En las últimas semanas se han multiplicado las manifestaciones en contra del genocidio que el Gobierno de Israel está cometiendo en Gaza. Decenas de miles de personas, muchas este último fin de semana, han salido a las calles de todo el mundo para exigir el fin de la barbarie y la protección de las personas que viajaban en la flotilla de la Libertad, finalmente interceptada por Israel, en una nueva muestra de su intención de matar de hambre a la población gazatí. Por eso, cuando tenemos una oportunidad inminente para contribuir a poner presión al Gobierno de Israel con la aprobación del Real Decreto 10/2025 de medidas urgentes sobre Gaza, que está a punto de discutir el Congreso de los Diputados, no debemos dejarla escapar.

No es perfecto este decreto ni representa todo lo que desea la sociedad civil ni merecen las víctimas de genocidio pero, si se pone en práctica, puede ayudar a transmitir un mensaje claro a las autoridades de Israel: hay líneas rojas que no permitimos traspasar. Este Real Decreto consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel desde España al prohibir de forma absoluta las exportaciones e importaciones con destino a este país, y se aplica de forma retroactiva a solicitudes y autorizaciones vigentes. Contiene importantes medidas, como la prohibición de importación a España de productos originarios de asentamientos ilegales, así como la publicidad y comercialización de bienes originarios de estos asentamientos. Por ejemplo, en el ámbito del turismo, se aplicaría a la publicidad sobre los hoteles de propietarios israelíes levantados en territorios ocupados en Cisjordania. 

También establece la obligación de denegar las peticiones de tránsito a Israel del mismo material que prohíbe exportar e importar, una medida que venimos pidiendo desde el principio del genocidio, y que en relación a los barcos ya se venía desarrollando y ahora se amplía a los aviones. 

El Ejecutivo ha señalado también que comparecerá trimestralmente ante el Congreso para “rendir cuentas” de la aplicación de las medidas contempladas en el decreto, algo que contribuye al control parlamentario y a la transparencia que tanto tiempo lleva exigiendo Amnistía Internacional. 

Sin embargo, como decía, hay bastante margen de mejora en el decreto, entre ellas la “excepcionalidad” que establece la disposición adicional primera, y que podría dejar la puerta abierta a que España retome determinadas operaciones comerciales en el terreno de defensa con Israel. ¿La posible solución? Que se establezca, durante el trámite parlamentario, que esa excepción nunca debería ser aplicable a las transferencias que pudieran usarse en Israel y el Territorio Palestino Ocupado.

También se debería prohibir no solo la importación de productos sino también los servicios e inversiones en los asentamientos ilegales y que las empresas españolas no colaboren, lucrándose, en la ocupación del territorio palestino, o garantizar que no se volverá a poder contratar y usar en España, la tecnología de software espía Pegasus NSO, que en España infectó los teléfonos de varios dirigentes políticos sin que Israel haya asumido sus responsabilidades ni colaborado con la investigación judicial en marcha.

Sin embargo, estas mejoras no deben empañar el hecho de que este decreto representa empezar un camino, tardío pero importante, en la puesta en práctica de sanciones contra el genocidio, la ocupación y el apartheid de la población palestina.

A pesar de las discusiones y negociaciones en marcha, el genocidio no ha parado en Gaza todavía, y la ofensiva lanzada por el ejército de Israel en agosto para arrasar Ciudad de Gaza ha provocado una oleada desplazamientos masivos, una más, para decenas de miles de personas que tratan de sobrevivir, en condiciones lamentables y sin parar de moverse, al hambre y las bombas. 

Por supuesto todo lo que hacemos y hagamos será siempre poco si se piensa en testimonios como el de Mirvat, una mujer de 46 años y madre de cuatro hijos, que ha estado durmiendo en la calle en Deir al-Balah, tras su séptimo desplazamiento, y que tuvo que abandonar a su hija de 25 años, con cáncer, porque no podía hacer el viaje a pie sin saber si encontrarían además un refugio adecuado. “Mi hija necesita ir al hospital cada mes para recibir tratamiento, lo que no ha podido hacer desde finales de agosto, porque la carretera que va desde donde se aloja en Tal al-Hawa hasta la calle al-Nasr es demasiado peligrosa. Dejar atrás a mi hija enferma es mi peor pesadilla”.

Pero algo es mucho para aquellos en Gaza que no tienen nada salvo su vida. Los grupos parlamentarios decidirán este martes si aprueban o no este decreto. Si quieren incorporar medidas que lo mejoren, tienen la posibilidad de hacerlo: pueden tramitarlo como proyecto de ley y presentar enmiendas. Pero permitid que se convalide, que sigan en vigor las medidas que transmitan al Gobierno de Israel que no vamos a aceptar el genocidio de la población palestina en Gaza. El tiempo corre sobre Gaza como una bomba de relojería.