En el barranco de Arguineguín no hay fiesta posible. Allí, la realidad es otra: carreteras cortadas y colapsadas, vecinos aislados, fincas dañadas, un riesgo constante y Antonio Morales que no asume públicamente su grave responsabilidad, hasta el punto que por Arguineguin ni aparece.

El agua de lluvia de la cuenca hidrográfica de Arguineguín, se está tirando al mar, salvo la que retiene de momento la Presa de Las Niñas. Pero el gran embalse de Soria está abierto desde poco después de la borrasca Filomena, 2021, que descargó 15 millones de metros cúbicos de agua en las presas, de las cuales 1,3 millones fueron a parar a Soria, 0,91 millones a Chira y 0,42 millones a La Gambueza. Con las cuatro borrascas que siguieron en las presas de Chira y Soria entraron unos 5 millones de m3 de agua de lluvia. Esto sería antes de que REE se hiciera cargo de esas presas y por tanto del agua que contenían. A estas alturas, las presas de Chira y Soria están vacías, porque toda el agua almacenada incluso la que pudiera estar entrando ahora con la borrasca Therese, y la que desborda de la Presa de Las Niñas, se está tirando al mar.

La responsable de esta errática y ruinosa decisión es la multinacional REE a quien Antonio Morales le ha entregado, por espacio de 75 años, prorrogable otros tantos, es decir casi por espacio de 200 años, la propiedad y gestión de toda la agua que capte la cuenca de Arguineguín, y decimos toda el agua de la cuenca de Arguineguín porque Morales ya ha anunciado que también le entregará en breve la Presa de Las Niñas, para que REE la incorpore al complejo hidroeléctrico del Chira-Soria. Así los agricultores y habitantes de Arguineguín y Rampa de Tauro, no tendrán derecho más que al agua, ahora desalada y tratada químicamente, que REE les quiera trasvasar para la agricultura y consumo humano. 

Muy distinta de momento es la situación de la Gran Cuenca Hidrográfica de Tejeda, cuya agua de lluvia en gran medida se retiene en las tres presas del municipio de Tejeda, que se localizan en el cauce del Barranco Grande y el de Taguy-Siberio. La cifra que arroja el paso de esta borrasca Therese, no es menor: más de 11 millones de m3 de agua almacenados en las presas del Parralillo, Siberio y Caidero de Las Niñas, pertenecientes a la Aldea de San Nicolas, aunque todos estos embalses, como hemos dicho, se encuentran en territorio de Tejeda. 

Pero el repique de campanas y la fiesta en la Aldea por el llenado de sus tres presas, pronto tornará en desgracia, dado que en poco tiempo las presas referidas pasarán a manos de REE así como toda el agua que embalsen, porque Antonio Morales así lo ha decidido con el PIO de Gran Canaria, dado que pretende construir otra central hidroeléctrica en el barranco de Los Juncos, aprovechando la fuerza de las agua embalsadas en Parralillo, Siberio y Caldero de Las Niñas. 

La Aldea de San Nicolás, cuando la gestión de estas presas pase a manos de REE, no tendrá la capacidad para decidir qué hacer con esos once millones de m3 de agua embalsada en las tres presas, porque será REE quien tenga la última palabra. 

Y es que a esta multinacional del oligopolio energético, lo del agua de lluvia de esta parte de Gran Canaria, donde se encuentran las cuencas hidrográficas de Arguineguín y Tejeda, le interesa solo para mover sus enormes turbinas que van a instalar para generar electricidad, por eso ahora mientras la obra no esté finalizada, el agua que se embalsa en las presas de Chira y Soria, se tira literalmente barranco abajo en dirección al mar. No es su lucha, porque esta multinacional está aquí para cumplir con un servicio público pero sobre todo para ganar pasta, no olvidemos que el negocio del consumo eléctrico en Canarias mueve un montante de más de cuatro mil millones de euros al año. 

