Señor Mazón:

Usted dimitió, sí. Pero lo que ha hecho después no tiene nada que ver con asumir responsabilidades. Tiene más pinta de manual de autoprotección política: aguantar el chaparrón, rebajar la presión y asegurarse de que, pase lo que pase, usted sigue bien colocado. Y ese “después”, más aún que el desastre de la DANA es el verdadero retrato de su forma de entender el poder.

Porque una catástrofe no solo se mide por el lodo o los damnificados. También se mide por la altura moral de quien la enfrenta. Y ahí usted fracasó por partida doble: primero gestionó mal, y luego, en lugar de dar ejemplo, se atrincheró.

Durante la DANA, su papel era inequívoco: tomar el mando, informar con precisión, anticipar lo que venía y dar la cara donde hacía falta. No se le eligió para escudarse tras frases como “yo no era el operativo”. Usted no era un técnico. Usted era el presidente. Y en una crisis, el liderazgo no se delega, se ejerce. Lo suyo fue desaparición, no dirección.

Pero lo peor vino después. Porque no se trataba solo de dimitir. Se trataba de asumir consecuencias, de comprender la gravedad de lo ocurrido. Y usted convirtió la dimisión en un simple trámite: sin autocrítica, sin reparación, sin una mínima señal de haber entendido el golpe institucional. Su prioridad, al parecer, no fue reconstruir confianza, sino recolocarse cómodamente.

Así que ahí lo tenemos: despacho de expresidente, apoyo administrativo, cargos internos, y todo ello blindado con dinero público. ¿En serio? ¿Después de la gestión que dejó tras la DANA, ese es el camino? ¿Cree que a la gente le indigna solo el desastre? No. Lo que de verdad quema es la impunidad posterior. El “yo caigo, pero caigo de pie”.

Y lo más grave: nombrar asesor a su anterior jefe de gabinete. Un cargo a medida, pagado por todos. Una jugada que, por mucho que usted la disfrace de legalidad, huele a lo que es: premio. Recompensa. Protección al núcleo duro. Usted podrá insistir en que es legal, que está en el reglamento, que es eventual. Pero a la ciudadanía no le interesan ya las justificaciones técnicas. Lo que ve es otra cosa: ve a un político que, tras una crisis, sigue manejando recursos públicos como si fueran fichas de su tablero personal.

Le diré algo, aunque no quiera escucharlo: esto no es solo discutible. Es obsceno. Y aunque intente maquillar las formas, el fondo es brutalmente claro: está pagando fidelidades con dinero de todos. Está usando la estructura institucional como refugio propio. Está haciendo clientelismo. Y lo más ofensivo: lo hace con la convicción de que puede salirse con la suya.

No nos hable de “legalidad”. Esa excusa está muy manida. La corrupción, la de verdad, la que descompone democracias, no empieza siempre en lo ilegal. Empieza antes: en lo moral. En la costumbre del privilegio. En la arrogancia del que cree que “esto es lo normal”. Ese es el barro que no se ve, pero que lo ensucia todo. Nunca mejor dicho.

Usted, señor Mazón, ha dejado claro que no entiende lo esencial: la política no es un premio, es una carga. Y cuando se gestiona mal una tragedia y se pierde la confianza pública, no basta con marcharse. Hay que asumir el coste. Hay que retirarse sin condiciones. Hay que aceptar que no se puede perder el respeto de la gente y, al mismo tiempo, seguir disfrutando de los privilegios del cargo.

Por eso, sin rodeos:

Si aún le queda un mínimo de respeto institucional, renuncie ya a la oficina de expresidente y a cualquier estructura que se interprete como un premio tras la caída. No acomode a su gente en la administración. No insista, este feo, muy feo. Deje de aceptar cargos o beneficios internos que refuercen la imagen de que “siempre hay un lugar para los nuestros”.

