Los datos conocidos al cierre de este curso escolar nos obligan a reflexionar con urgencia. El reciente informe de UNICEF sobre infancia, adolescencia y bienestar digital revela que, en Castilla-La Mancha, un 14,4% de las niñas, niños y adolescentes de entre 11 y 18 años sufre malestar emocional crónico, y que el riesgo suicida detectado roza el 7%. Ante este escenario, desde el Consejo General de la Psicología de España y los colegios profesionales se insiste de forma unánime en que la detección temprana es vital y el sistema educativo, el escenario clave. Sin embargo, hay una etapa crucial en la biografía de cualquier estudiante donde este escudo emocional tiende a debilitarse: el cambio de Primaria a Secundaria.

Pasar del colegio al instituto supone una transición compleja. El alumnado deja atrás un entorno cohesionado y cercano para integrarse en la dinámica de un instituto, con una mayor presión académica y en plena ebullición adolescente. Las propias evaluaciones de las administraciones educativas reconocen que los planes de transición entre etapas son fundamentales para evitar el desenganche escolar. Si este proceso ya supone un reto para cualquier estudiante, para quienes tienen necesidades educativas especiales o realidades neurodivergentes, la falta de una continuidad fluida en los apoyos puede disparar situaciones de vulnerabilidad emocional, ansiedad o aislamiento.

Es aquí donde la teoría de la ley debe trasladarse a la realidad de los centros. La LOMLOE sitúa el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la inclusión educativa en el centro del debate. Sobre el papel, el marco legal es garantista y apuesta por una escuela que no deje a nadie atrás. Sin embargo, transformar la norma en una práctica cotidiana requiere dotar a los centros de las herramientas necesarias. Un entorno inclusivo no depende de la voluntad individual del profesorado, sino de una estructura que permita una atención personalizada.

Al llegar a Secundaria, las necesidades de apoyo en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) a menudo se enfrentan a una mayor dispersión horaria y a una carga burocrática que limita el tiempo de intervención directa. Los departamentos de orientación realizan una labor encomiable, pero la optimización de sus ratios sigue siendo una tarea pendiente para garantizar que el bienestar emocional sea un eje prioritario en el día a día.

La inclusión educativa no es una meta estática, sino un proceso continuo que exige el compromiso de toda la comunidad. En Familias por la Inclusión Educativa en Castilla-La Mancha lo saben bien. Esta entidad regional realiza una labor fundamental como nexo, acompañando a madres y padres que buscan asegurar que sus hijas e hijos mantengan en el instituto las condiciones necesarias para su pleno desarrollo. El testimonio de estas familias es un termómetro imprescindible para el sistema porque nos recuerda que detrás de cada dictamen de escolarización hay una persona joven que necesita sentirse segura, comprendida y respaldada emocionalmente en su nuevo entorno.

El desafío de la salud mental en el ámbito educativo no se resuelve con medidas aisladas. El camino a seguir pasa por una alianza proactiva entre las administraciones, el profesorado y las organizaciones sociales. Es necesario reforzar los recursos de orientación en el paso clave a la Secundaria, flexibilizar las estructuras organizativas y escuchar activamente la experiencia acumulada por las asociaciones de familias. Solo coordinando esfuerzos lograremos que la inclusión sea una realidad consolidada en nuestra región, asegurando que cada joven cuente con el escudo emocional y el entorno seguro al que tiene derecho para construir su futuro.

Este mes de junio, miles de docentes se han vuelto a examinar en colegios, institutos, pabellones y universidades de toda España para acceder a una plaza pública de educación. El ambiente, como ocurre cada año, reflejaba una enorme tensión acumulada a través de rostros cansados por la falta de sueño, apuntes repasados de forma compulsiva en los pasillos y una densa sensación de presión flotando en el aire.

La paradoja, sin embargo, no reside en los nervios lógicos de jugarse un puesto de trabajo, sino en la contradicción pedagógica de un sistema que exige a gritos innovar en las aulas mientras evalúa a su futuro profesorado con las herramientas de selección del siglo pasado.

