento sería el de identificar aquellos ámbitos en donde se detecte que hay mayores riesgos de abusos en materia de jornada de trabajo, estableciendo sólo para ellos el modelo de registro digital.

En concreto, cabría acudir a aquellas actividades donde se detecta estadísticamente la mayor realización de horas extraordinarias, dado que se trata de un fenómeno que se comprueba que se concentra en determinados sectores. Conforme a la EPA el mayor número de horas extraordinarias realizadas cada semana y computadas en miles, se concentra en 7 sectores específicos: sanidad y servicios sociales (800), industria manufacturera (852), comercio (752), educación (644), transporte (623), hostelería (485) y construcción (374). En estos siete sectores se concentra el 70 % del total de horas extraordinarias que se realizan según estas estadísticas. Esta circunstancia puede identificar una justificación solvente de utilización de la fórmula reglamentaria, que supera el escollo de haber pretendido fundar el proyecto de Real Decreto en un precepto objetado por el Consejo de Estado (disposición final segunda ET) y hacerlo para una regla legal específica parcial en la propia norma (art. 34.7 ET); opción esta última que el propio Dictamen acepta implícitamente. El modelo de registro digital se podría considerar como “especialidad en las obligaciones” de registro a la que alude el precepto, de modo que superaría el reparo del Dictamen de que no se pueden establecer por vía reglamentaria “condiciones de trabajo” distintas.

Eso sí, la nueva norma debería venir acompañada de una regulación que, de manera completa, conjurara el resto de los inconvenientes señalados, no sin fundamento, por el Dictamen. En concreto, esa regulación debería contener lo siguiente: 1) precisas garantías de protección de los datos personales, por vía de una enumeración cerrada de los datos a reflejar en el registro que serían los imprescindibles para el cumplimiento de la legalidad vigente, garantías de que no cabe acceder al registro a sujetos ajenos al control de legalidad de la jornada, con procedimiento de homologación de los programas de control a estos efectos; 2) un régimen de ayudas económicas o de puesta a su disposición gratuita de los programas homologados de registro para las pequeñas empresas; 3) el establecimiento de un período progresivo de puesta en marcha de la medida, que permita a las empresas incorporarlas en tiempo razonable; 4) atribución de un papel complementario de garantía más incisiva del registro digital a través de la negociación colectiva.

Con esta solución reglamentaria creo que el modelo de registro digital en estos sectores clave resultaría impecable, no se le podrían poner ningún tipo de objeciones y, en definitiva, se podría articular un modelo de control horario digital respecto del que existe unanimidad en que resulta una medida no sólo idónea, sino también necesaria.

La normativa en materia de inmigración contempla un sistema general de regularización permanente, por tanto, de vigencia indefinida, que proporciona unos resultados muy positivos de integración natural de los flujos migratorios. No obstante, periódicamente se van formando bolsas de inmigración irregular, que no pueden ser atendidas con los sistemas ordinarios, que muestran su insuficiencia. El resultado es que se va incrementando considerablemente el número de extranjeros asentados en la práctica en el territorio, en gran medida integrados en nuestra sociedad desde las perspectivas más variadas, excepto por el hecho de encontrarse sin papeles.

Frente a ello, periódicamente se ponen en marcha procedimientos extraordinarios de regularización, en el sentido de que se trata de regularizaciones puntuales, con unos requisitos diferentes más amplios de los habituales. Al primero de los sistemas, el permanente, algunos erróneamente lo identifican como un régimen de regularización “individualizada”, como si el de carácter extraordinario no lo fuese, cuando no es cierto. Los sistemas de regularización extraordinarios también están sometidos al cumplimiento de requisitos concretos, cuya concurrencia se contrasta después también de manera individualizada, caso por caso. En el fondo, el mensaje que se quiere mandar es que los procedimientos de regularización extraordinaria son un “coladero”, a los que se acogen automáticamente de manera indiscriminada todos cuantos lo solicitan, lo que no es cierto, ni respecto de la automaticidad ni en cuanto a la arbitrariedad en su concesión. Puede discutirse si los requisitos exigidos para esta regularización extraordinaria son demasiado amplios o no, pero es difícil que se ponga en duda su necesidad, tanto por razones de justicia con quienes trabajando se ganan la vida con su esfuerzo, se integran en la sociedad, sin que funcionen debidamente los canales ordinarios de regularización, como por motivos prácticos de funcionamiento del mercado de trabajo y de financiación de las políticas públicas. El mismo presidente de Foment del Treball, la patronal catalana, la ha apoyado, afirmando que “las empresas necesitamos la inmigración como el aire para respirar”.

