La Agencia Vasca del Agua (URA) y el Ayuntamiento de Andoain han firmado un nuevo convenio de colaboración para ejecutar obras de defensa contra inundaciones en la regata Ziako, según un documento al que ha tenido acceso este periódico. El proyecto comporta también mejoras en el saneamiento en un área muy industrializada. El acuerdo establece que URA financiará “el 100% del coste de las obras de defensa de inundaciones”, con una aportación máxima de 3,9 millones de euros, que se distribuirán entre las anualidades de 2026 y 2027. La ejecución se prevé en un plazo de 13 meses.

La obra forma parte del “Proyecto de defensa contra inundaciones de la regata Ziako en el municipio de Andoain”, redactado por la Agencia Vasca del Agua en 2022 para reducir el riesgo de inundabilidad en la zona. Según recoge el convenio, Andoain se encuentra en un área de riesgo potencial significativo de inundación, incluida en el plan de destión de la demarcación hidrográfica del Cantábrico oriental. La primera fase del proyecto finalizó en enero de 2026. Durante los últimos cuatro años, se actuó en un tramo de 470 metros entre el inicio de la cobertura actual y la entrada al polígono industrial Denak, en Ama Kandida.

Para completar la protección de la zona, se ha firmado este nuevo convenio, que al igual que el anterior tendrá una duración de cuatro años y podrá renovarse si existe acuerdo unánime. El acuerdo se centra en el inicio de la tercera fase del plan, que continuará las actuaciones previstas sobre la regata Ziako. No obstante, no se hace mención a la segunda fase del proyecto ni a su alcance o ejecución.

Las obras previstas consisten en la ejecución de un nuevo tramo de encauzamiento de 235 metros entre la entrada al polígono industrial Denak, en Ama Kandida, y las instalaciones de TK Elevator. El proyecto contempla una canalización “a cielo abierto o en cobertura en función de los cruces necesarios para los viales”, además de nuevos ramales de saneamiento y una conexión mediante un cajón prefabricado de 30 metros para enlazar con el cauce actual de la Ziako.

El convenio señala además que este tramo coincide con la urbanización del ámbito AIU-5 de Ama Kandida, motivo por el que se considera “apropiado ejecutar este tramo al mismo tiempo que los trabajos de urbanización”. El texto añade que la colaboración entre la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento de Andoain busca “minimizar las afecciones y evitar interferencias” en la actividad cotidiana del polígono y sus conexiones.

La ejecución material de las obras queda en manos del Ayuntamiento, que también asumirá la obtención de los terrenos necesarios y el mantenimiento posterior de las infraestructuras. Por su parte, URA se encargará de aportar el proyecto técnico y de dirigir e inspeccionar los trabajos. Entre ambas entidades se ha creado una comisión de seguimiento que tratará de “facilitar la remoción de los obstáculos” que puedan retrasar los trámites y proponer medidas para garantizar el cumplimiento del convenio.

Pasadas las ocho y media de la mañana del 24 de mayo de 2001, Santiago Oleaga se encontraba en la Fundación Matia, ubicado en el barrio El Antiguo de Donostia, para continuar con la rehabilitación de una lesión de hombro causada por su afición a la pala. Mientras, miembros de ETA le esperaban en las inmediaciones del centro médico. Al identificar a Oleaga descendiendo de su coche, los terroristas no dudaron en disparar siete tiros por la espalda que acabaron con la vida de Oleaga. Así fue como hace 25 años el director financiero 'El Diario Vasco' fue asesinado por ETA.

Oleaga, nacido en Durango en 1947, trabajaba como director financiero de El Diario Vasco cuando fue asesinado. Estaba casado con Amaia Guridi y tenían dos hijos. Durante el homenaje celebrado este viernes en la sede de periódico, el presidente del grupo editor, José María Bergareche, le ha definido conmovedoramente como “un hombre íntegro” y “bueno”. A su vez, el director, David Taberna, recordaba que, después de su familia, “su prioridad era el periódico”.

La organización terrorista había puesto fin al alto el fuego en el año 2000. En aquellos meses, los periodistas se convirtieron también en uno de sus objetivos. Apenas diez días antes del asesinato de Oleaga, el periodista Gorka Landaburu había resultado gravemente herido tras abrir un paquete bomba enviado por la organización a su domicilio en Zarautz. Bergareche cataloga a su difunto colega como “la dignidad de quienes decidieron no callar”, aunque la propia víctima, según recoge la ficha Covite, no se consideraba objetivo de ETA. Tras el atentado de Oleaga, Covite relata en su ficha que los asesinos huyeron en un coche cargado de explosivos que abandonaron posteriormente en el barrio de Aiete. El vehículo estalló en una zona residencial y pudo haber causado una matanza mayor.

Con motivo del 25 aniversario del asesinato, 'El Diario Vasco' ha celebrado este viernes la primera edición del Premio Santiago Oleaga, un galardón anual a partir de ahora destinado a reconocer a periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad de información. Este primer premio fue entregado a la periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada, torturada y violada en el año 2000 mientras realizaba un trabajo periodístico en el contexto del conflicto armado colombiano.

Durante el acto del aniversario del atentado, Taberna ha defendido la necesidad de que el periódico asumiera en esta ocasión el relato del recuerdo. Ha explicado que no querían seguir pidiendo a la familia, especialmente a la viuda, que compartiera su dolor públicamente, y subrayó el papel del periodismo en los años de violencia en Euskadi, cuando “las crónicas y las imágenes” eran la voz de una sociedad sometida al miedo. Los medios son como “voz de la ética y la razón” frente a la violencia, reivindicaba Taberna, y ha alertado de que hoy ese compromiso sigue siendo necesario ante la polarización y la desinformación. Por su parte, el presidente de la cabecera de Vocento, José María Bergareche, ha enmarcado el asesinato de Oleaga en la historia de una Euskadi marcada por décadas de violencia. “Hubo un tiempo en el que discrepar podía costar la vida”, ha apuntado.

El sindicato educativo Steilas ha cargado contra la gestión del Departamento de Educación durante el curso 2025/2026, que finalizará en breve, y ha ironizado la consejera Begoña Pedrosa “no ha superado el curso”. Estas conclusiones parten de una evaluación realizada por el profesorado afiliado al sindicato, el de mayor implantación en la red pública. La central sostiene que las “decisiones y políticas públicas” del Ejecutivo “no muestran voluntad de reforzar la escuela pública vasca”, que aglutina a alrededor del 50% del alumnado total. Denuncian, por ejemplo, los cierres y fusiones.

Entre las principales críticas, Steilas ha señalado el incumplimiento del acuerdo laboral firmado con la mayoría sindical en mayo del pasado año, tras varias huelgas y movilizaciones. En dicho acuerdo se incluían medidas como la reducción de horas lectivas, la incorporación de alrededor de 800 trabajadores más, mejoras salariales y nuevos recursos para reforzar el euskera, la orientación y el bienestar emocional en los centros educativos.

Según el sindicato, Educación no ha aplicado parte de esos compromisos y mantiene una “interpretación restrictiva” del acuerdo. Explica que no se ha realizado la reducción de ratios en toda Primaria, ni se han reflejado los compromisos de creación de empleo en las relaciones de puestos de trabajo, ni se ha garantizado la frecuencia pactada para los reconocimientos médicos del profesorado. “El Departamento de Educación no tiene voluntad de cumplir el acuerdo firmado hace un año”, han afirmado representantes de Steilas. También han criticado las “respuestas poco receptivas y decisiones unilaterales” ante las discrepancias planteadas por la parte social. El sindicato ha acusado al Gobierno vasco de haber “bloqueado la negociación”.

Adicionalmente, ha criticado las políticas relacionadas con la red pública. “Poniendo como excusa la bajada de la natalidad”, el Departamento está impulsando “fusiones y cierres de centros públicos”, mientras mantiene un modelo “dual” que, según sostiene el sindicato, favorece a la enseñanza privada concertada. Estas políticas son denunciadas por la central debido a que alimentan “la segregación y ponen en riesgo la igualdad de oportunidades”. Es un problema que “ha aumentado en las últimas décadas”. Ha denunciado además que la mesa de segregación “no ha dado ningún resultado claro” y que se están impulsando propuestas de “cambios estéticos” que evitan medidas estructurales.

Steilas muestra preocupación, igualmente por las políticas lingüísticas. Ha acusado a Educación de “suspender los cursos R de Irale”, que el sindicato considera “herramientas eficaces” para la ‘euskaldunización’ y el perfeccionamiento lingüístico del profesorado. La consejera Pedrosa ya ha rechazado que esto sea cierto. Asimismo, ha denunciado que en la Formación Profesional “se siguen vulnerando los derechos lingüísticos del alumnado”.

