“La víctima, de procedencia europea, transitaba por el puente del Arenal de la capital vizcaína. De repente, un individuo se le acercó y le sustrajo un teléfono móvil que portaba en un bolsillo del pantalón”. Son palabras textuales difundidas por la Ertzaintza, a través de una nota de prensa, el 14 de octubre pasado. El dato de la “procedencia europea”, dado por la propia Policía, contrastaba con la del supuesto delincuente, sobre el que, en otro párrafo, señalaba: “El arrestado, de 22 años y de procedencia magrebí, cuenta con numerosos antecedentes policiales (…)”. 

Era la primera vez que la Ertzaintza aplicaba su nueva política de añadir (a su manera) el origen de las personas detenidas (y de las víctimas) a la hora de informar sobre sus actuaciones a los medios de comunicación. Han transcurrido ya cuatro meses de la aplicación de una medida que contraviene los códigos éticos de la propia profesión periodística, así como de organizaciones que trabajan contra el racismo y la xenofobia. 

A diferencia de otras profesiones como la medicina o la psicología, en periodismo no es obligatorio colegiarse. No obstante, existen asociaciones y colegios profesionales que, entre otras funciones, velan por la ética profesional. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España engloba, entre otras, a la Asociaciación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea y la Asociación de Periodistas de Navarra. Su Código Deontológico, aprobado en 2017, señala expresamente que el o la periodista “debe (…) abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o discapacidad física o mental que padezca”. Más aún, proclama que “debe abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden relación directa con la información publicada”. Lo hace en el séptimo de sus Principios Generales, que reclama por el “respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados”. De ahí que abogue por que profesionales del periodismo muestren una “especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio (…)”.  

El Ararteko ha tomado cartas en el asunto. Mikel Mancisidor, recién llegado al cargo, ha solicitado una reunión con el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bigen Zupiria, antes de fijar su postura, aunque su institución ya había mostrado preocupación por la medida. Un reflejo de los problemas éticos que subyacen en ella está en que, mientras que el Ayuntamiento de Donostia ha anunciado que su Guardia Municipal actuará de la misma manera que la Ertzaintza cuando informe sobre personas detenidas, es decir, dando datos sobre su origen, Bilbao y Vitoria-Gazteiz no lo harán. Los tres están sostenidos por el PNV y el PSE, pero se da la paradoja de que las capitales de Gipuzkoa y Bizkaia tienen como alcalde a los jeltzales Jon Insausti y Juan Mari Aburto, mientras que Maider Etxebarria es socialista. Por una vez, no ha funcionado la lógica partidista, dado que la negativa de Aburto a que la Policía Municipal de Bilbao dé datos sobre el origen de personas arrestadas, choca con la postura del presidente de su partido, Aitor Esteban, quien se ha mostrado claramente a favor de que se haga.  

Más allá del cuestionamiento ético, la forma en la que la Ertzaintza da los datos sobre el origen de las personas arrestadas por sus agentes tampoco se sostiene desde el punto de vista terminológico. Y tiene contradicciones. Porque, a pesar de que cuando se anunció la medida se pensó que la Ertzaintza informaría directamente sobre la nacionalidad de personas arrestadas, en realidad, solo identifica por su pasaporte a las “españolas”. Al resto, las divide por áreas geográficas cuyo criterio no siempre es claro. Así, habla de detenidos y víctimas de “origen europeo”, “latinoamericano”, “magrebí”… Quedémonos con este último gentilicio, con el que se define a las personas procedentes del Magreb. Para establecer qué países conforman parte del mismo no hay un consenso, ni siquiera en la definición del diccionario. Porque la RAE alude a que en la “tradición española” es la denominación “del área del norte de África que comprende Marruecos, Argelia y Túnez”, pero que, al mismo tiempo, cabe “considerar más ampliamente”, también parte de él, a Libia, Mauritania y el Sáhara. Aún no sabemos, por otra parte, si víctimas o personas detenidas procedentes de Turquía serán consideradas europeas o asiáticas. Ni qué decir las dudas que generaría que unas u otras sean australianas (¿origen oceánico?)… por no hablar de las de Groenlandia, territorio que, desde el punto de vista geográfico, pertenece a Norteamérica.?

Por otro lado, que la Ertzaintza y policías locales vascas como las de Donostia sí den datos sobre el origen de las personas detenidas, no exime a los medios de comunicación de cumplir con la deontología periodística. Es decir, de no proporcionarlos, tal y como proclama la FAPE que debe hacerse. Sin embargo, muchos medios, entre ellos vascos, hacen un corta-pega, tal y como puede comprobarse en noticias recientemente publicadas: “La Ertzaintza procedió a la detención de los dos individuos, de origen magrebí, por un presunto delito de robo con fuerza” o “la Policía autonómica procedió a la detención de los tres individuos, de 27, 23 y 21 años y origen magrebí”. Un reciente estudio sobre la representación del crimen en Barcelona a través de los medios advierte de que el “14% de las piezas incorpora la nacionalidad de las personas extranjeras, lo que suscita la estigmatización de colectivos por su lugar de procedencia”. La investigación concluye, con rotundidad, que “los códigos son claros, pero muchos periodistas no los aplican en su totalidad”. 

