La Junta del Centro Aragonés de Barcelona (CAB) ha decidido dimitir en bloque ante la posibilidad de que el futuro de su histórica sede quede condicionado por criterios de rentabilidad económica. Esta es la solución de viabilidad del edificio aportada por una firma contratada por el Gobierno de Aragonés para destinar a alquileres la mayor parte de la superficie no ocupada por el Teatro Goya. La dirección saliente se mantiene expectante, no obstante, con la visita del presidente aragonés, Jorge Azcón, prevista para el próximo 7 de julio, cuya intención es reconducir una situación que consideran crítica para la continuidad de una de las instituciones más representativas de la comunidad aragonesa en Catalunya.

La pasada semana, la Junta del Centro Aragonés hizo pública su renuncia mediante un comunicado dirigido a la sociedad aragonesa. En él denunciaba años de retrasos administrativos, falta de información y un progresivo alejamiento del Ejecutivo autonómico respecto al proyecto que la entidad había impulsado para garantizar la viabilidad de una institución con más de un siglo de historia.

La dirección recuerda que presentó al Gobierno de Aragón una propuesta para compatibilizar la actividad propia del Centro con usos institucionales y con iniciativas promovidas por entidades económicas y sociales aragonesas. El objetivo era convertir la sede en un espacio de referencia para Aragón en Barcelona, preservando al mismo tiempo su función cultural y representativa.

La sede del Centro Aragonés, un inmueble catalogado de más de cien años de antigüedad, presenta importantes problemas estructurales y de mantenimiento. Entre otras actuaciones, es necesario retirar cerca de 900 metros cuadrados de uralita y acometer diversas intervenciones de conservación.

El edificio pasó a formar parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma hace cuatro años, tras el acuerdo alcanzado durante el mandato del anterior presidente, Javier Lambán. Sin embargo, pese a que el Ayuntamiento de Barcelona concedió la licencia de obras en 2024, no ha sido hasta junio de este año, un año más tarde, cuando el Gobierno de Aragón ha licitado la rehabilitación de cubiertas y fachadas, con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de quince meses. Las obras podrían comenzar en agosto de 2026.

La rehabilitación interior quedará para una segunda fase, una vez determinado el modelo definitivo de usos y gestión del inmueble. Según explican, el objetivo de los responsables del centro era desarrollar un nuevo proyecto que permitiera compatibilizar la actividad propia del Centro Aragonés de Barcelona con usos institucionales del Gobierno de Aragón y con iniciativas impulsadas por el tejido social y económico aragonés.

La principal causa de la ruptura entre la Junta y el Gobierno de Aragón surge a raíz del estudio encargado por este último a la consultora multinacional CBRE, especializada en gestión y explotación de activos inmobiliarios, por el que la empresa percibe alrededor de 130.000 euros. Según denuncian los responsables del Centro, las propuestas presentadas contemplan destinar más de 1.500 metros cuadrados del edificio —prácticamente la totalidad de la segunda y tercera planta— a espacios de alquiler. La firma ha ido presentando propuestas al grupo de trabajo —representantes del Centro Aragonés de Barcelona y responsables de la administración autonómica— que evidenciaron posiciones encontradas sobre el futuro del edificio, según los responsables de la junta del CAB.

Jesús Félez, director del centro relata que las verdaderas intenciones no se revelaron hasta la presentación del estudio preliminar sobre el futuro uso del edificio, en el que se prevé destinar a alquileres más de 1.500 metros cuadrados a alquileres, —prácticamente la totalidad de la segunda y tercera planta—.

De acuerdo con este planteamiento, la actividad del Centro Aragonés quedaría concentrada en unos 100 metros cuadrados de la primera planta, espacio que debería albergar además su patrimonio documental y artístico. Entre las piezas que conserva la entidad figuran frescos dedicados a algunos de los pueblos más emblemáticos de Aragón, obra del artista Guillermo Pérez, conocido por sus carteles de las Fiestas del Pilar.

Jesús Félez, director del Centro, considera que la propuesta supone un “despropósito” porque ignora el funcionamiento real de la institución y desmantela el proyecto consensuado en la legislatura anterior. Aquel plan contemplaba la creación de un restaurante de cocina aragonesa —no hay ninguno en Barcelona de esta especialidad—, espacios para actividades empresariales e institucionales y la cesión preferente de instalaciones a ayuntamientos, empresas y entidades aragonesas interesadas en promocionar sus iniciativas en Barcelona.

La ubicación del inmueble, en pleno centro de Barcelona, refuerza su potencial estratégico. Por sus inmediaciones transitan diariamente miles de personas y su situación resulta especialmente relevante para fortalecer los vínculos económicos, culturales e institucionales entre Aragón y Catalunya.

El centro, según el acuerdo alcanzado en la legislatura de 2029 a 2023, y con el estudio de viabilidad de la Cámara de Comercio, entonces presidida por Manuel Teruel, podría seguir desarrollando una importante labor cultural, desde la presentación de libros, conferencias, cine, música, etc.

En las reuniones mantenidas con directores generales del Gobierno de Azcón, a instancias de la directora de Patrimonio, Asunción Sanmartín, pocos ofrecieron soluciones, más allá de señalar alguno que el inmueble desprendía “perfume de viejo”. Más tarde, optaron por contratar a la empresa CBRE para el desarrollo del estudio de usos.

La dimisión de la Junta sorprendió incluso al presidente del Gobierno de Aragón. Según fuentes del Centro, el jefe de gabinete de Jorge Azcón contactó personalmente con Jesús Félez para trasladarle el malestar del Ejecutivo por lo ocurrido y manifestar la voluntad de abrir una vía de diálogo.

Ese acercamiento podría materializarse el próximo 7 de julio, fecha en la que Azcón tiene previsto visitar la sede del Centro Aragonés de Barcelona aprovechando un viaje institucional a la ciudad condal. La reunión, que aún no está cerrada, se presenta como una oportunidad para intentar alcanzar un acuerdo que evite la ruptura definitiva.

La crisis también ha llegado a las Cortes de Aragón. Chunta Aragonesista (CHA) ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre el futuro de la entidad y conocer el modelo de gestión que el Ejecutivo pretende implantar.

La portavoz de la formación en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, Mary Carmen Bozal, ha reclamado transparencia en el proceso y garantías de que la rehabilitación servirá para fortalecer la actividad del Centro y no para diluir su identidad histórica. CHA considera que la institución representa un referente fundamental de la presencia aragonesa en Catalunya y exige que cualquier actuación preserve su función cultural, social y representativa.

Tradición, historia y valor estratégico

El Centro Aragonés de Barcelona es una de las instituciones aragonesas con mayor trayectoria fuera de la comunidad. Aunque su actual sede data de 1916, la entidad fue constituida el 3 de enero de 1909, en plena expansión económica de Barcelona, una ciudad que entonces atrajo a miles de aragoneses en busca de oportunidades laborales y profesionales. Durante la primera mitad del siglo XX llegó incluso a impulsar una cooperativa de productos aragoneses, reflejo de la intensa actividad social y económica desarrollada por la comunidad aragonesa en Catalunya.

La sede, conocida como edificio Joaquín Costa desde 1923, ocupa el chaflán de las calles Torres Amat y Joaquín Costa, en pleno centro de Barcelona. Diseñado por el arquitecto Miguel Ángel Navarro con inspiración en el Renacimiento aragonés, el inmueble cuenta con cerca de 4.000 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, sótano y dos plantas superiores, además del histórico Teatro Goya, que ocupa una superficie de 948 metros cuadrados.

Por su valor patrimonial y simbólico, el edificio fue incorporado hace cuatro años al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón tras la aceptación formal realizada por el entonces presidente Javier Lambán. El inmueble, valorado en más de diez millones de euros, requiere importantes actuaciones de rehabilitación, especialmente en cubiertas, sistemas de recogida de aguas y diversos elementos ornamentales de fachada.

Más allá de su relevancia arquitectónica e histórica, el edificio ocupa una ubicación estratégica. Más de 12.000 personas transitan diariamente por su entorno, lo que lo convierte en un escaparate privilegiado para la promoción económica, social y cultural de Aragón en Catalunya. Su presencia centenaria en Barcelona simboliza además la estrecha relación entre ambos territorios, cuyos vínculos económicos continúan siendo especialmente intensos. Catalunya es uno de los principales socios comerciales de Aragón, mientras que el Puerto de Barcelona constituye la principal puerta de salida y entrada del comercio marítimo aragonés, concentrando alrededor del 65 % de este tráfico.

El programa Volveremos ha vuelto a generar malestar entre comerciantes y clientes de Zaragoza tras agotarse el saldo disponible en apenas tres días de campaña. Lo que nació durante la pandemia como una herramienta de apoyo al pequeño comercio sigue siendo valorado por buena parte del sector por su capacidad para atraer consumidores, pero el rápido consumo de los fondos, las consecuencias fiscales para algunos autónomos y los abusos detectados en su funcionamiento han reabierto el debate sobre el modelo.

La presidenta de los comerciantes del distrito Centro, Begoña Abad, reconoce la decepción que ha dejado esta edición. “Estamos tristes porque ha durado muy poco, los clientes también”, explica. Recuerda que el segundo miércoles de campaña muchos consumidores acudieron a los establecimientos esperando beneficiarse de los descuentos y se encontraron con que a media mañana el porcentaje de devolución ya se había reducido y por la tarde el saldo estaba completamente agotado.

La situación generó tensión en numerosos comercios. “Cuando se acabó el saldo nos venía la gente a gritar porque se había terminado muy pronto y me decían que les hiciera yo el descuento”, relata Abad. Los comerciantes se vieron obligados a asumir el enfado de los clientes pese a no tener ninguna responsabilidad sobre el agotamiento de los fondos. “El miércoles lo pasé fatal, la gente se volvió loca”, asegura.

A pesar de las críticas, Abad defiende la utilidad del programa como herramienta para dinamizar el consumo y atraer clientes a las tiendas. Sin embargo, considera que algo está fallando en la gestión y reclama una reflexión sobre el funcionamiento de la plataforma y el reparto de los recursos. También recuerda que la ampliación del programa a todo Aragón ha provocado que el presupuesto tenga que distribuirse entre un número mucho mayor de comercios y usuarios.

Otra de las preocupaciones que ha emergido con fuerza en esta edición es la situación fiscal de numerosos autónomos. Comerciantes que tributan por módulos denuncian que Hacienda les está computando como subvención unas cantidades que aseguran no haber recibido realmente.

Begoña Abad sostiene que los comerciantes siempre entendieron que el beneficiario de la ayuda era el consumidor, no el establecimiento. “Es una ayuda para quien compra. Nosotros solo adelantamos el dinero”, afirma. A su juicio, el problema surge cuando esos importes terminan teniendo consecuencias fiscales para los negocios.

La comerciante V.P., propietaria de una pequeña tienda de regalos en La Jota, se declara “indignada”. Explica que descubrió las implicaciones tributarias cuando su gestor le informó después de haber presentado la declaración de la renta. Considera que el programa supone un esfuerzo añadido para pequeños negocios que, además de gestionar la aplicación y ayudar a los clientes a utilizarla, ahora deben afrontar una carga fiscal inesperada.

“Lo hacemos por los clientes”, asegura, aunque reconoce que ha llegado a plantearse abandonar la iniciativa. Sin embargo, teme perder compradores si deja de participar. Su sensación es que el pequeño comercio asume costes y complicaciones que otros negocios de mayor tamaño apenas perciben.

El que sí ha abandonado la aplicación es  L.V., comerciante de San José, que decidió no renovar su participación en Volveremos. Además, ha presentado una queja ante el Justicia de Aragón y prepara consultas ante Hacienda. Defiende que los comerciantes no reciben una subvención como tal, sino que adelantan una cantidad que posteriormente les es reintegrada. “Si esto es una subvención, debería ser de cero euros, porque nosotros no recibimos ningún beneficio”, argumenta.

Junto a las cuestiones fiscales, numerosos comerciantes denuncian prácticas que consideran contrarias al espíritu original del programa. Begoña Abad reconoce que algunos clientes le han pedido fraccionar compras en varias operaciones para obtener más saldo, una práctica a la que siempre se ha negado. “Todos debemos cumplir las reglas para que el programa siga siendo un buen proyecto”, afirma.

La propia presidenta de los comerciantes del Centro admite que la picaresca existe tanto entre clientes como entre algunos establecimientos. Recuerda que varios comercios fueron expulsados del programa por operaciones fraudulentas y que precisamente por ello se han introducido nuevas limitaciones en esta edición.

Luis V. va más allá y denuncia que algunos usuarios llegan a presentar varios teléfonos móviles para generar distintas operaciones y acumular más saldo.

Otros comerciantes también critican la presencia en el programa de determinados sectores y grandes negocios que, en su opinión, se alejan del objetivo inicial de apoyar al pequeño comercio local como agencias de viajes, joyerías o establecimientos de moda de alta gama.

Lamentan además que buena parte del saldo generado en grandes compras termine gastándose posteriormente en pequeños establecimientos, lo que provoca desequilibrios en el reparto de los beneficios del programa. Según relata entre risas Begoña Abad, algunos consumidores le reconocen que guardan durante meses el saldo acumulado para destinarlo a compras concretas, especialmente en Navidad, cuando aprovechan el descuento para afrontar el coste de productos más caros como el jamón o las gambas.

Las críticas no ocultan que muchos comerciantes siguen valorando positivamente la filosofía de Volveremos. Begoña Abad plantea mantener ayudas al consumo y apoyo al comercio local, pero con fórmulas más enfocadas a los periodos de menor actividad comercial, como noviembre o febrero, y con mecanismos que garanticen un reparto más equilibrado de los recursos.

Condiciones y presupuesto del Volveremos 2026

La reciente convocatoria ha incorporado varias limitaciones destinadas a evitar abusos y mejorar el reparto de los fondos La novedad de esta edición es que solo se permiten dos operaciones de generación de crédito por usuario en un mismo comercio.

Además, para generar saldos, se establece un tope de 250 euros/mes; 500 euros/año por usuario, mientras que cada comercio tendrá un límite de 5.000 euros mensuales y 20.000 euros anuales, ampliable excepcionalmente hasta 60.000 euros al año en determinados sectores.

También se establece un máximo de 100 euros de generación de saldo por operación, un límite de 150 euros al mes por usuario en un mismo comercio y un máximo de dos operaciones de generación de crédito por usuario y establecimiento.

Para la primera convocatoria de 2026, el programa fija un límite global de generación de saldos de 2,9 millones de euros, ampliable en función de la disponibilidad presupuestaria.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, cuenta con un presupuesto total de 8 millones de euros, de los cuales 2 millones estaban destinados a Zaragoza capital. La rapidez con la que se consumieron los fondos ha intensificado las críticas y ha reabierto el debate sobre el futuro de una herramienta que sigue siendo muy popular entre los consumidores, pero que acumula cada vez más cuestionamientos entre una parte del comercio local. Unas críticas que, lejos de cuestionar la continuidad del programa, invitan a reflexionar sobre las deficiencias detectadas y las posibles mejoras que podrían reforzar su eficacia y sostenibilidad.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha anunciado este jueves cuatro iniciativas jurídicas y administrativas contra el Gobierno de España por lo que considera un supuesto “fraude” en el reparto de menores migrantes no acompañados.

Nolasco justificó su comparecencia asegurando que pretende informar “con absoluta transparencia” sobre lo que califica como una “gravísima situación” derivada de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “La opinión pública debe saber la realidad, la auténtica realidad y sus consecuencias”, afirmó. “No voy a ocultar la realidad. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocerla y saber también que mi compromiso es trabajar y pelear con todas las herramientas legales para cambiarla, para dar seguridad y tranquilidad a los aragoneses”, ha añadido.

Su pronunciamiento se produce en un contexto de controversia por el uso que Vox viene haciendo del portal institucional del Gobierno de Aragón para difundir información relacionada con menores migrantes. Esta práctica ha suscitado críticas por parte de distintos sectores, que consideran que una web concebida para informar sobre la actividad del Ejecutivo autonómico está siendo utilizada con fines ideológicos.

En este contexto, la Asociación de Periodistas de Aragón, que integra también al Colegio Profesional de Periodistas, trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos desde la Vicepresidencia. La iniciativa respondió, según la propia entidad, a quejas recibidas tanto de colegiados y asociados como de ciudadanos ajenos a la profesión.

Nolasco ha considerado “alucinante” que se acuse a Vox de estigmatizar a los menores cuando habla de “un problema real”. Aunque inicialmente ha evitado pronunciarse sobre la actuación de la asociación profesional, ha terminado dedicando parte de su intervención a criticarla.

“Esto es muy interesante. Igual hay que contarle a la gente que los colegios de periodistas no quieren que informemos de lo que pasa. Eso me da bastante que pensar, que el Colegio de Periodistas diga que no le parece bien que demos datos sobre la seguridad en Aragón, sin ofrecer datos personales. ¿Sería estigmatizar a la población reclusa si el Ministerio del Interior diera cuenta de las víctimas por un motín en una cárcel?”, ha comparado el vicepresidente.

Llegados a este punto, Nolasco ha endurecido su discurso y ha ampliado sus críticas al papel de los medios de comunicación. “La respuesta es que no quieren que se hable de ciertas cosas para que no pierdan votos porque algunos periodistas están a la orden de ciertos partidos políticos que viven de esto”. También ha sostenido que existe una estrategia para “sustituir a la población autóctona por otra” y ha afirmado que, cuando esa nueva población obtenga el derecho al voto, se hará “sin reserva”. Nolasco, en su habitual estrategia de mezclar conceptos, ha mostrado su sorpresa por el tratamiento mediático de algunas figuras políticas: “he visto a periodistas defendiendo estos días a Zapatero. ¿Qué más se tiene que ver?”, ha cuestionado.

Más vigilancia y ofensiva jurídica

Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, Aragón tutela actualmente a unos 1.700 menores, de los cuales 219 son migrantes no acompañados. De ellos, 130 habrían llegado en los últimos ocho meses (14 en los últimos diez días) procedentes de Canarias en el marco de los traslados impulsados para aliviar la presión sobre los centros de acogida del archipiélago.

Los menores son atendidos en alrededor de 25 centros y pisos tutelados repartidos por la comunidad, donde trabajan unas 600 personas. Muchos de ellos sobrepasan la capacidad y carecen de personal, lo que a veces genera tensiones. Los trabajadores reclaman más medios humanos, materiales y educativos, necesidades que por ahora no serán atendidas, dado que el vicepresidente del Gobierno de Azcón, Alejandro Nolasco, prioriza otras medidas como el aumento de agentes de seguridad en las inmediaciones de los centros de menores.

Además, Nolasco ha avanzado otras iniciativas como recurrir todas las decisiones de la Fiscalía que obliguen a Aragón a asumir la tutela de menores migrantes. El vicepresidente ha justificado esta medida como una forma de “evitar el fraude, impedir la inseguridad y frenar el efecto llamada”.

