Hace unos días, una conocida marca de tequila anunció un evento festivo en el pueblo viejo de Belchite (Zaragoza). “Ven a disfrutar en un pueblo fantasma, con tequila, DJs y food trucks”. A mí se me heló el corazón.

Belchite es un pueblo como tantos, pero no es un pueblo más. Es uno de los mayores exponentes de la tragedia que supuso el golpe de estado, la guerra y la dictadura franquista.

El 19 de julio de 1936, el general Mola dio instrucciones a las tropas del bando golpista: “es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación (…). Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado”.

Estas instrucciones llegaron con rapidez a Belchite. Allí, a finales de julio del 36 fueron fusiladas unas cuatrocientas personas, civiles todas (el número concreto, aún hoy, sigue sin conocerse). Sus cuerpos se enterraron en fosas en el cementerio o en cunetas y bancales. No se ha podido exhumar e identificar ni a la mitad.  

Un año después, en agosto de 1937, Belchite fue el escenario de una batalla terrible. La ofensiva republicana contra las posiciones sublevadas derivó en una batalla cruenta en la que murieron más de 5.000 combatientes de ambos bandos. Imaginen el calor terrible del verano aragonés, la sed, los cuerpos abandonados y el pueblo literalmente arrasado por las bombas de las aviaciones.

Al finalizar la guerra, en 1939, el dictador decidió “adoptar” pueblos por toda España. Belchite fue uno de ellos. La instrucción fue clara: prohibió su reconstrucción y ordenó que se construyera un pueblo nuevo para una nueva sociedad. Esa construcción se hizo con el trabajo forzado de prisioneros republicanos que vivieron durante décadas, con sus familias, en un campo de represaliados al que llamaban “La pequeña Rusia”. Mientras tanto, entre las ruinas del pueblo arrasado continuaban viviendo familias porque el pueblo nuevo se terminó en los años 50.

Por todo esto, el asunto de la rave y el tequila entre las ruinas, sinceramente, me resultaba ultrajante.

Escribí un tuit educado (creo yo) manifestando la improcedencia de la fiesta, tuit que se volvió viral, entre otras cosas, porque entraron en tromba los trolls ultraderechistas. Y aquí volvió a helárseme el corazón. Hablaban sólo de “la batalla”, “los tuyos” y “los nuestros”, como si cada uno de los 5.000 muertos no fueran personas, como si las 400 víctimas de la represión temprana no existieran, como si la batalla se hubiera producido por generación espontánea y no en el curso de una guerra nacida de un golpe de estado contra un gobierno democrático. Como si fuera una idea genial celebrar una fiesta entre las ruinas de Belchite.

La misma falta de empatía y la deshumanización hacia los muertos anónimos la trasladaban hacia mí: como soy socialista soy, automáticamente, inculta, desinformada y prescindible. No soy otra cosa que un enemigo a despreciar. Es una falacia ad hominem de manual.

Y esto es muy preocupante. Porque no hay tanta diferencia entre la estrategia de los sublevados en 1936 y la estrategia de los ultraderechistas en 2025. La violencia ahora es verbal, de momento. Pero también la violencia era sólo verbal hasta el 18 de julio de 1936. La misma deshumanización que entonces sufrieron las maestras, los sindicalistas, los intelectuales, las rojas, la estamos viendo día a día hacia los migrantes, el colectivo LGTBI, o los políticos y políticas de izquierdas. La falta de empatía hacia los fallecidos en Belchite no es distinta de la falta de empatía hacia los fallecidos por COVID en las residencias de Madrid o en la DANA de Valencia.

Finalmente, el ayuntamiento retiró la autorización del evento, entre otras cosas porque Belchite Viejo es un bien BIC que goza de la máxima protección patrimonial y está en gravísimo estado de ruina. El tuit se hizo viral gracias a esos ultras que lo intentaban descalificar. La legalidad, la dignidad y la memoria democrática han sido mucho más fuertes, pero los ultras hoy dan tanto miedo como en 1936.

Celebramos este año 50 años de democracia en España. No hay mejor celebración que conocer nuestra historia en profundidad ni mejor reconocimiento a la democracia que defender la empatía con uñas y dientes. La Memoria Democrática está basada en la empatía y en la humanización, que no son posibles sin Verdad, Justicia y Reparación. Cuanto más esfuerzo hace la ultraderecha en derogar leyes de memoria y en esconder la inmensidad del delito que supuso el franquismo, más evidente se hace que la democracia es nuestro mayor tesoro y la memoria, nuestra mejor herramienta.  