Algunos medios de comunicación se dotan de un libro o manual de estilo en el que establecen normas estilísticas y deontológicas -es decir, éticas específicas para la profesión periodística- que son de obligado cumplimiento para quienes trabajan en su redacción. El de EITB señala que “a menos que sean imprescindibles para la comprensión de la noticia, en las informaciones no se incluirán nombres de familiares y allegados de los acusados o condenados, ni otro tipo de datos innecesarios como país de origen, etnia, etc”. 

El manual de EITB constituye casi una excepción por su concreción. Pero del de otros medios se deduce la misma la prohibición de publicación de datos sobre el origen de presuntos delincuentes –al igual que, por ejemplo, el de su orientación sexual, su religión…- de las personas a menos que sea relevante para la información. El de RTVE señala la obligación de “evitar la superficialidad y las visiones estereotipadas cuando se aborden asuntos referidos a la inmigración, el racismo y la xenofobia”. Y concreta que, “aunque se informe de la variante jurídico-policial de estos asuntos (sucesos, muertes, etc.), debe fomentarse la presencia de informaciones que incidan en las cuestiones de fondo”. En todo caso, no es necesario que se disponga de un manual de estilo para que un medio cumpla con la deontología. 

La Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR) es tajante en su Guía para profesionales del periodismo contra la xenofobia. Así, aboga por un “no a la identificación de toda una nacionalidad o minoría étnica por un comportamiento individual de unos de sus miembros”. Por otro lado, la publicación de esos datos, sin mayor contexto, se intercala habitualmente con informaciones sobre percepción de inseguridad, cada vez más presentes, por otro lado, en la agenda mediática. En su balance sobre actuaciones de 2025, la Ertzaintza englobó las detenciones con la doble variable de “motivo y lugar de nacimiento”. No ocurre lo mismo, en cambio, con la pobreza y desigualdad, cuya prevención también se recomienda que se aborde en la lucha contra la criminalidad y cuyos datos no se relacionan habitualmente por los responsables políticos que defienden que se unan detención y origen. En todo caso, también SOS Racismo recuerda a medios y periodistas que “el relato de la inmigración puede completarse o transformarse recurriendo a otras fuentes que no sean las oficiales”. 

Ya en 1996, el Colegio de Periodistas de Cataluña publicó un manual sobre el tratamiento adecuado de la inmigración en la prensa. Entre otras cosas, dictaba la exclusión de “grupo étnico, color de la piel, país de origen, religión o cultura”, como datos a menos que fueran relevantes, además de “evitar las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación de las informaciones”. 

Así que, salvo por la confusión que genera, apelar al origen nada tiene de original. Lejos de serlo, es algo muy viejo.

Lunes. Bilbao. Algo más de las siete y cuarto de la mañana. Golpea la cuchilla de afeitar contra el lavabo. Acerca su cara al espejo, que refleja el torso desnudo de un hombre de unos 25 años. Cuando termina, elimina los restos de espuma y aprovecha para llevar el agua más allá de su cara. Los hombros, el pecho, … no llego a verle secarse, pero sí abrocharse la camisa de cuadros con la que vestirá hoy. Está limpia. Parece impoluta. No, sin embargo, más, que la pulcritud con la que mantiene, y no solo parece, la dignidad de este hombre que, terminado el afeitado, se lava, descamisado, en la estación de autobuses de Bilbao. 

El hombre es negro. Qué más dará eso, pensará usted, por mucho que ahora la Ertzaintza, por órdenes dadas desde el Departamento de Seguridad, facilite la nacionalidad de las personas a las que identifica o detiene como supuestas responsables de delitos. La medida va en sentido contrario a las recomendaciones que asociaciones de periodistas y entidades que trabajan contra la xenofobia hacen sobre cómo se debe informar de cara a evitar la estigmatización y el racismo. Como si la nacionalidad, todavía con frecuencia muy unida al color de la piel, delinquiera. Pero, en el caso del hombre con el que me encuentro en los baños de la moderna intermodal, el tono de su tez, quizá sí sea relevante. Porque la pobreza entiende, en buena medida, de razas, como atiende también a orígenes, género y edad. A más papeletas en la tómbola de la desigualdad, más posibilidades de hacer pleno en ella. En el poco tiempo que coincido con él, intento vislumbrar si pudiera ser un turista en el tránsito de un largo viaje que, simplemente, aprovecha para darse un baño sin ducha.

