La Cámara de Cuentas de Aragón ha emitido un duro informe de fiscalización sobre la gestión de La Nueva Romareda S.L., la sociedad creada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón —a través de la Corporación Empresarial— y el Real Zaragoza SAD para construir el nuevo estadio. El informe, aprobado el 15 de abril de 2026, detecta incumplimientos en materia contable, contratación pública, transparencia y gestión operativa, hasta el punto de que ninguno de los once contratos revisados por los auditores se libra de irregularidades. Además, la Cámara rechaza todas las alegaciones presentadas por la sociedad y mantiene íntegramente las principales conclusiones del informe.

El órgano fiscalizador concluye que el coste global del proyecto alcanza ya al menos 173,2 millones de euros, una cifra superior a la inicialmente prevista y que ni siquiera incluye todos los gastos asociados a la operación. Y a esa cantidad habrá que sumar, entre otras partidas aún no integradas completamente en las cuentas de la sociedad, los 3,5 millones previstos para la urbanización del entorno del estadio y las tasas urbanísticas de la construción, lo que aproximará el gasto total a los 180 millones de euros, y eso sin contar con nuevos ajustes al alza.

La Cámara sostiene además que la sociedad ha funcionado durante su primer año “anticipándose” a sus propios acuerdos societarios. Las cuentas de 2024 registraron una ampliación de capital que no fue aprobada formalmente por la Junta General hasta junio de 2025. Mientras tanto, los socios públicos adelantaron 10,1 millones de euros y el Real Zaragoza incumplió la aportación de 6,8 millones prevista en el pacto inicial sin que conste reclamación formal alguna por parte de la sociedad. Para la Cámara, la contabilidad no reflejaba correctamente la situación jurídica existente al cierre del ejercicio.

Uno de los apartados más contundentes del informe afecta a la contratación pública. La Cámara revisó una muestra de once contratos y detectó deficiencias en todos ellos. Entre las irregularidades recurrentes figuran la ausencia del acuerdo formal de inicio de expediente exigido por la Ley de Contratos del Sector Público, memorias justificativas insuficientes, falta de designación formal del responsable de contrato y defectos de publicidad y transparencia en los anuncios de adjudicación y formalización.

Las observaciones más graves se concentran en las obras del estadio modular y en el contrato principal de construcción del nuevo campo. En el estadio modular, la sociedad introdujo cambios sustanciales en el proyecto —como la eliminación de cubiertas o modificaciones estructurales— sin tramitar el correspondiente expediente de modificación contractual ni contar con aprobación formal del órgano de contratación. La modificación no fue regularizada hasta cinco meses después de ejecutarse los cambios. Además, IDOM recibió directamente la modificación del proyecto del estadio principal para adaptarlo a una construcción en fase única sin procedimiento ajustado a la legislación contractual y sin que conste el importe de esa adjudicación.

En el contrato principal de obras, adjudicado a la UTE OHL-Altuna-Ohla por 124,5 millones de euros, la Cámara detecta además contradicciones entre el procedimiento aprobado por el Consejo de Administración y el que figuraba realmente en los pliegos de contratación.

Falta de transparencia

La falta de transparencia constituye otro de los grandes reproches del informe. La Cámara concluye que la sociedad incumple diversas obligaciones previstas en la Ley de Transparencia de Aragón. Entre otras cuestiones, no publica la relación de puestos de trabajo, las retribuciones de la plantilla ni las del máximo responsable ejecutivo. Tampoco facilita la información financiera y estadística exigida legalmente ni publicó correctamente la creación de su página web corporativa conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

El informe también cuestiona la ausencia de control sobre el Real Zaragoza SAD. El pacto parasocial vigente desde diciembre de 2023 obligaba al club a pagar un canon por utilizar tanto el estadio actual como el modular provisional, pero a fecha de cierre de la fiscalización no se había fijado ni reclamado cantidad alguna ni por 2024 ni por 2025. La Cámara señala además que ni el Real Zaragoza ni el Ayuntamiento respondieron a las solicitudes de información remitidas durante la auditoría sobre esta cuestión.

En materia de personal, la sociedad tampoco dispone todavía de instrumentos formales de ordenación interna pese a llevar más de un año operativa. La Cámara detecta además que trabajadores de Expo Zaragoza Empresarial prestaron servicios de apoyo a La Nueva Romareda durante 2024 sin convenio formalizado ni contraprestación económica registrada en la contabilidad.

La auditoría operativa advierte de que la viabilidad de la sociedad depende casi exclusivamente de las administraciones públicas. El Real Zaragoza no aportó capital en 2024 ni abonó canon alguno, mientras que el peso financiero de Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, incluyendo préstamos participativos previstos, alcanza ya más del 90% de la financiación comprometida.

Sin plan de negocio

La Cámara de Cuentas también cuestiona seriamente la fiabilidad del plan de negocio del proyecto. El informe advierte de que la sociedad no dispone de un plan actualizado desde su constitución y que las previsiones de ingresos manejadas dependen en gran medida de variables imposibles de garantizar, especialmente de la evolución deportiva futura del Real Zaragoza. Los propios informes municipales manejan estimaciones económicas diferentes entre sí, lo que lleva al órgano fiscalizador a poner en duda la solidez de los cálculos utilizados para justificar la sostenibilidad económica del proyecto.

El informe de la Cámara recoge una larga lista de incumplimientos y deficiencias que afectan al control, la contratación, la transparencia y la gestión económica de uno de los mayores proyectos públicos actualmente en marcha en Aragón.

El debate del impacto de los centros de datos en el medio ambiente suele centrarse en el aumento de los consumos de agua y de energía, pero ahora, tras numerosas mediciones a lo largo del tiempo en distintas ubicaciones de estas granjas de servidores, se añade otro efecto: el impacto térmico sobre el entorno que estas instalaciones depositan.

Aragón, convertido en uno de los principales polos europeos de centros de datos, ya muestra un aumento anómalo de temperatura en relación con territorios vecinos. Mientras, un estudio internacional basado en datos satelitales confirma que estas instalaciones elevan el calor del entorno 2 °C de media —y hasta 9 °C en casos extremos— y advierte de un impacto potencial sobre cientos de millones de personas en el mundo. Y un segundo estudio con datos de Uruguay muestra que incluso un centro de datos mediano y eficiente —los proyectados en torno a Zaragoza tienen un tamaño grande— produce una isla de calor visible desde el espacio.

El primero de los documentos, ‘El efecto isla de calor de los datos: cuantificando el impacto de los centros de datos de IA en un mundo cada vez más cálido’, está liderado por investigadores de la Universidad de Cambridge. Analiza miles de centros de datos mediante observación satelital y concluye que la temperatura superficial del suelo aumenta de media 2 °C tras su puesta en marcha, con incrementos que pueden alcanzar hasta 9 °C en situaciones extremas. Este fenómeno, comparable al de las islas de calor urbanas, no se limita al perímetro de las instalaciones, sino que puede extenderse varios kilómetros, con efectos detectables hasta aproximadamente 10 kilómetros de distancia.

A escala global, los investigadores estiman que este efecto podría afectar a más de 340 millones de personas en todo el mundo. El análisis se basa en datos satelitales recopilados durante dos décadas y en la localización de más de 6.000 centros de datos en todo el mundo, lo que permite comparar las condiciones térmicas antes y después de su entrada en funcionamiento.

En Europa, Aragón aparece como uno de los casos más destacados. El estudio detecta en esta comunidad un aumento anómalo de temperatura de alrededor de 2 °C en comparación con regiones cercanas, un dato que los autores enmarcan en el contexto de una creciente concentración de centros de datos. Este incremento no se explicaría únicamente por factores climáticos naturales, sino que estaría relacionado con la acumulación de infraestructuras digitales intensivas en consumo energético, capaces de generar grandes cantidades de calor residual.

Expansión sin precedentes

El fenómeno coincide con una expansión sin precedentes del sector en toda la comunidad. Aragón concentra más de una docena de proyectos en distintas fases de desarrollo y al menos 18 centros de datos planificados, distribuidos en Zaragoza, Huesca y Teruel, con una inversión conjunta que supera los 33.000 millones de euros. Este despliegue ha situado a la región como uno de los principales polos digitales del sur de Europa, atrayendo a grandes tecnológicas y fondos internacionales.

Las empresas implicadas también subrayan el componente tecnológico del despliegue. Desde Amazon Web Services se insiste en que sus centros están diseñados para maximizar la eficiencia energética y que cada nueva instalación incorpora sistemas avanzados de refrigeración y uso de energías renovables con el objetivo de reducir su huella ambiental.

Sin embargo, varios estudios demuestran que el calor residual generado por estas infraestructuras, incluso en condiciones de alta eficiencia, acaba liberándose al entorno y puede alterar las condiciones térmicas locales. “No estamos hablando de emisiones directas como las del CO₂, sino de un impacto físico inmediato sobre el territorio”, explican los autores del estudio de Cambridge, que advierten de que el auge de la inteligencia artificial podría intensificar este efecto en los próximos años.

Expertos en clima consultados en distintos análisis coinciden en que el fenómeno no sustituye al calentamiento global, pero sí puede amplificarlo a escala local. “Este tipo de infraestructuras pueden generar microclimas más cálidos y agravar episodios de calor extremo, especialmente en regiones ya expuestas a altas temperaturas”, señalan investigadores especializados en climatología aplicada.

Los autores del estudio insisten en que se trata de un efecto de carácter local o regional, pero con implicaciones crecientes en un contexto de expansión acelerada de la infraestructura digital. En territorios como Aragón, donde el despliegue de centros de datos se está produciendo de forma intensiva y extendida, el fenómeno puede dejar de ser una hipótesis para convertirse en una realidad medible.

El trabajo ha sido publicado como preprint y todavía no ha sido revisado por pares (todavía no ha sido validado por otros expertos independientes), aunque sus resultados coinciden con una preocupación creciente en la comunidad científica sobre el impacto ambiental de la economía digital.

Mediciones reales en Pano (Uruguay)

En el continente americano llevan años de ventaja con la instalación de centros de datos y ahora la huella térmica ya es detectable desde un satélite que orbita a más de 700 kilómetros de la Tierra.

Tal como recoge el artículo ‘Los centros de datos: El calor detrás de la nube’, de Gabriel Farías y Miguel Dobrich, publicado en Pulitzercenter.org, en Pando, una ciudad uruguaya de unos 30.000 habitantes ubicada a 30 kilómetros de Montevideo, funciona desde mayo de 2016 un centro de datos de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel. La plataforma de periodismo tecnológico y científico Amenaza Roboto analizó 25 años de imágenes satelitales del lugar y encontró que la instalación genera su propia isla de calor y así lo demuestran las imágenes.

A diferencia del estudio ‘The data heat island effect’, del que investigadores y analistas han cuestionado su metodología por no diferenciar el calor generado por los servidores del efecto térmico producido por la urbanización del terreno, el trabajo de Amenaza Roboto utilizó imágenes Landsat con una resolución mucho mayor que la empleada en ese estudio y controló variables como vegetación, urbanización, distancia al edificio y fecha de análisis. Según la revisión bibliográfica realizada, sería el primer análisis que logra aislar específicamente la huella térmica atribuible a la operación de un centro de datos.

La industria global de centros de datos consume más electricidad que muchos países, y casi toda esa energía termina convertida en calor liberado continuamente al ambiente. En el caso analizado, el efecto térmico neto estimado fue de 0,32 °C, obtenido mediante un modelo estadístico basado en 32.861 mediciones satelitales recopiladas durante 25 años. El análisis concluyó que la probabilidad de que ese resultado sea producto del azar es inferior a una en mil millones.

La investigación detectó que incluso un centro de datos mediano y eficiente produce una isla de calor visible desde el espacio. El hallazgo cobra relevancia porque Google construye en Ciudad de la Costa el Proyecto Teros, un centro de datos cinco veces más potente que el de Antel y con un consumo eléctrico equivalente al de unos 200.000 hogares.

Preocupación en Aragón

La instalación de decenas de centros de datos en Aragón está despertando una creciente preocupación social. Las protestas contra su implantación masiva y el interés que generan debates como 'Centros de datos en Aragón. Implicaciones y futuro del territorio', celebrado este miércoles en Zaragoza y organizado por el Centro Pulitzer, reflejan el aumento de la inquietud ciudadana ante el impacto territorial, energético y social que puede tener la expansión de estas infraestructuras en la comunidad.

La catedrática de ingeniería química Alicia Valero advirtió sobre el elevado consumo energético de estas infraestructuras y señaló que su crecimiento podría requerir la ocupación de entre un 29% y un 39% de la superficie de Aragón con parques renovables para satisfacer la demanda, además de advertir sobre la gran cantidad y variedad de materiales críticos que requiere la nube (solo en un teléfono móvil pueden utilizarse 40 elementos de la tabla periódica).

El sociólogo Lorién Jiménez centró su intervención en las consecuencias económicas y políticas del modelo tecnológico impulsado por las grandes compañías digitales y en cómo puede afectar al territorio y a las políticas públicas.

El ingeniero agrícola Jesús García Usón explicó las implicaciones de los proyectos tramitados bajo la figura de Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) y alertó sobre la presión que estos centros pueden ejercer sobre la red eléctrica y otras actividades industriales. También reparó en las ventajas fiscales para estos proyectos empresariales que dejan sin ingresar 1.500 millones a las arcas públicas.

Por su parte, Cristina García, ingeniera industrial y miembro del colectivo ciudadano ‘No es sequía es saqueo’, trasladó la preocupación de los colectivos vecinales por las consecuencias que ya están teniendo estos proyectos en la ciudadanía y defendió la necesidad de generar espacios de debate independientes frente al discurso promocional del sector.

En el debate de la mesa redonda, moderado por el periodista Pablo Jiméntez, también se cuestionó el impacto laboral de estas inversiones. Los participantes señalaron que los centros de datos generan pocos empleos en relación con su enorme demanda energética y tampoco son empleos de calidad, ya que la mayoría no computarán en Aragón, sino en Madrid y Barcelona. Al mismo tiempo, advirtieron de posibles efectos como el aumento del precio de la electricidad (que en algunos condados de Virginia ha subido hasta un 265%), la concentración de conexiones eléctricas, la mayoría en el Valle del Ebro, y fenómenos como las islas de calor.

La plataforma Amigos del Galacho de Juslibol ha registrado este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza el informe 'Galacho. La savia de Zaragoza', un documento respaldado por numerosas entidades sociales, vecinales, educativas y ecologistas, así como por más de 1.500 firmas ciudadanas.

El informe pone de relieve la gran importancia ambiental, educativa y social del galacho de Juslibol, al tiempo que advierte de las amenazas que comprometen su futuro: recortes en educación ambiental —cercanos al 28% en los últimos años—, falta de inversión, deterioro de infraestructuras, ausencia de planificación clara y falta de transparencia en la gestión municipal.

Tal como ha explicado Rubén Picapeo, miembro de la plataforma, el documento incluye la solicitud de convocar la Comisión de Protección y Gestión del Galacho de Juslibol, un órgano clave para el diálogo entre administraciones, partidos políticos y colectivos sociales que no se reúne desde 2013, pese a que la normativa establece que debería hacerlo al menos una o dos veces al año.

Picapeo ha subrayado que este es un momento oportuno para su convocatoria, tras los recientes anuncios de la consejera municipal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, sobre nuevas contrataciones, licitaciones y obras. “Es fundamental que se abra ese espacio para responder a cuestiones que llevamos tiempo planteando sin obtener respuesta”, ha señalado.

Desde la plataforma recuerdan que las reivindicaciones comenzaron a principios de año, tras la presentación de los presupuestos municipales, que contemplaban una reducción cercana al 15% en la partida de medio ambiente. Este recorte afectaba directamente a servicios del galacho, como horarios, ayudas y actividades. Aunque lograron frenar parcialmente estas medidas hasta el verano, denuncian la incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir de entonces.

Deterioro progresivo

El informe describe además un deterioro progresivo del espacio vinculado a la reducción de recursos humanos y económicos, la falta de mantenimiento y la paralización de los órganos de participación. Advierte también del riesgo de una deriva hacia un modelo más turístico o recreativo, incompatible con la conservación de un ecosistema frágil.

El galacho de Juslibol es un espacio protegido por diversas administraciones, incluido en la Red Natura y reconocido por la Unesco. Más allá de su valor como lugar de ocio, el informe subraya su papel como ecosistema único y dinámico, resultado de la evolución natural del Ebro, y destaca su importancia como hábitat de biodiversidad, corredor ecológico y enclave para la investigación científica.

En el ámbito educativo, el documento refuerza la idea de que el aula de naturaleza es uno de sus pilares fundamentales, con la participación de miles de escolares cada año. La educación ambiental, sostienen, es una herramienta clave frente al cambio climático, por lo que los recortes en este ámbito suponen una pérdida directa para la ciudadanía.

Se trata, además, de un enclave irrepetible desde el punto de vista natural: los galachos son formaciones que desaparecen con el tiempo, lo que convierte a este espacio en una oportunidad única para su estudio. A ello se suma su función como zona de laminación en caso de crecidas del río, actuando como un “escudo natural” que reduce la fuerza y altura de las riadas.

Las recientes lluvias han agravado también el estado de algunas viviendas cercanas, especialmente las casas-cueva, que han sufrido filtraciones. En este contexto, Picapeo ha insistido en la importancia del galacho como depósito natural de agua y elemento de protección para la ciudad.

Por su parte, Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, ha criticado la falta de coherencia entre el discurso municipal sobre sostenibilidad y las políticas aplicadas. “Se habla de una Zaragoza preparada para 2030, pero las decisiones presupuestarias y las actuaciones reales no reflejan esa prioridad”, ha señalado, denunciando también la pérdida continuada de arbolado en la ciudad.

Tomás ha lamentado además la falta de respuestas por parte del Gobierno municipal sobre el futuro del Galacho y ha advertido del riesgo de que se transforme en un espacio recreativo masificado: “No queremos que se convierta en un gran parque lleno de quioscos; debe seguir siendo una zona protegida”.

Según el informe, el Galacho de Juslibol está en un punto crítico —o se refuerza su protección con gestión activa y científica, o corre el riesgo de degradarse o transformarse en un espacio recreativo más, perdiendo su valor único. Pero no se limita a la denuncia y plantea medidas concretas como la convocatoria inmediata de la Comisión de Gestión, la garantía de financiación estable, el refuerzo del personal técnico y educativo, la mejora de infraestructuras básicas sin alterar el entorno y la definición de un modelo de uso público limitado y sostenible. Asimismo, defiende que el Galacho siga siendo un espacio 100% público, gestionado con criterios científicos y educativos.

Desde Zaragoza en Común sostienen que el abandono institucional y la falta de transparencia responden a una estrategia que pone en riesgo un modelo de gestión pública que consideran exitoso. Frente a ello, defienden que el Galacho continúe siendo biodiversidad, equilibrio ecológico, educación ambiental y patrimonio colectivo de la ciudad.

El documento también destaca la estrecha relación entre el Galacho y los barrios rurales de su entorno —Juslibol, Monzalbarba y Alfocea—, cuyo desarrollo depende de un modelo sostenible que proteja el territorio y genere oportunidades.

La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como las juntas vecinales de Monzalbarba, Juslibol y Alfocea, la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), ANSAR, FAPAR, SEO/BirdLife, Reverdece, asociaciones vecinales, AMPAs y diversos colectivos sociales.