Las falsedades son muy burdas, como que la regularización incrementa el censo electoral. Cansa tener que negar también que actúe como efecto llamada. Para qué hablar de la ridiculez de la amenaza de un posible gran reemplazo

Lo más preocupante de todo es que se ataca la regularización de inmigrantes, cuando no se ha hecho nunca. Algo que formaba parte del consenso institucional, se intenta derribar con falsedades, que acaban cansando, pareciendo que resulta inútil desmentirlos; por tanto, parece estéril el esfuerzo de argumentar frente a quienes les da igual cualquier tipo de razonamiento, pues son impermeables a cualquier debate, ya que parten de eslóganes inmutables.

Para empezar, regularización extraordinaria no quiere decir excepcional, pues le han precedido 6 a lo largo del período democrático: tres con Felipe González, dos con Aznar y una con Rodríguez Zapatero. Más aún, lo más previsible es que esta regularización no será la última, sino que vendrá sucedida por otras, mientras la evolución de nuestro mercado de trabajo lo sea con tendencia al crecimiento continuado. La presente regularización se va a producir por medio de la aprobación de un Real Decreto de reforma del Reglamento de extranjería, tal como se ha hecho en otras ocasiones, precedido de una votación de aval parlamentario, con una legitimación política indiscutible, sin que se pueda poner en duda su respeto a la legalidad vigente, ni por el procedimiento elegido ni por el contenido del Real Decreto que lo establece. Incluso si se comparan los requisitos exigidos para las regularizaciones precedentes, son bastante similares a la que se pone en marcha ahora.

Las falsedades son muy burdas, como que la regularización incrementa el censo electoral. Cansa tener que decir que es falso, el permiso de residencia no otorga el derecho al voto, aparte de que ataca el derecho a que quien prolonga regularmente su residencia en el país, con plena integración, pueda tener derecho en el futuro a nacionalizarse y, con ello, a ejercer su derecho al voto como cualquier otro; sin que esté garantizado que el voto se va a decantar a favor de quien acordó regularizarlo, existiendo pruebas en otros ámbitos que contradicen esas seguridades respecto de las previsibles conductas en la dirección del voto. Cansa tener que negar que un proceso de regularización actúe como efecto llamada de nuevos flujos migratorios, cuando está demostrado que es la evolución del mercado de trabajo, las mayores o menores oportunidades de empleo, las que deciden el incremento de la inmigración o su retorno. Cansa tener que dar datos que contradicen la afirmación de que la inmigración aumenta la criminalidad y la inseguridad pública. Cansa tener que demostrar que el deterioro grave de ciertos servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales) no encuentra su causa principal en la inmigración y, mucho menos, en los procesos de regularización extraordinaria. Para qué hablar de la ridiculez de la amenaza de un posible gran reemplazo; procesos de afluencia de población extranjera los hemos tenido y muchos a lo largo de la historia y, si de algo tenemos que arrepentirnos, es de las políticas de expulsiones masivas.

No cabe la menor duda de que la medida va a contracorriente de las tendencias que se observan a nivel internacional, incluso en la Unión Europea, pero también puede presentarse como un mensaje hacia fuera en el sentido de que otra respuesta es posible y que nos está dando muy buenos resultados. Se mire por donde se mire, este proceso de regularización hace justicia y traerá todo tipo de beneficios, mientras que en Estados Unidos ya se empiezan a sentir los efectos negativos sobre la economía de las deportaciones masivas. No deberíamos otra cosa que manifestar nuestro respeto y reconocimiento a todos los inmigrantes que viven y trabajan de acuerdo con lo que vinieron buscando, incluido el reconocimiento a sus hijos ya nacidos en nuestro país.

Lo que no puede hacerse es recibir un importante flujo de inmigración sin efectuar las necesarias inversiones en los servicios públicos, ya de por sí saturados. Ello obliga a incrementar la financiación en la sanidad, la educación, los medios de transporte, sin olvidar el problema no menor de la vivienda

Lo preocupante, sin que podamos cerrar los ojos frente a esta realidad, es que están calando muy significativamente los mensajes negativos, detectándose que la población contraria a la inmigración está creciendo significativamente, al extremo que en ciertos territorios alcanza mayorías muy fuertes.