La actual ley educativa, la LOMLOE, ha transformado el diseño curricular de nuestros colegios introduciendo unos principios teóricos que resultan indiscutibles. Su enfoque busca desterrar la memorización pura y dura para priorizar la evaluación por competencias, fomentar la inclusión, potenciar el pensamiento crítico y convertir la curiosidad del alumnado en el verdadero motor del aprendizaje dentro de las aulas.

Desde las instituciones y los centros se insiste constantemente en que el aprendizaje basado en proyectos y las situaciones de aprendizaje sostienen el futuro del modelo, asumiendo que buscamos profesionales de la docencia capaces de ser creativos y despertar vocaciones, en lugar de perfiles que se limiten a repetir contenidos de forma mecánica.

La fase inicial del concurso-oposición reduce la evaluación a una prueba de resistencia y memorización abstracta. En unas pocas horas, cada aspirante debe reproducir de forma idéntica un tema extraído al azar de un temario desfasado, resolver un supuesto práctico bajo la rigidez de los tiempos marcados y, posteriormente, defender una programación didáctica ante un tribunal que arrastra el agotamiento de evaluar a decenas de personas en tiempo récord.

La indignación ha rozado el absurdo en algunas sedes donde se ha llegado a restringir el uso de abanicos bajo el argumento de evitar ruidos o posibles marcas identificativas en los ejercicios

En este proceso no se mide la madurez pedagógica ni la capacidad para conectar con el aula; tampoco se evalúan esas habilidades humanas esenciales que definen la buena docencia, como la gestión del conflicto y el entusiasmo por enseñar.

Para colmo, las elevadas temperaturas y las carencias en la ventilación inciden directamente en el desarrollo de estas pruebas, afectando tanto al colectivo aspirante como a los tribunales en instalaciones que no están preparadas para el periodo estival. La indignación ha rozado el absurdo en algunas sedes donde se ha llegado a restringir el uso de abanicos bajo el argumento de evitar ruidos o posibles marcas identificativas en los ejercicios. Esta situación de desamparo en los centros coincide, además, con un clima de profunda desafección y protestas generalizadas en el sector, donde el profesorado exige mejoras en las ratios, la adecuación de las plantillas e inversiones reales en unas infraestructuras expuestas año tras año a temperaturas extremas. Resulta contradictorio exigir la creación de entornos de aprendizaje saludables y libres de estrés cuando el propio sistema de acceso a la docencia ignora por completo el bienestar físico y emocional de los profesionales.

De este modo, el sistema perpetúa una dinámica de alta presión desde el inicio de la carrera pública, transmitiendo a la comunidad docente el contradictorio mensaje de que para implantar nuevos modelos educativos es necesario superar antes un filtro estrictamente tradicional y memorístico. Quienes consiguen plaza no son necesariamente los mejores perfiles pedagógicos, sino quienes mejor sobreviven a un embudo de selección desfasado.

Si el objetivo real es aplicar con éxito los nuevos enfoques educativos y evitar que las leyes se conviertan en papel mojado, el primer paso debe ser reestructurar la forma en que se evalúa y selecciona al profesorado. Necesitamos pruebas que valoren la práctica real, periodos de prácticas tutorizados con un enfoque formativo y dinámicas capaces de medir las habilidades sociales indispensables en un aula moderna.

Porque mientras la puerta de entrada a la docencia siga basándose en la acumulación de datos y el contenido retenido a última hora, el modelo educativo continuará arrastrando su peor defecto, ya que no podemos pedirle al profesorado que enseñe a pensar, a razonar y a cuestionar el mundo si para llegar al aula primero se le exige superar un filtro puramente mecánico.

Termina junio, y como cada año, las aulas se cierran, las notas se entregan y los colegios se despiden de un curso intenso marcando el habitual compás de espera hasta septiembre. 

A partir de aquí, el debate público se llena rápidamente de los balances habituales, y plenamente legítimos, sobre el calendario escolar o el eterno reto de la conciliación familiar, acompañados de las necesarias demandas docentes de inversión frente al calor en las aulas, mayor dotación de profesionales y estabilidad en las plantillas.

Sin embargo, junto a estas urgentes reivindicaciones estructurales, es de justicia visibilizar también lo que late en el interior de las comunidades educativas: la huella de aquellas experiencias pedagógicas que demuestran que, cuando al alumnado se le dota de voz, iniciativa y responsabilidad, su rendimiento y su motivación brillan con luz propia.