Y, sobre todo: deje de comportarse como si la dimisión fuera una exoneración. No lo es. Es solo el primer paso de un examen mucho más largo. Le hablo sin eufemismos: usted no solo debía cumplir la ley, debía preservar la confianza pública y su conducta, lejos de aliviar el daño institucional, la ha agravado. La gente no espera explicaciones, espera hechos, espera que, al menos una vez, alguien diga: “sí, fallé, y no voy a beneficiarme ni un día más del sistema”. Deje la política y márchese a su casa.

Usted dimitió. Ahora le toca lo más difícil: actuar como alguien que ha comprendido por qué.

¡Márchese Sr. Mazón, Márchese!

Hay ideas que, aunque no estén bien definidas en términos legales, tienen mucho peso en el debate público. “Prioridad nacional” es una de ellas. No forma parte como tal del marco jurídico español, pero cada vez aparece más en la conversación política. Y como pasa con otras expresiones aparentemente neutras, su fuerza está menos en lo que dice literalmente y más en lo que deja entrever.

En esencia, propone algo sencillo: que los recursos, derechos o servicios se asignen primero a quienes ellos consideran “de aquí” frente a quienes no. El problema es que, cuando se aplica a la migración, deja de ser una idea inocente. En la práctica, introduce una jerarquía basada en el origen de las personas, y eso choca directamente con principios básicos del Estado de derecho, como la igualdad ante la ley.

España no es ajena a este giro. En los últimos años, la migración ha pasado de entenderse como un fenómeno estructural, ligado al empleo, la demografía o las relaciones internacionales, a convertirse en un terreno cargado de simbolismo político. Se ha simplificado hasta el punto de presentarla como una amenaza difusa: inseguridad, saturación de servicios públicos, pérdida de identidad. En ese contexto, la “prioridad nacional” aparece como una respuesta rápida, casi automática: proteger “lo nuestro”.

Pero ese planteamiento tiene varias aristas. La primera es económica. España necesita la migración, no como consigna, sino como realidad. Sectores como la agricultura, los cuidados, la construcción o la hostelería dependen en gran medida de trabajadores extranjeros. Apostar por excluir o priorizar de forma rígida no solo es injusto, también resulta poco práctico. Es como pegarse un tiro en el pie mientras se promete estabilidad.

La segunda es jurídica. La Constitución no establece ciudadanos de primera y de segunda en lo que respecta a derechos fundamentales. Es cierto que la situación legal de las personas extranjeras tiene matices, pero el principio de igualdad y la prohibición de discriminación marcan límites claros. Llevar la “prioridad nacional” a la práctica implicaría forzar ese marco, si no directamente vulnerarlo, con el consiguiente riesgo de conflictos legales continuos.

La tercera, y quizá la más delicada, es social. Dividir entre un “nosotros” que hay que proteger y un “ellos” que queda fuera genera tensiones profundas. No solo afecta a quienes llegan, sino también a quienes ya forman parte de la sociedad. Porque esa frontera entre “los de dentro” y “los de fuera” nunca es fija: hoy puede señalar a los migrantes, mañana a quienes se han nacionalizado, pasado a cualquier colectivo que encaje en la categoría de “diferente”. Europa ya ha vivido dinámicas así y sus consecuencias no son un misterio.

Además, este tipo de enfoque tiende a desviar la atención. Es más sencillo culpar al migrante que entrar de lleno en problemas estructurales como la precariedad laboral, las carencias en los servicios públicos o la falta de planificación. Se construye un culpable claro, mientras lo importante sigue sin resolverse.

Esto no significa negar que la migración plantee retos. Los hay, y son reales: gestión de fronteras, sistemas de acogida exigidos al límite, integración, coordinación a nivel europeo. Pero responder con mensajes simplistas no ayuda; al contrario, complica más las cosas. Las políticas públicas necesitan análisis serios y soluciones que se sostengan en el tiempo, no respuestas impulsivas basadas en identidades.