Como balance final del curso, Steilas ha asegurado que el próximo año se adjudicarán “entre 750 y 1.000 plazas menos” y ha realizado una evaluación simbólica del departamento “por competencias”, otorgándole un “gran suspenso” en participación y cooperación y un “insuficiente” en comunicación y gestión de la diversidad cultural. Pese a ello, el sindicato sí ha reconocido un “notable” en digitalización, aunque ha criticado que esta se haya orientado “demasiado a los intereses de las multinacionales”.

El Gobierno vasco ha desembolsado 39.046,70 euros en su 'día sin móviles', que tuvo lugar el 18 de abril en Vitoria y Bilbao pero que fue pospuesto al 9 de mayo en Donostia al coincidir con la final de la Copa del Rey para la Real Sociedad. En total, han participado 175 familias y 373 personas fueron informadas de la iniciativa.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu Lore Martínez Axpe, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, del PNV, ha defendido la iniciativa. El documento fue enviado a la Cámara por el Gobierno vasco el pasado 14 de mayo y en él se encuentra la información básica de la campaña impulsada. No obstante, carece de datos concretos sobre la cantidad de participantes, los diseñadores de la iniciativa y el presupuesto. Se da la circunstancia de que ese mismo día la Cámara aprobó la nueva ley vasca de Transparencia.

Fue el pasado 18 de abril cuando se celebró el 'día sin móviles en familia', aunque en Donostia se realizó el 9 de mayo. Se pospuso la iniciativa de desconexión digital para darle cabida, sin incoherencias, a las actividades del Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa relacionadas con el partido de fútbol.

La jornada buscó ofrecer un “espacio participativo”, indicó en su momento Melgosa, con el objetivo de desconectar digitalmente. De forma voluntaria, las familias dejaban sus aparatos electrónicos en una bolsa que les brindaban en un ‘stand’. Allí les retaban a pasar al menos una hora sin usar el móvil y, al lograrlo, podrían regresar al 'stand' para recibir una recompensa: una bolsa pequeña para guardar el móvil en casa. Adicionalmente, les invitaban a las familias a firmar un “compromiso familiar” sobre su concienciación con respecto al uso del móvil.

En la respuesta oficial a EH Bildu no vienen los indicadores de la campaña, aunque el Goberno sí los ha facilitado a instancias de este periódico. Entre las tres capitales participaron 175 familias: 65 en Bilbao, 64 en Vitoria y 46 en Donostia. Igualmente, ofrecieron información sobre la actividad a 373 personas, 152 en Bilbao, 123 en Donostia y 98 en Vitoria. El departamento de Melgosa destaca que, más allá de lo cuantificable, “lo importante es el impacto cualitativo y la reflexión que está generando” sobre el uso imprudente del móvil. Adicionalmente, en la Cámara, Melgosa indica que “el coste de la iniciativa ha sido de 39.046,7 euros”, sin mayores desgloses.

La respuesta de la consejera se ha concentrado en el diagnóstico o estudios que justifican la puesta en marcha de la iniciativa. Ha explicado que el ‘día sin móviles en familia’ parte de un diagnóstico elaborado por su departamento, en el que identifica diversas problemáticas relacionadas con el uso de pantallas y redes sociales entre menores y jóvenes. Entre ellas, destacan el posible uso compulsivo de internet, problemas de comunicación, situaciones de soledad y aumento de la percepción de acoso en redes sociales.

La consejera Melgosa ha señalado que dos de cada diez adolescentes presentan un posible uso compulsivo de internet y que un 5% de los hogares con hijos e hijas reconoce problemas relacionados con el uso excesivo o inadecuado de pantallas digitales. Asimismo, el diagnóstico recoge que cerca del 10% de las personas jóvenes tiene dificultades para comunicarse y que el 7,1% de la población de entre 15 y 24 años asegura sentirse sola con frecuencia. Ha vinculado estos datos al deterioro del bienestar emocional y de la salud mental detectado tras la pandemia de la COVID-19. En este sentido, ha defendido que la iniciativa busca “generar entornos seguros y protectores” y fomentar hábitos digitales más saludables entre niños, niñas y adolescentes.

En el barrio donostiarra de Benta Berri, más de 500 familias tienen sus viviendas, en las que viven de alquiler, en una cuerda floja. Tras 28 años en viviendas de protección oficial (VPO), existe la posibilidad de que en 2028 tengan que desalojarlas. Con un derecho de adquisición preferente a los 12 años de alquiler que nunca se cumplió, la asociación de vecinos de Benta Berri, Alokairu, le cuenta a este periódico su lucha y los pasos que han dado para que el Gobierno vasco les ayude a mantener sus viviendas.

En Euskadi, antes de 2003, las viviendas de protección oficial tenían fechas de liberalización de entre 30 y 50 años. Es decir, se convertían en libres y su valor de mercado se disparaba. Sin embargo, como recuerda el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, desde 2003 las VPO son ya “de calificación permanente”. ¿Cuál es la particularidad de Benta Berri? Como el concurso de estas viviendas se realizó antes de la legislación actual, no se contempla ninguna prórroga de la calificación. Por esa razón, los vecinos temen que, una vez entren en el mercado libre, les resulte imposible asumir el coste de sus apartamentos.

Las VPO de Benta Berri salieron a concurso en 1994, explica la asociación. La oferta incluía el terreno, la construcción de 540 viviendas protegidas y el derecho de superficie durante 75 años. En 1996, el Gobierno vasco anunció a la adjudicataria: UTE Benta Berri, compuesta por las constructoras Metrovacesa y Vallehermoso. Un año después comenzó la promoción de las 510 VPO destinadas al alquiler -los 30 espacios restantes quedaron en manos del Ayuntamiento para otros objetivos municipales-.

Antxon Pró y Josetxo Varadero, miembros de Alokairu, relatan que en aquel entonces las promociones del Gobierno vasco se difundían mediante folletos impresos, donde se explicaban los requisitos y el proceso para optar a una vivienda protegida. La asociación todavía conserva uno de esos documentos, en el que se indicaba que, tras 12 años de alquiler, los inquilinos podrían acceder al derecho de adquisición preferente para comprar el piso a un precio tasado.

No obstante, a la hora de firmar el contrato, explican los miembros de Alokairu, ese punto no aparecía en los documentos. Ante la incertidumbre, Pró y Varadero aseguran que el Gobierno les garantizó verbalmente que podrían comprar las viviendas a los 12 años aunque no figurara por escrito. Ambos recuerdan haberse sentido presionados para firmar. “Si no quieres, hay más de mil familias esperando”, recuerda Varadero que le dijeron entonces. Pró añade que recibió “la misma contestación”.

Pró admite que confió en la palabra del Gobierno, igual que muchas otras personas. La mayoría de los inquilinos, según explican desde la asociación, tenía interés en comprar la vivienda. “Nos dijeron que a los 12 años se haría realidad” el derecho de adquisición preferente, insiste Pró. Pasado ese tiempo, la posibilidad de compra nunca llegó porque la propiedad no quiso vender. El viceconsejero recuerda que, para aplicar ese derecho, “es necesario que el propietario de la vivienda quiera venderla”, tal y como recoge el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Con los años, la propiedad de las VPO ha cambiado de manos. Primero, en 2016, UTE Benta Berri traspasó los inmuebles a Testa Residencial. Más tarde, la sociedad quedó vinculada al fondo de inversión Blackstone. Este fondo acumula denuncias internacionales por desahucios y subidas de alquileres, aun así se hace con más de treinta mil apartamentos en toda España.

Ahora, 28 años después, al menos cuarenta inquilinos de Benta Berri han recibido cartas de no renovación, explican desde Alokairu. Temen que quienes todavía no las han recibido acaben siendo expulsados igualmente mediante subidas drásticas del alquiler una vez las viviendas pasen al mercado libre. Según Pró, un alquiler que actualmente ronda los 900 euros mensuales podría ascender hasta los 1.600 euros. Además, recuerdan que esos 900 euros ya representan el precio de VPO más alto de España.

Ante los posibles desahucios, Alokairu se ha movilizado junto a Stop Desahucios y ha conseguido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco muestren interés por la situación. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha mantenido reuniones con los afectados y ha logrado frenar, por ahora, los primeros desalojos. “Ha bloqueado esas no renovaciones, y eso es un hecho”, admite Pró. Itxaso lidera además las negociaciones con la propiedad para evitar que las viviendas entren en el mercado libre.

