España arrastra una tasa de desempleo de dos dígitos desde mediados de los años setenta. Lo peor no es que hayamos aprendido a convivir con esta anomalía, sino que, cuando han surgido oportunidades reales para dejar atrás esta maldición bíblica, las hemos desaprovechado. Hoy estamos a punto no solo de perder otra oportunidad sino, también, de frustrar la respuesta al problema más acuciante de la ciudadanía española: el acceso a la vivienda.

La entrada en el euro fue una de esas ocasiones: al fin contábamos con una moneda fuerte y, simultáneamente, con tipos de interés bajos para financiar inversión productiva, algo inédito mientras vivimos con la peseta. Aquella oportunidad se malogró inflando el precio del ladrillo, que llegó a venderse a precio de oro. El resultado fue una deuda asfixiante y una generación que vio esfumarse sus oportunidades.

Hoy la tasa de desempleo está en el 10,5% y sigue bajando. Volvemos a tener una oportunidad para acercarnos al pleno empleo, esta vez con un crecimiento que no tiene los pies de barro. Dos factores lo explican. El primero son las políticas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y opuestas al recetario que durante décadas condenó a buena parte de la clase trabajadora al paro. Gracias a ellas durante la pandemia se sostuvieron empresas y empleos con los ERTEs y, después, se elevaron las condiciones laborales, obligando al capital a rentabilizarse invirtiendo e innovando, y no precarizando el empleo. El otro factor son los fondos europeos del Next Generation EU: cerca de 80.000 millones en subvenciones y algo más de 83.000 millones en créditos blandos. Su inversión ha demostrado que, a poco que se relaja el corsé fiscal, nuestra economía florece incluso sin presupuestos y en un entorno europeo estancado. Esto, a su vez, confirma una receta de política económica tan clásica como olvidada: la mejor estrategia en una economía que no ha alcanzado el pleno empleo, es ensanchar su mercado de trabajo con más inversión pública.

Sin embargo, en el cuadro de mandos de la economía española ha empezado a parpadear el piloto de “error mayúsculo”. El atasco parlamentario para aprobar unos nuevos Presupuestos desde 2023, puede terminar extendiéndose a los hitos legislativos necesarios para recibir los fondos europeos, cuyo plazo de solicitud termina en agosto del año que viene y que, según ha dejado claro el comisario Dombrovskis, no se prorrogará. El Ministerio de Economía está negociando una nueva Adenda para aligerar la carga legislativa asociada a los hitos; son casi 25.000 millones de euros a fondo perdido los que están en el alero. Y ha hecho el sorprendente anuncio, de que se renuncia a solicitar 61.000 millones de euros de los 67.000 millones aún disponibles en créditos blandos. Los motivos expuestos por el Ministro son dos: primero, la decisión del Ministerio de ejecutar primero las transferencias y después los créditos, de manera complementaria, y, segundo, que financiarse en el mercado cuesta hoy solo 20 puntos básicos más. Admitió que esta diferencia fue mayor al principio (70 puntos) y soslayó que estos créditos, se conceden a treinta años y que durante los diez primeros no se amortiza capital, condiciones inalcanzables para la deuda pública española. Italia sí ha sabido aprovecharlos: de sus casi 123.000 millones en créditos, ha captado 89.000 millones, muy por encima de los 16.000 millones de España, si no se resuelve el error mayúsculo que se está a punto de cometer.

Esta sobrecogedora desidia con los créditos blandos viene de lejos. La anterior responsable del Ministerio se opuso inicialmente a solicitarlos. La presión social y el ejemplo de Italia, Portugal y Grecia la obligaron a rectificar, pero España no presentó la solicitud hasta mediados de 2023, cuando estos países lo hicieron en el primer trimestre de 2021. Nunca ha habido voluntad real de ejecutarlos, pese a que serían óptimos para, por ejemplo, crear un gran parque público de vivienda, lo que aliviaría uno de los cuellos de botella que amenaza con estrangular a la ciudadanía española y por ende a nuestro crecimiento. Además, el alquiler asequible que generaría permitiría saldar la deuda pública en la que se incurre.

Sin embargo, aún no está todo perdido. La Comisión Europea permitirá ejecutar los fondos más allá de agosto del año que viene si previamente están asignados. Esto abre la puerta a que los créditos blandos pendientes se puedan asignar al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 escalando sus magros recursos y cuya puesta en marcha no requiere la aprobación del Congreso de los Diputados. No hacerlo nos alejaría del objetivo de pleno empleo y dejaría escapar, nuevamente, otra gran oportunidad.