Hablar de migración exige, antes que nada, honestidad. Y esa honestidad pasa por asumir que la división entre “ellos” y “nosotros” ya no describe la realidad. España es, y seguirá siendo, una sociedad diversa. La cuestión no es si aceptar eso o no, sino cómo gestionarlo de manera justa, eficaz y coherente con los valores democráticos.

Al final, más allá de etiquetas como migrante, nacional o extranjero, hay personas. Y ese debería ser el punto de partida. Ni el origen, ni la cultura ni la religión pueden servir para establecer jerarquías en una democracia que aspire a ser sólida. La calidad de un gobierno no se mide por a quién deja fuera, sino por cómo protege la dignidad de todos. Apostar por la persona no es ingenuidad; es, en realidad, lo que ha permitido construir sociedades más justas. Todo lo demás, por mucho que se presente como “prioridad”, acaba siendo una renuncia.

Su intervención, de marcado carácter técnico y distinta al tono habitual de la comisión, puso el foco en la operativa policial

Las comisiones de investigación suelen moverse entre dos extremos: el señalamiento político y la reconstrucción técnica de los hechos. La intervención de Vicente Martínez Guillem en el Senado se situó claramente en el segundo terreno. Más que un alegato defensivo, fue una exposición detallada de cómo se gestionó la respuesta policial durante la DANA, qué funcionó y qué falló en aquellos momentos.

La comparecencia se articuló en torno a tres ejes que atravesaron toda la sesión: la explicación técnica de la gestión de la emergencia, la constatación de fallos de coordinación institucional —especialmente en el Cecopi— y el clima político que impregnó parte del debate parlamentario.

Martínez Guillem, que durante la DANA ejercía como comisario principal y jefe provincial de Valencia, habló desde una perspectiva claramente operativa. Se centró en explicar cómo se trabajó sobre el terreno, cómo se organizó la respuesta policial y qué limitaciones estructurales condicionaron la gestión en tiempo real.

Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la insistencia en la descoordinación del Cecopi, el órgano concebido para integrar la respuesta entre administraciones. Señaló problemas de comunicación, dificultades para centralizar la información y momentos de falta de claridad en la toma de decisiones. No lo planteó como una crítica partidista, sino como una descripción técnica de lo ocurrido en una crisis que, por su magnitud, superó los mecanismos previstos.

Al mismo tiempo, explicó que la operativa policial se mantuvo activa y constante: comunicación interna permanente, activación progresiva de recursos, prioridad absoluta a la asistencia a la población afectada y, casi en paralelo, refuerzo de la seguridad y del orden público. Su relato dibuja una intervención basada en decisiones continuas, ajustes constantes y adaptación a un escenario que se agravaba por momentos.

La comparecencia también dejó en evidencia la distancia entre la gestión sobre el terreno y la estructura institucional encargada de coordinarla. Mientras los equipos actuaban, el sistema de coordinación mostraba las tensiones propias de una emergencia de gran escala. Esa brecha entre operativa y arquitectura institucional fue uno de los ejes de fondo de su intervención.

Sin embargo, el debate no se mantuvo únicamente en el plano técnico. El tono político apareció con fuerza, especialmente en las intervenciones del senador del Partido Popular, el señor Santamaría. Sus intervenciones introdujeron momentos de confrontación con otros senadores y desplazaron parcialmente el foco hacia el terreno partidista. El contraste fue evidente: frente a una exposición centrada en procedimientos y gestión de crisis, emergía una dinámica parlamentaria orientada al reproche y la atribución de responsabilidades.

En algunos momentos, dio la impresión de que se pretendía situar la política por encima incluso de los límites legales, exigiendo respuestas a cualquier precio. Y no es así. Más aún cuando se intentó forzar al compareciente para que revelara conversaciones de un canal interno de mensajería policial, “INBOX”, utilizado para comunicaciones operativas. Resulta llamativo que quien ha sido subdelegado del Gobierno parezca obviar cuestiones básicas como el secreto de las comunicaciones o la protección de datos. Tal vez sea el papel político el que empuja a ciertas sobreactuaciones. El comisario, por su parte, volvió a mostrar firmeza e integridad al no entrar en ese juego.