A pesar de algunos avances, la desconfianza sigue presente. Varadero cuenta que “siempre han sido muy amables, muy interesados… y luego, ni caso”. Aun así, ambos miembros de Alokairu valoran positivamente la implicación de Itxaso, quien ya se ha reunido dos veces con los vecinos afectados. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana asegura a este medio que se están “analizando las posibles alternativas” en caso de que no se alcance un acuerdo con Blackstone.

El departamento también recuerda que, una vez transcurridos los 75 años del derecho de superficie, las viviendas revertirán al Gobierno vasco. Hasta entonces, se supervisará la actividad de la propiedad, especialmente teniendo en cuenta que Donostia es una zona tensionada, lo que implica limitaciones en los precios del alquiler de larga duración. Por el momento, el departamento no contempla restringir el acceso de grandes fondos como Blackstone a viviendas protegidas, “aunque no se descarta” hacerlo en el futuro.

Desde Alokairu no descartan ninguna vía para resolver el conflicto: mantener el alquiler protegido, impulsar fórmulas de compra colectiva o cooperativa, o incluso una intervención pública más ambiciosa. “Más vale algo que nada”, expresa Pró a este diario. Aun así, reconocen que su opción preferida sigue siendo la compra colectiva, para que los inquilinos que siempre quisieron adquirir sus viviendas puedan finalmente hacerlo.

Ha sido el debate de la semana en Donostia. Y más allá de lo deportivo. El nuevo alcalde, Jon Insausti, ha planteado que se analice si la ciudad a de ser subsede del campeonato del mundo de fútbol masculino en 2030, algo planteado en el mandato de Eneko Goia, también del PNV. Ya en abril de 2025 varias asociaciones vecinales enviaron una misiva a la FIFA para pedir que Donostia no acogiera partidos del campeonato internacional al considerar que el evento agravaría la “turistificación de la ciudad”.

La respuesta de Goia ante la carta vecinal fue clara y negativa. El exalcalde defendió que ser sede del Mundial “debería ser ilusionante” para la ciudad y criticó la epístola. La calificó como “otra más del ‘club del no’” y como una postura “triste”. Además, afirmó que “si fuera por ellos, no habría ni Behobia [atletismo], ni Clásica [ciclismo], ni Donosti Cup [fútbol infantil], ni Zinemaldia”.

La posición recientemente expresada, ahora por Insausti, es distinta. El actual alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento todavía está analizando si conviene que Donostia sea subsede del Mundial y ha insistido en que la decisión no está tomada. “Queremos tener la foto entera de lo que implica para la ciudad”, señaló al finalizar el anuncio y presentación de la nueva página web del Ayuntamiento el pasado jueves. Políticamente, los socios de Gobierno, el PSE-EE, han criticado esta posición. También fuerzas de la oposición.

Insausti ha explicado que están trabajando actualmente en distintos informes para estudiar las implicaciones económicas, fiscales, legales, logísticas y de movilidad que tendría el evento. “Estamos analizando si es conveniente que el Mundial se celebre aquí”, ha declarado. Adicionalmente, ha añadido que el proceso depende tanto de la FIFA como del propio Ayuntamiento. La organización de fútbol tampoco “lo tiene claro”, ha indicado el alcalde, y les está “pasando un examen” para también tomar una decisión rigurosa.

El primer edil ha reconocido que Donostia tiene “capacidad” para organizar grandes eventos internacionales, como los que mencionaba Goia. De igual manera, ha subrayado que el Mundial “no es una competición cualquiera” y que puede tener “muchas consecuencias positivas y negativas”. En este contexto, ha confirmado que hace aproximadamente un mes y medio una delegación de la FIFA visitó la ciudad para mantener reuniones técnicas y evaluar la candidatura.

Con la llegada del fin de semana, Insausti publicó una carta en Linkedin, al modo de las reflexiones que lanza el lehendakari, Imanol Pradales. “Buen momento para bajar el volumen del ruido y ordenar conversaciones, debates y discusiones de una semana intensa. Una de ellas, sin duda, el Mundial 2030. [...] La ciudadanía donostiarra lo que me pregunta ahora es qué impacto tendrá en la ciudad un evento de estas caraterísticas. Qué alteraciones provocará en el día a día. Qué costes supondrá. Qué beneficios dejará. Y, sobre todo, qué legado permanecerá en Donostia cuando las luces del evento se apaguen”, lanzó. Montar algo así no cuesta “unos cuantos céntimos”. “Estamos hablando de inversiones millonarias”, ha recordado. Como añadido, plantea operar conjuntamente con “Bilbo”, otra subsede en un evento organizado en varios países, incluida España. “Ésta es una cuestión de país, de Euskadi. Y en eso iremos de la mano las instituciones vascas, las asociaciones y la ciudadanía en general. Estoy convencido que este partido lo vamos a ganar”, escribía Insausti.

La plaza del Tenis de Donostia vuelve a colocarse en valor con la inauguración de la exposición “La plaza del Tenis, antesala del Peine del Viento”. Organizada por el Instituto de Arquitectura de Euskadi, busca conmemorar el centenario del nacimiento de Luis Peña Ganchegui, el arquitecto de ese lugar y de otros muchos. La muestra, instalada en el convento de Santa Teresa hasta el 27 de septiembre, realiza una breve biografía de su autor, mas profundiza sobre el origen, construcción y rehabilitación reciente de uno de los espacios más emblemáticos del litoral donostiarra.

El director del Instituto de Arquitectura de Euskadi, José Ángel Medina, ha destacado, durante la presentación de la exposición, el valor simbólico del espacio y ha asegurado que “la identificación de lugares así, como la plaza del Tenis, con la ciudad y sus autores es un binomio tan especial que ocurre muy pocas veces”. A su juicio, la plaza posee una “magia” que la ciudadanía ha incorporado “colectivamente” a la identidad donostiarra.

La directora del Archivo Peña Ganchegui, Rocío Peña, hija del arquitecto conmemorado, ha compartido que la exposición es uno de los actos organizados por el centenario del nacimiento de su padre. “La labor principal de este archivo es poner en valor el patrimonio construido” el cual se ha recopilado desde 2009, ha señalado la directora. Además, la muestra llega tras culminar la rehabilitación integral del entorno del Peine del Viento, un proceso iniciado tras el desprendimiento de la ladera en 2015 y que “ha durado 13 años”.

El comisario de la muestra, Mario Sangalli, ha defendido que la plaza del Tenis “no es simplemente la antesala del Peine del Viento, sino una obra arquitectónica de enorme complejidad y sensibilidad”. El comisario ha realizado una visita guiada por las ocho etapas organizadas cronológicamente “desde la infancia de Peña Ganchegui hasta la reciente rehabilitación del espacio”.

La exposición reúne planos originales, documentación para la licitación, croquis inéditos, fotografías históricas y material audiovisual sobre la colaboración entre Peña Ganchegui y el escultor Eduardo Chillida. Gran parte de la colección nunca se había expuesto públicamente. Por ejemplo, entre las piezas destacadas figura un cuadro pintado por el arquitecto durante su juventud en Mutriku y nuevas fotografías, realizadas por Idoia Unzueta, que muestran el estado actual de la plaza tras su recuperación.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha estado presente en la inauguración. Durante su discurso, ha afirmado que la muestra “va más allá de una mera exposición” y la ha definido como “una oportunidad para mirar con nuevos ojos un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Donostia y Euskadi”. Además, ha destacado que Peña Ganchegui logró “intervenir en uno de los paisajes más sensibles y poderosos de nuestra costa sin imponerse sobre él”, siendo objeto de admiración y divulgación.

La programación del centenario del nacimiento de Luis Peña Ganchegui continuará durante los próximos meses con la publicación de un nuevo libro dedicado a la plaza, la difusión de materiales sobre la obra residencial de Peña Ganchegui y una futura exposición de ilustradores inspirada en la trayectoria del arquitecto vasco.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha acogido este lunes el comienzo del juicio por el caso de Lukas Aguirre, quien fue asesinado durante la madrugada del 25 de diciembre de 2022 en el centro de Donostia. La vista de este lunes ha arrancado con la lectura de los escritos de la Fiscalía, las acusaciones particulares -que piden 22.y 25 años de prisión para los dos principales imputados, respectivamente- y las defensas, así como con las exposiciones iniciales ante el jurado. Durante esta primera sesión, las partes han fijado sus posiciones en un proceso que se prolongará hasta el 1 de junio y que juzga a tres personas acusadas de asesinato o encubrimiento, en el caso de la tercera.

