En las últimas semanas, la Ministra de vivienda Isabel Rodríguez ha hecho una gira mediática para vender su Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, apoyada por infinidad de artículos de opinión que celebran su gran apuesta por la construcción y por las subvenciones directas a los inversores. Pero hay una voz que poco se ha escuchado en esta gira: la de las millones de personas que no aguantamos más esta situación insostenible. El diagnóstico de la Ministra es que falta vivienda pública, pero ignora la otra cara de la moneda que nosotros tenemos tan clara: sobran rentistas. 

El rentismo hace de nuestros hogares una fuente de negocio por dos vías. La primera es el alquiler que pagamos todos los meses. Por eso nuestros caseros cada vez nos cobran más por casas en peor estado y en condiciones de mayor hacinamiento, o directamente nos expulsan para sacar mayor tajada con alquileres temporales y pisos turísticos. La segunda fuente de negocio es la revalorización de las viviendas, como nos demuestra esta nueva burbuja inmobiliaria en la que casi todas las compras son especulativas. El Plan Estatal parte de un diagnóstico incompleto y sus recetas son insuficientes, cuando no directamente erradas, porque no ataca ninguna de estas dos formas de negocio con la vivienda. 

Quizá respondería la ministra que lo hace la Ley de Vivienda, fijando un índice de precios para zonas tensionadas. Insistiría en que el problema es que muchas Comunidades Autónomas no la están aplicando, que si lo hicieran se solucionaría de una vez por todas el mayor problema de nuestra sociedad. Coincidimos en que en Madrid, la presidenta Israel Díaz Ayuso solo abre la boca, además de para comer fruta, para avivar el fuego de la especulación. Ahora bien, la Ministra no se puede escudar en la cuestión competencial, que ya empieza a oler a excusa barata, por muchas razones. 

Para empezar, su índice de precios, tímido y dirigido solo a “grandes tenedores”, en realidad apenas se aplica. ¿Por qué? Porque el Gobierno dejó deliberadamente vías de escape para el negocio especulativo, a pesar de que se lo advertimos una y otra vez. En efecto, en las regiones que reconocen zonas tensionadas, a los caseros les basta con trocear sus pisos en habitaciones, hacer contratos de once meses o alquilarlos a turistas para saltarse la ley. Es competencia estatal extender al alquiler de habitaciones las pocas protecciones que la Ley de Arrendamientos Urbanos concede al alquiler residencial. Es competencia estatal aplicar el índice de precios también a los alquileres temporales y/o reducir su duración a seis meses. Y es competencia estatal reconocer los alquileres indefinidos para que los caseros no puedan expulsarnos de nuestros hogares para convertirlos en pisos turísticos. 

También es competencia estatal eliminar la vergonzante rebaja fiscal en el impuesto de sociedades que disfrutan los fondos buitre desde el año 2013, una medida tomada por el gobierno de Rajoy y que en más de 7 años de gobierno “progresista” aún no se ha derogado. Quizás tenga que ver con la puerta giratoria que en los últimos años lleva directamente del Partido Socialista a la patronal inmobiliaria. 

Nos referimos en concreto a la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ASVAL), impulsada por el fondo buitre Blackstone y presidida desde sus inicios por políticos del PSOE, como Joan Clos y Helena Beunza. Pues bien, resulta que Blackstone es asimismo uno de los fondos que se llena los bolsillos gestionando la venta de las viviendas de la Sareb. Sí, las que habíamos pagado entre todos con el rescate bancario tras la anterior crisis. El otro fondo que gestiona esas ventas es KKR, conocido por sus negocios inmobiliarios en territorios palestinos ocupados por Israel. La Ministra, antes de su gira, nos prometía que las casas de la Sareb pasarían a la recién creada empresa estatal de vivienda sin costarnos ni un solo euro. Ahora sabemos que no era cierto: Blackstone y KKR recibirán una compensación. 

Lo propuesto hasta aquí no solo es competencia estatal, sino que además cuesta cero euros. Contrasta con el Plan de Vivienda, que moviliza siete mil millones de euros, muchos de los cuales podemos adivinar, sin lugar a dudas, dónde acabarán: efectivamente, en el bolsillo de nuestros caseros. El Plan prevé ayudas directas para el alquiler y la compra de viviendas. A primera vista podría parecer una medida progresista. Sin embargo, en un “mercado” intervenido a favor de la especulación, sabemos que la ayuda se traslada a los precios y acaba en manos de los de siempre. Lo mismo que pasa con nuestros sueldos: se los comen nuestros caseros. Entretanto, casi la mitad de las compraventas de vivienda se hace actualmente a tocateja, sin hipoteca, mientras el número de multipropietarios con cinco o más viviendas ha aumentado un 121% desde 2008. 