El resultado fue una comparecencia que reflejó, en sí misma, la complejidad del episodio analizado: una emergencia real, una estructura institucional tensionada y un debate político inevitable.

En conjunto, el testimonio de Martínez Guillem aporta una lectura que combina operativa y estructura. Por un lado, muestra cómo se sostuvo la respuesta policial en un contexto de incertidumbre y presión. Por otro, subraya la necesidad de revisar los mecanismos de coordinación interadministrativa cuando se enfrentan a catástrofes de gran magnitud.

Más que un relato épico o acusatorio, su intervención funcionó como una reconstrucción desde dentro de la crisis: decisiones tomadas en tiempo real, coordinación imperfecta y un sistema que tuvo que adaptarse sobre la marcha mientras la emergencia ya estaba en curso. Una síntesis que no solo explica qué ocurrió, sino cómo respondió el engranaje institucional cuando fue sometido a una prueba extrema.

Y así concluye una sesión más. Una puesta en escena, a veces cercana al sainete, donde los actores políticos se saludan fuera de foco, pero al oír “acción” interpretan su papel con intensidad. Porque, al final, estas comisiones tienen poco de investigación y mucho de “comisión”. Y eso, a nuestros políticos, parece no disgustarles.

Una trayectoria marcada por respuestas defensivas, falta de autocrítica y ausencia de reformas internas profundas

Hablar de corrupción dentro del Partido Popular siempre ha sido un asunto incómodo para el propio partido. No solo por el tamaño y la gravedad de algunos casos que han salpicado a cargos públicos y estructuras territoriales, sino porque, durante años, ha costado asumir que el problema podía ir más allá de conductas individuales y apuntar a fallos más profundos. O quizás, simplemente sea más sencillo. No les da la gana.

A lo largo de las décadas de democracia, el PP ha pasado por numerosos procesos judiciales y escándalos políticos relacionados con financiación irregular, adjudicaciones públicas o redes clientelares. Más allá de las condenas concretas o de los nombres propios, el debate de fondo sigue siendo otro: la dificultad del partido para abordar estos episodios con verdadera transparencia y con voluntad de cambios estructurales.

La línea de defensa habitual ha sido presentar cada caso como un hecho aislado, fruto de decisiones personales. Sin embargo, esa explicación ha convivido durante años con una percepción social persistente de falta de autocrítica y de respuestas internas contundentes. Ni cuando ha gobernado ni cuando ha estado en la oposición se ha consolidado una estrategia clara de regeneración que vaya más allá de relevos de liderazgo o de códigos éticos de copia y pega. Se continúa pensando que con la técnica del Avestruz. Así les va.

Reconocer la corrupción como un problema endémico en las organizaciones políticas no  tiene un coste político evidente ( el partido popular debe de pensar lo contrario) tan solo implica admitir cambios en los controles internos, en la cultura organizativa y en la selección de dirigentes. Ahora bien, el coste de no hacerlo es evidente, porque mina la credibilidad institucional y alimenta la desconfianza ciudadana.

Por eso, la cuestión no es solo qué casos han existido, sino qué respuestas estructurales se han impulsado para evitar que se repitan. Y ahí surge la crítica principal: la sensación de que las reacciones han sido más defensivas que transformadoras, más centradas en proteger la imagen del partido que en reforzar de verdad los mecanismos de prevención y rendición de cuentas. Y por supuesto sin reformas internas ni de gobierno.

En una democracia, los partidos no se valoran únicamente por sus programas o su capacidad de gestión, sino también por cómo afrontan sus propias sombras. La corrupción no desaparece ignorándola ni reduciéndola a episodios del pasado. Se combate con transparencia, controles eficaces y asunción de responsabilidades políticas. Y ese sigue siendo uno de los retos más incómodos (y pendientes) para el Partido Popular, que continúa esquivando el problema caso tras caso.