La acusación particular ejercida por la madre de la víctima, representada por Iñigo Iruin, ha sostenido que esta muerte constituye “un delito de asesinato indudable”. Iruin, veterano penalista, ha asegurado ante el jurado que el supuesto autor fue “la persona que introdujo dos brutales y agresivos navajazos” que acabaron con la vida del joven. Según su versión, el segundo acusado por asesinato tuvo una “participación necesaria” al entregar la navaja “escasos minutos antes” de la agresión, “conociendo y asumiendo el riesgo” de su posible utilización.

La representación del padre de Aguirre, ejercida por la abogada Kistiñe Lujambio, se ha alineado con la tesis de la Fiscalía y de la otra acusación particular. Lujambio ha calificado los hechos de “muy graves” y ha subrayado que las acusaciones no se basan en “una teoría inventada”, sino en “indicios” que deberán convertirse en pruebas durante el juicio. La letrada ha pedido al jurado “atención” ante la cantidad de pruebas, vídeos y testimonios previstos para las próximas semanas. “Nadie va a devolver a Lukas”, ha afirmado, aunque ha defendido que el objetivo del proceso es “hacer justicia”.

Las defensas, por su parte, han rechazado las acusaciones. El abogado del acusado por asesinato como “cómplice necesario”, Eduardo Santamaría, ha negado que su cliente entregara el arma o pudiera prever lo que iba a ocurrir. “Negamos absolutamente todo”, ha insistido. Ha argumentado además que su defendido presenta problemas de drogadicción y patologías psiquiátricas desde la adolescencia, situándolo en un contexto de vulnerabilidad. La defensa del acusado ha anunciado la aportación de informes médicos, psiquiátricos y periciales.

La defensa de la acusada por encubrimiento, ejercida por José Antonio Carretero, ha sostenido que su cliente “no debería estar” procesada. Ha afirmado que no participó en la agresión ni tuvo conocimiento del asesinato, y que mantuvo una actitud “conciliadora” durante el conflicto. Según su versión, abandonó la zona antes del apuñalamiento y no supo lo ocurrido hasta días después.

Por su parte, el abogado del supuesto autor del asesinato, Juan Román Zubillaga, ha cuestionado la solidez de la investigación y ha señalado contradicciones en los testimonios y en las grabaciones. También ha criticado la actuación policial y ha puesto el foco en una declaración previa de su defendido en comisaría, cuya validez pretende impugnar durante el juicio.

La sesión ha concluido con la declaración del ertzaina coordinador de la investigación, responsable de las primeras actuaciones tras los hechos del 25 de diciembre de 2022. Ha explicado el desarrollo del operativo inicial, la recogida de pruebas y la coordinación policial en las horas posteriores al apuñalamiento. Asimismo, ha subrayado un elemento concreto de la investigación: el cambio de zapatillas por parte de los acusados tras los hechos, un detalle que, según ha indicado, fue “relevante” en el análisis de evidencias y en la reconstrucción de sus movimientos posteriores a la agresión.

El puente Avenida, el que une Irún con Hendaya o España con Francia, ha vuelto a convertirse en lugar de encuentro con motivo del día de recuerdo y homenaje al exilio republicano, previsto en el artículo 8 de la Ley de Memoria Democrática. El acto estatal, celebrado en el recinto de Ficoba, a cinco minutos a pie del puente, ha sido organizado por el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Irún. La periodista irunesa Lourdes Maldonado ha conducido una ceremonia marcada por testimonios, música, poesía y memoria compartida.

El acto ha comenzado con el recorrido simbólico por el puente Avenida, declarado lugar de memoria democrática el pasado 30 de enero. Allí, autoridades públicas, junto a la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain, han cruzado los mismos 112 metros que miles de personas atravesaron en su huida de la guerra y la represión franquista en 1936, cuando Irún cayó conquistada por los sublevados. Después, en 1940 se izó la esvástica cuando Francia fue ocupada por los nazis. Precisamente en estas fechas de 1945 finalizó la II Guerra Mundial en Europa con la caída de Adolf Hitler. Este viernes, las banderas que ondeaban eran rojas, amarillas y moradas.

El momento central del homenaje ha sido la entrega de declaraciones de reconocimiento y reparación concedidas por el Gobierno de España a familiares de personas exiliadas. Para ello, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la alcaldesa, Cristina Laborda, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, han subido al escenario y han entregado personalmente los documentos a cada familiar presente en el auditorio.

La alcaldesa de Irún, del PSE-EE, ha reivindicado que la ciudad “fue frente y fue frontera”, recordando a “las miles de personas que emprendieron un camino hacia lo desconocido” desde el puente Avenida. Ha definido el exilio como “una herida que se ha transmitido durante mucho tiempo y que todavía hoy pervive”. En la misma línea, el ministro Torres ha descrito el exilio como “una herida abierta a hachazos en nuestras raíces”.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha insistido en el “no olvidemos nunca” el origen del éxodo, especialmente en un contexto en el que avanzan “discursos de odio” contra quienes “huyen de las guerras, de la miseria y del hambre”. Torres, por su parte, ha defendido la necesidad de preservar la memoria frente a “posturas absolutamente descabelladas” que “resucitan fantasmas del pasado”.

La ceremonia se ha completado con el testimonio de Alda Blanco, hija y nieta de exiliados. Ha confesado que “nunca se supera el exilio” porque implica “la pérdida del hogar y de un proyecto político democrático”. Ha reivindicado el paso de la memoria familiar a la memoria histórica a través de actos institucionales como el celebrado en Irún.

Entre el público se encontraba un grupo de cuarenta estudiantes del colegio El Pilar Ikastetxea Mariaren Lagundia Irun. Han recibido mensajes directos del ministro y del periodista Gorka Landaburu, también presente en la sala. El padre de Landaburu, Francisco Javier, fue presidente del PNV de Álava y tuvo que buscar refugio en Francia. Torres ha recordado que la memoria democrática sirve para “desterrar el odio y cultivar la paz”. Landaburu, que hace 25 sufrió un atentado de ETA, ha insistido en la importancia de informarse, puesto a que, “para construir el futuro, hay que saber lo que ha pasado”.

La ceremonia ha incorporado también el lenguaje artístico como forma de memoria. Se ha presentado una actuación de Verdini Dantza Taldea, con la participación de bailarines con diversidad funcional. Además, se han proyectado piezas audiovisuales sobre personas exiliadas, en colaboración con la Asociación de Descendientes del Exilio Español. También se han realizado dos lecturas poéticas: 'Memoria de la melancolía', de María Teresa León, y 'Agur Euskal Herriari', de José María de Iparraguirre.

Las personas homenajeadas han sido Adolfo Lozano Olarzabal, Victor Claudio García Serrano, Antonio Díaz, Juana Alonso, Luis Amadoz, Agustín Cortés, Tomás Ramírez, Agapito Nicolás, Carlota Falgueras, Ramón Morales, Massimiliano Paiser, Teresa Alonso, Rosi Pérez, Joxe Mari Lopetegui, Anastasio Blanco, Carlos Blanco Aguinaga, Castor Martín, la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Patxi Arocena, y la familia Carranza Arnaiz.

La Fiscalía pide 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados por el asesinato de un joven de 24 años, Lukas Aguirre, a las puertas de una discoteca de Donostia en la Navidad de 2022. Además, solicita tres años de prisión para una tercera acusada por encubrimiento. El caso será juzgado por un jurado popular desde este viernes y hasta el 1 de junio. El ministerio público sostiene que uno de los procesados asestó dos puñaladas mortales a la víctima mientras el otro le facilitó el arma y colaboró en los hechos.

Según el escrito de calificación del fiscal Julián Blanco, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 25 de diciembre de 2022, después del cierre de la discoteca en la que se encontraban los involucrados. La víctima se encontraba “disfrutando en compañía de sus amigos de la festividad navideña”, indica el texto, cuando coincidió en el exterior del local con el grupo de los acusados.

El ministerio fiscal relata que la tensión comenzó tras un “encontronazo” entre ambos grupos a la salida del establecimiento. Uno de los acusados, “guiado por la finalidad de amedrentar a los presentes”, se dirigió al grupo con amenazas como “no sabéis con quién os estáis metiendo” e intentó golpear a uno de los jóvenes con varios puñetazos. La Fiscalía afirma que, en medio de esa situación, uno de los acusados entregó al otro una navaja tipo mariposa que llevaba consigo. El escrito asegura que quien cedió el arma actuó “con pleno conocimiento” de que sería utilizada y “asumiendo el riesgo que ello implicaba para la vida y la integridad de los presentes”.

