Diversas noticias pusieron el derecho al aborto en el centro de los titulares esta semana. Por un lado, el apoyo del PP en el Ayuntamiento de Madrid a una propuesta de Vox para que los trabajadores municipales informen a las mujeres que quieran abortar de las presuntas consecuencias de un inexistente síndrome post aborto.

El apoyo de los populares madrileños –y de la dirección estatal del partido– a esta medida, destinada según VOX a acabar con el “gran negocio feminista del aborto”, da continuidad a la apuesta reaccionaria y antiderechos en la que parecen haberse embarcado los de Feijóo.

Porque no es la primera vez. Ahí están las oficinas antiaborto de Sevilla y Alicante o el anuncio de la Junta de Castilla y León de que el personal sanitario ofrecería escuchar el latido del feto y una ecografía 4D a las mujeres que quisieran abortar.

El otro titular es la reacción del presidente de Gobierno y su intención de constitucionalizar el aborto. Esta, en realidad, es una propuesta en la que el Grupo Plurinacional Sumar lleva trabajando casi dos años y para la que presentamos un texto concreto en marzo del 2025. La respuesta del PSOE en aquel momento, por boca de la ministra de Igualdad, fue que no era el momento.

Todo esto ha coincidido además con la presentación esta misma semana de los datos del informe anual sobre la interrupción voluntaria del embarazo en 2024. Hay un dato en él que llama poderosamente la atención: en el 18,09% de los casos, la interrupción del embarazo se realizó en un centro público y en el 81,91% en centros privados (concertados o no). Unos porcentajes que no han variado casi en los últimos años, a pesar de que la ley de 2023 tenía entre sus objetivos garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.

Varias son las razones para que esto ocurra. La primera está vinculada al modelo de sanidad de algunas formaciones políticas.

Sobre este poco hay que decir que no sepamos ya: la apuesta de la derecha, en aquellas comunidades donde gobierna, por la privatización de la sanidad y su conversión en un negocio de astronómicos beneficios para empresas cercanas, convierte al aborto en una lucrativa prestación a externalizar.

Además, existen unas condicionantes históricas que conviene no olvidar.

En primer lugar, la tardía despenalización del aborto en España y, en segundo, la aceptación de una objeción de conciencia que ha limitado o bloqueado nuestro derecho a la autonomía plena sobre nuestro cuerpo.

Efectivamente, pese al avance que sin duda supuso, la ley de 1985 no despenalizó por completo el aborto. Tan solo reformó el artículo 417 bis del Código Penal para permitirlo en tres supuestos (grave peligro físico o psíquico para la mujer, violación o malformación del feto). Ello implicó dejar la interrupción voluntaria del embarazo fuera del ámbito de decisión de las mujeres, más allá de que no fuese reconocida como una prestación en la sanidad pública y de una enorme inseguridad jurídica derivada del margen de interpretación de los supuestos.

Como consecuencia de todo ello, quienes intentaron que el aborto se practicase en hospitales públicos se encontraron con enormes obstáculos, acoso e incluso persecuciones. Y las clínicas privadas, muchas de ellas nacidas o cercanas al propio movimiento feminista, se enfrentaron durante décadas a ataques de todo tipo, incluido judiciales, dirigidos por organizaciones anti elección. Hasta la ley de 2010, decenas de médicos y médicas tuvieron que enfrentarse a procesos judiciales injustos y miles de mujeres tuvieron que sufrir que sus expedientes clínicos fueran requisados. El caso “Isadora”, de 2007, es un ejemplo claro.

Otra consecuencia de esta ley fue normalizar la invocación a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario. Una objeción que a día de hoy se ha institucionalizado en muchos hospitales públicos y sigue provocando que las mujeres no puedan acceder, por tanto, a esta prestación en ellos. Más allá del establecimiento de un registro de objetores, tal y como recoge la ley de 2023, es hora de que volvamos a abrir el debate y hacernos al menos la pregunta de si puede hacerse objeción a un derecho, a una prestación, por parte de quien presta un servicio público y en base a qué. Nosotras creemos que no.

Para dar solución a todas estas deficiencias históricas, para avanzar en un horizonte feminista, para que al aborto sea un Derecho en mayúsculas, en marzo de 2025, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentamos una propuesta concreta para constitucionalizar el aborto, la de añadir al artículo 43 un nuevo apartado: “Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a la autonomía física”.

Ahora parece que el PSOE, por fin, se abre a ello. ¡Bienvenidas! Nosotras siempre hemos defendido que este debe ser un proceso compartido.

Ojalá el PP comprenda, por su parte, que los derechos no se pueden medir mediante cálculos partidistas. Y que elegir entre la ciudadanía y la ultraderecha es, en realidad, muy sencillo.