Pero aquí no hablamos solo de agua, hablamos de patrimonio público despilfarrado. Hablamos de decisiones. De compuertas abiertas mientras los barrancos bajan descontrolados. De infraestructuras que no están respondiendo a su función esencial: proteger a la población y aprovechar un recurso escaso. Y hablamos, sobre todo, de prioridades.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, lleva 11 años defendiendo un relato basado en la llamada “ecoisla”. Pero la realidad en el barranco Arguineguín desmonta ese discurso. Tras más de cuatro años de obras vinculadas a su proyecto Chira Soria, promovido junto a Red Eléctrica de España. No se habla de sostenibilidad: se habla de un infierno cotidiano de ruido, polvo, explosiones, tránsito pesado y degradación ambiental en uno de los entornos más sensibles de la isla de Gran Canaria, con hasta siete espacios protegidos dentro de la Red Natura 2000.

Lo que se prometió como almacenamiento energético eficiente se percibe hoy como una intervención agresiva contra el territorio, con efectos colaterales evidentes: alteración de cauces, aumento del riesgo en episodios de lluvia y una gestión del agua que resulta difícil de justificar. Mientras el agua de lluvia —bien común— se pierde en el mar, se impulsa paralelamente un modelo basado en desaladoras para abastecer la cumbre, con un coste económico y energético elevadísimo que pagamos entre todos.

La pregunta es inevitable: ¿cómo se puede defender este modelo sin dar explicaciones? ¿Cómo se justifica que, en plena crisis climática, se desaprovechen millones de litros de agua natural mientras se encarece artificialmente el acceso al recurso?

Pero hay algo aún más grave: el uso sistemático del “interés general” como herramienta para intervenir el territorio. Bajo ese paraguas se facilita la ocupación de suelo, se imponen infraestructuras y se abre la puerta a un modelo donde el viento y el sol —recursos públicos— acaban en manos de un oligopolio energético. Un modelo en el que las instituciones actúan más como gestores al servicio de grandes empresas que como garantes del bienestar de la ciudadanía.

Los resultados están ahí: vecinos aislados, patrimonio natural tensionado, agua desperdiciada y un silencio institucional de Morales y los que le rodean. Once años de gobierno no pueden saldarse con propaganda mientras la realidad se impone con tal crudeza.

Lo que ocurre en el barranco de Arguineguín no es un hecho aislado. Es el síntoma de un modelo fracasado con altísimo coste social y ambiental . Y ya no basta con eslóganes ni relatos. Hace falta asumir responsabilidades, dar explicaciones y, sobre todo, rectificar.

Porque no hay ecoisla posible si el agua se pierde, el territorio se degrada y los ciudadanos quedan atrás.

La llamada “ecoisla” es retórica simplona si no va acompañada de una reflexión crítica sobre la naturaleza del modelo implantado

El debate energético en Gran Canaria merece ser abordado en profundidad. Que desborde los eslóganes institucionales y las simplificaciones interesadas y simplonas de Antonio Morales, y la propaganda oficial de la “ecoisla” con la que trata de aturdir a la ciudadanía.

Reducir la discusión a una apelación genérica a “más renovables” como hace Antonio Morales, equivale a eludir la cuestión central: qué modelo de transición energética se está promoviendo, bajo qué criterios territoriales, con qué distribución de costes y beneficios, y al servicio de qué intereses.

El discurso simplón presenta la aceleración de grandes infraestructuras energéticas como una evidencia de compromiso climático. Sin embargo, lo que se está consolidando en la práctica no es una transición ecológica en sentido democrático y territorialmente equilibrado. Asistimos a la reproducción de un modelo centralizado donde la producción, distribución y control de la energía continúan en torno a los grandes operadores históricos del sector eléctrico.

La cuestión no es oponerse a las energías renovables. Ese sería un falso dilema. La cuestión es que la mera sustitución tecnológica no garantiza por sí misma una transformación del modelo energético si persisten intactas las relaciones de poder económico y territorial que han definido durante décadas el sistema energético convencional.