Aunque ambos grupos intentaron rebajar la tensión alejándose de la puerta de la discoteca, la hostilidad volvió a crecer poco después y se produjo una nueva pelea. En ese momento, según la acusación pública, uno de los procesados aprovechó el tumulto para atacar a la víctima “guiado por el ánimo de acabar con la vida” del joven de 24 años. La Fiscalía describe que el presunto agresor le clavó la navaja en dos oportunidades en zonas vitales. Esto le provocó a la víctima heridas que afectaron a estructuras cardiovasculares y pulmonares. El joven falleció poco después por un “shock hipovolémico”, recoge el escrito.

Tras el apuñalamiento, la Fiscalía sostiene que los acusados huyeron juntos del lugar y que la tercera acusada colaboró posteriormente para “frustrar la investigación”. En concreto, el ministerio público le atribuye haber encubierto que los dos principales acusados “habrían intercambiado sus zapatillas” y que también “se habrían deshecho de la navaja ocultándola en un contenedor”.

Además de las penas de prisión para los tres procesados, la Fiscalía solicita diez años de libertad vigilada para cada uno de los dos acusados de asesinato y reclama indemnizaciones para los familiares de la víctima por valor superior a los 280.000 euros por el daño moral causado tras la muerte del joven.

El pabellón Illunbe de Donostia acogerá nuevamente la Copa de la Reina de balonmano del 8 al 10 de mayo. El Super Amara Bera Bera es el anfitrión y el conjunto donostiarra aspira a conquistar su décimo título, el cuarto consecutivo. En colaboración con instituciones y entidades deportivas y sociales, la organización ha diseñado un programa complementario que busca reforzar el deporte femenino, la inclusión y la participación ciudadana.

El torneo, con ocho equipos, se disputará en tres rondas. Además de los locales, están las navarras del Replasa Beti Onak y el resto de participantes llegan desde otras zonas de España como la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias, Catalunya, Galicia y La Rioja. El cuadro de enfrentamientos se definió mediante un sorteo celebrado en el Aquarium de Donostia durante el mes de abril.

Programación de partidos

8 de mayo, 13:00 — Rocasa Gran Canaria vs. KH-7 BM Granollers

8 de mayo, 16:00 — Elda Prestigio vs. Grafometal Sporting La Rioja

8 de mayo, 18:15 — Replasa Beti Onak vs. Mecalia Atlético Guardés

8 de mayo, 20:30 — Super Amara Bera Bera vs. Caja Rural Aula Valladolid

9 de mayo, 16:15 — Primera semifinal

9 de mayo, 18:45 — Segunda semifinal

10 de mayo, 13:30 — Final de la Copa de la Reina 2026

La diputada de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, ha señalado que el objetivo es que la competición “trascienda lo deportivo” y contribuya a generar referentes, además de acercar el balonmano a la ciudadanía. En esa línea, se ha instalado una exposición sobre balonmano femenino en Alderdi Eder, que repasa la trayectoria local y el papel de los clubes en la formación de nuevas generaciones, así como las nueve copas logradas por el Bera Bera.

Durante el fin de semana, Illunbe contará con una 'fan zone' de más de 12.000 metros cuadrados, con actividades lúdicas, talleres y espacios para entidades colaboradoras, además de una zona infantil. También se desarrollarán acciones de sensibilización sobre discapacidad visual con la participación de la ONCE y Begisare.

Bajo el lema “Juntas lideramos”, el programa Capitanas ofrecerá charlas, encuentros y mesas redondas en torno al liderazgo femenino, el arbitraje, la maternidad y la conciliación en el deporte. Paralelamente, se celebrarán partidos de minibalonmano para equipos de base en el entorno de Anoeta. El programa se extiende más allá de Donostia, con sesiones de tecnificación en municipios como Zumaia y Bergara. De la misma forma, se realizarán entrenamientos abiertos y jornadas de “balonmano en la calle” en localidades como Zumarraga, Errenteria y Andoain.

En materia de inclusión, la organización ofrecerá por primera vez audiodescripción integral de todos los partidos a través de la aplicación Escoita. Además, se destinará un euro por cada abono vendido a Agifes, entidad que trabaja en el ámbito de la salud mental en Gipuzkoa.

En la madrugada de este domingo a este lunes, en Donostia, se ha registrado un incendio en los pabellones de Jolastokieta, donde se ubicaba la antigua fábrica Zardoya Otis, según ha confirmado la Guardia Municipal. El suceso se originó alrededor de las 23.55 horas. Los Bomberos rescataron a una persona herida, cuyo pronóstico se mantiene reservado, y atendieron a otras tres afectadas por inhalación de humo. Se estima que el fuego fue “provocado”.

El concejal de Seguridad, Martín Ibabe, ha explicado este lunes que el fuego se originó en “las antiguas dependencias de la fábrica”. En estas instalaciones de Zardoya Otis pernoctan habitualmente 30 personas, lo que provocó numerosas llamadas a emergencias y la activación de un amplio dispositivo. En la intervención participaron la Guardia Municipal, los Bomberos, la Ertzaintza y ambulancias de Osakidetza.

Se han contabilizado cuatro personas afectadas, de las cuales una está herida y tres únicamente intoxicadas por humo. Según ha detallado Ibabe, unas “quince personas se encontraban en el exterior” cuando llegaron los servicios de emergencia. Una vez extinguido el incendio, se inspeccionó el interior de las instalaciones para descartar más víctimas, sin encontrar nuevos afectados.

El concejal ha señalado que “los testimonios apuntan” a que el incendio ha sido provocado de forma intencionada. La Guardia Municipal ha detenido a dos personas, aunque la investigación continúa abierta y “podría haber algún otro detenido más”, ha añadido. En estos momentos, se están recopilando declaraciones para esclarecer lo ocurrido.

La zona afectada permanece acordonada. Antes de restringir el acceso, se permitió a las personas que se encontraban en el interior recoger sus pertenencias. En los pabellones de Jolastokieta, que son más que el afectado, suelen pernoctar alrededor de 200 personas en situación de calle. A comienzos de este año ya se produjo un desalojo en uno de los pabellones de la antigua fábrica, pero, pese a ello, el espacio continúa siendo utilizado por personas vulnerables.

En Euskadi hay instaladas ya 25 máquinas de 'vending' muy particulares en 18 localidades. Ofrecen alimentos sobrantes para evitar el desperdicio. El proyecto, detrás del que está Rexcatering, comenzó a gestarse en 2014. Sus fundadores, Álvaro Saiz Ruiz, Ainhoa Crespo Gadea y Juan Marcos de Miquel Sagnier, tomaron la idea mientras trabajaban en un banco de alimentos en Aldakonea y detectaron el volumen de desperdicio generado en las cocinas.

Saiz explica a este periódico que tardaron siete años en materializar el proyecto. Fueron “pioneros” en estructurar una iniciativa de este tipo, lo que implicó un largo proceso de investigación y búsqueda de financiación. La primera máquina expendedora se inauguró en 2021 en Azpeitia, en colaboración con el colegio Iraurgi Ikastetxea. Actualmente, en Euskadi, Rexcatering cuenta con 25 máquinas distribuidas en 18 municipios. Según la entidad, se ofrecen alrededor de 1.000 raciones diarias, que desaparecen en una media de tres horas y media. El proyecto se ha expandido a otras comunidades como Navarra y Catalunya, e incluso también al principado de Andorra. En total, dispone de al menos 30 máquinas, con una media de 40.000 raciones mensuales.

Con un objetivo medioambiental en mente, según publicitan desde Rexcatering, ofrecen una alternativa para evitar el desperdicio de alimentos en grandes servicios de restauración como caterings, comedores escolares, hospitales y geriátricos. A través de máquinas expendedoras, estas entidades distribuyen gratuitamente excedentes aprovechables de sus menús a cualquier persona interesada. al modo que ya se hace en otras aplicaciones o servicios como 'Too good to go'.

El proceso requiere cumplir estrictamente la normativa sobre alimentos aprovechables. La comida no servida y en buen estado se envasa, etiqueta y se introduce en las máquinas, explica Saiz. Algunas de estas se ubican dentro de centros educativos, mientras que otras, compartidas por varias entidades, se instalan en espacios públicos como ayuntamientos.

En el caso de los comedores escolares, el personal de cocina se encarga del envasado, considerado el paso más delicado. Posteriormente, los alumnos participan en el etiquetado, incorporando información sobre ingredientes, alérgenos y fecha de cocción. Finalmente, son ellos mismos quienes trasladan los alimentos a las máquinas en bolsas específicas que garantizan su conservación.

