Badalona no es una excepción: es un espejo. Cuando una ciudad ejecuta un desalojo y el resultado visible es la intemperie —cientos de personas migrantes buscando un techo imposible, con la única “alternativa” de un puente, un portal o una nave—, lo que se activa no es solo un problema de convivencia. Se activa una frontera interior. Una línea invisible que separa, dentro de nuestras propias calles, quién merece protección y quién merece sospecha.

La tentación política es inmediata: convertir esa frontera en un relato de orden público. Cambiar “personas” por “expedientes”, “necesidad” por “incivismo”, “desamparo” por “amenaza”. Es el atajo perfecto: la pobreza deja de interpelarnos y pasa a incomodarnos; la exclusión deja de ser un fracaso colectivo y se convierte en una culpa individual. Y así el debate se desliza, casi sin darnos cuenta, desde la pregunta correcta —¿dónde iba a dormir esa gente?— hacia la más cómoda: ¿cómo los sacamos de aquí?

El Manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal, que será público en enero, lo explica con una claridad que deberíamos traer a Badalona, porque sirve para entender el mecanismo completo. “Migrar no es solo una opción, sino una auténtica necesidad para millones de personas en el mundo”, recuerda el texto, y añade algo que a veces olvidamos en el ruido: el derecho a migrar se fundamenta en la dignidad humana y en libertades básicas ampliamente reconocidas.

Esa frase debería bastar para desactivar la caricatura. Nadie se juega la vida por capricho; nadie atraviesa fronteras, burocracias y precariedades por turismo. Se migra porque se huye de la violencia, de la persecución, de la miseria, del colapso climático o de la simple imposibilidad de sostener una vida digna. Se migra, en suma, porque quedarse también puede ser una forma de morir. La primera obligación decente y política, antes de cualquier etiqueta, es mirar ese hecho sin cinismo.

Sin embargo, el manifiesto denuncia que las políticas actuales tratan la migración “como si fuera un fenómeno delictivo”: una óptica de criminalización y de “exacerbación de la seguridad” que termina priorizando la represión y el rechazo frente a la dignidad, los derechos humanos y la solidaridad. No hace falta irse a una frontera exterior para verlo. Esa lógica, cuando baja a tierra, se convierte en algo muy concreto: en la normalización de que haya seres humanos durmiendo en la calle tras una actuación pública; en la idea de que la ciudad ha “resuelto” un problema cuando, en realidad, solo lo ha desplazado; en el mensaje tácito de que hay vidas administrables, prescindibles, expulsables.

Badalona, precisamente por ser una ciudad real —con vecinos reales, tensiones reales y recursos limitados—, muestra el punto ciego de este enfoque: la seguridad sin derechos no trae convivencia; trae degradación. No hay convivencia estable cuando se enseña, desde lo institucional y desde lo simbólico, que algunas personas pueden ser arrojadas a la intemperie sin que pase nada. Esa pedagogía del desprecio se paga después con miedo, con resentimiento y con más conflictividad. La deshumanización siempre vuelve como boomerang.

El manifiesto va aún más lejos y pone el dedo en una herida que también asoma en escenarios como el de Badalona: la criminalización de la ayuda. En la UE se han discutido normas que, si se aplican sin garantías claras, pueden perseguir conductas altruistas o humanitarias —alojar, alimentar, acompañar, asesorar— bajo una lógica de “facilitación”. Frente a ello, el Grupo lo formula de manera tajante: “En ningún caso dará lugar a responsabilidad penal… la ayuda humanitaria o el apoyo a las necesidades humanas básicas”, incluyendo alojamiento, manutención, asistencia sanitaria o asesoramiento jurídico.

Traducido: en una democracia decente, la solidaridad no puede convertirse en sospecha. Cuando se estigmatiza a entidades sociales, parroquias, profesionales o vecinos que sostienen lo mínimo —un colchón, una ducha, un plato caliente, una consulta médica, un trámite—, no solo se golpea a quien recibe ayuda: se rompe el tejido ético de la comunidad. Se disuade el cuidado, se enfría el vínculo, se instala la idea de que lo correcto es mirar hacia otro lado.

Por eso Badalona importa. Porque el debate no es únicamente urbanístico, ni únicamente policial, ni únicamente administrativo. Es político en el sentido profundo: trata de qué ciudad queremos ser cuando la realidad nos incomoda. Y ahí no basta con invocar competencias, ni con repetir que “la ley es la ley”. La legalidad no es un comodín para abandonar; es un límite para no dañar. Y, sobre todo, es una obligación para construir alternativas.