Frente a ello, hay que reaccionar y no basta con las medidas de regularización. Debe tenerse muy presente que no puede actuarse es como si los flujos migratorios saliesen gratis total. En un modelo constitucional como el que nos hemos dado, todos los residentes, sean nacionales o sean extranjeros, tienen derechos; y los derechos ejercidos en la práctica suponen un coste económico que debemos atender; por lo demás un coste muy inferior a lo que ellos aportan. Lo que no puede hacerse es recibir un importante flujo de inmigración sin efectuar las necesarias inversiones en los servicios públicos, ya de por sí saturados. Ello obliga a incrementar la financiación en la sanidad, la educación, los medios de transporte, sin olvidar el problema no menor de la vivienda. Hay que ser muy conscientes de que, si no se realizan este tipo de inversiones públicas, el perjuicio será general y, con el mismo, reforzamos a quienes aprovechan a río revuelto para alimentar el racismo y el odio al extranjero.

Tampoco puede desconocerse que los procesos de inmigración en masa, como los que hemos vivido, provocan cambios sociales cualitativos. Experimentamos proceso complicados desde la uniformidad a la diversidad en los más diversos aspectos, comenzando por los culturales. La diversidad nos enriquece sin la menor duda, pero también es cierto que nos mete en dificultades. Eso sí, desde luego cerrar la puerta a las regularizaciones lo único que provoca es todo lo contrario, el incremento de esas dificultades. En todo caso, no basta con decir que aceptamos a todas las formas de pensar, porque unas son respetables y otras no. No basta con exigir, hay que convencer; no basta, por ejemplo, con decir que rechazamos los matrimonios forzados, sino que hay que proteger a las víctimas; no basta con repudiar la discriminación de la mujer en ciertos ámbitos, sino que hay que hacer los esfuerzos necesarios para cambiar las “tradiciones”, porque muchas hay que proscribirlas, empezando por algunas de las consideradas como “nuestras”, que no lo son tales. Incluso no basta con proscribirlas, sino que hay que fomentar el cambio de valores.

El debate en los últimos días acerca de lo que deben cotizar los autónomos a la Seguridad Social se está desarrollando en términos bastante distorsionados y con elevadas dosis de populismo. Sobre este asunto debe recordarse cuál ha venido siendo el sistema de cotización durante largos años y la voluntad de adaptarlo a un modelo lógico dentro del sistema de Seguridad Social.

Sin entrar en mayores detalles, conviene recordar que el sistema tradicional era el de otorgar a los autónomos una amplia libertad formal para decidir la cuantía por la que deseaban cotizar, dentro de una horquilla bastante amplia de mínimos y máximos. El resultado práctico era que la inmensa mayoría de los autónomos se decantaban por la cotización mínima posible, al margen de que su capacidad económica pudiera ser de altos ingresos. La consecuencia de aquel modelo de opción por la mínima era que los autónomos acababan percibiendo pensiones muy bajas, con una fuerte brecha negativa en sus pensiones respecto de los asalariados del régimen general.

La prueba más palmaria de lo anterior es que los pensionistas del régimen de autónomos representan el porcentaje más elevado de los que se benefician del sistema de complementos a mínimos, por no superar la pensión mínima establecida vía normativa presupuestaria. Eso sí, con el resultado contradictorio de que esos complementos a mínimos eran pagados por todos con cargo al sistema impositivo general y no con cargo a cuotas; y lo más sangrante era que esos complementos a mínimos los podían estar percibiendo autónomos con un elevado patrimonio, porque tenían una elevada capacidad de ahorro, pero cotizaban por la mínima.

El efecto indirecto de aquel sistema de cotización mínima, sobre la base de la libre voluntad del autónomo, es que su régimen especial no respondía a la lógica del sistema de Seguridad Social, de solidaridad intergeneracional, en clave de que los activos sufragan las pensiones de los pasivos; el resultado final es el de un fuerte desequilibrio financiero del régimen de autónomos. Por añadidura, no puede desconocerse tampoco que fomentar unos menores costes por cotizaciones de los autónomos respecto de los asalariados puede fomentar, aunque lo sea involuntariamente, las presiones hacia la huida de la contratación laboral, favoreciendo fórmulas más o menos imaginativas de falsos autónomos.

Para conjurar los efectos negativos del anterior sistema se consensuó en el marco del Pacto de Toledo un cambio de modelo, que logró el apoyo generalizado del arco parlamentario y de las asociaciones representativas de los autónomos. Nuevo sistema que se basa en que, tal como sucede con los trabajadores asalariados del régimen general, se cotice objetivamente por ingresos reales, se trate de salarios o de retribución neta de autónomos, al margen de cuál sea la voluntad de trabajadores y empresas, ya que la Seguridad Social no funciona como un sistema de aseguramiento privado.

