Fuentes de la empresa Senda Sostenible, S.L. (Senda Green), radicada en la calle Serrano, 21, Madrid, y perteneciente al fondo de inversión suizo White Summit Capital, han confirmado que un alto representante político del Cabildo de Gran Canaria les ha pedido permiso para incluir la información relativa a las Comunidades Energéticas Villa de Agüimes y la de Valleseco en la página web www.comunidades energética grancanaria.com, adscrita al Consejo Insular de Energía del Cabildo Insular. La misma fuente nos ha corroborado que promueve y gestiona varias comunidades energéticas más en la isla de la que no nos ha facilitado sus nombres. 

La razón de dicha petición viene motivada por la intención de hacer pasar al Cabildo como promotor de ambas comunidades energéticas, cuando en realidad la corporación insular no ha tenido nada que ver en su constitución. Por su parte, el Ayuntamiento de Agüimes hace 

lo propio y se atribuye parte del rédito político de la cocreación de la Comunidad Energética de Agüimes. Ninguna de las dos instituciones menciona que la empresa promotora y gestora de la comunidad energética es Senda Sostenible, S.L. 

En noticia publicada por el Canarias7 el 15 de febrero de 2022, el Consejo Insular de Energía aparece como institución de apoyo en la gestación de la comunidad energética del municipio, cuando en realidad la corporación insular tampoco ha tenido nada que ver en su creación ni gestión. De hecho, el nombre de la empresa promotora y gestora, Senda Sostenible, S.L (Senda Green), no aparece mencionada en el mismo. Canarias7 enfoca la noticia de manera que es el Cabildo quien aparentemente ostenta el liderazgo en la actuación.

No es coincidencia que la sede de comunidades energéticas de Gran Canaria, que como hemos explicado es una web creada por el Cabildo y gestionada por el Consejo Insular de Energía, sea en la Carretera del Dragonal, 31 (junto al Jardín Canario), exactamente el mismo domicilio que tiene la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), gestionada por la consultora Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa. Las OTC fueron ideadas por el Gobierno central para asesorar y acompañar la creación de comunidades energéticas y de autoconsumo en España. Están financiadas por el IDAE a través de los Fondos NextGenEU y tampoco tienen nada que ver con el Cabildo. 

El Cabildo de Gran Canaria se atribuye también la creación de las OTC, tal y como se expone en la web www.energiagrancanaria.com, página creada por el Consejo Insular de Energía, adscrito al Cabildo de Gran Canaria: 

“La Oficina de Transformación Comunitaria y Transición Energética de Gran Canaria (OTC – GC) nace como brazo vertebrador de las iniciativas promovidas por el Cabildo Insular de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC) en materia de energías renovables, adaptación al cambio climático y eficiencia energética”.

Quien verdaderamente gestiona la OTC de Gran Canaria es Tragsatec, filial de Tragsa, empresa pública que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por tanto, el procedimiento de arrogación de méritos por parte del Cabildo consiste en utilizar su propia marca para crear otra marca, el Consejo Insular de Energía, que a su vez crea la marca Comunidades Energéticas, con su propia web, que es quien supuestamente asesora y gestiona las comunidades energéticas de la isla. La realidad es que la labor de asesoramiento, diseño, acompañamiento y gestión de las comunidades energéticas que el Cabildo afirma haber realizado las efectúa Tragsatec o Senda Sostenible, S.L., ambas, empresas con intereses particulares. 

La vinculación de Tragsatec con el Cabildo y el Gobierno de Canarias es más que estrecha: 

1. Tragsatec es la empresa recurrente elegida por el Gobierno de Canarias y el Cabildo para la construcción y gestión de decenas de estaciones desalinizadoras de agua marina en Gran Canaria. Por tanto, uno de los pilares del fructífero negocio de Tragsatec es la desalinización de agua marina. 

2. El Gobierno de Canarias encomendó a Tragsatec la redacción de los siete planes hidrológicos de las siete islas mayores por 2.800.000 euros. Ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, han aportado una sola coma al proyecto. ¿Qué creen ustedes que dice Tragsatec en los siete planes hidrológicos de Canarias con respecto a los recursos naturales de agua subterránea? Que no hay suficiente. Por tanto, la conclusión no puede ser otra que construir desalinizadoras por doquier, que es precisamente el negocio de Tragsatec. 

3. Tragsa forma parte de la SEPI, que a su vez ostenta el 20% de las participaciones de Red Eléctrica. Por tanto, es Tragsa, y no el Cabildo ni el Gobierno de Canarias, quien controla desde arriba los proyectos de Central Hidroeléctrica Chira-Soria y de las comunidades energéticas de Gran Canaria, proyectos cuyo mérito de promoción se arroga el Cabildo de Gran Canaria. 