El Ayuntamiento de Teruel ha vivido este lunes su primer choque político en el seno del nuevo escenario político tras el acuerdo entre el PP y Vox en el Gobierno de Aragón. Una moción de Vox sobre la llamada 'prioridad nacional' ha evidenciado diferencias con el PP en esta cuestión, hasta el punto de que los populares han unido su voto de rechazo al PSOE y Teruel Existe para tumbarla, justo en el mismo día en que los consejeros autonómicos de la coalición han tomado posesión.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández, ha defendido una iniciativa en línea con otras impulsadas por su formación y que ya han generado polémica en el Congreso de los Diputados. La moción se ha estructurado en siete puntos. Entre ellos, Vox ha planteado instar al Gobierno de España a repatriar a inmigrantes en situación irregular, establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y vivienda, revisar la normativa de extranjería y el acceso a la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión, así como limitar el acceso a la sanidad pública de extranjeros sin residencia legal. También ha propuesto aplicar ese principio en vivienda desde Aragón y reservar las prestaciones y pensiones no contributivas a ciudadanos españoles.

Tanto solo el tercer punto ha sido el único que ha concitado cierto acuerdo, al centrarse en garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público mediante un uso “adecuado” de los servicios.

La alcaldesa, la popular Emma Buj, ha hecho un llamamiento a no criminalizar a los extranjeros en aras de la moderación y ha peedido modificar cinco puntos de la moción y retirar uno —el relativo a reservar prestaciones y pensiones no contributivas a españoles—. Sin embargo, Vox no ha aceptado ninguna enmienda y ha reprochado al grupo municipal del PP su falta de “valentía” por no votar el texto directamente, sin intentar introducir cambios.

“Segrega entre ciudadanos de primera y segunda categoría”

Desde el PSOE, el portavoz José Guillén ha señalado que el debate “no aporta ninguna novedad” respecto a lo ya visto en el Congreso. “De hecho, no han sido capaces de introducir la palabra Aragón en la exposición de motivos”, ha criticado. A su juicio, la llamada “prioridad nacional” pretende “dinamitar los principios fundamentales del Estado de Derecho” y vulnera el derecho internacional. Además, ha considerado que “segregar entre ciudadanos de primera y segunda categoría es una vergüenza” y ha advertido de que este planteamiento podría extenderse en el futuro a otros colectivos por razones ideológicas, culturales o religiosas.

Guillén también ha denunciado que se “señala a los más vulnerables” al asociar inmigración y criminalidad, y ha recordado el rechazo de organizaciones como la Iglesia católica o Amnistía Internacional. Además, ha pedido al PP que aclare cómo aplicará el concepto de arraigo.

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe, Enrique Marín, ha rechazado la iniciativa al considerarla “inconstitucional” y ha afirmado que “pretende enfrentar a unos vecinos con otros”. “Lo que aquí se plantea no solo es irresponsable desde el punto de vista político, sino claramente ilegal desde el punto de vista jurídico”, ha asegurado, al entender que vulnera varios artículos de la Constitución y excede las competencias municipales.

El PP ha justificado su voto en contra apelando a la “responsabilidad y sentido de Estado” en un debate que, a su juicio, afecta a la convivencia. La concejala de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha afirmado que la prioridad nacional “no es una consigna vacía ni un eslogan político” y ha subrayado que los recursos públicos “los sostienen las personas que trabajan y cotizan”, recordando también la contribución de la población extranjera al crecimiento del país.

Romero ha defendido que, para el acceso a ayudas y vivienda, deben tenerse en cuenta “el arraigo real, la contribución y la vinculación con el territorio”, apostando por “criterios de compromiso, esfuerzo e integración, sin hablar del origen de nadie”. Asimismo, ha apelado a actuar “con responsabilidad y humanidad”, manteniendo la asistencia cuando sea necesaria, pero evitando “premiar a quien incumple la ley”. “Ni el buenismo ni el alarmismo solucionarán la situación”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, la Popular Enma Buj, ha presentado al PP como “el partido de la moderación y el sentido común donde creemos que los extremos no son buenos: no es bueno el buenismo con respecto a todos aquellos que vienen de otros puntos, ni tampoco lo es criminalización porque en Teruel viven miles de personas que han venido de todas partes del mundo que están trabajando y contribuyendo a que nuestra ciudad mejore”, ha defendido. Además, se da la circunstancia de que numerosas empresas de la provincia turolense reclaman trabajadores ante las difcultades para encontrarlos. Buj ha recordado que el Consistorio ofrece desde 2020 ayudas a la natalidad y de apoyo al comercio, sin que hasta ahora se haya generadeo ningún problema. También ha criticado al PSOE por “levantar muros entre españoles” y preocuparse poor cómo va el PP a medir el arraigo pero el gobierno del PSOE no aclare criterios sobre la vulnerabilidad de los inmigrantes.

La moción de la discordia

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández, ha defendido una iniciativa calcada a la polémica debatida la pasada semena en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención, ha asegurado que el Estado de bienestar “ha sido fruto del esfuerzo de generaciones de españoles”, pero ha advertido de que actualmente atraviesa “una profunda crisis por la gestión de los sucesivos gobiernos, con una asfixiante carga fiscal”.

Fernández ha atribuido el “colapso de los servicios públicos” a “la inmigración masiva y descontrolada” y ha señalado que se ha producido “una alteración demográfica que no responde al crecimiento natural de la población española”, que —según ha afirmado— ha disminuido en más de 750.000 personas desde 2020. En su argumentación, ha vinculado el aumento de población extranjera con un impacto en el padrón, los servicios sociales, la atención básica y la seguridad, citando incrementos en distintos tipos de delitos.

Según Vox, esta situación “limita el acceso de los nacionales a las ayudas en beneficio de los extranjeros” y provoca “una sustitución progresiva de la población española”, así como cambios en la identidad de los barrios. La formación ha defendido que “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas es legítima” y la ha enmarcado en un principio de “responsabilidad política”.

Este próximo viernes se celebra el aniversario de las primeras elecciones autonómicas en Aragón (1983), en las que el socialista Santiago Marraco fue el dirigente que más cerca se ha quedado de la mayoría absoluta en la comunidad (a uno gracias a sus 33 escaños). En esta entrevista, y con una gran lucidez a sus 87 años, Marraco repasa las más de cuatro décadas de autogobierno: de la ilusión fundacional y la construcción desde cero a los retos actuales —vivienda, modelo energético o incendios de nueva generación—, con una advertencia clara sobre desigualdad, el clima político y la falta de visión estratégica.

Han pasado 43 años desde las elecciones del 8 de mayo de 1983. ¿Qué recuerda con más nitidez de aquel momento?

Tuvimos que empezar a hacer todo prácticamente desde cero porque durante la preautonomía apenas se habían transferido cuestiones burocráticas. Cuando empezamos, el presupuesto de la Comunidad Autónoma del primer año era más pequeño que el del Ayuntamiento de Huesca. No teníamos sedes. Las oficinas de los ministerios en Zaragoza estaban desperdigadas por pisos por toda la ciudad. Lo que más recuerdo de aquella época es la ilusión que había en toda la gente, que para nosotros supuso un impulso porque sabíamos que los aragoneses estaban detrás, que podíamos contar con el esfuerzo de todos. Incluso los funcionarios que fueron transferidos en los cuatro años de mandato, conforme tuvimos más competencias, estaban dispuestos a hacer las obras que hiciera falta. Eso es lo que se echa de menos ahora; en aquel momento había una mejor relación entre la política y la ciudadanía y eso se ha ido perdiendo con los años, lo cual es tremendo porque ese fenómeno debilita a las sociedades.

¿Era consciente entonces de que estaba inaugurando una etapa histórica para Aragón?

Lo primero que me tuve que decir fue: ¿tendré capacidad para meterme en semejante aventura? Porque en aquella época éramos políticos sobrevenidos a los que nos pilló el momento del cambio. Yo ya estaba trabajando en la clandestinidad hacía unos años atrás, pero no habíamos vivido en democracia: estaba por crear una sociedad que perdiera el miedo y supiera que tenía derechos. Nuestra inexperiencia no era en la gestión, porque yo era funcionario y conocía perfectamente la Administración, pero nos preguntábamos si íbamos a acertar con las medidas que debíamos aplicar de inmediato. Era realmente una responsabilidad. Todo el equipo de gobierno que tuve siempre tuvimos la sensación de que teníamos que esforzarnos más para responder a lo que exigía la sociedad.

¿Qué fue lo más difícil de poner en marcha aquella primera estructura autonómica?

La negociación de las transferencias. Era un sistema muy complejo porque tenía que venir con la dotación de personal, de medios materiales y de presupuesto. Y el presupuesto se hacía en función del gasto de los cinco años anteriores. Por tanto, había que ser muy precavidos a la hora de decidir en qué momento nos interesaba solicitar una transferencia. Por ejemplo, en el plano educativo había que valorar si la población escolar iba a crecer, porque en dos o tres años nos íbamos a encontrar con que teníamos que atender con menos medios a una mayor cantidad de alumnado. También la inversión en carreteras era muy importante. Se regionalizaba la inversión, y cuando ya se había hecho la autopista de Zaragoza-Barcelona y Zaragoza-Madrid, si esa inversión entraba dentro del plazo, suponía que tendríamos más presupuesto; pero según en qué año se cortaba la inversión, nos quedábamos con menos. Al final, todo era un regateo.

Si compara aquel Aragón con el actual, ¿qué es lo que más le sorprende del cambio en estos 43 años?

Hay factores positivos y negativos. El positivo es que, desde luego y afortunadamente, no se parece en nada al que recibimos nosotros. Yo creo que en este momento Aragón es una potencia dentro de las comunidades autónomas, a pesar de que somos pocos. La propia ubicación de Zaragoza, en el centro del cuadrante más desarrollado de España, ya es un valor tremendo para la propia comunidad.

En política, uno aporta las ideas; si esas ideas son válidas hay otros después que lo empujan, lo desarrollan y al final hay un tercero que corta la cinta y lo inaugura. Y eso no es nada frustrante, aunque lo parezca. Eso quiere decir que acertaste con los planteamientos que hiciste en tu momento

¿Y los negativos?

Creo que hay decisiones que se están tomando sin analizarlo a fondo. Por ejemplo, los centros de datos. ¿Por qué vienen aquí? Porque la energía es barata. Un centro de datos es un almacén que, además, no tiene mercancía. La que tiene es la que circula por las redes. Zaragoza tiene el cable de comunicaciones que comunica Barcelona con Madrid, una conexión muy fuerte y muy fiable para los datos. Pero los datos se almacenan en unos módulos en una nave. Cuando se dice que se van a crear dos mil y pico puestos de trabajo, debe de ser mientras se construyen las naves, pero después no hay nada absolutamente. Incluso las averías y cualquier problema que surja se resolverán a distancia. Y el consumo de energía generará problemas para que se instalen otras empresas que van a producir y crear puestos de trabajo. Además, hay una tercera derivada, y es que estas instalaciones en menos de un mes se desarman. Vienen unos camiones, cargan los módulos en los camiones y se llevan a otro país. Está bien que se monte algún centro de datos, pero esa no puede ser la apuesta que se haga.

También es crítico en política hidráulica.

Me sorprende que, más de cuarenta años después, estemos dándole vueltas al trasvase y a los embalses. ¿Cómo seguimos hablando de lo mismo? Y además de una manera disparatada. Ahora vuelven a reivindicar la regulación del Gállego cuando el embalse Biscarrués es innecesario porque se está construyendo otro entre Tardienta y Almudévar para regular el riego de Monegros. No se necesita más. Ya hemos visto ejemplos como el innecesario embalse de Campo. Volver otra vez a reivindicar los pantanos es un auténtico disparate porque no hace falta ninguno más, son innecesarios. Y lo único que hay detrás son los intereses de las empresas hidroeléctricas. No son embalses para el regadío. Luego, el trasvase del Ebro es absolutamente inviable: al precio que puede salir el agua colocada al sur de Alicante, en Murcia o en Almería, les compensaría más montar una desaladora y regar con agua de mar. Ahora vuelven otra vez a lo mismo. Vox, sobre todo. ¿Alguien ha hecho números? Yo soy ingeniero y sí lo sé: es completamente inviable en términos económicos.

¿Qué medidas de su gobierno tuvieron más impacto a largo plazo?

Zaragoza tenía una universidad muy potente pero con muy poca relación con el sector productivo. Entonces creamos dos elementos, el Consejo Aragonés de Investigación (CONAI), cuya misión era transferir el conocimiento de la universidad a las empresas; y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Necesitábamos un centro de metrología y calibración porque la industria del metal requería instrumentos de precisión, que antes se enviaban a Barcelona. También, siguiendo un poco el modelo vasco, creamos un centro donde una empresa que quería desarrollar un producto pero no disponía ni de medios de ingeniería, ni de laboratorio, se le podían prestar los ingenieros y las instalaciones para poder desarrollar ese proyecto. Ahora el ITA es un centro con un potencial que trabaja para multinacionales.

Debe de ser una satisfacción ver que, 43 años después, las cosas siguen funcionando.

En política, uno aporta las ideas; si esas ideas son válidas hay otros después que lo empujan, lo desarrollan y al final hay un tercero que corta la cinta y lo inaugura. Y eso no es nada frustrante, aunque lo parezca. Eso quiere decir que acertaste con los planteamientos que hiciste en tu momento. Otro cambio clave fue replantear el modelo de regadío. Antes se asignaban parcelas de 10 o 15 hectáreas, insuficientes para sostener una familia. La idea era dejar de crear “colonos” y apostar por pequeños empresarios agrícolas con explotaciones viables y modernas, de al menos 50 hectáreas —idealmente 100—, apoyadas en tecnología y formación. Pero la tierra es cara, y comprarla limita la inversión en maquinaria. Por eso se propuso un banco de tierras basado en el arriendo de terrenos públicos, que permitiera ampliar explotaciones sin necesidad de adquirirlas. Pero fue un error despreciarlo. No se llegó a derogar la ley, pero se metió en un cajón y no se puso en marcha, perdiendo una gran oportunidad, porque en aquel momento estábamos en pleno proceso de concentración parcelaria y de empezar a hacer los regadíos, terminando los riegos de Monegros de Zaragoza y Huesca, y los de las Cinco Villas. Ahora ya no es posible volver a crear un Banco de Tierras. Habría que empezar a comprar tierra. En aquel momento no se compraba, sino simplemente no se expropiaba. Y eso nos está llevando a una estructura de la agricultura que no es la idónea.

¿Cuál ha sido la consecuencia de esto?

Las pequeñas parcelas han acabado en manos de inversores externos, que las arriendan o compran. Esto impulsa un modelo más especulativo, orientado al máximo rendimiento a corto plazo, a menudo con uso intensivo de químicos. Frente a ello, el agricultor propietario tiende a cuidar el suelo y su fertilidad a largo plazo, pensando en las siguientes generaciones. Son dos modelos opuestos: uno intensivo y extractivo, y otro sostenible y conservador. De ahí la necesidad de una mayor conciencia ambiental. Negar el cambio climático es un error grave, porque las decisiones actuales tendrán efectos duraderos. Mi propia formación como ingeniero de montes refuerza esa visión ecológica. Y esto es por lo que me da terror por el negacionismo de Vox y el del Partido Popular. Si se niega al cambio climático, nos equivocamos de medio a medio.

Hoy la gestión forestal y la conservación ambiental están separadas, cuando en realidad todo está interrelacionado. Y eso se ve en casos como la dana de Valencia. Muchas de las grandes avenidas no vienen de los ríos, sino de barrancos y ramblas que dependen de la gestión forestal, que es competencia de las comunidades autónomas, no de las confederaciones hidrográficas

En clave política, ¿seguimos avanzando o podemos retroceder desde la etapa de la transición?

Hay una frase de Vargas Llosa que decía: ¿Cuándo se jodió el Perú? Y es eso. ¿Qué ha pasado? Que hemos salido de la pobreza y hemos llegado a la riqueza, pero no hemos llegado todos a la riqueza. Somos nuevos ricos con la riqueza mal repartida. Y vamos a repartir todavía peor, claro, porque si la política es bajar los impuestos, ya me dirán cómo vamos a resolver la justicia social. Mi generación vivió el racionamiento; sabíamos lo que era no tener. Ahora vivimos en una sociedad de consumo inmediato, donde lo queremos todo y ya. Y, paradójicamente, mis hijos viven peor que nosotros. Eso refleja una desigualdad creciente que, en las socialdemocracias, solo se corrige con impuestos porque quien más tiene, más debe aportar para sostener servicios públicos y el equilibrio social. El que tiene dinero quiere que entre todos le paguemos la Policía para que no le roben, es decir, no está dispuesto a compartir, pero sí que exige que protejamos sus bienes. Y eso se lo damos, además, con los impuestos de todos. También veo un problema de memoria y de discurso: se señala a los inmigrantes como antes se señalaba a los españoles en otros países. Es repetir errores del pasado, muchas veces con prejuicios sobre religión o procedencia que no se ajustan a la realidad. En política, el deterioro viene de lejos. Antes había confrontación, pero también respeto y acuerdos. Eso empezó a romperse en los años de José María Aznar frente a Felipe González, y desde entonces ha ido a más. Hoy el Parlamento proyecta bronca e insultos, aunque por dentro siga habiendo diálogo; pero lo que llega a la ciudadanía es el ruido.

¿Qué valoración hace de la fragmentación que hay del espacio progresista ante el avance de la derecha y la ultraderecha?

La izquierda siempre ha sido diversa, y en Aragón eso no es ninguna novedad ni debería preocuparnos. Aquí, históricamente ha habido varios partidos y un Parlamento más fragmentado, y eso forma parte de su normalidad. Lo que sí me preocupa es la concentración y la deriva de la derecha hacia posiciones más extremas. Ese desplazamiento acaba influyendo en el lenguaje y en el conjunto del debate político. Además, el llamado 'centro' prácticamente ha desaparecido. Antes existían espacios más moderados, como en su momento la UCD, pero hoy ese espacio está muy debilitado. Y este fenómeno no es solo español: lo estamos viendo también en otros países europeos como Francia o Alemania.

No es usted un simple miembro del PSOE, es el artífice de la integración del Partido Socialista de Aragón (PSA). Alguien con tanta trayectoria, ¿se reconoce en el mismo partido después de tanto tiempo?

Yo siempre me reconozco en el partido. Un partido no es algo monolítico: tiene corrientes, debates y contradicciones, y eso lo enriquece. Además, tiene que adaptarse a una sociedad que cambia constantemente; no tiene nada que ver la de hace 50 años con la actual. La política es compleja y exige aprendizaje. El ejercicio del poder es muy duro y está lleno de trampas por todos los sitios. Winston Churchill decía que había que tragarse un sapo cada mañana con un vaso de agua para empezar a habituarse a lo que iba a ser el día siguiente.

Hoy en día parece que estemos instalados en el conflicto permanente.

Dentro de los partidos siempre hay tensiones y luchas internas, y yo las viví desde el principio, incluso en procesos complicados como la integración del PSA en el PSOE. Ha habido momentos peores que los actuales. Lo que sí ha cambiado es el peso del liderazgo: hoy hay una sobreexposición de los líderes por encima de los partidos, en parte porque la información va tan rápido que se personaliza todo. El liderazgo es necesario, pero no debe sustituir al debate interno ni al funcionamiento democrático. Ahí es donde creo que está el problema: se ha debilitado la militancia y el debate dentro de todos los partidos. Muchas decisiones se concentran en las ejecutivas, y solo se abre algo más el debate en periodos electorales, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Pero discrepancias siempre ha habido —antes se hablaba de felipistas y guerristas, ahora con otras etiquetas como sanchistas, aunque el que habla del sanchismo es el PP, de eso no se habla en el PSOE—, y eso es normal; lo importante es que siga habiendo discusión interna real y no solo estructuras centradas en el líder.