Además, estas ayudas que tantos titulares acopian están dirigidas tan solo a las personas jóvenes. La Ministra compra el discurso de quienes quieren plantear un conflicto intergeneracional para enmascarar el conflicto de clase. La desigualdad no es entre jóvenes y mayores, sino entre quienes acaparan casas para hacer negocio y quienes las necesitamos para vivir. Los rentistas son menos de un 10% de la sociedad, que además coincide con el 10% más rico, mientras dos millones y medio de inquilinos vivimos en riesgo de pobreza y exclusión social. Una desigualdad que crece precisamente por la transferencia de rentas a través del alquiler: cada mes somos más pobres; cada mes hacemos más ricos a nuestros caseros.

Dentro del inquilinato hay un grupo especialmente afectado: las personas migrantes. Pues bien, si no tienen papeles, el Plan Estatal las excluye de manera explícita. Más de medio millón de personas quedan todavía más desprotegidas si cabe, mientras en el Congreso de los Diputados sigue paralizada su regularización, a pesar de que es fruto de una iniciativa popular que recabó setecientas mil firmas. Recordemos que el 70% de las personas migrantes viven de alquiler, que la inmensa mayoría de ellas no tienen una red económica de apoyo ni expectativas de herencia, que sufren racismo inmobiliario cuando buscan piso y que viven, en muchos casos, en condiciones extremadamente precarias y de hacinamiento. Es muy lamentable que el Plan de Vivienda ahonde en su exclusión. Si la Ministra se acercara a una asamblea inquilina sabría de lo que estamos hablando. 

De todas formas, no todo iban a ser críticas. Podríamos conceder un punto a favor del Plan Estatal, si no fuera porque también se plantea de manera incompleta. La protección permanente de la vivienda pública es esencial, en especial cuando sabemos que si en las últimas décadas no se hubieran privatizado las casas que hemos pagado entre todos, ahora mismo tendríamos más de cinco millones de viviendas públicas, en vez de poco más de trescientas mil. Ahora bien, por un lado, la protección permanente debe ir de la mano de un parque público 100% en alquiler social. ¿De qué sirve apostar por la vivienda pública si siempre estará abierta a acabar en manos privadas? Regular el precio de compraventa por ley no evitará la especulación en B; tan solo un parque público en alquiler permanente tiene la capacidad de acabar con el negocio que suscitan los bienes públicos. 

Por otro lado, disentimos profundamente del modelo actual de vivienda “pública” y que el Plan Estatal no corrige. Sigue dejándose la puerta abierta a que la gestión quede en manos de fondos buitre. El ánimo de lucro de esos fondos es contrario a que las viviendas aseguren un acceso universal y de calidad. En Madrid lo estamos sufriendo. El Plan (mal)Vive es un terreno más de negocio para fondos que incluyen un sobreprecio a través de cláusulas abusivas en los contratos, que obligan a contratar los suministros con empresas de su mismo grupo y que no mantienen las viviendas en condiciones adecuadas de habitabilidad. A los fondos buitre no hay que darles viviendas para explotar, sino expropiarles aquellas que utilizan para explotarnos. Y una manera de empezar sería forzando la compraventa a precio de coste de las 25.000 viviendas de los fondos buitre Blackstone, Cerberus, Ares y Azora para que pasen de forma inmediata al parque público. 

¿Nuestra propuesta? Un nuevo paradigma de vivienda pública que se base en el acceso universal, la gestión comunitaria y la redistribución de la propiedad. Por ello, el gran vacío de este Plan de Vivienda es el apoyo al cooperativismo de vivienda en cesión de uso, un modelo altamente alineado con la lucha antirrentista. Por un lado, los cooperativistas solo adquieren un derecho de uso, de modo que no pueden hacer negocio con la vivienda. Por otro lado, la gestión es colectiva, de modo que quienes habitan un bloque son quienes lo gestionan. El Plan Estatal debería priorizar la cesión de suelo público para esta modalidad de vivienda y proporcionar subvenciones o avales que aseguren su asequibilidad, aparte de impulsar modelos de gestión comunitaria en el parque público actual, sin buitres ni gestores de miseria. 

De todos modos, mientras la Ministra anuncia a bombo y platillo que la ampliación y blindaje del parque de vivienda pública va a ser el quinto pilar del estado de bienestar, la realidad que vivimos es que la Tesorería General de la Seguridad Social está subastando pisos que ya forman parte del patrimonio público, privatizando así la poca vivienda pública de la que podríamos disponer mañana mismo, sin necesidad de hacerle el negocio a las constructoras. Pero sus inquilinos se han organizado y han dejado claro que no se van a ir, por sus casas y por las de todos nosotros. Como decimos siempre desde el Sindicato de Inquilinas: “No nos vamos, ¡nos quedamos!” 

Y es que a través del apoyo mutuo y la organización colectiva es como conseguimos el poder y conquistamos los derechos que los gobiernos y las leyes no nos reconocen. Poder inquilino para quedarnos en nuestras casas indefinidamente, para no aceptar cláusulas abusivas, para construir los barrios que queremos. Lo que el Plan Estatal no hace, lo haremos nosotros y nosotras organizadas: desde cada barrio y desde cada bloque, acabaremos con el negocio de la vivienda.