La innovación educativa ya no es un experimento aislado de docentes entusiastas; es una tendencia estructural que las estadísticas de las administraciones consolidan año tras año.

Un ejemplo paradigmático de esta transformación educomunicativa lo encontramos en el reciente informe de 'La Radio Escolar en España', publicado por el INTEF y el Ministerio de Educación.

El estudio derriba el mito del profesor navegando en solitario; refleja que en el 87% de los centros que apuestan por las ondas, el proyecto se saca adelante gracias al trabajo colaborativo del profesorado, impactando de forma multidisciplinar.

Como bien argumentaba el maestro Mario Kaplún, una verdadera educación no consiste en la mera transmisión de contenidos de un emisor a un receptor de forma unidireccional, sino en un proceso dialógico donde el aprendizaje nace de la propia acción de comunicarse y problematizar la realidad.

La innovación educativa ya no es un experimento aislado de docentes entusiastas; es una tendencia estructural que las estadísticas de las administraciones consolidan año tras año

Este enfoque transforma las aulas en laboratorios mediáticos donde el rol tradicional del alumnado se dinamita.

Siguiendo las tesis de expertos como Roberto Aparici, el alumnado deja de ser un mero consumidor pasivo de medios para transformarse en prosumidor: un agente capaz de recibir información de manera crítica, procesarla con autonomía y producir sus propios contenidos con impacto en su entorno.  

El beneficio pedagógico de esta soberanía mediática es incontestable: el 94% del profesorado afirma que esta herramienta mejora la expresión oral del alumnado. Del mismo modo, las evaluaciones del Consejo Escolar del Estado avalan que el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y las metodologías activas mejoran sustancialmente la retención de conocimientos y la motivación intrínseca frente a los modelos puramente memorísticos. La evidencia es tozuda: situar al alumnado detrás del micrófono funciona.

El gran aprendizaje que nos deja este curso es que estas buenas prácticas no son adornos curriculares ni un taller de entretenimiento, sino el motor ideal para abordar con éxito los dos grandes desafíos estructurales del día a día: la atención a la diversidad y la convivencia. Pensemos en la inclusión.

En un sistema educativo donde el 85,2% del alumnado con necesidades educativas especiales está escolarizado en centros ordinarios, la personalización del aprendizaje es una obligación inapelable. En las ondas, aquellos alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje o necesidades específicas de apoyo educativo encuentran un espacio amable donde la expresión oral diluye la rigidez de la página escrita. Al convertirse en creadores de su propio mensaje, su autoestima se refuerza y se genera un clima de empatía mutua dentro del aula que reduce de forma natural los niveles de exclusión.  

Por todo ello, el verano que ahora comienza no debe ser un simple paréntesis de inactividad o un apagón pedagógico, sino el laboratorio perfecto para proyectar el futuro. El enorme compromiso y el talento que los claustros demuestran cada día en nuestra región son, sin lugar a dudas, el mejor patrimonio de nuestro sistema educativo.

El verdadero desafío de cara al próximo curso no es empezar de cero, sino consolidar y dar estabilidad a una infraestructura que ya está en marcha. Iniciativas institucionales de la región como la Red de Radios Escolares de Castilla-La Mancha o el lanzamiento de 'Onda Educativa CLM' demuestran que la administración autonómica ha entendido el valor estratégico de esta herramienta, superando ya los 250 centros conectados a las ondas: un ecosistema vivo al que se acaban de sumar proyectos tan ilusionantes como el nacimiento de 'Radio Tiza' en el CEIP Carlos V de Albacete, que se inaugurará oficialmente el próximo curso.

Si queremos que este despliegue siga creciendo y se consolide de forma sostenible en el tiempo, el paso natural es continuar potenciando los recursos estructurales que respaldan la dedicación de los claustros. Esto nos invita a seguir impulsando espacios específicos de coordinación dentro de la jornada del profesorado, favorecer la estabilidad de las plantillas que asegure la continuidad de estos proyectos pedagógicos y avanzar hacia una progresiva optimización de las ratios.

Repensar la escuela hoy es mirar con optimismo hacia septiembre, celebrando el camino educomunicativo recorrido en nuestra región, pero con la certeza de que solo la dotación de recursos humanos y profesionales estables consolidará la innovación y la inclusión en la normalidad de cada día.