Del sanchismo no solo habla el PP, también se utiliza dentro del PSOE con voces discrepantes reconocidas.

Bueno..., sí lo que pasa es que hay saber jubilarse también.

Desde la última Presidencia del PSOE en 2023, ¿ve más lejos o cerca de recuperar el gobierno?

Yo creo que el PSOE no está necesariamente más lejos de recuperar el gobierno; la situación es más cambiante de lo que parece. En Aragón y Extremadura las decisiones de adelantar elecciones respondieron más a cálculos políticos que a una necesidad real, buscando desgastar a Pedro Sánchez. Pero ese movimiento no siempre salió bien. Se esperaban mejores resultados y en algunos casos se han perdido escaños. Percibo que el clima ha cambiado en pocos meses y que la ciudadanía ya no está exactamente en la misma posición que entonces. Estas dinámicas dan muchas vueltas.

¿Qué le pareció el discurso de investidura de Jorge Azcón?

Me sorprendió que dijera que todo estaba muy bien frente a lo mal que lo había hecho Javier Lambán, lo que choca con los homenajes que el PP le estaba haciendo porque estaba en el grupo que no apoyaba a Sánchez, al igual que García Page, por temas como la amnistía de Cataluña. Eso muestra que hay más estrategia que coherencia.

¿Cómo ve el gran problema de la vivienda?

No se resuelve construyendo viviendas para la venta aunque sean de promoción pública porque un trabajador, con los sueldos que hay ahora, no puede comprar, por mucho plazo que le den para pagarla. Además, una vivienda te ata en el puesto de trabajo y a la ciudad donde estás. Hacen falta viviendas en alquiler y asequibles, lo que se llama antes vivienda de renta limitada. Yo creo que, disponiendo de suelo público, que supone el 30% del precio de una vivienda, y cuidando de no crear guetos en las ciudades, se pueden hacer viviendas de alquiler de renta limitada sin ningún problema. La administración puede construir y con la renta del inquilino va a amortizar perfectamente la inversión inicial. Lo que eso sí requiere es una gestión ágil para conservar las viviendas y disponer de un buen equipo. Ahora hay problemas en las grandes ciudades donde los trabajadores viven lejos de sus centros de trabajo y hay más en las zonas turísticas donde el trabajo es de temporada y es necesario crear no solamente viviendas sino bloques de residencia con unas zonas comunes y unas habitaciones para los trabajadores. Si no es así, fracasará el turismo de montaña y ya empieza a haber problemas en toda la zona del Valle de Benasque, en el Valle de Tena y en el Valle de Canfranc, con las estaciones de esquí que no encuentran personal.

¿Cómo me gustaría que me recordaran? De ninguna manera. Seremos el olvido y en eso consiste la humanidad. Pensar que uno va a pasar a la posteridad me parece de un egoísmo absoluto y de una prepotencia que no tiene ningún sentido

Usted es ingeniero de montes, experto en incendios forestales y fue director del Icona. ¿Piensa que fue un error la supresión del organismo?

Sí. Soy ingeniero de Montes y desarrollé casi toda mi trayectoria en Huesca, recorriendo el Pirineo de punta a punta. Ahí pasé los mejores años de mi vida y he disfrutado mucho. Para ser ingeniero de montes hay que ser un optimista nato. Manejábamos la masa forestal con una proyección de 120 o 200 años: hay que estar loco para pensar en planificar bosques a tan largo plazo. Por eso, cada 10 años volvemos a ver cómo está el monte, a analizar los cambios y ver si lleva la tendencia deseada. Esto no es habitual en otro tipo de profesiones. Este trabajo te obliga a pensar a muy largo plazo y esa visión me ha influido también en la política.

Y ¿cómo ve la gestión del medio natural en estos años?

Se ha perdido una visión coordinada: hoy la gestión forestal y la conservación ambiental están separadas, cuando en realidad todo está interrelacionado. Y eso se ve en casos como la dana de Valencia. Muchas de las grandes avenidas no vienen de los ríos, sino de barrancos y ramblas que dependen de la gestión forestal, que es competencia de las comunidades autónomas, no de las confederaciones hidrográficas, como decía la Generalitat valenciana. Antes había servicios de hidrología forestal que vigilaban y actuaban para prevenir estas situaciones; ahora esa coordinación es menor.

¿Cómo han cambiado los incendios? ¿Qué estrategia adoptaría si tuviera responsabilidad?

El gran cambio es el abandono rural. Antes había cultivos, caminos y actividad que actuaban como cortafuegos naturales; hoy hay continuidad de matorral, lo que favorece incendios más extensos. No tiene sentido hablar de “limpiar los bosques”, es inviable; la clave es ordenar el territorio. Lo que hay que hacer es recuperar un paisaje en mosaico: crear grandes cortafuegos, alternar zonas cultivadas y franjas sin sembrar, y proteger especialmente el entorno de los pueblos. Muchos incendios actuales ya no son solo forestales, sino rurales, en terrenos abandonados de difícil gestión. Yo apostaría por una estrategia preventiva, planificar el territorio como un damero que frene el fuego, coordinar administraciones y dotarse de herramientas legales para actuar también sobre fincas privadas, igual que se hace en el urbanismo con las normas de seguridad.

¿Cómo le gustaría que se le recordara?

De ninguna manera. Al hilo del libro de Abad Faciolince, ‘El olvido que seremos’, que he leído con mucho gusto porque yo estuve trabajando con una ONG en Colombia, pasado un mes ya nadie se acuerda de ti. Seremos el olvido y en eso consiste la humanidad. Pensar que uno va a pasar a la posteridad me parece de un egoísmo absoluto y de una prepotencia que no tiene ningún sentido. Estos días se ha hecho la presentación de los retratos de los presidentes y yo no había visto el mío en el Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón). Y no tengo ningún interés en verme retratado en ningún sitio. No quiero que se me recuerde por nada. Y es que me da igual, sé que no se va a acordar nadie.

Sorprende su humildad en tiempos de tanto ego.

Es que no me interesa nada. Pero lo que me produce satisfacción es que la gente me siga saludando por la calle y lo agradezco mucho porque nadie me mira con malas caras y eso puede indicar que no debía malmeter yo mucho (se ríe).

Sacarse el carné de conducir en Aragón en abril de 2026 ha dejado de ser un simple trámite para convertirse en una carrera de fondo. Lo que hace unos años podía resolverse en pocos meses, hoy exige planificación, paciencia y, en muchos casos, una notable capacidad de adaptación tanto por parte de los alumnos como de las autoescuelas.

Aragón roza ya las decenas de miles de exámenes de conducir al año, pero el sistema no logra absorber la demanda creciente. Según los datos más recientes, en 2025 se realizaron 32.938 exámenes teóricos en la comunidad, frente a los 21.536 registrados en 2022, lo que supone un incremento del 53 % en apenas tres años. La evolución ha sido progresiva: 23.789 pruebas en 2023 y 27.035 en 2024, consolidando una tendencia al alza.

Sin embargo, este aumento de actividad no se traduce en una mayor fluidez del sistema porque el porcentaje de aspirantes no aptos también ha crecido, pasando del 44,28% en 2021 al 48,85% en 2025, lo que incrementa el número de repetidores y presiona aún más la capacidad disponible. De hecho, la queja procede incluso de las propias autoescuelas, que ven una mayor exigencia en las pruebas que años atrás no se registraba.

En cuanto a datos más desagregados, en 2025 se contabilizaron 23.310 exámenes teóricos con un 52,9% de aptos, y 24.540 pruebas de circulación, en las que solo el 46,9% de los aspirantes logró superar la evaluación. La estadística del primer trimestre de 2026 todavía no está cerrada, aunque el volumen de actividad se mantiene elevado.

A los exámenes teóricos anuales se suman decenas de miles de pruebas prácticas, aunque estas últimas en menor número debido a las limitaciones del sistema.

Los exámenes, el verdadero cuello de botella

El problema no está en la falta de actividad, sino en la capacidad de respuesta. El sistema continúa realizando un alto volumen de pruebas, pero insuficiente para atender el ritmo de nuevos aspirantes.

Las tres Jefaturas Provinciales de Tráfico de Aragón cuentan con una plantilla de 32 examinadores, de los cuales solo 26 están actualmente en activo (18 en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel), con seis vacantes pendientes de cubrir. Esta escasez se traduce en una operativa diaria limitada y en un incremento de las listas de espera.

La asignación de citas de examen práctico se realiza mediante el sistema automatizado CAPA, que distribuye las pruebas en ciclos de entre 10 y 15 días conforme a lo establecido en el Reglamento General de Conductores. Este sistema garantiza un reparto equitativo entre autoescuelas, pero también introduce un techo operativo: el número de pruebas depende directamente de los examinadores disponibles en cada periodo.

Para reforzar la plantilla, se han puesto en marcha varias vías: concursos de provisión de puestos, una nueva oposición del Cuerpo General Administrativo (especialidad tráfico) —cuyo examen teórico ya se ha celebrado— y la creación de bolsas de interinos con los aspirantes que no superen el proceso selectivo, que podrán cubrir vacantes de forma temporal.

Meses de espera y estrategias alternativas

El resultado es un retraso generalizado que sitúa la espera para el examen práctico entre dos y cuatro meses en las principales zonas urbanas, e incluso más en áreas rurales.

Ante esta situación, algunos alumnos optan por lo que ya se conoce como “turismo de examen”, o lo que es lo mismo, desplazarse a otras provincias en busca de fechas más próximas. Zaragoza, sin embargo, suele ser lugar de acogida, sobre todo de estudiantes procedentes de Cataluña que se desplazan durante uno o dos días de forma intensiva, con el fin de volverse con la prueba realizada.

Pese a las dificultades, Aragón mantiene una red de formación vial profesionalizada y bien implantada. Sin embargo, el sistema público de evaluación atraviesa un momento de fuerte tensión que impacta directamente en la movilidad, especialmente en el medio rural, donde el carné de conducir no es solo una comodidad, sino una necesidad básica.

A nivel nacional, el problema adquiere una dimensión estructural. Aunque actualmente hay 855 examinadores en activo —la cifra más alta desde 2012—, la reducción del número de pruebas diarias por examinador (de 16 en 2011 a 12 en la actualidad) ha recortado la capacidad operativa del sistema. En paralelo, el crecimiento de la población ha provocado una caída cercana al 29 % en la capacidad de examen por habitante. Según el sector, serían necesarios más de 1.200 examinadores para recuperar los niveles de servicio de hace una década.

Un problema común en toda España

La comunidad de Aragón cuenta con una red consolidada de centros de formación vial, aunque su distribución refleja cierto desequilibrio territorial. Solo en la provincia de Zaragoza existen 151 autoescuelas, a las que se suman 17 centros de formación en transporte de mercancías peligrosas y 30 centros de reeducación y sensibilización para la recuperación de puntos. Frente a la concentración urbana, en Huesca y Teruel predominan estructuras más pequeñas y dispersas, muchas de ellas con fuerte arraigo local y carácter familiar.

A pesar de las dificultades que atraviesa el sector en las tres provincias aragonesas, la situación de la comunidad se sitúa en una posición intermedia si se compara con los puntos negros que actualmente asfixian el mapa de la Dirección General de Tráfico en España. Mientras que un alumno aragonés afronta una espera media de entre ocho y doce semanas para el examen práctico, la situación no ha llegado a los extremos de parálisis total que se observan en el noroeste o en el Mediterráneo. La comunidad se beneficia de una mayor estabilidad en sus plantillas de examinadores en comparación con las zonas donde el alto coste de la vida ahuyenta a los funcionarios, aunque el déficit en las zonas rurales de Huesca y Teruel sigue siendo el principal talón de Aquiles del sistema regional.

El caso más sangrante se vive en el arco mediterráneo y en los archipiélagos, donde provincias como Barcelona o las Islas Baleares registran demoras que superan el medio año, o incluso el año en la comunidad valenciana. En estos puntos, el altísimo coste de la vida provoca que los examinadores recién titulados rechacen las plazas asignadas, dejando las plantillas en un déficit crónico que Aragón, afortunadamente, solo sufre de manera puntual por jubilaciones o bajas no cubiertas.

El caso de León representa hoy el escenario más sangrante de España. Con una lista de espera que supera los 3.300 alumnos y una plantilla reducida a la mínima expresión por bajas y vacantes, la provincia castellanoleonesa sufre retrasos que ya alcanzan los seis meses. La falta de personal operativo ha llegado a paralizar por completo los exámenes en varias cabeceras de comarca, dejando a miles de jóvenes sin opción de obtener un permiso esencial para la movilidad laboral en una provincia castigada por la despoblación.

También el archipiélago canario presenta dificultades, especialmente en la provincia de Las Palmas, donde el problema no es solo la falta de fechas, sino una dureza en la evaluación que no tiene parangón en la península. Con una tasa de aprobados que apenas roza el 37%, el sistema genera un cuello de botella circular porque los alumnos suspenden masivamente y vuelven a engrosar unas listas ya saturadas.

En Zaragoza, lejos del ruido y con la serenidad de quien ha atravesado décadas de cine, Jacqueline Bisset ha recibido el 'Dragón de Oro' del Saraqusta Film Festival-Festival Internacional de Zaragoza de Cine de Historia como reconocimiento a una trayectoria internacional que ha sabido moverse entre el gran cine de autor y proyectos más íntimos. A sus espaldas, nombres como Truffaut, Huston, Cukor o Polanski; en su discurso, una idea clara: todo empieza en el guion. Entre recuerdos de rodaje, reflexiones sobre la industria y una mirada crítica hacia los papeles femeninos actuales, la actriz reivindica el valor de la experiencia y la humanidad en la pantalla… y confiesa un deseo pendiente: interpretar a la reina de Inglaterra.

—Ha recibido el “Dragón de Oro” en el festival Saraqusta. ¿Cómo le ha recibido el público de Zaragoza?

Hacía tiempo que no estaba en España y no tenía ni idea de si era conocida aquí o no. La experiencia en Zaragoza, hasta ahora, está siendo muy buena. Ayer, por ejemplo, pasé un día divertido; lo disfruté mucho.

—Ha trabajado con directores como François Truffaut, John Huston, George Cukor, Claude Chabrol o Roman Polanski. ¿Qué aprendió de esa diversidad de miradas? ¿Algún rodaje cambió su manera de entender la interpretación?

No creo que haya aprendido tanto de ellos como podría pensarse, porque para mí lo esencial es el guion, la historia. Si algo no está en el texto, difícilmente estará en la pantalla. Un buen director es vital porque sabe dónde colocar la cámara para captar el momento justo. En una película hay una historia, y el director debe ajustarse a ella y al personaje; eso es lo que finalmente llega al público. Algunos directores con menos experiencia se pierden en la vitalidad del momento. También influye mucho la experiencia de vida. Si no la tienes, no puedes transmitirla, igual que ocurre con los actores. El cine debe representar la humanidad. Ahora que soy mayor, tengo muchas experiencias y tengo muy claro qué me interesa y qué no. Hay cosas que resultan tremendamente aburridas.

—¿No se le ha ocurrido nunca dirigir, con toda esa experiencia acumulada?

Creo que podría ser una buena directora, pero también pienso que el equipo querría irse, porque sería muy exigente. Tengo que educarme para ser menos mandona. Soy Virgo… y se nota.

Me hubiera gustado interpretar a la reina de Inglaterra por su carácter y humor

—Ha vivido grandes cambios en la industria audiovisual. ¿Cuál considera el más determinante?

Los cambios han sido sobre todo técnicos. El formato me da igual, lo importante sigue siendo la historia. La televisión funciona a un ritmo más rápido y los rodajes son más largos, lo que exige mucho esfuerzo. Tener un papel protagonista en una serie puede ser una tortura: cuando no estás trabajando, tienes que esperar, y eso implica guardar energía para cuando te toca actuar. Al principio yo era muy activa entre tomas, socializaba mucho con el equipo, pero me aconsejaron que me reservase para estar más concentrada. Recuerdo que un actor alemán, Maximilian, me dijo una vez que me fuera a mi habitación. Yo era más feliz moviéndome por el set, pero aprendí. Este trabajo requiere disciplina y profesionalidad.

—Su carrera ha sido muy internacional. ¿Cómo ha influido eso en su forma de construir personajes?

Todo influye. Rodar en Europa es más relajado que en Estados Unidos, porque aquí nos gusta más vivir que trabajar. Nos gusta disfrutar del buen tiempo, comer con vino, conversar después… es otra manera de entender la vida. Pero mi trayectoria no es tan típica; no todo el mundo trabaja tanto en Europa como en América.

—Ha participado en numerosas producciones de corte histórico. ¿Qué le atrae de este tipo de proyectos?

No me interesa tanto que una película sea histórica como el carácter del personaje. Me pregunto si tengo el conocimiento necesario para interpretarlo. Cuando hice ‘Anna Karenina’, estaba emocionada y aterrada a la vez: al aceptar el proyecto quise profundizar en el personaje y descubrí que muchos de sus gestos ya estaban en la novela. Era un papel maravilloso. También interpreté personajes religiosos, como María en la miniserie 'Jesús', una producción italiana sobre la vida de Jesús dirigida por Roger Young. Fue un proyecto muy hermoso. Yo no sabía mucho sobre la Virgen, a la que tanta gente adora, y me sorprendió profundamente. Me conmovieron las enseñanzas de Jesús y me llevaron a hacerme muchas preguntas. Sentí una gran responsabilidad. No soy muy religiosa, lo soy a mi manera, pero creo que el mundo necesita esas enseñanzas.

—¿Qué le dejaron a nivel personal aquellos trabajos de época?

He hecho de muchas madres. De esos papeles recuerdo mi ‘periodo islámico’. Tuve una pareja que era turco y en aquel tiempo yo no me vestía muy sexy, con túnicas, influida por el rodaje de la vida de Jesús. Pero él no me lo pidió nunca y sus dos hijos me preguntaban por qué se vestía así. Más tarde, interpreté el papel de una mujer francesa y ellos aplaudieron que yo vistiera ya como una occidental.

—¿Qué papel cree que tiene la mujer hoy en el cine y la televisión?

Creo que hay cierta confusión. Las mujeres parecen tener que ser como los hombres, y eso no tiene mucho sentido. Hay cada vez más papeles femeninos agresivos en las series, con mucha violencia, luchas y artes marciales, y eso a veces resulta incluso un poco cómico. Hay actrices muy buenas, sin duda, pero no sé si esta tendencia responde a algún tipo de frustración. En plataformas como Netflix veo, en general, mejores papeles masculinos, y no tengo claro hacia dónde se dirige la representación femenina.

—Si pudiera elegir un personaje histórico aún por interpretar, ¿cuál sería?

Me gustaría verme en un personaje algo loco pero no sé cómo me sentiría. Necesito personajes más poderosos. Me hubiera gustado interpretar a la reina Isabel de Inglaterra porque los caracteres de la aristocracia británicos están muy bien definidos. Además, me gusta su sentido del humor, con cierto toque de comedia.

—¿Una gran actriz nunca se retira?

Ahora mismo no estoy trabajando. Estoy centrada en un proyecto personal que me ocupa mucho tiempo.