La alternativa existe, pero exige cambiar el marco mental: dejar de hablar de “ellos” y empezar a hablar de “nosotros”. De nuestras políticas de vivienda, de nuestros dispositivos de emergencia, de nuestros itinerarios de inclusión, de nuestra capacidad institucional para coordinar recursos y evitar la intemperie como destino. Exige, además, que la política deje de competir en dureza y vuelva a competir en soluciones. Porque la dureza, cuando se administra sobre la vulnerabilidad, no es firmeza: es crueldad burocrática.

En Badalona se decide si aceptamos una frontera interior en nuestras calles o si sostenemos una línea roja elemental: nadie debe ser empujado a la intemperie por el hecho de ser pobre y migrante. Si convertimos la necesidad en sospecha, no “protegemos” la convivencia: la destruimos. Y con ella, lo poco que queda de democracia como comunidad cívica.

Insinuar fraude sin pruebas puede no encajar hoy en un tipo penal, pero sí deteriora el bien común que hace posible la democracia: la confianza en las reglas del voto

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 unos ladrones arrancaron la caja fuerte de una oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz). Dentro había dinero en efectivo y también votos por correo ya emitidos. La caja apareció después calcinada, con las papeletas esparcidas, y la Junta Electoral Provincial habilitó un procedimiento para que las 124 personas afectadas pudieran votar de nuevo y no quedaran privadas de su derecho de sufragio a las puertas del 21-D. La Guardia Civil situó desde el inicio la investigación en el terreno de la delincuencia común: el objetivo del robo era el dinero.

Hasta aquí, un suceso grave, sí, pero con un perímetro claro y una respuesta institucional igualmente clara. Lo preocupante llegó cuando una parte de la política decidió reinterpretarlo no como un delito patrimonial, sino como el prólogo de una conspiración electoral. María Guardiola habló de “robo de la democracia” y sostuvo, en plena campaña, la insinuación del “pucherazo” como si el hecho de que existan mecanismos de reparación –y se activen con rapidez– fuera irrelevante frente al rédito de sembrar sospechas.

Que en una campaña se fiscalice el voto por correo y se exija transparencia es legítimo. Que se transforme un robo común en una acusación de fraude sistémico sin prueba alguna, y que se mantenga el relato incluso cuando las autoridades electorales y la investigación policial encauzan el incidente, es otra cosa: es una estrategia de deslegitimación. Basta con instalar una idea simple, emocional y pegajosa –“nos están manipulando el resultado”– para que el resultado, sea cual sea, quede bajo sospecha preventiva. No hace falta convencer a todo el mundo; basta con inocular la duda en los propios y en los indecisos, y con abrir la puerta a una impugnación social del veredicto de las urnas.

Aquí aparece el núcleo de la hipótesis: esto, hoy, no es delito… pero debería preocuparnos como si lo fuera. En España el Derecho penal se activa con razón cuando hay alteración material del proceso electoral: coacciones, falsedades, manipulaciones del recuento, compra de votos. Sin embargo, la difusión política de una imputación falsa de fraude –si no se traduce en una denuncia formal conscientemente falsa, o no encaja en figuras muy concretas– suele quedar fuera del castigo penal y se refugia en la nebulosa de la “batalla política”. El problema es que, cuando el objeto de la mentira no es un adversario sino la limpieza del procedimiento electoral, el bien lesionado no es solo el honor de alguien, sino la confianza colectiva en las reglas del juego.

Mercedes García Arán ha descrito con una frase la pendiente por la que resbala la democracia cuando el debate se degrada hasta buscar la “destrucción del adversario”: esa dinámica termina llevando a una “peligrosa descalificación del sistema democrático” por parte de la ciudadanía. El bulo de “pucherazo” es la versión más dañina de esa lógica, porque no se conforma con disputar políticas o liderazgos: pone en cuestión la fuente misma de legitimidad que permite gobernar y ser oposición.

Ahora bien, pedir un nuevo delito exige prudencia extrema. Tipificar “bulos” en abstracto sería incompatible con un Estado constitucional: abriría la puerta a tipos penales vagos, fácilmente utilizables contra la crítica política y con un efecto desaliento directo sobre la libertad de expresión. La salida, si se explora, solo puede ser estrecha y garantista. No se trataría de castigar opiniones, exageraciones o metáforas, sino la atribución de hechos falsos y verificables sobre el propio proceso electoral, difundidos con conocimiento de su falsedad —o con desprecio temerario por la verdad— por quienes tienen capacidad real de amplificación institucional, precisamente en el tramo temporal en que más frágil es la confianza pública. Y la respuesta, además, no tendría por qué ser la prisión: en democracia, cuando el abuso está ligado al ejercicio de lo público, las sanciones más coherentes suelen ser las que afectan al acceso y al desempeño de cargos, junto con multas proporcionadas, obligaciones de rectificación inmediata y, sobre todo, una cultura institucional de transparencia que desactive el rumor antes de que se convierta en dogma.