Aunque el volumen de llegadas sigue siendo reducido en relación con el total de menores tutelados, Nolasco ha anunciado una “ofensiva jurídica y judicial” contra los delegados del Gobierno y, en última instancia, contra el Ministerio del Interior y el Ejecutivo central. Según ha explicado, pretende denunciar lo que considera una actuación “reiterada y masiva” contraria a la legalidad en materia de menores migrantes.

“Además de la jurisdicción contencioso-administrativa, estamos decididos a activar también la exigencia de responsabilidades penales contra los delegados del Gobierno y sus superiores políticos, como responsables directos de la correcta aplicación de la Ley de Extranjería”, ha afirmado. Ha añadido que la estrategia se desarrollará mediante los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y, si fuera necesario, mediante despachos externos.

Otra de las medidas anunciadas consiste en realizar pruebas de determinación de edad a todos los menores que lleguen a Aragón a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA). Nolasco ha argumentado que muchos jóvenes carecen de documentación fiable y ha ironizado afirmando que “qué casualidad, todos nacen el 1 de enero del mismo año y todos tienen diecisiete años y medio”. Asimismo, ha asegurado que aquellos cuya mayoría de edad quede acreditada no serán acogidos por el sistema autonómico.

El retorno a los países de origen

Precisamente, para hacer efectiva la anterior medida, Nolasco también ha planteado impulsar el retorno de los menores migrantes a sus países de origen para que, según ha dicho, puedan reunirse con sus familias. “Hay que velar por el interés superior del menor y también por el de los aragoneses”, ha sostenido. En ese contexto, ha anunciado la suspensión de las subvenciones destinadas a entidades de cooperación internacional que, según sus palabras, no estén orientadas a la “repatriación” de menores migrantes no acompañados.

El vicepresidente ha asegurado que Aragón puede firmar acuerdos con países de origen al amparo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. Sin embargo, la capacidad de las comunidades autónomas para intervenir en este ámbito está limitada por el marco constitucional.

El artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, política exterior e inmigración. Asimismo, el artículo 35 de la Ley de Extranjería establece que corresponde al Gobierno central promover acuerdos de cooperación con los países de origen, incluidos aquellos relacionados con programas de protección o retorno, siempre bajo garantías legales específicas.

Por ello, las comunidades autónomas no pueden negociar ni suscribir acuerdos internacionales sobre repatriación o deportación de menores migrantes. Su intervención en los países de origen se limita a actuaciones vinculadas a la cooperación al desarrollo y la asistencia social, sin capacidad para modificar la situación administrativa de los menores ni para asumir funciones reservadas a la Administración General del Estado.

En consecuencia, cualquier iniciativa relacionada con el retorno de menores extranjeros debe desarrollarse dentro del marco legal estatal y conforme al principio del interés superior del menor recogido en la legislación española y en los tratados internacionales suscritos por España.

“Tras un balance de gestión histórico, poco más se puede hacer. Siempre quedan cosas pendientes y tendremos que seguir gobernando para hacerlas en la próxima legislatura”. Con esta declaración ha cerrado Natalia Chueca el acto organizado por el Ayuntamiento para hacer balance de sus tres años al frente de Zaragoza, una intervención plagada de autobombo, cuyo horizonte declarado es convertir la ciudad en la capital europea “del bienestar y la calidad de vida”. Cuestiones como el último informe del Tribunal de Cuentas, el fiasco del parque de atracciones o los sobrecostes en La Romareda se han quedado en el tintero. También el importante volumen de fondos europeos provenientes del Gobierno central, pese a que le dedicó un severo correctivo en su intervención.

Acompañada por todo su equipo de gobierno, la alcaldesa ha repasado una gestión que, según su relato, ha servido para saldar la deuda histórica con los vecinos. Un reconocimiento que, asegura, percibe a diario. “Me lo dicen cada vez que salgo a hacer un recado, una gestión o asisto a un acto”, ha explicado. La propia Chueca ha confesado haberse emocionado al contemplar el vídeo elaborado por su equipo de comunicación sobre estos tres años de mandato. “Casi me quedo sin palabras”, ha resumido.

La alcaldesa ha presumido de haber logrado una combinación difícil de mejorar: más inversión, menos deuda y menos impuestos. Según ha destacado, Zaragoza se ha convertido en un referente nacional gracias a contar con el IBI más bajo entre las capitales españolas.

Entre los principales hitos ha citado una inversión de 303 millones de euros destinada a transformar la ciudad, con actuaciones en calles y avenidas que “antes parecían carreteras”, nuevos equipamientos, más zonas verdes, vivienda pública, movilidad y oportunidades para el talento. El resultado, según la alcaldesa, es una Zaragoza “más verde, más accesible, más próspera y, sobre todo, más humana”.

Como muestra de que aún queda algún margen para la mejora pese al “poco más se puede hacer”, ha recordado el nuevo acuerdo marco de hasta 14,4 millones de euros para agilizar las obras de pavimentación durante todo el año. También ha anunciado la incorporación de 600 nuevas bicicletas públicas, que elevarán la flota a 3.100 unidades; un incremento de 1,2 millones de euros en el presupuesto de asfaltado y una segunda fase del plan de modernización del alumbrado público, ReluzYDos, dotada con cerca de 10 millones de euros.

La estrategia municipal, ha afirmado, está impulsando proyectos capaces de vertebrar la ciudad y reforzar su proyección internacional. Entre ellos ha destacado la regeneración integral del río Huerva, con una inversión superior a los 31,9 millones de euros para recuperar 80.000 metros cuadrados de espacio público y financiada con fondos europeos provenientes del Estado. El tramo 2 alcanza ya el 68% de ejecución y se prevé su inauguración a finales de 2026, mientras que el tramo 1 supera el 47%.

Entre los próximos desafíos figuran la candidatura de Zaragoza como Capital Europea del Deporte 2027 y la exposición internacional 'Doscientos años con Goya', que se celebrará en La Lonja entre abril y agosto de ese mismo año.

Proyectos discutidos, éxitos indiscutibles

Lejos de esquivar algunas de las actuaciones más cuestionadas de su mandato, Chueca ha reivindicado con orgullo proyectos como la nueva Romareda, cuyo presupuesto supera los 180 millones de euros, o la operación de Giesa, donde se han invertido 20 millones de euros de dinero público para impulsar una 'ciudad del cine' para la que el único ofertante llegó tarde y ciclos de FP concertada.

También ha celebrado la conversión de Etopía en un “referente”, un centro de emprendimiento, innovación y tecnología que no pasa por sus mejores momentos. En la misma línea ha situado el canal de aguas bravas de la Expo, cuya reapertura ha costado seis millones de euros y, aunque estaba prevista para esta primavera, ha tenido que retrasarse por exigencias derivadas de la nueva contrata.

La alcaldesa también se ha atribuido el impulso de la incorporación de Zaragoza al sistema Viogén, aunque la nueva unidad policial Égida sigue sin estar operativa tras años de retrasos, desencuentros con la Delegación del Gobierno y discrepancias con la plantilla sobre sus condiciones laborales y económicas.

Sánchez “ensombrece” el balance

Aunque la alcaldesa ha aprovechado para lanzar sus habituales dardos al Gobierno central, uno de los capítulos que mayor beneficio ha reportado a la ciudad son los mencionados fondos europeos, con los que ha llevado a cabo importantes inversiones en movilidad o vivienda. De hecho, la propia Chueca ha reconocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez —al que ha acusado de estar “lleno de corrupción” y de no ayudar a Zaragoza— le ha felicitado por el elevado nivel de ejecución de esos fondos.

Quedan lejos las denuncias que ha protagonizado su antecesor y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, cuando viajó a Bruselas en 2022 para denunciar un reparto “sectario” y “político” de los fondos Next Generation por parte del Gobierno de España.

Tampoco ha habido referencias al episodio que estuvieron a punto de costar al Ayuntamiento 7,4 millones de euros destinados a subvencionar el transporte público. Un error en la tramitación de la solicitud dejó inicialmente a Zaragoza fuera de las ayudas estatales, obligando teóricamente al consistorio a asumir con fondos propios el descuento aplicado a los usuarios. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó una concesión directa de esos fondos para evitar que los ciudadanos asumieran las consecuencias del fallo administrativo.

Este miércoles, la alcaldesa ha destacado que Zaragoza ocupa la tercera posición entre las ciudades españolas con mayor captación de fondos europeos, solo por detrás de Madrid y Barcelona. La ciudad ha obtenido más de 125 millones de euros en convocatorias competitivas destinadas a digitalización, sostenibilidad y transformación urbana, de los que ya ha ejecutado más de 102 millones, alcanzando un grado de ejecución superior al 82%.

Estos fondos financian además buena parte de las actuaciones en rehabilitación energética y vivienda social. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión de 266 millones de euros en Aragón y ha permitido impulsar 384 viviendas mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Pese a insistir en que el Gobierno central obstaculiza la acción municipal, la alcaldesa también ha mostrado su satisfacción por proyectos como el plan de alumbrado público, financiado mediante un crédito a interés cero concedido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Algo similar ocurre con la llamada “cicatriz histórica” del Portillo. Chueca ha celebrado el avance del proyecto, aunque su desarrollo depende de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), una sociedad participada en un 50% por el Ministerio de Transportes a través de Adif, mientras que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza aportan el 25% restante cada uno.

“Nuevos show comunicativo”: las reacciones

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha valorado con dureza la comparecencia de la alcaldesa, Natalia Chueca, con motivo del tercer año de Legislatura, tildándola de “nuevo show comunicativo basado en el marketing, el triunfalismo y un tono puramente electoralista”.

Frente a la etiqueta de “capital mundial del bienestar” utilizada por Natalia Chueca, la portavoz de Vox ha invitado al gobierno local “a pisar la calle y preguntar directamente en Las Delicias, San José, Valdefierro o el Casco Histórico si realmente sienten que viven en la capital mundial del bienestar”. A continuación, ha considerado que “no podemos meternos en una burbuja y felicitarnos por las grandes hazañas que creen que están realizando en la ciudad cuando nuestros vecinos en las calles lo que nos están diciendo es que necesitan más limpieza y más seguridad”. La portavoz de VOX también ha repardo en que los barrios rurales “sufren de igual modo un abandono crónico que solo se mitiga parcialmente gracias a las partidas presupuestarias duplicadas a exigencia de VOX”.

Por todo ello, Torres ha aconsejado a la regidora “escuchar más a los zaragozanos y dejarse de tanto marketing y de tanto festival”.

Para Zaragoza en Común, estos tres años han confirmado un modelo de ciudad basado en “la política de amigos”, donde las decisiones se toman desde los despachos y de espaldas a la ciudadanía, mientras se priorizan los intereses de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha criticado que “Chueca ha gobernado a golpe de despacho, sin escuchar a los barrios, sin dialogar con el tejido vecinal y sin construir una ciudad para todos y todas. Ha preferido las fotos, los focos y los grandes anuncios a resolver los problemas cotidianos de la gente”.

Además, ha denunciado que el Gobierno municipal ha impulsado“ un continuo trasvase de recursos públicos hacia intereses privados, con un urbanismo a la carta, vendiendo suelo publico para viviendas de lujo y paralizando la ampliación del parque publico de vivienda de alquiler, mientras servicios esenciales y demandas históricas de los barrios siguen sin respuesta”.

“Los vecinos están enfadadísimos y tienen miedo. Merecemos explicaciones y mayor seguridad”, afirma el alcalde pedáneo del barrio zaragozano de La Cartuja, José María Lasaosa, tras la decena de incendios registrados en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, el último de los cuales continúa activo. En lo que va de año se han producido ya tres fuegos, que se suman a los ocho registrados en 2025, uno de ellos con el confinamiento preventivo de la población en el mes de agosto. Todos ellos han sido descritos en una denuncia presentada por un ciudadano ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, que mantiene abiertas las diligencias de investigación.

Para canalizar el malestar vecinal y reclamar medidas, este miércoles se ha convocado una concentración ciudadana a las 19.00 horas en el parque del centro cívico del barrio.

La Junta Vecinal, el grupo municipal de Medio Ambiente, el tejido asociativo y distintas organizaciones ecologistas han intensificado sus acciones para exigir información sobre las afecciones al aire, al subsuelo y, en definitiva, a la salud de la población. También reclaman una investigación que permita esclarecer el origen y la trazabilidad de los incendios, conocer si se han impuesto sanciones a las empresas responsables, reforzar los recursos de inspección y supervisar las licencias de actividad clasificada.

Con ese objetivo, han remitido escritos al Ayuntamiento de Zaragoza, al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), al Seprona y a las empresas instaladas en el PTR. “No les vamos a hacer cómodo que no haya repercusiones”, advierte Lasaosa, quien teme que el número de siniestros acabe superando este año al de 2025, especialmente ante la llegada de las altas temperaturas y el elevado volumen de material almacenado en las instalaciones.

En la misma línea, Paco Iturbe, de Ecologistas en Acción, alerta de la creciente frecuencia de estos episodios. “Vamos a un incendio por mes en lo que va de año y se está convirtiendo en recurrente lo que debiera ser excepcional y que cada vez va en aumento y gravedad, como el confinamiento al que se sometió el año pasado a los vecinos”. A su juicio, “algo está fallando y deben dar explicaciones sobre la composición de las nubes tóxicas que afectan a la salud de los vecinos. Deben dar información y solución”.

El incendio de esta semana se suma a otros registrados recientemente en las mismas instalaciones. El pasado 3 de mayo se declaró otro fuego de características similares en la planta de reciclaje de La Cartuja Baja, también durante la madrugada. Apenas unas semanas antes, el 6 de abril, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir por otro incendio en el complejo.

La extinción de este tipo de siniestros suele prolongarse durante horas debido a la naturaleza de los materiales almacenados. Los residuos destinados al reciclaje contienen con frecuencia elementos altamente combustibles, lo que dificulta las labores de los equipos de emergencia y obliga a mantener tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones. “No se trata de extinción, sino de prevención”, insiste el alcalde pedáneo.

Las consecuencias, además, trascienden el entorno inmediato del PTR. El humo y los olores alcanzan habitualmente otros puntos de la ciudad, como los barrios de Torrero y La Paz, mientras que los trabajadores del parque conviven a escasos metros de los focos de incendio.

Una normativa más exigente

Lasaosa considera que la legislación española presenta carencias respecto a otros países europeos en materia de gestión y almacenamiento de residuos. “Quizá sea necesario reducir los acopios, reforzar la compartimentación contra incendios mediante sectores independientes de almacenamiento, instalar cámaras térmicas y dotar a las instalaciones de equipos de primera y segunda intervención”, plantea.

También cuestiona las diferencias económicas que convierten a España en un destino atractivo para residuos procedentes del extranjero. Según explica, para muchas empresas francesas o italianas resulta más barato asumir el transporte hasta España que afrontar las tasas de tratamiento en sus países de origen, donde la regulación ambiental y los impuestos al vertido son mucho más elevados: hasta 300 euros por tonelada frente a los alrededor de 50 euros que se pagan en España. Esta situación habría permitido a empresas francesas obtener beneficios millonarios trasladando residuos al PTR de Zaragoza.

“El rigor estricto en países de nuestro entorno choca con la práctica tercermundista de España y no existe trazabilidad de las empresas que vierten residuos en nuestro país de manera más barata, mientras los vecinos del entorno sufrimos las consecuencias. Nos merecemos más respeto”, sostiene José María Lasaosa.

El alcalde pedáneo también expresa su preocupación por el proyecto para instalar una fábrica de baterías en el recinto, una iniciativa sobre la que ya se habían planteado advertencias por el posible incremento del riesgo de incendios.

Denuncia ante la fiscalía

Un ciudadano particular presentó el pasado año una denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente de Zaragoza por la presunta comisión de hechos que pudieran ser típicos por su posible afección a la salud pública y al medio ambiente. En dicha denuncia desglosa la existencia de ocho incendios entre abril y septiembre de 2025, a los que ha ido incorporando los de abril, mayo y junio de 2026, en diversos polígonos industriales en los que se hallan ubicadas actividades dedicadas al almacenamiento, gestión y reciclaje de residuos, o que manejan materiales y sustancias peligrosas. Ecoactiva de Medio Ambiente SA, Residuos Industriales de Zaragoza RINZA, Polígono Tecnológico del Reciclado PTR López Soriano, Empresarium, Polígono Industrial La Cartuja Baja, son algunas de las firmas allí instaladas.

Los incendios que denuncia el ciudadano, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, conllevarían procesos de combustión asimilados a las incineradoras cuyos efectos han sido estudiados y detallados en varios informes de Greepace y la Universidad de Granada.

Entre otros apartados, como la elevada siniestralidad e incendios o los efectos de la combustión que provoca episodios de contaminación atmosférica por las numerosas sustancias que se originan, incluye el de los efectos acumulativos, donde expone que en los procesos de evaluación ambiental se habla de los causados repetidamente por un mismo agente a lo largo del tiempo. “Hay que tener en cuenta aquí la magnitud de los incendios en cuanto a volumen y duración ya que una de las técnicas de extinción que aplican los bomberos en estos casos es dejar que el fuego consuma todo el material y actuar sólo evitando que se propague, por lo que la combustión dura horas e incluso días, con las consiguientes emisiones a la atmósfera. En el caso que refiero es evidente que la repetición de los incendios a lo largo de los años conlleva que los impactos negativos sobre la salud y la biosfera se reiteran y superponen impidiendo la recuperación de un estado saludable ya que los daños se convierten en persistentes y/o irreversibles”.

Cita numerosos estudios sobre la afección de los distintos metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y persistentes y otros contaminantes secundarios, todos ellos capces de generar complicaciones en enfermedades respiratorias, circulatorias, mentales, y afecciones a diversos órganos.

Dada la frecuencia y reiteración de los incendios en los últimos años y, especialmente desde 2025, el denunciante entiende que el origen pudiera superar lo accidental y pudiera deberse a una mala gestión de los materiales por parte de las empresas y/o a una deficiente supervisión y vigilancia por parte de la administración, que correspondería al Gobierno de Aragón y/o al Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello, propone a la fiscalía  investigar los hechos solicitando informe a los bomberos de Zaragoza, al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) adscrito al Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, al Instituto de Salud Global, al Seprona de la Guardia Civil, a las demás entidades y organismos con competencias en la materia, así como a las estaciones meteorológicas y de medición de calidad del aire oficiales o particulares referidos a las fechas en torno a los siniestros por si pudieran reflejar los picos y extensión de las emisiones.

Además, recuerda en su denuncia la existencia de sentencias contra la empresa López Soriano por fraude en el reciclaje de frigoríficos y aparatos de frío, tanto de la Audiencia Provincial como del Tribunal Supremo desestimando el recurso interpuesto por la empresa en 2016.

Quejas políticas y sociales

Desde Ecologistas en Acción Zaragoza han mostrado su preocupación por unos incendios cada vez más frecuentes que requieren la intervención de los bomberos y que, en algunos casos, han obligado incluso al confinamiento de vecinos de La Cartuja y su entorno.