4. Tragsatec fue la empresa elegida por el Gobierno de Canarias para redactar la Evaluación de Impacto Ambiental de Chira-Soria, a pesar de que dicha empresa forma parte de Red Eléctrica a través de su participación en la SEPI. Claramente, el GobCan y el Cabildo han obviado el conflicto de intereses de Tragsatec para garantizar su participación como actor independiente y objetivo. ¿Cómo puede ser objetiva una empresa que redacta un documento crucial para la aceptación de un proyecto, cuando dicha empresa tiene intereses directos en ese proyecto? 

5. Uno de los aspectos más controvertidos de dicha evaluación es que Tragsatec ignora las masas de agua superficiales y subterráneas de la zona de afectación del proyecto. Lógicamente, la Evaluación de Impacto Ambiental está redactada de tal manera que se obvian todos y cada uno de los impactos ambientales ocasionados por la ejecución de las obras para dirigir la conclusión del documento a la aceptación unánime de la Estación Desalinizadora de Agua de Mar asociada al proyecto. Tragsatec cierra filas alrededor de Red Eléctrica, el Gobierno de Canarias y el Cabildo.

6. Tragsatec controla y gestiona directamente los Fondos NextGenEU y decide qué proyectos promover. En el caso de Gran Canaria, Tragsatec está detrás de Chira Soria y de las comunidades energéticas. El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias no son más que títeres manejados por el Estado para representar el guiñol increíble de la transición energética. 

7. La Comunidad Energética de Siete Palmas, que para el Cabildo es la joya de la corona de su propaganda institucional, ha contratado a través del Consejo Insular de Energía a la empresa Solar 360 para la instalación de las placas fotovoltaicas en varias cubiertas de edificios en el mencionado barrio capitalino. Solar 360 es REPSOL. 

Senda Sostenible, S.L. y Tragsatec son los verdaderos impulsores de la transición energética extractiva que lamentablemente sufrimos en Gran Canaria. Ambas empresas promueven y gestionan los proyectos y obtienen los mayores beneficios económicos. Los ciudadanos, como siempre, seguimos mirando a Antonio Morales como si se tratara del Dalai Lama mientras nuestros bolsillos enriquecen a BlackRock, Vanguard, Florentino Pérez y el fondo de inversión suizo White Summit Capital. La transición energética es la nueva sangría de Canarias. He aquí la piedra filosofal de la ecoisla.

Los colectivos ecologistas Ben Magec, Turcón y La Vinca, pertenecientes todos ellos a la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, han presentado esta semana sendos recursos de reposición contra el Decreto 138/2025, que modifica el Reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo, aprobado por Decreto 226/2017, de 13 de noviembre. 

El fin que estas asociaciones persiguen es la exoneración de los efectos jurídicos que derivan de la aplicación del mencionado Decreto, máxime cuando, según alegan en sus respectivas redes sociales, las asociaciones son “entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades ambientales, educativas o culturales dirigidas a la ciudadanía, al tiempo que amplía el concepto de turismo activo hasta incluir acciones formativas y divulgativas.” Además, las asociaciones señalan la legitimidad de los canarios frente a los turistas a ejercer su derecho a “conocer nuestra historia, nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, sin ánimo de lucro (...)” 

Cabe señalar que el artículo 3, apartado a, del Decreto contempla la exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento a: “Los clubes, asociaciones, sociedades, federaciones deportivas y demás entidades sin ánimo de lucro, cuando organicen sus actividades en la naturaleza que estén dirigidas única y exclusivamente a sus personas asociadas o afiliadas, y no al público en general.” Por tanto, en principio, el Reglamento no sería de aplicación para las asociaciones ecologistas. ¿Entonces, por qué insisten estas asociaciones en que se modifique la redacción del Reglamento para que los artículos 2 y 3 no surtan efecto sobre ellas? La respuesta es clara. Porque estas asociaciones cobran una cantidad económica por la participación de sus personas asociadas y del público en general. Habida cuenta que el número máximo de participantes en sus excursiones es de 55 personas y que todas están obligadas a pagar un precio, que suele rondar los 15 euros, queda claro que hay ánimo de lucro. Por tanto, los colectivos ecologistas se contradicen al exigir no ser tratados como empresas de turismo activo, ya que en el momento en que anuncian sus excursiones y fijan un precio de venta al público, sin cumplir con todas las garantías de seguridad y competencia exigidas a las empresas de turismo activo, estarían participando en el mercado turístico del sector incurriendo así en un posible caso de competencia desleal e intrusismo profesional. 