—¿Qué proyecto le ha dado mayores satisfacciones a lo largo de su carrera?

No lo sé exactamente. Me atrae la complejidad, y curiosamente los papeles que más me han dado no son los más conocidos. Pienso, por ejemplo, en Loren & Rose, o en mi papel como locutora de radio en The Sleepy Time Gal, que es cine independiente y me interesa mucho.

Una ganadera de Villafranca de Ebro ha presentado un recurso de alzada contra la última resolución sanitaria del Gobierno de Aragón en materia de festejos taurinos, al considerar que le exige condiciones “de imposible cumplimiento”. La normativa autonómica, asegura, le obliga a vacunar a sus reses para poder desplazarse y, al mismo tiempo, le prohíbe acceder a las vacunas por encontrarse en zona libre, lo que deja su actividad en un “callejón sin salida legal”.

La titular de una explotación de ganado de lidia en Zaragoza, Natalia Moreno, ha iniciado acciones administrativas solicitando la nulidad de la reciente resolución publicada el 21 de abril en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), al entender que vulnera sus derechos y bloquea su actividad económica, lo que resume “es una ruina absoluta”. La ganadera sostiene que la nueva normativa endurece de forma “arbitraria” las condiciones sanitarias justo en el momento en que solicitó autorización para participar en festejos taurinos en la provincia de Huesca.

Según su relato, el conflicto se origina tras varias reuniones mantenidas con responsables autonómicos en las que se le trasladó verbalmente la imposibilidad de realizar estos desplazamientos durante meses, pese a que la normativa vigente en ese momento contemplaba un horizonte más flexible. Ante esta situación, registró formalmente una solicitud de movimiento de ganado y vacunación voluntaria el 15 de abril.

Sin embargo, ese mismo día —según denuncia— la Administración firmó una nueva resolución que introduce la obligatoriedad de vacunar a los animales para permitir su traslado. El problema, argumenta, es que dicha exigencia resulta imposible de cumplir, ya que la propia Administración le niega el acceso a las dosis al encontrarse su explotación en una zona considerada libre de la enfermedad.

La ganadera considera que esta actuación constituye un caso de “mala fe administrativa” y una vulneración del principio de confianza legítima, al modificarse las reglas sin responder previamente a su solicitud. Además, denuncia un agravio comparativo con otras comunidades autónomas como La Rioja o la Comunidad Valenciana, donde sí se permiten desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día bajo estrictas medidas de bioseguridad.

En su recurso, también apela al protocolo nacional del Ministerio de Agricultura, que contempla excepciones para explotaciones no vacunadas mediante evaluaciones de riesgo, controles veterinarios y medidas como la desinsectación. A su juicio, Aragón estaría ignorando este marco estatal y aplicando restricciones más severas sin justificación técnica.

La situación, advierte, no solo afecta a su explotación, sino que supone un perjuicio económico directo al impedirle cumplir más de veinte contratos ya previstos. Por ello, ha solicitado una autorización excepcional urgente para poder continuar con su actividad y, de no obtener respuesta, anuncia acciones legales y reclamaciones por daños y perjuicios.

Asimismo, ha pedido la suspensión cautelar de la resolución recurrida, al considerar que provoca un perjuicio irreparable basado en requisitos que califica de inviables. La ganadera, propietaria de 250 reses, insiste en que no solicita privilegios, sino la aplicación de soluciones técnicas ya utilizadas en otras regiones y avaladas por el propio Ministerio.

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación han explicado que se trata de una normativa de la Unión Europea que impide que las ganaderías de zonas limpias de Dermatosis Nuclear Contagiosa (DNC) puedan entrar en zonas de vacunación como es Huesca sin la necesidad de vacunación ni los 28 días hasta alcanzar la inmunidad. Además, alegan que se ha atendido en diversas ocasiones a dicha ganadería y se les ha explicado que nos es decisión del Gobierno de Aragón “sino que nos limitamos a cumplir con el reglamento europeo de sanidad animal”.Con respecto a la flexibilidad de protocolos en otras comunidades autónomas, el Departamento diferencian los casos de La Rioja y Valencia porque su situación es diferente, “donde no han sufrido casos de de DNC ni están limitados por la zona de vacunación”.

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén presentó el pasado 27 de enero ocho alegaciones contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la instalación de un centro de datos promovido por ACS y Benbros Energy, centrando sus objeciones en el fuerte incremento de los costes de urbanización y en la consiguiente inviabilidad del desarrollo del resto del polígono. Asimismo, advierte de que el proyecto tensiona el sistema de abastecimiento de agua y traslada al municipio cargas económicas y operativas que considera inasumibles. Como contrapartida, reclama la incorporación de medidas de retorno local, entre ellas una aportación económica cercana a los 27 millones de euros destinada al fomento del desarrollo económico y social.

El denominado ACS DC La Puebla obtuvo la declaración de interés general de Aragón (DIGA) en julio de 2025 y el plan de interés general de Aragón (PIGA) en diciembre de 2025. Está concebido como un complejo destinado al almacenamiento y procesamiento masivo de datos, ocupará más de 25 hectáreas de suelo industrial y contará con una potencia inicial de 150 megavatios, ampliable hasta 300 en fases posteriores, lo que lo sitúa dentro de la categoría de centros de datos de gran escala.

Las alegaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, aún no han sido contestadas y “buscan defender el interés general del municipio”, según la alcaldesa, Pilar Villanueva, fundamentalmente en lo referente al uso del agua.

La expansión de los promotores genera costes, reduce ingresos y obliga al Ayuntamiento a asumir infraestructuras, además de no existir control efectivo sobre el planeamiento, según denuncia la oposición municipal. La multinacional persigue maximizar beneficios aportando lo mínimo posible: está exenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que supondría dejar de ingresar alrededor de 40 millones de euros, y tampoco abonará el IBI durante cinco años. A ello se suma el uso de recursos municipales sin la presentación de medidas específicas de contraprestación social o cultural, ni de fomento de actividades o construcción de equipamientos.

El inviable desarrollo industrial

El análisis realizado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de La Puebla sobre la implantación de un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) en el sector SP1 sostiene que su ubicación contradice el criterio legal de situarlo en suelos con mayor autonomía, dado que se inserta en un sector ya ordenado pero no desarrollado, alterando su equilibrio. El principal impacto es el fuerte incremento de los costes de urbanización, que pasan de 23 a más de 82 millones de euros, elevando la repercusión hasta 123,51 €/m² de suelo y 186,26 €/m² edificable, sin que se justifique adecuadamente su viabilidad. Además, el promotor obtiene un beneficio adicional del 10% al incluir la parcela de cesión al Ayuntamiento —exenta de estos costes— dentro del ámbito del PIGA.

Aunque formalmente no se modifican los porcentajes de contribución, en la práctica los gastos de urbanización del resto de parcelas casi se triplican, superando su valor de mercado y generando un escenario de inviabilidad económica, en el que las parcelas resultantes tendrían incluso un valor negativo. Esta situación se agrava porque el nuevo uso industrial tecnológico se concentra exclusivamente en el ámbito del PIGA, sin trasladar beneficios al resto del sector, que mantiene usos tradicionales menos rentables en un municipio con poco término municipal que hasta ahora había mantenido un crecimiento ordenado y que se pone en entredicho al acaparar el centro de datos todo el sector productivo.

Asimismo, las infraestructuras proyectadas responden únicamente a las necesidades del centro de datos, pese a lo cual su mantenimiento recaería posteriormente en el Ayuntamiento, incluso si el resto del sector no llega a desarrollarse ni a beneficiarse de dichas obras.

A ello se suma una importante complejidad jurídica, ya que cualquier desarrollo futuro queda condicionado a la participación de los propietarios del ámbito PIGA, dificultando posibles modificaciones del planeamiento o de las cargas urbanísticas. En conjunto, se concluye que, de no adoptarse medidas como la división del sector o la creación de ámbitos jurídicamente independientes, el PIGA compromete tanto la viabilidad económica como la gestión futura del sector SP1.

Afecciones al abastecimiento de agua

En la cuarta alegación se expone la interrelación y afecciones del PIGA a la ordenación estructural y a las infraestructuras y servicios municipales, poniendo de manifiesto, en primer lugar, las limitaciones del sistema de abastecimiento de agua. La tubería de captación desde Zaragoza presenta de forma recurrente tensiones de disponibilidad, hasta el punto de que la reserva anual asignada al municipio se agota cada ejercicio, generando sanciones en caso de sobreconsumo. Aunque cabe la posibilidad de solicitar ampliaciones a ACUAES, su concesión no está garantizada al depender de la disponibilidad global del sistema y de la concurrencia con otras solicitudes.

En este contexto, la documentación del PIGA no define con claridad la fuente de abastecimiento ni acredita la disponibilidad real de recursos para atender una demanda industrial intensiva adicional. Pese a que se prevé la conexión a la red municipal, lo que implica el uso de la reserva existente —ya insuficiente—, el proyecto no concreta el origen del agua ni justifica su suficiencia. Se limita a una estimación conjunta de consumo con el sector SP-1 de 3.465 m³ diarios, cifra que supera el consumo ordinario del municipio, sin desglose ni justificación técnica suficiente. Esta indeterminación, unida a la magnitud de la demanda, obliga a exigir un sistema de abastecimiento propio, garantizado y autosuficiente, que detalle recursos, reservas, alternativas e infraestructuras necesarias, evitando que el consumo industrial detraiga caudal del abastecimiento municipal o degrade la calidad del agua de consumo humano.

Asimismo, el proyecto no establece garantías operativas que aseguren la prioridad del consumo humano ni medidas que eviten afecciones a la calidad del agua de la red residencial. En paralelo, se plantea el derribo del depósito municipal existente, un bien patrimonial que costó 900.000 euros, y su sustitución por uno nuevo al norte del sector. Aunque no se rechaza esta actuación, se condiciona a que la nueva infraestructura sea financiada íntegramente por el promotor, tenga utilidad para todo el municipio y quede plenamente integrada en la red general, con capacidad operativa real. No resulta admisible sustituir una infraestructura de sistema general por otra de uso limitado al PIGA sin integración efectiva en la malla municipal.

Para garantizar la viabilidad del sistema sin perjudicar el abastecimiento, se considera imprescindible incorporar infraestructuras específicas de regulación y tratamiento, como una nueva balsa de agua bruta y el refuerzo o implantación de sistemas de potabilización, así como una red de distribución separativa que permita diferenciar el uso industrial del residencial, asegurando siempre la prioridad del consumo humano. Todas estas actuaciones, derivadas directamente del incremento de demanda asociado al PIGA, deben ser, según alega el Ayuntamiento de La Puebla, definidas, presupuestadas y financiadas íntegramente por el promotor, incluyendo su mantenimiento, evitando cualquier traslado de cargas al Ayuntamiento.

En cuanto al sistema de drenaje de aguas pluviales, la solución propuesta para el Barranco de Las Casas no acredita suficientemente la capacidad hidráulica del cauce receptor ni garantiza la ausencia de afecciones aguas abajo, especialmente en tramos no encauzados. Además, su viabilidad queda condicionada a la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por ello, se exige que el PIGA incluya, como condición previa, la ejecución completa del encauzamiento y adecuación hidráulica del barranco en el tramo afectado, asegurando la continuidad del sistema, la estabilidad del cauce y la correcta laminación de avenidas. Estas actuaciones, necesarias por el incremento de escorrentía generado por el proyecto, deberán ser igualmente asumidas en su totalidad por el promotor.

Finalmente, en relación con el sistema de saneamiento y las aguas fecales, se considera imprescindible que el PIGA incorpore un estudio específico de capacidad y funcionamiento de la red aguas abajo, con modelización hidráulica que analice escenarios de caudal punta y situaciones desfavorables, identificando posibles puntos críticos. En caso de ser necesarias obras de refuerzo o ampliación para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, estas deberán ser igualmente definidas, ejecutadas y financiadas íntegramente por el promotor, sin que se produzca transferencia alguna de cargas al municipio.

Medidas de retorno local valoradas en 27 millones de euros

La quinta alegación municipal critica que el PIGA no contempla medidas específicas dirigidas al fomento de actividades económicas, sociales o culturales en el municipio afectado, lo que resulta especialmente relevante atendiendo a la magnitud de la inversión prevista. En este sentido, se considera necesario que el proyecto incorpore mecanismos concretos de retorno local que contribuyan al desarrollo del municipio, bien mediante actuaciones directas o, alternativamente, a través de la aportación de una cantidad económica destinada a tales fines, sujeta a la correspondiente fiscalización.

A efectos de cuantificación, el ayuntamiento tiene en cuenta que la inversión asociada al proyecto supera los mil millones de euros. Considerando que la normativa permite establecer un canon de hasta el 5% de la inversión, estima razonable fijar una aportación del 2,5%, lo que equivale a 27 millones de euros. Esta cuantía se considera proporcionada, máxime cuando el PIGA no prevé actualmente ningún tipo de canon o compensación económica para el municipio, lo que refuerza la necesidad de incorporar este mecanismo como medida de equilibrio y retorno social.

Opacidad

Los grupos de la oposición municipal han criticado la opacidad con la que se ha llevado el proyecto. El pasado mes de septiembre, con la Declaración de Interés General de Aragón ya obtenida, el PSOE solicitó una sesión pública informativa que permitiese conocer los efectos que va a tener en la localidad y en los servicios e infraestructuras el futuro centro datos, lo que fue aprobado por unanimidad, si bien luego no se llegó a concluir.

El concejal socialista Juan Ramón Enfedaque volvió a solicitarlo de urgencia incluir en el orden del día del pleno de enero, cuando ya estaba aprobado el Piga, sesión en la que la alcaldesa comunicó que se habían presentado alegaciones al Piga.

El pasado 10 de marzo, PSOE y Podemos organizaron una sesión informativa en el Hotel Alfindén con el grupo de acción “No es sequía, es saqueo”, a la que también acudieron la alcaldesa y el teniente de alcalde entre otro casi centenar de personas. Posteriormente, el 26 de marzo se convocó una sesión informativa en el Ayuntamiento de la mano de la Cámara de Comercio y la Fundación Basilio Paraíso.

Los socialistas pedían en su reclamación la presencia de técnicos municipales, del Gobierno de Aragón, así como de la promotora, ACS DC Infra La Puebla para conocer cómo va a ser el proceso de urbanización de la parcela municipal SP-1, ya que hay costes que se van a repercutir a pequeños propietarios no afectados por la expropiación. Y recriminaron a la primera edil la falta de información de las reuniones mantenidas con propietarios afectados.

Asimismo, se pidió conocer el impacto del proyecto en los servicios generales de La Puebla, desde la evacuación de aguas pluviales, vialidad, seguridad, limpieza, alumbrado público, hasta la demanda de aguas del complejo. De la misma manera, se inquirió por las nuevas infraestructuras que se han previsto para que no haya afecciones en las zonas residenciales e industriales del municipio, y sobre los beneficios y contraprestaciones que va a recibir la localidad.

“Nuestra petición no va contra nadie, pero parece lógico que los vecinos y los empresarios de la zona conozcan hasta el último detalle sobre las repercusiones de este centro de proceso de datos”, dijo el portavoz socialista, Juan Ramón Enfedaque, quien también recuerda que el Piga también afecta al PGOU del municipio, aprobado en 2025, dado que se pierde la unidad de acción de un proceso urbanizador del polígono industrial, que ahora se centrará en urbanizar las parcelas del centro de datos. Además, el Piga se impone al Plan General local y la altura del edificio será dos metros superiores a la altura máxima de 14 metros que establece el PGOU.

Para Enfedaque, la empresa actúa como un Balrog (un ser oscuro El señor de los anillos de Tolkien) frente a Goofy y Pluto (personajes de Disney), “a los que se ha comido crudos y ahora caen en la cuenta de que hay que presentar alegaciones”.

Este diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la empresa para obtener su versión.

Centro de hiperescala

Con una inversión inicial de 1.254 millones de euros —ampliable hasta 2.580 millones—, el centro de datos de La Puebla de Alfindén alcanzaría una potencia de entre 150 y 300 MW, situándose en la categoría de hiperescala.

La inversión prevista supera los 1.200 millones de euros en su primera fase, con posibilidad de alcanzar cifras cercanas a los 2.500 millones si se completa la ampliación futura. Solo la construcción y urbanización del recinto ronda los 1.000 millones, a los que se suman decenas de millones adicionales en infraestructuras eléctricas, incluyendo nuevas subestaciones y conexiones a la red de alta tensión a través del nodo de Peñaflor.

El proyecto ha sido declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Aragón, una figura que permite acelerar su tramitación administrativa al considerarlo estratégico para el desarrollo económico de la comunidad. Esta calificación refleja la apuesta institucional por convertir Zaragoza en un polo de infraestructuras digitales vinculado a la economía del dato, en línea con otros desarrollos similares en la región.

En términos de empleo, las previsiones apuntan a varios miles de puestos de trabajo durante la fase de construcción y a unos 500 empleos estables una vez el centro entre en funcionamiento, principalmente perfiles técnicos y de mantenimiento. A esto se suma un impacto fiscal significativo a nivel estatal y autonómico, con estimaciones que superan los 140 millones de euros en los primeros años de actividad.

Los centros de datos suelen presentarse como motores de desarrollo en cuanto a inversión, empleo y modernización. Pero los datos invitan a matizar ese relato, ya que se trata de infraestructuras altamente automatizadas, que generan relativamente poco empleo estable. Mientras tanto, los costes —consumo de recursos, presión sobre el territorio, necesidad de nuevas infraestructuras energéticas— se concentran a nivel local.

El agua y la energía, recursos en disputa

La expansión de centros de datos en Aragón supone un salto de escala sin precedentes en el consumo de recursos.

En la memoria del PIGA el centro de datos de La Puebla de Alfindén recoge que la potencia solicitada es un 34% inferior a la prevista según la Orden EIE/768/2016. Asimismo, surbraya que, en comparación con la previsión de desarrollo del sector planteada en 2011, que estimaba una potencia de 9,28 MW, la implantación actual supone una reducción del 65 % en la potencia requerida.

Pero en términos energéticos, algunos proyectos individuales de este tipo de infraestructuras ya alcanzan cifras cercanas o superiores a los 10.500 GWh anuales, lo que equivale prácticamente al consumo eléctrico total actual de la comunidad autónoma. En conjunto, el despliegue previsto podría llegar a duplicar —o incluso superar— la demanda energética regional, obligando a ampliar infraestructuras de generación, transporte y distribución.

En paralelo, el impacto hídrico resulta especialmente sensible. El centro de datos proyectado en La Puebla de Alfindén presenta una memoria de un consumo ordinario de agua de 9,31 m³ diarios, lo que equivale al 1,9 % de las previsiones establecidas en el planeamiento urbanístico vigente. Esta cifra implica una reducción de hasta el 98 % respecto al caudal inicialmente previsto. Durante el primer año, se contempla un consumo extraordinario asociado al llenado de los circuitos de climatización (1.200 m³) y de los tanques de incendios (385 m³), sumando un total de 1.585 m³. Este volumen representa el 0,16 % del consumo anual del municipio, estimado en 1.000.000 m³.

Según datos recogidos en proyectos y licencias de centros de datos en Aragón, el consumo de agua puede alcanzar los 755.000 metros cúbicos anuales. Esta cantidad equivale aproximadamente al riego de más de 200 hectáreas agrícolas.