El bienestar emocional en las aulas españolas atraviesa un momento crítico que exige atención inmediata. El informe “El estado de la salud mental en el aula 2025”, elaborado por Fundación MAPFRE y Siena Educación, revela un dato alarmante: el 56% del profesorado califica la salud mental de su alumnado como regular. Esta cifra debería activar todas las alertas en el sistema educativo y en la sociedad.

El estudio, que combina 850 respuestas cuantitativas y 16 grupos de discusión cualitativos, dibuja una radiografía inquietante. La ansiedad se ha convertido en el principal problema en las aulas, y 9 de cada 10 docentes la señalan entre los tres trastornos más frecuentes. Este fenómeno no es aislado, sino consecuencia de factores externos y relacionales que impactan directamente en la vida del alumnado.

El profesorado identifica los problemas familiares y la influencia de las redes sociales como los factores más determinantes para el bienestar emocional del alumnado.

El 60,6% considera que los conflictos en el hogar son el elemento más influyente, mientras que el 57,1% apunta a las redes sociales como un riesgo creciente, muy por encima de la presión académica. El consenso sobre el impacto negativo de estas plataformas es casi absoluto. El 97,9% del profesorado cree que afectan al bienestar emocional, y el principal efecto detectado es la generación de inseguridad y baja autoestima, señalada por el 72,5%. Entre los contenidos más dañinos destacan los estándares de belleza irreales, que preocupan al 33,2%, y el contenido violento, que inquieta al 27,3%. Además, el 74% opina que el uso excesivo de estas plataformas reduce la capacidad del alumnado para gestionar sus emociones.

El entorno familiar es otro pilar clave. Los estilos parentales extremos, ya sean muy permisivos o excesivamente autoritarios, son considerados factores decisivos por el 85,9% del profesorado. A esto se suman situaciones como separaciones o divorcios recientes, que influyen en el bienestar emocional según el 76,6% del profesorado. Sin embargo, más de la mitad del profesorado considera que solo en el 53,2% de los casos las familias identifican y atienden adecuadamente los problemas de salud mental de sus hijos.

El informe también pone el foco en la salud mental del profesorado. Aunque la mayoría la valora como buena o muy buena, existe un desgaste evidente en el ejercicio de la docencia. El estrés afecta al 31,2%, la falta de motivación al 24,5%, y la irritabilidad al 21,1%. La mitad del profesorado reconoce que esta carga emocional reduce su capacidad para detectar problemas en el alumnado. A ello se suman obstáculos estructurales como la falta de tiempo, mencionada por el 79,8% y la falta de formación, señalada por el 60,3%. De hecho, casi un tercio del profesorado admite no sentirse cualificado para identificar problemas de salud mental en su alumnado.

Las demandas del profesorado son claras y contundentes. El 94,7% considera imprescindible la creación de protocolos de salud mental en los centros educativos. Además, el 26,8% reclama más formación, el 16,8% pide la incorporación de psicólogos escolares y profesionales de apoyo, y el 9,1% solicita una mayor implicación de las familias. También se destaca la necesidad de promover un uso crítico de las redes sociales, una medida respaldada por el 76% del profesorado. En cuanto a estrategias preventivas, el deporte se posiciona como la actividad más eficaz para ayudar al alumnado a gestionar el estrés, con un respaldo del 63,3%, muy por encima de otras opciones como el arte, la música o el voluntariado.

En paralelo, el Barómetro de Opinión de UNICEF 2025 advierte que uno de cada cuatro jóvenes recibió tratamiento psicológico en el último año y más de la mitad no pide ayuda cuando detecta un problema. El estudio internacional de AXA sitúa a los jóvenes como el grupo con peor salud mental en España: el 70% sufre estrés elevado y el 25% depresión severa. El Observatorio de la Infancia alerta de que el 55% de los jóvenes ha pensado en suicidarse y el 18% lo ha intentado.

El profesorado tampoco escapa a esta crisis. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que 2 de cada 5 docentes sufren agotamiento, ansiedad o depresión, y un 33% manifiesta apatía. La sobrecarga laboral y la falta de recursos son factores que intensifican el malestar.