Detrás de él, junto a la puerta, muy cerca del pasillo que da acceso a las ventanillas de venta de billetes, hay dos mochilas. Son sus pertenencias. Una es de esas que cubren toda la espalda. Se intuye pesada más allá de la metáfora. La otra es más ligera. No llego a recordar cuál, pero una de ellas lleva una botella que asoma de una redecilla negra. No es de agua mineral como las que venden en el súper, sino de las que, a modo de cantimplora, se rellenan en cualquier grifo o fuente. Parece llevarla siempre a mano. Tiene otra, esta sí carne de contenedor amarillo, que mantiene posada en el lavabo. Hace las veces de palangana. La utiliza con cuidado, al igual que la cuchilla, como si quisiera ensuciar lo mínimo y evitar mojar el suelo. Lo hace como cualquiera lo haría en su casa, en ese intento por que después no haya demasiado que limpiar. El cuidado con lo que lo hace todo apunta a que lo hará. Como, igualmente, es probable que, terminado el baño, la botella vuelva a su macuto con el resto de sus enseres. Las apariencias engañan, cierto es. Pero su equipaje dista mucho de aquel que una persona llevaría en su largo tránsito hacia o desde el aeropuerto. En realidad, en ningún viaje, salvo que consideremos como tal el deambular por las calles de cualquier ciudad, en la búsqueda de un techo o, al menos, de una mirada y una palabra amables. En definitiva, de un refugio, si no físico, al menos emocional, en el que cobijarse.

Noviembre. El viento sur mantiene los termómetros de esta tardía madrugada de otoño en los 13 grados. La información meteorológica del 'smartwatch' (mejor llamarlo con su nombre, aunque sea en inglés, que referirse a él como 'reloj inteligente') muestra un sol. Pero hasta las 07.56 no saldrá. Tras intercambiar un “agur”, dejo al hombre dentro del baño. Tengo prisa, como siempre, como tantas, como tantos. Me dirijo al trabajo. También como él, a lo mejor. Pero, a diferencia, quizá, del suyo, el mío sí me permite mantener un techo digno en el que ducharme cada mañana. No más digno que su propia actitud. La de un ser humano que, como tantos otros, ese lunes y a esa hora, se lavaban y vestían para afrontarlo.

Le costará, pero le invito a que haga el esfuerzo. Inténtelo. Imagine un proyecto colosal, de esos llamados a “hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar”. ¿Demasiado abstracto? Le ayudaré. Vislumbre en su cerebro un edificio de 9.000 metros cuadrados, diseñado por un prestigioso equipo arquitectónico danés, cristaleras que invitan a saltar al mar y, por si eso fuera poco, aunque esto ya pueda situarle al borde de lo imposible, una fachada caminable. ¿Lo ha conseguido? Ya puede despertar, porque esto existe. Pero haga un último esfuerzo: imagine ahora al alcalde bajo cuya gestión se hizo posible la construcción de este coloso de cristal sin protagonismo alguno en su inauguración. Vamos, que lejos de participar en el corte de la cinta, descubrir la placa conmemorativa, o figurar en la foto, dimite solo unos días antes de que abra las puertas lo que, en sus propias palabras, será un “edificio icónico de la ciudad”. Soy consciente de que esto a usted, más que a un sueño, puede asemejársele más a una pesadilla por la visión distópica que traslada. ¿Un político que rehúye de la foto?

Pues despierte y deje de imaginar. Porque todo eso ha pasado. El lunes 20 de octubre se inauguró en Donostia el GOe. No, se equivoca. El acrónimo no proviene del euskera ni del castellano, sino del inglés, Gastronomy Open Ecosystem. Quizá también por esto último haya pensado que, si el acalde bajo cuyo mandato se gestó el proyecto, Eneko Goia (PNV), dejó el cargo solo unos días antes y, por lo tanto, no llegó como tal a la inauguración, es porque el edificio ha sido construido con fondos privados. Vamos, que no hubiera pintado nada en el acto. Ahí erra usted también, se ha construido en suelo cedido por el Ayuntamiento de forma gratuita para los próximos 75 años y, además, de los 26 millones que ha costado su construcción, 24 millones los han puesto las administraciones públicas (18 el Gobierno vasco, 6 la Diputación de Gipuzkoa). Y no, tampoco es un centro de salud, como el que el GOe sí tiene enfrente, el de, como otros tantos, saturado ambulatorio de Gros. Tampoco es una casa de cultura, como la de Okendo, que queda justo a su izquierda, empequeñecida por el enorme edificio recién estrenado. Una universidad sí es, pero no pública, sino privada. Porque el GOE es un centro que gestionará el Basque Culinary Center de Mondragon Unibertsitatea. La matrícula cuesta 10.500 euros al año.