En este contexto, el proyecto desastre de Chira-Soria constituye un caso paradigmático. Presentado como infraestructura estratégica para la descarbonización insular, su proceso de materialización ha suscitado un profundo debate, legítimo acerca de sus implicaciones territoriales, paisajísticas, hidrológicas y ecológicas, así como sobre el sentido político de una inversión pública enorme, más de 1.000 millones de euros, sin contar el valor del territorio destruido y el agua de lluvia los próximos 75 años manera gratuita a REE para reforzar la posición de las empresas del oligopolio energético dentro del sistema eléctrico insular.

Hace ahora siete años, en marzo del año 2019, un amplio grupo de ciudadanos y ciudadanas, liderados por Julio Cuenca y Antonio González Viéitez, exigieron un debate público con expertos internacionales, ante los destrozos previstos en el barranco de Arguineguín. Morales lo negó. Hoy vemos los resultados y al servicio de quién está Morales y su modelo de transición energética centralizado que favorece a las multinacionales eléctricas.

No puede obviarse que este tipo de proyectos, lejos de inaugurar un modelo distribuido, consolidan una lógica de alta concentración, fuerte dependencia de redes de transporte y una creciente artificialización del territorio.

Algo similar ocurre con la expansión prevista de grandes parques eólicos terrestres, nuevas líneas de evacuación, subestaciones y torres de transporte eléctrico, cuya implantación fragmenta espacios rurales, altera barrancos y multiplica impactos acumulativos sobre un territorio especialmente frágil y limitado. Todo se ha hecho obviando la evaluación ambiental estratégica. 

La discusión se intensifica ahora por dos motivos. El agua de lluvia de Chira-Soria corriendo al mar y la incorporación de la eólica marina en el horizonte energético de Canarias. Sorprende la rapidez con la que se intenta instalar una narrativa de inevitabilidad antes de que exista una deliberación pública suficiente sobre sus efectos en biodiversidad marina, pesca artesanal, paisaje litoral y ordenación del espacio marítimo.

Lo preocupante no es únicamente el contenido de estas decisiones, sino el marco político en que se producen: identifica Morales cualquier objeción territorial, ambiental o social con resistencia al progreso, cuando precisamente la madurez democrática exige distinguir entre transición energética y simple expansión de infraestructuras del oligopolio energético.

Resulta llamativo que, mientras se defiende la ocupación de nuevos espacios naturales o rurales, continúe infrautilizado el enorme potencial de generación distribuida sobre superficies ya transformadas: cubiertas residenciales, infraestructuras turísticas, polígonos industriales, aparcamientos, equipamientos públicos y espacios urbanos consolidados.

La priorización de estos ámbitos permitiría avanzar en renovables reduciendo conflictos territoriales, minimizando impactos ambientales y fortaleciendo la autonomía energética.

A ello debe añadirse el escaso impulso real que siguen recibiendo, el autoconsumo, las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, precisamente las fórmulas que mejor encarnan una democratización material de la energía: descentralización productiva, redistribución de beneficios y participación ciudadana efectiva.

Una contradicción que Morales no puede ocultar: se invoca la transición ecológica, pero debilita el papel de la ciudadanía; se proclama sostenibilidad, pero se subordinan las decisiones territoriales a dinámicas de urgencia política; se habla de interés general, mientras el modelo resultante reproduce dependencias respecto al oligopolio energético.

La llamada “ecoisla” es retórica simplona si no va acompañada de una reflexión crítica sobre la naturaleza del modelo implantado.

La verdadera transición energética no consiste únicamente en cambiar fuentes de energía; exige alterar también la geografía del poder energético, democratizar el acceso, descentralizar la producción y someter toda planificación a criterios rigurosos de justicia territorial y participación pública.

En un territorio como Gran Canaria, donde cada decisión territorial tiene efectos irreversibles, la discusión no es secundaria: es una cuestión de modelo de país, de soberanía territorial y de calidad democrática. Antonio Morales y los que le acompañan en el viaje, los dirigentes de Ben Magec, son conscientes de que su transición está al servicio del oligopolio energético.