La organización denuncia la falta de información y transparencia por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y reclama mayores medidas de prevención y fiscalización de estas instalaciones. Además, advierte de los riesgos derivados de la emisión de gases y partículas potencialmente peligrosas durante la combustión de residuos como plásticos, aparatos electrónicos o productos químicos.

“Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que extreme las medidas necesarias para que estos incendios no vuelvan a repetirse, se busquen a los culpables, por acción directa o por dejación de funciones, y se adapten las necesarias medidas correctoras”.

Por su parte, CHA Zaragoza ha reclamado una revisión de los mecanismos de prevención, control e inspección tras el nuevo incendio registrado en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano. La coordinadora de CHA Zaragoza, Ana Lasierra, ha advertido de que “cuando los incendios se repiten una y otra vez en un mismo entorno industrial ya no estamos ante una simple sucesión de accidentes, sino ante una situación que exige una revisión profunda de los mecanismos de prevención, control e inspección”.

Lasierra ha pedido al Gobierno de Aragón que informe sobre las causas de los incendios y refuerce la vigilancia de las instalaciones, además de reclamar al Ayuntamiento de Zaragoza una mayor implicación en materia de protección civil y seguridad. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo y qué medidas se están adoptando para evitar que estos episodios vuelvan a repetirse. No podemos normalizar que cada pocos meses se produzcan incendios de grandes dimensiones que generan alarma social y movilizan importantes recursos públicos”, ha afirmado.

Asimismo, Izquierda Unida de Aragón y Zaragoza en Común han exigido más información y controles tanto al Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza tras el último incendio declarado en el PTR. Ambas formaciones consideran que la reiteración de estos episodios obliga a extremar la transparencia y la supervisión de las actividades vinculadas al tratamiento y almacenamiento de residuos.

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha reclamado conocer qué controles e inspecciones se están realizando en las instalaciones afectadas y cuáles han sido sus resultados. Por su parte, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha lamentado la “falta de información y transparencia” por parte del Ayuntamiento y ha asegurado que siguen sin obtener respuestas claras sobre las medidas preventivas adoptadas ni sobre las consecuencias de estos incendios para la población.

Tanto IU como ZeC reclaman además que el Gobierno de Aragón refuerce los controles sobre las actividades de reciclaje de la zona y aclare si ha trasladado esta situación al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para investigar las causas de la elevada concentración de incendios en estas instalaciones.

Desde el Ayuntamiento no ofrecen valoraciones sobre las causas de los incendios ni hay información sobre medidas adoptadas al respecto.

En la guerra abierta por Vox en Aragón contra la acogida de menores migrantes, el PP de Jorge Azcón está poniendo mucho de su parte. El Ejecutivo autonómico ha cerrado hasta tres centros de protección y ha eliminado 70 plazas tuteladas en los últimos dos años, sin la extrema derecha en el Gobierno y con la ahora consejera de Educación, Carmen Susín, al frente de Servicios Sociales. Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han solicitado una reunión urgente con la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para abordar la situación que atraviesa el sistema en la comunidad, agravado por años de falta de planificación y una progresiva reducción de recursos.

El primero en desaparecer fue el centro Juan de Lanuza, especializado en autonomía para jóvenes de entre 14 y 18 años y considerado la última fase antes de abandonar el sistema de protección. En agosto de 2024 cesó también la actividad del centro de Ateca tras el escándalo por las denuncias por presuntos abusos y agresiones. Aunque el servicio volvió a licitarse, ninguna entidad presentó oferta. Posteriormente, en julio de 2025, cerró un piso tutelado en Teruel después de que uno de los menores provocara un incendio en el centro de acogida para menores migrantes no acompañados. El autor fue detenido y trasladado al centro de reforma de Juslibol pero no se ha vuelto a abrir.

A esta situación se suma, según los sindicatos, la escasez de plazas en recursos terapéuticos especializados para menores con problemas de salud mental o conductuales. Actualmente funcionan los centros en La Almunia y Peralta de la Sal, además de dos dispositivos abiertos tras la llegada de menores procedentes de Canarias, pero consideran que siguen siendo insuficientes.

“Ahora mismo no existen recursos especializados suficientes para atender determinadas conductas relacionadas con la salud mental”, advierten los representantes de los trabajadores.

El sector está externalizado en un 95% y emplea a unas 600 personas entre educadores, psicólogos, psiquiatras, maestros, personal de mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los sindicatos aseguran que las plantillas son insuficientes y que no se cumplen las ratios recomendadas de un trabajador por cada cuatro menores.

La situación es especialmente compleja en los recursos de reforma. Según denuncian, en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol un único profesional puede llegar a atender entre 12 y 16 menores en determinados turnos.

Aunque la situación es cambiante, actualmente hay alrededor de 350 menores en acogimiento residencial en Aragón. Algunos presentan discapacidad y son atendidos en recursos específicos adaptados a sus necesidades. En el caso del CEIMJ Juslibol, permanecen ocupadas unas 30 de las 50 plazas disponibles.

Los sindicatos defienden un cambio de modelo basado en centros más pequeños y especializados, con mayor número de educadores por turno y una atención más individualizada. Aseguran que los conflictos son más frecuentes en recursos con un elevado número de residentes y que las consecuencias las sufren también aquellos menores que no participan en los altercados.

“Los chicos que no están implicados también padecen las consecuencias de esta situación y acaban sufriendo una especie de maltrato institucional”, sostienen.

Por esta razón y tras los recientes incidentes registrados en un centro de Movera gestionado por la Fundación Ozanam, los sindicatos se han reunido hoy y han solicitado una reunión urgente con la nueva gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), conocedora de la situación, ya que procede de servicio de menores de la administración autonómica.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha atribuido los recientes incidentes al comportamiento de algunos menores y rechazó relacionarlos con una falta de atención. “No es porque estén bien atendidos o no. Hay personas que son agresivas, que vienen con una cultura de la violencia desde fuera y algunos de ellos mezclan eso con sustancias y consumos”, ha resuelto. Y por ello, ha anunciado más medidas de seguridad, en concreto, reforzar la vigilancia privada, toda vez que tuvo que descartar llevarla a cabo con la Policía Nacional porque el cuerpo solo puede intervenir en estos recursos en situaciones graves y excepcionales.

Sin embargo, las organizaciones sindicales consideran insuficiente la propuesta anunciada por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Para UGT, CCOO y CGT, el Ejecutivo autonómico debe centrar el debate en el refuerzo de los recursos educativos, humanos y materiales y en dar salida a los pliegos caducados para la gestión de algunos centros.

Años de deterioro del sistema

La Plataforma por un Convenio Autonómico de Protección y Reforma de Menores en Aragón ha mostrado también su preocupación por los graves incidentes ocurridos a comienzos de este mes de junio en el centro de Movera pero sostiene que los robos, agresiones, amenazas, peleas multitudinarias e intervenciones policiales registrados son consecuencia del progresivo deterioro del sistema de protección. “Lo ocurrido no puede analizarse de forma aislada ni utilizarse para señalar a los menores”, afirma la plataforma, que vincula los problemas actuales a años de recortes y pérdida de recursos.

Según sus representantes, el cierre de centros ha provocado la saturación de los recursos existentes y dificulta ofrecer respuestas adaptadas a las distintas necesidades de los menores tutelados. Cuando faltan plazas, sostienen, los criterios educativos pasan a un segundo plano frente a la simple disponibilidad de espacio.

La plataforma asegura haber advertido durante años de esta situación mediante reuniones, escritos y movilizaciones, sin obtener una respuesta suficiente por parte de las administraciones. También llevaron a cabo una huelga el pasado mes de marzo, que calificaron de “inédita” en España.

Por ello reclama al Gobierno de Aragón y al IASS la recuperación de las plazas perdidas, la apertura de nuevos recursos especializados y una planificación estable que garantice una atención adecuada. También insiste en la necesidad de aprobar un convenio autonómico específico para el sector que contribuya a mejorar las condiciones laborales y la calidad de la atención prestada.

El vicepresidente Nolasco, sin embargo, mantiene una visión distinta sobre el origen de los problemas. A su juicio, las conductas violentas no obedecen a una falta de recursos, sino a la actitud de algunos menores. Como respuesta inmediata, ha anunciado la incorporación de seguridad privada, aunque ha avanzado que el Gobierno trabaja en nuevas medidas “ legales y judiciales” para garantizar la seguridad de los educadores.

El también líder regional de Vox, defiende la necesidad de priorizar la seguridad “porque contra una persona que mide dos metros, que llega bajo los efectos de las drogas y con antecedentes violentos, primero hay que impedir que pueda agredir a nadie”, argumenta y aunque reconoce que los problemas de convivencia no afectan únicamente a menores extranjeros, ha insistido en que la Administración no debería asumir el coste de atender a delincuentes procedentes de otros países. También reclama una mayor financiación por parte del Gobierno central para hacer frente al incremento de usuarios en el sistema de protección: “ni hay que hacerse cargo de los servicios sociales de toda África, que nos den cien mil millones de euros e igual lo podemos hacer. Pero, atender sin fronteras y sin límite, el presupuesto no da para eso”, ha zanjado.

El movimiento vecinal del barrio de Torrero cierra filas con el Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur sobre el que pesa una orden de desalojo para construir un centro de mayores. “La imposición del proyecto municipal para cerrar definitivamente el centro está generando una contestación muy fuerte en el barrio, como nunca se ha visto”, advierten desde la Asociación Montes de Torrero-barrio de Venecia y la Asociación Cultural ‘El Cantero’.

Para ambas entidades, la iniciativa es una excusa para acabar con uno de los últimos bastiones de autogestión, solidaridad y memoria democrática de Zaragoza, ya que el Ayuntamiento dispone de otros espacios municipales vacíos, situados frente a la antigua cárcel, donde podría ubicar ese equipamiento. Por ello, acusan a la alcaldesa, Natalia Chueca, de gobernar de espaldas al barrio y alertan de una “tormenta perfecta” de conflictos provocada por una sucesión de decisiones adoptadas sin diálogo con los vecinos. En este contexto, sostienen que “si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”.

Ángela Ezquerro, Miguel Guíu y Javier Grasa son representantes de la Asociación Vecinal Montes de Torrero-barrio de Venecia. Josan Pérez y Chema Gregorio lo son de la Asociación Cultural ‘El Cantero’. Todos ellos representan a los jóvenes del CSO, que renuncian a ser sus propios portavoces en una charla con este diario y delegan su voz en los históricos representantes de un barrio históricamente combativo y de arraigada identidad obrera en Zaragoza. Todos ellos rechazan la imagen de conflictividad que se proyecta sobre el espacio y reivindican su papel como uno de los últimos referentes de la autogestión en la ciudad, además de un enclave fundamental para la memoria democrática del barrio.

Las entidades consideran que el Kike Mur se ha convertido durante los últimos quince años en un espacio abierto a la participación ciudadana: aquí se desarrollan actividades vinculadas al feminismo, el antiespecismo, los derechos LGTBIQ+, la memoria histórica, la solidaridad con las personas presas, la cultura alternativa y numerosas iniciativas comunitarias. También acoge conciertos, debates, talleres, encuentros sociales y propuestas que, según sostienen, difícilmente encontrarían cabida en equipamientos institucionales.

Lejos de competir con la programación de otras entidades, aseguran que el centro social “es una joya para el barrio, impulsada por jóvenes que aportan una mirada diferente y complementaria, enriqueciendo la vida cultural, fortaleciendo las relaciones vecinales y contribuyendo a construir comunidad”, resumen.

“Aporta inquietudes, perspectivas y actividades que no existen en otros espacios”, señalan. Entre los ejemplos recientes de esa implicación destacan la campaña solidaria organizada tras la dana de Valencia, cuando integrantes del Kike Mur recogieron y trasladaron gratuitamente varias toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a las zonas afectadas. Aquella iniciativa sirvió además para que muchos vecinos accedieran por primera vez al recinto y conocieran de cerca la labor que se desarrolla en su interior.

“Lo que tenemos que entender es que el CSO Kike Mur es un espacio autogestionado, que se sale del sistema convencional”, explica Ángela Ezquerro. “Es algo que tiene mucho valor porque son gente joven, organizada, que aporta al barrio desde un montón de aspectos y no encuentra rechazo ni queja alguna por parte de los vecinos”, explica Javier Grasa.

“Lo que no podemos hacer es criminalizar esa actividad. Lejos de ello, lo que intentamos hacer es darle valor, porque es una suerte contar con algo tan genuino en la sociedad en la que vivimos”, añade Chema Gregorio.

Para el movimiento vecinal, el valor del Kike Mur va más allá de su programación. Recuerdan que la antigua cárcel de Torrero ocupa un lugar central en la memoria democrática de Zaragoza, en lo que Miguel Guíu ve una suerte de “justicia poética”, que hoy sean los nietos de aquellos que fueron encarcelados y represaliados, desde anarquistas, opositores políticos, homosexuales o miembros de la comunidad gitana, los que conviertan esta antigua prisión en un espacio gestionado por jóvenes comprometidos con causas sociales y comunitarias. “Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva”, resume.

Las asociaciones recuerdan además que el actual proyecto no nació al margen del barrio. Subrayan que, tras un intento de desalojo producido en los primeros años de ocupación, una multitudinaria movilización vecinal permitió reabrir el espacio y consolidar su actividad. Desde entonces, sostienen, la relación entre el centro social y el tejido asociativo se ha fortalecido a través de campañas solidarias, movilizaciones, actividades culturales y proyectos compartidos.

Frente a esta realidad, las entidades cuestionan los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para justificar el cierre. Consideran que el anuncio de un nuevo centro para mayores responde más a una estrategia política que a una necesidad detectada por los vecinos. Recuerdan que actualmente Torrero dispone ya de dos centros de jubilados y de otros recursos donde se ofrecen servicios de restauración para personas mayores a precios asequibles. Nadie discute la conveniencia de reforzar este tipo de equipamientos, aseguran, pero consideran que la propuesta municipal se ha presentado sin ningún proceso previo de consulta con el barrio.

Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva

Miguel Guíu

La crítica más dura se dirige hacia lo que califican como un “ejercicio de hipocresía” por parte del Ayuntamiento. Según explica Josan Pérez, justo enfrente de la antigua cárcel existen dos locales municipales de aproximadamente 600 metros cuadrados cada uno, propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que permanecen vacíos desde hace unos quince años. A su juicio, esos espacios podrían albergar perfectamente el equipamiento para mayores anunciado por la alcaldesa sin necesidad de desalojar el Kike Mur. Añaden que el movimiento vecinal lleva años reclamando locales para desarrollar actividades comunitarias y que, pese a ello, numerosos inmuebles públicos continúan cerrados, sin uso y deteriorándose.

También recuerdan que otros espacios municipales del barrio, como un local situado en el parque Emilio Lacambra, han sido reclamados reiteradamente para usos vecinales sin éxito mientras permanecen abandonados y sufren un progresivo deterioro. Por ello consideran que la ofensiva contra el Kike Mur no responde a una falta de espacios, sino a una voluntad política de acabar con un modelo de organización social que escapa al control institucional.

Las asociaciones sostienen que el verdadero problema para el gobierno municipal es la existencia de redes vecinales autónomas y experiencias de autogestión. Señalan que el Kike Mur mantiene relaciones de colaboración con otros proyectos comunitarios de la ciudad y representa una forma de participación basada en el apoyo mutuo, la solidaridad y la organización horizontal. “Lo que molesta no es el edificio, sino lo que simboliza”, afirman.

“Chueca, la gran desconocida. Hipocresía y victimización”

Las críticas alcanzan directamente a la alcaldesa Natalia Chueca, a quien describen como “la gran desconocida” en Torrero. Denuncian la falta de interlocución con el tejido asociativo y aseguran que resulta extremadamente difícil mantener reuniones o trasladar reivindicaciones al Ayuntamiento. Según explican, muchas de las decisiones que afectan al barrio se adoptan sin información previa ni procesos de participación ciudadana.

Como ejemplo citan el proyecto del jardín japonés impulsado en una parcela próxima al Parque de La Paz. Los colectivos recuerdan que históricamente habían reivindicado ese espacio para desarrollar huertos comunitarios y lamentan que la actuación municipal se anunciara sin contar con las entidades vecinales. Consideran aquel proyecto, que tachan de “feo” y “extraño”, un símbolo de una forma de gobernar basada en la imposición y alejada de las prioridades reales del barrio.

También han reclamado sin éxito reuniones con el ayuntamiento para abordar proyectos relacionados con la memoria democrática, como la dignificación de las tapias del cementerio donde fueron fusilados centenares de represaliados franquistas o la señalización de la ruta que seguían los milicianos de la CNT para intentar rescatar presos y perseguidos por la represión. Aseguran que, pese a existir financiación de la Diputación de Zaragoza para algunas de estas actuaciones, el Ayuntamiento ha evitado implicarse y ni siquiera ha accedido a mantener encuentros con las asociaciones promotoras.

Los representantes de las asociaciones no eluden la polémica generada por la pancarta exhibida por jóvenes vinculados al centro social tras el anuncio del futuro desalojo en la que rezaba el siguiente mensaje: 'Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras'. Aunque admiten que el mensaje pudo ser un error desde el punto de vista comunicativo, rechazan que pueda interpretarse como una amenaza personal y consideran que el Ayuntamiento ha utilizado el episodio para construir un relato de victimización. A su juicio, la controversia ha servido para desplazar el debate de fondo sobre el futuro del Kike Mur y reforzar una estrategia de criminalización del movimiento okupa. “Primero se les demoniza, se habla de drogas, delincuencia o inseguridad y después se presenta cualquier respuesta como una amenaza”, sostienen.

Josan Pérez replica: “La violencia no debe entenderse únicamente como un enfrentamiento físico o una alteración del orden público. También constituye una forma de violencia impulsar proyectos como los centros de datos que puedan aumentar la temperatura del barrio entre dos y cinco grados, incrementar el consumo energético, encarecer las facturas o deteriorar las condiciones ambientales sin escuchar previamente a los vecinos. Cuando hablamos de violencia, hablamos también de agresiones al territorio y a la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, sostiene.

La “tormenta perfecta”

Por ello advierten de que en Torrero se está configurando una auténtica “tormenta perfecta”. La suma de conflictos abiertos, la ausencia de diálogo institucional y la percepción de que las decisiones se toman de espaldas al barrio están generando un malestar creciente.

Repasan varias polémicas referidas al barrio como lo que consideran una agresión a los pinares de Venecia vinculada al parque de atracciones, que consideran un “fiasco absoluto y total despropósito”, por lo que ya han solicitado la dimisión de la alcaldesa, su concejal de presidencia, Ángel Lorén y del ‘concejal en la sombra’, José María Ruiz de Temiño. Igualmente, recuerdan su oposición al proyecto de implantación de centros de datos en el entorno.

En ese contexto sitúan el posible desalojo del Kike Mur. Las entidades aseguran que cualquier tensión que pudiera producirse no sería consecuencia de la actividad del centro social, sino de una decisión política que pretende expulsar un proyecto plenamente integrado en la vida comunitaria.