Los datos son contundentes. La salud mental del alumnado y del profesorado no puede seguir siendo un tema secundario. Es una urgencia que exige protocolos claros, formación específica y una coordinación efectiva entre familias, docentes y profesionales sanitarios. Actuar ahora no es una opción, es una necesidad.

Con motivo del Día Internacional contra la Soledad No Deseada, este artículo busca poner en el centro un problema que avanza silencioso y que afecta a millones de personas en España.

La soledad no deseada no ocupa titulares, pero avanza en miles de hogares españoles. Lo que parecía una circunstancia aislada se ha convertido en un problema estructural que afecta con especial intensidad a la Generación Z y también a las personas mayores. La evidencia reciente confirma que el aislamiento no deseado es hoy un determinante social del malestar emocional y del deterioro de la calidad de vida, con costes personales y comunitarios que ya no pueden ignorarse.

Entre la juventud, la fotografía es alarmante. El último Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2025, elaborado por Fad Juventud y la Fundación Mutua Madrileña, revela que el 87,5 % de los jóvenes ha sentido soledad no deseada, con mayor incidencia entre las mujeres de 20 a 24 años. Este fenómeno se agrava por la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda digna. La inestabilidad en el empleo, los salarios insuficientes y la imposibilidad de emanciparse erosionan la previsibilidad de la vida cotidiana y alimentan la sensación de aislamiento. Detrás de muchos de los problemas que arrastra esta generación hay contratos temporales, incertidumbre económica y habitaciones alquiladas que no permiten echar raíces.

La investigación internacional aporta claves para entender esta paradoja. Un estudio publicado en PLOS One en noviembre de 2025 describe la ambivalencia social: jóvenes que se sienten conectados y respaldados por amistades, pero que reportan altos niveles de soledad. El malestar no deriva tanto de la ausencia de vínculos como de la falta de estabilidad vital y rutinas que sostengan esas relaciones. El estudio introduce el concepto de seguridad ontológica: sin cierta previsibilidad —empleo, vivienda, tiempo— incluso una vida social activa puede resultar frágil.

En España, el Observatorio SoledadES, impulsado por Fundación ONCE y Fundación AXA, confirma que la soledad no deseada no es un fenómeno marginal. Atraviesa edades, condiciones socioeconómicas y situaciones de discapacidad, y exige respuestas públicas y comunitarias sostenidas en el tiempo.

Entre las personas mayores, los datos del proyecto Redes para la Vida de EmancipaTIC indican que el 16,2 % está en riesgo de soledad no deseada, con picos del 23,8 % en la franja de 55 a 59 años. El riesgo se intensifica a partir de los 75 años, donde la viudedad, la pérdida de redes y las barreras de accesibilidad multiplican el impacto del silencio. La brecha digital añade otra capa de aislamiento, limitando la participación social y el acceso a recursos.

No estamos ante un asunto privado, sino ante un reto público que nace en las condiciones materiales de existencia. Entre los jóvenes, empleo estable y vivienda asequible son políticas de salud social tanto como la atención psicológica. Entre los mayores, comunidad, accesibilidad y competencias digitales son pilares de protección frente al aislamiento. Y en todos los grupos, espacios de encuentro y tiempo compartido reponen la confianza que sostiene los vínculos.

La Generación Z creció hiperconectada, pero necesita certezas básicas para que sus relaciones se asienten. El estudio de Plos One recuerda que no es la cantidad de amigos lo que sana, sino la posibilidad de construir rutinas y pertenencias estables. El Barómetro 2025 confirma que la soledad no deseada se ha convertido en una experiencia casi universal entre la juventud española y golpea con más fuerza a quienes viven más incertidumbre. Mientras tanto, el Observatorio SoledadES y las investigaciones sobre mayores muestran que, al otro extremo del ciclo vital, la soledad se recrudece cuando faltan apoyo comunitario, accesibilidad y acompañamiento.

La soledad no deseada es una herida social que no podemos seguir ignorando. Cada gesto cuenta, cada política importa. Porque cuando una sociedad deja solos a sus jóvenes y a sus mayores, no solo abandona a las personas: se abandona a sí misma. Romper este aislamiento es más que un deber, es la condición para construir un futuro digno y compartido.