Esta incomodidad no es una idea abstracta: tiene nombres, etapas y antecedentes claros. La trayectoria del PP en democracia está marcada por algunos de los casos de corrupción más sonados de la política española y valenciana. La trama Gürtel, la financiación irregular investigada en el caso Bárcenas, los múltiples frentes territoriales, o el impacto institucional de los casos Lezo y Púnica han dejado una huella difícil de separar de la historia reciente del partido. O los erial, cooperación, terra mítica, emarsa, Brugal o la y la trama valenciana de la Gürtel.

En muchos de estos episodios hubo sentencias firmes, condenas a cargos públicos y responsabilidades penales individuales reconocidas. Aun así, la crítica política ha persistido en otro plano: la percepción de que la respuesta orgánica del partido fue, de nuevo, reactiva y no preventiva; más orientada a contener el daño mediático que a revisar a fondo los sistemas internos de control, supervisión y selección de cargos. Y, casi siempre, acompañada del recurso“y tú más”.

El problema no desaparece cuando el partido pasa a la oposición, ni se soluciona automáticamente al volver al gobierno. La falta de reformas internas percibidas como profundas, sostenidas y verificables ha reforzado la idea de que la corrupción se gestiona como una crisis puntual, no como un riesgo estructural.

Un ejemplo reciente de este patrón, esta vez en la administración local, se ha dado en Alicante, con la polémica adjudicación de viviendas de protección pública en una promoción construida sobre suelo municipal. Varias de estas viviendas, destinadas en teoría a facilitar el acceso a la vivienda a personas con ingresos limitados, acabaron en manos de cargos públicos, técnicos municipales o familiares directos de responsables políticos del Partido Popular. Pero siguen siendo casos aislados. ¡Qué vergüenza!

El caso ha provocado dimisiones y la apertura de investigaciones administrativas y judiciales, pero volvió a poner sobre la mesa una cuestión recurrente: más allá de las responsabilidades individuales, la existencia de fallos en los mecanismos de control, transparencia y prevención de conflictos de interés. Una vez más reabre el debate sobre si las respuestas del partido se limitan a cuando el escándalo ya es público, sin abordar de forma profunda las debilidades estructurales que permiten que este tipo de situaciones se repitan en distintos niveles territoriales.

Así se cierra el círculo: cada caso, pasado o presente, refuerza la sensación de que el verdadero desafío no es solo depurar responsabilidades cuando estalla un escándalo, sino construir mecanismos eficaces que impidan que vuelva a ocurrir. Y ese sigue siendo el punto más incómodo del debate interno.

Todos sabemos aquello de: “si quieres que algo cambie, empieza por hacer algo diferente” con el partido popular lo tenemos claro. Por lo tanto, la pregunta no es si volverá a ocurrir, si no, cuando y donde será el próximo caso de corrupción.

Por momentos, nuestros gobernantes parecen acostumbrarse a que la intimidad sea un bien frágil. Lo nuevo no es que se filtren datos, sino a quién se le filtran. Que entre los afectados figure el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras la exposición de datos detectada entre el 22 y el 23 de enero de 2026, no es un simple episodio más de ciberdelincuencia: es un síntoma preocupante de debilidad institucional.

La publicación de datos personales (DNI, teléfonos, direcciones) de responsables públicos no es una gamberrada digital ni un acto de exhibicionismo hacker. Es una ruptura grave del contrato implícito entre ciudadanía y Estado: el de la protección de la información sensible que el propio sistema exige a quienes ejercen responsabilidades públicas.

Porque lo relevante no es solo quién filtra, sino desde dónde se exfiltra. Todo apunta a que los datos no proceden de un ataque único y reciente, sino de la reutilización de bases de datos comprometidas con anterioridad. Es decir, información que ya estaba fuera de control, circulando, acumulándose, esperando el momento oportuno para ser utilizada. Y ese dato es demoledor y preocupante. No se tenía conocimiento del hecho, ni cuándo ni cómo.