En una ciudad acostumbrada a que se eternicen los proyectos, en solo tres años se ha pasado de anunciar la construcción y mostrar las primeras maquetas del GOe, a su inauguración. En parte, porque ni siquiera se planteó nunca la utilización de su subsuelo para construir aparcamientos para residentes de la zona, donde su carencia se verá ahora agravada por la asistencia diaria de personas trabajadoras y estudiantes que acudirán al GOe. Solo en la jornada de inauguración se anunció la asistencia de 1.200 personas. La oposición vecinal al proyecto ha denunciado, además, que el innegable poder de atracción de un edificio con vistas al Cantábrico y la surfista playa de La Zurriola, agravará el problema de la vivienda en uno de los barrios más caros de una ciudad situada siempre entre las más caras del Estado. De hecho, junto con la cesión de suelo para el edificio, el Ayuntamiento aprobó la construcción en un solar cercano de viviendas para jóvenes. Ahí todavía no han entrado las grúas.

La asociación de vecinos de Ulia la llevó a los tribunales, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha validado la operación urbanística y construcción del edificio en un solar en el que anteriormente había un parque, calificado en redes sociales y comentarios de noticia de periódico, por personas favorables al proyecto, como “meadero y cagadero de perros”. Si lo fuera… ¿no podían haber mejorado esa zona verde? Otros valoran la estética del edificio, como si el hecho de que pueda ser bonito -personalmente, a mí me gusta, pero, ¿hay concepto más ambiguo?- justificara la operación. Incluso, si lo que avalara la necesidad del edificio fuera su fachada caminable, cubierta con vegetación… ¿no podía haberse construido para otro uso?

El GOe se presenta como “epicentro internacional para la ciencia y la innovación en el ámbito gastronómico”. Las asociaciones que han luchado contra la operación invitaron a que ese polo de atracción se construyera en otras zonas más alejadas de la Donostia turística, donde hay más desempleo y necesidad de regeneración urbanística.

La de su inauguración ha sido la crónica de una indigestión. Y, no, desde luego, por sus pintxos de los que, a buen seguro, disfrutaron el lunes quienes fueron invitados a ella, como el ministro de Alimentación del Gobierno español, Luis Planas, o el lehendakari, Imanol Pradales. Mientras ambos, como otras autoridades invitadas, degustaban lo que les servían ataviados con unas gafas que más parecían de astronauta que de comensal, ahí abajo, en frente, en la tierra, cientos de personas protestaban.

Semejante “hito” para la ciudad no contó en su inauguración con un alcalde o alcaldesa en plenas funciones, puesto que Eneko Goia ha dimitido justo en vísperas de la apertura del centro, y quien lo sustituirá al frente del Ayuntamiento, el actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti, cogerá la 'makila' de mando pocos días después. El relevo ha venido por la intención del PNV de que el nuevo alcalde se dé a conocer para afrontar las próximas elecciones municipales. Así las cosas, el estreno contó con una alcaldesa, sí, Nekane Arzallus, pero en funciones. ¿Alcaldesa accidental en el día en el que se inaugura de un edificio llamado a prolongar el denominado ‘marco incomparable’ de la ciudad o alcaldesa por accidente?

Es muy probable que, incluso entre tanta sofisticación, entre las creaciones en miniatura servidas a quienes asistieron al evento no faltara la patata. Con label vasco de calidad. Lo más posible es que en su preparación tiraran más de horno que de microondas, puesto que no es esto último lo que se espera en la alta cocina para elaborar una patata caliente.

Nunca había estado anteriormente en Ponferrada. La víspera de aquella mañana del 26 de marzo de 2001 supe que la concejala Nevenka Fernández había convocado una rueda de prensa en el hotel Temple. Tampoco conocía a la valiente mujer que, 24 años después, daría su nombre a Soy Nevenka, la película de Icíar Bollaín que el Zinemaldia donostiarra acaba de estrenar. Probablemente, era de los pocos periodistas a los que ella no identificaba, puesto que la mayor parte de quienes acudimos a aquella rueda de prensa eran profesionales de medios ponferradinos o de la provincia leonesa. Yo estaba allí porque sabía que algo importante iba a anunciar, pero no exactamente qué.

Todavía recuerdo su rostro agotado, que en la crónica que publiqué al día siguiente en El Día de Valladolid describí como “abatido y triste”. Pero firme a la vez, muy firme, a pesar de sus lágrimas, a la hora de expresar por qué había convocado a la prensa: “Me he querellado contra el alcalde, Ismael Álvarez, por abuso sexual. Porque tengo 26 años y dignidad. Esta me ha mantenido en pie y, ahora, me da el valor necesario para dar la cara”. A partir de ese día, Ponferrada, primero, y Burgos, después, donde se celebró el juicio contra el entonces alcalde y diputado del PP en el parlamento de Castilla y León, pasaron a constituir escenarios referenciales de mi trabajo como periodista.