Por otra parte, el artículo 2 del Reglamento dice lo siguiente: “El presente Reglamento será de aplicación a las actividades de turismo activo, que comprende las de recreo, deportivas, de aventura, de apreciación, de conocimiento y de interacción, (...) a las que le es inherente un factor riesgo o cierto grado de destreza o información específica y conocimiento previos. Asimismo, forman parte del turismo activo, las acciones formativas, informativas o divulgativas en cualquier ámbito cultural, medioambiental u otros análogos, que se realizan en el desarrollo de dichas actividades.” Claramente, el legislador busca garantizar la seguridad de los participantes en aquellas actividades con riesgo inherente, independientemente de la modalidad o tipo de senderismo practicado. Guiar a un grupo de personas por la naturaleza conlleva riesgos varios de los que un colectivo ecologista no debe quedar exento. 

En el momento en que una asociación anuncia una excursión de senderismo y la ofrece al público en general a cambio de un precio, no solo hay ánimo de lucro, sino que se establece una relación comercial y contractual entre el organizador y los participantes que no tiene lugar cuando la actividad es sin ánimo de lucro y se desarrolla estrictamente en el ámbito de los miembros de la asociación. En todo caso, es obligatorio que el organizador suscriba un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidente, ya que un seguro genérico de una asociación no es suficiente. Si un participante sufriera un accidente y se demostrara que la organización fue negligente (por no haber un guía cualificado, por tratarse de una ruta inadecuada para el nivel físico del grupo, por obviar las condiciones meteorológicas, etc.), el colectivo ecologista respondería con su patrimonio. En caso de accidente grave o muerte, la responsabilidad del colectivo ecologista pasaría a ser penal. 

Por estos motivos, el Reglamento obliga al organizador a contratar un guía cualificado, que cuente con la formación, experiencia y conocimientos necesarios para evaluar todas las variables inherentes al desarrollo de una excursión, de manera que la pueda conducir de forma profesional y segura, además de socorrer a posibles víctimas y salvar sus vidas en situaciones extremas, algo para lo que un miembro de un grupo ecologista, en principio, no estaría formado. Como se puede ver, el hecho de que la actividad de senderismo sea de carácter deportivo, ambiental, educacional o contemplativo es indiferente a la hora de actuar con rapidez, conocimiento y solvencia en una situación de emergencia. 

Otro factor a tener en cuenta es que el organizador de una excursión de senderismo tiene el deber de custodia del grupo, estableciendo para ello una ratio apropiada y razonable de guías según el número de participantes, la dificultad del terreno, las condiciones meteorológicas, la experiencia y edad del grupo y los objetivos de la actividad que garanticen la seguridad del grupo. Aunque estas ratios no vienen especificados por ley, al menos en Canarias, existe abundante y bien establecida jurisprudencia al respecto. La práctica común entre las empresas de turismo activo es seguir las recomendaciones técnicas de las federaciones de montañismo, que establecen ratios de 1:10 a 1:15 como referencia general, y aplicar el sentido común y el principio de prudencia. En el caso de los colectivos ecologistas, cuyas excursiones suelen tener varias horas de duración, frecuentemente en zonas abruptas y de no fácil acceso, de dificultad media y en las que suelen participar hasta 55 personas, se recomendaría al menos que el grupo estuviera acompañado por tres guías cualificados y debidamente acreditados. La pretensión de los colectivos ecologistas a quedar eximidos del Reglamento de Turismo Activo demuestra una actitud irresponsable de cara a garantizar la integridad física y la seguridad de los participantes de sus excursiones. 

En resumen, si las asociaciones ecologistas quieren seguir organizando excursiones de senderismo dirigidas al público en general a cambio de un precio de venta, están obligadas a constituirse formalmente como empresas o cooperativas e inscribirse en el registro de turismo activo del Gobierno de Canarias, por lo que estarían obligadas a suscribir un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes, además de asegurar que el personal que desarrolla la actividad está debidamente cualificado para ejercer la función de guía. 

Por todo lo dicho, al Gobierno de Canarias no le queda más opción que rechazar de plano el recurso presentado por las asociaciones ecologistas. Aceptarlo no solo supondría una flagrante contradicción con el espíritu y el texto del Reglamento, sino que además pondría en grave riesgo la seguridad de las personas, distorsionaría la competencia leal en el sector y debilitaría la protección del medio natural. Asimismo, es imperativo y esperable que las propias asociaciones profesionales de turismo activo alcen su voz públicamente para defender, de manera unánime, los intereses de un sector regulado, la preservación del entorno y, sobre todo, la integridad de quienes practican senderismo en Canarias.