Una de las grandes virtudes del festival Vive Latino es poder escuchar a artistas y formaciones que, de otra forma, nunca actuarían en Zaragoza. Entre otras cosas porque, más allá del macrofestival, el panorama musical zaragozano y aragonés es lo más parecido a un desierto árido donde sobreviven, aquí y allá, palmeras solitarias y pequeños oasis.

En ese contexto, el comunicado que el DJ Sweet Drinkz lanzó en sus redes a muchos nos encogió el corazón. El artista relataba cómo, al final de su sesión en el hospitality del Vive Latino, se acercó un grupo de asistentes que le pidió de manera insistente que pusiera Raffaella Carrá. Ante su negativa, una de las integrantes del grupo le dijo “Yo soy la que te paga” y le comunicó que al día siguiente no volviera. Y, efectivamente, no pudo volver. Ni la consejera de cultura del Gobierno de Aragón ni la alcaldesa de Zaragoza, ambas administraciones coorganizadoras del festival, consideraron necesario reaccionar ante semejante barbaridad autoritaria. El artista fue vetado por la omisión, si no por la acción, de los gobiernos de Chueca y Azcón.

Esta escena es mucho más que una anécdota chusca, clasista e irrespetuosa con el trabajo de un creador. En realidad, es un ejemplo más de la política cultural del gobierno de Jorge Azcón, cómoda e indecentemente instalado en el veto.  Porque el que paga, manda; y el que apoya a quien paga, aún manda más. Así que, puestos a mandar, mandamos a casa a los artistas y ponemos a un sacerdote a pinchar música en la plaza del Pilar.

No son muchos los artistas que expresan públicamente sus cuitas, aunque éstas son vox populi en el mundillo. Al fin y al cabo, el sector cultural aragonés se sustenta enormemente en la contratación por las administraciones públicas y se mueve siempre en la fragilidad, casi precariedad, de los profesionales. Alberto Castrillo-Ferrer, uno de nuestros más prestigiosos actores y directores de teatro, con trayectoria nacional e internacional, cuenta cómo está vetado en los teatros municipales de Zaragoza desde hace al menos un año. “Ese señor no va a pisar ninguno de mis escenarios”, ni con su compañía propia ni cuando actúa con otras, aunque esas otras sean grandes compañías.

“Mis escenarios” es una expresión patrimonialista y es muy significativa cuando la pronuncia un responsable político porque en realidad esos escenarios son equipamientos financiados con dinero público y prestan un servicio público. Así que esos escenarios no son “suyos” sino, en todo caso, “nuestros”. De la misma manera que los parques, como el Parque Grande, no son “suyos” sino “nuestros”, y deben estar destinados al uso y disfrute de todos.

Expulsar a “los indeseados” de los parques y convertirlos en espacios chic para gente con recursos, igual que tratar de expulsar a las voces críticas de los escenarios públicos y sustituirlas casi exclusivamente por propuestas de gran consumo, nos convierte en una sociedad muy pequeña, minúscula, en la que terminaremos por no caber ninguno. Por no caber, no cabrán ni los pregoneros en el balcón del ayuntamiento, salvo que cumplan las expectativas de elegancia de la alcaldesa Chueca.

Porque el afán de veto no conoce límites. Una vez que se abre la compuerta del atrevimiento, la corriente no encuentra freno. Hace unos días conocimos que Pilar Alegría también ha sido vetada por el PP de Azcón cuando, en su calidad de ministra de Educación, ha intentado visitar varios colegios públicos aragoneses en visitas previamente solicitadas por los respectivos centros. Así sucedió en Alpartir (Zaragoza), Andorra (Teruel) y, más recientemente, en Almudévar (Huesca). Estos vetos a las visitas a los centros educativos sólo ocurren en Aragón y sólo se entienden en el miedo que Jorge Azcón le tiene a Pilar Alegría. Los miedos son comprensibles. La patrimonialización y el uso indebido de los recursos públicos, no.

La privatización de los espacios y servicios públicos nos hurta nuestros recursos, pero además viene acompañada de una imposición ideológica inaceptable. Por eso la reivindicación de la educación pública, de la política cultural pública, de los espacios públicos, va mucho más allá de entenderlos como espacios de libertad, de crecimiento personal y de construcción de la ciudadanía. Es imprescindible que el Gobierno de Azcón deje atrás su cultura del veto. Aunque solo sea porque “el que paga, manda”. Y como lo público lo pagamos entre todos, somos nosotros, los ciudadanos, quienes mandamos. Que no se nos olvide.