“Si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”, concluyen. A su juicio, el Ayuntamiento está construyendo un relato de victimización que criminaliza a los ocupantes mientras ignora el arraigo social del proyecto y el apoyo que recibe desde amplios sectores del movimiento vecinal. Lejos de ser un problema para Torrero, defienden, el Kike Mur constituye uno de los últimos bastiones de la autogestión en Zaragoza y una de las principales referencias de la memoria democrática en un barrio que lleva décadas reivindicando su historia y su capacidad de organización colectiva. “Esto no tiene nada que ver con el Buñuel –último centro centrado–. Aquí hay muchos años de trabajo común, solidaridad, y mucho apoyo mutuo”, advierten.

Los orígenes del Kike Mur están ligados a la tradición antimilitarista de Zaragoza, una ciudad marcada durante décadas por la presencia de instalaciones militares como la Academia General Militar, la Base Aérea estadounidense o el campo de tiro de las Bardenas. Como reacción a ese contexto surgió en los años ochenta un potente movimiento pacifista que, tras las movilizaciones contra la OTAN, protagonizó una de las principales campañas de insumisión al servicio militar obligatorio.

El CSO toma su nombre de Kike Mur Zubillaga, un joven insumiso de 25 años fallecido en 1997 mientras cumplía condena en la prisión de Torrero. Su muerte provocó una fuerte conmoción en Zaragoza y convirtió su figura en uno de los símbolos del movimiento antimilitarista que contribuyó a la desaparición definitiva de la mili obligatoria en España.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha admitido este jueves que resulta “muy difícil” que el Bachillerato concertado pueda implantarse el próximo mes de septiembre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendiera la orden de concertación aprobada por el Ejecutivo autonómico. El fallo judicial da la razón a los colectivos de la escuela pública al considerar que la orden fue aprobada por un Gobierno en funciones pero Azcón lo ha justificado precisamente “para que pudiera implementarse en septiembre”.

Aunque ha insistido en que será el Departamento de Educación quien estudie las posibles alternativas junto a los representantes de la enseñanza concertada, el presidente aragonés ha reconocido las dificultades para que la medida llegue a tiempo para el inicio del próximo curso.

La consejera de Educación mantiene de hecho este viernes una reunión con representantes de la educación concertada para analizar los distintos escenarios abiertos tras la resolución judicial.

Pese al revés sufrido en los tribunales, Azcón ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico y ha explicado que la decisión de aprobar la orden cuando el Gobierno estaba en funciones respondió exclusivamente a una cuestión de plazos.

“Si no hubiera sido en funciones, hubiera sido imposible por tiempo ponerla en funcionamiento”, ha afirmado. Según ha explicado, el objetivo era que los alumnos y las familias pudieran beneficiarse de la concertación del Bachillerato a partir del curso 2026-2027.

El presidente ha asegurado que el Gobierno de Aragón respetará la decisión de la Justicia, aunque ha reiterado su compromiso con la ampliación de la oferta educativa concertada. “Lo importante es que el Gobierno de Aragón tiene la voluntad de seguir ampliando derechos educativos de las familias aragonesas que optan por la educación concertada”, ha afirmado.

Azcón ha recordado además que la concertación del Bachillerato formaba parte de los compromisos adquiridos por el Partido Popular tanto durante la campaña electoral como en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá trabajando en esa dirección. “No renunciamos a esa apuesta por la educación pública, pero también por la educación concertada”, ha concluido.

“Quien debería dimitir es Azcón”

Mientras, en las Cortes de Aragón, la consejera de Educación ha adoptado la estrategia de que la mejor defensa es un buen ataque. En una respuesta al diputado socialista Jorge Pastor, y pese la contundente sentencia de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha indicado al PSOE que “en pocos meses tendrán que explicar por qué 55.000 familias no van a tener el derecho a elegir en qué colegio quieren terminar sus hijos sus estudios”.

Pastor ha preguntado a la consejera si va a dimitir y ha recordado que “han hecho una bandera tan grande de la privatización del Bachillerato y los conciertos que quien debería dimitir es Azcón”. Le ha pedido que “desistan” de concertar el Bachillerato porque “no se necesitan más plazas y en el futuro se van a necesitar menos”.

El diputado socialista también ha cuestionado por qué el Gobierno de Azcón no concertó el Bachillerato antes de entrar en funciones y si Vox presionó al PP, y le ha solicitado que explique qué va a hacer con el Colegio Catalina de Aragón, que cierra dos aulas, el Gil Tarín, el Hermanos Marx, y ha mostrado su preocupación por los centros rurales agrupados. “Detrás de cada cierre hay un niño, una familia, unos profesores, un municipio que quieren una explicación”, ha zanjado.

“No tienen ni idea de quién va a un colegio concertado”, ha acusado por su parte la consejera Susiín, que ha apuntado que muchas familias de la concertada votan a los socialistas. La titular de Educación también ha hablado sobre el proceso de escolarización, que finalizó el 29 de mayo, y en el que el 97,46% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en su primera opción, lo que “acredita” el éxito del espacio único de escolarización. Solo se han cerrado siete vías, por 23 en el último año de gobierno del PSOE, ha añadido.

La provincia de Huesca ha pasado de emitir apenas 219 certificados sanitarios de exportación en 2022 a superar los 7.500 en 2025, un crecimiento de más del 3.300% que coincide con la puesta en marcha de la Terminal de Inspección de Mercancías (TIM) de Monzón y del servicio de inspección y certificación de exportaciones de la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno.

Desde su puesta en marcha, la Unidad de Agricultura ha emitido más de 14.400 certificados sanitarios para exportaciones a terceros países, consolidándose como un servicio estratégico para uno de los principales polos agroindustriales del país.

Hasta la creación de este servicio en junio de 2023, buena parte de las exportaciones agroalimentarias generadas por empresas del este de la provincia debían tramitarse en Cataluña, principalmente en Lleida, por lo que la actividad administrativa asociada a estas operaciones computaba fuera de Aragón. La apertura de la TIM permitió que las inspecciones y certificaciones necesarias para exportar a países de fuera de la Unión Europea comenzaran a realizarse en Huesca, acercando además el servicio a las empresas exportadoras.

Los datos reflejan con claridad esta transformación. En 2022, antes de la puesta en marcha del servicio, la provincia registró únicamente 219 certificados de exportación. Tras su entrada en funcionamiento en junio de 2023, se emitieron 2.141 certificados durante los primeros siete meses de actividad. En 2024 la cifra ascendió a 4.771 y en 2025 alcanzó los 7.535 certificados, un 57,9% más que el año anterior.

En 2022, Huesca ocupaba el puesto 40, el penúltimo de la lista y solo por delante de Melilla en el listado sobre la evolución de las unidades certificadoras para exportación. En 2025 ascendió al noveno puesto y en lo que va de 2026 ha subido otro escalón. Mientras tanto, Lleida registraba 29.477 certificados, situándose como la tercera unidad certificadora de España. En 2025 se situó por detrás de Huesca con 6.807 certificados.

La mayor parte de las empresas usuarias, cerca del 95%, se concentran en la franja oriental de la provincia, especialmente en Binéfar, Monzón, Tamarite de Litera, San Esteban de Litera y Fraga. Se trata de una zona con una potente industria cárnica y agroalimentaria cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en mercados internacionales.

El crecimiento registrado en los últimos años ha situado además a Huesca entre las principales provincias españolas en actividad certificadora. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la provincia ocupa ya el octavo puesto nacional en número de certificados de exportación animal, por delante de territorios con una larga tradición exportadora como Lleida, Tarragona o Toledo.

La evolución resulta especialmente significativa porque se ha producido en un contexto complejo para el comercio exterior. Durante 2025, la detección de casos de peste porcina africana en España provocó restricciones y cierres temporales en algunos mercados internacionales, entre ellos Japón, uno de los principales destinos de las exportaciones gestionadas desde la TIM de Monzón. Pese a ello, la actividad certificadora continuó creciendo y alcanzó un nuevo máximo histórico.

En la actualidad, la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno en Huesca cuenta con tres funcionarias adscritas y se ha consolidado como una herramienta fundamental para facilitar las exportaciones agroalimentarias a mercados extracomunitarios, garantizando el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por los países de destino.

La puesta en marcha de la TIM de Monzón no solo ha permitido agilizar los trámites para las empresas altoaragonesas. También ha conseguido que una actividad económica generada en Huesca deje de contabilizarse en otras comunidades autónomas y pase a reflejarse en las estadísticas de la provincia, que en apenas tres años ha escalado hasta situarse entre las siete primeras de España en certificación de exportaciones animales.

La empresa Ribera Salud ha obtenido un nuevo contrato del Servicio Aragonés de Salud para cubrir consultas de Otorrinolaringología y Urología, además de guardias de esta última especialidad, en el Hospital de Barbastro. La adjudicación realizada el pasado 2 de junio responde a la falta de especialistas en la plantilla pública y se suma a otros contratos obtenidos en distintos hospitales de la comunidad.

Con este nuevo acuerdo, Ribera Salud acumula 3,2 millones de euros en poco más de un año en adjudicaciones hospitalarias en Aragón durante 2026, incluidas las prórrogas, de los cuales más de una tercera parte corresponde a Teruel, donde solo el contrato para consultas externas de Otorrinolaringología y Dermatología alcanza un valor estimado de 836.577 euros.

Desde abril de 2025, el Gobierno de Aragón ha adjudicado a Ribera Medical S.L.U. y a Torrevieja Salud S.L.U. —denominación anterior de la misma compañía— contratos para la prestación de servicios asistenciales en cinco hospitales y sectores sanitarios aragoneses.

En el Sector Sanitario de Huesca, Ribera asumió consultas externas de Rehabilitación y Otorrinolaringología por 164.175 euros.

En el Hospital de Barbastro, recibió una primera adjudicación de 192.000 euros para consultas externas de Otorrinolaringología, Rehabilitación y Urología, a la que se sumó posteriormente un segundo contrato de 288.250 euros para realizar 5.500 consultas de Otorrinolaringología y Urología y 62 guardias médicas de Urología.

En el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, la compañía obtuvo un contrato de 398.370 euros para consultas externas y visitas en planta de Medicina Física y Rehabilitación, Otorrinolaringología y Dermatología, además de tres adjudicaciones sucesivas para cubrir guardias médicas de Ginecología, Anestesia y Urología, por un importe conjunto de 398.100 euros. Además, el Ejecutivo de Aragón volvió a sacar a licitación recientemete un nuevo contrato para adjudicar para la prestación de guardias en el hospital Obispo Polanco por 199.000 euros, alegando una acción preventiva ante la posibilidad de que los recursos contratados hasta ahora no sean suficientes para lo que queda del año y poder así garantizar la continuidad asistencial más allá de las vacaciones, el exceso de trabajo y las bajas de los profesionales. Es decir, las guardias en el Hopital Obispo Polanco ascienden a 600.000 euros.

En el Sector Sanitario de Calatayud, se adjudicó un contrato de 140.318 euros para consultas externas de Traumatología, atención de urgencias traumatológicas y realización de procedimientos quirúrgicos con hospitalización.

Finalmente, en el Hospital de Alcañiz, Ribera recibió una adjudicación de 222.374,53 euros para prestar consultas externas, atención urgente e intervenciones quirúrgicas de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

En total, los contratos ya adjudicados a Ribera y Torrevieja Salud suman 2.002.588 euros, mientras que su valor estimado, incluyendo las posibles prórrogas previstas en los pliegos, alcanza los 3.186.830 euros.

Ribera Salud adquirió en diciembre de 2024 el grupo hospitalario aragonés HC (Hernán Cortés), operación que le permitió entrar por primera vez en la comunidad autónoma de Aragón. Además de los activos existentes, el hospital HC Miraflores y tres centros médicos, la operación incluía el impulso de un nuevo hospital privado en la zona de Miralbueno.

Tramitación urgente en Barbastro

El último expediente de Barbastro se tramitó por la vía de urgencia debido a la imposibilidad de garantizar la atención con medios propios. Según la documentación oficial, la escasez de especialistas ha provocado un aumento de las listas de espera y dificultades para asegurar la continuidad asistencial. Por ello, la Gerencia del Sector Sanitario considera imprescindible recurrir a la contratación externa de facultativos para mantener la actividad del hospital.

El contrato tendrá una duración inicial de seis meses, prorrogable por otros seis. Establece un precio máximo de 30,90 euros por consulta tanto en Otorrinolaringología como en Urología y prevé la realización de 3.000 consultas de ORL y 2.500 de Urología entre junio y diciembre. A ello se añaden las guardias médicas de Urología, cuya remuneración oscilará entre 1.750 y 2.350 euros por turno, en función de su duración.

Ribera Medical fue la única empresa que ha presentado oferta al concurso y prestará el servicio dentro de las instalaciones del Hospital de Barbastro. La adjudicación se resolvió mediante procedimiento abierto y la valoración otorgaba un peso destacado a la organización del servicio, la continuidad del equipo médico y la disponibilidad de consultas durante toda la semana. La oferta económica y la experiencia profesional completaban los criterios de puntuación.

El modelo externalizado incrementa el coste de las guardias en más de 100.000 euros en apenas seis meses respecto a una estimación equivalente dentro de la sanidad pública. No obstante, la Administración justifica esta fórmula por la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria ante la falta inmediata de especialistas, aunque la documentación no detalla las causas concretas de ese déficit ni las alternativas estudiadas dentro del sistema público.

Críticas políticas

La portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría, ha denunciado la precariedad sanitaria que atraviesa Aragón bajo el Gobierno de Jorge Azcón y ha reclamado que el dinero público se destine a fortalecer la sanidad pública tras denunciar que, con el Gobierno de PP y Vox, “la sanidad pública languidece mientras se destinan más de cinco millones de euros a privatizar consultas de especialistas y guardias”.

Alegría suma a las licitaciones realizadas las que aún están pendientes de adjudicación por valor de 1.540.213 euros, de modo que el volumen total de servicios sanitarios externalizados alcanzará los 4.727.043 euros.

La dirigente socialista ha advertido de que los problemas para cubrir plantillas están teniendo consecuencias concretas en hospitales, centros de salud y servicios asistenciales. Ha citado, entre otros ejemplos, la supresión del servicio de consultas externas por la falta de seis oncólogos en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza; el cierre de camas hospitalarias en el Hospital Obispo Polanco, la suspensión de consultas en el Hospital de Alcañiz, las dificultades para organizar las guardias en el Hospital de Barbastro y las situaciones de saturación registradas en las Urgencias del Hospital Royo Villanova. Asimismo, ha recordado que en Traumatología se están produciendo retrasos diagnósticos con esperas superiores a los 500 días y que más de 6.000 pacientes llevan más de seis meses esperando una operación.

“Lo que necesita la sanidad aragonesa no son excusas ni privatizaciones encubiertas, sino gestión, planificación y una apuesta firme por los profesionales y por los pacientes”, ha concluido Alegría.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios externalizados en el hospital de Teruel que han costado 600.000 euros podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

La lucha sigue. Los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza de la provincia de Zaragoza están cansados y preocupados tras once días de huelga, pero siguen decididos a lograr un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. Los paros, convocados por UGT, CCOO y OSTA, afectan a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres con contratos a tiempo parcial, y tienen incidencia tanto en edificios públicos como en instalaciones privadas.

Los representantes sindicales del sector de la limpieza han afrontado este viernes una nueva reunión de mediación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) dentro del proceso abierto para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo, después del intento frustrado del pasado 21 de mayo, en el que participaron el comité de huelga y las patronales del sector, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL). Este viernes lo han hecho con prudencia, pero también con la convicción de que la movilización está logrando situar sus reivindicaciones en el centro de la negociación colectiva. Sin embargo, ha quedado en punto muerto.

Los representantes de los tres sindicatos convocantes han explicado que, tras varios recesos, ASPEL y ASOAL han solicitado la suspensión del acto de mediación para el lunes 8 a las 15:00. Por tanto, la huelga no se suspende pero creen que el acto de mediación no ha fracasado. Además de mantener la manifestación de las 18:00, han convocado a los trabajadores una nueva concentración el lunes 8 de junio a las 14:30 a la puertas del SAMA.

La huelga —según los sindicatos— tiene un amplio seguimiento en el sector público, especialmente en los servicios dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, pero también en grandes empresas como Stellantis, donde el paro se mantiene al 100% entre la plantilla de limpieza. “Tenemos la fábrica sin limpieza hasta que no se arregle esto”, asegura José Ignacio, trabajador en huelga presente en la convocatoria ante el SAMA. Son más de cien trabajadores repartidos entre las secciones de pintura, otras áreas y oficinas, “toda la fábrica”: “Vamos a seguir y, si no se arregla, continuaremos en huelga hasta el final”, ha advertido.

También Manoli y David, trabajadores de Eulen en Saica, reivindican una subida salarial digna después de cuatro años con los salarios congelados y reclaman que no se recorten derechos, como ocurre con las bajas laborales, durante las que pierden tres días de retribución. “Estamos en una situación crítica porque llevamos muchos días de huelga y hay personas que solo cuentan con este salario. Si ya es bajo, imagínate”.

Reyes, trabajadora del servicio de limpieza de colegios de Serveo, lleva siete años como empleada fija y reclama un salario digno que se equipare al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “El Ayuntamiento ha pagado el 3,5% de subida para este año y a nosotros nos quieren subir el 2,5%. Así que el 1% restante, ¿dónde se lo meten?”, cuestiona. También esperaba que, tras 11 días de huelga, se produjera este viernes un avance significativo y recuerda a las compañeras que “lo están pasando muy mal”. No obstante, asegura que “se arregle o no se arregle, vamos hasta el final”.

Mariano Jesús Álvarez Pila, secretario de Relación Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Zaragoza, miembro de la mesa negociadora de limpieza y asesor del comité de huelga, aseguraba antes de la reunión que el colectivo llega a esta nueva fase del conflicto con tranquilidad, aunque sin grandes expectativas respecto a la actitud de las patronales. “Estamos en la buena línea, pero tenemos que tener cierta cautela porque tampoco esperamos nada bueno de las patronales”. Según ha explicado, la situación que vive Zaragoza no es un caso aislado, ya que la patronal estatal Aspel mantiene abiertos otros convenios colectivos en circunstancias similares. De hecho, ha recordado que los trabajadores de la limpieza en Valladolid podrían iniciar una huelga a partir del día 12. A su juicio, las empresas están intentando resistir para evitar asumir las reivindicaciones sindicales, centradas en incrementos salariales acordes al coste de la vida, la creación de un plus de edificio industrial para una parte específica del sector y una reducción de jornada que sea “real y efectiva”.

Desde UGT, el vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Esteban Lauroba, reconocía que la nueva reunión de mediación genera cierta expectativa entre los trabajadores. “Suponemos que si nos han convocado es porque saben que las cosas se pueden mover”, señaló antes de la reunión. Aunque evitó mostrarse optimista, destacaba que el colectivo mantiene intacta la esperanza y la fortaleza tras once días de movilización. Según aprecia que el sector atraviesa un momento de tensión y cansancio, pero también de determinación para conseguir un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. “Tienen ganas de acabar, pero también de que su convenio pueda firmarse en condiciones de decencia”, ha afirmado.