Acudí varias veces a Ponferrada. Aquella mujer valiente hacía frente a una sociedad que extendía sobre la víctima un poso de culpabilidad o, al menos, de complicidad en la situación de acoso que había sufrido a manos de quien fuera su jefe. Ambos habían mantenido una relación consentida de aproximadamente cuatro meses, hasta enero del año 2000. Cuando ella quiso ponerle fin comenzó el acoso.

Así lo reflejó Fernández en la rueda de prensa del 26 de marzo: “Le expuse que no tenía claros mis sentimientos y que la relación se acababa. Ahí empezó mi infierno. Mi negativa provocó su acoso. Su actitud de presión se produjo en notas manuscritas, mensajes de teléfono móvil, cartas y comentarios”. Aquellos intentos de desacreditación por parte de Álvarez dejaron su huella en Ponferrada, de donde Fernández se vio obligada a salir. Se fue a Londres en el intento de rehacer su vida. En la crónica que publiqué el 28 de marzo, Ángel, un jubilado que prefirió ocultar su apellido, certificaba así el triunfo de aquella campaña de desacreditación: “Es verdad que se decía que se drogaba y que estaba en tratamiento, porque ya no estaba en el pueblo”.

Fernández era consciente de aquello a lo que se enfrentaba, no solo al poder de Álvarez, sino al intento de desacreditación de su persona: “Se ha dicho de mí que estaba en un centro de desintoxicación para drogadictos o en una secta”. La misma crónica recogió el pesimismo de una mujer que caminaba por la calle El Reloj de la ciudad leonesa. Tampoco ella quiso que se revelara su identidad: “Conozco a Nevenka. Sus padres son de aquí de toda la vida: Aunque sea verdad lo que ha denunciado, ya sabemos qué ocurre siempre. Las mujeres tenemos las de perder. Y eso no creo que cambie”. Se equivocó, al menos por esta vez.

La historia es sabida: Ismael Álvarez fue condenado, en sentencia del 30 de mayo de 2002, a indemnizar a Nevenka Fernández con 12.000 euros y a pagar una multa de 6.480 euros. La sentencia no recogió la inhabilitación de Ismael Álvarez, que enfrentó todo el proceso de imputación, así como la vista oral, manteniéndose en sus cargos, lo que blindó su aforamiento. Él se presentó como víctima de una campaña política contra su partido “para hacer daño”. Fue el día en que se conoció la sentencia que lo condenaba cuando dimitió como alcalde y procurador de las Cortes de Castilla y León. “Me voy –dijo- por el cariño que tengo al PP”.

Cuando decidió dar el paso de denunciar públicamente y ante los tribunales el acoso del que fue víctima, Fernández sabía que se enfrentaba a un hombre poderoso y a la incomprensión de una sociedad aún menos evolucionada que la actual en lo relacionado con el feminismo. Lo que, probablemente, nunca esperó, era lo que ocurrió durante la tarde del 30 de abril de 2002. La fecha la he recordado a través de la hemeroteca, pero el momento sigue grabado en mi memoria. Era la sesión del juicio celebrado en Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que le tocó declarar a la propia Nevenka. En cuanto acabó aquella sesión, salí excitado de la sala y lo primero que hice fue coger mi teléfono móvil. Porque en aquella época no existía la transmisión de datos y audios que hoy proporciona whatsapp.

“Justino, ha pasado algo muy muy gordo…”. Mi interlocutor, Justino Sanchón, era mi redactor jefe en El Día de Valladolid, un pequeño periódico nacido dos años antes. Recuerdo que antes de arrancar el coche, puesto que tenía que viajar a Valladolid para redactar la crónica, el propio director del diario, Ricardo Arques, tristemente fallecido el pasado mes de mayo, quiso cerciorar lo que transmití a Sanchón: lo tenía apuntado en mi cuaderno, aquello modificaba la portada de mañana. “¿Lo tienes grabado?”, me preguntó Arques al otro lado del teléfono. Sí, contesté, pero no pude aún escuchar la grabación, debía arrancar el coche y partir a Valladolid. Nos separaba hora y media de largo silencio, puesto que, en aquella época eran escasos los coches con manos libres. En cuanto llegué a la redacción, tenía a Sanchón, Arques y Carlos Blanco, subdirector del periódico, expectantes por aquello que les había dicho por teléfono. Era una cúpula conformada exclusivamente por hombres, algo que, a buen seguro, hoy, casi 25 años después, también habría cambiado.

Aquel iba a ser el tema de portada, pero les había sorprendido que los abundantes teletipos ya transmitidos por las agencias de información, así como los boletines de radio, no aludieran a aquello que yo les había dicho que afirmó el fiscal. Aún no había redes sociales, no había conversaciones públicas al margen de los medios de comunicación. Me aguardaban dos páginas, había mucho que escribir y poco tiempo para el cierre del periódico y, dada la trascendencia que todos habíamos dado a aquellas palabras del fiscal, escuchar la grabación. Ahí estaba, siempre he sido de tomar notas y de tirar de trascripciones solo para entrevistas y temas polémicos, y aquel lo era, y mucho.