Tampoco hay, por ahora, certezas sobre quién está detrás de la filtración. El alias utilizado “Eurogosth” encaja en una tipología ya conocida: perfiles anónimos, sin rastro público estable, que operan desde foros cerrados y canales de mensajería cifrada. La experiencia reciente indica que estos ataques pueden proceder tanto de hacktivistas con motivaciones políticas o ideológicas, como de actores oportunistas que reutilizan bases de datos antiguas para ganar notoriedad o ejercer presión. No se puede descartar tampoco la actuación de terceros ajenos a la administración pública, que acceden a información previamente comprometida sin necesidad de vulnerar directamente sistemas institucionales. En todos los casos, el denominador común no es la sofisticación técnica, sino la existencia previa de datos expuestos y mal protegidos.

De entre todos los datos expuestos, el número de teléfono es especialmente sensible. No por lo que revela, sino por todo lo que permite. Con un teléfono móvil, un ciberdelincuente puede intentar suplantaciones de identidad, fraudes, acoso directo, extorsión, introducción de malware, control remoto o preparar ataques posteriores de ingeniería social. El teléfono se ha convertido en el eje de la vida digital: identificador, canal de confianza y, en muchos casos, segundo factor de verificación. Cuando se filtra, no se expone solo un contacto, se compromete un perímetro entero de seguridad personal, profesional y en este caso, institucional.

Y aquí aparece una cuestión relevante que, por ahora, permanece sin respuesta pública. Desde la Generalitat Valenciana no se ha comunicado qué medidas concretas se han adoptado para proteger ese número de teléfono expuesto: si se ha reforzado su seguridad o si, sencillamente, se ha dado de baja y sustituido por otro, algo que desde el punto de vista básico de ciberseguridad sería la opción más recomendable. O si ha existido una brecha de datos en la generalitat. El silencio no implica dejación, pero sí evidencia una carencia: la falta de una política clara de comunicación ante incidentes de seguridad que afectan a cargos públicos. En este caso, al primero de los valencianos.

La Comunitat Valenciana no es una excepción. Pero tampoco puede refugiarse en el “mal de muchos”. Si los datos personales de un presidente autonómico pueden terminar en un canal de mensajería o en un foro clandestino, ¿qué garantías reales tiene la ciudadanía valenciana sobre su propia información? Ya respondo yo. ¿Ninguna!

Este tipo de filtraciones tiene además un efecto perverso: normaliza el señalamiento. Hoy son los cargos públicos; mañana, cualquier persona vinculada a ellos. Se difuminan las fronteras entre control democrático, escrutinio legítimo y acoso. Y en ese terreno resbaladizo, la democracia siempre pierde.

Este episodio debería abrir algo más que diligencias policiales. Debería provocar una auditoría profunda de cómo se gestionan, almacenan y protegen los datos personales en las administraciones públicas, y una reflexión incómoda: quizá hemos legislado mucho sobre privacidad, pero hemos invertido poco en hacerla real, o lo que es peor, que no se encuentre en la agenda política de nuestras instituciones.

La difusión de datos personales como teléfonos, direcciones o documentos identificativos está protegida por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Estas normas obligan a las administraciones públicas a adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para prevenir accesos no autorizados y, en caso de brecha, a evaluar riesgos, mitigar daños y comunicar con transparencia cuando pueda existir un impacto significativo para los afectados. La protección de datos no es solo cumplimiento normativo, es calidad democrática.

La pregunta no es si volverá a ocurrir. La pregunta es qué estamos haciendo para que no sea inevitable. Porque cuando el poder queda desnudo, lo que se ve no es solo su vulnerabilidad, sino la del sistema entero.

No es baladí que, tras recibir la información que remitió el PSOE al juez, este decidiera abrir una pieza separada por blanqueo de capitales y financiación ilegal. Algo debió llamar la atención en los asuntos contables. La apertura de esta nueva línea de investigación sugiere que el contenido de los justificantes y documentos aportados no fueron, precisamente, tranquilizadores.

