El desalojo del antiguo Instituto B9 no es un error ni una improvisación. Es una decisión política consciente. Albiol ha convertido un problema de gestión pública en un conflicto ciudadano, no para resolverlo, sino para obtener rédito político. En una Badalona sacudida por la crisis de la vivienda, el gobierno municipal ha optado por la peor salida posible: culpar a las personas excluidas del mercado del alquiler para ocultar su propia inacción.

En lugar de ofrecer alternativas dignas —como había sido el albergue de Can Bofí Vell, donde además se las acompañaba en procesos de inclusión social— optó por cerrarlo. Lo que realmente hacía falta era reforzar los recursos existentes. Pero Albiol eligió lo contrario y bloqueó la apertura de un comedor social impulsado por entidades. También se ha negado a activar la Operación Invierno, pese a las reiteradas demandas de En Comú Podem. Estas decisiones han condenado a las personas sin hogar a sobrevivir bajo temperaturas gélidas y lluvias torrenciales.

Como era previsible, el desalojo del B9 no ha resuelto ningún problema. Al contrario: ha desplazado la situación a la calle y ha obligado al vecindario a convivir con la misma realidad, ahora dispersa en diferentes zonas. Además, desde el mismo día del desalojo, el gobierno del PP incumplió la orden judicial, que condicionaba la actuación a la garantía de una atención social y habitacional.

La Generalitat, por su parte, también actuó tarde y de manera deficiente. Hoy, pese a la reubicación provisional de una parte de las personas afectadas, más de medio centenar continúa viviendo bajo el puente de la autopista y en otros asentamientos.

Además, en lugar de incrementar la inversión en uno de los barrios con menos recursos de toda Catalunya, el gobierno de Albiol y la Generalitat han cerrado el Consorci Badalona Sud, el ente público que desarrollaba proyectos sociales y comunitarios para el conjunto de la población de los barrios de Sant Roc, Artigues, El Remei y El Congrés. Esto no es proteger al vecindario; es abandonarlo.

Estos recortes tampoco se deben a una falta de presupuesto. En 2024 Badalona cerró con un superávit récord de 78 millones de euros. Además, el Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar, como es habitual, la financiación de la Generalitat para las personas sin hogar, así como políticas de inmigración, acogida y antirracismo. El dinero existe; lo que falta es voluntad.

Lo que estamos viendo es una estrategia política de derechas: recortar en servicios públicos y convertir la pobreza en un problema de orden público para justificarlo. Una estrategia que perjudica a toda la ciudadanía, pero que señala y estigmatiza especialmente a las personas migradas, convirtiéndolas en chivo expiatorio.

Este discurso facilita que la extrema derecha capitalice el malestar en los barrios. No es ninguna novedad. En Badalona se está ensayando una forma de gobernar basada en el miedo, el racismo y la renuncia a las políticas sociales. Es la misma lógica que vemos en la Italia de Meloni o en los Estados Unidos de Trump: menos derechos y más mano dura; menos soluciones y más culpables; menos política social y más propaganda.

Estas políticas no mejoran la convivencia, la rompen. Tampoco reducen la precariedad, la cronifican. Ni aportan seguridad: generan fractura social. El objetivo final es que la ciudadanía acepte menos derechos a cambio de una falsa sensación de seguridad, cuando no existe ninguna seguridad posible sin derechos.

En el antiguo Instituto B9 vivía mayoritariamente gente que no buscaba problemas, sino simplemente un lugar donde dormir. Como ocurre a menudo en contextos de pobreza, desigualdad y abandono institucional, se produjeron situaciones vinculadas a la salud mental o a las adicciones de una minoría que dificultaron la convivencia, hasta el punto de provocar una muerte. Sin embargo, estas realidades tenían respuesta.

Podían prevenirse con proyectos sociales especializados, en colaboración con entidades de experiencia contrastada, y con medidas de seguridad. Porque todos los vecinos y vecinas, también las personas que malviven en un edificio abandonado, tienen derecho a ser protegidas y a no tener que convivir con situaciones de violencia. Los servicios públicos fuertes y universales son la verdadera inversión para el bienestar colectivo.

Pero el alcalde optó por la degradación, la impunidad y la crispación en los barrios, priorizando la rentabilidad electoral por encima de una gestión responsable. Lo más grave es que Albiol no ha aportado ningún dato fiable sobre delincuencia y, en cambio, ha logrado instalar la percepción de que la mayoría de los afectados eran problemáticos y criminales.

La mayoría son personas sin red de apoyo, muchas afectadas por la Ley de Extranjería, con empleos precarios y salarios bajos, y con enormes dificultades para acceder a una vivienda incluso si tienen regularizada su situación. No es casualidad: es su modelo político. Pero en lugar de cuestionar leyes injustas, la especulación inmobiliaria o la discriminación, el gobierno municipal presenta a estas personas como una amenaza. Eso tiene un nombre: racismo institucional.

Mientras tanto, se destinan millones de euros a políticas de escaparate —como una campaña de Navidad de 2,5 millones de euros o tener el árbol de Navidad más alto—, mientras el alcalde impide que se acoja a quince personas en una parroquia para que no duerman en la calle, e incluso tolera llamamientos a la violencia ciudadana. No es nada cristiano, pese a no perderse ninguna procesión.

Con esta estrategia, Albiol esperaba un clamor popular a favor de la mano dura. Pero también se ha encontrado con una respuesta diferente: una ola de solidaridad de la gente trabajadora de Catalunya, que también sufre la crisis de la vivienda y no quiere normalizar ver a personas durmiendo a la intemperie, así como el apoyo de entidades de base. Recordemos que en Badalona, y especialmente en Sant Roc, la memoria de las barracas no está tan lejana.

Hay que desenmascarar esta manipulación y combatirla con valentía, tanto en las calles como en las instituciones. Frente a los recortes y la criminalización, los Comuns seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda, más inversión en los barrios, servicios públicos fuertes y salarios dignos. Con la convicción de que la solidaridad, la acogida y la justicia social siguen siendo la fuerza que define a Catalunya.