Saiz subraya que el sistema también tiene un objetivo educativo. Los estudiantes utilizan una aplicación móvil, basada en un software de la Generalitat catalana, que les permite no solo etiquetar, sino también analizar datos y reflexionar sobre el desperdicio alimentario. De este modo, conceptos como el consumo de agua, combustible o el cálculo de porcentajes se integran en su aprendizaje a partir de las raciones gestionadas por Rexcatering.

Además de su dimensión educativa, el proyecto cumple una función social, defienden sus promotores. Al ofrecer alimentos en buen estado de forma gratuita, contribuye a “ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, Saiz aclara que no han querido limitar el acceso a este colectivo, ya que “no hay nada más excluyente que hacer cosas para los excluidos”, apostando así por un modelo más inclusivo y digno. Una ley de 2025 establece como prioridad el aprovechamiento de excedentes aptos para el consumo humano y fomenta su redistribución mediante acuerdos entre entidades, lo que encaja directamente con este modelo.

El pleno del Ayuntamiento de Donostia ha acordado este jueves instar al Gobierno vasco a que establezca un nuevo instituto público en Aiete. Era una petición de Aieteko Institutua Bai Kolektiboa, apoyada por la asociación vecinal Lantxabe. La moción ha salido adelante por unanimidad (PNV, PSE-EE, EH Bildu, PP y Elkarrekin) y sin necesidad de debate. Estaban presentes ambas entidades, cuyos representantes se colocaron de pie durante la votación y aplaudieron tras la decisión.

El pasado 13 de abril, el colectivo ofreció una rueda de prensa en el Ayuntamiento para anunciar que su propuesta de ampliar la oferta de educación pública en el barrio contaba ya con el respaldo de todos los grupos políticos. Desde entonces, la mirada estaba puesta en este jueves, cuando el pleno debía confirmar ese acuerdo.

Asier Aldabaldetreku, portavoz del colectivo, le comparte a este medio su emoción por haber dado el primer paso. Desde finales de 2024, el grupo comenzó a organizarse al detectar “una necesidad que no está cubierta en el barrio”. En este tiempo han sumado apoyos de diferentes ámbitos, desde otros institutos también saturados hasta asociaciones y representantes políticos. Por otra parte, el colectivo promueve su recogida de firmas en la plataforma change.org para lograr su objetivo con el apoyo de ciudadanos interesados.

El centro público de Aiete nació gracias a una lucha vecinal y está a punto de cumplir una década. En su origen, se diseñó para cubrir únicamente educación infantil y primaria, una oferta que hoy tampoco da abasto. Según detalla el portavoz, de los diez niveles educativos existentes, en siete ya se ha tenido que duplicar línea, lo que ha obligado al centro a “hacer malabares” y reconvertir espacios como la biblioteca o el aula de inglés en clases ordinarias.

La presión comienza desde la base, explica Aldabaldetreku. El sistema público arrastra un “cuello de botella” desde la etapa infantil, ya que comparte espacio con una guardería de capacidad limitada, dejando fuera a muchas familias desde el inicio. A su juicio, la necesidad está “más que justificada”.

El problema se agrava al finalizar la primaria. La ausencia de un instituto público que imparta ESO y Bachillerato en Aiete obliga al alumnado a desplazarse a barrios como el Antiguo o Amara, donde los centros presentan ya altos niveles de saturación. El portavoz advierte de que esta situación no solo incrementa la masificación, sino que también genera problemas de conciliación y convivencia.

Los datos demográficos refuerzan la reivindicación. Según Eustat, con datos actualizados a 5 de diciembre de 2025, Aiete es el barrio con mayor proporción de población joven de Donostia, con 2.887 menores de entre 0 y 19 años, lo que representa un 20%. Supera ampliamente a otras zonas como el Antiguo, con 1.925 menores (14,1%). El colectivo defiende que estas cifras evidencian una demanda educativa creciente que no está siendo atendida.

En cuanto a la viabilidad, el colectivo sostiene que existen opciones reales. Aldabaldetreku apunta a la posibilidad de reutilizar infraestructuras ya existentes, como el antiguo centro de Jesuitinas, recientemente cerrado. “No es más que una cuestión de voluntad”, afirma. También recuerda que el Gobierno vasco desarrolla actualmente el plan Hezkuntza Eraiki 2030, que prevé una inversión de 750 millones de euros en infraestructuras educativas.

El camino institucional no ha hecho más que empezar, pero el portavoz valora muy positivamente el respaldo recibido hasta ahora. Destaca especialmente la unanimidad política lograda en el Ayuntamiento, algo que califica como “excepcional”. Agradece, además, la implicación de los grupos municipales, que han facilitado el contacto y la visibilidad del colectivo. Ahora, la decisión está en manos del Gobierno vasco. El colectivo espera coherencia entre el apoyo municipal y la respuesta autonómica, aunque asume que habrá que esperar.

Este miércoles, Chillida Leku, en Hernani, ha inaugurado su ciclo de conciertos ofrecidos por alumnos de Musikene, el centro superior con sede en Donostia. El primer grupo en presentarse ha sido el Trío Zephyra, compuesto por David Lima, Koldo Armentia y Maria Salva. Con viola, flauta y arpa, respectivamente, el grupo ha interpretado piezas reconocidas del repertorio clásico ante un público de medio centenar de personas.

La sesión ha comenzado con una breve presentación de los artistas, quienes han explicado el desarrollo del concierto. Han abierto con el Preludio de la suite de André Jolivet, una pieza “breve y delicada” interpretada por los tres instrumentos. A continuación, ha llegado el turno solista de David Lima, que con su viola ha abordado la Suite n.º 1 en sol menor. La obra, compuesta por cuatro movimientos, ha transitado entre pasajes de tensión y otros de corte más melancólico. Ha recibido muchos aplausos.

Tras este momento, y ya bajo una muy intensa tormenta, el trío ha vuelto a reunirse para interpretar el Intermezzo de Georges Bizet. Durante la ejecución, un ruido seco ha interrumpido la atmósfera de la sala. No ha sido hasta el final de la pieza cuando se ha aclarado: una cuerda del arpa se había roto. Con carisma y profesionalidad, Salva ha explicado que su instrumento, de 47 cuerdas, puede resentirse con los cambios de temperatura y humedad. El paso de un entorno seco y cálido a otro más frío y húmedo había provocado el desgaste. Mientras hablaba, ha recolocado la cuerda y afinado el instrumento, convirtiendo el imprevisto en parte del concierto.

El cierre ha llegado con una obra de Claude Debussy. A lo largo de sus cinco movimientos, el trío ha construido un final cargado de matices: melancólico, nostálgico y, por momentos, luminoso. Afuera, una tormenta caía sobre el caserío Zabalaga, como si acompañara la música. Poco a poco, la lluvia fue perdiendo fuerza al mismo tiempo que las últimas notas se apagaban en la sala. El público ha abandonado el espacio con una admiración evidente, entre aplausos, felicitaciones y despedidas pausadas.

Con entrada gratuita, el ciclo continuará y se cerrará con Kontuz Duo, formado por el saxofonista Pablo Mira y el acordeonista Pedro Rolao. El concierto tendrá lugar el próximo miércoles 6 de mayo a las 19:00, también en el caserío Zabalaga. Para reservar un asiento, se debe realizar desde la página web de Chillida Leku.

Pasaia honrará una vez más a los balleneros vascos del 14 al 17 de mayo con el Pasaia Itsas Festibala. En su cuarta edición, Canadá será la cultura marítima invitada de honor, debido a sus vínculos históricos con la tradición naval vasca en zonas como Terranova. El evento estará acompañado de música, danza, exposiciones, gastronomía y exhibiciones dirigidas tanto a público local como a visitantes.

La inauguración, el 14 de mayo, contará con un gran desfile de embarcaciones que entrarán por la bocana entre Ulia y Jaizkibel hasta abrazar la bahía. Más de 120 barcos han confirmado su presencia en las aguas del puerto. Algunas de estas embarcaciones abrirán sus cubiertas al público e incluso permitirán experimentar la navegación histórica en primera persona.

En esta edición, la nao San Juan podrá visitarse por primera vez en el agua. Construida en Albaola a partir de investigaciones arqueológicas en Red Bay (Canadá), se trata de una réplica de un ballenero del siglo XVI que conecta las historias marítimas de Euskadi y de Canadá. Destaca, además, que las anclas de esta nao han sido elaboradas con técnicas del siglo XVI, recuperadas por Albaola en su nueva ancorería, AinguraOla.