Este modelo elimina lo negativo del anterior sistema, propiciando un incremento de las pensiones de los autónomos y un coherente modelo de solidaridad intergeneracional. El nuevo modelo de cotización, para no provocar un impacto brusco, diseña de manera progresiva el incremento de las cotizaciones y esto es lo que se pretendía con la primera propuesta del Gobierno. Debe tenerse en cuenta que las cotizaciones no son asimilables a todos los efectos al régimen impositivo, dado que en un sistema contributivo de Seguridad Social se establece una correlación directa entre lo que se cotiza y lo que se compromete de futuro como renta de sustitución, permitiendo el juego de la función básica de las pensiones.

Por todo ello, el nuevo sistema debe ser defendido como especialmente positivo, sin comprenderse que desde ciertas posiciones se aceptase el cambio en el plano teórico, pero que se pretende dinamitar con argumentos populistas cuando se intenta llevar a la práctica. Siempre es fácilmente vendible en público posicionarse en contra de la subida de las cotizaciones, cuando ello realmente puede ser un trato de favor injustificado respecto de los trabajadores del régimen general. Por tanto, resulta demagógico que algunos hayan calificado de “sablazo” el incremento de cotizaciones que tiende a equiparar la cuantía de los autónomos a las propias de los trabajadores asalariados del régimen general, o que se haga una lectura en clave de “afán recaudatorio” del Estado cuando se trata de ingresos finalistas para el pago directo de las pensiones.

No se sostiene que más de 1,55 millones de autónomos reciban ingresos reales netos inferiores al salario mínimo

Pretender que los autónomos sigan cotizando por cantidades muy pequeñas aboca a un resultado de pan para hoy y hambre para mañana, que no deja de provocar problemas y agravios comparativos respecto de lo que deben cotizar los trabajadores del régimen general. Por ello es plenamente comprensible la posición de los sindicatos, que sobre todo se muestran contrarios a tratamientos de favor para los autónomos con elevados ingresos, que se pueden permitir sin mayores problemas incrementar sus cotizaciones sociales y, con ello colaborar en el sistema de solidaridad intergeneracional y percibir en el futuro mejores pensiones.

Diferente es que se establezca, como ya existe en estos momentos, un régimen de fomento del trabajo autónomo en la fase inicial de la puesta en marcha de una nueva actividad empresarial, con todos los riesgos que ello tiene, con fórmulas iniciales de tarifa plana, incluso en algunas comunidades autónomas de cotización cero durante un año.

En los mismos términos, resulta también comprensible la nueva propuesta del Ministerio de establecer un sistema especialmente generoso con quienes obtienen ingresos muy reducidos y, ciertamente, tienen dificultades para cumplir sus obligaciones frente a la Seguridad Social, con la decisión para el próximo año de no incrementar lo que deben cotizar. Esta medida parece que va a alcanzar casi a un tercio del total de los autónomos y, siempre que no se reitere en años sucesivos, puede ser beneficiosa para ellos. Aunque también es preciso hacer una labor de divulgación y convencimiento de que esto no puede repetirse de forma continuada, porque acabará perjudicándoles intensamente en el futuro en la cuantía de sus pensiones.

Pero, sobre todo, lo más importante es que esta medida solo compensa una situación complicada de estos autónomos, pero no va a la raíz del problema. Y la raíz del problema hay que sacarla a la luz, que no es otra que la de que no se sostiene que más de 1,55 millones de autónomos reciban ingresos reales netos inferiores al salario mínimo. Salvo que en ocasiones los ingresos reales en la práctica sean diferentes, el problema es que se trata de iniciativas empresariales inviables para garantizar unos ingresos reales dignos para los autónomos, lo que exige cambiar un modelo de actividad empresarial nada sostenible, debiendo adoptarse medidas estructurales que pongan los medios para superarlo por un modelo de iniciativas empresariales más sólido. Caso de que haya sospechas de que los ingresos reales puedan ser superiores a los declarados, habría que reforzar los controles por parte de las Administraciones Públicas.

En conclusión, no podemos perder el norte escuchando cantos de sirena, que solo acaban frenando las bondades del sistema de cotización conforme a los ingresos reales de los autónomos, que es la fórmula más razonable y coherente a defender.