Para entender lo que está en juego, conviene detenerse un momento en dos conceptos que a veces se mencionan sin mucha profundidad: financiación ilegal y blanqueo de capitales. No son tecnicismos. Son líneas que, si se cruzan, comprometen la legitimidad de todo el sistema.

La financiación ilegal sucede cuando un partido político mueve dinero por fuera de los límites legales. Puede ser a través de donaciones prohibidas, gastos que exceden lo permitido, cajas paralelas o pagos en efectivo sin rastro. Estas reglas no están por gusto. Buscan que todos los partidos compitan en igualdad de condiciones, y evitar que el poder político se compre con talonarios o favores.

El blanqueo de capitales es aún más grave: es hacer pasar por legal un dinero cuyo origen es ilícito. Aunque se asocia muchas veces al crimen organizado, en política también puede ocurrir cuando hay fondos opacos, pagos fraccionados o movimientos en efectivo hechos para esquivar controles. Además de Atentar contra la economía formal del estado y socavar el estado del bienestar. Por eso, el dinero en efectivo sin origen claro es una alerta roja para los organismos de control.

Cuando una causa judicial apunta a estas prácticas dentro de un partido democrático, el daño no se mide solo por lo que diga un juez. El golpe es ético, profundo, y deja una marca duradera.

Primero, porque erosiona la calidad democrática. Votar está bien, pero también necesitamos confiar en que quienes gobiernan cumplen las reglas básicas. Si esas reglas parecen opcionales para quienes mandan, la desconfianza crece. Y no es fácil revertirla.

Después, porque afecta al buen gobierno. No se pueden pedir políticas públicas limpias si el propio partido no mantiene limpias sus cuentas. La opacidad interna suele ir de la mano con atajos, controles laxos y confusión entre lo que es partido y lo que es institución.

Y también, porque golpea la lucha contra la corrupción. España ya viene arrastrando escándalos que desgastaron la confianza en las instituciones. Cuando aparecen nuevas sombras sobre partidos en el poder, no solo se cuestiona a esos partidos: se debilita el mensaje contra la corrupción y se alimenta el cinismo de muchos ciudadanos. A veces cuesta no preguntarse si de verdad alguien predica con el ejemplo.

En el caso del PSOE, el efecto puede ser todavía más fuerte. No hablamos de un actor menor. Es un partido central en la historia democrática del país, y ha hecho bandera de la transparencia y la regeneración política. Justamente por eso, su nivel de exigencia debería ser más alto. No alcanza con dejar todo en manos de los tribunales. Hay una responsabilidad política que exige explicaciones claras, transparencia total y, si corresponde, consecuencias reales.

Si hace unos días escribía sobre “los monstruos de la política” refiriéndome al partido popular y el daño que hacia su inacción regeneradora y nada democrática decisión de mantener al “innombrable” en la primera línea política, imagínate las consecuencias si todo esto se confirma. Me vienen unas cuantas: la ejemplaridad de los partidos, la gestión del dinero público y privado o el daño que las sospechas de opacidad causan a la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Esto no va de anticipar culpables ni de armar juicios paralelos. Va de entender que la democracia también se desgasta cuando se normalizan zonas grises. Cuando el dinero entra por la puerta de atrás, la confianza ciudadana suele ser la que se va por la ventana. Y eso es algo que ningún gobierno debería permitirse. Mucho menos, en su propia casa.

La renuncia de Carlos Mazón como president de la Generalitat pudo haber sido una oportunidad para hacer una pausa, reflexionar y asumir responsabilidades con seriedad. Inclusive partir de cero. Pero el Partido Popular ha decidido recolocarlo casi de inmediato al frente de la Comisión de Reglamento de las Corts, dejando claro que la prioridad no era renovar nada, ni cambiar nada, sino proteger al suyo. Y eso dice mucho, no solo del PP, sino del funcionamiento político en la Comunitat Valenciana.