En términos urbanos, distintos análisis sitúan su impacto potencial entre el 7,6% y el 22,9% del consumo anual de agua de Zaragoza. En escenarios agregados, el consumo de 14 hectómetros cúbicos anuales equivale a cerca de una cuarta parte del consumo urbano de Zaragoza.

Además, un elemento que suele quedar fuera del debate público es el consumo indirecto. La mayor parte del agua asociada a los centros de datos no se utiliza dentro de las instalaciones, sino en la generación de la electricidad que necesitan. Esto multiplica su huella hídrica real, situándola muy por encima de las cifras oficiales.

A escala global, un centro de datos medio puede consumir alrededor de 1,1 millones de litros de agua al día. Con el crecimiento de la inteligencia artificial, se estima que el consumo total podría superar el billón de litros anuales en 2028.

Voces como Aurora Gómez Delgado, del movimiento ‘Tu nube seca mi río’ advierten que este uso del agua se produce en un contexto de disponibilidad irregular y tensiones preexistentes, lo que implicaría no solo competir por el recurso, sino también desarrollar nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento. En este sentido, la clave no reside en el consumo de cada instalación por separado, sino en el efecto acumulativo de un modelo que, por su escala, tiene capacidad para desbordar los sistemas energético e hídrico existentes, obligando a redimensionar infraestructuras y reordenar prioridades en el uso de recursos.

El concejal socialista Horacio Royo ha anunciado posibles medidas legales ante la decisión final de adjudicar de manera directa a una empresa la gestión del edificio Giesa como plató de cine, el proyecto Distrito 7. Lo primero que va a reclamar es la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, para dar explicaciones de “este despropósito porque estamos ante un nuevo fracaso estrepitoso de este gobierno que, en este caso, cabe imputar a la alcaldesa, autora intelectual del proyecto Distrito 7, que nunca tuvo el menor sentido y que constituye un ejemplo meridiano de la desconexión de la realidad en la que vive instalada nuestra alcaldesa”.

A su juicio, plantear que uno de los proyectos estrella pase por convertir Giesa en un plató de televisión e invertir 20 millones de euros “solo responde a la paleta y acomplejada visión que la alcaldesa tiene de la ciudad, que engarza con otros fracasos como el del parque de atracciones, que ha perdido la dimensión y verdaderas fortalezas de la ciudad”.

El edil asegura que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, vive “empeñada” en concebir la ciudad como un escenario de cartón piedra para tratar de generar una imagen artificial de la ciudad, en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía y mejorar la vida de los barrios y sus gentes. “Se lanza a proyectos como este que acaban en rotundos fracasos porque, sencillamente, llamar a un plató ecosistema audiovisual no convierte una ocurrencia en un gran proyecto”.

Royo ha recordado que se han invertido 20 millones en el edificio, se ha ampliado el plazo hasta 71 días para que alguna empresa se presentara a gestionar el espacio de la antigua factoría de Giesa, y no duda de que se habrá llamado a todas las puertas posibles para ello. Además, se ha conformado un pliego que establece un canon que no permite al Ayuntamiento recuperar la inversión realizada. Tras todo esto, una empresa dedicada al alquiler de equipos audiovisuales trató de presentar una oferta dos minutos antes de que terminara el plazo (tras ampliarlo 71 días). “Con este nivel de rigor demostrado por la empresa, pretende adjudicarle de forma directa por más de 30 años el edificio en el que se han invertido 20 millones de euros de los zaragozanos. ¿De verdad pretende utilizar un procedimiento excepcional para adjudicar de forma directa a una empresa para regalarle este edificio? No parece serio”, ha cuestionado el edil socialista.

En su opinión, el anuncio de ayer “es la demostración de que le puede más la soberbia que el sentido común”, porque lo que debería haber hecho es abrir un período de reflexión y valorar la idoneidad de este proyecto, en el que ninguna empresa del sector audiovisual en toda España ha mostrado interés, lo que no augura nada bueno. “Esto no puede hacerse así”, ha concluido, además de recordar lo que ha pasado con el Parque de Atracciones.

“A veces he denunciado el adanismo de la alcaldesa y su gobierno, su obstinación en crear relatos orwellianos que permitan presentar la gestión como una especie de parteaguas de la historia, pero la realidad es muy diferente”, ha criticado Horacio Royo, recordando que en el pasado los zaragozanos han manifestado ver con estupor el choque de realidades con otras iniciativas de la alcaldesa.

“A estas alturas no cabe duda de que el parque de atracciones ha pasado de ser el nuevo Disney World a estar cerrado con 81 trabajadores en expediente de regulación de empleo y Giesa pasará de ser la nueva Paramount a, con un poco de suerte, un espacio de prácticas de estudiantes”, ha augurado, no sin antes cuestionar que “no puede poner la ciudad en almoneda, hipotecando la ciudad. No puede ser que durante los próximos 30 años acabe siendo un espacio privado que estará lejos de cumplir las expectativas”.

Ha recordado y puesto en valor que todos los vecinos de Las Fuentes, con entidades sociales y vecinales al frente, trabajaron duramente para elaborar una propuesta de uso en un barrio que dispone de pocas zonas decentes y que servía para regenerar la zona con un equipamiento social o cultural. “Pero la soberbia de la alcaldesa, en lugar de escuchar a los vecinos e incluso desoyendo a vocales del PP, le llevó a abanderar este proyecto que, seguramente, le susurraron al oído algunos de sus más conspicuos augures, los mismos que le convencieron de que era una buena idea la Ciudad Inteligente del Deporte, fuese lo que fuese eso, o que el parque de atracciones era un cementerio de cachivaches, los mismos que mucho me temo que, a base de convencerla de que puede volar en lomos de Fujur (el dragón blanco de «La Historia Interminable») hasta el sol, acabarán achicharrándola”, ha manifestado Horacio Royo.

Al caer la tarde, la hoguera vuelve a encenderse en Bello. Es el momento central del Beltaine, uno de los rituales que forman parte de las Jornadas Celtibéricas Virgen de la Cabeza, un encuentro de tres días entre el 24 y el 26 de abril, en el que este municipio del sur de la laguna de Gallocanta transforma el espacio público en un escenario donde conviven referencias prerromanas, celebraciones religiosas y propuestas vinculadas al patrimonio local.

La actual festividad de la Virgen de la Cabeza llegó con los pastores trashumantes que recorrían la península buscando pastos de verano. Trajeron consigo una devoción procedente del sur (Sierra Morena), que se asentó en el territorio y terminó convirtiéndose en la celebración principal del pueblo.

Pero bajo esa capa cristiana sobreviven prácticas mucho más antiguas. El rito del Beltaine, por ejemplo, marca el paso del invierno a la primavera desde tiempos prerromanos. En Bello reviven la plantación del “mayo”, las danzas y la hoguera, un fuego colectivo que simboliza renovación, fertilidad y comunidad.

No es solo una fiesta local. Cumple varias funciones a la vez, como la recuperación del patrimonio inmaterial (ritos, música, tradiciones); la generación de actividad económica (artesanía, turismo, consumo local); el refuerzo del sentimiento de pertenencia y la conexión del pueblo que se resiste a desaparecer.

Según explica Ángel Muñoz, presidente de la Asociación de Amigos de la Celtiberia, Bello se encuentra en un proceso de recuperación de ciertos ritos, sobre todo paganos, que se estaban perdiendo, en un intento de dinamizar el territorio y el patrimonio. De esta forma, se han recuperado algunas melodías y elementos del dance que casi se habían perdido. Además, ponen especial acento en actividades que siempre estuvieron vinculadas a los asentamientos celtíberos, como la ganadería trashumante —de la que hoy casi no quedan pastores—, o la agricultura cerealística.

Lo que ocurre en Bello no es un caso aislado. El municipio se inscribe en el territorio de la Celtiberia, en el interior peninsular, que en la Antigüedad se organizó como una red de asentamientos interconectados. Estos núcleos, conocidos como oppida, mantenían relaciones comerciales, ganaderas y estratégicas, además de estructuras sociales y políticas propias.

Ejemplos como Numancia, Tiermes o Segeda evidencian que no se trataba de enclaves aislados, sino de puntos integrados en una red territorial. Esta organización permitía articular recursos y población en un espacio amplio, con una relación estrecha con el paisaje.

La relevancia de este territorio no fue menor en la Antigüedad. De hecho, uno de los episodios vinculados a la Celtiberia aragonesa dejó una huella que todavía perdura en la vida cotidiana: el calendario. En el año 153 a.C., en plena guerra contra ciudades como Segeda, el Senado romano decidió adelantar el inicio del año al 1 de enero para poder organizar antes la campaña militar. Hasta entonces, el calendario comenzaba en marzo. La medida, adoptada por una necesidad estratégica en el interior peninsular, se mantuvo con el tiempo y sigue vigente más de dos mil años después.

En la actualidad, gran parte de este territorio presenta una baja densidad de población y limitaciones en el acceso a servicios. La denominada Serranía Celtibérica figura entre las zonas menos pobladas de Europa y agrupa municipios repartidos por Aragón, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Ante esta situación, en los últimos años han surgido iniciativas orientadas a la cooperación territorial. Entre ellas, la Red de Municipios de la Celtiberia, a la que están adscritos 45 municipios, plantea la coordinación entre localidades con características similares. El objetivo es compartir recursos, desarrollar proyectos conjuntos y reforzar la articulación del territorio.

El ámbito de actuación de esta red abarca en torno a 1.300 municipios. Entre sus líneas de trabajo se incluyen la creación de proyectos culturales, el impulso de iniciativas turísticas, la elaboración de bases de datos para el análisis demográfico y la recuperación de celebraciones vinculadas al calendario tradicional, como Beltaine, Samhain o los mayos.

Estas propuestas se plantean como herramientas para dinamizar el territorio a partir de elementos existentes, como el patrimonio histórico, las tradiciones locales o los recursos naturales. La estrategia se basa en la colaboración entre municipios y en la construcción de marcos comunes de actuación.

Eventos como el de Bello se insertan en una dinámica más amplia de articulación territorial basada en la cooperación entre municipios y en la activación de recursos culturales.

Los principales indicadores de listas de espera sanitaria en Aragón reflejan un deterioro durante los dos primeros años y medio de gobierno de Jorge Azcón, en contraste con sus compromisos de mejora que lanzó en la campaña de 2023. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, a 31 de diciembre, la comunidad no solo no ha reducido los tiempos de espera, sino que ha empeorado en la mayoría de parámetros clave con respecto a 2023. La comunidad suma cerca de 3.000 pacientes más pendientes de una operación y más de 26.000 en consultas externas, mientras la espera quirúrgica se eleva a 132 días —por encima del objetivo fijado— y la demora para ver a un especialista se dispara hasta los 138 días (46 días más que hace dos años y medio), el mayor incremento registrado entre las comunidades autónomas.

El problema sigue recogido en el documento del pacto cerrado entre PP y Vox para la conformación del gobierno de coalición para la próxima legislatura, en el que se contemplan varias medidas en materia de sanidad y políticas relacionadas con la familia, la vida y los hábitos saludables. Entre ellas, se plantea un refuerzo global del sistema sanitario aragonés, comenzando por el compromiso de incrementar el presupuesto de Sanidad “al menos al mismo ritmo que el presupuesto autonómico, con el fin de garantizar recursos suficientes”. Desde el inicio de la legislatura se prevé también un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas mediante una mejor gestión y el apoyo subsidiario de la sanidad privada.

El primer punto sí fue cumplido por el primer gobierno de Azcón, al aumentar el presupuesto de Sanidad de 2024 sin reedición desde entonces. Sin embargo, eso no ha logrado reducir las listas de espera quirúrgicas ni de consultas de especialidades.

En Aragón hay 2.961 pacientes más en lista de espera quirúrgica que en junio de 2023, al pasar de 22.822 a 25.783, (un 13% más), lo que supone el quinto mayor aumento absoluto entre las comunidades autónomas, solo superado por Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Baleares, regiones con una población significativamente superior. En cuanto al tiempo medio de espera quirúrgica, el anterior Gobierno de Aragón lo situó en 126 días, lo que en ese momento colocaba a la comunidad como la sexta con mayor demora, frente a una media nacional de 112 días. Dos años y medio después, a 31 de diciembre de 2025, Aragón ha pasado a ser la quinta región con mayor tiempo de espera, alcanzando los 132 días, es decir, seis días más que al inicio del periodo, mientras que la media estatal se sitúa en 121 días.

El empeoramiento es aún más acusado en consultas externas. El tiempo medio de espera ha aumentado de 92 a 138 días, un incremento de 46 días —el mayor de todas las comunidades—, y la diferencia con la media nacional se ha disparado hasta los 36 días. Aragón ha pasado de ser la sexta a la tercera comunidad con mayor demora.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para una consulta ha crecido del 46,9% al 73%, superando en más de 11 puntos la media española. En términos absolutos, hay 26.178 pacientes más en lista de espera para consultas externas que al inicio del mandato al pasar de 98.304 con el gobierno de Lambán a 124.482 pacientes a 31 de diciembre de 2025, un aumento del 26,6%.

El 17 de mayo de 2023, en plena antesala de las elecciones autonómicas, Jorge Azcón lanzó una de las promesas más ambiciosas de su campaña al señalar la gestión sanitaria como el principal fracaso del gobierno de Lambán. Con una retórica contundente, calificó la situación de las listas de espera como una muestra del perjuicio que un mal gobierno supone para los ciudadanos, situando la reforma de la Sanidad como la piedra angular de su proyecto de cambio. Su compromiso era claro y cuantificable: modificar el decreto de garantías para rebajar el plazo máximo de espera quirúrgica de los seis meses vigentes en aquel entonces a tan solo cuatro meses. Según sus propias palabras, ningún aragonés con necesidad de cirugía debería esperar más de 120 días, fijando incluso un objetivo optimista de alcanzar los 100 días antes de concluir la legislatura.

Sin embargo, el balance al cierre del año 2025 ofrece una realidad distinta a la proyectada en aquel discurso. A fecha del 31 de diciembre de 2025, tras concluir la XI Legislatura bajo su mandato, el tiempo medio de espera quirúrgica se situaba en 132 días, lo que supone un incumplimiento directo de la palabra dada a los electores. Esta cifra resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que, durante su gestión, Azcón ha presumido de forma casi diaria de un aumento presupuestario en materia de salud, centrado principalmente en las cuentas aprobadas para el ejercicio 2024. Pese a ese incremento en la inversión y a la firmeza de sus críticas iniciales, la administración no ha logrado ajustar los tiempos de respuesta a los límites que el propio presidente definió como la medida indispensable para revertir lo que él mismo denominó un fracaso institucional.

Lista de espera quirúrgica por especialidades

En relación con la evolución por especialidades quirúrgicas, Aragón presenta algunos de los incrementos más elevados en número de pacientes en espera estructural. En cirugía general y del aparato digestivo, los pacientes han pasado de 3.606 en junio de 2023 a 4.721 en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 1.115 personas y un aumento relativo del 30,9%, el mayor entre las comunidades autónomas. En términos absolutos, este incremento solo es superado por Cataluña y la Comunidad de Madrid.

En urología, el número de pacientes en espera ha pasado de 1.802 a 2.841, con un incremento del 57,6%, también el más elevado del conjunto de comunidades, y un aumento absoluto de 1.039 personas, solo por detrás de Madrid y Cataluña. En otorrinolaringología, los pacientes en espera han aumentado de 1.318 a 2.084, lo que supone un incremento del 58,1% y un aumento absoluto de 766 personas, situando a Aragón como la segunda comunidad con mayor incremento relativo.

Consultas externas

En el ámbito de las consultas externas, el tiempo medio de espera ha pasado de 92 días en junio de 2023 a 138 días en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 46 días, el mayor registrado entre las comunidades autónomas. Esta evolución amplía significativamente la diferencia respecto a la media estatal, que se sitúa en 102 días, de modo que Aragón presenta una demora 36 días superior. En términos relativos, el incremento alcanza el 50%, casi tres veces más que el registrado en el conjunto del país.

Como consecuencia, Aragón ha pasado de ocupar la sexta posición en tiempo de espera a situarse como la tercera comunidad con mayor demora en consultas externas.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para ser atendidos en una primera consulta ha experimentado un incremento notable. En junio de 2023, el 46,9% de los pacientes se encontraba en esta situación, lo que situaba a Aragón por debajo de la media nacional, fijada en el 51,6%.

Sin embargo, a diciembre de 2025 este porcentaje asciende al 73%, lo que supone un aumento de 26,1 puntos porcentuales y sitúa a la comunidad 11,5 puntos por encima de la media estatal, que es del 61,5%. Este incremento es más del doble que el registrado a nivel nacional y coloca a Aragón como la tercera comunidad con mayor proporción de pacientes con demoras superiores a 60 días.

En términos de volumen, a 31 de diciembre de 2025 Aragón cuenta con 124.482 pacientes en lista de espera para consultas externas, lo que supone 26.178 más que en junio de 2023, cuando la cifra era de 98.304. Este incremento del 26,6% convierte a Aragón en la segunda comunidad con mayor aumento relativo en este indicador.

El análisis por especialidades en consultas externas muestra igualmente una situación de elevada demora. Aragón se sitúa entre las comunidades con mayores tiempos de espera y lidera la demora en varias áreas.

En ginecología, el tiempo medio alcanza los 88 días, el más alto del país. En oftalmología, la espera se sitúa en 211 días, superando los siete meses, mientras que en traumatología alcanza los 188 días, más de medio año. En dermatología, el tiempo medio es de 143 días, lo que posiciona a Aragón como la quinta comunidad con mayor demora.

Asimismo, lidera la espera en otorrinolaringología con 241 días, más de ocho meses, y en neurología se sitúa como la tercera comunidad con mayor demora, con 127 días. En cirugía general y digestiva, aunque el tiempo medio es menor, con 66 días, Aragón sigue ocupando la quinta posición en términos de mayor espera.

El crecimiento de las listas es generalizado en prácticamente todas las especialidades. En ginecología, el número de pacientes en espera ha pasado de 5.348 a 10.828, lo que supone un incremento de 5.480 personas y un aumento del 102,5%.

En oftalmología, los pacientes han pasado de 27.405 a 30.563, con un incremento de 3.158 personas. En dermatología, el aumento es de 2.281 pacientes, al pasar de 15.666 a 17.947. En otorrinolaringología, la lista crece en 6.599 personas, desde 16.793 hasta 23.392, lo que representa un incremento del 39,3%.

Especialmente relevante es el caso de neurología, donde el número de pacientes en espera para una primera consulta ha pasado de 2.367 a 6.620, lo que supone un incremento de 4.253 personas y un aumento relativo del 179,7%, el mayor registrado entre las comunidades autónomas.

Este incremento adquiere especial relevancia por tratarse de una especialidad vinculada al diagnóstico de patologías graves y de alta prevalencia en población envejecida, como el alzhéimer, el párkinson o las secuelas de ictus. En este contexto, el acceso a una primera consulta no solo tiene implicaciones clínicas, sino también un impacto significativo en el bienestar psicológico de pacientes y familiares, al condicionar el proceso de diagnóstico y la evolución posterior de la enfermedad.

