El 25 de noviembre, Dia Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, transciende la mera efeméride. Es una fecha dedicada a la memoria, a la denuncia y al compromiso colectivo para enfrentar a una situación que nos afecta profundamente y demanda acciones inmediatas. Las violencias machistas continúan siendo una de las violaciones de derechos humanos más preocupantes, constantes y, a menudo, inadvertidas, en el conjunto del planeta.

Esta violencia no es accidental, es la manifestación más aguda de una brecha histórica de la desigualdad. Representa un asalto directo a los principios democráticos y a la dignidad de las mujeres, por el mero hecho de serlo. No es un conjunto de hechos aislados, sino un fenómeno sistémico y estructural. Su erradicación es una responsabilidad ineludible del Estado y, por ende, un requisito ético y moral. 

La magnitud de esta plaga queda clara con las estadísticas: según datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud, el 28,6% de las mujeres y niñas mayores de 15 años en Europa ha experimentado violencia física y/o sexual en algún momento de su vida.

La violencia hacia las mujeres posee un carácter profundamente arraigado. Debido a su naturaleza sistémica, se manifiesta en todas las esferas de la vida: el hogar, los espacios públicos, los espacios digitales, el entorno laboral, contextos políticos e institucionales.

Además de la agresión física evidente, esta violencia se presenta de múltiples formas como el maltrato psicológico, la privación económica, el abuso sexual, la coerción digital o la violencia vicaria. 

En los momentos que vivimos actualmente, resulta esencial destacar una violencia que tiende a pasar desapercibida: la agresión en el entorno digital. Aunque afecta a mujeres de cualquier edad, procedencia social u origen, tiene un efecto particularmente significativo en las vidas de las más jóvenes. 

El espacio digital no es neutral, sino un medio más donde se replican y se magnifican las desigualdades sociales ya existentes. Se caracteriza, además, por una menor regulación y una evolución constante de las dinámicas de abuso. Es importante señalar que ignorar o restar importancia a la violencia digital constituye en si mismo una forma de agresión. En el marco de la legislación catalana, la reforma de la ley 5/2008, realizada mediante la Ley 17/2020, ya contempla la violencia digital como una manifestación específica de la violencia machista, tanto en sus formas de expresión como en los escenarios donde ocurre. El Pacto de Estado contra la violencia de género, renovado en febrero de 2025, también aborda medidas específicas contra la violencia digital, especialmente en la protección de menores, la educación digital como base para la prevención, así como la reparación de las víctimas, tal y como ocurre con el resto de violencias machistas. Sin embargo, sigue siendo imperativo implementar medidas específicas para integrar completamente la lucha contra esta violencia en el entorno digital. 

Las modalidades de la violencia machista en el ámbito digital son varias: incluye el acoso cibernético, la vigilancia mediante geolocalización, la invasión de la esfera privada, el acceso no autorizado a información privada, la explotación sexual a través de plataformas específicas y la difusión de insultos dirigidos a mujeres que tienen presencia pública, como mujeres políticas, periodistas o activistas. 

Esta agresión en línea deja secuelas profundas y duraderas. En las víctimas se generan sentimientos permanentes de miedo, vergüenza, aislamiento e indefensión. La violencia digital intensifica los estereotipos, perjudica la reputación y la dignidad, atenta contra la intimidad y la autonomía, conlleva pérdidas económicas, y limita su participación política y su derecho a la libre expresión. La falta de reconocimiento y la tendencia a normalizar estas situaciones, dificultan que las víctimas busquen ayuda, prolongando el sufrimiento y cronificando los efectos adversos. 

En términos estadísticos, la ONU reporta que más del 73% de las mujeres a nivel mundial han sido objeto o han sufrido alguna forma de violencia en la red. Asimismo, el 90% de las personas que sufren la divulgación de material íntimo de carácter sexual sin su consentimiento son mujeres.

Ante esta cruda realidad, las instituciones están obligadas a actuar con solidez y compromiso, ofreciendo respuestas que sean exhaustivas, innovadoras y eficaces para asegurar una vida libre de violencia. Erradicar la violencia machista en todos los frentes es una condición esencial para construir una sociedad más equitativa, democrática y justa. Una sociedad que aspire a la justicia y a la democracia no puede permitirse la inacción.

Es alarmante, que, ante este contexto, nos sigamos encontrando corrientes negacionistas de la violencia machista que intentan minimizar a desestimar esta realidad. Estas narrativas ideológicas tienen como objetivo minimizar la magnitud del problema, y al hacerlo ponen en riesgo todos los avances sociales y jurídicos logrados gracias a la lucha sostenida del movimiento feminista. Esta negación no solo es inaceptable, sino que es profundamente peligrosa. Negar la violencia machista es atacar directamente a los valores democráticos. 

Defender la igualdad y combatir la violencia machista equivale a proteger la democracia. Poner fin a estas agresiones no es una posibilidad, sino una responsabilidad compartida y un imperativo democrático. 

Nosotras nos comprometemos a retroceder ni un ápice.