Al día siguiente, El Día de Valladolid, cuando aún nadie hablaba de aquello, recogió en la crónica sobre el juicio las palabras exactas (laísmo incluido) con la que el fiscal, José Luis García Ancos, interrogó a Nevenka Fernández: “¿Por qué usted, que no es una empleada de Hipercor que la tocan el trasero y que tiene que aguantar por el pan de sus hijos, por qué usted aguantó?”. Al día siguiente, un festivo 1 de mayo, ningún otro periódico enfocó la crónica de lo que había sido la declaración de Nevenka Fernández a través de la inusitada dureza del fiscal. Pero, con el transcurso de las horas, otros medios comenzaron a hacerse eco de esas palabras, hasta el punto de que ya ese mismo día, recordémoslo, festivo, la Fiscalía General del Estado había decidido abrir diligencias contra Ancos, quien, finalmente, sería apartado, a los pocos días, del caso.

El periodismo había cumplido su función. Un modesto periódico de provincias había puesto el foco en la anormalidad de un interrogatorio, lo que modificó la agenda informativa y la percepción social de lo que debió difundirse, desde el principio, como una anomalía. La valentía la puso Nevenka Fernández, pero el periodismo demostró también su valor. Como algo útil. Vale la pena recordarlo en tiempos de escepticismo en los que todo parece lo mismo.  

Restaurantes con su cocina de gas y sus mesas; barbería; una tiendita como la de cualquier barrio, en cuyo exterior, un pasillo largo, colgaba un pequeño cartel publicitario de Porta, entonces una de las tres compañías que ofrecían servicios de telefonía móvil en el país. No había duda, ahí se vendían, con anuncio y todo, tarjetas de prepago. Como periodista en contacto con presos más sospechosos de ser inocentes y víctimas de un sistema corrupto que culpables, era algo que agradecía, aunque no dejaba de sorprenderme: podía saber qué ocurría en cada momento dentro de la cárcel, solo dependía de que el detenido tuviera saldo en su celular. Varios de ellos, de hecho, formaban parte de mis fuentes estables. De vez en cuando los móviles se los incautaban en alguna redada, más tendente a buscar el pago de coimas a los guías penitenciarios —como se conoce en Ecuador a los funcionarios de prisiones— que a mantener el orden. También había perros y gatos a los que cuidaban como mascotas. Aún más chocante se hacía la presencia de mujeres y niños que entraban en los días de visita, pero que, en algunos casos, pernoctaban allí con sus familiares presos.

La Penitenciaría del Litoral era solo una proyección tras los muros de la violenta división en clases sociales que existía fuera. Quien tenía dinero podía acceder a un rico encebollado o a un cebiche de camarón. Con su cervecita fría. Tenía incluso seguridad propia: había presos que custodiaban la entrada a los pabellones de más alto standing, donde las comodidades abarcaban desde aire acondicionado al ordenador. Por el contrario, durante la hora de la comida que la peni ofrecía a sus huéspedes forzosos, las colas se hacían interminables para quienes solo tenían para ingerir aquellas patas de pollo bañadas en un caldo sospechoso. Quien llegaba último quizás no comía ese día.

La celda de castigo era también, sobre todo, para ellos, para quien no pudiera pagar. Una puerta de hierro daba acceso a una ‘habitación’ de cemento donde una decena de presos cumplía algo peor que un castigo. Semidesnudos y sudorosos, costaba pensar que seres humanos pudieran permanecer mucho tiempo ahí. El olor que emanó de allí en el poco tiempo que este periodista pudo acceder a ella no se olvida. Más tiempo permaneció en ella Daniel Tibi, quien en una entrevista publicada el 21 de enero de 1998 en el periódico Expreso de Guayaquil, la describía así: “Es como un basurero. Un lugar de cuatro paredes con un chorro de agua que supuestamente es para tomar —beber—. Además, hay un hueco para defecar. No hay nada. No entra la luz, hombres tumbados sobre el rígido suelo, ni un solo colchón”. Aquello me lo contó por teléfono, pero fueron varias las veces en las que Tibi y yo nos sentamos en su celda. Allí estaban las guitarras que construía durante el presidio y el ordenador en el que fue plasmando lo que ya entonces era su proyecto de memorias. Ya en libertad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en 2004 que, Tibi, de nacionalidad francesa, fue torturado y acusado de narcotráfico injustamente.  

No era mucho mejor que el de la celda de castigo el hedor que llegaba desde la enfermería, donde algunos presos permanecían tendidos en camastros con escasos signos de atención, salvo algunos vendajes. Era finales de los 90. El abandono de las cárceles presagiaba ya un polvorín. En 1997 el Gobierno anunció un plan de obras destinado a cambiar la situación en aquella Penitenciaría del Litoral, la más poblada de Guayaquil.