La Comisión de Reglamento no es un cargo cualquiera. Ahí se fijan las reglas internas del Parlamento, se marcan los equilibrios entre partidos y se definen los procedimientos que dan forma al debate democrático. Es, en resumen, la comisión que pone orden al juego político. Por eso, quien la presida debería tener un perfil neutral, con autoridad moral y cierta distancia con el mal gobierno. Nombrar a Mazón, recién salido del despacho presidencial, para ese puesto manda justo el mensaje contrario. Pero tranquilos, que no cunda el pánico, esa comisión no se ha reunido nunca en dos años de gobierno. Todo un mensaje. Ahora bien, el señor Mazón cobrará 637 euros al mes, 8.918 euros al año, por no hacer nada.

Lo que ha hecho el PP valenciano es aplicar una lógica interna de partido: proteger al líder caído, evitar movimientos bruscos y que siga de aforado, por si las “moscas”. Se entiende desde la maquinaria partidista tradicional, caduca y trasnochada, esa que huele a naftalina, pero no desde la lógica del buen gobierno y la calidad democrática.

Una dimisión no debería convertirse en un simple trámite que se borra en unos días con un nuevo puesto. Si la salida de un presidente no tiene consecuencias reales, el mensaje que le llega a la gente es desolador: que en política nadie cae del todo, que siempre hay una silla esperando y que la responsabilidad es, en el fondo, solo un gesto vacío.

Y esto no es solo cosa del PP. Es un patrón que arrastra toda la política española. Pero aquí, en la Comunitat Valenciana, pesa más por el momento que vivimos: creciente desconfianza ciudadana, polarización en aumento y una sensación general de que las instituciones no están a la altura. En ese contexto, recolocar tan rápido a Mazón no solo es inoportuno. Es contraproducente.

Lo más saludable, y coherente con una democracia que se respete a sí misma, habría sido que se apartara un tiempo de la primera línea. Darle espacio a su salida, permitir que su dimisión tuviera un peso real. Esa distancia no solo es un gesto de responsabilidad; es también una forma de reconstruir confianza en las instituciones.

Pero el PP no ha querido. Y esa decisión deja ver dos cosas: que no saben gestionar transiciones y que el pacto alcanzado para conseguir que dimitiera, no solo era quien sería su sucesor. El problema es que lo que les fortalece a corto plazo como partido, debilita a largo plazo al sistema institucional.

El PP ha perdido una oportunidad clave de mostrar que su líder saliente asumía responsabilidades de verdad. Ha preferido blindarlo antes que dar ejemplo. Ha dejado claro que, una vez más, proteger al partido está por encima de regenerar las instituciones o recuperar la confianza ciudadana. La familia, es la familia.

Porque al final, lo que está en juego no es solo un nombramiento más. Es una forma de entender la política. Y con gestos como este, queda claro que en el PP valenciano siguen sin entender que una democracia no solo necesita leyes, también necesita señales claras de que el poder tiene límites.

La decisión resulta aún más cuestionable si se pone en contexto con un episodio reciente y especialmente delicado: la gestión de la DANA que nos golpeó duramente, donde más nos duele, con la pérdida de vidas humanas. Aquel temporal dejó barrios anegados, infraestructuras colapsadas y a miles de personas esperando respuestas que el Consell no supo dar con la rapidez necesaria. La falta de previsión, la lenta coordinación de emergencias y la respuesta institucional tardía, sobre todo en los municipios más castigados, generaron críticas, incluso desde alcaldías del propio Partido Popular. Esa gestión dejó al descubierto fisuras claras en la credibilidad del Ejecutivo y aceleró un desgaste que terminó con la salida forzosa de Mazón.

Que, después de una emergencia mal gestionada, el partido decida recolocar a su expresident en un órgano clave del Parlamento lanza un mensaje peligroso: que los errores graves no tienen consecuencias políticas reales, o que, si las tienen, duran apenas un suspiro.