Xabier Agote, presidente de Albaola, ha afirmado que el hecho de que “Canadá sea la cultura marítima invitada de honor no es una casualidad”, ya que existe una historia compartida “construida a ambos lados del Atlántico”. Por su parte, Christopher Berzins, embajador de Canadá en España, ha mostrado su gratitud por la invitación y ha señalado que siente “el honor” de participar. Ha opinado que “el Pasaia Itsas Festibala 2026 es una oportunidad única para fortalecer esta colaboración continua” entre ambos países.

En este contexto, se presentará el diálogo “Encuentros a través del Atlántico”, que mostrará la relación entre las tradiciones vascas y las de las Primeras Naciones y comunidades inuit. El programa incluirá demostraciones de construcción de kayaks, técnicas ancestrales y la culminación de una canoa de corteza de abedul elaborada por artesanos atikamekw. También habrá actividades interactivas como talleres infantiles y la “Akromasta”, que invita a trepar un mástil de ocho metros.

La música también tendrá un papel destacado en el festival. Pedro Pastor y Bele abrirán el programa el jueves 14, mientras que el sábado 16 Nakany Kanté, Eskorzo y Amparanoia pondrán ritmo al puerto. A ello se sumará la presencia constante de trikitilaris, bertsolaris, coros y grupos de danza, generando un ambiente marcadamente local.

El festival mantiene un compromiso medioambiental. El alcalde, Teo Alberro, ha subrayado su enfoque en el entorno local y la sostenibilidad, con espacio para el talento cercano y la promoción de la filosofía kilómetro cero. En la misma línea, José Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad, ha destacado que “el cuidado del mar es una prioridad estratégica” y que el festival “es mucho más que un evento cultural, es un espacio que conecta el pasado con el futuro”.

Pasaia Itsas Festibala nació en 2018 y, desde entonces, ha contribuido al aumento del turismo en la comarca de Oarsoaldea. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha señalado que la edición anterior incrementó en un 10% la afluencia turística en la comarca. Además, ha defendido que se trata de un turismo con “identidad”. “El Pasaia Itsas Festibala solo se puede celebrar aquí”, porque nace de un territorio que sigue viviendo del mar.

Arrasate-Mondragón, Pasaia y Zestoa ya son oficialmente zonas tensionadas en materia de Vivienda. Con estas incorporaciones y con la tramitación en marcha en Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati y Orio, el 64,2% de la población guipuzcoana estará ya bajo ese paraguas. La medida implica que los precios del alquiler quedan regulados mediante índices de referencia y se acompaña de un plan de acción municipal.

El estudio realizado en Arrasate-Mondragón muestra que, en los últimos años, el precio del alquiler ha aumentado un 23,9%. A su vez, la oferta en el municipio es “insuficiente”. De hecho, en la página web Idealista solo se ofrecen cinco pisos, de los cuales uno parece ser de larga duración y otro no lo especifica; el resto está destinado a estudiantes. Su alcaldesa, Maider Morras, de EH Bildu, ha explicado que el estudio evidencia “que la vivienda está lejos de garantizarse como un derecho básico”, por lo que la declaración como zona tensionada será una forma de “poner límites” y “dotar de instrumentos jurídicos e institucionales” que favorezcan el alivio de la crisis.

Junto a la declaración, el Ayuntamiento completa su plan de acción con el desarrollo de más viviendas protegidas. Se prevé construir al menos 1.000 en los próximos quince años. Actualmente, trabajan en la activación de suelos públicos en San Andrés Berri e Intxausti, buscando la colaboración del Gobierno vasco para su desarrollo. Además, estudian la posible adquisición del edificio La Merced para ofrecer alojamientos dotacionales.

En Pasaia, el estudio revela que las familias destinan de media un 35,9% de sus ingresos al alquiler, es decir, por encima del umbral recomendado. El 60% de las solicitudes de vivienda procede de personas empadronadas en el municipio, con predominio de perfiles unipersonales y de rentas medias y bajas. Teo Alberro, también de EH Bildu y alcalde de Pasaia, ha afirmado que el acceso a la vivienda es “uno de los principales factores de desigualdad”, lo que deja a las instituciones “la responsabilidad de actuar”.

A diferencia de Arrasate-Mondragón, Pasaia no dispone de suelo suficiente para desarrollar nuevas viviendas. La estrategia municipal pasa por aprovechar al máximo el suelo disponible, con una previsión de unas 400 viviendas; ofrecer alternativas como alojamientos dotacionales y apostar por la rehabilitación y la regeneración urbana. A ello se suman medidas reguladoras como el control del alquiler turístico, la movilización de vivienda vacía y la aplicación de incentivos fiscales a propietarios.

En Zestoa, debido a su demografía dispersa, el alcalde Mikel Arregi, de EH Bildu, ha indicado que la falta de oferta residencial en los barrios provoca que se “tensione aún más” el núcleo urbano. El estudio señala que el municipio cuenta con 1.859 viviendas, con una antigüedad media superior a los 46 años. Además, destaca la escasa presencia de vivienda protegida, que representa un 2,5%, y una tasa de vivienda vacía del 10,1%, por encima de la media de Gipuzkoa. El plan de acción de Zestoa propone la ampliación progresiva del parque de vivienda protegida, que actualmente cuenta con 47 unidades. A ello se suma la intención de promover nuevas viviendas en suelos como AB04 Rezola, en Arroabea.

El consejero socialista de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha advertido de que el problema de fondo es estructural. “Nos encontramos ante un mercado de alquiler roto”, ha afirmado durante su intervención. Ante las críticas sobre una posible reducción de la oferta, ha reprochado que no merece la pena decir que “se va a reducir la oferta, porque la oferta ya es inexistente”. Para Itxaso, la declaración de zonas tensionadas no empeora el escenario, sino que trata de corregir un desequilibrio previo.

Itxaso también ha defendido que la regulación debe ir acompañada de incentivos para movilizar vivienda vacía y ofrecer seguridad a los propietarios. “Queremos dar certidumbre y seguridad”, ha explicado. En este sentido, ha recordado el próximo desarrollo de Alokaplus, que consta de un seguro frente a impagos o desperfectos, y ha destacado la labor de Bizigune, que facilita la incorporación de viviendas al alquiler protegido. El consejero ha defendido que “en un mercado que se regula solo” existe un riesgo real de expulsión de vecinos de sus municipios. “En nuestro modelo de país no cabe que nadie sea expulsado de donde quiere vivir”, ha concluido Itxaso.

Las zonas tensionadas, creadas por la normativa estatal de 2023, permiten controlar los precios del alquiler. Además, con la nueva ley vasca de 2025 se establecen medidas adicionales como la limitación de viviendas turísticas. Igualmente, el decreto que entrará en vigor próximamente ampliará las coberturas de programas como Gaztelagun (ayudas al alquiler juvenil) o Bizigune (captación de pisos particulares) en esas áreas.

Bajo el lema “Eureka! se queda, ¡celebrémoslo!”, Eureka! Bizirik, la plataforma que se opuso al cierre del museo de ciencias de Donostia, convoca un evento abierto al público. Se realizará este domingo, 26 de abril, a las 11.00 horas, frente al Eureka!, incluyendo la entrada libre al museo. Originalmente, la convocatoria era una manifestación en contra de la clausura, pero, ante las recientes decisiones, el movimiento aprovechará el espacio y los permisos concedidos para celebrar su continuidad.

La decisión de cerrar el museo se tomó en el año 2021, aunque entonces se desconocía la fecha exacta del cierre. Una vez anunciado el cierre para el 30 de junio de este año, Eureka! Bizirik activó una recogida de firmas en la plataforma change.org, que sumó un total de 16.179 firmas verificadas. A la presión de la comunidad científica se sumó el alcalde de Donostia, Jon Insausti, quien hizo pública una carta dirigida a la presidencia de Kutxa Fundazioa en la que solicitaba mantener el museo.

Tras esta maniobra, el patronato de Kutxa se reunió dos semanas después de anunciar la fecha de cierre para replantearse la decisión. Tras esa reunión, Kutxa Fundazioa anunció no solo la postergación del cierre del museo, sino también su compromiso de mantenerlo de forma indefinida. Además, agradeció la colaboración interinstitucional que pueda llevarse a cabo para seguir ofreciendo espacios de divulgación científica, incluido el proyecto que inicialmente sustituiría al museo, Atenea.

Este nuevo encuentro tiene como objetivo agradecer “por todo el apoyo” ofrecido por la comunidad científica y la ciudadanía para lograr la rectificación de Kutxa Fundazioa. Ahora, Eureka! Bizirik cambia su objetivo a “seguir de cerca la evolución del proyecto” para asegurar una divulgación científica adecuada.