Mientras ese debate no exista, seguiremos atrapados en un incentivo perverso: mentir sobre las urnas sale barato. El desmentido llega tarde, circula menos y rara vez repara la corrosión. Por eso el episodio de Fuente de Cantos importa más allá de sus cifras. Importa porque muestra cómo, ante un hecho grave pero acotado, algunos prefieren el atajo de la sospecha total. Y porque recuerda algo elemental: perder forma parte del contrato democrático. Quien siembra “pucherazos” sin pruebas está rompiendo ese contrato, no con un gesto épico, sino con una erosión lenta y rentable.

Hay leyes que castigan conductas. Y hay interpretaciones que, sin cambiar una coma, terminan castigando algo distinto. Eso es lo que está en juego cuando se pretende encajar al fiscal general del Estado en el artículo 417 del Código Penal, el precepto que sanciona a la autoridad o funcionario que revela secretos o informaciones reservadas. No es un pleito de nombres propios ni un debate de bandos. Es una cuestión más sobria: qué límites mantiene el Derecho penal cuando un caso es políticamente inflamable y el marco normativo no está diseñado para resistir la presión.

El problema no empieza en el verbo “revelar”. Empieza antes, en el lugar donde el legislador situó la norma. El art. 417 está en el Título XIX, bajo una rúbrica nada inocente: “Delitos contra la Administración Pública”. La sistemática del Código no es decoración; orienta el sentido del tipo y su fundamento. Un delito ubicado ahí se legitima, ante todo, por la protección de la Administración como organización llamada a actuar con objetividad y sometimiento pleno a la ley y al Derecho, conforme al artículo 103 de la Constitución. Si lo que se castiga no es materialmente administrativo, la invocación de ese bien jurídico se vuelve discutible.

Aquí aparece la dificultad central: el Ministerio Fiscal no es Administración Pública en sentido constitucional. La Constitución lo define en el artículo 124 como órgano de relevancia constitucional encargado de promover la acción de la justicia y defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Su lógica es la del sistema de justicia, no la de la gestión administrativa. Cuando el fiscal general actúa en el núcleo de esa función, resulta forzado sostener que se lesiona el bien jurídico “Administración Pública” como tal.

Se suele replicar con un atajo: “es autoridad a efectos penales”. Es cierto que el Código Penal define quién es autoridad y funcionario público. Pero ese punto de partida no resuelve el problema, lo desplaza. Que alguien sea autoridad no autoriza a borrar las fronteras entre títulos del Código. Si bastara con afirmar “es autoridad”, el Título XIX acabaría funcionando como un contenedor capaz de absorber conflictos constitucionales con solo encontrar un deber y su incumplimiento.

El riesgo aumenta cuando se sustituye el bien jurídico por una finalidad abierta. Se dice: aunque el precepto esté en delitos contra la Administración, aquí lo relevante es proteger derechos fundamentales. La finalidad puede ser legítima; el método es peligroso. Si el criterio de aplicación deja de ser la lesión de la Administración como organización administrativa y pasa a ser una noción amplia de “protección de derechos” o de “credibilidad institucional”, el art. 417 deja de funcionar como tipo tasado y empieza a operar como cláusula de conveniencia. En ese tránsito, el principio de legalidad del artículo 25.1 de la Constitución se erosiona: la previsibilidad del castigo depende menos del texto legal y más de una reconstrucción funcional que varía con el caso.

Hay, además, una frontera que conviene no cruzar a la ligera: la que separa lo penal de lo disciplinario. El Ministerio Fiscal cuenta con un régimen estatutario para sancionar infracciones de confidencialidad. Si ese régimen es insuficiente o presenta huecos, la respuesta coherente es legislativa: reformarlo con precisión. Lo incoherente —y constitucionalmente arriesgado— es usar el Derecho penal como sistema de repuesto. Esa lógica invierte la idea de última ratio y convierte el castigo penal en instrumento para suplir defectos de diseño institucional.

En un Estado constitucional, el Código Penal debería funcionar como un mapa: fija fronteras y permite anticipar consecuencias. Cuando se decide que el mapa estorba y que el rumbo puede improvisarse, el coste es estructural: la previsibilidad se degrada y el control del poder punitivo se debilita.

Aquellos que defienden que el art. 417 no puede aplicarse de manera automática al Fiscal General en el núcleo de su función constitucional no es pedir impunidad. Es exigir que no se castigue en nombre de un bien jurídico que no se ha lesionado: el correcto funcionamiento de la Administración Pública y su dimensión prestacional (servicio público). Si el legislador quiere tipificar penalmente determinadas revelaciones en el ámbito del Ministerio Fiscal —y, especialmente, del fiscal general— debe hacerlo delimitando sujetos, conductas y bienes jurídicos, y encajándolo coherentemente con el régimen disciplinario. Lo contrario equivale a expandir el tipo para resolver el caso, y después llamar “bien jurídico” al resultado.