Por su parte, Alberto Navarro, secretario de Organización de OSTA y responsable del sector de limpieza, ha indicado que la huelga está teniendo efectos visibles tanto en el ámbito público como en el privado. “La gente tiene muy claro lo que quiere”, afirma, antes de destacar que durante estos once días de paro se ha hecho notar la presión ejercida por los trabajadores. Como ejemplo, ha citado la publicación de nuevos servicios mínimos en la Base Aérea de Zaragoza, una medida que, a su juicio, demuestra el impacto que está teniendo la movilización. Navarro ha insistido en que la plantilla no se conformará con las propuestas planteadas hasta ahora por la patronal y reclama un acuerdo que responda a las demandas del sector.

En cuanto al seguimiento de la huelga, ha asegurado que está siendo especialmente elevado en los centros dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, así como en numerosas fábricas del sector privado. Aunque reconoce que en otros ámbitos la incidencia es menor, ha destacado que las concentraciones convocadas durante estos días han reunido entre 700 y 800 personas. También ha cuestionado el papel del Ayuntamiento de Zaragoza, uno de los principales contratistas del sector, donde trabajan más de mil empleadas de limpieza. Según ha denunciado, el seguimiento del paro se ha producido pese a unos servicios mínimos que califica de “abusivos” y que, ha afirmado, no se habían aplicado con anteriores corporaciones municipales.

Durante la huelga, los representantes sindicales han recorrido diferentes centros de trabajo para informar a las plantillas y comprobar el seguimiento de los paros. Según Navarro, han visitado empresas como Profand, Saica, Balay y Amazon. En aquellos casos en los que se les ha impedido el acceso o se han encontrado obstáculos para desarrollar su labor sindical, las organizaciones sindicales han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo para que determine si se ha vulnerado el derecho de huelga y el derecho de los representantes de los trabajadores a acceder a los centros para informar a las plantillas.

El dirigente de OSTA también ha criticado el anuncio realizado por Balay sobre la posible aplicación de un ERTE al 100 % de su plantilla. Considera que la medida “no es ni justa ni necesaria” y pide a la empresa que la retire. A su entender, la decisión traslada a los trabajadores de la limpieza una responsabilidad que no les corresponde. “Están defendiendo sus derechos y sus intereses y por eso nadie tiene que ser penalizado”, ha afirmado.

Respecto al futuro inmediato del conflicto, Navarro ha dejado claro que la movilización continuará si la mediación no desemboca en un acuerdo satisfactorio. “Seguiremos adelante hasta el final para conseguir lo que hemos pretendido desde el primer día: un convenio digno para este sector”, ha advertido.

“Nos han dejado fuera de la cirugía robótica”. Así resume Juan Luis Blas Laina, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Royo Villanova, una situación que considera incomprensible desde el punto de vista asistencial. Su denuncia va mucho más allá de una disputa técnica sobre marcas o modelos: acusa al Gobierno de Aragón de haber adquirido plataformas robóticas con menores prestaciones sin contar con los profesionales que debían utilizarlas y de haber dejado sin esta tecnología al hospital que atiende a más de 200.000 habitantes en Zaragoza.

El origen del conflicto se remonta al despliegue de la cirugía robótica en Aragón. Durante el último Gobierno de Javier Lambán se adquirió de forma directa un robot Da Vinci para el Hospital Miguel Servet y quedó pendiente la incorporación de la misma tecnología al Hospital Clínico y al Hospital Royo Villanova. Con la llegada del Ejecutivo de Jorge Azcón se convocó un nuevo concurso que permitió la adquisición de otro Da Vinci para el Clínico, pero dejó fuera al Royo Villanova, considerado uno de los hospitales pioneros en cirugía laparoscópica de Aragón.

Posteriormente, Sanidad impulsó una nueva licitación orientada hacia plataformas distintas al Da Vinci, como Hugo y Versius, en los que se ha invertido 2.300.000 euros. Según denuncia Juan Luis Blas, estos sistemas carecen de algunas prestaciones que considera fundamentales para la cirugía compleja y oncológica avanzada. Los equipos acabaron finalmente en los hospitales de Huesca y Alcañiz, mientras que el Hospital Obispo Polanco de Teruel incorporó otra plataforma diferente adquirida fuera de concurso público. El resultado es que el Royo Villanova continúa sin cirugía robótica pese a realizar procedimientos similares a los del Clínico y el Servet.

Lo cierto es que el Royo Villanova sí llegó a tener asignado inicialmente uno de esos robots. Sin embargo, el jefe de Cirugía renunció formalmente a utilizarlo y reclamó para su hospital la misma plataforma instalada en los otros dos grandes hospitales zaragozanos: el Da Vinci Xi.

La oposición del cirujano comenzó antes incluso de la adjudicación definitiva. El 14 de octubre de 2024 remitió una comunicación al entonces consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en la que advertía de los riesgos de adquirir una plataforma sin contar con los especialistas que debían utilizarla. En aquella carta alertaba de que el sistema previsto podía no resultar adecuado por razones de seguridad y por la ausencia o limitación de herramientas que considera imprescindibles para la cirugía avanzada, como selladores vasculares, endograpadoras o sistemas de fluorescencia con verde de indocianina.

También advertía del riesgo de infrautilización de una tecnología cuyo coste supera el millón de euros y reclamaba que la decisión se tomara pensando en el futuro desarrollo del hospital.

“Estando pendientes de la ampliación del hospital, la plataforma que se adquiera ahora ha de estar acreditada para todas las especialidades”, señalaba en su escrito. El cirujano planteaba entonces que futuras áreas como Otorrinolaringología o incluso Cirugía Torácica podrían necesitar acceso a la cirugía robótica en el nuevo hospital proyectado para el sector.

Días después, el 23 de octubre de 2024, volvió a dirigirse al consejero para expresar su desacuerdo con los pliegos de contratación. En ese escrito denunciaba que el servicio de Cirugía no había participado ni en la elaboración del plan de necesidades ni en la definición de las características técnicas del sistema que posteriormente tendría que utilizar.

Blas recordaba que el Royo Villanova realiza prácticamente la misma cirugía que el Clínico y el Servet en patologías como cáncer de colon, recto, estómago, hígado, páncreas, duodeno, cirugía bariátrica o patología herniaria compleja. Por ello reclamaba disponer de la misma tecnología que los otros dos grandes hospitales zaragozanos.

El documento era especialmente duro con el procedimiento seguido por la administración. El jefe de Cirugía denunciaba errores científicos en la justificación técnica de la compra, criticaba la falta de precisión de los pliegos y cuestionaba que una persona ajena a la práctica quirúrgica hubiera definido las características del sistema sin consultar a los profesionales que debían trabajar con él.

La advertencia culminaba con una frase rotunda: “No voy a someter a mis pacientes a riesgos añadidos resultantes del uso de una plataforma robótica no adecuada”. Como responsable del servicio comunicaba formalmente que no utilizaría ese sistema y solicitaba la adquisición del mismo modelo instalado en el Clínico y el Servet.

Pese a estas advertencias, los pliegos siguieron adelante. El robot inicialmente previsto para el Royo Villanova terminó destinado al Hospital San Jorge de Huesca y otro fue enviado al Hospital de Alcañiz.

Según explica Juan Luis Blas, el problema no radica únicamente en las prestaciones técnicas de la máquina. Asegura que el Da Vinci es actualmente la referencia internacional en cirugía robótica avanzada porque combina tecnología, formación reglada y una extensa red de profesionales acreditados. Su implantación incluye programas específicos para cirujanos, anestesistas y personal de enfermería, además de una estructura consolidada de formación y supervisión que permite desarrollar programas complejos a largo plazo.

“No compras solo un robot; compras una tecnología, una red de formación, una experiencia acumulada y una plataforma sobre la que podrás seguir creciendo durante años”, sostiene.

El jefe de Cirugía rechaza la idea de que todas las plataformas sean equivalentes. Considera que los sistemas adquiridos pueden resultar útiles para determinadas intervenciones de menor complejidad, pero no para buena parte de la cirugía hepatopancreática, gástrica y oncológica avanzada que realiza su servicio. A su juicio, una inversión de estas características debería planificarse pensando en las necesidades futuras de los hospitales y no únicamente en el coste de adquisición.

El cirujano cuestiona además que el factor económico justifique la decisión adoptada. Según sostiene, la diferencia de precio entre las plataformas adjudicadas y el sistema Da Vinci ronda los 100.000 euros, una cantidad relativamente reducida dentro de una inversión superior al millón de euros. Añade que el coste de la cirugía robótica se ha ido reduciendo progresivamente a medida que aumenta su implantación y que existen fórmulas alternativas de financiación, como el renting tecnológico o acuerdos de uso, que permiten amortiguar el desembolso inicial. “Estamos hablando de una decisión que condicionará durante años la capacidad quirúrgica de un hospital. La diferencia económica es pequeña comparada con el impacto asistencial que puede tener elegir una plataforma u otra”, argumenta.

Para Juan Luis Blas, la polémica de los robots es el reflejo de un problema más amplio. Denuncia que el Royo Villanova se ha quedado pequeño para la población que atiende, que continúa esperando inversiones largamente prometidas y que sigue sin disponer de una tecnología ya implantada en otros centros.

“Esto no va de mi robot. Va de los 200.000 ciudadanos a los que atendemos”, concluye.

Su denuncia plantea una pregunta incómoda para la sanidad aragonesa: por qué un hospital que realiza cirugía compleja, fue pionero en laparoscopia y atiende a una de las mayores áreas de población de la comunidad sigue esperando una tecnología que ya está presente en otros centros con menor actividad y menor complejidad asistencial.

Un juzgado de Ceuta ha dado la razón a Aragón tras el envío de un menor migrante a la comunidad y obliga a justificar de manera adecuada las razones que motivaron el traslado. Así lo ha dado a conocer este jueves la vicepresidenta y portavoz, la popular Mar Vaquero, que ha añadido que el Gobierno autonómico devolverá a la ciudad autónoma al joven si se confirma el fallo. Justo después ha comparecido el también vicepresidente Alejandro Nolasco, de Vox, para continuar con su ofensiva ante la política migratoria del Ejecutivo central y para dar a conocer un supuesto crimen en Caspe del que no se tenía noticia.

Vaquero ha anunciado que el Gobierno regional acatará lo que determinen los tribunales tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, contra la que cabe recurso en el plazo de 15 días. Mientras no sea firme, la situación del menor no cambiará. Aun así, Vaquero ha sido clara: “El Gobierno de Aragón cumplirá la sentencia y si tiene que volver a la situación anterior, se hará”.

La portavoz ha cargado contra el Gobierno central, al que acusa de utilizar a los menores migrantes con fines políticos y considerar al niño “un bulto y una moneda de cambio para intentar contentar a los socios de legislatura. Para nosotros sí era prioritario el interés superior del menor; para el Gobierno central, en cambio, ha primado el interés de un adulto: Pedro Sánchez”, ha afirmado.

Vaquero ha subrayado que se trata de la primera sentencia favorable al Gobierno de Aragón frente a una resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta relativa al traslado de un menor extranjero no acompañado , y sigue la línea de otros pronunciamientos favorables a distintas comunidades autónomas.

A su juicio, “el traslado se realizó con criterios arbitrarios y sin una motivación suficiente, dejando a Aragón en una situación de indefensión”. Además, ha cuestionado que estos menores sean enviados a Aragón mientras otras comunidades, como Cataluña, quedan al margen.

La comunidad autónoma inició esta estrategia con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que modificó la Ley de Extranjería. La entonces consejera competente, Carmen Susín, defendió el recurso al considerar que la norma invadía competencias autonómicas. El Gobierno aragonés también anunció que recurriría todas las medidas derivadas de dicho decreto.

“Este reparto vulnera los principios de igualdad y solidaridad y quiebra el Estado de Derecho en cuestiones relacionadas con los derechos y libertades de los extranjeros. También constituye una forma de xenofobia excluir a dos comunidades autónomas de la llegada de menores no acompañados y migrantes adultos mediante criterios diseñados para evitar su traslado a Cataluña y al País Vasco, al dictado de un prófugo de la justicia española. Es una falta absoluta de humanidad hacia estos menores”, ha sostenido Vaquero.

La portavoz ha advertido además de que, si finalmente se revierte la situación, los menores volverán a ser trasladados entre comunidades autónomas “como si fueran mercancías. Esperemos que la justicia sirva para imponer sentido común frente a un Gobierno que fuerza la Constitución con tal de mantenerse en La Moncloa”», ha añadido.

Las pruebas de edad

Respecto a las pruebas realizadas por el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que han determinado la mayoría de edad de uno de los menores acogidos en Aragón y una diferencia de edad en el caso de una menor que tenía 13 años en lugar de los nueve declarados inicialmente, Vaquero ha explicado que, de los 116 menores llegados a Aragón, se han practicado 23 pruebas.

Hasta ahora, el Gobierno no había considerado necesario extenderlas al resto, aunque la situación ha cambiado. “Ahora existe un acuerdo de gobierno y un consejero (de Vox) que ejercerá plenamente sus competencias”, ha justificado.

Pese a ello, ha restado excepcionalidad a la medida y ha recordado que se trata de un procedimiento habitual desde hace años. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, entre octubre de 2019 y 2026 el IMLA ha realizado 222 pruebas de determinación de edad. De ellas, 51 concluyeron que la persona examinada era menor de edad, mientras que el 77% correspondía a mayores de edad. “En la mayoría de los casos, la edad declarada no coincidía con la real”, ha resumido.

Vaquero ha insistido en que la competencia para ordenar estas pruebas corresponde a la Fiscalía y que el Gobierno autonómico únicamente puede solicitar su intervención cuando existan indicios suficientes. “Cuando la Fiscalía emite el correspondiente decreto, el Gobierno puede actuar. Y si una persona no es menor de edad, no puede beneficiarse de los recursos destinados a los menores”, ha afirmado.

Acto seguido, la portavoz ha cedido el protagonismo al vicepresidente y consejero de Desregulación y Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, responsable del área competente pero ha renunciado a mantenerse en el mismo plano que él.

Nolasco irrumpe para hablar del crimen de Caspe

La comparecencia ha dado entonces un giro inesperado. Nolasco ha tomado la palabra para referirse al supuesto asesinato de un joven de 27 años ocurrido en Caspe mucho antes de que la Guardia Civil informara del suceso. “Estamos en contacto con las autoridades y actuaremos con prudencia hasta que la investigación aporte datos oficiales. Exigimos a la Delegación del Gobierno total transparencia. Sabemos que en ocasiones se ocultan datos incómodos. Esperamos que los autores sean detenidos cuanto antes”, ha declarado.

El vicepresidente, que posteriormente se ha desplazado a la misma localidad, relaciona el crimen con la situación migratoria del municipio. “Caspe es uno de los focos más conflictivos que ampara el Gobierno de Sánchez. Existe un creciente malestar ciudadano por la presencia de migrantes que viven allí sin trabajo ni recursos. Hemos visitado la localidad en varias ocasiones y hoy lamentamos no solo este asesinato, sino también las dos agresiones con arma blanca registradas la semana pasada”, ha señalado.

Nolasco ha ido más allá y ha responsabilizado al Gobierno central de no actuar a tiempo. “¿A qué espera la Delegación del Gobierno? Esto se veía venir y podría haberse evitado. Si no se pone freno a esta invasión migratoria en Caspe y no se refuerza la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, situaciones como esta podrían repetirse”. Ha aprovechado para mandar un mensaje a los vecinos: “Estamos con los caspolinos y seguiremos denunciando una situación que consideramos absolutamente intolerable”, ha añadido.

«Vamos a identificar a quienes no sean menores y expulsarlos»

Preguntado por las pruebas de edad, Nolasco se ha mostrado partidario de ampliarlas y ha restado importancia a su coste económico. «Nos cuesta más mantener a inmigrantes ilegales que realizar estas radiografías. Cuando hay asesinatos, robos y agresiones, el coste de las pruebas no puede ser la principal preocupación. A mí me hierve la sangre. Todas las semanas hay agresiones y hoy hemos conocido un asesinato. Lo que me preocupa es que la gente muera y viva con inseguridad».

El vicepresidente ha defendido la realización de pruebas a todas aquellas personas cuya edad genere dudas razonables. “Vamos a seguir solicitándolas para quienes lleguen sin documentación biológica fiable y existan dudas sobre su edad. Resulta llamativo que muchos aseguren haber nacido el mismo día, del mismo mes y del mismo año, declaren tener 17 años y medio y posteriormente se compruebe que tienen 20 años e incluso hijos. Estoy convencido de que la Fiscalía colaborará y de que el resultado será positivo”.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla aumentar el presupuesto destinado al IMLA y ampliar el número de pruebas realizadas, aunque el Ejecutivo no ha detallado el coste unitario de estos procedimientos.

Asimismo, Nolasco ha asegurado que Aragón ha recurrido prácticamente todos los traslados de menores, con cerca de 200 recursos presentados. También ha desafiado al delegado del Gobierno a demostrar que, desde la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, han seguido llegando menores extranjeros no acompañados. “No ha entrado ni un menor más, aunque seguirán intentándolo”.

Sobre el fallo judicial conocido este jueves, Nolasco ha asegurado que respalda la posición del Gobierno aragonés. “La sentencia nos da la razón y demuestra quién está actuando de forma torticera al margen de la ley. No somos nosotros, sino el Gobierno de Sánchez, cuyas políticas enriquecen a las mafias que trafican con seres humanos procedentes del tercer mundo”. “Son ellos los que fuerzan a las CCA a recibir menores extranjeros no acompañados, a menudo, falsos menas”, ha añadido.

El vicepresidente ha concluido reiterando uno de los principales compromisos del pacto PP-Vox: “Vamos a hacer pruebas, vamos a identificarlos y vamos a expulsar a quienes resulten ser mayores de edad. Vamos a poner orden y a informar con total transparencia de todos los incidentes que se produzcan en los centros de menores para que los aragoneses conozcan la realidad. Yo no podría dormir tranquilo defendiendo políticas que, a mi juicio, cuestan vidas y generan violencia”.

Como cierre, ha insistido en que Aragón seguirá utilizando todas las herramientas legales a su alcance para combatir la inmigración irregular. “Nuestro objetivo es luchar contra la invasión migratoria con todos los instrumentos que permite la legislación vigente. Para el Gobierno de Pedro Sánchez no todos los territorios son iguales ante la ley. Aragón no recibe el mismo trato que Cataluña e impone su dictadura ideológica, obligando a Aragón a recibir contingentes de menores inmigrantes pero no llevarlos a Cataluña”.

El barrio zaragozano de San Pablo, conocido popularmente como El Gancho, mantiene una intensa red de apoyo social, cultural y comunitario que implica a parroquias, entidades vecinales, organizaciones humanitarias, centros sanitarios y colectivos educativos. En una de las zonas históricamente más frágiles del Casco Histórico de la ciudad conviven proyectos de integración, apoyo escolar, inserción laboral, diálogo interreligioso y atención a la pobreza. Todo ello, además, en un contexto político marcado por el nuevo discurso de control y evaluación de las subvenciones públicas a las entidades sociales impulsado por Vox dentro del acuerdo de gobierno con el PP en Aragón.