Acuerdos sanitarios del pacto PP-Vox y la prioridad o no nacional

En medio de esta realidad, surge la duda de si la atención sanitaria, hasta ahora universal, se recoge en el reciente acuerdo entre PP y Vox, impresicindible para la conformación del nuevo gobierno de coalición, que tiene como base el principio de 'prioridad nacional', por el que se prioriza a los españoles en el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, el propio presidente ha asegurado que no se aplicará en casos de urgencia vital: “En Aragón se va a atender a todo el mundo en los hospitales y en los centros de salud exactamente igual que se les atendía, no va a haber ningún solo cambio, ningún solo cambio”. El presidente en funciones ha apuntado que “es muy irresponsable que se haga política del miedo con este tipo de cuestiones. Es un debate interesado en lo que lo único que se está intentando inocular es el miedo”.

Más allá de la prioridad o no nacional, el documento del pacto alcanzado entre PP y Vox recoge otras medidas genéricas que, en el ámbito de infraestructuras, pasa por la construcción de un nuevo Hospital Royo Villanova en Zaragoza y nuevos centros de salud en Utebo, Arcosur, Zuera y Cuarte de Huerva, además de la ampliación del de Caspe, con avances previstos antes de finales de 2026. Asimismo, se mantendrá y reforzará el sistema extrahospitalario de atención urgente primaria (DUAP) durante toda la legislatura.

En salud mental, se pondrá en marcha un plan específico infanto-juvenil con nuevas unidades en Zaragoza y refuerzo en Huesca y Teruel, además de mejorar la atención a trastornos de la conducta alimentaria, con avances antes de 2026.

También se contempla el refuerzo de los cuidados paliativos desde el primer momento, así como un plan de mejora de los recursos sanitarios que incluye la implantación de radioterapia en Teruel antes de 2027, así como incentivos para cubrir plazas de difícil acceso y la conversión de los hospitales generales en universitarios hacia 2027-2028.

En materia de servicios, se ampliará la atención bucodental infantil hasta los 16 años a partir de 2027.

En salud pública, se endurecerán las sanciones por fraude en el etiquetado de alimentos para garantizar la transparencia sobre su origen, con medidas a desarrollar en 2027. Finalmente, se promoverá el deporte como base de un estilo de vida saludable mediante un plan de infraestructuras deportivas a lo largo de toda la legislatura.

Paralelamente, se reforzará la atención a las personas mayores mediante más plazas en residencias y centros de día, mayor presupuesto y ampliación de conciertos, de forma continuada en cada presupuesto.

El acuerdo incorpora un enfoque transversal de familia en todas las políticas públicas, obligando a evaluar su impacto en este ámbito desde el inicio del mandato.

El proceso de regularización de inmigrantes, que se extenderá durante los meses de mayo y junio, genera algunas dudas que se disipan a continuación, además de facilitar los lugares y entidades con los que poder realizarlo.

¿Quién debe solicitar el informe de vulnerabilidad?

Deben solicitarlo aquellas personas que no puedan acreditar su situación por otras vías. Es decir, quienes no hayan sido solicitantes de asilo, no tengan una oferta de trabajo, no hayan estado dadas de alta laboralmente o no cuenten con una red familiar directa en España.

¿Quién no necesita este informe?

No tienen que pedirlo:

¿Qué documentos sirven para demostrar la estancia en España?

No es obligatorio presentar el padrón. De hecho, el volante de empadronamiento es suficiente si se tiene, pero existen muchas otras formas válidas de acreditar la residencia de al menos cinco meses:

Cualquier documento que demuestre vida cotidiana en la ciudad puede ser válido.

¿Es necesario el padrón histórico?

No. Las organizaciones insisten en que no es necesario solicitar un padrón histórico ni certificados adicionales si ya se dispone de otros documentos que acrediten la estancia.

¿Quién puede emitir el informe de vulnerabilidad?

Además de la administración, distintas entidades sociales están habilitadas para gestionarlo. Entre ellas:

Estas organizaciones trabajan en red para agilizar el proceso y permitir que las personas puedan realizar el trámite completo en un solo paso.

¿Dónde se puede tramitar?

Está previsto que se habiliten oficinas en los barrios y puntos de atención de entidades sociales donde, además de emitir el certificado, se pueda presentar directamente la solicitud.

Además, las oficinas centrales o en todos los centros sociales, juntas de distrito y Casa de las Culturas.

¿Cuál es el mensaje de las organizaciones?

Lanzan un mensaje de calma: hay margen para realizar los trámites durante mayo y junio, y el proceso no es complejo. Insisten en que el objetivo de esta regularización es garantizar derechos y devolver la dignidad a personas que ya forman parte de la ciudad.

El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en Zaragoza ha desatado una fuerte contestación social. Organizaciones antirracistas, representantes sindicales y el movimiento vecinal coinciden en denunciar un bloqueo administrativo deliberado por parte del Ayuntamiento que está dificultando el acceso a derechos básicos y generando situaciones que califican de “inhumanas”.

El pronunciamiento conjunto del tejido asociativo y comunitario de la ciudad acusa directamente al consistorio de aplicar una estrategia de “obstaculización consciente” que vulnera derechos fundamentales. Según el documento, se está construyendo “un escenario de colapso” mediante la centralización de trámites y la limitación de recursos, lo que deriva en largas colas y saturación en la atención.

El comunicado del tejido asociativo va más allá y califica la situación como “racismo institucional”. Denuncia que se están bloqueando canales de acceso a documentación, infrautilizando recursos públicos y generando un trato desigual hacia las personas migrantes.

Para las organizaciones firmantes, la regularización “es una cuestión de justicia social que reconoce una realidad existente”, la de miles de personas que ya forman parte de la ciudad. Por ello, reclaman la descentralización inmediata de los trámites, el refuerzo de medios y una información clara y accesible.

Mientras tanto, las filas continúan y la presión social aumenta. Colectivos, profesionales y vecinos coinciden en una misma exigencia, que se permita a la administración funcionar con todos sus recursos para garantizar derechos, en lugar de restringirlos.

La plantilla municipal reclama poder trabajar

La crítica no procede únicamente de los colectivos sociales. Carmen Calvo, representante sindical en el Ayuntamiento, asegura que existe una red amplia de servicios sociales y juntas de distrito que no se está aprovechando.

Aunque desde esta semana se ha reactivado el funcionamiento de registros en los barrios, la decisión anunciada este miércoles por la consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, de centralizar los certificados de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas a partir del lunes, 27, tampoco ha sido bien recibida ya que, según Carmen Calvo, esta medida “resulta claramente insuficiente”, al haber solo cuatro trabajadoras sociales encargadas de atender toda la demanda de la ciudad.

Frente a ello, más de 50 profesionales de servicios sociales —de un total de alrededor de 100— han firmado un escrito para exigir que se les permita emitir estos informes. Argumentan que ya conocen a la población y podrían agilizar el proceso sin necesidad de duplicar valoraciones.

“El problema no es la falta de personal, sino que no se les deja trabajar”, resume Calvo, quien advierte de que la centralización está provocando un cuello de botella que puede alargar las colas hasta el final del plazo, fijado el 30 de junio.

Filas, esperas y dificultades de acceso

Desde la Plataforma RegularizaciónYa Zaragoza, Bertha Sánchez sostiene que la situación no responde a un problema técnico, sino a una decisión política deliberada. A su juicio, el Ayuntamiento estaría intentando proyectar una imagen de “proceso masivo” vinculada a discursos de la ultraderecha, cuando en realidad se trata de personas que ya viven y trabajan en la ciudad.

Las consecuencias, señala, son visibles a diario: largas filas durante horas, dificultades para acceder a documentación esencial y un colapso que podría evitarse utilizando todos los recursos municipales disponibles. “Se está impidiendo que las personas puedan iniciar trámites que son clave para acceder a derechos básicos”, denuncia.

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza, su presidente Arturo Sancho ha expresado el apoyo del movimiento vecinal a las personas afectadas. Subraya que la situación era previsible desde hace meses y que este es el séptimo proceso de regularización en democracia sin precedentes similares. “No es una situación sobrevenida”, afirma. “Se sabía que iba a ocurrir y no se han puesto los medios necesarios”.

Sancho también destaca que el problema no se está reproduciendo en otras ciudades, lo que refuerza la idea de que se trata de una gestión local. En este contexto, pide que, si persisten las trabas, el Gobierno central amplíe el plazo de regularización para evitar que personas con derecho queden fuera del proceso.

Otro de los problemas detectados es la desinformación. Las organizaciones están realizando charlas para aclarar que no todas las personas necesitan el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que más está colapsando el sistema.

Nueva orden: tramitación en la Casa de las Culturas con cita previa

La consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha anunciado que la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde y ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales, que se han recopilado la información de los registros de entrada para sistematizar las citas y desde el lunes se elaborarán informes de vulnerabilidad “con garantías”. Este operativo contará con refuerzo de los servicios sociales municipales, pero Orós ha dejado claro que “el Ayuntamiento no va bloquear, ni a cargase los servicios sociales”.

“No puedo permitir --ha argumentado-- que dada la mejora en el cumplimiento de la ordenanza en los tiempos de cita se vayan por el sumidero y las ayudas de urgencia o cualquier servicio tenga que esperar semanas y semanas por este proceso caótico y chapucero y no se si con mala fe o falta de diligencia que ha originado en todas las ciudades de España, porque todos los ayuntamientos están en la misma situación y han denunciado lo mismo”.

También, la Policía Nacional, ha asegurado Orós, ha alertado del contenido del real decreto de regularización extraordinaria de personas inmigrantes porque ha generado “muchas situaciones en las que hay mafias que cobran entre 300 y 600 euros para dar una cita, la sección de Extranjería está en huelga indefinida y Correos, que es del mismo equipo que el Gobierno de España, dice que no tiene información y hasta CCOO ha dicho que es imposible hacerlo porque no hay información”.

A su parecer, el objetivo del real decreto “no es la regularización para que los que ya están aquí puedan trabajar” y además, ha avisado de que “hay un efecto llamada y algunos vienen desde Inglaterra, Francia, e Italia”.

Orós ha considerado que la finalidad de este real decreto es “reventar la convivencia, colapsar los servicios sociales y generar caos y frustración” para estimar que el Gobierno de España “se tendría que haber sentado con las comunidades autónomas”, además de incluir una memoria económica de la que carece el real decreto.

La guerra abierta entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (PP) y el Gobierno de España, representado por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, deja a cientos de inmigrantes haciendo las colas al sol alrededor de las oficinas centrales en la Plaza del Pilar.

La situación apenas ha variado desde finales de la semana pasada, cuando comenzaron los preparativos del proceso de regularización que ha arrancado este lunes. Según denuncian trabajadores municipales, tampoco se han adoptado medidas para mejorar la atención. Al contrario, alrededor de un centenar de empleados de juntas de distrito y de los 15 centros sociales han recibido instrucciones de derivar a los migrantes exclusivamente a dos ventanillas del registro central.

La consejera de Servicios Sociales, Marian Orós, justifica esta decisión: “No vamos a paralizar los servicios sociales ni los registros” mientras no exista una instrucción clara del Gobierno central para elaborar los informes de vulnerabilidad. También reclama que se atienda la petición municipal de coordinarse mediante una reunión, como ocurre en otros ámbitos a través de la Mesa de Seguridad.

Sin embargo, trabajadores municipales cuestionan esta estrategia. Recuerdan que en anteriores procesos de regularización se produjeron aumentos significativos de carga de trabajo, e incluso colapsos, pero también que los distintos ayuntamientos —independientemente de su signo político— implantaron iniciativas para agilizar los trámites. Esta vez es distinto: “En este caso las medidas adoptadas hasta ahora por este Gobierno Municipal no contribuyen a aligerar el colapso, sino a incrementarlo”, indica textualmente una empleada del Registro General.

Una mala comunicación

Esta funcionaria explica que los inmigrantes en situación irregular necesitan, en la mayoría de los casos, un certificado histórico de empadronamiento y un informe de vulnerabilidad. Ambos documentos deben solicitarse mediante registro administrativo. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, estas solicitudes pueden presentarse en cualquier registro de la Administración, ya sea electrónico o presencial, y se distribuyen posteriormente a través del Sistema Interconectado de Registros.

No obstante, esta posibilidad no se está comunicando adecuadamente. Tampoco se está derivando a los solicitantes a otros puntos que podrían aliviar la carga, como el Registro del Seminario —donde apenas llegan solicitudes— o las juntas municipales y vecinales, que también funcionan como registros auxiliares. En estos últimos casos, además, se ha ordenado expresamente no tramitar solicitudes relacionadas con la regularización y redirigir a los ciudadanos a la Plaza del Pilar.

A esta limitación se suma que, de las cuatro ventanillas disponibles en el registro central, solo dos están habilitadas para este procedimiento.

Ante este escenario, UGT solicitará un plan de empleo y la aplicación de una acumulación de tareas, como en ocasiones anteriores, para evitar la sobrecarga de las plantillas. Según Antonio Rodríguez, responsable sindical en el Ayuntamiento, esta medida podría resolver la situación en un plazo de diez días.

Giros de guion

Al grito de '¡basta ya!', la alcaldesa Natalia Chueca y la consejera Orós han criticado la falta de coordinación con el Gobierno central. Recuerdan que el pasado 28 de febrero solicitaron información mediante una carta al delegado del Gobierno en Aragón, cuya respuesta —según Orós— fue “que no era competencia de este Ayuntamiento y por tanto, no le incumbía”.

Posteriormente, se publicó el Real Decreto junto a un anexo para la elaboración de informes de vulnerabilidad que, según la consejera, carece de criterios objetivos, “pretendiendo que hagamos informes de vulnerabilidad como churros”. A ello se sumó un nuevo cambio el pasado viernes, cuando el secretario de Estado comunicó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ya no era obligatorio utilizar el modelo oficial.

“Antes de desinformar y generar caos hay que sentarse a hablar y darnos las pautas a seguir. No podemos bloquear la gestión municipal de los servicios sociales ni los registros”. En palabras de Natalia Chueca, “se atiende en dos filas, una para lo que tiene que ver con el decreto de regularización extraordinaria y otra para el resto de ciudadanos que no se vean penalizados por el caos del gobierno de España. Vienen a pedir información y no queremos que el resto de ciudadanos que vienen a hacer un trámite están esperando cinco horas colapsados”.

Respecto a un posible refuerzo de los servicios municipales, Orós señala que “si hay que reforzar, se hará, pero nos digan cómo se va a financiar porque no podemos ser cooperadores necesarios de un desastre”.

Desde el Ayuntamiento también critican que el Gobierno central haya contratado a 250 trabajadores a través de Tragsa, mientras en el consistorio se trabaja para reducir los tiempos de espera para citas a un máximo de 15 días.

Frente a las propuestas de los funcionarios para ampliar la atención a otras oficinas y reforzar plantillas mediante acumulación de tareas, la consejera insiste en que, por ahora, “solo están recogiendo peticiones de cita en el registro y a partir de ahí, ya veremos cómo se hace”.

Por su parte, Zec ha calificado de “cruel” estas decisiones y ha pedido por carta que se adopten medidas inmediatas “para garantizar que ningún vecino tenga que soportar largas esperas a la intemperie permitiendo acceso al hall hasta el aforo permitido, garantizando que las filas de espera se hagan a la sombra o habilitando un algún medio de cita previa para evitar la espera en filas”.

Vox recurre al Supremo

En este contexto, Vox ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender de forma inmediata la aplicación del Real Decreto de regularización.

El líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, sostiene que las consecuencias serán “el colapso de la sanidad, la bajada de los salarios que, según un estudio del BBV van a bajar un 0,6%, y el acceso a una vivienda, además de la inseguridad que esto genera en las calles y en nuestros barrios”.

Nolasco considera que la medida “es una malísima noticia y es un agravio comparativo para todos aquellos inmigrantes que han venido de una manera legal y con toda la documentación que se les ha pedido, que no es poca”. Además, la califica como un asunto de seguridad nacional porque “no sabemos quiénes son muchas de las personas que están entrando y los datos que ofrecen no hay manera de comprobarlos; no sabemos sus antecedentes penales, y a veces, ni la fecha exacta de nacimiento ni cuántos años tienen”.

La Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda ha anunciado al Decanato de Registradores de Aragón que no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de las 25 oficinas liquidadoras en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, lo que justifica con una “reestructuración organizativa y operativa”. Así, dejarán de prestar este servicio el 30 de junio.

La medida afecta a buena parte de las comarcas aragonesas, especialmente a zonas despobladas de la comunidad autónoma. Los municipios que se verán afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras en la provincia de Zaragoza se encuentran Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona. En la provincia de Huesca están Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sabiñánigo, Sariñena y Tamarite de Litera. Por su parte, en la provincia de Teruel se localizan Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Híjar y Mora de Rubielos.

Esta decisión contrasta con otras comunidades donde, lejos de desaparecer, el modelo de oficinas liquidadoras se mantiene e incluso se ha reforzado en comunidades como Madrid y Andalucía.

El PSOE de Aragón ha manifestado su firme rechazo al cierre de las oficinas de estos órganos en distintos municipios de Aragón, una decisión que, a juicio de los socialistas, supone un grave retroceso en la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha expresado su “profundo malestar” ante una medida impulsada por el Gobierno de Aragón que, según ha señalado, “priva a miles de ciudadanos y ciudadanas de un servicio fundamental, especialmente en aquellos municipios donde la cercanía de la Administración resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades”.

El cierre de la oficina liquidadora de Ejea no supone únicamente la desaparición de un servicio administrativo, sino la desarticulación de un punto clave para la gestión tributaria en el medio rural. Según la alcaldesa, esta oficina da cobertura a 40 municipios y tramita anualmente liquidaciones por valor de unos 11 millones de euros, vinculadas en su mayoría a compraventas, herencias y otros actos jurídicos habituales. Su supresión obligará, a partir de julio, a los contribuyentes a desplazarse hasta Zaragoza capital o a recurrir a gestorías privadas para realizar trámites que hasta ahora podían resolver de forma directa. En la práctica, la medida implica trasladar al ciudadano —especialmente en zonas con población envejecida y menor acceso a servicios digitales— costes adicionales de tiempo y dinero, además de dificultar el normal desarrollo de operaciones económicas cotidianas.

“Un instrumento eficaz y cercano” que desaparece

Por ello, Ladrero ha exigido una reflexión y una rectificación porque “no se puede hablar de lucha contra la despoblación mientras se eliminan servicios públicos en el territorio”, y ha subrayado que las oficinas de registro liquidadoras “han demostrado ser un instrumento eficaz, cercano y accesible, especialmente para las personas mayores o con dificultades para relacionarse con la administración digital”.

En este sentido, ha defendido el papel de estas oficinas no solo como puntos de gestión tributaria, sino también como herramientas para reforzar la cohesión territorial, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y generar empleo cualificado en el medio rural. Además, son oficinas con personal cualificado que pueden ver en peligro sus 47 puestos de trabajo en todo Aragón si todo se centraliza en la capital.

Asimismo, Ladrero ha incidido en que “los impuestos forman parte del contrato social que sostiene nuestro Estado del bienestar, y su gestión debe ser justa, eficiente y cercana a la ciudadanía”. Por ello, ha advertido de que su eliminación “debilita la confianza en las instituciones y agrava las desigualdades entre el medio urbano y el rural”.

Ladrero tambén ha cuestionado por qué se cierra un modelo que funciona bien en Aragón y que también se mantiene en Andalucía, Madrid o Valencia, comunidades del mismo signo político de Azcón.

Los socialistas zaragozanos presentarán una moción en la Diputación Provincial de Zaragoza para defender el mantenimiento de las oficinas de registro liquidadoras en la provincia. La iniciativa propone que la institución provincial manifieste su apoyo al actual modelo descentralizado de gestión de los tributos cedidos y que inste al Gobierno de Aragón a mantener abiertas y plenamente operativas las oficinas existentes en municipios como Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona.