En ejercicio de los derechos constitucionales a la participación pública y al control ciudadano de la actividad de las administraciones, nos dirigimos a usted para manifestar, que la reiterada utilización del concepto “ecoisla” como bandera de su gestión constituye, a juicio de los que suscribimos, una distorsión grave de la realidad de Gran Canaria, susceptible de inducir a error en la percepción pública de los efectos reales de las políticas aplicadas durante los últimos 10 años.

La situación actual de Gran Canaria no se corresponde con los parámetros mínimos exigibles a un modelo de sostenibilidad territorial ni con los criterios establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio, evaluación ambiental, protección del paisaje, vivienda o cohesión social. Y es obligación de cualquier cargo público —más aún de quien ostenta la máxima representación insular— ajustarse a dichos marcos normativos y presentar un balance veraz de su acción de gobierno.

En este contexto, resulta imprescindible señalar:

1. Congestión viaria y movilidad. La permanente saturación de las vías principales, sin soluciones efectivas durante los últimos 10 años, constituye un incumplimiento de los principios de movilidad sostenible recogidos en la planificación territorial y en los mandatos europeos. Falta a la verdad de manera permanente al seguir sosteniendo que la isla avanza hacia un modelo ejemplar, resulta incompatible con los indicadores actuales de congestión y colapso diarios de vías claves de comunicación. 

2. Incremento masivo de la capacidad alojativa. La aprobación, por su parte de instrumentos de ordenación, como el PIO, que contemplan en torno a 130.000 nuevas plazas turísticas, plantea serias dudas de compatibilidad con el principio de capacidad de carga territorial, pilar de la doctrina europea y estatal sobre desarrollo sostenible. Ampliar de forma tan drástica la presión turística contradice materialmente el relato de contención y equilibrio.

3. Transformación de barrios y expulsión residencial. Procesos como la gentrificación de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, están generando efectos sociales adversos. Aunque dichos fenómenos son complejos, la responsabilidad pública exige adoptar medidas de corrección, no normalizar el desplazamiento de población residente ni la pérdida de accesibilidad a la vivienda.

4. Intervenciones en espacios de alto valor ambiental. Las decisiones políticas administrativas que han permitido infraestructuras, como la de Red Eléctrica, en el barranco de Arguineguín, requieren una evaluación rigurosa del impacto ambiental y paisajístico, y un análisis de alternativas razonables, conforme exige la ley. Resulta jurídicamente improcedente presentar estas actuaciones como neutras o compatibles sin atender a sus efectos acumulativos.

5. Proliferación de parques eólicos y fotovoltaicos. El despliegue acelerado de instalaciones en manos de grandes operadores en suelos agrícolas o rústicos demanda una revisión exhaustiva del principio de proporcionalidad, del interés público real y de la justicia territorial en la transición energética. La implantación de nuevas torres y líneas de transporte eléctrico incrementa la fragmentación del territorio y exige una evaluación estratégica transparente y participada.

6. Crisis de vivienda y presión demográfica. La ausencia de políticas efectivas frente al alquiler vacacional y la falta de planificación frente al crecimiento, constituyen vulneraciones del derecho a una vivienda digna, cuya garantía corresponde a las administraciones públicas.

7. Emergencia sanitaria y sociosanitaria. La persistencia de personas ocupando camas hospitalarias por falta de recursos asistenciales alternativos evidencia un déficit estructural en la planificación sociosanitaria, incompatible con cualquier afirmación de excelencia o liderazgo en políticas públicas.

Ante todos estos elementos, insistir públicamente en la existencia de una “ecoisla” no se ajusta al principio de veracidad institucional, ni contribuye a un debate democrático honesto. La ciudadanía tiene derecho a recibir información clara, completa y no edulcorada sobre el estado real de su territorio y de los servicios públicos esenciales.

Por ello, instamos a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria a cesar en el uso de eslóganes que no reflejan la realidad, a revisar críticamente las políticas adoptadas y a asumir las responsabilidades públicas que exige la protección del interés general, el respeto al territorio y la defensa de los derechos sociales de la población.

La situación de Gran Canaria requiere menos propaganda y más rigor , más evaluación objetiva y menos relato autocomplaciente. El tiempo del marketing político ha terminado: comienza el de la responsabilidad,