San Pablo representa hoy uno de los mayores ejemplos de convivencia y tejido comunitario de Zaragoza. La parroquia, considerada popularmente “la tercera catedral” de la ciudad, articula buena parte de esa vida social en un cuadrilátero que se extiende desde el paseo Echegaray y Caballero hasta Conde Aranda y Mayoral. En ese espacio conviven también una parroquia anglicana, tres oratorios musulmanes y dos capillas protestantes vinculadas a la comunidad gitana, reflejo de una diversidad religiosa y cultural que define al barrio.

La dimensión social del barrio se sostiene gracias a una amplia red de entidades y recursos comunitarios. El Ayuntamiento de Zaragoza interviene a través del Plan Integral del Casco Histórico y de equipamientos como el centro de Las Armas. También desempeñan un papel relevante el Centro de Salud y el colegio Santo Domingo, desde donde se impulsan iniciativas de integración en un entorno marcado por una elevada diversidad cultural.

Aproximadamente un 30% de la población es inmigrante. La comunidad magrebí constituye el grupo más numeroso, seguida de la población latina, que suele trasladarse a otros barrios —como Delicias, Las Fuentes, San José, Torrero o Arrabal— cuando mejora su situación económica. Aunque persisten algunas diferencias culturales, especialmente en modelos familiares más conservadores dentro de ciertos hogares magrebíes, la convivencia vecinal no se percibe como especialmente conflictiva.

De hecho, las principales quejas de los residentes no se centran tanto en la delincuencia y la inmigración como en el deterioro urbano con problemas de limpieza, falta de comercio de proximidad y el mal estado de algunas zonas, donde todavía hay viviendas apuntaladas y situaciones de riesgo estructural. Así quedó reflejado en la última reunión promovida por la Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo, presidida por el guatemalteco Eddy Adán, en la que los vecinos reclamaron más servicios y una mayor atención municipal.

ONGs e Iglesia

Entre las principales organizaciones presentes en El Gancho figuran Accem, Cruz Roja, Apip-Acam e Hijas de la Caridad, además de otras entidades como Cáritas, las Conferencias de San Vicente de Paúl y la propia Fundación Ozanam. Todas ellas desarrollan programas de acogida, inserción laboral, reparto de alimentos, formación o atención a colectivos vulnerables. A ello se suman iniciativas como La Olla Comunitaria, que cada sábado recoge alimentos en la calle de Las Armas, o el banco de alimentos gestionado por las Conferencias de San Vicente de Paúl.

En el centro de recursos de las Conferencias hay una trabajadora social y varios voluntarios y solo dispone de alimentos. Atienden los martes y miércoles, además de dos jueves alternos solo para fruta, a más de 230 familias, casi 700 personas en total, a los que se les pide una documentación y un baremo por debajo del ingreso mínimo vital (IMV). El perfil de los beneficiarios suelen ser familias con hijos, personas mayores de 65 años solas o con enfermedades o discapacidades que padecen la soledad no deseada, así como personas recién llegadas con menos de un año de estancia en Zaragoza, hasta que acaba el seguimiento de su itinerario de intervención. En estas semanas hay un boom de altas, si bien las cifras oscilan según los procesos migratorios.

Además, la entidad también dispone de un centro de formación para alfabetización digital, cursos para la obtención de certificados de profesionalidad, así como cursos de empleo doméstico y de idioma español.

La respuesta frente a la pobreza cotidiana también se concreta en servicios básicos. Las Hijas de la Caridad, con apoyo municipal y parroquial, gestionan el servicio de duchas y lavandería al que acuden diariamente unas 80 personas afectadas por pobreza energética y el sinhogarismo.

Paralelamente, una red de 25 voluntarios presta apoyo escolar a 55 menores del barrio de lunes a jueves con el objetivo de reducir el fracaso educativo y reforzar la integración social.

La Fundación Ozanam se ha convertido igualmente en uno de los grandes motores sociales de El Gancho. En los últimos meses, ha reforzado su actividad mediante proyectos de formación y empleo vinculados al entorno de Las Armas y al Centro Sociolaboral de la calle Boggiero. Uno de sus proyectos más visibles es la gestión de la cafetería municipal de la plaza de Las Armas, concebida como espacio de dinamización vecinal y de inserción laboral para personas vulnerables.

La cafetería abre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas y amplía horarios durante actividades culturales o eventos organizados en la plaza y en dependencias municipales cercanas, como conciertos de la Escuela Municipal de Música y Danza o mercados temáticos celebrados durante los fines de semana. El establecimiento funciona además como espacio de inserción laboral. Actualmente, cuenta con cinco trabajadores —una persona en cocina, tres en barra y terraza y un gerente— contratados mediante programas de inserción dirigidos a personas con dificultades para acceder al mercado laboral. La intención es que, tras un periodo de formación y experiencia práctica de entre un año y un año y medio, puedan incorporarse posteriormente a otros empleos.

El centro socio educativo Las Armas se llena de programación hasta julio con teatro, música, folclore y cine. El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene el espíritu cultural de este equipamiento a través de un nutrido calendario de actividades de la Escuela de Música, del Patronato de Educación y Bibliotecas y de otros servicios municipales. Entre los diferentes eventos programados hasta julio y ya se ha iniciado un ciclo gratuito de conciertos de jóvenes músicos emergentes con fechas hasta noviembre

La entidad desarrolla también talleres de fontanería, confección y formación laboral, además de programas educativos y de ocio para menores en el Centro Municipal de Tiempo Libre Cadeneta, activo desde los años ochenta. Cada tarde participan más de 30 niños y niñas en actividades de apoyo escolar, educación en valores e integración comunitaria.

La parroquia de San Pablo desempeña además un papel clave como agente cultural y de cohesión vecinal. Su párroco, Ángel Lahuerta, y el sacerdote Antonio Moreno mantienen contacto permanente con las entidades sociales y promueven actividades abiertas a toda la ciudadanía. Entre ellas destaca el proyecto ADIA Aragón, centrado en el diálogo interreligioso e interconviccional y en la defensa de la convivencia entre creyentes y no creyentes como parte de la identidad urbana del barrio. Esa filosofía se plasma en iniciativas como la Noche de las Religiones, que abre templos y espacios de culto a los vecinos para visibilizar la diversidad espiritual y cultural de Zaragoza. También en propuestas musicales y patrimoniales como “Conciertos de altura”, el ciclo Saulus o el Concierto de Primavera, además de celebraciones multitudinarias como la vigilia diocesana de Pentecostés el pasado 24 de mayo.

El propio templo de San Pablo simboliza esa mezcla histórica de culturas. Construido entre los siglos XIII y XVIII y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO dentro del Mudéjar de Aragón, el edificio conserva uno de los conjuntos mudéjares más importantes de la comunidad, aunque el paso del tiempo y las humedades por las últimas lluvias han afectado a la estructura. En 2026 se cumplen además 25 años de ese reconocimiento internacional, una efeméride que la parroquia quiere aprovechar para reivindicar tanto la restauración patrimonial como la revitalización del Plan Integral contra la exclusión social del barrio.

Para los responsables del templo, “la comunidad de San Pablo camina en el barrio con otras comunidades cristianas y de otras religiones que convierten al Gancho en un espacio privilegiado de diversidad cultural y religiosa donde la convivencia entre todos es algo cotidiano en el que no faltan vecinos y vecinas comprometidos por la mejora del barrio y sus gentes”

Salud comunitaria

Otro de los pilares de la vida colectiva de El Gancho es el Consejo de Salud San Pablo, ahora coordinado por Pilar García. Este órgano de participación vecinal coordina proyectos comunitarios y analiza el impacto que tienen las condiciones de vida sobre la salud de los residentes. Los impulsores Rosa Macipe y Luis Gimeno defienden el trabajo en red como herramienta imprescindible para comprender los problemas reales del barrio y diseñar respuestas conjuntas.

Desde 2018, el Consejo de Salud ha impulsado iniciativas como el “Semáforo de la Salud”, destinado a detectar preocupaciones vecinales y fortalezas comunitarias. También ha trabajado específicamente sobre la relación entre vivienda y salud, denunciando situaciones de infravivienda y dificultades de acceso residencial mediante encuentros vecinales, teatro social y concursos de relatos. Ahora trabajan en el entorno, espacios verdes y de juego, dentro de la iniciativa de urbanismo táctico para mejorar la salud. “Sabemos que la salud depende de las condiciones de vida de las personas y la esperanza de vida entre unos barrios y otros puede llegar a ser de hasta diez años”, asegura Macipe.

La brecha digital y la salud emocional de la infancia tras la pandemia son otras de las preocupaciones prioritarias del Consejo. La entidad ha elaborado cuestionarios y estudios sobre el impacto de la digitalización en la población vulnerable y sobre las consecuencias emocionales del confinamiento en niños y adolescentes, trasladando posteriormente sus conclusiones al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón para reclamar medidas públicas específicas. “En un barrio con mucho estigma que retroalimenta lo negativo, aquí se generan dinámicas positivas con la participación de los vecinos”, comenta la pediatra Rosa Macipe.

La lupa política

Todo este entramado solidario convive ahora con una nueva etapa política marcada por el discurso de control sobre las ayudas públicas a las entidades sociales. El concejal de Vox y presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, Armando Martínez, sostiene que los niveles de delincuencia en el Casco son superiores al resto de la ciudad y sitúa al Gancho como uno de los principales focos de preocupación vecinal “por problemas relacionados con la inseguridad, la suciedad o el deterioro de la convivencia”. Asegura que aunque la subdelegada del Gobierno en Aragón “nos transmitió que no hay quejas ni delincuencia, salvo algún episodio de incivismo que lleva a esa percepción de inseguridad, yo sí recibo muchas quejas de vecinos por inseguridad”.

Martínez reconoce expresamente la labor “encomiable” de muchas pequeñas organizaciones y colectivos de proximidad que trabajan en el barrio pese a contar con recursos limitados. Sin embargo, cuestiona la eficacia de algunos grandes programas de acogida e integración vinculados a entidades de ámbito nacional y considera necesario revisar el modelo de intervención social. Se refiere, principalmente, a la última acogida de un pacífico grupo de migrantes malienses, jóvenes llegados hace unos meses bajo el programa de atención humanitaria, que se alojan en apartamentos junto al Hotel París de la calle de San Pablo, gestionados por la asociación Apip-Acam. La entidad colaboradora en el ámbito de la protección internacional está autorizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y mantiene un total mutismo sobre el número total de personas atendidas y el programa de atención que reciben durante los meses que permancen aquí.

El edil sostiene que el incremento del sinhogarismo y de situaciones de exclusión demuestra que parte de los programas actuales no están ofreciendo resultados suficientes. Por ello defiende introducir mecanismos más estrictos de evaluación sobre las subvenciones públicas, midiendo la llamada “rentabilidad social” de las entidades en función de su capacidad real de integración laboral y convivencia.

Según explica, el nuevo Ejecutivo autonómico deberá analizar ahora qué margen existe para condicionar convenios y ayudas públicas al cumplimiento de objetivos concretos. Martínez asegura estar dispuesto a colaborar con aquellas entidades que desarrollen un trabajo efectivo en el barrio, aunque rechaza apoyar económicamente proyectos que considere más ideológicos que asistenciales que, a su juicio, “priman más los números que a las personas”.

Mientras tanto, El Gancho continúa sosteniéndose gracias a una compleja red de vecinos, voluntarios, sanitarios, parroquias, educadores y asociaciones que intentan responder cada día a problemas estructurales de pobreza, exclusión y convivencia. Un barrio históricamente castigado, pero que sigue haciendo de la solidaridad su principal herramienta de resistencia colectiva.

El programa de apoyo al comercio local Volveremos arranca este miércoles una nueva edición con dos novedades principales: la incorporación de más actividades autónomas al tramo financiado por el Gobierno de Aragón y una funcionalidad similar a Bizum que permitirá transferir saldo entre usuarios. La iniciativa vuelve días después de las críticas desde algunos comercios incorporados por los problemas fiscales generados, pero el Ejecutivo autonómico ha relativizado estas valoraciones: “Siempre ha sido una subvención”, ha apuntado Carmen Herrarte, directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo.

La primera de las tres campañas previstas para 2026 contará con una bolsa inicial de 1,88 millones de euros en descuentos. De esa cantidad, el Ayuntamiento de Zaragoza aporta un millón de euros y el Gobierno de Aragón otros 882.000 euros.

Las compras realizadas los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos generarán un saldo acumulable del 20%: un 10% financiado por el consistorio y otro 10% por el Ejecutivo autonómico.

Más allá de esta primera campaña, Volveremos movilizará durante 2026 en torno a 8,5 millones de euros en incentivos al consumo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha consignado 4,5 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón aportará 2,9 millones, una cantidad que podría ampliarse a lo largo del ejercicio. A estas cifras se suman las aportaciones de los otros 71 municipios participantes.

En total, el programa llegará este año a 72 localidades aragonesas, 50 más que hace dos años. El Ejecutivo autonómico estima que la iniciativa alcanzará a cerca de 3.500 comercios y a casi 1,1 millones de potenciales usuarios, el 81% de la población aragonesa. Entre los nuevos municipios incorporados figuran Albarracín, Arens de Lledó, Ariza, Biescas, Calamocha, Calatorao, Daroca, Formiche Alto, Laspuña, Lécera, Mazaleón, Monreal del Campo, Montalbán, Mora de Rubielos, Urriés y Utrillas.

Las ventas generadas por la última edición superaron los 98 millones de euros, 28 millones más que el año anterior.

Para participar, los usuarios deben descargarse la aplicación disponible para Android e iOS, registrarse y presentar el código QR generado por la plataforma. El importe acumulado se incorpora a un monedero electrónico que puede utilizarse posteriormente en cualquiera de los negocios adheridos.

Novedades en 2026: bizum y más autónomos

La principal novedad tecnológica del programa será la posibilidad de transferir saldo entre usuarios registrados. A través de una nueva pestaña denominada “Transferir saldo”, los participantes podrán enviar parte de su monedero electrónico a familiares o amigos utilizando únicamente el correo electrónico asociado a la cuenta.

La directora general de Pymes del Ejecutivo autonómico ha explicado que la medida busca aportar mayor flexibilidad al sistema y evitar que el saldo acumulado quede sin utilizar. El mecanismo funcionará de forma similar a Bizum, aunque limitado al ecosistema de Volveremos, favoreciendo que el dinero continúe circulando dentro de la red de comercios adheridos.

La otra gran novedad es la ampliación de las actividades que podrán beneficiarse del tramo financiado directamente por el Gobierno de Aragón. Además del comercio, podrán participar profesionales autónomos y negocios de servicios de proximidad como peluquerías, centros de estética, fisioterapeutas y otros pequeños establecimientos.

Esta ampliación es posible por la integración de Comercio, Consumo y Pymes y Autónomos en una misma dirección general. Hasta ahora, las ayudas autonómicas se limitaban a determinados epígrafes comerciales del IAE, mientras que la nueva estructura permite incorporar actividades que anteriormente quedaban fuera.

Malestar de autónomos

A pesar de que Volveremos es un programa de apoyo a pequeños comerciantes, algunos han mostrado su malestar al desatarse un lío fiscal con autónomos que tributan por módulos y que niegan haber recibido subvenciones, pese a que se le obliga a ello. Algunos negocios ya han advertido, tal como publicó este periódico, que no volverán a participar en próximas campañas por sentirse “engañados” y “desamparados” ante un sistema que, denuncian, les ha generado un problema fiscal inesperado.

Carmen Herrarte ha respondido a las quejas recodando que Volveremos es, jurídicamente, una subvención al comercio local y que esta condición figura expresamente en toda la documentación de adhesión. “La convocatoria a la que los establecimientos se adhieren voluntariamente deja claro que se trata de una ayuda al comercio. No es una cuestión opinable, sino la naturaleza legal del programa”, ha señalado.

La responsable autonómica ha insistido en que la obligación de declarar las ayudas públicas no supone ninguna novedad para los autónomos. “Todos los autónomos conocen sus obligaciones tributarias y cuentan con asesores o gestores que saben cómo debe declararse cada ayuda en función de las características de cada negocio”, ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que no existe una única forma de tributación. “Hay autónomos que tributan por estimación directa y otros por módulos. Cada caso tiene su tratamiento fiscal y son los profesionales que les asesoran quienes deben determinar cómo proceder”, ha indicado.

“Un contacto frecuente”

Herrarte ha asegurado además que la mayoría de los comerciantes adheridos al programa no ha trasladado ninguna queja sobre esta cuestión. “Mantenemos un contacto frecuente con ellos y las encuestas que realizamos muestran que no existe un malestar generalizado. La inmensa mayoría está al corriente de sus obligaciones fiscales y conoce perfectamente el funcionamiento del programa”, ha afirmado.

La directora general ha recalcado que las condiciones de Volveremos no han cambiado desde su puesta en marcha. “Siempre ha sido una subvención y siempre se ha declarado como tal. No ha habido modificaciones en las bases de las ayudas ni en los documentos de adhesión que firman los comercios”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido la utilidad económica de la iniciativa. Según ha explicado, se trata de una ayuda con un elevado efecto multiplicador sobre el consumo, que contribuye a generar hábitos de compra en el comercio de proximidad y a evitar la fuga de gasto hacia las grandes plataformas digitales.

“Es una herramienta que está al servicio de los municipios y de las asociaciones de comerciantes para atraer compras, fidelizar clientes y reforzar el comercio local. No es una subvención tradicional, sino una herramienta adaptada a los retos actuales del sector”, ha destacado.

Quién da más

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han realizado este lunes a primera hora una gran puesta en escena para presentar el inicio del programa de apoyo al pequeño comercio, Volveremos. En el lugar elegido, la librería General, aunque el presidente Azcón la ha confundido con otra, la librería Central, se han dado cita numerosos cargos de ambas instituciones que, por momentos, parecían estar compitiendo en quién daba más.

Natalia Chueca comenzaba ufana la presentación, recordando que tanto comerciantes como ciudadanos que se encuentra cuando recorre barrios, “siempre me preguntan: ¿cuándo vuelve Volveremos?”. La alcaldesa, además, recordaba tres premios nacionales obtenidos como reconocimiento al programa y la mejora de la herramienta desde que lo pusiera en marcha por primera vez Azcón cuando fue alcalde de la ciudad.

Por su parte, el presidente aragonés avanzaba novedades de su gobierno: la incorporación de autónomos en su parte autonómica y el bizum como novedad. Y si Natalia Chueca sacaba pecho de los premios, Azcón llegaba al superlativo asegurando que no haya ciudad o comunidad autónoma en toda España que tenga un programa como Volveremos.

