En pleno invierno y a las puertas de la Navidad, en el barrio de Sant Roc, en Badalona, donde existen más de 8.000 viviendas vacías, se ha llevado a cabo el mayor desahucio de la historia reciente de Catalunya. En una Badalona gobernada por el PP y con la complicidad del PSC de Salvador Illa, se desahució de golpe, por la fuerza y sin ofrecer ninguna alternativa habitacional, a más de 400 personas del edificio B9, un antiguo instituto donde numerosas personas, en situación de extrema vulnerabilidad y sin ninguna otra salida, habían construido su hogar.

Para comprender una situación tan simple y, a la vez, tan compleja, es necesario analizar los elementos de fondo. Lo ocurrido en el B9 no es un hecho aislado, sino el resultado directo de las políticas de miseria y racismo que se viene aplicando contra la clase trabajadora desde hace años. En el caso concreto de Badalona, el desahucio y el acoso sistemático contra los sectores más pauperizados de la sociedad constituyen la forma habitual de hacer política de su alcalde, Xavier García Albiol. El líder popular y sus políticas racistas y populistas son actualmente un referente en el Estado español para la derecha y la ultraderecha.

Esta manera de gobernar llega a tal extremo que incluso provoca, de forma directa o indirecta, la muerte de personas. Un ejemplo claro es el incendio de la nave del Gorg, ocurrido hace cinco años, donde murieron al menos tres personas que vivían allí porque no tenían ninguna otra alternativa habitacional. Incluso ante una tragedia de tal magnitud, Albiol y otros responsables políticos desplegaron entonces una campaña de criminalización racista contra la clase trabajadora migrante.

En un contexto marcado por una de las mayores crisis de vivienda de nuestra historia, con los precios de alquiler en máximos históricos y beneficios récord año tras año para especuladores, rentistas y grandes propietarios, resulta especialmente grave que en una ciudad como Badalona, con miles de viviendas vacías y destinadas a uso turístico, se permita con total impunidad el desahucio de más de 400 personas.

Y, sin embargo, no nos sorprende. Bajo el sistema actual, la vivienda no se concibe como un derecho, sino como un negocio destinado a enriquecer a unos pocos. Para que una parte de quienes sufren el mismo problema acepte que esta situación “debe ser así”, se utilizan diversos mecanismos que permiten dicha implantación ideológica, siendo el racismo uno de los principales.

Cada vez es más evidente que las fuerzas reaccionarias de la derecha y la ultraderecha, con la complicidad del PSOE y una parte de la izquierda parlamentaria, han encontrado en las personas migrantes la punta de lanza para imponer una agenda reaccionaria, racista y profundamente contraria a los intereses de la clase trabajadora.

El racismo cumple varias funciones: en primer lugar, desviar el foco de los verdaderos problemas, como la crisis de la vivienda y la incapacidad de la política parlamentaria profesional para dar respuesta a estas necesidades. En segundo lugar, dividir a la clase trabajadora en los barrios, en los centros de trabajo y en la vida cotidiana. En tercer lugar, construir un entramado de mecanismos que permiten la máxima explotación de una parte de la clase trabajadora, especialmente la migrante o de origen migrante.

Todo ello tiene un objetivo claro: evitar que nos organicemos conjuntamente y que posteriormente señalemos a los verdaderos culpables. Y en este punto, aunque es indudable que no señalar la figura de Albiol sería un error, también es necesario decir que Albiol, la derecha y la ultraderecha que representa son solo una cara de la moneda.

La comodidad con la que se mueven políticos como Albiol no sería posible sin el papel que juega una parte de la izquierda institucional, que actúa como una cara amable del mismo proyecto. Una izquierda que, pese a su discurso progresista, está dispuesta a ejecutar hasta las últimas consecuencias la agenda que marcan las fuerzas reaccionarias.

En el macrodesahucio de este miércoles quedó meridianamente claro. Albiol fue quien impulsó la campaña de criminalización y señalamiento contra los residentes del B9. Pero quien ayer, a las seis y media de la mañana, desplegó más de 50 furgones de los Mossos d’Esquadra —junto con numerosos efectivos de la Policía Nacional— fue el Govern del PSC, con Salvador Illa al frente, en coordinación con el Gobierno central.

Una intervención policial de esta magnitud no habría sido posible sin la participación de la conselleria d'Interior ni el Ministerio del Interior, es decir, de unos gobiernos que se presentan como progresistas, pero que en todo momento están dispuestos y predispuestos a cumplir con la agenda reaccionaria.

Y ante este panorama, ante un desastre social de tal magnitud, la pregunta que inevitablemente surge es: ¿qué podemos esperar? Los trabajadores y trabajadoras de este país —quienes sufren la miseria sembrada por políticos y empresarios, quienes no llegan a final de mes, quienes tienen dificultades para llenar el carrito de la compra— nos encontramos, en gran medida, huérfanos de una fuerza política que defienda nuestros intereses frente a los especuladores y los grandes empresarios.

Esa es una parte de la realidad. Pero la otra, como se vió ayer en el B9 a gritos de “frente a su racismo, unidad de clase”, es que frente a la respuesta autoritaria a la crisis, la organización de la clase trabajadora es la única salida real. En la organización colectiva, en los sindicatos de clase y en las organizaciones que pretenden plantar cara a este sistema de miseria, reside la posibilidad concreta de impedir que la barbarie vivida ayer en Badalona, en el bloque B9 de Sant Roc, vuelva a repetirse jamás.