Coincidiendo con el día del libro, en Gipuzkoa se ha organizado un año más LUMA Fest, un certamen de lectura y escritura promovido por el departamento de Cultura de la Diputación. Desde 2022, el festival ofrece anualmente un espacio para que los lectores conozcan a sus autores de literatura juvenil favoritos. Además, brinda la oportunidad a jóvenes escritores, de entre 14 y 21 años, de presentarse a un concurso de microrrelatos.

Este año, la palabra de inspiración para los concursantes ha sido el “futuro”. A partir de ahí, los participantes han partido de la introspección y la reflexión. El concurso se ha dividido en euskera y castellano, y en cada lengua había dos categorías: de 14 a 17 años y de 18 a 21 años. Para transmitir su microrrelato contaban con un máximo de 240 caracteres, incluidos espacios y signos de puntuación. ¿En un formato tan breve es posible contar una historia? Así lo demuestran los ganadores de esta quinta edición.

Elene Odriozola, de Azpeitia, es la ganadora de la categoría de 14 a 17 años en euskera. Gracias a su escuela y a su profesora de euskera, conoció el concurso. Durante una clase, se animó al alumnado a escribir su microrrelato para enviarlo a LUMA Fest. Odriozola confiesa que leyeron todos los textos y que consideraba que “otros eran muy buenos”, por lo que recibir el premio fue “una sorpresa”.

La joven azpeitiarra le cuenta a este medio su preocupación por el cambio climático, eje central de su microrrelato. En él, se muestran las plegarias de un copo de nieve que, a su alrededor, otros desaparecen “por culpa de los grandes”. Comenta que, siendo un tema del que parece que “a muchos no les preocupa tanto”, LUMA Fest es un espacio “para hablar sobre él de un modo poético/literario”.

Por otra parte, el ganador de la categoría de 18 a 21 años en euskera, Martín Maiz, de Errenteria, enfocó su microrrelato en los migrantes. La idea surge a partir de la similitud fonética en euskera entre “futuro” e “inmigrante”, 'etorkizun' y 'etorkin', respectivamente. Desde entonces, explica su reflexión sobre cómo estas personas “vienen buscando un futuro mejor, pero la realidad no es la que esperaban”. Maiz ya conocía el concurso del año pasado, en el que también ganó con un microrrelato romántico.

Dentro de los participantes de 14 a 17 años en castellano, Adriana Castrillo, de Legazpi, se hizo con el premio. Con un gran amor por la lectura y la escritura, Castrillo quiso expresar cómo “muchas veces estamos pensando en cómo va a ser el futuro y nos damos cuenta de que lo estamos viviendo”. La ganadora expone que fue su madre quien la animó a presentarse al concurso.

Por último, Ainhoa Álvarez se coronó como ganadora en la categoría de 18 a 21 años en castellano. Ha venido desde Madrid para recoger su premio y asistir a la firma de libros que ofrecía el festival. Conoció el certamen un día antes de que cerrara el plazo. Álvarez comenta que siempre escribe sobre lo que siente. El relato con el que ha ganado procede de un texto más largo que tenía guardado. Su microrrelato describe a una “persona paralizada” que no siente el paso del tiempo, “que no siente nada”. Además de su texto ganador, envió más relatos al concurso.

Todas las ganadoras destacan su agradecimiento por tener un espacio como el que ofrece LUMA Fest. Además del concurso de microrrelatos, el festival ha incluido el taller 'Irakurketaren ertzak', coordinado por Galtzagorri Elkartea y dirigido al alumnado de tercero de Secundaria, con el objetivo de acercar la lectura de nuevas formas y fomentar la participación de centros de Gipuzkoa. La programación se ha completado con firmas de libros de Adrianne Young, Alina Not, Nerea Llanes y Myriam Lejardi, y el podcast 'Ez tramarik, ez amaierarik', donde jóvenes autores, Garazi Albizua, Julen Apella y Leire Ugadi, han reflexionado sobre la escritura en la era digital junto a la periodista Amalia Ibargutxi.

La plataforma Stop Desahucios ha anunciado el desalojo de diez familias vulnerables en Donostia, Errenteria, Lasarte e Irún tras la caída del denominado “escudo social” existente en España. Estas familias tienen a su cargo al menos un menor de edad y cuentan con informes de vulnerabilidad acreditados por servicios sociales, según indican. Rosa García, portavoz de la plataforma, señala que algunos casos afectan a grandes tenedores como Kutxabank y el fondo buitre Testa-Blackstone; otros, a pequeños propietarios.

El pasado 26 de febrero, la mayoría del Congreso de los Diputados tumbó el escudo social planteado por el Gobierno después de seis años desde su entrada en vigor. El decreto nació en el contexto de la pandemia y su objetivo era proteger a las familias vulnerables ante desahucios. Como indica García, fueron los votos de PP, Vox y Junts los que propiciaron la derrota parlamentaria.

Entre los casos más urgentes de Gipuzkoa se encuentra el de Houda, vecina de Irún y madre de cuatro hijos. Su desahucio ya tiene fecha fijada: el 10 de junio. En el mismo municipio, Lorena afronta un desalojo junto a sus cinco hijos, tras la solicitud de su casero, Kutxabank. El juzgado aún no le ha comunicado la fecha. A este escenario se suma Gloria, de Lasarte-Oria, con un hijo a su cargo y en una situación similar, aunque en su caso el arrendador es un pequeño propietario.

La plataforma denuncia que grandes tenedores como Kutxabank o el fondo Testa-Blackstone han solicitado la reanudación de procedimientos judiciales. Así le está ocurriendo en el caso de Luis, vecino de las VPO de Benta Berri, actualmente hospitalizado, cuya vivienda pertenece a este fondo. Stop Desahucios acusa a estas entidades de “acelerar” los desalojos en cuanto se derrocó la protección legal, y se compromete a no permitir que se ejecuten sin resistencia social.

Los casos de Donostia y Errenteria son particulares por su condición de zona tensionada. A Jennifer y Carmen, también con hijos, se les vence el contrato, cada una en su respectivo municipio. Para evitarlo, la plataforma asegura que han acogido las prórrogas extraordinarias contempladas en la Ley de Vivienda para municipios tensionados, pero sus arrendadores han iniciado procedimientos judiciales para impugnarlas. En el caso de Jennifer, el propietario es el fondo de inversión madrileño Kalaitos TGA.

Stop Desahucios advierte de que, si los tribunales no validan estas prórrogas, el número de demandas crecerá “hasta niveles insoportables”. El propio Gobierno vasco cifra que más de 25.000 contratos finalizarán este año en Euskadi, lo que podría traducirse, explica Rosa García, en “miles de nuevos conflictos habitacionales”. Según datos aportados por la plataforma, en 2024 y 2025 los servicios sociales han emitido 153 informes de vulnerabilidad en Donostia y 83 en Irún, cifras que reflejan la magnitud del problema.

A nivel nacional, estiman que unas 60.000 familias han quedado expuestas tras el fin del escudo social. “Estamos ante un tsunami habitacional”, advierte García, mientras alerta de que muchas personas podrían acabar en la calle. La portavoz exige medidas urgentes a las instituciones: desde la mediación directa con grandes tenedores hasta el refuerzo del parque público de alquiler social. Reclaman, por ejemplo, que Kutxabank retire la demanda contra Lorena y firme un contrato de alquiler social de siete años, como ya ocurrió en Errenteria tras la intervención municipal en otro caso.

Adicionalmente, Rosa García recuerda que organismos internacionales como la ONU obligan a garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables antes de ejecutar un desahucio. “No puede existir una sociedad civilizada con menores durmiendo en la calle”, insiste García. Mientras tanto, el mensaje de la plataforma es claro: impedirán los desalojos que consideren injustos. Porque, como repiten, “la vivienda es un derecho, no un negocio”.

Kutxabank insiste en la responsabilidad de los servicios sociales

Por su parte, Kutxabank sostiene que el lanzamiento de la vivienda de Lorena fue acordado por un juzgado en mayo de 2023. Al considerar que la familia no tenían derecho a permanecer en el inmueble, no se validaron los contratos de alquiler ni los justificantes de pago presentados. La entidad señala que el procedimiento se ha reactivado tras la derogación del “escudo social” y subraya que la normativa posterior no resulta aplicable en este caso, al no tratarse de un contrato de alquiler reconocido jurídicamente. Asimismo, indica que la afectada no ha abonado rentas y que, tras ser declarada en situación de vulnerabilidad, le corresponde a los servicios sociales ofrecer una alternativa habitacional. En este sentido, Kutxabank afirma que actúa conforme a la legislación vigente y a las resoluciones judiciales.