En lo que ambos están completamente de acuerdo es en no admitir preguntas tras sus intervenciones y en aprovechar las mismas para introducir alguna crítica al Gobierno central, como la subida del IVA de la luz y el gas desde hoy al 21%, tras desactivarse gradualmente algunas de las medidas incluidas en el plan aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Volveremos en cifras

Volveremos genera un importante retorno económico para el comercio local. Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, por cada euro invertido por las administraciones se generan más de diez euros en ventas.

En Zaragoza, las operaciones vinculadas al programa alcanzaron los 81,3 millones de euros en 2025, un 30% más que el año anterior y la cifra más alta desde su puesta en marcha. Más de 2.300 comercios participaron en 937.000 transacciones, un 30% más que en 2024.

La facturación media asociada a Volveremos fue de 39.321 euros anuales por establecimiento, unos 3.276 euros mensuales, casi mil euros más al mes que en la campaña precedente.

La llegada del papa León XIV a España se interpreta dentro de la Iglesia católica como uno de los acontecimientos más importantes desde la visita de Benedicto XVI en 2011. El viaje, previsto del 6 al 12 de junio, tendrá una dimensión no solo religiosa y multitudinaria, sino también política, social y simbólica, en un momento especialmente delicado para la Iglesia española, marcada por la secularización, la pérdida de influencia pública y los escándalos de abusos sexuales.

La visita papal coincide además con el cuestionamiento de varios obispos españoles investigados por abusos o encubrimiento, entre ellos Rafael Zornoza y Pedro Aguado. Este último, obispo de Jaca y Huesca y ex superior general de los Escolapios, está siendo investigado por el Vaticano en relación con el caso de pederastia de México que implica al religioso escolapio José Miguel Flores Martínez, expulsado por abusos sexuales al exmonaguillo Javier Alcántara entre 2006 y 2010. Aguado ha declarado recientemente por escrito ante la Fiscalía mexicana, que mantiene abierta la investigación sobre un posible encubrimiento institucional. El documental de RTVE ‘Cruzar la noche’ emitido en abril ayudó a dar dimensión pública internacional al caso al centrar el foco no solo en el abuso, sino en los mecanismos de silencio y protección institucional dentro de la Iglesia

El obispo de Jaca y Huesca ha defendido que actuó “de inmediato”, una vez que tuvo conocimiento de los hechos. Sin embargo, la víctima y varios medios sostienen que el sacerdote continuó apareciendo públicamente como religioso después de esa expulsión y que incluso recibió homenajes tras su muerte. La propia orden calificó más tarde el funeral celebrado como una “imprudencia pastoral”.

Además de la causa en México, el Vaticano abrió en 2026 una investigación canónica sobre la actuación de Pedro Aguado ya que, según varias informaciones, el papa León XIV ordenó revisar si existió encubrimiento y Roma analiza si la respuesta institucional fue adecuada o si hubo negligencia grave.

Esto convierte el caso en uno de los expedientes más sensibles actualmente para la Iglesia española, porque afecta a un obispo en ejercicio y conecta con la gestión histórica de abusos dentro de congregaciones religiosas internacionales.

La clave Senegal

El caso mexicano no es el único que salpica al actual obispo de Jaca y Huesca. Diversas investigaciones periodísticas y el documental ‘La fugida: veritats ocultes’, emitido por 3Cat, relacionan a otros religiosos escolapios con abusos sexuales y posibles mecanismos de protección dentro de la orden bajo el generalato de Pedro Aguado. Entre ellos aparecen Manel Sales y Josep Maria Canet, vinculados con abusos en Senegal, así como Josep Blay, condenado en 2023 por abusos a menores en Cataluña.

El documental presenta a Blay como uno de los pocos casos con condena judicial firme. Fue sentenciado por abusar de varias niñas en Alella, aunque previamente ya había dejado víctimas en los Escolapios de Sitges durante los años sesenta. La investigación subraya cómo pudo mantener durante décadas autoridad y contacto con menores dentro de instituciones religiosas y analiza las dificultades que encontraban las víctimas para ser escuchadas o protegidas cuando denunciaban hechos ocurridos en el entorno eclesial.

Otro de los casos centrales es el de Manel Sales. Según la investigación periodística recogida por la serie, Sales habría abusado sexualmente de menores durante aproximadamente veinticinco años en Senegal. Aunque reconoció parte de los hechos, nunca fue juzgado penalmente y continuó viviendo protegido dentro del entorno escolapio catalán. El documental sostiene que dentro de la congregación existía conocimiento interno de la situación y que se priorizó evitar el escándalo institucional antes que acudir a la justicia civil o reparar adecuadamente a las víctimas.

La serie también profundiza en el caso de Josep Maria Canet, a quien varias víctimas señalan no solo como presunto encubridor de Sales, sino también como autor de agresiones sexuales a menores. Canet dirigió la escuela e internado Joseph Faye, en Oussouye, al sur de Senegal, donde convivió y trabajó junto a Sales dentro de la misión escolapia. Según la investigación dirigida por Guillem Sánchez, ambos religiosos ejercieron durante años una enorme autoridad sobre niños especialmente vulnerables que dependían de ellos para estudiar, alimentarse y acceder a oportunidades de futuro, y donde está mal vista la homosexualidad.

Los abusos comenzaron a aflorar públicamente tras la denuncia de varios voluntarios de ONGs que trabajaron allí. Los Escolapios impulsaron una comisión en Senegal para investigar las denuncias relacionadas con Sales. Fue entonces cuando aparecieron testimonios de antiguos alumnos que aseguraban haber sufrido también abusos por parte de Canet entre 1992 y 2005, cuando las víctimas tenían entre 8 y 12 años. La investigación sostiene además que Canet siguió ocupando cargos relevantes siendo ecónomo de la orden que dirigía Pedro Aguado y desempeñó funciones de gobierno dentro de la estructura escolapia catalana incluso después de regresar de Senegal y no fue apartado completamente hasta 2023.

Segundo obispo investigado

El nombramiento de Pedro Aguado Cuesta como obispo de Jaca y Huesca en 2024 sorprendió dentro de la propia Iglesia porque no procedía de la carrera episcopal tradicional, sino de dirigir durante quince años la Orden de las Escuelas Pías a nivel mundial como superior general. Su nombramiento coincidió además con la aparición interna de denuncias y tensiones relacionadas con abusos dentro de la orden, especialmente en México y Senegal, lo que llevó a algunas víctimas y analistas a interpretar el nombramiento como un respaldo institucional del Vaticano en un momento delicado. El peso simbólico de Aragón para los Escolapios —por el vínculo con José de Calasanz y Peralta de la Sal— reforzó todavía más esa lectura. Sin embargo, tras hacerse pública la denuncia de Javier Alcántara en México y abrirse investigaciones sobre el escolapio José Miguel Flores Martínez, el ascenso de Aguado pasó a convertirse en un problema para Roma, ya que terminó siendo uno de los pocos obispos españoles investigados por presunto encubrimiento de abusos.

El caso sitúa a Aguado como el segundo obispo español investigado formalmente por el Vaticano tras Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta entre 2011 y 2025, cuyo caso se convirtió en uno de los mayores escándalos recientes de la Iglesia española y en un precedente histórico dentro de la Iglesia española. El papa León XIV aceptó su renuncia en noviembre de 2025.

Ambos casos presentan paralelismos porque afectan a obispos españoles; ha intervenido el Dicasterio para la Doctrina de la Fe; las víctimas acudieron directamente a Roma, y ambos han generado una grave crisis institucional. Pero el caso Zornoza es más grave porque afectaba directamente a la conducta personal de un obispo en ejercicio. Fue el primer caso conocido en España en el que el Vaticano abrió una investigación formal por pederastia contra el titular de una diócesis. En febrero de 2026 el Tribunal de la Rota concluyó la investigación preliminar y recomendó abrir un juicio penal canónico tras escuchar a la víctima, a Zornoza y a varios testigos, incluido uno que afirmó haber presenciado los abusos denunciados. Sin embargo, el Vaticano terminó archivando posteriormente el procedimiento por cuestiones técnicas relacionadas con la edad de la víctima y la aplicación del derecho canónico vigente cuando ocurrieron los hechos. Además, el escándalo aumentó cuando trascendieron acusaciones de que también habría ignorado denuncias contra otros sacerdotes y cuando salió a la luz una conversación en la que un alto cargo eclesiástico pedía a la víctima mantener silencio sobre el caso. Todo ello convirtió el expediente en símbolo de las tensiones internas de la Iglesia entre la voluntad de reparación pública y las inercias históricas de opacidad y protección institucional.

Peralta de la Sal, refugio escolapio

El peso simbólico de Aragón también resulta relevante en este contexto. José de Calasanz, fundador de los Escolapios, nació en Peralta de la Sal, en Huesca, donde la orden mantiene uno de sus principales centros históricos. Precisamente Peralta de la Sal aparece de forma recurrente en varias investigaciones relacionadas con religiosos acusados de abusos.

Según distintas publicaciones, José Miguel Flores Martínez, acusado de abusar sexualmente de Javier Alcántara en México entre 2006 y 2010, pasó por el monasterio escolapio de Peralta de la Sal después de conocerse las denuncias. Allí habría permanecido como medida de aislamiento antes de ser apartado definitivamente del sacerdocio por el Vaticano y fallecer en 2022.

Otro nombre vinculado a Peralta es el de John Santillan, religioso vinculado con la orden de los Escolapios y acusado de abusos sexuales a menores en California durante las décadas de 1970 y 1980. Diversas investigaciones periodísticas sostienen que Santillan terminó refugiado en Peralta de la Sal tras abandonar Estados Unidos y permaneció allí hasta su muerte en 2004.

Se siguió el patrón de algunas congregaciones religiosas de trasladar o proteger a religiosos denunciados enviándolos a otros países o manteniéndolos en entornos discretos alejados del foco judicial. Recientemente, por citar otro ejemplo, un jesuita zaragozano ha sido apartado provisionalmente de su puesto de sacerdote tras la denuncia por unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a un menor en Alicante y Zaragoza en la primera década de este siglo, según ha informado la Compañía de Jesús.

Los problemas relacionados con abusos y encubrimientos dentro de los Escolapios no son recientes. De hecho, están en el propio origen cuando en el siglo XVII, la orden fundada por José de Calasanz quedó envuelta en un grave escándalo protagonizado por el sacerdote Stefano Cherubini, acusado de abusar sistemáticamente de menores en escuelas escolapias de Nápoles. Según diversos historiadores, Calasanz conocía parte de las acusaciones de Cherubini, perteneciente a una familia poderosa dentro de la curia romana, con conexiones jurídicas y eclesiásticas influyentes.

El fundador de la obra no actuó con contundencia para apartarlo definitivamente y el escándalo terminó provocando una intervención directa del papa Inocencio X, que en 1646 degradó a Calasanz y prácticamente desmanteló temporalmente la orden. Aunque la crisis no se debió exclusivamente a los abusos, muchos investigadores consideran hoy que el caso Cherubini fue decisivo en el derrumbe institucional de los Escolapios en aquella época.

Cuatro siglos después, los investigadores sobre abusos en la Iglesia siguen señalando inquietantes paralelismos: denuncias internas ignoradas, traslados de religiosos acusados, protección institucional y prioridad por preservar la reputación de la congregación antes que la protección de las víctimas.

Más de dos siglos después de la muerte de Francisco de Goya, su obra sigue generando nuevas lecturas y despertando el interés de creadores contemporáneos que encuentran en ella una extraordinaria capacidad para dialogar con los problemas, inquietudes y sensibilidades del presente. Precisamente esa idea constituye el eje central de 'Goya al natural. Sonidos y movimiento', un ciclo artístico que propone una aproximación innovadora al universo goyesco a través de la lírica, la performance y la danza contemporánea.

Lejos de presentar a Goya como una figura histórica encerrada en los museos, el proyecto lo reivindica como un creador vivo cuya mirada sigue interpelando al espectador actual. El programa parte de una premisa clara: la obra del pintor aragonés trasciende los límites de la pintura y puede inspirar nuevas formas de expresión artística capaces de conectar con públicos contemporáneos. Para ello, el ciclo que llega a su segunda edición y se desarrollará entre el 4 y el 17 de junio de 2026, transforma diferentes espacios del Palacio de la Aljafería en escenarios donde patrimonio, historia y creación actual se entrelazan en una experiencia inmersiva.

La relación entre Goya y la música constituye uno de los primeros ejes del programa. El concierto inaugural del 4 de junio, titulado 'El sueño del amor produce monstruos', propone un recorrido por la lírica de la época a través de obras de Mozart, Boccherini, Barbieri y Enrique Granados. La selección musical permite reconstruir el ambiente cultural que rodeó al artista y explorar las conexiones entre la pintura, la música y la sociedad de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Especial relevancia adquieren las tonadillas de Granados inspiradas en las majas goyescas, personajes que simbolizan una parte esencial del imaginario popular reflejado por el pintor. La propuesta pone de manifiesto cómo la música puede convertirse en una herramienta privilegiada para comprender la sensibilidad de una época marcada por profundas transformaciones políticas y culturales.

La presencia de Ensemble Katharsis refuerza además la voluntad del ciclo de apostar por formatos innovadores. Desde su creación, esta formación aragonesa se ha caracterizado por combinar excelencia musical y propuestas escénicas capaces de acercar la música clásica a nuevos públicos. Su participación en el festival demuestra cómo el legado cultural asociado a Goya puede reinterpretarse desde perspectivas contemporáneas sin perder el vínculo con la tradición.

Uno de los momentos más singulares del programa llega el 10 de junio con 'Goya intramuro', una propuesta performativa concebida por el artista Samuel Hereza junto al músico Jorge Casasnovas. La acción convierte la Aljafería en un espacio de tránsito y reflexión donde el público acompaña a un Goya reinterpretado desde la sensibilidad del siglo XXI. El recorrido no busca reconstruir episodios biográficos del pintor, sino activar su pensamiento crítico y proyectarlo sobre los debates actuales. La experiencia culmina ante un gran muro concebido como superficie simbólica donde confluyen memoria, representación, conflicto y resistencia. En esta propuesta, la obra de Goya aparece vinculada a cuestiones plenamente contemporáneas como la violencia, la construcción de los relatos históricos o el papel del arte frente a las tensiones sociales y políticas de nuestro tiempo.

La dimensión sonora de esta performance resulta igualmente significativa. Las improvisaciones de Jorge Casasnovas utilizan la guitarra española como puente entre tradición y modernidad. A partir de referencias al romanticismo español, el músico desarrolla un lenguaje que incorpora elementos minimalistas y contemporáneos, creando una atmósfera que acompaña la experiencia visual y corporal. El resultado es un diálogo entre pasado y presente que refleja perfectamente el espíritu general del ciclo.

La guitarra ocupa también un lugar protagonista en el recital de Ana Carpintero, una de las intérpretes e investigadoras más destacadas en el estudio de la música de la época de Goya. Su programa recupera obras de compositores fundamentales para comprender el repertorio guitarrístico de finales del siglo XVIII y principios del XIX. A través de autores como Fernando Sor, Federico Moretti o Isidro Laporta, el concierto del 11 de junio reconstruye el paisaje sonoro que acompañó la vida del pintor y permite al espectador aproximarse a los gustos musicales de una sociedad que comenzaba a definirse por nuevas formas de sensibilidad artística y cultural.

El ciclo culmina el 17 de junio con una de las propuestas más ambiciosas desde el punto de vista conceptual: 'Foreshortened' / 'Escorzos del cuerpo', de la compañía de danza LaMov. La pieza toma como punto de partida el escorzo, una técnica pictórica utilizada por Goya para generar profundidad y dinamismo en sus composiciones, y la transforma en lenguaje coreográfico. Los cuerpos de los bailarines se expanden, se contraen y se deforman en el espacio para traducir físicamente la intensidad visual presente en la obra del artista aragonés.

La propuesta no pretende ilustrar la pintura de Goya, sino hacerla sentir. A través del movimiento emergen temas recurrentes en su producción artística, como la guerra, la condición humana, la crítica social, lo grotesco, la espiritualidad o los conflictos del poder. La danza se convierte así en una herramienta para explorar las tensiones que atraviesan toda la obra goyesca y demostrar que muchas de sus preocupaciones continúan siendo plenamente actuales. El escenario se transforma en un lienzo vivo donde la belleza surge precisamente de la deformación, de la ruptura de los límites convencionales de la representación y de la búsqueda de nuevas perspectivas sobre la realidad.

El ciclo escénico coincide con la exposición 'Goya. Del Museo al Palacio' que puede visitarse en la Aljafería desde diciembre de 2024, una gran muestra que reúne 62 obras procedentes del Museo de Zaragoza mientras este permanece cerrado por obras de remodelación.

Ambas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la presencia de Goya en el espacio público y a convertir Zaragoza en uno de los grandes centros internacionales de estudio, difusión y reinterpretación de su legado. De hecho, las administraciones e instituciones culturales ya trabajan en los preparativos del bicentenario de 2028, concebido como un gran proyecto de Estado que contará con exposiciones, publicaciones, proyectos audiovisuales, actividades educativas y nuevas infraestructuras culturales dedicadas al pintor aragonés.

Todas las actuaciones del ciclo comienzan a las 19.30 horas. El precio de la entrada general es de doce euros, mientras que las entradas reducidas, destinadas a menores de dieciocho años, titulares de carné joven, mayores de 65 años, personas con carné de familia numerosa y monoparental, demandantes de empleo y personas con discapacidad, tendrán un coste de siete euros.

Solo Goya y el recogimiento de la Cartuja de Aula Dei podían propiciar, aunque fuera por algo más de una hora, una tregua institucional en Aragón en medio de la crispación política y judicial.

En ese escenario simbólico, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura dieron este jueves el pistoletazo de salida al programa del bicentenario de la muerte del pintor de Fuendetodos, que se cumple en 2028. Una conmemoración que aspira a convertirse en un gran proyecto de Estado bajo el paraguas de la Comisión Nacional.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, escenificaron su voluntad de colaboración en un acto que sirvió también para presentar a los comisarios encargados de diseñar la programación cultural del bicentenario. Entre ellos figuran la historiadora del arte Concha Lomba; el director adjunto del Museo del Prado, Alfonso Palacio; la directora del Museo de Zaragoza, Eva Alquézar, y la historiadora del arte Rocío Gracia.

La sintonía institucional permitió no tensionar la reivindicación aragonesa en torno al reparto de poder dentro de la futura Comisión Nacional. Aragón reclama ocupar la vicepresidencia primera del organismo al considerar que la comunidad no puede ser “un actor más” en la conmemoración del artista y Azcón pidió reconsiderar el esquema planteado por el Gobierno central que reserva las vicepresidencias para los ministerios de Cultura, Asuntos Exteriores y Política Territorial y Memoria Democrática, lo que anticipa una negociación sobre el peso institucional de Aragón en el proyecto.

Avance de actividades

La conmemoración tendrá como principales ejes Zaragoza y Madrid, aunque se extenderá al conjunto del país y contará con proyección internacional.