Asimismo, la moción reclama que cualquier modificación del modelo se realice desde el diálogo institucional, contando con la participación de las entidades locales y evaluando el impacto social, económico y territorial de las decisiones adoptadas.

“Hechos consumados”

En la provincia de Huesca, la alcaldesa de Fonz, María Clusa, critica la “política de hechos consumados” del Gobierno de Aragón, “un golpe en la línea de flotación de los servicios públicos en el territorio y cree que se abre más la puerta a que la gente se vaya de los pueblos. ”Que nos pongan un autobús y un cortacésped para cortar la hierba de la carretera“, dice con enfado tras conocer, de mano del registrador de zona, el inminente cierre de la oficina de Barbastro, distrito hipotecario al que pertenece Fonz, junto con otros 27 municipios más.

Clusa pone el acento en la profesionalidad de los trabajadores de las oficinas que, en su caso, llevan casi 20 años trabajando, prestando un gran servicio para que el realizan cursos para actualizarse. Expone que hay pactos sucesorios y casos “que requieren más formación y experiencia que tener un certificado digital”. La alcaldesa subraya que en el medio rural vive sobre todo gente mayor a los que hay que atender y no derivarles a un buzón electrónico, obligarles a bajar a la capital a realizar estas gestiones o contratar un gestor con su dinero, “una privatización encubierta del servicio”.

En cualquier caso, Clusa recuerda que los impuestos caducan a los cuatro años y deben recaudarse las liquidaciones, de modo que si el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta medida, cree que debería hacerla de un modo ordenado porque han avisado con seis meses.

En Teruel, la diputada socialista en las Cortes de Aragón, María Ariño, ha lamentado que esta decisión “vuelve a dar la espalda al medio rural”, de forma que “eliminan un servicio de cercanía y proximidad, obligando a los vecinos a desplazarse a las capitales provinciales y afectando tanto al empleo local como a la cohesión territorial”. El PSOE va a “exigir” la renovación del convenio para que las oficinas liquidadoras sigan abiertas en los pueblos a través de una propuesta en las Cortes de Aragón y en las entidades locales.

“Tenemos a Azcón y el PP hablando mucho sobre la despoblación, pero hecho reales ninguno. Al contrario, los que hacen es políticas contrarias a lo que necesitamos en el medio rural”, ha concluido la diputada socialista en relación a esta nueva centralización que, de acuerdo con los propios registradores de la propiedad, no solo aleja el servicio del medio rural “sino que no atiende a criterios ni de proporcionalidad ni de calidad”.

De hecho, los socialistas han destacado la satisfacción local por el trabajo que realizan los registradores de propiedad o los informes muy positivos del Ministerio de Hacienda sobre el servicio. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha lamentado que el Gobierno de Jorge Azcón “haga un cambio de modelo tributario” y no haya informado a los municipios afectados.

“La información nos ha llegado a través del Colegio de Registradores”, ha destacado Rando rechazando este cambio “totalmente centralizador del PP que elimina servicios del medio rural” y que, ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores que sufren la brecha digital y no pueden hacer los trámites a través de Internet. Así, ha anunciado que el Ayuntamiento de Calamocha enviará un escrito reclamando al Gobierno de Aragón que no cierre estas oficinas.

Calamocha es uno de los municipios turolenses que se verían afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras, que también existen en Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calatayud, Caspe, Castellote, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Híjar, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona.

“Ahorro para los contribuyentes”

Fuentes del Gobierno de Aragón han replicado que el proceso ya estaba previsto por el anterior Ejecutivo , incluso por los gobiernos anteriores, y que la decisión implicaba que el Gobierno de Aragón asumiera el trabajo que hacen las oficinas.

 Según las mismas fuentes, para amortiguar la decisión se acordó con los registradores dar un plazo de dos años que acababa en diciembre de 2025. Llegada esa fecha, “y como siempre se ha mantenido un canal de comunicación abierto con ellos, se acordó conceder una prórroga por lo que el plazo se amplió al próximo 30 de junio”, momento el que el Gobierno de Aragón asumirá el trabajo, “con un significativo ahorro para el contribuyente”.

Añaden que “esto no significa que los ciudadanos no vayan a estar atendidos. Va a seguir habiendo espacios físicos a los que se pueda acudir, a pesar de que un alto porcentaje de las liquidaciones que se realizan hoy en día se hacen de manera telemática”. Concluyen que “el servicio presencial no solo va a seguir existiendo, con idéntico horario, en distintas oficinas de las comarcas aragonesas atendidas por funcionarios públicos, sino que va a suponer un importante ahorro para los aragoneses”.

Sin embargo, cargos del anterior Ejecutivo han negado con rotundidad que estuviera en la agenda suprimir las oficinas liquidadoras y creen que será muy difícil asumir el servicio desde la dirección general de Tributos con su actual plantilla. Además, descartan que el servicio pueda prestarse desde las oficinas de las comarcas, donde el personal no tiene esas competencias ni tampoco formación. Igualmemente, descartan el argumento de que la mayoría de los trámites se realicen telemáticamente, ya que la mayoría de la población del medio rural es de edad avanzada y el papel de estas oficinas se fumdamenta en la atención personalizada.

Por otro lado, según ha podido saber este diario, los registradores de la propiedad llevan esperando dos años y medio una reunión con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, e incluso han sufrido más de un plantón.

Un modelo con peso en la gestión tributaria

Según un estudio del Decanato de Registradores de Aragón, las oficinas liquidadoras tramitan más de la mitad de los expedientes de los principales tributos cedidos: en torno al 55% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y cerca del 58,5% en Transmisiones Patrimoniales. En términos de recaudación, gestionan aproximadamente un tercio del total asociado a estos impuestos.

El volumen de actividad es elevado y cada año se resuelven más de 14.000 expedientes de sucesiones y más de 40.000 de transmisiones patrimoniales, con niveles reducidos de acumulación de expedientes pendientes.

Uno de los elementos más destacados del informe es la eficiencia en los plazos. Los tiempos medios de tramitación en estas oficinas se sitúan en torno a dos meses, frente a demoras que pueden superar los 20 e incluso los 40 meses en otros ámbitos de la administración tributaria. Esta diferencia apunta a una capacidad de gestión ágil en procedimientos complejos.

El estudio también subraya su papel en el control fiscal. La actividad de comprobación desarrollada por estas oficinas permitió generar liquidaciones complementarias por valor de 6,8 millones de euros, además de detectar un mayor porcentaje de incidencias que la gestión directa de la administración, lo que refuerza su función como mecanismo de lucha contra el fraude o las infravaloraciones.

En el plano de la atención al contribuyente, durante 2023 se realizaron más de 6.000 asistencias presenciales, lo que se tradujo en un ahorro estimado superior a 1,2 millones de euros en costes de gestoría, sin contar los desplazamientos evitados.

Este modelo tiene además una fuerte implantación territorial donde las oficinas liquidadoras representan casi el 89% de los puntos de atención tributaria en Aragón, lo que permite acercar la administración a zonas con dispersión poblacional y dificultades de acceso.

El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha restringido todo lo relacionado con las instancias y peticiones dentro del proceso de regularización de inmigrantes, que acaba de ponerse en marcha, a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Una instrucción dirigida a las juntas de distrito indica que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado histórico y demás documentación a la fila única del Ayuntamiento, obligando a miles de personas a soportar largas colas desde las 5 de la mañana. Sin embargo, el interior de las oficinas centrales aparece completamente despejado, ya que solo pueden acceder a goteo mientras en el exterior esperan horas de pie.

Susana y José Ángel, ambos nicaragüenses, aseguran en la fila —a la que se sumaron a las 8 de la mañana— que vienen aquí “porque no nos atienden en los teléfonos y nos emplazan a la próxima semana para ser atendidos”. Igualmente, los funcionarios les dicen que no han recibido formación, como tampoco organizaciones como Cáritas. Además, lamentan que, pese a esperar la cola, puede que finalmente no puedan acceder tras haber perdido una jornada laboral. Susana llegó a Zaragoza hace dos años, primero con un trabajo dedicado a los cuidados. Tras perder ese empleo, se dedica a trabajos de limpieza por horas y sin contrato laboral. “Sin documentación no podemos trabajar legalmente y eso es lo que queremos. Ninguno recibimos ayuda y estamos perdiendo dinero al tener que venir a estas colas”.

Ana y Silvio, también nicaragüenses, explican que ya cuentan con todos los trámites porque se pusieron a solicitarlos en cuanto oyeron que se iba a poner en marcha el proceso de regularización, de modo que agilizaron todo aquello que les permite probar que residen aquí desde que aterrizaron en Barajas hace un año. Guardan los “boletos” del avión, el pasaporte sellado, el carné de la biblioteca, las cantidades de dinero enviadas a sus familiares, el historial médico del Salud y, además, solicitaron todos los datos necesarios a su país. Aunque residen en la casa de la madre de Silvio, que tiene nacionalidad española desde hace 20 años, en la cola presentan el certificado de vulnerabilidad, indispensable para obtener papeles y, como la mayoría, enfocado al empleo. De cómo seguir el procedimiento se informan a través de tik tok.

Un grupo de venezolanos también hacía otra cola para el padrón, mucho más corta que la del informe de vulnerabilidad. En su caso, tienen que actualizar la tarjeta roja, una autorización de residencia por razones humanitarias.

Críticas políticas

Desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado “preocupados” por la “falta de planificación y previsión ante un proceso que todo mundo sabía que iba a producirse” y que está generando “largas finlas” a las puertas del Consistorio. También destacan el “papel que van a jugar en el mismo los servicios sociales municipales en la emisión de los certificados de vulnerabilidad”. El concejal Suso Domínguez ha explicado que “la larga fila en el Ayuntamiento de esta mañana es, sobre todo, para la solicitud de este informe, no para la solicitud del padrón, y además el Gobierno está permitiendo la entrada al hall del Ayuntamiento, que está más vacío que cualquier día, con sillas vacías, y tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos”.

Estos certificados son necesarios en el proceso de regularización extraordinaria en aquellas situaciones en las que no se puede acreditar ninguna de las otras vías principales de acceso. En concreto, deben presentarse si no se puede demostrar haber trabajado en España, si no se convive en una unidad familiar con hijos menores a cargo o cuando la persona se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza.

El edil de ZeC ha denunciado que, a fecha de hoy, no se permite a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) la emisión de estos certificados y que únicamente se vayan a emitir desde la Casa de las Culturas, donde ayer se atendieron a 400 personas. “Esto va a suponer una fuerte sobrecarga a este recurso y, en la práctica, que miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización”, ha manifestado.

Para Suso Domínguez no tiene “ninguna lógica” que los profesionales de los centros municipales de servicios sociales (CMSS) no puedan emitir estos certificados de vulnerabilidad. “Estamos hablando de una red de 15 centros, con casi 100 trabajadores sociales que llevan mucho tiempo trabajando con estas personas, que están habilitados legalmente para poder emitir estos certificados de vulnerabilidad y a los que se les está impidiendo hacer su trabajo”, ha manifestado el concejal, quien ha añadido que esto “solo es entendible si existe una voluntad por parte del Gobierno de Natalia Chueca de dificultar el acceso a la regularización”.

“Si existe un problema de coordinación y competencias, como tantas veces ha expuesto la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, es el momento de dejar de reprochar al otro y sentarse a trabajar de manera seria y responsable”, ha manifestado Suso Domínguez. “La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares”, ha recalcado.

Del mismo modo, ha expuesto que el actual proceso de regularización “es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos, ya que va a permitir a miles de vecinos y vecinas, que llevan años viviendo y trabajando con nosotros, disfrutar de los mismos derechos y obligaciones”. A su juicio, utilizar este procedimiento para hablar de “caos migratorio” o “efecto llamada puede quedar muy bien en un titular, pero no es cierto”: “Es necesario que, de una vez por todas, la Señora Orós abandone su deriva xenófoba y deje de utilizar la situación de las personas sin hogar y de las personas migrantes para confrontar con el Gobierno central”, ha concluido.

El concejal socialista Paco Galán también ha criticado la decisión del PP: “Chueca como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda”, ha señalado.

El edil socialista ha lamentado que “Chueca haya dado orden de que todas las peticiones tienen que realizarse en la Plaza del Pilar, incumpliendo el principio de cercanía y de barrio de las Juntas de Distrito. Lo que está colapsada es la capacidad de pensar en cómo resolver sus problemas de gestión”. “Dignificar a personas que viven con nosotros debería ser el reto y no vivirlo como un impedimento”, ha concluido.

“Falta de planificación”

También desde CCOO se subraya que el colapso “no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada”: “No se trata de un fallo aislado, sino de un patrón de gestión que se repite en el tiempo porque también en anteriores ocasiones, las juntas municipales y la Casa Consistorial ya han sufrido colapsos ante picos de demanda, como en campañas derivadas de notificaciones masivas por renovación padronal”, ha asegurado Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, durante este mandato algunas juntas han llegado incluso a cerrar por falta de personal.

A juicio del sindicato, el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, “un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias”, por lo que insisten en que esta situación era “evitable” y responde a una “falta de previsión que no puede justificarse”. Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno municipal que “asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales. Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha explicado que el proceso de regularización acaba de comenzar y que ya se ha habilitado toda la información en la web del Ministerio, incluyendo un simulador orientativo. Ha destacado que el sistema permite hacer trámites online sin cita previa, con apoyo de representantes si es necesario, y también de forma presencial en oficinas de Correos y Seguridad Social con personal especializado.

Ha reconocido que es normal que surjan dudas en esta fase inicial y que haya un aumento de consultas, pero considera que la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza “tiene más que ver con un marco ideológico que con un marco real. En otro tipo de procesos extraordinarios se han formado colas en las administraciones y nunca se les ha dado el tratamiento que se le está dando en este momento al Ayuntamiento de Zaragoza”.

Beltrán ha asegurado que el Ayuntamiento ya conocía con antelación el proceso y el posible aumento de solicitudes, por lo que ha rechazado que haya habido sorpresa. También ha negado estar obligado a dar ciertos datos solicitados por el consistorio y ha criticado que se pidan recursos económicos fuera de los canales adecuados. “No olvidemos que la gente que está yendo al Ayuntamiento son ciudadanos de Zaragoza que tienen todo el derecho del mundo a acudir a su Ayuntamiento a solicitar información o a solicitar que le hagan un documento”, ha defendido.

Por último, ha pedido paciencia durante los primeros días, confía en que la situación se estabilice con la actuación de las entidades colaboradoras y ha recalcado que no todos los trámites dependen del Ayuntamiento, ya que existen múltiples vías para acreditar la situación de los solicitantes.

La alcaldesa: “El Gobierno no está haciendo bien su trabajo”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha echado balones fuera y ha asegurado que “lo que está haciendo el Gobierno es una transferencia encubierta de competencias y de labores a los ayuntamientos sin que venga acompañado ni de información, porque no hemos recibido ninguna información previa para ver cómo se podía gestionar ni que se podía necesitar de las entidades locales, como tampoco hemos recibido recursos económicos. Nos vimos desbordados de cientos y cientos de personas, inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto que desde el Ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de España”.

Para la alcaldesa, “estamos viendo que sean ellos —las personas vulnerables— los paganos de esta mala gestión y un efecto llamada que es difícil de atender con los servicios públicos que tenemos. El Gobierno de España no está haciendo bien su trabajo, nos ha demostrado que no escapa de gestionar, ya colapsó los trenes de alta velocidad, hemos tenido un apagón y ahora vemos como colapsa otras administraciones y los servicios sociales”.

A su juicio, esta regulación “no atiende a una necesidad” laboral o de la sociedad española, “no nace de la voluntad popular ni salió aprobada en el Congreso de los Diputados, nace de la necesidad política de Pedro Sánchez de ocultar los casos de corrupción y de mantenerse en el gobierno”. Chueca ha comparado la regulación realizada por el gobierno de Aznar, vinculada al empleo, “mientras que Pedro Sánchez está haciendo regularización de inmigración vinculada única y exclusivamente a la vulnerabilidad y a sus necesidades políticas, en contra del Consejo de Estado, de la Unión Europea y del Congreso de los diputados. Estamos completamente desbordados, sin saber cómo actuar, no se nos ha dado información para poder entender y conocer los criterios para esos informes de vulnerabilidad que nos están solicitando desde ayer”.

Asegura que desde la Delegación de Gobierno no han contactado con el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que la consejera de Servicios Sociales envió una carta pidiendo información. “Las últimas palabras del delegado es que no necesitábamos información porque no íbamos a gestionar nada, y la realidad es que donde tenemos las filas de cientos y cientos de personas es en los ayuntamientos, que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas. Esta regulación a granel que está haciendo no está pensada a dignificar la vida de las personas, está hecha para tapar sus casos de corrupción y en contra de todos los órganos que han podido opinar, generando molestias, unas expectativas y un efecto llamada para que todas estas personas ilegales de Europa vengan a España a colapsar los ayuntamientos y los servicios sociales de nuestro país, que nos digan cómo quieren gestionarlo”.

Según fuentes municipales, el Registro Municipal recibió este pasado jueves 654 solicitudes relacionadas con certificados de empadronamiento y solicitudes de informes de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización de personas inmigrantes, mientras que el 010 recibió más de 300 llamadas por este motivo.

Los sindicatos médicos CESM y Fasamet retomarán la huelga del lunes 20 al viernes 24 de abril “para que el Gobierno de Aragón escuche alto y claro que no vamos a ceder”, según han señalado. Se trata de la cuarta convocatoria en Aragón y la sexta a nivel nacional, en un contexto en el que cada semana de paro deja más de 1.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas, además de otras no programadas —“porque Sanidad ya sabe que se van a suspender con la huelga”— y alrededor de 15.000 consultas afectadas.

“Pretenden que nos cansemos, pero cada día estamos más convencidos”, afirma Javier Martínez, jefe del servicio de Anestesiología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. No obstante, también se han comprometido a canalizar la situación cuando lleguen a un acuerdo “porque estamos deseando trabajar bien y en condiciones de asegurar la calidad asistencial. Y nos saltaremos el horario si es necesario”, ha asegurado.

Entre sus principales reivindicaciones figura la equiparación de las condiciones laborales con las de otras comunidades autónomas, así como el cumplimiento de los acuerdos sobre atención primaria firmados en 2023 con el anterior Ejecutivo y en 2025 con el actual Gobierno en funciones, que contemplan que las citas médicas no superen los tres días de espera.

Tras las críticas del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien ha advertido de que una nueva huelga supondría “una catástrofe” para el sistema, el presidente de Fasamet, Leandro Catalán, ha anunciado la posible interposición de una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Considera que el Ejecutivo autonómico está vulnerando el derecho a la huelga al escudarse en su situación de interinidad para evitar negociar con el comité.

En la misma línea, la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, ha denunciado un “doble rasero” en la actuación del Gobierno en funciones: “Vemos cómo se concierta el bachillerato o se firman contratos-programa, pero no se abordan otras cuestiones. Ellos sabrán qué les permite hacer unas cosas y no otras”.

Ortín también ha comparado la actitud negociadora del Ejecutivo autonómico con la del Ministerio de Sanidad, que considera “más receptiva pese a maniobras previas poco adecuadas”, y ha criticado los intentos de dividir a médicos y enfermeras: “Es el colmo tratar de poner en un compromiso a las enfermeras. Nosotros nunca nos hemos enfrentado a otras categorías profesionales”. Asimismo, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Jorge Azcón para que sitúe este conflicto entre sus prioridades.