Un sistema corrupto

Pasados dos años del anuncio, visitamos aquellas ‘obras’. Lo hicimos, como siempre, acompañados por presos, que eran quienes se encargaban de nuestra seguridad. Una vez que franqueábamos la entrada estábamos en sus manos, no existía autoridad externa. De hecho, en alguna ocasión nos asaltaba el temor de que no nos dejaran salir. ¿Alguien sabía que estábamos dentro? La peni era una microciudad superpoblada, cerrada por muros en la que convivían infractores de las leyes de tráfico, pequeños consumidores de droga, padres separados que no pagaban la pensión de alimentos, violadores, asesinos y víctimas de un sistema corrupto que les acusaba de cualquiera de esos delitos con la finalidad de sacarles una coima.

Visitamos las dependencias donde el Gobierno había anunciado aquellas obras que, entre otras cosas, debían mejorar la cocina y la enfermería, ambas en estado deplorable. En realidad, lo estaba toda la prisión. Casi nada había cambiado, pero pedimos facturas. Y, sorpresa, el presupuesto se había ejecutado. ¿En qué? En diario Expreso publicamos En la peni de Guayaquil se pagaron 1.372 millones por obras de papel. Era el 25 de mayo de 1999. Aquellos muchos millones de sucres suponían, al cambio de entonces, aproximadamente 300.000 dólares, unos 276.000 euros.

Al día siguiente, recibimos una llamada desde Quito. Era desde la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, de la que dependían las prisiones. Nos ‘invitaban’ a viajar a la capital del país para “completar la información”. Les dijimos que no veíamos necesario ese viaje. Si tenían algo nuevo que aportar —no lo hicieron antes de la publicación— podían hacerlo a través del teléfono y por correo electrónico. O acudir ellos a la redacción, situada en Guayaquil, la ciudad más poblada y con la cárcel con más reclusos que les correspondía gestionar.

No recuerdo exactamente las palabras que escuché al otro lado del teléfono, salvo un “usted es extranjero” al que le siguió una especie de “tenga cuidado” y que se cerró, en todo caso, con tono de velada amenaza. Como tal me quedó grabada en el cerebro. La Fiscalía avaló la investigación periodística mediante la apertura de su propia instrucción, pero el fiscal encargado del caso me confesó que el Ministerio Público tenía las manos atadas. ¿Injerencia política? Ni falta hizo. Simplemente, el fiscal no tenía dinero para movilizarse hasta la Penitenciaría del Litoral, situada a más de 20 kilómetros del centro de Guayaquil.

El abandono de la peni llegaba a tal punto que se consideró más práctico construir junto a ella otra cárcel conocida como La Roca, de máxima seguridad, pero de la que ya anteriormente se había fugado José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, jefe de la banda de los Choneros. La Roca fue construida junto a la peni no por mejorar el sistema de reinserción, sino por el temor a la inseguridad, lo que llevó a la élite económica de Guayaquil, la principal ciudad y capital económica del país, a promoverla.

Una situación (casi) sin precedentes

A Fito se le vincula con algunos de los principales carteles de la droga mexicanos. Desde que el pasado 7 de enero se conoció su huida desde la Regional —también construida junto a la Penitenciaría del Litoral ante la dificultad de controlarla— se desató una situación que la ciudadanía ecuatoriana, acostumbrada y resignada a casi todo, nunca había vivido. Bueno, casi. La incursión, el pasado 8 de enero, de personas armadas que se autodefinían como de la mafia enTC, el principal canal de televisión de Ecuador, en pleno directo, recordó a la toma de canales y radios por militares golpistas que aún hoy pervive en otras latitudes. 

La declaración de “guerra interna” por parte del actual presidente, Daniel Noboa, aunque inédita, tiene sus antecedentes en las declaraciones de emergencia y estado de excepción a los que han acudido los distintos gobiernos ecuatorianos. Ecuador ha vivido tiempos de mayor tranquilidad, pero ya en aquellos finales de los 90 los militares irrumpían en las discotecas para obligar a los rezagados de la noche a encerrarse en sus casas ante la violencia que sacudía sus calles.

Las estadísticas hablan de que en los primeros días de este “conflicto armado” contra las bandas hay 1.300 detenidos que seguirán atestando, entre otras, la peni. En esta guerra sin uniformes un simple tatuaje puede llevar a que alguien sea identificado como enemigo. El país, y, sobre todo, la tropical Guayaquil, hizo hace tiempo ya de las armas sus compañeras de baile. El año pasado, el entonces presidente Guillermo Lasso facilitó su compra y tenencia.