Uno de los principales actores del bicentenario será el Museo Nacional del Prado, que conserva más de mil obras de Goya. Entre las iniciativas avanzadas por el director adjunto de Conservación e Investigación de la pinacoteca, Alfonso Palacio, destaca una gran exposición dedicada a la relación entre Goya y la religión. Según explicó, el museo ha descartado tanto una muestra antológica como una exposición temática convencional para abordar una de las cuestiones “más complejas y, a veces, problemáticas” de la trayectoria del artista.

El Prado también prepara un proyecto vinculado a la inteligencia artificial y la digitalización de los fondos de Goya, con el objetivo de explorar nuevas formas de interacción entre el público y la obra del pintor mediante videocreaciones y videoinstalaciones. La iniciativa contará con un proyecto expositivo de la artista española afincada en Canadá Sandra Rodríguez, en colaboración con el Gobierno canadiense y la prefectura de Quebec.

Otra de las líneas de trabajo del museo pasa por impulsar un bicentenario de carácter nacional, implicando a todas las comunidades autónomas mediante préstamos de obras significativas conectadas con los intereses culturales de cada territorio.

Además, el Prado desarrollará el proyecto ‘Argos’ (Análisis de la Red de Goya y su Sociabilidad), destinado a crear una gran base de datos sobre las relaciones personales e institucionales que el pintor mantuvo a lo largo de su vida, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de su pensamiento, su obra y su contexto vital.

En 2026 se celebrará también un primer congreso con jóvenes investigadores para analizar cómo las nuevas generaciones interpretan y reflexionan sobre la figura de Goya. El resto de proyectos dependerá en buena medida de la política de préstamos y abordará cuestiones como la influencia del pintor en la pintura europea y el arte contemporáneo, así como su presencia en el imaginario colectivo y su dimensión más popular y reconocible.

Por su parte, Zaragoza acogerá un amplio programa expositivo ya iniciado con la muestra ‘Goya. Del museo al palacio’, que actualmente puede visitarse en el Palacio de la Aljafería. La programación contempla además exposiciones en espacios como el Museo Pablo Serrano, la Casa de los Morlanes, la Lonja de Zaragoza y el Palacio de Montemuzo, junto a diversas muestras itinerantes que recorrerán el territorio aragonés. La Lonja acogerá una exposición inmersiva titulada 'El Prado de Goya', que se podrá ver en 2028. Un año antes habrá otra muestra también en colaboración también con el Prado.

El Gobierno de Aragón impulsa además la construcción del Centro Goya en la Plaza del Pilar, un espacio destinado a reivindicar la vinculación del artista con Aragón y ofrecer una nueva perspectiva sobre su obra y legado.

 La programación del bicentenario incluirá asimismo publicaciones especializadas, talleres creativos, producciones audiovisuales, simposios y congresos destinados a profundizar en la figura de Goya y acercarla a públicos de todas las edades.

Ernest Urtasun: Goya como símbolo universal y espacio de encuentro

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presentó el bicentenario de Francisco de Goya como “un proyecto de Estado” y “un emblema de la cultura española” capaz de trascender diferencias políticas e ideológicas. Durante su intervención en la Cartuja de Aula Dei defendió la cultura como “el verdadero pegamento social” y reivindicó el arte como un espacio de entendimiento y conversación pública en un momento marcado por la polarización.

Urtasun subrayó además la vigencia contemporánea de Goya, al que definió como un artista adelantado a su tiempo, con una mirada profundamente moderna sobre la sociedad, la política y la condición humana. Destacó el carácter “premonitorio” de obras como ‘Los Caprichos’ o las Pinturas negras y aseguró que el pintor sigue interpelando al presente por su libertad creativa, su capacidad crítica y la profundidad psicológica de su obra.

El ministro insistió en que la fascinación por Goya permanece intacta porque su obra desborda cualquier época concreta y continúa dialogando con el presente. En esa línea, defendió que el bicentenario debe servir no solo para homenajear al artista, sino también para “repensarlo” desde una perspectiva actual y convertir la conmemoración en un acontecimiento cultural de alcance nacional e internacional.

Jorge Azcón: Aragón reivindica su papel central en el legado de Goya

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, definió el arranque del bicentenario como el inicio de “un proyecto de Estado” basado en la cooperación entre administraciones e instituciones culturales. Azcón destacó el clima de colaboración escenificado junto al Ministerio de Cultura y defendió que una conmemoración de esta dimensión solo puede salir adelante mediante el trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas.

No obstante, el dirigente aragonés aprovechó también su intervención para reivindicar un papel protagonista de Aragón dentro de la futura Comisión Nacional del Bicentenario. Azcón sostuvo que la comunidad “no es un actor más”, sino “el origen” que explica la personalidad y la singularidad artística de Goya, y defendió que el Ejecutivo autonómico ocupe una de las vicepresidencias del organismo encargado de coordinar la conmemoración.

El presidente autonómico vinculó además la figura de Goya con el carácter aragonés, al que atribuyó rasgos como la mirada crítica, la libertad creativa y la capacidad de reflejar épocas de crisis y transformación. Azcón insistió en que el bicentenario representa una oportunidad para “saldar la deuda” histórica con el pintor reivindicándolo como aragonés y proyectando el patrimonio cultural de la comunidad en el ámbito internacional.

Comisión Nacional del Bicentenario

El primer paso para esta celebración fue la creación de la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 - Burdeos,1828), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero, a propuesta del ministro de Cultura. El objetivo de esta Comisión Nacional es impulsar y coordinar todas las actividades del bicentenario mediante la colaboración entre las administraciones públicas nacionales e internacionales, así como con entidades públicas y privadas especialistas en la vida y obra de Francisco de Goya.

La Comisión tendrá una presidencia de honor a cargo de Los Reyes; y estará presidida por el presidente del Gobierno. Formarán parte, además, representantes de otras entidades del sector público, de órganos o instituciones de reconocido prestigio en el ámbito cultural y artístico, o que desarrollen actividades vinculadas a la actividad o al legado artístico de Francisco de Goya.

El Pleno contará con representantes de instituciones privadas de prestigio, relacionadas con el estudio de la vida y la obra del artista, o dedicadas al impulso y promoción de la cultura, tanto a nivel nacional como internacional, con una atención especial a las instituciones y entidades de Aragón.

Este órgano colegiado será el encargado de integrar todas las iniciativas y propuestas en torno a la conmemoración de la efeméride, ofreciendo un proyecto cohesionado y coordinado.

Próximamente será convocada su reunión constitutiva, en la que se establecerá su funcionamiento y se propondrá una hoja de ruta en la que trabajarán las instituciones implicadas en la conmemoración.

El programa de este bicentenario incluirá publicaciones especializadas, talleres creativos, trabajos audiovisuales, simposios y congresos que permitirán profundizar en la figura de Goya y acercarla a todo tipo de públicos.

La Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), en nombre de otras cinco entidades, ha cargado contra la modificación urbanística impulsada por el PP en el Ayuntamiento para regularizar Torre Outlet de Pikolin, ubicado en la carretera de Logroño, y ha exigido la retirada inmediata del expediente que irá este jueves al pleno municipal. Su presidente, Arturo Sancho, denuncia que el consistorio está intentando legalizar “a la carta” un proyecto declarado ilegal en cuatro ocasiones por los tribunales y advierte de que la reforma podría abrir la puerta a nuevos macrocentros comerciales en distintas zonas de Zaragoza sin informes suficientes sobre movilidad, seguridad o impacto urbanístico.

Sancho ha realizado una dura crítica contra la modificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza para intentar regularizar la situación de Torre Outlet, asegurando que se trata de una “chapuza”, una “modificación a la carta” y una “huida hacia adelante” que podría tener consecuencias muy graves para el modelo urbanístico y comercial de la ciudad.

El presidente de la FABZ ha denunciado que el expediente presentado por el Ayuntamiento carece de informes fundamentales para valorar el impacto real de la modificación, ya que no existe ningún estudio serio sobre el impacto comercial o la movilidad y cómo afectaría esta recalificación no solo a la carretera de Logroño, donde se ubica Torre Outlet, sino también a otras zonas de Zaragoza que podrían verse beneficiadas por futuras modificaciones similares. Tampoco, afirma, se han elaborado informes de seguridad relacionados con riesgos geológicos como las dolinas, un problema conocido en determinadas áreas de la ciudad. Para la FABZ, esta ausencia de estudios demuestra que el proyecto se está tramitando sin planificación rigurosa ni análisis técnico suficiente.

Las alegaciones no proceden únicamente de la Federación de Barrios, en coordinación con UGT, CCOO, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y Zec, sino también de particulares y otras personas ajenas a la organización. Precisamente, algunas de esas otras alegaciones incorporan análisis detallados sobre las consecuencias comerciales y urbanísticas que podría provocar esta modificación del Plan General. Según esos documentos, hasta seis parcelas industriales cercanas a Torre Outlet podrían cumplir los requisitos necesarios para ser recalificadas como suelo comercial. Estas parcelas, conocidas como “pastillas”, reúnen características similares a las de Torre Outlet: tener una superficie superior a 50.000 metros cuadrados; estar situadas dentro del cuarto cinturón de Zaragoza; encontrarse a menos de 100 metros de una zona residencial o urbanizable; un compromiso de las naves industriales de alrededor de irse de la superficie; poder concentrarse bajo un único propietario, condición que Sancho considera la más sencilla de cumplir, ya que bastaría con adquirir la totalidad de la parcela.

A juicio de Sancho, esto significa que el Ayuntamiento no solo estaría tratando de legalizar un centro comercial declarado ilegal por los tribunales en cuatro ocasiones, sino que además estaría abriendo la puerta a una expansión masiva de nuevas superficies comerciales en Zaragoza. De hecho, ha llegado a advertir de la posibilidad de crear un “super megacentro comercial”, varias veces más grande que el actual complejo de Torre Outlet. Explicó también que algunas de las parcelas identificadas alcanzan dimensiones muy elevadas, con superficies de 71.000, 136.000, 78.000, 58.000, 72.000 y 59.000 metros cuadrados. Aunque todavía faltaría determinar si pertenecen a un único propietario o a varios, Sancho ha minimizado esta cuestión al considerar que la propiedad puede concentrarse fácilmente mediante compras, mientras que otras condiciones urbanísticas son mucho más difíciles de modificar.

El presidente de la FABZ también apunta que los efectos de esta recalificación no se limitarían a la carretera de Logroño, sino a otras zonas de la ciudad como la carretera de Castellón o Cogullada también podrían verse afectadas por modificaciones similares, convirtiéndose en nuevos espacios susceptibles de explotación comercial. Sin embargo, el expediente municipal no incluye ningún análisis sobre cómo estos cambios afectarían al conjunto de Zaragoza, ni desde el punto de vista comercial, ni en términos de movilidad o seguridad.

Sancho ha acusado al Ayuntamiento de actuar sistemáticamente para esquivar las resoluciones judiciales y recuerda que los tribunales han declarado ilegal el proyecto en varias ocasiones y que, lejos de aceptar esas decisiones, el gobierno municipal ha respondido impulsando sucesivas modificaciones urbanísticas para intentar adaptar la normativa al centro comercial. La dinámica lleva produciéndose desde hace doce años y constituye una estrategia permanente de “huida hacia adelante”. También recuerda que una modificación anterior del Plan General promovida por el actual responsable de Urbanismo ya fue anulada por los tribunales.

En este contexto, la FABZ reclama al Ayuntamiento que retire el expediente previsto para aprobación en el Pleno municipal y que paralice el proceso hasta elaborar todos los informes técnicos necesarios. Sancho ha insistido en que lo primero que debería hacer el consistorio es reconocer públicamente que las actuaciones realizadas hasta ahora han sido ilegales. Solo a partir de ese reconocimiento, dijo, podría abrirse un diálogo serio sobre posibles soluciones. Sin embargo, denuncia que durante todos estos años Urbanismo “nunca se ha puesto en contacto con las entidades vecinales para escuchar sus planteamientos ni buscar acuerdos”.

Con respecto al argumento del empleo utilizado por el Ayuntamiento para defender la continuidad de Torre Outlet, Sancho ha cuestionado la sinceridad de ese discurso y aseguró que el gobierno municipal solo utiliza la defensa de los puestos de trabajo cuando le interesa políticamente. Como ejemplo, mencionó despidos y recortes anteriores en servicios municipales como en la propia Federación de Barrios o las Casas de Juventud donde, según él, no existió la misma preocupación institucional. En su opinión, el empleo no puede servir como justificación para mantener actuaciones urbanísticas declaradas ilegales por los tribunales.

Asimismo, ha denunciado el desgaste económico y judicial que esta situación provoca en las entidades vecinales. Explica que cada recurso contencioso supone un importante coste económico para asociaciones y ciudadanos, mientras que el Ayuntamiento continúa litigando utilizando dinero público. Pese a ello, ha dejado claro que la FABZ no piensa abandonar la batalla judicial después de doce años de conflicto. Advirtió que, si el Ayuntamiento sigue adelante con la modificación, volverán a recurrir a los tribunales y existen otras vías legales.

Sancho también ha incidido en que que Zaragoza ya es una de las ciudades europeas con mayor concentración de metros cuadrados de centros comerciales y alerta de que esta modificación podría agravar todavía más esa situación. Para la FABZ, el problema ya no afecta únicamente a Torre Outlet, sino al modelo de ciudad que se está impulsando y a las consecuencias urbanísticas, comerciales y sociales que podrían derivarse de este tipo de decisiones.

La Junta Local de Seguridad extraordinaria celebrada este lunes en Zaragoza ha concluido con el compromiso de reforzar la presencia policial en barrios zaragozanos de Delicias y Las Fuentes y avanzar en la puesta en marcha del sistema VioGen en la capital aragonesa. Policía Nacional y Policía Local intensificarán la coordinación operativa tras el repunte de robos registrado durante las últimas semanas.

El encuentro ha permitido analizar el desarrollo de la operación Mangosta, desplegada por Policía Nacional tras detectarse una sucesión de robos cometidos mediante el método del 'alcantarillazo', consistente en utilizar tapas de registro o alcantarillas para fracturar escaparates y acceder a comercios durante la noche.

Según el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el operativo acumula ya más de 40 detenidos y alrededor de 50 hechos esclarecidos y continuará activo, reforzando especialmente en horario nocturno mediante una reorganización de turnos y una mayor coordinación entre Policía Nacional y Policía Local.

Entre las medidas acordadas figura el incremento de patrullas entre la una y las seis de la madrugada, la franja en la que se concentraban la mayoría de los delitos. También se estudiará la combinación de vehículos uniformados y patrullas de paisano para mejorar tanto la capacidad preventiva como las detenciones.

Además, el Ayuntamiento ha avanzado que continuará ampliando la red de cámaras de videovigilancia y que los barrios más afectados por estos robos estarán entre las zonas prioritarias para futuras instalaciones.

'Pullitas' cordiales

La reunión entre la alcaldesa de Zaragoza y el delegado del Gobierno en Aragón llegaba precedida de semanas de reproches cruzados a golpe de declaración y comparecencia pública. Y aunque ambos dirigentes se esforzaron este lunes en subrayar la “cordialidad” del encuentro tras la Junta extraordinaria de Seguridad, las diferencias volvieron a asomar entre líneas, con varios recados lanzados en formato institucional y sonrisa diplomática.

Natalia Chueca abrió su intervención reivindicando el papel del Ayuntamiento en la convocatoria de la reunión y dejando claro desde el primer minuto quién había movido ficha. La alcaldesa recordó que fue ella quien solicitó el pasado 6 de mayo la Junta Local de Seguridad ante el aumento de delitos en Delicias y Las Fuentes para “conocer los medios que se están poniendo” por parte de quienes tienen las competencias en seguridad ciudadana, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil.

La respuesta de Fernando Beltrán llegó pocos minutos después y con puntualización incluida. El delegado del Gobierno quiso dejar claro que la maquinaria policial ya estaba en marcha antes de recibir la carta de la alcaldesa. “La operación arranca incluso antes de recibir la carta de la alcaldesa, ya se sabía que estaban esos hechos delictivos en marcha”, subrayó al detallar la operación Mangosta. Traducido al lenguaje político: gracias por la preocupación, pero nosotros ya estábamos trabajando en ello.

Beltrán también aprovechó para recordar el reparto competencial en materia de seguridad cuando explicaba que la ley atribuye al Estado la responsabilidad de la seguridad ciudadana, pero añadió que ese trabajo se desarrolla “con otro conjunto de instrumentos” en los que participan también las policías autonómicas, las policías locales e incluso la seguridad privada.

Ni siquiera el debate sobre cómo reforzar la vigilancia nocturna escapó a ese pequeño pulso institucional. Mientras desde el Ayuntamiento se defendía una mayor presencia visible de patrullas, el delegado del Gobierno bajó el asunto “al terreno muy técnico” para explicar que los coches rotulados tranquilizan al ciudadano… pero también alertan a los delincuentes. Según Beltrán, los vehículos camuflados permiten “muchísimo mejor la identificación y las detenciones”. Una forma elegante de decir que no todo se arregla con más luces azules.

El intercambio más fino llegó, sin embargo, al final de la comparecencia. Preguntado por las diferencias mantenidas en las últimas semanas sobre inmigración y regularización, Beltrán despachó el asunto con rapidez: “No lo hemos tocado en esta Junta Local de Seguridad, porque en este momento no produce problemas en materia de seguridad ciudadana”.

La frase parecía destinada a cerrar el debate, pero la alcaldesa recogió el guante poco después, cuando fue preguntada por el futuro del Real Zaragoza tras el descenso. Chueca defendió que la situación deportiva del club no debía mezclarse con el proyecto de la Nueva Romareda y aprovechó la explicación para deslizar una réplica indirecta: “Igual que ahora no hemos hablado de la seguridad en esta Junta Local de Seguridad y no hemos hablado del proceso de regulación de inmigrantes, porque si lo mezclásemos todo sería todo más complicado”.

Otro de los enfrentamientos entre ambas administraciones residía en la implantación del sistema VioGen que permitirá a la Policía Local colaborar en el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género. Durante los últimos meses, la alcaldesa había reclamado públicamente en varias ocasiones la incorporación de Zaragoza al sistema estatal de seguimiento de víctimas de violencia de género, llegando incluso a reprochar al Gobierno central la lentitud del proceso. Sin embargo, este lunes la pelota quedaba en el propio Ayuntamiento. El delegado del Gobierno se ha limitado a esperar hasta que Chueca designe los efectivos, mientras la alcaldesa ha explicado que las negociaciones con los sindicatos sobre las condiciones de la nueva unidad se encuentran ya en su fase final y que la previsión es iniciar la formación en las próximas semanas.

Pero no todo han sido pullas. Ambos responsables institucionales han coincidido, aunque no con Vox, en trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, subrayando que Zaragoza sigue siendo una de las ciudades más seguras de España y que los recientes episodios delictivos registrados en algunos barrios responden a situaciones coyunturales y no estructurales. En este sentido, el delegado del Gobierno ha destacado que la capital aragonesa presenta índices de criminalidad “10, 15 o incluso 20 puntos por debajo” de otras ciudades españolas de tamaño similar, mientras que la alcaldesa insistió en que Zaragoza mantiene “un índice de delitos reducido en proporción a su población”.