Las cifras de evolución de nuestro mercado de trabajo no dejan de dar sorpresas, con nuevos resultados positivos en términos generales a tenor de los datos publicados respecto del mes de septiembre. Aunque siempre resultan mucho más fiables las estadísticas que aporta trimestralmente la Encuesta de Población Activa (EPA), las cifras mensuales de afiliación a la Seguridad Social y, en parte también, las del paro registrado, aportan un pulso complementario que vienen a confirmar las de la EPA. Por ello, merece destacar lo sobresaliente de los últimos datos de afiliación y de paro del mes de septiembre, porque nos ofrecen importantes pistas.

La primera y más significativa es que se comprueba que el empleo no deja de crecer y el paro de disminuir en un momento en el que no suele suceder así, como es el fin de la temporada turística a la conclusión del verano. Lo más relevante es que parece descartarse el diagnóstico de algunos, en el sentido de que se podría estar entrando en una fase de cierto agotamiento del crecimiento del empleo, que conduciría a su ralentización, cuando no a su congelación.

Cuando se ha producido un crecimiento espectacular del empleo en los últimos 12 años, con un incremento nunca visto del número de afiliados en 5,5 millones, con caída en paralelo del paro de 2,5 millones, sostenida en el tiempo (salvo el paréntesis de la pandemia), parecería para algunos que se estaría tocando techo. Aunque de un dato mensual es arriesgado sacar conclusiones plenas, el hecho incontestable es que el empleo ha crecido en septiembre en términos globales por encima de lo que ha sucedido en toda la serie histórica desde el inicio del siglo (de nuevo con la salvedad de la pandemia).

No parece que esto se vaya a truncar en el corto plazo, lo que indica que el crecimiento económico del PIB, que se mantiene sólido, se sigue trasladando al empleo en términos netos. Esto nos permite ser moderadamente optimistas, especialmente cuando superamos los porcentajes comparados de crecimiento del empleo en el resto de Europa, claramente inferiores a los nuestros. Las posibilidades de crecimiento del empleo por la vía de la disponibilidad de la población siguen siendo significativas, no sólo por las cifras de paro, sino especialmente porque mantenemos tasas muy bajas de ocupación entre los jóvenes y sigue existiendo un diferencial por razón de género, de modo que todavía hay 1,3 millones menos de mujeres ocupadas respecto de los hombres.

Un dato que habitualmente no se conecta y que merece destacarlo, es que la fuerte tendencia al crecimiento del porcentaje de parados cubiertos por la prestación por desempleo, alcanzando en el mes de agosto niveles del 82%, que rara vez se han alcanzado, no frena la aceptación de ofertas de empleo por los parados, pues el número de desempleados desciende de forma sensible en septiembre, algo especialmente significativo cuando se trata de un mes en el que siempre crece el número de parados. Este dato se complementa con la presencia de un elevado porcentaje de parados que se reincorporan al trabajo antes de agotar la prestación por desempleo. Esta tendencia se puede lograr en tanto que se mantenga y continuemos con un crecimiento moderado de los salarios, especialmente de los inferiores, situándose claramente por encima de la cuantía que se recibe por la prestación por desempleo.

El crecimiento del empleo se produce gracias a la inmigración, en torno al 40% del empleo creado en el último año. Nuestro crecimiento económico depende de los flujos migratorios

En estas cifras hay pautas que se repiten, lo que parece que constituyen seña de identidad de nuestro mercado de trabajo.

La más significativa de todas es que el crecimiento del empleo se produce gracias a la inmigración, de modo que en torno al 40% del empleo creado en el último año lo es de trabajadores extranjeros, cifra muy superior si la referimos a este mes de septiembre donde 2/3 del incremento de afiliados son extranjeros. Como consecuencia de ello, el número de vacantes sin cubrir en España es de las más bajas de Europa, porque las bolsas de empleo de los parados, especialmente de los jóvenes, y de la población femenina inactiva no es suficiente para atender las expectativas de empleo en nuestro mercado de trabajo.

Más aún, la situación se va a agudizar en el futuro, en la medida en que el elevado número de trabajadores que están abandonando el mercado de trabajo, por la jubilación de los baby boomers, va a exigir un gran reemplazo, de acuerdo con los últimos datos del Servicio Público de Empleo; reemplazo que sólo se podrá producir en su plenitud con la afluencia de nuevos inmigrantes.