El caldo de cultivo de las mafias

También en la peni se ha danzado entre motín y motín violento. La última fiesta ‘privada’ de presos que trascendió tuvo lugar en octubre de 2022. Existieron siempre, pero ahora se graban y se difunden en redes sociales muestras de ese abandono que han hecho de las cárceles un caldo de cultivo para su control por las mafias en un país situado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína. El año pasado la policía ecuatoriana contabilizó 7.592 muertes violentas, lo que sitúa su tasa de homicidios por encima de los 40 por cada 100.000 habitantes.

Ecuador es, ahora mismo, el país más violento de América Latina. Las bandas vinculadas al narcotráfico no respetan a nadie: el 13 de diciembre pasado, cuatro hermanos, entre ellos un bebé de cinco meses, y el mayor, de siete años, fueron acribillados a balazos en su casa. Sus padres sobrevivieron. Esta vez no se puede decir aquello de que corrieron mejor suerte. Fueron víctimas de unos sicarios que, supuestamente, se equivocaron de blanco. Solo en 2023 fueron asesinados en el país 770 niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, difícilmente la población ecuatoriana, con sus elevados índices de pobreza, iba a exigir una mejor atención de la población reclusa. No hace falta acudir a estadísticas antiguas: según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, actualmente el 32% de la población, es decir, prácticamente un tercio de la misma, es pobre. Y un 14% del total de ecuatorianas y ecuatorianos están por debajo del umbral que marca la pobreza extrema. Las actuales cifras suponen un evidente empeoramiento frente al 21,5 y 7,9%, respectivamente, que se alcanzaron en diciembre de 2017 bajo el recién estrenado mandato de Lenin Moreno, quien sucedió a Rafael Correa, del que fue vicepresidente y de quien recogió la herencia de una pobreza y unas cifras de violencia en clara disminución. Correa, quien cogió diez años antes las riendas del país con cifras peores a las actuales, está condenado a ocho años de cárcel por corrupción en el caso Sobornos, en el que la Justicia ecuatoriana lo sentenció tras un proceso que el Gobierno de Bélgica cuestiona con su protección al exmandatario como refugiado político.

Abusos y sobornos

Recuerdo casos de presos de la peni cuyas boletas —órdenes— de libertad ya habían sido emitidas. Pero debían pagar para que llegaran al centro de reclusión y se hicieran efectivas. A veces, el cohecho era para que, por fin, un juez les comunicara la causa que los mantenía privados de libertad. Para ello, debían ser trasladados al Palacio de Justicia de Guayaquil, al que, en la calle, la gente llamaba “la casa de la Moneda”, en una referencia que nada tenía que ver con el palacio presidencial chileno.

Actualmente, el salario básico de un juez es de unos 2.200 euros, según publica en su web el Consejo Nacional de la Judicatura. Proporcionalmente, está muy por encima del de finales de los 90, donde la inflación, además, llegó a ser del 50%. Por su parte, el salario de un guía penitenciario no alcanza los 900 dólares mensuales, 828 euros. Algo superior es el de policías y militares. También en proporción, su situación es ostensiblemente mejor que la de finales de los 90. Con todo, la canasta básica, es decir, el mínimo para que una familia pueda subsistir en Ecuador, era, en 2023, de 766,62 dólares, poco más de 700 euros. Ganarse la vida poniéndola en riesgo sigue cerca del umbral de la pobreza, frente al poder del narco que, según la última estimación del Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG), blanquea cada año unos 3.200 millones de euros en el sistema financiero ecuatoriano.

Algo más parece haber evolucionado en el país: de las coimas se ha pasado a las vacunas que las bandas exigen para que una persona pueda mantener su pequeño negocio, la vida propia y la de su familia. Por lo demás, la vida en la peni parece no haber mejorado. Como prisión más grande de Ecuador, un país en permanente crisis carcelaria, es también la que más muertes encierra tras sus muros. No hay una estadística precisa capaz de sumar tantas, incluidas la de guías penitenciarios, policías y familiares en visita, pero solo en la jornada del 28 de septiembre de 2021 se contabilizaron 119 fallecidos.

Al día siguiente de saber que un juez ecuatoriano había sobreseído su caso tras más de dos años en la peni y de que, por tanto, saldría libre, Tibi me recibió en su celda. Físicamente había mejorado, pero, más allá de su delgadez, su rostro mostraba aún las llagas provocadas por el impétigo, una infección bacteriana, más común en niños. En la cárcel había perdido visión, tenía un pómulo hundido. Me habló de sus memorias. “Ahora tengo un pequeño problema con el título —me confesó, tal y como recogió Expreso el 5 de septiembre de 1997—. No sé si comenzarlo con la palabra circo o con infierno”. Se decantó por esta última. En 2019 veía la luz Dans l'enfer d'une prison équatorienne (‘En el infierno de una prisión ecuatoriana’). 

Guillermo Gurrutxaga Rekondo es periodista y profesor de Periodismo en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)