La intervención militar norteamericana en Venezuela, presentada en algún momento en el marco de una “restauración democracia” en el país sudamericano, parte de una contradicción política y moral difícil de soslayar, además de un error de cálculo estratégico. Resulta problemático invocar principios democráticos mientras se defiende el uso de la fuerza armada, una fuerza que casi con certeza recaería sobre una población civil ya devastada por el colapso económico, el éxodo masivo y la represión estatal. Más que esclarecer la crisis venezolana, el discurso intervencionista tiende a ocultar las dinámicas reales que hoy condicionan su posible desenlace.

Lo que se perfila en torno a Venezuela se asemeja menos a una operación de rescate democrático que a un proceso de reordenamiento geopolítico negociado. Las informaciones sobre contactos discretos entre sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas y actores estadounidenses apuntan a que la cuestión central ya no es si el régimen cambiará, sino cuánto de él permanecerá intacto tras una eventual transición. La prioridad parece ser la gobernabilidad, no la democratización.

De prosperar estas negociaciones, el escenario más probable sería una salida administrada: la remoción de Nicolás Maduro y de un círculo reducido de poder, combinada con la preservación del alto mando militar y de la arquitectura institucional que ha sostenido al régimen durante años. En ese marco, la estabilidad y la previsibilidad se impondrían sobre la rendición de cuentas, la justicia o una reforma profunda del Estado. No sería una excepción histórica, sino la reiteración de una lógica bien conocida: preservar el aparato coercitivo para evitar el caos, aun cuando ese aparato sea parte del problema.

Este enfoque ayuda a entender la posición ambigua de la oposición venezolana. María Corina Machado, pese a su peso electoral y simbólico, no parece generar plena confianza en Washington como una figura capaz de garantizar control político, disciplina militar y continuidad en los acuerdos estratégicos. En este cálculo, las elecciones cuentan, pero el control cuenta más.

El trasfondo es, ante todo, geopolítico. Venezuela no es solo un país en crisis, sino un activo estratégico inserto en un orden internacional cada vez más inestable. Cualquier transición deberá tener en cuenta las inversiones de China en el sector petrolero venezolano —en particular en torno al lago de Maracaibo—, así como la presencia política y de seguridad de Rusia. No se trata de un retorno a la lógica de bloques de la Guerra Fría, sino de un entramado de acuerdos transaccionales marcados por intereses de corto plazo y liderazgos imprevisibles.

En este contexto, la idea de que una eventual segunda presidencia de Donald Trump intervendría movida por la defensa de la democracia venezolana resulta poco convincente, como ha quedado claro con las palabras y los hechos del propio presidente de EEUU. Su historial revela una postura hostil hacia los venezolanos que huyeron de la crisis: durante su mandato se intentó eliminar protecciones temporales para cientos de miles de migrantes y se los estigmatizó como amenazas. Un liderazgo que debilita las salvaguardas humanitarias en su propio país difícilmente puede presentarse como garante de la democracia en el exterior.

La historia reciente ofrece un precedente aleccionador. La invasión estadounidense a Panamá en 1989, que culminó con la captura de Manuel Noriega, se justificó con argumentos similares: democracia, seguridad y protección de ciudadanos estadounidenses. El resultado no fue la consolidación democrática, sino una intervención militar unilateral con elevados costos civiles y un orden posterior alineado con los intereses estratégicos de Washington. La soberanía fue redefinida, no restablecida.

Venezuela corre el riesgo de recorrer un camino semejante. Incluso la eventual salida de Maduro no desmantelaría el entramado autoritario incrustado en las instituciones militares, judiciales y económicas del Estado. Los regímenes autoritarios rara vez se disuelven con la caída de un líder; tienden a adaptarse y a reproducirse mediante la continuidad institucional. Sin enfrentar esas estructuras, el cambio político será, en el mejor de los casos, superficial.

Lo que en realidad se negocia no es la democracia, sino el orden: un orden que garantice el flujo del petróleo, limite las fricciones entre grandes potencias y evite el colapso del Estado, aun al precio de preservar las bases del autoritarismo. Presentar ese resultado como una restauración democrática no es solo impreciso; es engañoso.

En este debate suele faltar un actor central: la sociedad venezolana. Mucho antes del actual régimen, Venezuela desarrolló una tradición política marcada por el movimiento obrero, las organizaciones vecinales, el activismo estudiantil y las movilizaciones contra la exclusión y el autoritarismo. Esa historia persiste, pese a años de represión y exilio. Cualquier transición diseñada por encima de la ciudadanía, cualquier pretensión de control neo-colonial, mediante pactos militares, acuerdos de élites o presiones externas, corre el riesgo de chocar con una sociedad que ha demostrado reiteradamente su capacidad de movilización.

El orden impuesto sin consentimiento rara vez perdura. Y la democracia, cuando se vacía de participación social, deja de serlo.