En definitiva, nuestro crecimiento económico durante los últimos tiempos solo ha sido posible con una dimensión más fuerte que el resto de Europa, y sólo lo podrá seguir siendo en el inmediato futuro, con nuevos flujos migratorios, que atiendan a las necesidades de nuestro mercado de trabajo que no pueden ser atendidas sólo por los residentes. Tomemos nota de todo lo que estamos poniendo en juego con el extendido discurso distorsionado antiinmigración, cuando los flujos de extranjeros constituyen un fenómeno que acaba favoreciéndonos a todos.  

Otra de las señas de identidad de nuestro mercado de trabajo, deducido de los últimos datos, es la tónica general de un proceso cíclico anual de altibajos, muy condicionado por la estacionalidad del mercado de trabajo. A pesar de que se compensen unos y otros sectores, seguimos muy condicionados por el crecimiento/destrucción del empleo en sectores tales como la hostelería y el comercio en conexión con la actividad turística. Esto se complementa con el hecho de que estos procesos cíclicos anuales sean más intensos en los territorios más expuestos al modelo de economía estacional turística y menos en los otros, que por añadidura son los de crecimiento económico más sólido. Septiembre es un mes emblemático a estos efectos, por coincidir con la finalización de la temporada de verano, que después se corrige en el global con el tirón de otros sectores, resultando especialmente significativos para explicar las cifras finales de crecimiento. La tendencia en los últimos tiempos a que la actividad turística se extienda más allá del verano corrige sólo parcialmente los cambios de empleo a lo largo del año, rasgo claramente diferencial respecto de otros países.

A pesar del éxito de la reforma laboral, la sustancial caída de la temporalidad no se ha reflejado con la misma intensidad en la rotación de la contratación laboral, que sigue siendo muy elevada

A pesar de que el éxito de la última reforma laboral haya provocado una caída sustancial de la temporalidad, a favor del incremento de la contratación por tiempo indefinido, ello no se ha reflejado con la misma intensidad en la caída de la rotación de la contratación laboral, que sigue siendo muy elevada. Esta situación resulta comprensible respecto de los sectores intrínsecamente estacionales (hostelería y comercio), pero no se encuentra justificado en relación con otros sectores emblemáticos también por su rotación laboral. A título de ejemplo, septiembre siempre es un mes de fuerte incremento de empleo en la enseñanza, sobre todo en la privada no reglada, que justamente es donde más contrataciones se han producido este mes, incluso superior a la de otros años. Pero este fuerte incremento también se ha debido a una previa fuerte destrucción de empleo al final de junio. La inestabilidad y alta rotación en el empleo en la enseñanza es menos justificable por razones de estacionalidad; así, todavía hay recorrido para reducir las tasas de temporalidad en este sector, claramente injustificadas, en especial cuando en algunos casos se podría acudir mucho más a la figura del fijo discontinuo, que tanta virtualidad presenta, a pesar de que sea denostada por algunos sin mucho argumento ni aportación de datos.

Como contrapunto a lo anterior se comienzan a percibir algunos elementos de corrección al tradicional fuerte peso de la estacionalidad en nuestro mercado de trabajo, que afianzan a su vez la solidez de nuestra economía. Así, en los últimos datos se confirma que paulatinamente se está produciendo la consolidación del crecimiento del empleo en ciertos sectores alejados de lo estacional y con proyección de futuro. En unos casos, se trata de empleos vinculados a nuevas actividades económicas, donde destaca el sensible incremento en el último período, que se confirma en septiembre, del empleo cualificado en profesiones técnicas y científicas. En otros casos, se trata de sectores más tradicionales, pero igualmente de empleo más desestacionalizado, como es el transporte y la construcción, donde septiembre confirma una línea de tendencia que ya se venía detectando en los últimos tiempos.

Un último factor al que no se suele destacar, y que me parece importante, es que el tirón del empleo se está concentrando cada vez más en las empresas de medianas y grandes dimensiones, lo que de nuevo se confirma con los datos de septiembre. Se trata de algo que por algunos se suele presentar en negativo, por el hecho del escaso crecimiento de empleo que se detecta en las microempresas, pero que para mi resulta especialmente positivo. Especialmente positivo porque el crecimiento de las dimensiones de nuestras empresas tiene efectos beneficiosos desde todos los puntos de vista, tanto para la solidez del crecimiento económico y de la productividad, como de las mejores condiciones de trabajo de quienes se emplean en ellas.

Al final, el balance que se obtiene de los últimos datos de empleo resulta esperanzador, permitiendo mantener unas buenas expectativas cuando menos para el inmediato futuro.