Los sindicatos insisten en que la huelga responde a la falta de avances en sus demandas, entre ellas la mejora de las condiciones laborales y el fin de la precariedad que, aseguran, empuja a muchos profesionales a abandonar Aragón.

Beatriz Forniés, anestesista del Hospital Miguel Servet, ha detallado algunas de las situaciones que denuncian: jornadas que se prolongan hasta 17 horas, encadenamiento de guardias —con hasta tres turnos de 24 horas en una semana—, ausencia de pluses de turnicidad y la falta de reconocimiento de la jubilación anticipada, pese a realizar hasta 1.000 horas más al año que otros trabajadores. En este contexto, también ha arremetido contra el resto de organizaciones sindicales “que no nos representan porque para ellos no somos trabajadores”.

Forniés ha pedido comprensión y paciencia a los pacientes y ha garantizado que se atenderán todas las situaciones urgentes durante la huelga. A sus compañeros les ha trasladado un mensaje de firmeza: “Nunca dimos la importancia que merece nuestra profesión, pero eso ha terminado. Comienza una nueva etapa”.

Movilizaciones

Además de los paros, los sindicatos han convocado una concentración el lunes 20 de abril a las 12.00 horas frente a la sede del Servicio Aragonés de Salud, en la plaza de la Convivencia de Zaragoza.

Asimismo, en el ámbito estatal, los médicos volverán a movilizarse del 27 al 30 de abril en la que será la sexta huelga nacional y quinta en Aragón, para reclamar un Estatuto Marco propio que ponga fin a prácticas como las guardias obligatorias y mal remuneradas. El 29 de abril hay prevista una manifestación a las 18.00 horas, que partirá del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y concluirá en la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar.

El nombre de Diego Miranda ha vuelto a sacudir la actualidad aragonesa, trazando un polémico hilo invisible entre el palacio de la Aljafería y la basílica del Pilar. Quien fuera el fallido jefe de Protocolo de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández (Vox) —un nombramiento fulminado en 2023 tras descubrirse su radical historial en redes sociales— ha reaparecido ahora como “escolta” y confidente de Víctor de Aldama, empresario y figura central en la investigación del caso Koldo, a quien además ha expresado su apoyo “en su cruzada” contra el crimen organizado.

Su implicación en la visita privada y prohibida del empresario al templo zaragozano, difundida por él mismo en un post que ya investiga el Cabildo, revive los fantasmas de un gabinete marcado por el borrado de huellas digitales y el acceso privilegiado al poder.

La última polémica estalló este lunes, 13 de abril de 2026, cuando el diario 'Heraldo de Aragón' reveló que Víctor de Aldama logró acceder al templo pilarista en un horario en el que permanece estrictamente cerrado al público. Según las investigaciones en curso, el empresario y un acompañante —identificado como Diego Miranda— disfrutaron de una visita exclusiva que incluyó el acceso al coro, la sillería y una audición privada del órgano del Pilar.

El Cabildo Metropolitano ha mostrado su sorpresa por este comportamiento “anómalo” “porque ni éramos conocedores ni habíamos dado autorización”, ha explicado a este diario el portavoz y responsable de culto y pastoral del Cabildo, José Antonio Calvo. Por ello, ha explicado que “en este momento, estamos investigando internamente para depurar responsabilidades y plantear las medidas oportunas”.

La entrada se produjo presuntamente con la complicidad de un empleado y sin autorización de los responsables del templo. Lo que para muchos es una falta de respeto a las normas de la Basílica, para Miranda fue motivo de orgullo y fue él mismo quien, a través de sus redes sociales (bajo la cuenta @Diego50004Spain), difundió el vídeo de la visita que borró pero ha vuelto a subir con el mensaje: “... el video sin trampas”.

Sin embargo, hoy ha vuelto a publicar en su perfil de X, que “la prensa aragonesa y algún que otro medio vuelven a publicar que el empresario Víctor de Aldama accedió a la basílica de Ntra Sra del Pilar cuando el templo estaba cerrado, y lo hacen por malicia y estupidez”.

En un largo post, con varias faltas de ortografía, justifica con 6 argumentos la visita que en el templo donde: “1-Hay cámaras y CCTV; 2- Fuimos un grupo de cuatro adultos y dos niñas a las 19:10 a oír misa de 20h; 3- Se dio la posibilidad de escuchar el oficio desde la posición del órgano; 4- Terminada la misa de forma improvisada nos saludó el sacerdote; 5- Las niñas fueron al baño; 6- Al entrar al templo este estaba ”compartimentado“ y al finalizar la misa etc, siendo las 21h aprox. se nos invitó a pasar a ver a la Virgen Ntra. Sra. del Pilar, una grata sorpresa que lo fue más al encontrarla durmiendo y que se nos mostrase, nada de esto organizado, solicitado y todo casual y no, no por parte del organista”.

Y termina: “A las 21:18 estábamos ”picando algo“ en el Cuartelillo del Caimán. Por lo tanto, los medios que publiquen sin contrastar esta información y de manera mal intencionada que se atengan a las consecuencias legales”.

Un gabinete de confianza bajo sospecha

La reaparición de Diego Miranda junto a un personaje tan controvertido como Aldama no ha pasado desapercibida para quienes recuerdan su accidentado paso por las instituciones aragonesas. En noviembre de 2023, la entonces presidenta de las Cortes, Marta Fernández (Vox), intentó situarlo como máximo responsable del protocolo parlamentario.

Desde que Marta Fernández (Vox) asumiera la presidencia de las Cortes de Aragón en junio de ese año hasta la convocatoria adelantada de elecciones en 2025, su gabinete fue un constante foco de incendio político. El último —y quizás más sonoro—fue el fichaje frustrado de Diego Miranda. Lo que debía ser un nombramiento técnico para coordinar el protocolo de la cámara se convirtió en un escándalo nacional cuando salieron a la luz los mensajes que Miranda, en un intento desesperado, trató de ocultar eliminando sus perfiles digitales.

El pasado en la red social X (antes Twitter) de Diego Miranda, afín a la formación de extrema derecha, fue la causa que dinamitó cualquier posibilidad de consenso. A pesar de haber borrado sus cuentas semanas antes, la hemeroteca digital rescató mensajes de marcado carácter xenófobo, homófobo y machista.

Las redes sociales Miranda estaban plagadas de continuos ataques a los inmigrantes asociándolos con delincuencia, violaciones o llegando a compartir publicaciones que hablan de ellos con el calificativo de “chusma que no come carne”. Ataques que se repiten hacia el colectivo LGTBI al que denomina como “tarados que no van a hacer nada con sus vidas” o al feminista al que tacha de “gilis”.

Miranda también considera que la violencia de género “se ha convertido en el modus vivendi de jetas, sinvergüenzas y mucho cara dura” o muestra su rechazo hacia la condena judicial por la violación grupal de la mandada que cree que ha estado condicionada por la “presión feminista” porque se han producido “muchas otras manadas de otros perfiles y países de origen y se han ido de rositas”.

También sus redes sociales están plagadas de ataques e insultos al Partido Socialista, el presidente del Gobierno de España o cargos socialistas.

La presión de la oposición, liderada por un PSOE que calificó el perfil de “indigno” para una institución democrática, y la incomodidad de sus socios de Gobierno (PP), obligaron a Fernández a dar marcha atrás. Miranda, que había llegado a calificar a la propia presidenta como una “gran dama” en un tono de adulación personalista, vio cómo su nombramiento se evaporaba antes de que el Boletín Oficial de las Cortes pudiera ratificarlo.

Los equipos de la expresidenta de las Cortes

Este revés no fue un hecho aislado para la Presidencia de las Cortes. Se sumaba a la polémica contratación de David Aladrén, un guardia civil que pasó a formar parte del equipo de máxima confianza de Fernández. Aladrén, cuya presencia en las instituciones fue interpretada por la oposición como un intento de “militarizar” o “blindar” el entorno de Fernández, también se vio envuelto en el debate sobre la neutralidad de los asesores técnicos en una cámara que representa a todas las sensibilidades políticas de Aragón.

La sombra de la sospecha sobre los equipos de Fernández nació, paradójicamente, de su propia mano. Horas antes de recibir el bastón de mando de la Aljafería, la presidenta eliminó sus perfiles en Twitter e Instagram, donde durante años había vertido mensajes negacionistas del cambio climático y de las vacunas, además de ataques frontales a instituciones como el Papado o el Gobierno central.

Aquel “apagón digital” sentó el precedente de lo que fue una constante en su mandato, con borrado de historial, intentos sistemáticos de ocultar declaraciones radicales previas y rotación de personal. Una inestabilidad persistente en su equipo de asesores y casi total hermetismo, ya que siempre mantuvo una relación tensa con los medios de comunicación para evitar dar explicaciones sobre dicho pasado.

Zaragoza acoge los días 14, 15 y 16 de abril la tercera edición de The Wave, un encuentro centrado en la innovación tecnológica y la exploración del futuro empresarial.

En el ecosistema de congresos tecnológicos como The Wave, lo normal es encontrarse estos días con bandos estéticos marcados. Entre las tribus que habitarán estos días en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa desfilarán 'outfits' como el de los visionarios tecnológicos de aire minimalista y dispositivos de última generación, incluyendo a quienes mantienen viva la esencia underground con el icónico gorro de lana que ha hecho famoso al ex hacker Chema Alonso; la Generación Z con su estilo puramente funcional de mochilas técnicas y sudaderas, y los emprendedores de startups que dominan el business casual orientado al networking.

Todos ellos estarán representados en las jornadas del 14 y 15, enfocadas al ámbito empresarial, con la participación de compañías líderes en transformación digital y tecnológica, mientras que el día 16 se abrirá al público general.

El evento se distribuye en cinco espacios: Planet Zero, dedicado a los grandes retos estratégicos; Lunar Lab, concebido como laboratorio de ideas y aprendizaje práctico; Nebula Lounge, orientado al networking de alto nivel; Expo Horizon, una zona expositiva donde las empresas presentan soluciones aplicables; y un escenario exterior.

En un contexto en el que la región se ha consolidado como nodo estratégico de infraestructuras 'cloud', tras las inversiones de gigantes como AWS y Microsoft, el congreso servirá para abordar cuestiones como la soberanía del dato, la ciberseguridad industrial o la eficiencia energética de los centros de cómputo.

El evento funciona como un punto de convergencia entre empresas tecnológicas, instituciones y sectores industriales. Esta alineación proyecta una visión bastante homogénea de un momento en el que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en una infraestructura en pleno despliegue. A lo largo de estos días, participarán 250 ponentes, algunos de participación de compañías líderes como Amazon Web Services y Microsoft, que representan la infraestructura sobre la que se está construyendo la actual expansión de la inteligencia artificial. Junto a ellas, participan actores clave en la implementación empresarial como NTT Data, Inetum o Hiberus, además de grandes operadores de conectividad como Telefónica o MasOrange. A este núcleo se suman compañías de sectores tradicionales en transformación, como Repsol o Adidas, y plataformas digitales como Airbnb. Dentro de este ecosistema, resultan especialmente significativas las intervenciones vinculadas a perfiles como Chema Alonso, asociados a compañías como Cloudflare, que aportan la perspectiva de la infraestructura y la ciberseguridad.

En ese contexto, resulta pertinente recurrir a la propia IA como herramienta de análisis. Para ello, se ha “puesto a trabajar” a tres sistemas con vocación crítica con el objetivo de evaluar la trascendencia real del evento.

Análisis de los asistentes de IA

Todos los asistentes de IA sitúan a The Wave en una posición intermedia dentro del ecosistema de congresos tecnológicos. Claude, el más analítico, lo compara con referentes como el Mobile World Congress de Barcelona, con más de 100.000 asistentes y centrado en telecomunicaciones; el South Summit de Madrid, con 25.000 asistentes y enfocado a startups e inversión; o 4YFN, que reúne a unos 20.000 interesados en innovación abierta. En ese contexto, The Wave, con unos 15.000 asistentes, compite con eventos como el Digital Enterprise Show de Málaga y comienza a acercarse al South Summit, aunque con un perfil menos orientado a la inversión y más centrado en visibilizar el ecosistema tecnológico aragonés.

Gemini lo resume con ironía: “Si el Mobile World Congress es la Super Bowl —demasiado grande, demasiado caro—, The Wave se asemeja más a un festival indie en expansión: mantiene cierto atractivo, permite una mayor cercanía con los ponentes y conserva un margen de experimentación que los grandes eventos han ido perdiendo”.

En cuanto al perfil de los participantes, ChatGPT destaca figuras como Chema Alonso o Sean Lawrence, representantes de la “infraestructura”: quienes diseñan, protegen y escalan las autopistas por las que circulan los datos. Gemini, por su parte, pone el foco en perfiles menos mediáticos pero más decisivos, como Sasha Rubel (AWS) / Eoin Doherty (Microsoft), que no son famosos de Instagram, sino los que deciden dónde se ponen los cables en Aragón; Berta Gonzalvo (Aitiip) y María Jesús Lázaro (AMIT), “ciencia pura y dura aplicada a la industria y los CEOs de empresas como Integra, GFT o DXC, que son los que contratan a la gente”.

Fortalezas

Gemini destaca como fortalezas del evento la conexión entre Infraestructura y Empresa, los referentes de Ciberseguridad y Negocio; la transferencia de tecnología japonesa y el foco en el B2B: Más allá de las charlas, el valor real son los espacios de networking (estrategia para ampliar la red de contactos profesionales que ayudarán a generar oportunidades de negocio y empleo) donde las startups (empresas emergentes con alto potencial innovador y tecnológico) y las grandes corporaciones cierran acuerdos de colaboración. Por ello, pone el valor en lo que describe como “una feria de negocios”.

ChatGPT expone que The Wave destaca frente a otros eventos tecnológicos por una combinación poco habitual de cercanía, enfoque práctico y conexión directa con la infraestructura real, “que facilita un networking efectivo y sin filtros, donde es posible interactuar con perfiles que realmente toman decisiones”. Además, no se limita a discursos aspiracionales, sino que pone el foco en soluciones aplicables y en el despliegue concreto de tecnologías, en un contexto marcado por inversiones de actores como Amazon Web Services y Microsoft. En conjunto, “no es tanto un escaparate del futuro como un espacio donde ese futuro empieza a materializarse”.

Para Claude, hay una mezcla inusual de grandes corporaciones y ecosistema local. El escenario principal combina en un mismo día a AWS, Microsoft, Accenture, Deloitte, Capgemini, Telefónica o NTT Data con empresas aragonesas como Hiberus, Ibercaja, Araiz, CIRCE o Integra Tecnología. “Esa yuxtaposición es genuinamente escasa: los grandes eventos nacionales tienden a homogeneizar el perfil hacia lo corporativo o lo startup, mientras que The Wave hace visible la cadena completa del ecosistema aragonés”.

También valora la diversidad temática sin perder coherencia. El programa va de IA agéntica (AWS, Deloitte) a descarbonización TI (Hitachi), robótica industrial (Yaskawa), gestión del agua digitalizada (Apator), marketing deportivo (Real Zaragoza, Casademont) o economía del creador (YouTube, Jordi Wild). “Para ser un evento de escala regional es una oferta temática amplia que no se diluye en lo genérico”. Igualmente, tiene en cuenta las actividades complementarias con valor propio. El hackathon, el Torneo Nacional de Debate, el track específico de data centers con DCD (Data Centre Dynamics) o la batalla de startups son capas de programa que van más allá de las ponencias. El South Summit, por ejemplo, sí tiene este tipo de actividades, pero The Wave las integra en un formato más manejable para el asistente que no es exclusivamente startup.

Lo que no se debate

Hay cuestiones que, a juicio de las propias IA, quedan en segundo plano, como el impacto de la automatización en el empleo, la dependencia de proveedores globales o la concentración de poder en torno a las infraestructuras digitales.

Gemini señala la ausencia de “cripto-realistas” que evalúen el fracaso del 90% de los proyectos de blockchain y qué queda de útil en esa tecnología para la trazabilidad logística.  También echa en falta expertos en ética de la IA, juristas o técnicos capaces de explicar cómo se aplicará la normativa europea sin asfixiar a las empresas medianas y voces sobre soberanía tecnológica europea —como las vinculadas a proyectos tipo Gaia-X— o perfiles veteranos de la industria de los semiconductores, especialmente relevantes en un contexto de crisis de chips.

A ello se suma la ausencia de talento técnico senior no directivo: arquitectos de sistemas o ingenieros que trabajan directamente en los centros de datos y que pueden evaluar con rigor la viabilidad de lo que se presenta sobre el escenario.

ChatGPT coincide en señalar carencias, especialmente en investigación de modelos fundacionales, código abierto de alto impacto y laboratorios que están empujando los límites de la IA. También destaca la ausencia de figuras clave en el desarrollo de estos sistemas —quienes realmente definen sus capacidades— (referentes como Sam Altman, Demis Hassabis y Dario Amodei), así como de ingenieros de élite, como Andrej Karpathy e Ilya Sutskever, cuya influencia rara vez se traslada a congresos generalistas.

Igualmente, subraya la falta de pensamiento crítico (Timnit Gebru y Kate Crawford): voces que analicen los sesgos, el poder corporativo o el impacto social de estas tecnologías. Y apunta a una escasa representación de la investigación europea de primer nivel (voces como Yann LeCun y Luc Julia), “lo que refuerza una idea de fondo: Europa no está liderando la creación de inteligencia artificial, sino su adopción y regulación. Y el congreso refleja precisamente eso: mucha empresa, mucha implementación y poca frontera tecnológica”.

En palabras de la propia IA: “The Wave no muestra quién está creando la inteligencia artificial, sino quién está aprendiendo a vivir de ella”.

Un festival de charlas

Claude, por su parte, cree que el formato se parece más a un festival de charlas que a un congreso con debate genuino, donde hay un alto peso del patrocinador como ponente (Hiberus, NTT Data, GFT, Fortinet, KPMG, Capgemini, Nunsys…).“Eso es habitual en eventos B2B españoles, pero en comparación con eventos como Vivatech o el DES, donde el contenido editorial tiene más independencia del patrocinio, reduce la credibilidad editorial del programa. El asistente lo percibe: sabe que buena parte de las ponencias son branded content, no conocimiento independiente”. También detecta poca presencia internacional en el cuerpo del programa. Más allá de Sean Lawrence (NTT), Sasha Rubel (AWS) o Hideyuki Sasaki (BBIX), el grueso de ponentes es español. El South Summit o el 4YFN tienen un porcentaje de ponentes internacionales claramente superior. Como sus primos ChatGPT y Gemini, critica la ausencia de contenido crítico o de fricción. “El programa es casi completamente afirmativo: todas las sesiones venden oportunidades, transformación, casos de éxito. No hay paneles sobre los riesgos sociales de la IA, el impacto laboral, la regulación europea (el AI Act apenas aparece), los fracasos empresariales o los conflictos de interés tecnológico. Otros eventos tienen mucho más espacio para ese tipo de contenido incómodo, lo que eleva la calidad intelectual y la cobertura de prensa crítica”.

Así se comporta la IA cuando se pone crítica. Falta ver si el congreso supera su evaluación.

Y como recomendación para quien no quiera perderse en el labertinto del centenar de conferencias y 250 ponentes, puede planificarse en este enlace: