El Ayuntamiento zaragozano de María de Huerva ha necesitado un año para poner en marcha la comisión creada para investigar unas presuntas irregularidades detectadas en dos informes municipales, algo por lo que la oposición denunció reiteradamente al alcalde de obstaculizar su funcionamiento. Lo hace en un Consistorio marcado por la inestabilidad administrativa, con cuatro secretarios municipales durante el mandato del popular Joaquín Calleja, y por una delicada situación económica, con presupuestos prorrogados, subvenciones millonarias devueltas y expedientes que siguen pendientes de resolución.

Después de casi un año bloqueada, la comisión creada para investigar posibles irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de María de Huerva celebró este jueves su primera reunión efectiva. El órgano, constituido tras los informes de un secretario municipal que alertaba de deficiencias en contratación, urbanismo y organización administrativa, inicia ahora una investigación que pretende determinar si existieron actuaciones contrarias a la legalidad en varios expedientes municipales.

La comisión ha comenzado sus trabajos sin fijar un calendario de cierre y con el compromiso de prolongarse “el tiempo que sea preciso” para analizar toda la documentación y practicar las comparecencias necesarias a partir del próximo 7 de julio.

La sesión constitutiva ha servido para organizar el funcionamiento de la comisión y acordar las primeras diligencias.

Una de las principales líneas de trabajo se centrará en las obras ejecutadas en la calle del Río, uno de los expedientes que originó la creación de la comisión tras los informes que alertaban de posibles irregularidades en la gestión municipal.

Entre los expedientes requeridos figuran también los contratos de la arquitecta y del aparejador municipales. En el caso de la arquitecta, los grupos quieren aclarar las circunstancias de un contrato que, según se apuntó durante la sesión, podría remontarse a 2009 y cuya documentación no aparece en el expediente.

Una accidentada cronología

La comisión de investigación creada para analizar posibles irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de María de Huerva fue acordada hace un año. El órgano fue promovido por el PSOE tras conocerse la existencia de informes internos que cuestionaban la tramitación de diversos expedientes municipales y advertían de graves carencias organizativas en la administración local.

El detonante fue un informe elaborado por un secretario municipal que alertaba de posibles irregularidades en diferentes áreas de gestión. Entre ellas figuraba la actuación realizada en una calle deteriorada durante las obras de construcción del pabellón municipal. Según la documentación, la reparación se habría adjudicado sin concurso público a la misma empresa que ejecutó la obra principal, acumulando además reparos de Intervención que habrían impedido su pago. La ejecución de la obra tampoco habría solucionado el problema de fondo, ya que las conducciones dañadas se repararon mediante fundas de resina sin sustituir unas tuberías asentadas sobre rellenos de escombros, circunstancia que habría provocado filtraciones y afecciones en viviendas cercanas.

Ante estas sospechas, el PSOE impulsó la comisión de investigación para facilitar la transparencia. Su constitución requirió dos acuerdos plenarios y finalmente quedó integrada por todos los concejales del consistorio. Sin embargo, la primera reunión prevista para septiembre de 2025 nunca llegó a celebrarse. La oposición acusó entonces al alcalde, Joaquín Calleja, de emplear “subterfugios” para evitar su puesta en marcha, mientras que posteriormente denunció nuevos intentos de limitar su actividad, fijarle una fecha de caducidad o integrarla como un simple punto dentro de los plenos ordinarios.

La paralización de la comisión se prolongó durante meses. En marzo de 2026 los grupos de la oposición habían conseguido acceder a determinados expedientes considerados sensibles, pero el relevo de la Secretaría municipal volvió a dejar sin fecha una posible convocatoria. Desde su constitución, la comisión no había celebrado ni una sola sesión de trabajo efectiva.

La controversia gira en buena medida en torno a los informes emitidos por uno de los secretarios municipales. Uno de ellos, fechado en marzo de 2025, cuestionaba la prórroga de un contrato de servicios de arquitectura técnica. El documento concluía que el expediente carecía de documentación esencial y sostenía que determinadas funciones urbanísticas y de control administrativo estaban siendo desempeñadas mediante contratos de servicios cuando, por su naturaleza, deberían corresponder a funcionarios públicos, lo que podría constituir una fórmula de personal encubierto contraria a la normativa. También advertía del posible conflicto de intereses derivado del ejercicio simultáneo de actividad privada por parte del contratista.

Más contundente resultó el informe de situación firmado en junio de 2025 por el entonces secretario Néstor Petriz Pérez. En sus 35 páginas describía un Ayuntamiento que había crecido desde los 700 habitantes de los años ochenta hasta superar los 6.400 vecinos sin adaptar su estructura administrativa a esa nueva realidad. El documento denunciaba una organización obsoleta, la ausencia de servicios especializados de contratación, subvenciones o urbanismo, la acumulación de funciones impropias en la Secretaría y una deficiente tramitación administrativa que podría comprometer la validez de numerosos acuerdos municipales. Este modelo, además, habría impedido la atracción de fondos europeos. El ayuntamiento solo ha gestionado unos 9.000 euros en fondos europeos, frente a municipios más pequeños que superan el millón de euros.

El informe también señalaba graves retrasos en la implantación de la administración electrónica, incumplimientos en materia de protección de datos, deficiencias en la gestión de la videovigilancia municipal y la inexistencia de estructuras administrativas adecuadas para una población del tamaño de María de Huerva. Asimismo, cuestionaba los contratos utilizados para cubrir funciones urbanísticas, calificándolos de posibles contratos de personal encubiertos, y lamentaba que las propuestas de modernización trasladadas a la Alcaldía no hubieran sido atendidas.

Cuatro secretarios y un contexto económico difícil

La inestabilidad en la Secretaría ha sido otro de los factores que han marcado la legislatura. El Ayuntamiento ha contado con cuatro secretarios distintos desde el inicio del mandato. Javier Garulo fue cesado tras discrepancias con el equipo de gobierno; su sustituto, Néstor Pérez, también abandonó el puesto después de que la relación con la Alcaldía se deteriorara; posteriormente llegó María Eugenia Gabás, cuya gestión provocó enfrentamientos con varios grupos municipales y motivó incluso quejas ante el Justicia de Aragón. Tras su marcha, el consistorio cuenta actualmente con una cuarta secretaria.

Otro problema añadido es la creciente tensión política desde el inicio del mandato. El gobierno municipal nació del acuerdo entre PP y Vox, aunque la relación se rompió pocos meses después con el cese del concejal de Servicios Generales y cabeza de lista de Vox, Jorge Sádaba. A ello se sumaron varias renuncias dentro del grupo popular por desavenencias con el alcalde, hasta el punto de que actualmente solo permanecen en activo dos de los cinco concejales del PP además del alcalde. Ha llegado incluso al turno a la actual vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero y ex alcaldesa de la localidad durante 12 años, que iba en una posición residual en las listas.

La oposición atribuye a esta situación parte del bloqueo institucional que vive el municipio.

El contexto económico tampoco contribuye a aliviar la situación. El Ayuntamiento sigue funcionando con presupuestos prorrogados desde 2024, mientras que la devolución de subvenciones del Plan Plus de la Diputación Provincial de Zaragoza por importe superior al millón de euros, junto con sus correspondientes intereses, reducirá la capacidad de gasto municipal en ejercicios futuros. Además, el agotamiento de la partida destinada a las indemnizaciones por asistencia de los concejales, por gastársela en otros capítulos como la contratación de gabinetes de comunicación externa y viajes de hermandad a Irlanda, obligó recientemente a aprobar el levantamiento de un reparo para poder afrontar esos pagos.

La comisión inicia así unos trabajos largamente reclamados por la oposición tras un año de retrasos, cambios de secretarios municipales y discrepancias sobre el funcionamiento del órgano encargado de esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento.

El promotor de la comisión, José Luis Lorenzo, ha mostrado su satisfacción por el inicio de la labor de investigación cuya comisión lleva solicitando desde hace más de un año “y espero que se produzcan las aclaraciones necesarias a las dudas existentes”.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, respalda a su vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), como a cualquiera de los miembros de su Ejecutivo “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad ”. Azcón ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por Chunta Aragonesista (CHA) este viernes en la sesión de control al presidente en el Parlamento aragonés y ha calificado de “exageración absolutamente impropia” las críticas por “vulneración de los Derechos Humanos” por las declaraciones y notas de prensa del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en las que se refiere a los menores migrantes no acompañados como “menas” y los vincula con la delincuencia.

Azcón defiende a su socio de gobierno después de que este compareciera en una rueda de prensa para ofrecer unos datos vinculando delincuencia con menores migrantes acogidos por la administración autonómica y que, según Nolasco, “de los 219 supuestos menas que acoge actualmente Aragón a la fuerza, unos 40 están implicados en delitos o en actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal”. Se ha referido “sólo a casos de delincuencia y de sucesos de extraordinaria gravedad”, dado que “si hablamos de problemas graves de convivencia, la cifra aumenta considerablemente”.

El documento facilitado a los medios de comunicación, a los que volvió a atacar por preguntar sobre los datos ofrecidos, presenta varias debilidades metodológicas, según fuentes jurídicas, al agrupar situaciones con consecuencias legales diferentes y tampoco explica los criterios de selección. Además, el vicepresidente recurre a expresiones que no forman parte del ordenamiento penal español, lo que dificulta conocer con precisión qué casos incluye y con qué criterio.

El documento ha construido una única categoría en la que ha agrupado a menores sometidos a medidas judiciales de internamiento, menores detenidos, menores denunciados, menores sobre los que existen diligencias policiales y menores implicados en incidentes ocurridos dentro de los centros de protección. También ha incorporado referencias a “expedientes por comportamientos peligrosos”, sin precisar si se trata de procedimientos disciplinarios internos, actuaciones administrativas o procedimientos penales.

Esa agrupación ha permitido presentar una cifra conjunta de menores presuntamente vinculados a la delincuencia, aunque las situaciones descritas no tienen el mismo alcance jurídico. Una detención no implica una condena, unas diligencias policiales pueden archivarse, una denuncia puede no prosperar y un incidente disciplinario en un centro de protección no constituye por sí mismo un delito. Por ello, la suma de todas esas categorías no permite extraer automáticamente una conclusión sobre el nivel de delincuencia de ese colectivo.

La expresión utilizada por el vicepresidente Nolasco sobre “delitos o actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal” es formulación especialmente imprecisa. La alusión no se corresponde con ninguna categoría jurídica reconocida por el ordenamiento español, ya que la legislación penal no contempla esta clasificación como criterio autónomo, sino que distingue entre hechos que pueden ser objeto de investigación y hechos que finalmente son calificados como delito por los órganos competentes. La valoración de si una conducta reviste carácter delictivo corresponde, en cada caso, a la investigación policial, al Ministerio Fiscal y, en último término, a los tribunales.

A ello se ha añadido otra limitación metodológica. El documento no explica qué criterios ha seguido para seleccionar los episodios incluidos, si la relación recoge todos los incidentes registrados durante ese periodo o únicamente los más graves, ni si algunos menores aparecen contabilizados en varios de los sucesos descritos. De hecho, en el documento un mismo menor aparece implicado en varios episodios (por ejemplo, el joven detenido varias veces los días 6 y 7 de junio), por lo que no puede asumirse que cada incidente corresponda a una persona distinta.

Tampoco ha contextualizado esos hechos respecto al conjunto de los aproximadamente 1.700 menores tutelados por el sistema de protección aragonés, lo que dificulta valorar el alcance real de los incidentes que expone y tampoco cita ninguna fuente primaria. No aparecen números de diligencias, atestados, autos judiciales ni estadísticas oficiales.

Estas cuestiones, según fuentes consultadas, no permiten concluir si los hechos relatados son o no falsos, pero sí obligan a interpretar con cautela las conclusiones que el documento extrae de ellos. Incluso aunque los incidentes se confirmaran, seguiría siendo necesario analizar si la forma en que han sido seleccionados, clasificados y presentados ofrece una imagen fiel de la situación o responde a una construcción argumental basada en categorías heterogéneas y conceptos jurídicamente imprecisos.

Además, la documentación del vicepresidente utiliza un lenguaje político, no técnico, como “endosados”, “enquista”, “peligroso ambiente”, lo que indica que es un documento de comunicación más que un informe estadístico.

Debate parlamentario

“Lo que no vamos a hacer es hablar sólo de los que a ustedes les interesa”, ha respondido Azcón a la diputada Verónica Villagrasa, aprovechando también la intervención para insistir en que van a “contar los problemas reales que hoy hay en los centros de menores”, sin “ocultarlos”, sin “mirar hacia otro lado” y ocupándose de esos problemas.

Azcón se ha mostrado muy seguro en no rebasar líneas rojas, afirmando que, si el Gobierno de Aragón estuviera vulnerando los Derechos Humanos, habría “una cascada de demandas” contra las medidas que está tomando. Lejos de disculpar la actitud de Nolasco, ha apostado por “no ocultar la verdad” y por tomar medidas como la de reforzar la seguridad privada en los centros de menores. Además, ha asegurado confiar en el derecho y sentirse en línea con los manifestado este jueves en el pleno de las Cortes por la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, pese a que ella el día anterior había pedido tener cuidado con el lenguaje y no identificar a los menores migrantes con violencia y conflicto de manera ineludible “porque esa no es la situación real”.

El presidente de Aragón, que ha avanzado que no van a “crear grietas” en el Gobierno autonómico, ha instado a la diputada de CHA a reconocer que “hay una realidad”, que es que “hay una parte de esos menores que cometen delitos”, a lo que la diputada aragonesista ha replicado que “nadie niega que haya menores que cometan delitos, pero la obligación de una administración que los tutela y debería proteger no es señalarlos públicamente. Eso no es una forma de protección”, ha añadido, instando al consejero a “poner los medios necesarios para reconducir esas situaciones” con seguridad, pero también incrementando los recursos porque “señalar a un menor no demuestra firmeza, demuestra incapacidad y coherencia para gestionar los problemas reales”. Por otro lado, ha recordado que, desde el regreso de Vox al Gobierno de Aragón, han llegado 14 menores migrantes a Aragón, “exactamente lo que decía que iba a impedir”.

La diputada de CHA Verónica Villagrasa, que ha sustituido en la sesión al portavoz del grupo, Jorge Pueyo, que se encuentra “acompañando a su familia” en su pueblo, Fonz (Huesca), que ha estado confinado esta noche por el incendio forestal declarado en la zona, ha defendido que “la calidad de una democracia se mide por el trato que se da a su ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables” y que “ese principio empieza por el respeto básico a los Derechos Humanos”.

Sin embargo, Nolasco “traspasa esa línea cada vez que menosprecia a una persona o deshumaniza a quien tiene delante”, lo que tiene como principal responsable político al propio presidente, que es quien lo nombró.

“Cada palabra con la que Nolasco descalifica a una persona es también su responsabilidad. Cada frase con la que menosprecia a alguien, cada discurso con el que deshumaniza a niños y niñas, porque Nolasco habla como vicepresidente del Gobierno de Aragón y sigue haciéndolo porque usted ha decidido que siga haciéndolo”, ha agregado.

En este sentido, la parlamentaria aragonesista le ha preguntado su opinión acerca de los comunicados del Colegio de Periodistas de Aragón, que ha rechazado los “discursos discriminatorios que deterioran la convivencia” y este mismo jueves tuvo que amparar a una periodista por el trato recibido del vicepresidente durante una rueda de prensa sobre menores migrantes, en la que “al más puro estilo trumpista y machista, se encara con una periodista que sólo estaba haciendo su trabajo”.

A ello ha sumado que la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, afirmó que la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, a la que el departamento de Nolasco retiró la financiación, “no es tirar el dinero” y el profesorado “advierte de los riesgos del supremacismo”; que Amnistía Internacional “rechaza los discursos estigmatizantes” o cuando la Justicia “le pide expresamente que no vincule migración y violencia”.

Villagrasa ha criticado que, pese a tener la responsabilidad de gestionar una consejería de la que dependen la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, las familias, la inclusión y los servicios sociales, donde “debe primar la gestión y no la propaganda”, Nolasco ha preferido centrar su atención política en los menores migrantes, pese a que la Comunidad Autónoma “no tiene competencias ni en inmigración ni en seguridad”, y ha optado por “alimentar el miedo”.

Durante el debate entre la diputada y el presidente, Azcón ha respondido de forma lastimera a Villagrasa por su alusión a la ausencia de Nolasco en el pleno, ya que estaba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) atendiendo el incendio forestal en la Comarca oscense de La Litera. “¿Tanto le costaba pedir disculpas por haber metido la pata?”, ha expresado.

A continuación, ha cuestionado si Chunta Aragonesista quiere traer al parlamento “el insulto, la mentira y creerse en posesión de la verdad absoluta” y ha pedido a CHA una reflexión sobre su “apoyo” al Gobierno de España, con “una financiación que perjudica a Aragón, un ministro de Cultura que dice lo que dice sobre Sijena, que está retrasando las obras de Teruel en el que los trenes van a la misma velocidad que los tractores y que está hasta arriba de corrupción”. “Ustedes se quieren fijar en su dedo en lugar de fijarse en la luna”, ha zanjado.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha tenido un buen pleno municipal. Antes de protagonizar lo que la oposición ha calificado de “berrinche” contra los vecinos de Torrero que portaban pancartas durante el debate de una moción de Vox en la que se pedía el cese de su “concejal en la sombra”, ha visto cómo el equipo de gobierno se ha quedado solo al rechazar una moción del PSOE que reclamaba soluciones al problema de las altas temperaturas en los centros educativos.

Al debate de la iniciativa socialista se han sumado representantes de sindicatos, plataformas y asociaciones de madres y padres, que han exigido, entre otras medidas, “proteger la infancia”. Durante sus intervenciones han alertado de las consecuencias que el calor ha tenido sobre el alumnado, con episodios compatibles con golpes de calor y un evidente impacto en el rendimiento académico. Han recordado además que las altas temperaturas también las han sufrido el profesorado y quienes han acudido a los centros escolares para participar en procesos selectivos, tanto aspirantes como miembros de los tribunales.

Todos ellos han reclamado dejar de ocultar la realidad del cambio climático. Han insistido en que las olas de calor han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en un fenómeno recurrente cada verano y han advertido de que en algunas aulas se han llegado a registrar temperaturas de hasta 35 grados.

Una moción para climatizar los colegios

La moción del PSOE ha instado al Gobierno de Zaragoza a resolver “de forma inmediata” el problema de las altas temperaturas en los colegios públicos mediante la adopción de las medidas de climatización necesarias.

El texto también ha reclamado la creación de zonas de sombra, el reverdecimiento de patios y espacios exteriores y otras actuaciones dirigidas a mejorar el confort ambiental y reducir los efectos de las temperaturas extremas.

Además, la iniciativa ha incluido un tercer punto para reclamar una partida presupuestaria destinada a eliminar barreras arquitectónicas, instalar ascensores donde resulten necesarios y ejecutar las actuaciones precisas para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena accesibilidad en los centros escolares.

A la propuesta se ha incorporado una enmienda de Zaragoza en Común (ZeC), que ha reclamado a los gobiernos de Zaragoza, Aragón y España establecer mecanismos estables de cooperación y financiación para ejecutar las inversiones educativas pendientes en la ciudad. La formación ha propuesto impulsar, en el marco de la Comisión Bilateral Ayuntamiento-Gobierno de Aragón, un acuerdo de planificación y financiación de infraestructuras educativas públicas con participación económica de la Administración General del Estado.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha defendido que el problema de las altas temperaturas en las aulas “existe y es una realidad”. “El cambio climático existe”, ha reiterado al dirigirse a Vox, mientras ha reprochado al PP que “haya comprado sus postulados”.

Ranera ha asegurado que numerosas aulas han superado los 30 grados y que algunos patios escolares de España han alcanzado temperaturas superiores a los 55 grados, según un informe de Greenpeace. “Los tiempos han cambiado y el clima también”, ha zanjado.

También ha criticado el “grado de compromiso” de Natalia Chueca por encontrarse fuera del salón de plenos durante el debate de la moción. “El calor es un problema y acaba con la salud de los más vulnerables y del profesorado”, ha afirmado antes de invitar a la alcaldesa a trabajar con 35 grados en su despacho.

Igualmente, la concejal no adscrita Marisa Gaspar ha defendido que “cuando no hay igualdad hay exclusión” y ha sostenido que “ningún niño se debería ver privado de participar en actividades por falta de medios” y, fuera de lo que es habitual, se ha posicionado con el resto de grupos municipales apoyando la moción socialista.

Por su parte, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha planteado destinar a los colegios públicos parte de los casi 57 millones de euros previstos para la educación concertada cuya ejecución ha quedado paralizada por decisión judicial tras un recurso presentado por la Plataforma de la Educación Pública.

Tomás también ha defendido que “no es compatible” apostar al mismo tiempo por la educación pública y la privada y ha sostenido que un partido de izquierdas debe priorizar la enseñanza pública y eliminar la educación privada de carácter religioso.

El concejal de Vox, David Flores, ha asegurado que la canícula se combate con medidas “adaptativas” y ha señalado que la iniciativa del PSOE ha reproducido el acuerdo planteado por su formación en las Cortes de Aragón durante la negociación del pacto de gobierno con el PP.

Aunque ha afirmado que Vox apoya cualquier medida destinada a mejorar el confort y la calidad de vida del alumnado “venga de quien venga”, ha pedido al PSOE que sea “creíble”.

Flores ha presentado además una enmienda in voce para instar al Gobierno de España a activar el plan de adaptación climática y garantizar un “suministro fiable de energía eléctrica a Zaragoza”, al considerar que “de nada sirve el aire acondicionado si se va la luz”.

A este respecto, Ranera ha replicado que el Gobierno de España ha aprobado una inversión de 1.200 millones de euros para climatizar colegios y ha señalado que el suministro eléctrico depende de las empresas distribuidoras. Además, ha reprochado a Vox y al PP algunas declaraciones de sus representantes, que han llegado a afirmar que “los niños de ahora no son de mantequilla” o que “el calor es una fuente de inspiración”.

Por su parte, la consejera de Educación, Paloma Espinosa, (PP) ha hecho frente a la soledad de su grupo y ha reconducido las críticas reclamado al Gobierno de España que cumpla el plan estatal de adaptación climática aprobado en 2022 y ha asegurado que el Ejecutivo aragonés movilizará recursos propios a través del programa 'Aulas que Respiran' para mejorar la eficiencia energética de los centros.

Espinosa ha defendido además la gestión del Gobierno de Aragón al recordar que ya se han climatizado medio centenar de aulas de dos años, que se han destinado cerca de diez millones de euros a actuaciones de confort climático y que este año se invertirán otros tres millones de euros.

Finalmente, la moción socialista únicamente ha contado con el rechazo del PP, que se ha quedado solo frente al apoyo del resto de grupos municipales a la necesidad de acelerar las inversiones para adaptar los colegios a las altas temperaturas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha vivido este jueves uno de los momentos de mayor tensión del mandato de Natalia Chueca. La alcaldesa ha paralizado durante veinte minutos el pleno municipal en plena tramitación de una moción de Vox que pedía el cese del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, conocido por la oposición como el “concejal en la sombra”. Finalmente, el Partido Popular ha salvado a su colaborador gracias al voto de la concejala no adscrita.

Varios representantes de la Asociación de Vecinos Montes de Torrero-La Paz han intervenido en el debate de una moción que solicitaba la destitución del director general de proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza y artífice de varios proyectos fallidos de la alcaldesa, entre ellos la frustrada ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza y el posterior cierre del recinto.

Tenía la palabra Cristina Villuendas, en representación de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, integrada por diversas organizaciones vecinales y ecologistas. Durante su intervención ha expresado la indignación de la plataforma por la forma de actuar del equipo de gobierno en el barrio de Torrero-La Paz y en su entorno natural.

Cuando la portavoz se ha referido al Parque de Atracciones, que durante más de 50 años ha cumplido una función de ocio para la ciudad, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha interrumpido su intervención para pedir al resto de miembros de la plataforma que la acompañaban que se sentaran, a lo que estos han accedido.

A continuación, también les ha reclamado que retiraran las pancartas en las que podía leerse: “Ampliación Parque de Atracciones = chapuza”. Los asistentes, que ocupaban las sillas reservadas al público, se han negado a hacerlo.

“Las pancartas no están permitidas”, ha respondido la alcaldesa, que ha regresado al pleno apenas unos minutos antes de concluir el punto anterior del orden del día con visible malhumor. Hasta en tres ocasiones ha instado a los vecinos a retirar las cartelas y, al comprobar que no lo hacían, ha decidido interrumpir el pleno y convocar una junta de portavoces, para sorpresa de todos los presentes.

Uno de los concejales socialistas ha recordado entonces que meses atrás no se había puesto objeción a la presencia de unas pancartas “con la cabeza de Pedro Sánchez boca abajo”. Tampoco, apenas unos minutos antes, se había impedido la exhibición de otras pancartas portadas por personas que reclamaban la creación de la unidad Viogén en la Policía Local de Zaragoza, cuya puesta en marcha continúa bloqueada.

“¡Qué cara dura! ¿Pero qué es esto?”, han protestado varios vecinos de la plataforma antes de que la sesión quedara completamente paralizada. Tras 20 minutos, el pleno se ha reanudado recolocando a los asistentes y colocando en las primeras filas personal del gabinete de comunicación y otros colaboradores.

Las críticas que la plataforma han incluido la exigencia de responsabilidades políticas y dimisiones por “la malísima gestión de la ampliación del Parque de Atracciones y sus consecuencias actuales”, así como su rechazo al centro de datos de Microsoft previsto en los Pinares de Venecia. “No tenemos información y este proyecto atenta contra la vida de los Pinares, de los barrios colindantes y de la ciudad”, han apuntado desde la asociación.

Ruiz de Temiño, el artífice de varios proyectos fracasados

Tras reanudarse el pleno, el debate se ha centrado en la moción presentada por Vox para exigir la destitución del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, conocido por la oposición como el “concejal en la sombra”. La iniciativa ha evidenciado uno de los mayores choques políticos del mandato de Natalia Chueca entre el Gobierno municipal y el que hasta ahora ha sido su socio habitual para aprobar los presupuestos.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha atribuido la crisis del Parque de Atracciones a una gestión “deficiente” del Ejecutivo municipal y ha defendido que la responsabilidad política recae sobre la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior. “Las cosas no están funcionando, pero se acumulan las malas gestiones, con cada vez más preguntas y menos respuestas”, ha afirmado. La imposibilidad de abrir el Parque de Atracciones este verano ha dejado en el aire el futuro de los 81 trabajadores que permanecían en un ERTE, además de los empleos indirectos vinculados a la actividad del recinto.

Asimismo, ha responsabilizado a Ruiz de Temiño de otros proyectos fallidos impulsados por el Ayuntamiento, como la Ciudad del Deporte, el canal de aguas bravas o Distrito 7 (ciudad del cine). El expediente de este último permaneció paralizado durante seis meses hasta que el Gobierno de Aragón cerró los acuerdos relacionados con los ciclos formativos de FP del Grupo San Valero, además de la polémica adjudicación a una empresa vinculada al proyecto audiovisual destinado a justificar una inversión pública de 20 millones de euros.

La concejala no adscrita, Marisa Gaspar, elegida en las listas de Vox y cuyo voto sostiene la mayoría del Gobierno municipal, se ha desmarcado de la postura de su antigua formación y no ha respaldado la petición de destitución.

Desde Zaragoza en Común han apoyado la moción, aunque han reprochado a Vox haber tardado demasiado en presentarla. El concejal Suso Domínguez ha recordado que Ruiz de Temiño ya estuvo rodeado de polémica cuando dirigía Zaragoza Vivienda. “Parece que no haya pasado nada con él, cuando en 2022 ya se pidió su dimisión porque acabó contratando a sus compañeros de pádel y a trabajadores de su empresa, a quienes luego puntuó y valoró”, ha afirmado. También ha recordado que existieron denuncias por acoso sexual contra el actual director general y ha concluido que Ruiz de Temiño es “el perejil de todas las salsas de los fiascos de esta ciudad”.

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha comenzado su intervención refiriéndose a la suspensión del pleno provocada por la retirada de las pancartas. “Menudo berrinche para echar una pancarta un metro hacia atrás”, ha ironizado. A continuación, ha reconocido que la situación no debía de ser fácil para la alcaldesa después de que el Gobierno municipal hubiera perdido minutos antes la moción socialista sobre las altas temperaturas en las aulas de los colegios públicos. También ha considerado que la presentación de esta iniciativa por parte de Vox respondía a la negativa del equipo de gobierno a reconocer sus errores. Sin embargo, ha rechazado interpretar la moción como una deslealtad hacia el PP. “Vox está siendo extremadamente leal con usted, aunque piense lo contrario”, ha manifestado dirigiéndose a Natalia Chueca.

Royo ha recordado que el PSOE lleva seis años reclamando la dimisión de Ruiz de Temiño por sus “andanzas”, sus presuntos conflictos de intereses con la empresa Brial y las reiteradas quejas de los trabajadores de Zaragoza Vivienda, algunos de los cuales, ha asegurado, llegaron a cogerse bajas médicas por el trato recibido. “Y encima lo eleva a los altares”, ha reprochado a la alcaldesa.

“¿Cuándo dejó de detectar todas las banderas rojas?”, le ha preguntado Royo a Chueca. Además, le ha afeado que, tres años después, siga manteniendo su confianza en el director general y ha aprovechado para pedir explicaciones sobre los avales del grupo mexicano que gestionará el proyecto Distrito 7, en el que el Ayuntamiento ha comprometido una inversión de 20 millones de euros y cuya adjudicación continúa rodeada de polémica.

En nombre del Partido Popular, Ángel Lorén ha defendido la actuación del Gobierno municipal y ha asegurado que existe una garantía de 600.000 euros vinculada a la concesión del Parque de Atracciones, cuyo contrato llegaba a su fin. “El concesionario tiene toda la solvencia”, ha sostenido.

Lejos de asumir las críticas dirigidas contra Ruiz de Temiño, Lorén ha acusado a Vox de “hacer el juego a la izquierda” y ha lamentado la “persecución” que, a su juicio, ha sufrido el director general por parte de los grupos de la oposición, llegando a tildar de “típica persecución de los mediocres a la brillantez”.

Vox ha rechazado los argumentos del Partido Popular y ha reclamado al Gobierno municipal que ejecute el aval, recepcione las instalaciones del Parque de Atracciones y explique por qué, a su juicio, se ha puesto del lado de la empresa concesionaria.

Finalmente, la moción ha sido rechazada gracias al voto de la concejala no adscrita que sostiene la mayoría del Gobierno municipal. La iniciativa ha recibido 15 votos a favor —los de Vox, PSOE y Zaragoza en Común— y 16 en contra —los del Partido Popular y la edil tránsfuga—.

Del desierto de Los Monegros a los viñedos de Cariñena, de los pueblos medievales del Pirineo a los escenarios urbanos de Zaragoza, Aragón acoge entre junio y octubre más de treinta festivales dedicados a la música, las artes escénicas, el patrimonio, el arte urbano y la creación contemporánea, citas repartidas por las tres provincias, configurando una oferta cultural que crece año tras año y que encuentra en el territorio uno de sus principales valores diferenciales.

Durante dos jornadas completas, el Divino Festt de Cariñena planeaba reunir este fin de semana a 18 artistas de la escena musical contemporánea —se ha cancelado debido a la implantación del nivel de alerta rojo plus—, distribuidos en tres escenarios con programación desde las 19.00 hasta las 06.00 horas. A ello se ha sumado una propuesta diurna el 26 de junio en la plaza de Cariñena, con un vermut musical que extiende el ambiente del festival al casco urbano y refuerza su conexión con la vida local, gracias a la fórmula que combina conciertos, vino, gastronomía y patrimonio. La cita, celebrada en pleno corazón de la Denominación de Origen Cariñena, apuesta por artistas de la nueva escena independiente y urbana, con nombres como Hinds, Xavibo, Depresión Sonora, Juicy BAE o Ultralágrima, convirtiéndose en uno de los festivales con mayor personalidad propia del panorama aragonés.

También La Almunia de Doña Godina vuelve a reivindicar la cultura de proximidad con el Festival Godina, heredero del antiguo Doña Festival. El encuentro, que se celebra este sábado, 27 de junio en el Parque de Cabañas, apuesta por un formato rural, familiar y sostenible en el que conviven la canción de autor, el folk y las músicas del mundo. El cartel de 2026 reúne a artistas como Pedro Pastor, Pilar Almalé, Isla Kume, Encantarias Folk, Baliza, Borrajas, Doña Manteca y Ziro, además de varias sesiones de DJs y una programación complementaria vinculada a la artesanía y la gastronomía local.

Este fin de semana también regresa el icónico festival Lagata Reggae Festival. Desde 2004 se ha ido convirtiendo en un referente clave para los amantes del reggae en España, destacando como uno de los festivales más representativos tanto en Aragón como a nivel nacional. Del 26 al 28 de junio, los amantes de la cultura jamaicana, el ska y el dub se verán un año más en un entorno rural único, estrenando nueva ubicación. El programa combina conciertos en el escenario principal, protagonizados por figuras de renombre como General Levy, Juantxo Skalari e Iseo & Dodosound, con una rica oferta de actividades diurnas en el parque. Desde el Reggae Market y sesiones de sound system hasta talleres de batucada, actividades infantiles y una Jam Session abierta, el festival ofrece una experiencia inmersiva de convivencia y naturaleza donde el “buen rollo” y las reggae vibes son los auténticos protagonistas.

Franja Rock en Peñarroya de Tastavins también celebra este fin de semana su cartel compuesto por Bihotza, el Artriste, Fatiga, Franja Rock, Hereus, Periferia, Poble Nostrum y Tobogán.

Con estas citas, termina el mes de junio de un verano festivalero que ya ha arrancado en Aragón con Poborina Folk en el Pobo de la Sierra de Teruel; Plaza Sonora de Zuera, Música al raso de Zaragoza, 21 Festival de Huesca y Veruela Verano, mientras que julio tomará el relevo con grandes citas como Polifonik Sound, Pirineos Sur, Monegros Desert Festival o el Festival Castillo de Aínsa.

En Barbastro, Polifonik Sound mantiene su papel como uno de los festivales pioneros del indie aragonés. El festival llega a su decimoséptima edición con Love of Lesbian despidiéndose de los escenarios, siendo el de Barbastro el único festival aragonés donde tocarán en 2026. El cartel también cuenta con Ultraligera, Delafé y las Flores azules, Mujeres y Lady Banana, entre otros, una programación que se distribuye entre el Recinto Ferial, la Bodega Laus y el centro de la ciudad los días 2, 3 y 4 de julio de 2026.

A medida que avanza el verano, la programación se multiplica en todas las provincias. En Huesca, SoNna Huesca vuelve a recorrer las diez comarcas altoaragonesas con conciertos en enclaves naturales y patrimoniales. Luz Casal, Pablo López y El Niño de Elche son los principales cabezas de cartel de la séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, que se celebrará entre el 4 de julio y el 12 de septiembre.

El Festival Castillo de Aínsa mantiene su apuesta por la cultura pirenaica y las músicas de raíz en uno de los conjuntos históricos más bellos de Aragón. El Drogas encabeza el cartel de la XXXVI edición, con un concierto el próximo 4 de julio, precedido por los ritmos folklóricos latinoamericanos de Marta Gómez y el espíritu étnico de El Naán el viernes 3 de julio. La Fueva, Tella, Labuerda o Abizanda, Olsón son otros escenarios del festival que se celebra entre el 20 de junio y el 12 de julio.

Entre el 3 y el 11 de julio el festival Nocte de Graus transforma plazas y calles en escenarios abiertos para las artes escénicas contemporáneas, combinando teatro, danza y circo en una de las propuestas culturales más originales del verano oscense.

Sin embargo, si existe un festival que simboliza la proyección internacional de Aragón es Pirineos Sur. Del 9 al 26 de julio, su emblemático escenario flotante en el anfiteatro natural de Lanuza, volverá a recibir a algunas de las figuras más destacadas de la música nacional e internacional. Artistas como Rufus Wainwright, Rubén Blades, Jorge Drexler, Suede, Los Planetas, Christina Rosenvinge, Bomba Estéreo, Judeline o Dani Fernández forman parte de una programación que combina rock, pop, folk, músicas del mundo, salsa y nuevas tendencias urbanas. Su capacidad para unir paisaje, patrimonio y música lo ha convertido en una de las citas más prestigiosas del calendario cultural español.

Otro de los fenómenos más destacados del verano aragonés continúa siendo la música electrónica y tiene como referente al mítico Monegros Desert Festival, cita imprescindible de la cultura rave internacional. El desierto de Fraga reunirá el próximo 25 de julio a más de 120 artistas en una maratón de 22 horas ininterrumpidas de música, con nombres de primer nivel de la cultura rave internacional como Richie Hawtin, Amelie Lens, Paco Osuna, Joseph Capriati, Seth Troxler, Indira Paganotto, Fatima Hajji, Klangkuenstler, Ben Klock, Len Faki, Chris Liebing, Kobosil o el aragonés Andrés Campo. Entre las principales novedades destaca Outworld, un espectacular escenario inmersivo de 360 grados con capacidad para 20.000 personas que convertirá a Monegros en el único festival del mundo en albergar este concepto, junto a espacios emblemáticos como Awakenings, Artcore, Unreal, elrow o 240 KM/H. Capaz de reunir a más de 50.000 asistentes en el singular paisaje semidesértico de Fraga, sigue consolidándose como uno de los mayores eventos electrónicos de Europa.

Iseo & Dodosound, Él mató a un policía motorizado, Queralt Lahoz, Hinds, Arizona Baby y Hostia Pedagógica conforman el cartel de bandas que actuarán en el Brizna Festival de Ayerbe entre el 31 de julio y el 1 de agosto.

La provincia de Zaragoza también concentra una parte importante de la actividad estival.

El Festival Manlor llevará a escena, por primera vez, la ópera Il Trovatore en el mismo lugar donde transcurre gran parte de su acción dramática. El Palacio de la Aljafería de Zaragoza acogerá dos representaciones, los días 9 y 11 de julio, ambas a las 22:00 horas. La producción contará con Carlos Daza (Conde de Luna), Miren Urbieta-Vega (Leonora), Ester Pavlů (Azucena), Andrés Presno (Manrico), Luis López Navarro (Ferrando), Marta Heras (Inés) y Ángel Baile (Ruiz), acompañados por el Coro Amici Musicae y la Orquesta Reino de Aragón. La dirección musical correrá a cargo de Ricardo Casero, mientras que la dirección escénica estará firmada por Leo Castaldi.

El Monasterio de Veruela volverá a ser uno de los grandes focos culturales gracias a Veruela Estival y Veruela Verano, ciclos impulsados por la Diputación Provincial de Zaragoza que combinan música, teatro, circo, danza y patrimonio. En la programación musical destacan artistas como Pancho Varona, Las Migas, Queralt Lahoz y Depedro, que actuarán durante todos los sábados del mes de agosto (1-22 agosto) en uno de los escenarios más singulares del Moncayo.

A pocos kilómetros, Borja volverá a acoger el Festival Amante, una cita que ha sabido fusionar el espíritu del indie nacional con la riqueza patrimonial y gastronómica de la comarca.  Entre el 31 de julio y el 2 de agosto, Dorian, Barry B y Carlos Ares encabezan el festival.

Mientras tanto, Calatayud mantiene su apuesta por la música en directo con CalataFest entre el 3 y 4 de julio con un cartel integrado, entre otros, por La La Love You, Sobrezero, Zebras, Seguridad Social, Dave, Modelo y Jayxme y Delacueva.

La provincia de Teruel presenta igualmente una programación cada vez más diversa. Aragón Sonoro, en Alcañiz, se ha consolidado como una de las principales referencias del pop y el rock independiente en el valle del Ebro. Del 20 al 23 de julio actuarán Sidecars, Alejo Stivel, Malmö 040, Modelo y EFFE, entre otros.

Mientras, Matarranya Íntim apuesta por una experiencia cultural completamente distinta, llevando espectáculos de teatro y artes escénicas a espacios privados y rincones singulares de las localidades de la comarca. Junto a ellos aparecen festivales como Gumma Fest en Alcañiz, Mute Festival o el veterano Festival Gaire de Pancrudo (Teruel), que continúan fortaleciendo la oferta cultural turolense.

El verano aragonés también encuentra en la música antigua y el patrimonio una de sus grandes señas de identidad: el Festival Internacional en el Camino de Santiago, que volverá a llenar, entre el 30 de julio y el 30 de agosto, monasterios y espacios históricos del Alto Aragón con algunas de las mejores formaciones especializadas de Europa. Su programación, dedicada a la música medieval, renacentista y barroca, convierte cada edición en una oportunidad para descubrir el patrimonio cultural de la comunidad a través de la música. En esta misma línea se sitúan propuestas como Pirineos Classic o diferentes ciclos patrimoniales impulsados por instituciones y ayuntamientos.

Cuando septiembre llega, Zaragoza toma el relevo con dos de las citas culturales más relevantes de la comunidad. Vive Latino España volverá a convertir el 4 y 5 de septiembre la capital aragonesa en punto de encuentro de la música iberoamericana, reuniendo artistas de rock, pop, mestizaje, rap y nuevas músicas urbanas procedentes de ambos lados del Atlántico. Niña Polaca, M-Clan, Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana, Guitarricadelafuente, La Plazuela, Ojete Calor, Siloé, Ultraligera y Veintiuno, son algunos de los artistas del cartel de este año.

La XXIV edición del Festival de Música Independiente de Zaragoza (FIZ) se celebrará el sábado, 26 de septiembre, en la Sala Multiusos del Auditorio, con los conciertos de Carolina Durante, La casa azul, Repion y La paloma.

A estas propuestas se suma la aparición de nuevos proyectos como Diosas Fest, el 18 de septiembre, un encuentro transfronterizo entre Aragón y el Pirineo francés dedicado a la creación artística femenina contemporánea.

Más allá de los grandes nombres, el crecimiento del fenómeno festivalero aragonés también se refleja en la aparición y consolidación de numerosas iniciativas repartidas por todo el territorio. Festivales como Fem Poble, Lana-Fest, Sáhara Colour Rice, DipuFest, Inde Music Festival, Festival APTC o El Mundo en Sallent demuestran la capacidad de Aragón para generar propuestas culturales diversas, descentralizadas y estrechamente vinculadas a sus municipios y comarcas.

La suma de todas estas iniciativas configura un panorama excepcional. Desde el folk hasta la electrónica, desde la música antigua hasta el arte urbano, desde los grandes recintos multitudinarios hasta los pequeños festivales rurales, Aragón ofrece durante más de cuatro meses una programación capaz de atraer a públicos muy diferentes.

Un mosaico cultural en constante crecimiento que confirma la gran vitalidad cultural de Aragón y su capacidad para descentralizar la oferta más allá de las grandes ciudades.

La Junta del Centro Aragonés de Barcelona (CAB) ha decidido dimitir en bloque ante la posibilidad de que el futuro de su histórica sede quede condicionado por criterios de rentabilidad económica. Esta es la solución de viabilidad del edificio aportada por una firma contratada por el Gobierno de Aragonés para destinar a alquileres la mayor parte de la superficie no ocupada por el Teatro Goya. La dirección saliente se mantiene expectante, no obstante, con la visita del presidente aragonés, Jorge Azcón, prevista para el próximo 7 de julio, cuya intención es reconducir una situación que consideran crítica para la continuidad de una de las instituciones más representativas de la comunidad aragonesa en Catalunya.

La pasada semana, la Junta del Centro Aragonés hizo pública su renuncia mediante un comunicado dirigido a la sociedad aragonesa. En él denunciaba años de retrasos administrativos, falta de información y un progresivo alejamiento del Ejecutivo autonómico respecto al proyecto que la entidad había impulsado para garantizar la viabilidad de una institución con más de un siglo de historia.

La dirección recuerda que presentó al Gobierno de Aragón una propuesta para compatibilizar la actividad propia del Centro con usos institucionales y con iniciativas promovidas por entidades económicas y sociales aragonesas. El objetivo era convertir la sede en un espacio de referencia para Aragón en Barcelona, preservando al mismo tiempo su función cultural y representativa.

La sede del Centro Aragonés, un inmueble catalogado de más de cien años de antigüedad, presenta importantes problemas estructurales y de mantenimiento. Entre otras actuaciones, es necesario retirar cerca de 900 metros cuadrados de uralita y acometer diversas intervenciones de conservación.

El edificio pasó a formar parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma hace cuatro años, tras el acuerdo alcanzado durante el mandato del anterior presidente, Javier Lambán. Sin embargo, pese a que el Ayuntamiento de Barcelona concedió la licencia de obras en 2024, no ha sido hasta junio de este año, un año más tarde, cuando el Gobierno de Aragón ha licitado la rehabilitación de cubiertas y fachadas, con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de quince meses. Las obras podrían comenzar en agosto de 2026.

La rehabilitación interior quedará para una segunda fase, una vez determinado el modelo definitivo de usos y gestión del inmueble. Según explican, el objetivo de los responsables del centro era desarrollar un nuevo proyecto que permitiera compatibilizar la actividad propia del Centro Aragonés de Barcelona con usos institucionales del Gobierno de Aragón y con iniciativas impulsadas por el tejido social y económico aragonés.

La principal causa de la ruptura entre la Junta y el Gobierno de Aragón surge a raíz del estudio encargado por este último a la consultora multinacional CBRE, especializada en gestión y explotación de activos inmobiliarios, por el que la empresa percibe alrededor de 130.000 euros. Según denuncian los responsables del Centro, las propuestas presentadas contemplan destinar más de 1.500 metros cuadrados del edificio —prácticamente la totalidad de la segunda y tercera planta— a espacios de alquiler. La firma ha ido presentando propuestas al grupo de trabajo —representantes del Centro Aragonés de Barcelona y responsables de la administración autonómica— que evidenciaron posiciones encontradas sobre el futuro del edificio, según los responsables de la junta del CAB.

Jesús Félez, director del centro relata que las verdaderas intenciones no se revelaron hasta la presentación del estudio preliminar sobre el futuro uso del edificio, en el que se prevé destinar a alquileres más de 1.500 metros cuadrados a alquileres, —prácticamente la totalidad de la segunda y tercera planta—.

De acuerdo con este planteamiento, la actividad del Centro Aragonés quedaría concentrada en unos 100 metros cuadrados de la primera planta, espacio que debería albergar además su patrimonio documental y artístico. Entre las piezas que conserva la entidad figuran frescos dedicados a algunos de los pueblos más emblemáticos de Aragón, obra del artista Guillermo Pérez, conocido por sus carteles de las Fiestas del Pilar.

Jesús Félez, director del Centro, considera que la propuesta supone un “despropósito” porque ignora el funcionamiento real de la institución y desmantela el proyecto consensuado en la legislatura anterior. Aquel plan contemplaba la creación de un restaurante de cocina aragonesa —no hay ninguno en Barcelona de esta especialidad—, espacios para actividades empresariales e institucionales y la cesión preferente de instalaciones a ayuntamientos, empresas y entidades aragonesas interesadas en promocionar sus iniciativas en Barcelona.

La ubicación del inmueble, en pleno centro de Barcelona, refuerza su potencial estratégico. Por sus inmediaciones transitan diariamente miles de personas y su situación resulta especialmente relevante para fortalecer los vínculos económicos, culturales e institucionales entre Aragón y Catalunya.

El centro, según el acuerdo alcanzado en la legislatura de 2029 a 2023, y con el estudio de viabilidad de la Cámara de Comercio, entonces presidida por Manuel Teruel, podría seguir desarrollando una importante labor cultural, desde la presentación de libros, conferencias, cine, música, etc.

En las reuniones mantenidas con directores generales del Gobierno de Azcón, a instancias de la directora de Patrimonio, Asunción Sanmartín, pocos ofrecieron soluciones, más allá de señalar alguno que el inmueble desprendía “perfume de viejo”. Más tarde, optaron por contratar a la empresa CBRE para el desarrollo del estudio de usos.

La dimisión de la Junta sorprendió incluso al presidente del Gobierno de Aragón. Según fuentes del Centro, el jefe de gabinete de Jorge Azcón contactó personalmente con Jesús Félez para trasladarle el malestar del Ejecutivo por lo ocurrido y manifestar la voluntad de abrir una vía de diálogo.

Ese acercamiento podría materializarse el próximo 7 de julio, fecha en la que Azcón tiene previsto visitar la sede del Centro Aragonés de Barcelona aprovechando un viaje institucional a la ciudad condal. La reunión, que aún no está cerrada, se presenta como una oportunidad para intentar alcanzar un acuerdo que evite la ruptura definitiva.

La crisis también ha llegado a las Cortes de Aragón. Chunta Aragonesista (CHA) ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre el futuro de la entidad y conocer el modelo de gestión que el Ejecutivo pretende implantar.

La portavoz de la formación en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, Mary Carmen Bozal, ha reclamado transparencia en el proceso y garantías de que la rehabilitación servirá para fortalecer la actividad del Centro y no para diluir su identidad histórica. CHA considera que la institución representa un referente fundamental de la presencia aragonesa en Catalunya y exige que cualquier actuación preserve su función cultural, social y representativa.

Tradición, historia y valor estratégico

El Centro Aragonés de Barcelona es una de las instituciones aragonesas con mayor trayectoria fuera de la comunidad. Aunque su actual sede data de 1916, la entidad fue constituida el 3 de enero de 1909, en plena expansión económica de Barcelona, una ciudad que entonces atrajo a miles de aragoneses en busca de oportunidades laborales y profesionales. Durante la primera mitad del siglo XX llegó incluso a impulsar una cooperativa de productos aragoneses, reflejo de la intensa actividad social y económica desarrollada por la comunidad aragonesa en Catalunya.

La sede, conocida como edificio Joaquín Costa desde 1923, ocupa el chaflán de las calles Torres Amat y Joaquín Costa, en pleno centro de Barcelona. Diseñado por el arquitecto Miguel Ángel Navarro con inspiración en el Renacimiento aragonés, el inmueble cuenta con cerca de 4.000 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, sótano y dos plantas superiores, además del histórico Teatro Goya, que ocupa una superficie de 948 metros cuadrados.

Por su valor patrimonial y simbólico, el edificio fue incorporado hace cuatro años al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón tras la aceptación formal realizada por el entonces presidente Javier Lambán. El inmueble, valorado en más de diez millones de euros, requiere importantes actuaciones de rehabilitación, especialmente en cubiertas, sistemas de recogida de aguas y diversos elementos ornamentales de fachada.

Más allá de su relevancia arquitectónica e histórica, el edificio ocupa una ubicación estratégica. Más de 12.000 personas transitan diariamente por su entorno, lo que lo convierte en un escaparate privilegiado para la promoción económica, social y cultural de Aragón en Catalunya. Su presencia centenaria en Barcelona simboliza además la estrecha relación entre ambos territorios, cuyos vínculos económicos continúan siendo especialmente intensos. Catalunya es uno de los principales socios comerciales de Aragón, mientras que el Puerto de Barcelona constituye la principal puerta de salida y entrada del comercio marítimo aragonés, concentrando alrededor del 65 % de este tráfico.

El programa Volveremos ha vuelto a generar malestar entre comerciantes y clientes de Zaragoza tras agotarse el saldo disponible en apenas tres días de campaña. Lo que nació durante la pandemia como una herramienta de apoyo al pequeño comercio sigue siendo valorado por buena parte del sector por su capacidad para atraer consumidores, pero el rápido consumo de los fondos, las consecuencias fiscales para algunos autónomos y los abusos detectados en su funcionamiento han reabierto el debate sobre el modelo.

La presidenta de los comerciantes del distrito Centro, Begoña Abad, reconoce la decepción que ha dejado esta edición. “Estamos tristes porque ha durado muy poco, los clientes también”, explica. Recuerda que el segundo miércoles de campaña muchos consumidores acudieron a los establecimientos esperando beneficiarse de los descuentos y se encontraron con que a media mañana el porcentaje de devolución ya se había reducido y por la tarde el saldo estaba completamente agotado.

La situación generó tensión en numerosos comercios. “Cuando se acabó el saldo nos venía la gente a gritar porque se había terminado muy pronto y me decían que les hiciera yo el descuento”, relata Abad. Los comerciantes se vieron obligados a asumir el enfado de los clientes pese a no tener ninguna responsabilidad sobre el agotamiento de los fondos. “El miércoles lo pasé fatal, la gente se volvió loca”, asegura.

A pesar de las críticas, Abad defiende la utilidad del programa como herramienta para dinamizar el consumo y atraer clientes a las tiendas. Sin embargo, considera que algo está fallando en la gestión y reclama una reflexión sobre el funcionamiento de la plataforma y el reparto de los recursos. También recuerda que la ampliación del programa a todo Aragón ha provocado que el presupuesto tenga que distribuirse entre un número mucho mayor de comercios y usuarios.

Otra de las preocupaciones que ha emergido con fuerza en esta edición es la situación fiscal de numerosos autónomos. Comerciantes que tributan por módulos denuncian que Hacienda les está computando como subvención unas cantidades que aseguran no haber recibido realmente.

Begoña Abad sostiene que los comerciantes siempre entendieron que el beneficiario de la ayuda era el consumidor, no el establecimiento. “Es una ayuda para quien compra. Nosotros solo adelantamos el dinero”, afirma. A su juicio, el problema surge cuando esos importes terminan teniendo consecuencias fiscales para los negocios.

La comerciante V.P., propietaria de una pequeña tienda de regalos en La Jota, se declara “indignada”. Explica que descubrió las implicaciones tributarias cuando su gestor le informó después de haber presentado la declaración de la renta. Considera que el programa supone un esfuerzo añadido para pequeños negocios que, además de gestionar la aplicación y ayudar a los clientes a utilizarla, ahora deben afrontar una carga fiscal inesperada.

“Lo hacemos por los clientes”, asegura, aunque reconoce que ha llegado a plantearse abandonar la iniciativa. Sin embargo, teme perder compradores si deja de participar. Su sensación es que el pequeño comercio asume costes y complicaciones que otros negocios de mayor tamaño apenas perciben.

El que sí ha abandonado la aplicación es  L.V., comerciante de San José, que decidió no renovar su participación en Volveremos. Además, ha presentado una queja ante el Justicia de Aragón y prepara consultas ante Hacienda. Defiende que los comerciantes no reciben una subvención como tal, sino que adelantan una cantidad que posteriormente les es reintegrada. “Si esto es una subvención, debería ser de cero euros, porque nosotros no recibimos ningún beneficio”, argumenta.

Junto a las cuestiones fiscales, numerosos comerciantes denuncian prácticas que consideran contrarias al espíritu original del programa. Begoña Abad reconoce que algunos clientes le han pedido fraccionar compras en varias operaciones para obtener más saldo, una práctica a la que siempre se ha negado. “Todos debemos cumplir las reglas para que el programa siga siendo un buen proyecto”, afirma.

La propia presidenta de los comerciantes del Centro admite que la picaresca existe tanto entre clientes como entre algunos establecimientos. Recuerda que varios comercios fueron expulsados del programa por operaciones fraudulentas y que precisamente por ello se han introducido nuevas limitaciones en esta edición.

Luis V. va más allá y denuncia que algunos usuarios llegan a presentar varios teléfonos móviles para generar distintas operaciones y acumular más saldo.

Otros comerciantes también critican la presencia en el programa de determinados sectores y grandes negocios que, en su opinión, se alejan del objetivo inicial de apoyar al pequeño comercio local como agencias de viajes, joyerías o establecimientos de moda de alta gama.

Lamentan además que buena parte del saldo generado en grandes compras termine gastándose posteriormente en pequeños establecimientos, lo que provoca desequilibrios en el reparto de los beneficios del programa. Según relata entre risas Begoña Abad, algunos consumidores le reconocen que guardan durante meses el saldo acumulado para destinarlo a compras concretas, especialmente en Navidad, cuando aprovechan el descuento para afrontar el coste de productos más caros como el jamón o las gambas.

Las críticas no ocultan que muchos comerciantes siguen valorando positivamente la filosofía de Volveremos. Begoña Abad plantea mantener ayudas al consumo y apoyo al comercio local, pero con fórmulas más enfocadas a los periodos de menor actividad comercial, como noviembre o febrero, y con mecanismos que garanticen un reparto más equilibrado de los recursos.

Condiciones y presupuesto del Volveremos 2026

La reciente convocatoria ha incorporado varias limitaciones destinadas a evitar abusos y mejorar el reparto de los fondos La novedad de esta edición es que solo se permiten dos operaciones de generación de crédito por usuario en un mismo comercio.

Además, para generar saldos, se establece un tope de 250 euros/mes; 500 euros/año por usuario, mientras que cada comercio tendrá un límite de 5.000 euros mensuales y 20.000 euros anuales, ampliable excepcionalmente hasta 60.000 euros al año en determinados sectores.

También se establece un máximo de 100 euros de generación de saldo por operación, un límite de 150 euros al mes por usuario en un mismo comercio y un máximo de dos operaciones de generación de crédito por usuario y establecimiento.

Para la primera convocatoria de 2026, el programa fija un límite global de generación de saldos de 2,9 millones de euros, ampliable en función de la disponibilidad presupuestaria.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, cuenta con un presupuesto total de 8 millones de euros, de los cuales 2 millones estaban destinados a Zaragoza capital. La rapidez con la que se consumieron los fondos ha intensificado las críticas y ha reabierto el debate sobre el futuro de una herramienta que sigue siendo muy popular entre los consumidores, pero que acumula cada vez más cuestionamientos entre una parte del comercio local. Unas críticas que, lejos de cuestionar la continuidad del programa, invitan a reflexionar sobre las deficiencias detectadas y las posibles mejoras que podrían reforzar su eficacia y sostenibilidad.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha anunciado este jueves cuatro iniciativas jurídicas y administrativas contra el Gobierno de España por lo que considera un supuesto “fraude” en el reparto de menores migrantes no acompañados.

Nolasco justificó su comparecencia asegurando que pretende informar “con absoluta transparencia” sobre lo que califica como una “gravísima situación” derivada de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “La opinión pública debe saber la realidad, la auténtica realidad y sus consecuencias”, afirmó. “No voy a ocultar la realidad. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocerla y saber también que mi compromiso es trabajar y pelear con todas las herramientas legales para cambiarla, para dar seguridad y tranquilidad a los aragoneses”, ha añadido.

Su pronunciamiento se produce en un contexto de controversia por el uso que Vox viene haciendo del portal institucional del Gobierno de Aragón para difundir información relacionada con menores migrantes. Esta práctica ha suscitado críticas por parte de distintos sectores, que consideran que una web concebida para informar sobre la actividad del Ejecutivo autonómico está siendo utilizada con fines ideológicos.

En este contexto, la Asociación de Periodistas de Aragón, que integra también al Colegio Profesional de Periodistas, trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos desde la Vicepresidencia. La iniciativa respondió, según la propia entidad, a quejas recibidas tanto de colegiados y asociados como de ciudadanos ajenos a la profesión.

Nolasco ha considerado “alucinante” que se acuse a Vox de estigmatizar a los menores cuando habla de “un problema real”. Aunque inicialmente ha evitado pronunciarse sobre la actuación de la asociación profesional, ha terminado dedicando parte de su intervención a criticarla.

“Esto es muy interesante. Igual hay que contarle a la gente que los colegios de periodistas no quieren que informemos de lo que pasa. Eso me da bastante que pensar, que el Colegio de Periodistas diga que no le parece bien que demos datos sobre la seguridad en Aragón, sin ofrecer datos personales. ¿Sería estigmatizar a la población reclusa si el Ministerio del Interior diera cuenta de las víctimas por un motín en una cárcel?”, ha comparado el vicepresidente.

Llegados a este punto, Nolasco ha endurecido su discurso y ha ampliado sus críticas al papel de los medios de comunicación. “La respuesta es que no quieren que se hable de ciertas cosas para que no pierdan votos porque algunos periodistas están a la orden de ciertos partidos políticos que viven de esto”. También ha sostenido que existe una estrategia para “sustituir a la población autóctona por otra” y ha afirmado que, cuando esa nueva población obtenga el derecho al voto, se hará “sin reserva”. Nolasco, en su habitual estrategia de mezclar conceptos, ha mostrado su sorpresa por el tratamiento mediático de algunas figuras políticas: “he visto a periodistas defendiendo estos días a Zapatero. ¿Qué más se tiene que ver?”, ha cuestionado.

Más vigilancia y ofensiva jurídica

Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, Aragón tutela actualmente a unos 1.700 menores, de los cuales 219 son migrantes no acompañados. De ellos, 130 habrían llegado en los últimos ocho meses (14 en los últimos diez días) procedentes de Canarias en el marco de los traslados impulsados para aliviar la presión sobre los centros de acogida del archipiélago.

Los menores son atendidos en alrededor de 25 centros y pisos tutelados repartidos por la comunidad, donde trabajan unas 600 personas. Muchos de ellos sobrepasan la capacidad y carecen de personal, lo que a veces genera tensiones. Los trabajadores reclaman más medios humanos, materiales y educativos, necesidades que por ahora no serán atendidas, dado que el vicepresidente del Gobierno de Azcón, Alejandro Nolasco, prioriza otras medidas como el aumento de agentes de seguridad en las inmediaciones de los centros de menores.

Además, Nolasco ha avanzado otras iniciativas como recurrir todas las decisiones de la Fiscalía que obliguen a Aragón a asumir la tutela de menores migrantes. El vicepresidente ha justificado esta medida como una forma de “evitar el fraude, impedir la inseguridad y frenar el efecto llamada”.

Aunque el volumen de llegadas sigue siendo reducido en relación con el total de menores tutelados, Nolasco ha anunciado una “ofensiva jurídica y judicial” contra los delegados del Gobierno y, en última instancia, contra el Ministerio del Interior y el Ejecutivo central. Según ha explicado, pretende denunciar lo que considera una actuación “reiterada y masiva” contraria a la legalidad en materia de menores migrantes.

“Además de la jurisdicción contencioso-administrativa, estamos decididos a activar también la exigencia de responsabilidades penales contra los delegados del Gobierno y sus superiores políticos, como responsables directos de la correcta aplicación de la Ley de Extranjería”, ha afirmado. Ha añadido que la estrategia se desarrollará mediante los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y, si fuera necesario, mediante despachos externos.

Otra de las medidas anunciadas consiste en realizar pruebas de determinación de edad a todos los menores que lleguen a Aragón a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA). Nolasco ha argumentado que muchos jóvenes carecen de documentación fiable y ha ironizado afirmando que “qué casualidad, todos nacen el 1 de enero del mismo año y todos tienen diecisiete años y medio”. Asimismo, ha asegurado que aquellos cuya mayoría de edad quede acreditada no serán acogidos por el sistema autonómico.

El retorno a los países de origen

Precisamente, para hacer efectiva la anterior medida, Nolasco también ha planteado impulsar el retorno de los menores migrantes a sus países de origen para que, según ha dicho, puedan reunirse con sus familias. “Hay que velar por el interés superior del menor y también por el de los aragoneses”, ha sostenido. En ese contexto, ha anunciado la suspensión de las subvenciones destinadas a entidades de cooperación internacional que, según sus palabras, no estén orientadas a la “repatriación” de menores migrantes no acompañados.

El vicepresidente ha asegurado que Aragón puede firmar acuerdos con países de origen al amparo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. Sin embargo, la capacidad de las comunidades autónomas para intervenir en este ámbito está limitada por el marco constitucional.

El artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, política exterior e inmigración. Asimismo, el artículo 35 de la Ley de Extranjería establece que corresponde al Gobierno central promover acuerdos de cooperación con los países de origen, incluidos aquellos relacionados con programas de protección o retorno, siempre bajo garantías legales específicas.

Por ello, las comunidades autónomas no pueden negociar ni suscribir acuerdos internacionales sobre repatriación o deportación de menores migrantes. Su intervención en los países de origen se limita a actuaciones vinculadas a la cooperación al desarrollo y la asistencia social, sin capacidad para modificar la situación administrativa de los menores ni para asumir funciones reservadas a la Administración General del Estado.

En consecuencia, cualquier iniciativa relacionada con el retorno de menores extranjeros debe desarrollarse dentro del marco legal estatal y conforme al principio del interés superior del menor recogido en la legislación española y en los tratados internacionales suscritos por España.

“Tras un balance de gestión histórico, poco más se puede hacer. Siempre quedan cosas pendientes y tendremos que seguir gobernando para hacerlas en la próxima legislatura”. Con esta declaración ha cerrado Natalia Chueca el acto organizado por el Ayuntamiento para hacer balance de sus tres años al frente de Zaragoza, una intervención plagada de autobombo, cuyo horizonte declarado es convertir la ciudad en la capital europea “del bienestar y la calidad de vida”. Cuestiones como el último informe del Tribunal de Cuentas, el fiasco del parque de atracciones o los sobrecostes en La Romareda se han quedado en el tintero. También el importante volumen de fondos europeos provenientes del Gobierno central, pese a que le dedicó un severo correctivo en su intervención.

Acompañada por todo su equipo de gobierno, la alcaldesa ha repasado una gestión que, según su relato, ha servido para saldar la deuda histórica con los vecinos. Un reconocimiento que, asegura, percibe a diario. “Me lo dicen cada vez que salgo a hacer un recado, una gestión o asisto a un acto”, ha explicado. La propia Chueca ha confesado haberse emocionado al contemplar el vídeo elaborado por su equipo de comunicación sobre estos tres años de mandato. “Casi me quedo sin palabras”, ha resumido.

La alcaldesa ha presumido de haber logrado una combinación difícil de mejorar: más inversión, menos deuda y menos impuestos. Según ha destacado, Zaragoza se ha convertido en un referente nacional gracias a contar con el IBI más bajo entre las capitales españolas.

Entre los principales hitos ha citado una inversión de 303 millones de euros destinada a transformar la ciudad, con actuaciones en calles y avenidas que “antes parecían carreteras”, nuevos equipamientos, más zonas verdes, vivienda pública, movilidad y oportunidades para el talento. El resultado, según la alcaldesa, es una Zaragoza “más verde, más accesible, más próspera y, sobre todo, más humana”.

Como muestra de que aún queda algún margen para la mejora pese al “poco más se puede hacer”, ha recordado el nuevo acuerdo marco de hasta 14,4 millones de euros para agilizar las obras de pavimentación durante todo el año. También ha anunciado la incorporación de 600 nuevas bicicletas públicas, que elevarán la flota a 3.100 unidades; un incremento de 1,2 millones de euros en el presupuesto de asfaltado y una segunda fase del plan de modernización del alumbrado público, ReluzYDos, dotada con cerca de 10 millones de euros.

La estrategia municipal, ha afirmado, está impulsando proyectos capaces de vertebrar la ciudad y reforzar su proyección internacional. Entre ellos ha destacado la regeneración integral del río Huerva, con una inversión superior a los 31,9 millones de euros para recuperar 80.000 metros cuadrados de espacio público y financiada con fondos europeos provenientes del Estado. El tramo 2 alcanza ya el 68% de ejecución y se prevé su inauguración a finales de 2026, mientras que el tramo 1 supera el 47%.

Entre los próximos desafíos figuran la candidatura de Zaragoza como Capital Europea del Deporte 2027 y la exposición internacional 'Doscientos años con Goya', que se celebrará en La Lonja entre abril y agosto de ese mismo año.

Proyectos discutidos, éxitos indiscutibles

Lejos de esquivar algunas de las actuaciones más cuestionadas de su mandato, Chueca ha reivindicado con orgullo proyectos como la nueva Romareda, cuyo presupuesto supera los 180 millones de euros, o la operación de Giesa, donde se han invertido 20 millones de euros de dinero público para impulsar una 'ciudad del cine' para la que el único ofertante llegó tarde y ciclos de FP concertada.

También ha celebrado la conversión de Etopía en un “referente”, un centro de emprendimiento, innovación y tecnología que no pasa por sus mejores momentos. En la misma línea ha situado el canal de aguas bravas de la Expo, cuya reapertura ha costado seis millones de euros y, aunque estaba prevista para esta primavera, ha tenido que retrasarse por exigencias derivadas de la nueva contrata.

La alcaldesa también se ha atribuido el impulso de la incorporación de Zaragoza al sistema Viogén, aunque la nueva unidad policial Égida sigue sin estar operativa tras años de retrasos, desencuentros con la Delegación del Gobierno y discrepancias con la plantilla sobre sus condiciones laborales y económicas.

Sánchez “ensombrece” el balance

Aunque la alcaldesa ha aprovechado para lanzar sus habituales dardos al Gobierno central, uno de los capítulos que mayor beneficio ha reportado a la ciudad son los mencionados fondos europeos, con los que ha llevado a cabo importantes inversiones en movilidad o vivienda. De hecho, la propia Chueca ha reconocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez —al que ha acusado de estar “lleno de corrupción” y de no ayudar a Zaragoza— le ha felicitado por el elevado nivel de ejecución de esos fondos.

Quedan lejos las denuncias que ha protagonizado su antecesor y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, cuando viajó a Bruselas en 2022 para denunciar un reparto “sectario” y “político” de los fondos Next Generation por parte del Gobierno de España.

Tampoco ha habido referencias al episodio que estuvieron a punto de costar al Ayuntamiento 7,4 millones de euros destinados a subvencionar el transporte público. Un error en la tramitación de la solicitud dejó inicialmente a Zaragoza fuera de las ayudas estatales, obligando teóricamente al consistorio a asumir con fondos propios el descuento aplicado a los usuarios. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó una concesión directa de esos fondos para evitar que los ciudadanos asumieran las consecuencias del fallo administrativo.

Este miércoles, la alcaldesa ha destacado que Zaragoza ocupa la tercera posición entre las ciudades españolas con mayor captación de fondos europeos, solo por detrás de Madrid y Barcelona. La ciudad ha obtenido más de 125 millones de euros en convocatorias competitivas destinadas a digitalización, sostenibilidad y transformación urbana, de los que ya ha ejecutado más de 102 millones, alcanzando un grado de ejecución superior al 82%.

Estos fondos financian además buena parte de las actuaciones en rehabilitación energética y vivienda social. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión de 266 millones de euros en Aragón y ha permitido impulsar 384 viviendas mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Pese a insistir en que el Gobierno central obstaculiza la acción municipal, la alcaldesa también ha mostrado su satisfacción por proyectos como el plan de alumbrado público, financiado mediante un crédito a interés cero concedido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Algo similar ocurre con la llamada “cicatriz histórica” del Portillo. Chueca ha celebrado el avance del proyecto, aunque su desarrollo depende de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), una sociedad participada en un 50% por el Ministerio de Transportes a través de Adif, mientras que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza aportan el 25% restante cada uno.

“Nuevos show comunicativo”: las reacciones

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha valorado con dureza la comparecencia de la alcaldesa, Natalia Chueca, con motivo del tercer año de Legislatura, tildándola de “nuevo show comunicativo basado en el marketing, el triunfalismo y un tono puramente electoralista”.

Frente a la etiqueta de “capital mundial del bienestar” utilizada por Natalia Chueca, la portavoz de Vox ha invitado al gobierno local “a pisar la calle y preguntar directamente en Las Delicias, San José, Valdefierro o el Casco Histórico si realmente sienten que viven en la capital mundial del bienestar”. A continuación, ha considerado que “no podemos meternos en una burbuja y felicitarnos por las grandes hazañas que creen que están realizando en la ciudad cuando nuestros vecinos en las calles lo que nos están diciendo es que necesitan más limpieza y más seguridad”. La portavoz de VOX también ha repardo en que los barrios rurales “sufren de igual modo un abandono crónico que solo se mitiga parcialmente gracias a las partidas presupuestarias duplicadas a exigencia de VOX”.

Por todo ello, Torres ha aconsejado a la regidora “escuchar más a los zaragozanos y dejarse de tanto marketing y de tanto festival”.

Para Zaragoza en Común, estos tres años han confirmado un modelo de ciudad basado en “la política de amigos”, donde las decisiones se toman desde los despachos y de espaldas a la ciudadanía, mientras se priorizan los intereses de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha criticado que “Chueca ha gobernado a golpe de despacho, sin escuchar a los barrios, sin dialogar con el tejido vecinal y sin construir una ciudad para todos y todas. Ha preferido las fotos, los focos y los grandes anuncios a resolver los problemas cotidianos de la gente”.

Además, ha denunciado que el Gobierno municipal ha impulsado“ un continuo trasvase de recursos públicos hacia intereses privados, con un urbanismo a la carta, vendiendo suelo publico para viviendas de lujo y paralizando la ampliación del parque publico de vivienda de alquiler, mientras servicios esenciales y demandas históricas de los barrios siguen sin respuesta”.

“Los vecinos están enfadadísimos y tienen miedo. Merecemos explicaciones y mayor seguridad”, afirma el alcalde pedáneo del barrio zaragozano de La Cartuja, José María Lasaosa, tras la decena de incendios registrados en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, el último de los cuales continúa activo. En lo que va de año se han producido ya tres fuegos, que se suman a los ocho registrados en 2025, uno de ellos con el confinamiento preventivo de la población en el mes de agosto. Todos ellos han sido descritos en una denuncia presentada por un ciudadano ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, que mantiene abiertas las diligencias de investigación.

Para canalizar el malestar vecinal y reclamar medidas, este miércoles se ha convocado una concentración ciudadana a las 19.00 horas en el parque del centro cívico del barrio.

La Junta Vecinal, el grupo municipal de Medio Ambiente, el tejido asociativo y distintas organizaciones ecologistas han intensificado sus acciones para exigir información sobre las afecciones al aire, al subsuelo y, en definitiva, a la salud de la población. También reclaman una investigación que permita esclarecer el origen y la trazabilidad de los incendios, conocer si se han impuesto sanciones a las empresas responsables, reforzar los recursos de inspección y supervisar las licencias de actividad clasificada.

Con ese objetivo, han remitido escritos al Ayuntamiento de Zaragoza, al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), al Seprona y a las empresas instaladas en el PTR. “No les vamos a hacer cómodo que no haya repercusiones”, advierte Lasaosa, quien teme que el número de siniestros acabe superando este año al de 2025, especialmente ante la llegada de las altas temperaturas y el elevado volumen de material almacenado en las instalaciones.

En la misma línea, Paco Iturbe, de Ecologistas en Acción, alerta de la creciente frecuencia de estos episodios. “Vamos a un incendio por mes en lo que va de año y se está convirtiendo en recurrente lo que debiera ser excepcional y que cada vez va en aumento y gravedad, como el confinamiento al que se sometió el año pasado a los vecinos”. A su juicio, “algo está fallando y deben dar explicaciones sobre la composición de las nubes tóxicas que afectan a la salud de los vecinos. Deben dar información y solución”.

El incendio de esta semana se suma a otros registrados recientemente en las mismas instalaciones. El pasado 3 de mayo se declaró otro fuego de características similares en la planta de reciclaje de La Cartuja Baja, también durante la madrugada. Apenas unas semanas antes, el 6 de abril, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir por otro incendio en el complejo.

La extinción de este tipo de siniestros suele prolongarse durante horas debido a la naturaleza de los materiales almacenados. Los residuos destinados al reciclaje contienen con frecuencia elementos altamente combustibles, lo que dificulta las labores de los equipos de emergencia y obliga a mantener tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones. “No se trata de extinción, sino de prevención”, insiste el alcalde pedáneo.

Las consecuencias, además, trascienden el entorno inmediato del PTR. El humo y los olores alcanzan habitualmente otros puntos de la ciudad, como los barrios de Torrero y La Paz, mientras que los trabajadores del parque conviven a escasos metros de los focos de incendio.

Una normativa más exigente

Lasaosa considera que la legislación española presenta carencias respecto a otros países europeos en materia de gestión y almacenamiento de residuos. “Quizá sea necesario reducir los acopios, reforzar la compartimentación contra incendios mediante sectores independientes de almacenamiento, instalar cámaras térmicas y dotar a las instalaciones de equipos de primera y segunda intervención”, plantea.

También cuestiona las diferencias económicas que convierten a España en un destino atractivo para residuos procedentes del extranjero. Según explica, para muchas empresas francesas o italianas resulta más barato asumir el transporte hasta España que afrontar las tasas de tratamiento en sus países de origen, donde la regulación ambiental y los impuestos al vertido son mucho más elevados: hasta 300 euros por tonelada frente a los alrededor de 50 euros que se pagan en España. Esta situación habría permitido a empresas francesas obtener beneficios millonarios trasladando residuos al PTR de Zaragoza.

“El rigor estricto en países de nuestro entorno choca con la práctica tercermundista de España y no existe trazabilidad de las empresas que vierten residuos en nuestro país de manera más barata, mientras los vecinos del entorno sufrimos las consecuencias. Nos merecemos más respeto”, sostiene José María Lasaosa.

El alcalde pedáneo también expresa su preocupación por el proyecto para instalar una fábrica de baterías en el recinto, una iniciativa sobre la que ya se habían planteado advertencias por el posible incremento del riesgo de incendios.

Denuncia ante la fiscalía

Un ciudadano particular presentó el pasado año una denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente de Zaragoza por la presunta comisión de hechos que pudieran ser típicos por su posible afección a la salud pública y al medio ambiente. En dicha denuncia desglosa la existencia de ocho incendios entre abril y septiembre de 2025, a los que ha ido incorporando los de abril, mayo y junio de 2026, en diversos polígonos industriales en los que se hallan ubicadas actividades dedicadas al almacenamiento, gestión y reciclaje de residuos, o que manejan materiales y sustancias peligrosas. Ecoactiva de Medio Ambiente SA, Residuos Industriales de Zaragoza RINZA, Polígono Tecnológico del Reciclado PTR López Soriano, Empresarium, Polígono Industrial La Cartuja Baja, son algunas de las firmas allí instaladas.

Los incendios que denuncia el ciudadano, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, conllevarían procesos de combustión asimilados a las incineradoras cuyos efectos han sido estudiados y detallados en varios informes de Greepace y la Universidad de Granada.

Entre otros apartados, como la elevada siniestralidad e incendios o los efectos de la combustión que provoca episodios de contaminación atmosférica por las numerosas sustancias que se originan, incluye el de los efectos acumulativos, donde expone que en los procesos de evaluación ambiental se habla de los causados repetidamente por un mismo agente a lo largo del tiempo. “Hay que tener en cuenta aquí la magnitud de los incendios en cuanto a volumen y duración ya que una de las técnicas de extinción que aplican los bomberos en estos casos es dejar que el fuego consuma todo el material y actuar sólo evitando que se propague, por lo que la combustión dura horas e incluso días, con las consiguientes emisiones a la atmósfera. En el caso que refiero es evidente que la repetición de los incendios a lo largo de los años conlleva que los impactos negativos sobre la salud y la biosfera se reiteran y superponen impidiendo la recuperación de un estado saludable ya que los daños se convierten en persistentes y/o irreversibles”.

Cita numerosos estudios sobre la afección de los distintos metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y persistentes y otros contaminantes secundarios, todos ellos capces de generar complicaciones en enfermedades respiratorias, circulatorias, mentales, y afecciones a diversos órganos.

Dada la frecuencia y reiteración de los incendios en los últimos años y, especialmente desde 2025, el denunciante entiende que el origen pudiera superar lo accidental y pudiera deberse a una mala gestión de los materiales por parte de las empresas y/o a una deficiente supervisión y vigilancia por parte de la administración, que correspondería al Gobierno de Aragón y/o al Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello, propone a la fiscalía  investigar los hechos solicitando informe a los bomberos de Zaragoza, al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) adscrito al Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, al Instituto de Salud Global, al Seprona de la Guardia Civil, a las demás entidades y organismos con competencias en la materia, así como a las estaciones meteorológicas y de medición de calidad del aire oficiales o particulares referidos a las fechas en torno a los siniestros por si pudieran reflejar los picos y extensión de las emisiones.

Además, recuerda en su denuncia la existencia de sentencias contra la empresa López Soriano por fraude en el reciclaje de frigoríficos y aparatos de frío, tanto de la Audiencia Provincial como del Tribunal Supremo desestimando el recurso interpuesto por la empresa en 2016.

Quejas políticas y sociales

Desde Ecologistas en Acción Zaragoza han mostrado su preocupación por unos incendios cada vez más frecuentes que requieren la intervención de los bomberos y que, en algunos casos, han obligado incluso al confinamiento de vecinos de La Cartuja y su entorno.

La organización denuncia la falta de información y transparencia por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y reclama mayores medidas de prevención y fiscalización de estas instalaciones. Además, advierte de los riesgos derivados de la emisión de gases y partículas potencialmente peligrosas durante la combustión de residuos como plásticos, aparatos electrónicos o productos químicos.

“Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que extreme las medidas necesarias para que estos incendios no vuelvan a repetirse, se busquen a los culpables, por acción directa o por dejación de funciones, y se adapten las necesarias medidas correctoras”.

Por su parte, CHA Zaragoza ha reclamado una revisión de los mecanismos de prevención, control e inspección tras el nuevo incendio registrado en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano. La coordinadora de CHA Zaragoza, Ana Lasierra, ha advertido de que “cuando los incendios se repiten una y otra vez en un mismo entorno industrial ya no estamos ante una simple sucesión de accidentes, sino ante una situación que exige una revisión profunda de los mecanismos de prevención, control e inspección”.

Lasierra ha pedido al Gobierno de Aragón que informe sobre las causas de los incendios y refuerce la vigilancia de las instalaciones, además de reclamar al Ayuntamiento de Zaragoza una mayor implicación en materia de protección civil y seguridad. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo y qué medidas se están adoptando para evitar que estos episodios vuelvan a repetirse. No podemos normalizar que cada pocos meses se produzcan incendios de grandes dimensiones que generan alarma social y movilizan importantes recursos públicos”, ha afirmado.

Asimismo, Izquierda Unida de Aragón y Zaragoza en Común han exigido más información y controles tanto al Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza tras el último incendio declarado en el PTR. Ambas formaciones consideran que la reiteración de estos episodios obliga a extremar la transparencia y la supervisión de las actividades vinculadas al tratamiento y almacenamiento de residuos.

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha reclamado conocer qué controles e inspecciones se están realizando en las instalaciones afectadas y cuáles han sido sus resultados. Por su parte, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha lamentado la “falta de información y transparencia” por parte del Ayuntamiento y ha asegurado que siguen sin obtener respuestas claras sobre las medidas preventivas adoptadas ni sobre las consecuencias de estos incendios para la población.

Tanto IU como ZeC reclaman además que el Gobierno de Aragón refuerce los controles sobre las actividades de reciclaje de la zona y aclare si ha trasladado esta situación al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para investigar las causas de la elevada concentración de incendios en estas instalaciones.

Desde el Ayuntamiento no ofrecen valoraciones sobre las causas de los incendios ni hay información sobre medidas adoptadas al respecto.

En la guerra abierta por Vox en Aragón contra la acogida de menores migrantes, el PP de Jorge Azcón está poniendo mucho de su parte. El Ejecutivo autonómico ha cerrado hasta tres centros de protección y ha eliminado 70 plazas tuteladas en los últimos dos años, sin la extrema derecha en el Gobierno y con la ahora consejera de Educación, Carmen Susín, al frente de Servicios Sociales. Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han solicitado una reunión urgente con la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para abordar la situación que atraviesa el sistema en la comunidad, agravado por años de falta de planificación y una progresiva reducción de recursos.

El primero en desaparecer fue el centro Juan de Lanuza, especializado en autonomía para jóvenes de entre 14 y 18 años y considerado la última fase antes de abandonar el sistema de protección. En agosto de 2024 cesó también la actividad del centro de Ateca tras el escándalo por las denuncias por presuntos abusos y agresiones. Aunque el servicio volvió a licitarse, ninguna entidad presentó oferta. Posteriormente, en julio de 2025, cerró un piso tutelado en Teruel después de que uno de los menores provocara un incendio en el centro de acogida para menores migrantes no acompañados. El autor fue detenido y trasladado al centro de reforma de Juslibol pero no se ha vuelto a abrir.

A esta situación se suma, según los sindicatos, la escasez de plazas en recursos terapéuticos especializados para menores con problemas de salud mental o conductuales. Actualmente funcionan los centros en La Almunia y Peralta de la Sal, además de dos dispositivos abiertos tras la llegada de menores procedentes de Canarias, pero consideran que siguen siendo insuficientes.

“Ahora mismo no existen recursos especializados suficientes para atender determinadas conductas relacionadas con la salud mental”, advierten los representantes de los trabajadores.

El sector está externalizado en un 95% y emplea a unas 600 personas entre educadores, psicólogos, psiquiatras, maestros, personal de mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los sindicatos aseguran que las plantillas son insuficientes y que no se cumplen las ratios recomendadas de un trabajador por cada cuatro menores.

La situación es especialmente compleja en los recursos de reforma. Según denuncian, en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol un único profesional puede llegar a atender entre 12 y 16 menores en determinados turnos.

Aunque la situación es cambiante, actualmente hay alrededor de 350 menores en acogimiento residencial en Aragón. Algunos presentan discapacidad y son atendidos en recursos específicos adaptados a sus necesidades. En el caso del CEIMJ Juslibol, permanecen ocupadas unas 30 de las 50 plazas disponibles.

Los sindicatos defienden un cambio de modelo basado en centros más pequeños y especializados, con mayor número de educadores por turno y una atención más individualizada. Aseguran que los conflictos son más frecuentes en recursos con un elevado número de residentes y que las consecuencias las sufren también aquellos menores que no participan en los altercados.

“Los chicos que no están implicados también padecen las consecuencias de esta situación y acaban sufriendo una especie de maltrato institucional”, sostienen.

Por esta razón y tras los recientes incidentes registrados en un centro de Movera gestionado por la Fundación Ozanam, los sindicatos se han reunido hoy y han solicitado una reunión urgente con la nueva gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), conocedora de la situación, ya que procede de servicio de menores de la administración autonómica.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha atribuido los recientes incidentes al comportamiento de algunos menores y rechazó relacionarlos con una falta de atención. “No es porque estén bien atendidos o no. Hay personas que son agresivas, que vienen con una cultura de la violencia desde fuera y algunos de ellos mezclan eso con sustancias y consumos”, ha resuelto. Y por ello, ha anunciado más medidas de seguridad, en concreto, reforzar la vigilancia privada, toda vez que tuvo que descartar llevarla a cabo con la Policía Nacional porque el cuerpo solo puede intervenir en estos recursos en situaciones graves y excepcionales.

Sin embargo, las organizaciones sindicales consideran insuficiente la propuesta anunciada por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Para UGT, CCOO y CGT, el Ejecutivo autonómico debe centrar el debate en el refuerzo de los recursos educativos, humanos y materiales y en dar salida a los pliegos caducados para la gestión de algunos centros.

Años de deterioro del sistema

La Plataforma por un Convenio Autonómico de Protección y Reforma de Menores en Aragón ha mostrado también su preocupación por los graves incidentes ocurridos a comienzos de este mes de junio en el centro de Movera pero sostiene que los robos, agresiones, amenazas, peleas multitudinarias e intervenciones policiales registrados son consecuencia del progresivo deterioro del sistema de protección. “Lo ocurrido no puede analizarse de forma aislada ni utilizarse para señalar a los menores”, afirma la plataforma, que vincula los problemas actuales a años de recortes y pérdida de recursos.

Según sus representantes, el cierre de centros ha provocado la saturación de los recursos existentes y dificulta ofrecer respuestas adaptadas a las distintas necesidades de los menores tutelados. Cuando faltan plazas, sostienen, los criterios educativos pasan a un segundo plano frente a la simple disponibilidad de espacio.

La plataforma asegura haber advertido durante años de esta situación mediante reuniones, escritos y movilizaciones, sin obtener una respuesta suficiente por parte de las administraciones. También llevaron a cabo una huelga el pasado mes de marzo, que calificaron de “inédita” en España.

Por ello reclama al Gobierno de Aragón y al IASS la recuperación de las plazas perdidas, la apertura de nuevos recursos especializados y una planificación estable que garantice una atención adecuada. También insiste en la necesidad de aprobar un convenio autonómico específico para el sector que contribuya a mejorar las condiciones laborales y la calidad de la atención prestada.

El vicepresidente Nolasco, sin embargo, mantiene una visión distinta sobre el origen de los problemas. A su juicio, las conductas violentas no obedecen a una falta de recursos, sino a la actitud de algunos menores. Como respuesta inmediata, ha anunciado la incorporación de seguridad privada, aunque ha avanzado que el Gobierno trabaja en nuevas medidas “ legales y judiciales” para garantizar la seguridad de los educadores.

El también líder regional de Vox, defiende la necesidad de priorizar la seguridad “porque contra una persona que mide dos metros, que llega bajo los efectos de las drogas y con antecedentes violentos, primero hay que impedir que pueda agredir a nadie”, argumenta y aunque reconoce que los problemas de convivencia no afectan únicamente a menores extranjeros, ha insistido en que la Administración no debería asumir el coste de atender a delincuentes procedentes de otros países. También reclama una mayor financiación por parte del Gobierno central para hacer frente al incremento de usuarios en el sistema de protección: “ni hay que hacerse cargo de los servicios sociales de toda África, que nos den cien mil millones de euros e igual lo podemos hacer. Pero, atender sin fronteras y sin límite, el presupuesto no da para eso”, ha zanjado.

El movimiento vecinal del barrio de Torrero cierra filas con el Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur sobre el que pesa una orden de desalojo para construir un centro de mayores. “La imposición del proyecto municipal para cerrar definitivamente el centro está generando una contestación muy fuerte en el barrio, como nunca se ha visto”, advierten desde la Asociación Montes de Torrero-barrio de Venecia y la Asociación Cultural ‘El Cantero’.

Para ambas entidades, la iniciativa es una excusa para acabar con uno de los últimos bastiones de autogestión, solidaridad y memoria democrática de Zaragoza, ya que el Ayuntamiento dispone de otros espacios municipales vacíos, situados frente a la antigua cárcel, donde podría ubicar ese equipamiento. Por ello, acusan a la alcaldesa, Natalia Chueca, de gobernar de espaldas al barrio y alertan de una “tormenta perfecta” de conflictos provocada por una sucesión de decisiones adoptadas sin diálogo con los vecinos. En este contexto, sostienen que “si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”.

Ángela Ezquerro, Miguel Guíu y Javier Grasa son representantes de la Asociación Vecinal Montes de Torrero-barrio de Venecia. Josan Pérez y Chema Gregorio lo son de la Asociación Cultural ‘El Cantero’. Todos ellos representan a los jóvenes del CSO, que renuncian a ser sus propios portavoces en una charla con este diario y delegan su voz en los históricos representantes de un barrio históricamente combativo y de arraigada identidad obrera en Zaragoza. Todos ellos rechazan la imagen de conflictividad que se proyecta sobre el espacio y reivindican su papel como uno de los últimos referentes de la autogestión en la ciudad, además de un enclave fundamental para la memoria democrática del barrio.

Las entidades consideran que el Kike Mur se ha convertido durante los últimos quince años en un espacio abierto a la participación ciudadana: aquí se desarrollan actividades vinculadas al feminismo, el antiespecismo, los derechos LGTBIQ+, la memoria histórica, la solidaridad con las personas presas, la cultura alternativa y numerosas iniciativas comunitarias. También acoge conciertos, debates, talleres, encuentros sociales y propuestas que, según sostienen, difícilmente encontrarían cabida en equipamientos institucionales.

Lejos de competir con la programación de otras entidades, aseguran que el centro social “es una joya para el barrio, impulsada por jóvenes que aportan una mirada diferente y complementaria, enriqueciendo la vida cultural, fortaleciendo las relaciones vecinales y contribuyendo a construir comunidad”, resumen.

“Aporta inquietudes, perspectivas y actividades que no existen en otros espacios”, señalan. Entre los ejemplos recientes de esa implicación destacan la campaña solidaria organizada tras la dana de Valencia, cuando integrantes del Kike Mur recogieron y trasladaron gratuitamente varias toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a las zonas afectadas. Aquella iniciativa sirvió además para que muchos vecinos accedieran por primera vez al recinto y conocieran de cerca la labor que se desarrolla en su interior.

“Lo que tenemos que entender es que el CSO Kike Mur es un espacio autogestionado, que se sale del sistema convencional”, explica Ángela Ezquerro. “Es algo que tiene mucho valor porque son gente joven, organizada, que aporta al barrio desde un montón de aspectos y no encuentra rechazo ni queja alguna por parte de los vecinos”, explica Javier Grasa.

“Lo que no podemos hacer es criminalizar esa actividad. Lejos de ello, lo que intentamos hacer es darle valor, porque es una suerte contar con algo tan genuino en la sociedad en la que vivimos”, añade Chema Gregorio.

Para el movimiento vecinal, el valor del Kike Mur va más allá de su programación. Recuerdan que la antigua cárcel de Torrero ocupa un lugar central en la memoria democrática de Zaragoza, en lo que Miguel Guíu ve una suerte de “justicia poética”, que hoy sean los nietos de aquellos que fueron encarcelados y represaliados, desde anarquistas, opositores políticos, homosexuales o miembros de la comunidad gitana, los que conviertan esta antigua prisión en un espacio gestionado por jóvenes comprometidos con causas sociales y comunitarias. “Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva”, resume.

Las asociaciones recuerdan además que el actual proyecto no nació al margen del barrio. Subrayan que, tras un intento de desalojo producido en los primeros años de ocupación, una multitudinaria movilización vecinal permitió reabrir el espacio y consolidar su actividad. Desde entonces, sostienen, la relación entre el centro social y el tejido asociativo se ha fortalecido a través de campañas solidarias, movilizaciones, actividades culturales y proyectos compartidos.

Frente a esta realidad, las entidades cuestionan los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para justificar el cierre. Consideran que el anuncio de un nuevo centro para mayores responde más a una estrategia política que a una necesidad detectada por los vecinos. Recuerdan que actualmente Torrero dispone ya de dos centros de jubilados y de otros recursos donde se ofrecen servicios de restauración para personas mayores a precios asequibles. Nadie discute la conveniencia de reforzar este tipo de equipamientos, aseguran, pero consideran que la propuesta municipal se ha presentado sin ningún proceso previo de consulta con el barrio.

Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva

Miguel Guíu

La crítica más dura se dirige hacia lo que califican como un “ejercicio de hipocresía” por parte del Ayuntamiento. Según explica Josan Pérez, justo enfrente de la antigua cárcel existen dos locales municipales de aproximadamente 600 metros cuadrados cada uno, propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que permanecen vacíos desde hace unos quince años. A su juicio, esos espacios podrían albergar perfectamente el equipamiento para mayores anunciado por la alcaldesa sin necesidad de desalojar el Kike Mur. Añaden que el movimiento vecinal lleva años reclamando locales para desarrollar actividades comunitarias y que, pese a ello, numerosos inmuebles públicos continúan cerrados, sin uso y deteriorándose.

También recuerdan que otros espacios municipales del barrio, como un local situado en el parque Emilio Lacambra, han sido reclamados reiteradamente para usos vecinales sin éxito mientras permanecen abandonados y sufren un progresivo deterioro. Por ello consideran que la ofensiva contra el Kike Mur no responde a una falta de espacios, sino a una voluntad política de acabar con un modelo de organización social que escapa al control institucional.

Las asociaciones sostienen que el verdadero problema para el gobierno municipal es la existencia de redes vecinales autónomas y experiencias de autogestión. Señalan que el Kike Mur mantiene relaciones de colaboración con otros proyectos comunitarios de la ciudad y representa una forma de participación basada en el apoyo mutuo, la solidaridad y la organización horizontal. “Lo que molesta no es el edificio, sino lo que simboliza”, afirman.

“Chueca, la gran desconocida. Hipocresía y victimización”

Las críticas alcanzan directamente a la alcaldesa Natalia Chueca, a quien describen como “la gran desconocida” en Torrero. Denuncian la falta de interlocución con el tejido asociativo y aseguran que resulta extremadamente difícil mantener reuniones o trasladar reivindicaciones al Ayuntamiento. Según explican, muchas de las decisiones que afectan al barrio se adoptan sin información previa ni procesos de participación ciudadana.

Como ejemplo citan el proyecto del jardín japonés impulsado en una parcela próxima al Parque de La Paz. Los colectivos recuerdan que históricamente habían reivindicado ese espacio para desarrollar huertos comunitarios y lamentan que la actuación municipal se anunciara sin contar con las entidades vecinales. Consideran aquel proyecto, que tachan de “feo” y “extraño”, un símbolo de una forma de gobernar basada en la imposición y alejada de las prioridades reales del barrio.

También han reclamado sin éxito reuniones con el ayuntamiento para abordar proyectos relacionados con la memoria democrática, como la dignificación de las tapias del cementerio donde fueron fusilados centenares de represaliados franquistas o la señalización de la ruta que seguían los milicianos de la CNT para intentar rescatar presos y perseguidos por la represión. Aseguran que, pese a existir financiación de la Diputación de Zaragoza para algunas de estas actuaciones, el Ayuntamiento ha evitado implicarse y ni siquiera ha accedido a mantener encuentros con las asociaciones promotoras.

Los representantes de las asociaciones no eluden la polémica generada por la pancarta exhibida por jóvenes vinculados al centro social tras el anuncio del futuro desalojo en la que rezaba el siguiente mensaje: 'Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras'. Aunque admiten que el mensaje pudo ser un error desde el punto de vista comunicativo, rechazan que pueda interpretarse como una amenaza personal y consideran que el Ayuntamiento ha utilizado el episodio para construir un relato de victimización. A su juicio, la controversia ha servido para desplazar el debate de fondo sobre el futuro del Kike Mur y reforzar una estrategia de criminalización del movimiento okupa. “Primero se les demoniza, se habla de drogas, delincuencia o inseguridad y después se presenta cualquier respuesta como una amenaza”, sostienen.

Josan Pérez replica: “La violencia no debe entenderse únicamente como un enfrentamiento físico o una alteración del orden público. También constituye una forma de violencia impulsar proyectos como los centros de datos que puedan aumentar la temperatura del barrio entre dos y cinco grados, incrementar el consumo energético, encarecer las facturas o deteriorar las condiciones ambientales sin escuchar previamente a los vecinos. Cuando hablamos de violencia, hablamos también de agresiones al territorio y a la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, sostiene.

La “tormenta perfecta”

Por ello advierten de que en Torrero se está configurando una auténtica “tormenta perfecta”. La suma de conflictos abiertos, la ausencia de diálogo institucional y la percepción de que las decisiones se toman de espaldas al barrio están generando un malestar creciente.

Repasan varias polémicas referidas al barrio como lo que consideran una agresión a los pinares de Venecia vinculada al parque de atracciones, que consideran un “fiasco absoluto y total despropósito”, por lo que ya han solicitado la dimisión de la alcaldesa, su concejal de presidencia, Ángel Lorén y del ‘concejal en la sombra’, José María Ruiz de Temiño. Igualmente, recuerdan su oposición al proyecto de implantación de centros de datos en el entorno.

En ese contexto sitúan el posible desalojo del Kike Mur. Las entidades aseguran que cualquier tensión que pudiera producirse no sería consecuencia de la actividad del centro social, sino de una decisión política que pretende expulsar un proyecto plenamente integrado en la vida comunitaria.

“Si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”, concluyen. A su juicio, el Ayuntamiento está construyendo un relato de victimización que criminaliza a los ocupantes mientras ignora el arraigo social del proyecto y el apoyo que recibe desde amplios sectores del movimiento vecinal. Lejos de ser un problema para Torrero, defienden, el Kike Mur constituye uno de los últimos bastiones de la autogestión en Zaragoza y una de las principales referencias de la memoria democrática en un barrio que lleva décadas reivindicando su historia y su capacidad de organización colectiva. “Esto no tiene nada que ver con el Buñuel –último centro centrado–. Aquí hay muchos años de trabajo común, solidaridad, y mucho apoyo mutuo”, advierten.

Los orígenes del Kike Mur están ligados a la tradición antimilitarista de Zaragoza, una ciudad marcada durante décadas por la presencia de instalaciones militares como la Academia General Militar, la Base Aérea estadounidense o el campo de tiro de las Bardenas. Como reacción a ese contexto surgió en los años ochenta un potente movimiento pacifista que, tras las movilizaciones contra la OTAN, protagonizó una de las principales campañas de insumisión al servicio militar obligatorio.

El CSO toma su nombre de Kike Mur Zubillaga, un joven insumiso de 25 años fallecido en 1997 mientras cumplía condena en la prisión de Torrero. Su muerte provocó una fuerte conmoción en Zaragoza y convirtió su figura en uno de los símbolos del movimiento antimilitarista que contribuyó a la desaparición definitiva de la mili obligatoria en España.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha admitido este jueves que resulta “muy difícil” que el Bachillerato concertado pueda implantarse el próximo mes de septiembre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendiera la orden de concertación aprobada por el Ejecutivo autonómico. El fallo judicial da la razón a los colectivos de la escuela pública al considerar que la orden fue aprobada por un Gobierno en funciones pero Azcón lo ha justificado precisamente “para que pudiera implementarse en septiembre”.

Aunque ha insistido en que será el Departamento de Educación quien estudie las posibles alternativas junto a los representantes de la enseñanza concertada, el presidente aragonés ha reconocido las dificultades para que la medida llegue a tiempo para el inicio del próximo curso.

La consejera de Educación mantiene de hecho este viernes una reunión con representantes de la educación concertada para analizar los distintos escenarios abiertos tras la resolución judicial.

Pese al revés sufrido en los tribunales, Azcón ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico y ha explicado que la decisión de aprobar la orden cuando el Gobierno estaba en funciones respondió exclusivamente a una cuestión de plazos.

“Si no hubiera sido en funciones, hubiera sido imposible por tiempo ponerla en funcionamiento”, ha afirmado. Según ha explicado, el objetivo era que los alumnos y las familias pudieran beneficiarse de la concertación del Bachillerato a partir del curso 2026-2027.

El presidente ha asegurado que el Gobierno de Aragón respetará la decisión de la Justicia, aunque ha reiterado su compromiso con la ampliación de la oferta educativa concertada. “Lo importante es que el Gobierno de Aragón tiene la voluntad de seguir ampliando derechos educativos de las familias aragonesas que optan por la educación concertada”, ha afirmado.

Azcón ha recordado además que la concertación del Bachillerato formaba parte de los compromisos adquiridos por el Partido Popular tanto durante la campaña electoral como en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá trabajando en esa dirección. “No renunciamos a esa apuesta por la educación pública, pero también por la educación concertada”, ha concluido.

“Quien debería dimitir es Azcón”

Mientras, en las Cortes de Aragón, la consejera de Educación ha adoptado la estrategia de que la mejor defensa es un buen ataque. En una respuesta al diputado socialista Jorge Pastor, y pese la contundente sentencia de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha indicado al PSOE que “en pocos meses tendrán que explicar por qué 55.000 familias no van a tener el derecho a elegir en qué colegio quieren terminar sus hijos sus estudios”.

Pastor ha preguntado a la consejera si va a dimitir y ha recordado que “han hecho una bandera tan grande de la privatización del Bachillerato y los conciertos que quien debería dimitir es Azcón”. Le ha pedido que “desistan” de concertar el Bachillerato porque “no se necesitan más plazas y en el futuro se van a necesitar menos”.

El diputado socialista también ha cuestionado por qué el Gobierno de Azcón no concertó el Bachillerato antes de entrar en funciones y si Vox presionó al PP, y le ha solicitado que explique qué va a hacer con el Colegio Catalina de Aragón, que cierra dos aulas, el Gil Tarín, el Hermanos Marx, y ha mostrado su preocupación por los centros rurales agrupados. “Detrás de cada cierre hay un niño, una familia, unos profesores, un municipio que quieren una explicación”, ha zanjado.

“No tienen ni idea de quién va a un colegio concertado”, ha acusado por su parte la consejera Susiín, que ha apuntado que muchas familias de la concertada votan a los socialistas. La titular de Educación también ha hablado sobre el proceso de escolarización, que finalizó el 29 de mayo, y en el que el 97,46% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en su primera opción, lo que “acredita” el éxito del espacio único de escolarización. Solo se han cerrado siete vías, por 23 en el último año de gobierno del PSOE, ha añadido.

La provincia de Huesca ha pasado de emitir apenas 219 certificados sanitarios de exportación en 2022 a superar los 7.500 en 2025, un crecimiento de más del 3.300% que coincide con la puesta en marcha de la Terminal de Inspección de Mercancías (TIM) de Monzón y del servicio de inspección y certificación de exportaciones de la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno.

Desde su puesta en marcha, la Unidad de Agricultura ha emitido más de 14.400 certificados sanitarios para exportaciones a terceros países, consolidándose como un servicio estratégico para uno de los principales polos agroindustriales del país.

Hasta la creación de este servicio en junio de 2023, buena parte de las exportaciones agroalimentarias generadas por empresas del este de la provincia debían tramitarse en Cataluña, principalmente en Lleida, por lo que la actividad administrativa asociada a estas operaciones computaba fuera de Aragón. La apertura de la TIM permitió que las inspecciones y certificaciones necesarias para exportar a países de fuera de la Unión Europea comenzaran a realizarse en Huesca, acercando además el servicio a las empresas exportadoras.

Los datos reflejan con claridad esta transformación. En 2022, antes de la puesta en marcha del servicio, la provincia registró únicamente 219 certificados de exportación. Tras su entrada en funcionamiento en junio de 2023, se emitieron 2.141 certificados durante los primeros siete meses de actividad. En 2024 la cifra ascendió a 4.771 y en 2025 alcanzó los 7.535 certificados, un 57,9% más que el año anterior.

En 2022, Huesca ocupaba el puesto 40, el penúltimo de la lista y solo por delante de Melilla en el listado sobre la evolución de las unidades certificadoras para exportación. En 2025 ascendió al noveno puesto y en lo que va de 2026 ha subido otro escalón. Mientras tanto, Lleida registraba 29.477 certificados, situándose como la tercera unidad certificadora de España. En 2025 se situó por detrás de Huesca con 6.807 certificados.

La mayor parte de las empresas usuarias, cerca del 95%, se concentran en la franja oriental de la provincia, especialmente en Binéfar, Monzón, Tamarite de Litera, San Esteban de Litera y Fraga. Se trata de una zona con una potente industria cárnica y agroalimentaria cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en mercados internacionales.

El crecimiento registrado en los últimos años ha situado además a Huesca entre las principales provincias españolas en actividad certificadora. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la provincia ocupa ya el octavo puesto nacional en número de certificados de exportación animal, por delante de territorios con una larga tradición exportadora como Lleida, Tarragona o Toledo.

La evolución resulta especialmente significativa porque se ha producido en un contexto complejo para el comercio exterior. Durante 2025, la detección de casos de peste porcina africana en España provocó restricciones y cierres temporales en algunos mercados internacionales, entre ellos Japón, uno de los principales destinos de las exportaciones gestionadas desde la TIM de Monzón. Pese a ello, la actividad certificadora continuó creciendo y alcanzó un nuevo máximo histórico.

En la actualidad, la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno en Huesca cuenta con tres funcionarias adscritas y se ha consolidado como una herramienta fundamental para facilitar las exportaciones agroalimentarias a mercados extracomunitarios, garantizando el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por los países de destino.

La puesta en marcha de la TIM de Monzón no solo ha permitido agilizar los trámites para las empresas altoaragonesas. También ha conseguido que una actividad económica generada en Huesca deje de contabilizarse en otras comunidades autónomas y pase a reflejarse en las estadísticas de la provincia, que en apenas tres años ha escalado hasta situarse entre las siete primeras de España en certificación de exportaciones animales.

La empresa Ribera Salud ha obtenido un nuevo contrato del Servicio Aragonés de Salud para cubrir consultas de Otorrinolaringología y Urología, además de guardias de esta última especialidad, en el Hospital de Barbastro. La adjudicación realizada el pasado 2 de junio responde a la falta de especialistas en la plantilla pública y se suma a otros contratos obtenidos en distintos hospitales de la comunidad.

Con este nuevo acuerdo, Ribera Salud acumula 3,2 millones de euros en poco más de un año en adjudicaciones hospitalarias en Aragón durante 2026, incluidas las prórrogas, de los cuales más de una tercera parte corresponde a Teruel, donde solo el contrato para consultas externas de Otorrinolaringología y Dermatología alcanza un valor estimado de 836.577 euros.

Desde abril de 2025, el Gobierno de Aragón ha adjudicado a Ribera Medical S.L.U. y a Torrevieja Salud S.L.U. —denominación anterior de la misma compañía— contratos para la prestación de servicios asistenciales en cinco hospitales y sectores sanitarios aragoneses.

En el Sector Sanitario de Huesca, Ribera asumió consultas externas de Rehabilitación y Otorrinolaringología por 164.175 euros.

En el Hospital de Barbastro, recibió una primera adjudicación de 192.000 euros para consultas externas de Otorrinolaringología, Rehabilitación y Urología, a la que se sumó posteriormente un segundo contrato de 288.250 euros para realizar 5.500 consultas de Otorrinolaringología y Urología y 62 guardias médicas de Urología.

En el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, la compañía obtuvo un contrato de 398.370 euros para consultas externas y visitas en planta de Medicina Física y Rehabilitación, Otorrinolaringología y Dermatología, además de tres adjudicaciones sucesivas para cubrir guardias médicas de Ginecología, Anestesia y Urología, por un importe conjunto de 398.100 euros. Además, el Ejecutivo de Aragón volvió a sacar a licitación recientemete un nuevo contrato para adjudicar para la prestación de guardias en el hospital Obispo Polanco por 199.000 euros, alegando una acción preventiva ante la posibilidad de que los recursos contratados hasta ahora no sean suficientes para lo que queda del año y poder así garantizar la continuidad asistencial más allá de las vacaciones, el exceso de trabajo y las bajas de los profesionales. Es decir, las guardias en el Hopital Obispo Polanco ascienden a 600.000 euros.

En el Sector Sanitario de Calatayud, se adjudicó un contrato de 140.318 euros para consultas externas de Traumatología, atención de urgencias traumatológicas y realización de procedimientos quirúrgicos con hospitalización.

Finalmente, en el Hospital de Alcañiz, Ribera recibió una adjudicación de 222.374,53 euros para prestar consultas externas, atención urgente e intervenciones quirúrgicas de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

En total, los contratos ya adjudicados a Ribera y Torrevieja Salud suman 2.002.588 euros, mientras que su valor estimado, incluyendo las posibles prórrogas previstas en los pliegos, alcanza los 3.186.830 euros.

Ribera Salud adquirió en diciembre de 2024 el grupo hospitalario aragonés HC (Hernán Cortés), operación que le permitió entrar por primera vez en la comunidad autónoma de Aragón. Además de los activos existentes, el hospital HC Miraflores y tres centros médicos, la operación incluía el impulso de un nuevo hospital privado en la zona de Miralbueno.

Tramitación urgente en Barbastro

El último expediente de Barbastro se tramitó por la vía de urgencia debido a la imposibilidad de garantizar la atención con medios propios. Según la documentación oficial, la escasez de especialistas ha provocado un aumento de las listas de espera y dificultades para asegurar la continuidad asistencial. Por ello, la Gerencia del Sector Sanitario considera imprescindible recurrir a la contratación externa de facultativos para mantener la actividad del hospital.

El contrato tendrá una duración inicial de seis meses, prorrogable por otros seis. Establece un precio máximo de 30,90 euros por consulta tanto en Otorrinolaringología como en Urología y prevé la realización de 3.000 consultas de ORL y 2.500 de Urología entre junio y diciembre. A ello se añaden las guardias médicas de Urología, cuya remuneración oscilará entre 1.750 y 2.350 euros por turno, en función de su duración.

Ribera Medical fue la única empresa que ha presentado oferta al concurso y prestará el servicio dentro de las instalaciones del Hospital de Barbastro. La adjudicación se resolvió mediante procedimiento abierto y la valoración otorgaba un peso destacado a la organización del servicio, la continuidad del equipo médico y la disponibilidad de consultas durante toda la semana. La oferta económica y la experiencia profesional completaban los criterios de puntuación.

El modelo externalizado incrementa el coste de las guardias en más de 100.000 euros en apenas seis meses respecto a una estimación equivalente dentro de la sanidad pública. No obstante, la Administración justifica esta fórmula por la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria ante la falta inmediata de especialistas, aunque la documentación no detalla las causas concretas de ese déficit ni las alternativas estudiadas dentro del sistema público.

Críticas políticas

La portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría, ha denunciado la precariedad sanitaria que atraviesa Aragón bajo el Gobierno de Jorge Azcón y ha reclamado que el dinero público se destine a fortalecer la sanidad pública tras denunciar que, con el Gobierno de PP y Vox, “la sanidad pública languidece mientras se destinan más de cinco millones de euros a privatizar consultas de especialistas y guardias”.

Alegría suma a las licitaciones realizadas las que aún están pendientes de adjudicación por valor de 1.540.213 euros, de modo que el volumen total de servicios sanitarios externalizados alcanzará los 4.727.043 euros.

La dirigente socialista ha advertido de que los problemas para cubrir plantillas están teniendo consecuencias concretas en hospitales, centros de salud y servicios asistenciales. Ha citado, entre otros ejemplos, la supresión del servicio de consultas externas por la falta de seis oncólogos en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza; el cierre de camas hospitalarias en el Hospital Obispo Polanco, la suspensión de consultas en el Hospital de Alcañiz, las dificultades para organizar las guardias en el Hospital de Barbastro y las situaciones de saturación registradas en las Urgencias del Hospital Royo Villanova. Asimismo, ha recordado que en Traumatología se están produciendo retrasos diagnósticos con esperas superiores a los 500 días y que más de 6.000 pacientes llevan más de seis meses esperando una operación.

“Lo que necesita la sanidad aragonesa no son excusas ni privatizaciones encubiertas, sino gestión, planificación y una apuesta firme por los profesionales y por los pacientes”, ha concluido Alegría.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios externalizados en el hospital de Teruel que han costado 600.000 euros podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

La lucha sigue. Los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza de la provincia de Zaragoza están cansados y preocupados tras once días de huelga, pero siguen decididos a lograr un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. Los paros, convocados por UGT, CCOO y OSTA, afectan a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres con contratos a tiempo parcial, y tienen incidencia tanto en edificios públicos como en instalaciones privadas.

Los representantes sindicales del sector de la limpieza han afrontado este viernes una nueva reunión de mediación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) dentro del proceso abierto para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo, después del intento frustrado del pasado 21 de mayo, en el que participaron el comité de huelga y las patronales del sector, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL). Este viernes lo han hecho con prudencia, pero también con la convicción de que la movilización está logrando situar sus reivindicaciones en el centro de la negociación colectiva. Sin embargo, ha quedado en punto muerto.

Los representantes de los tres sindicatos convocantes han explicado que, tras varios recesos, ASPEL y ASOAL han solicitado la suspensión del acto de mediación para el lunes 8 a las 15:00. Por tanto, la huelga no se suspende pero creen que el acto de mediación no ha fracasado. Además de mantener la manifestación de las 18:00, han convocado a los trabajadores una nueva concentración el lunes 8 de junio a las 14:30 a la puertas del SAMA.

La huelga —según los sindicatos— tiene un amplio seguimiento en el sector público, especialmente en los servicios dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, pero también en grandes empresas como Stellantis, donde el paro se mantiene al 100% entre la plantilla de limpieza. “Tenemos la fábrica sin limpieza hasta que no se arregle esto”, asegura José Ignacio, trabajador en huelga presente en la convocatoria ante el SAMA. Son más de cien trabajadores repartidos entre las secciones de pintura, otras áreas y oficinas, “toda la fábrica”: “Vamos a seguir y, si no se arregla, continuaremos en huelga hasta el final”, ha advertido.

También Manoli y David, trabajadores de Eulen en Saica, reivindican una subida salarial digna después de cuatro años con los salarios congelados y reclaman que no se recorten derechos, como ocurre con las bajas laborales, durante las que pierden tres días de retribución. “Estamos en una situación crítica porque llevamos muchos días de huelga y hay personas que solo cuentan con este salario. Si ya es bajo, imagínate”.

Reyes, trabajadora del servicio de limpieza de colegios de Serveo, lleva siete años como empleada fija y reclama un salario digno que se equipare al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “El Ayuntamiento ha pagado el 3,5% de subida para este año y a nosotros nos quieren subir el 2,5%. Así que el 1% restante, ¿dónde se lo meten?”, cuestiona. También esperaba que, tras 11 días de huelga, se produjera este viernes un avance significativo y recuerda a las compañeras que “lo están pasando muy mal”. No obstante, asegura que “se arregle o no se arregle, vamos hasta el final”.

Mariano Jesús Álvarez Pila, secretario de Relación Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Zaragoza, miembro de la mesa negociadora de limpieza y asesor del comité de huelga, aseguraba antes de la reunión que el colectivo llega a esta nueva fase del conflicto con tranquilidad, aunque sin grandes expectativas respecto a la actitud de las patronales. “Estamos en la buena línea, pero tenemos que tener cierta cautela porque tampoco esperamos nada bueno de las patronales”. Según ha explicado, la situación que vive Zaragoza no es un caso aislado, ya que la patronal estatal Aspel mantiene abiertos otros convenios colectivos en circunstancias similares. De hecho, ha recordado que los trabajadores de la limpieza en Valladolid podrían iniciar una huelga a partir del día 12. A su juicio, las empresas están intentando resistir para evitar asumir las reivindicaciones sindicales, centradas en incrementos salariales acordes al coste de la vida, la creación de un plus de edificio industrial para una parte específica del sector y una reducción de jornada que sea “real y efectiva”.

Desde UGT, el vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Esteban Lauroba, reconocía que la nueva reunión de mediación genera cierta expectativa entre los trabajadores. “Suponemos que si nos han convocado es porque saben que las cosas se pueden mover”, señaló antes de la reunión. Aunque evitó mostrarse optimista, destacaba que el colectivo mantiene intacta la esperanza y la fortaleza tras once días de movilización. Según aprecia que el sector atraviesa un momento de tensión y cansancio, pero también de determinación para conseguir un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. “Tienen ganas de acabar, pero también de que su convenio pueda firmarse en condiciones de decencia”, ha afirmado.

Por su parte, Alberto Navarro, secretario de Organización de OSTA y responsable del sector de limpieza, ha indicado que la huelga está teniendo efectos visibles tanto en el ámbito público como en el privado. “La gente tiene muy claro lo que quiere”, afirma, antes de destacar que durante estos once días de paro se ha hecho notar la presión ejercida por los trabajadores. Como ejemplo, ha citado la publicación de nuevos servicios mínimos en la Base Aérea de Zaragoza, una medida que, a su juicio, demuestra el impacto que está teniendo la movilización. Navarro ha insistido en que la plantilla no se conformará con las propuestas planteadas hasta ahora por la patronal y reclama un acuerdo que responda a las demandas del sector.

En cuanto al seguimiento de la huelga, ha asegurado que está siendo especialmente elevado en los centros dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, así como en numerosas fábricas del sector privado. Aunque reconoce que en otros ámbitos la incidencia es menor, ha destacado que las concentraciones convocadas durante estos días han reunido entre 700 y 800 personas. También ha cuestionado el papel del Ayuntamiento de Zaragoza, uno de los principales contratistas del sector, donde trabajan más de mil empleadas de limpieza. Según ha denunciado, el seguimiento del paro se ha producido pese a unos servicios mínimos que califica de “abusivos” y que, ha afirmado, no se habían aplicado con anteriores corporaciones municipales.

Durante la huelga, los representantes sindicales han recorrido diferentes centros de trabajo para informar a las plantillas y comprobar el seguimiento de los paros. Según Navarro, han visitado empresas como Profand, Saica, Balay y Amazon. En aquellos casos en los que se les ha impedido el acceso o se han encontrado obstáculos para desarrollar su labor sindical, las organizaciones sindicales han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo para que determine si se ha vulnerado el derecho de huelga y el derecho de los representantes de los trabajadores a acceder a los centros para informar a las plantillas.

El dirigente de OSTA también ha criticado el anuncio realizado por Balay sobre la posible aplicación de un ERTE al 100 % de su plantilla. Considera que la medida “no es ni justa ni necesaria” y pide a la empresa que la retire. A su entender, la decisión traslada a los trabajadores de la limpieza una responsabilidad que no les corresponde. “Están defendiendo sus derechos y sus intereses y por eso nadie tiene que ser penalizado”, ha afirmado.

Respecto al futuro inmediato del conflicto, Navarro ha dejado claro que la movilización continuará si la mediación no desemboca en un acuerdo satisfactorio. “Seguiremos adelante hasta el final para conseguir lo que hemos pretendido desde el primer día: un convenio digno para este sector”, ha advertido.

“Nos han dejado fuera de la cirugía robótica”. Así resume Juan Luis Blas Laina, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Royo Villanova, una situación que considera incomprensible desde el punto de vista asistencial. Su denuncia va mucho más allá de una disputa técnica sobre marcas o modelos: acusa al Gobierno de Aragón de haber adquirido plataformas robóticas con menores prestaciones sin contar con los profesionales que debían utilizarlas y de haber dejado sin esta tecnología al hospital que atiende a más de 200.000 habitantes en Zaragoza.

El origen del conflicto se remonta al despliegue de la cirugía robótica en Aragón. Durante el último Gobierno de Javier Lambán se adquirió de forma directa un robot Da Vinci para el Hospital Miguel Servet y quedó pendiente la incorporación de la misma tecnología al Hospital Clínico y al Hospital Royo Villanova. Con la llegada del Ejecutivo de Jorge Azcón se convocó un nuevo concurso que permitió la adquisición de otro Da Vinci para el Clínico, pero dejó fuera al Royo Villanova, considerado uno de los hospitales pioneros en cirugía laparoscópica de Aragón.

Posteriormente, Sanidad impulsó una nueva licitación orientada hacia plataformas distintas al Da Vinci, como Hugo y Versius, en los que se ha invertido 2.300.000 euros. Según denuncia Juan Luis Blas, estos sistemas carecen de algunas prestaciones que considera fundamentales para la cirugía compleja y oncológica avanzada. Los equipos acabaron finalmente en los hospitales de Huesca y Alcañiz, mientras que el Hospital Obispo Polanco de Teruel incorporó otra plataforma diferente adquirida fuera de concurso público. El resultado es que el Royo Villanova continúa sin cirugía robótica pese a realizar procedimientos similares a los del Clínico y el Servet.

Lo cierto es que el Royo Villanova sí llegó a tener asignado inicialmente uno de esos robots. Sin embargo, el jefe de Cirugía renunció formalmente a utilizarlo y reclamó para su hospital la misma plataforma instalada en los otros dos grandes hospitales zaragozanos: el Da Vinci Xi.

La oposición del cirujano comenzó antes incluso de la adjudicación definitiva. El 14 de octubre de 2024 remitió una comunicación al entonces consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en la que advertía de los riesgos de adquirir una plataforma sin contar con los especialistas que debían utilizarla. En aquella carta alertaba de que el sistema previsto podía no resultar adecuado por razones de seguridad y por la ausencia o limitación de herramientas que considera imprescindibles para la cirugía avanzada, como selladores vasculares, endograpadoras o sistemas de fluorescencia con verde de indocianina.

También advertía del riesgo de infrautilización de una tecnología cuyo coste supera el millón de euros y reclamaba que la decisión se tomara pensando en el futuro desarrollo del hospital.

“Estando pendientes de la ampliación del hospital, la plataforma que se adquiera ahora ha de estar acreditada para todas las especialidades”, señalaba en su escrito. El cirujano planteaba entonces que futuras áreas como Otorrinolaringología o incluso Cirugía Torácica podrían necesitar acceso a la cirugía robótica en el nuevo hospital proyectado para el sector.

Días después, el 23 de octubre de 2024, volvió a dirigirse al consejero para expresar su desacuerdo con los pliegos de contratación. En ese escrito denunciaba que el servicio de Cirugía no había participado ni en la elaboración del plan de necesidades ni en la definición de las características técnicas del sistema que posteriormente tendría que utilizar.

Blas recordaba que el Royo Villanova realiza prácticamente la misma cirugía que el Clínico y el Servet en patologías como cáncer de colon, recto, estómago, hígado, páncreas, duodeno, cirugía bariátrica o patología herniaria compleja. Por ello reclamaba disponer de la misma tecnología que los otros dos grandes hospitales zaragozanos.

El documento era especialmente duro con el procedimiento seguido por la administración. El jefe de Cirugía denunciaba errores científicos en la justificación técnica de la compra, criticaba la falta de precisión de los pliegos y cuestionaba que una persona ajena a la práctica quirúrgica hubiera definido las características del sistema sin consultar a los profesionales que debían trabajar con él.

La advertencia culminaba con una frase rotunda: “No voy a someter a mis pacientes a riesgos añadidos resultantes del uso de una plataforma robótica no adecuada”. Como responsable del servicio comunicaba formalmente que no utilizaría ese sistema y solicitaba la adquisición del mismo modelo instalado en el Clínico y el Servet.

Pese a estas advertencias, los pliegos siguieron adelante. El robot inicialmente previsto para el Royo Villanova terminó destinado al Hospital San Jorge de Huesca y otro fue enviado al Hospital de Alcañiz.

Según explica Juan Luis Blas, el problema no radica únicamente en las prestaciones técnicas de la máquina. Asegura que el Da Vinci es actualmente la referencia internacional en cirugía robótica avanzada porque combina tecnología, formación reglada y una extensa red de profesionales acreditados. Su implantación incluye programas específicos para cirujanos, anestesistas y personal de enfermería, además de una estructura consolidada de formación y supervisión que permite desarrollar programas complejos a largo plazo.

“No compras solo un robot; compras una tecnología, una red de formación, una experiencia acumulada y una plataforma sobre la que podrás seguir creciendo durante años”, sostiene.

El jefe de Cirugía rechaza la idea de que todas las plataformas sean equivalentes. Considera que los sistemas adquiridos pueden resultar útiles para determinadas intervenciones de menor complejidad, pero no para buena parte de la cirugía hepatopancreática, gástrica y oncológica avanzada que realiza su servicio. A su juicio, una inversión de estas características debería planificarse pensando en las necesidades futuras de los hospitales y no únicamente en el coste de adquisición.

El cirujano cuestiona además que el factor económico justifique la decisión adoptada. Según sostiene, la diferencia de precio entre las plataformas adjudicadas y el sistema Da Vinci ronda los 100.000 euros, una cantidad relativamente reducida dentro de una inversión superior al millón de euros. Añade que el coste de la cirugía robótica se ha ido reduciendo progresivamente a medida que aumenta su implantación y que existen fórmulas alternativas de financiación, como el renting tecnológico o acuerdos de uso, que permiten amortiguar el desembolso inicial. “Estamos hablando de una decisión que condicionará durante años la capacidad quirúrgica de un hospital. La diferencia económica es pequeña comparada con el impacto asistencial que puede tener elegir una plataforma u otra”, argumenta.

Para Juan Luis Blas, la polémica de los robots es el reflejo de un problema más amplio. Denuncia que el Royo Villanova se ha quedado pequeño para la población que atiende, que continúa esperando inversiones largamente prometidas y que sigue sin disponer de una tecnología ya implantada en otros centros.

“Esto no va de mi robot. Va de los 200.000 ciudadanos a los que atendemos”, concluye.

Su denuncia plantea una pregunta incómoda para la sanidad aragonesa: por qué un hospital que realiza cirugía compleja, fue pionero en laparoscopia y atiende a una de las mayores áreas de población de la comunidad sigue esperando una tecnología que ya está presente en otros centros con menor actividad y menor complejidad asistencial.

Un juzgado de Ceuta ha dado la razón a Aragón tras el envío de un menor migrante a la comunidad y obliga a justificar de manera adecuada las razones que motivaron el traslado. Así lo ha dado a conocer este jueves la vicepresidenta y portavoz, la popular Mar Vaquero, que ha añadido que el Gobierno autonómico devolverá a la ciudad autónoma al joven si se confirma el fallo. Justo después ha comparecido el también vicepresidente Alejandro Nolasco, de Vox, para continuar con su ofensiva ante la política migratoria del Ejecutivo central y para dar a conocer un supuesto crimen en Caspe del que no se tenía noticia.

Vaquero ha anunciado que el Gobierno regional acatará lo que determinen los tribunales tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, contra la que cabe recurso en el plazo de 15 días. Mientras no sea firme, la situación del menor no cambiará. Aun así, Vaquero ha sido clara: “El Gobierno de Aragón cumplirá la sentencia y si tiene que volver a la situación anterior, se hará”.

La portavoz ha cargado contra el Gobierno central, al que acusa de utilizar a los menores migrantes con fines políticos y considerar al niño “un bulto y una moneda de cambio para intentar contentar a los socios de legislatura. Para nosotros sí era prioritario el interés superior del menor; para el Gobierno central, en cambio, ha primado el interés de un adulto: Pedro Sánchez”, ha afirmado.

Vaquero ha subrayado que se trata de la primera sentencia favorable al Gobierno de Aragón frente a una resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta relativa al traslado de un menor extranjero no acompañado , y sigue la línea de otros pronunciamientos favorables a distintas comunidades autónomas.

A su juicio, “el traslado se realizó con criterios arbitrarios y sin una motivación suficiente, dejando a Aragón en una situación de indefensión”. Además, ha cuestionado que estos menores sean enviados a Aragón mientras otras comunidades, como Cataluña, quedan al margen.

La comunidad autónoma inició esta estrategia con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que modificó la Ley de Extranjería. La entonces consejera competente, Carmen Susín, defendió el recurso al considerar que la norma invadía competencias autonómicas. El Gobierno aragonés también anunció que recurriría todas las medidas derivadas de dicho decreto.

“Este reparto vulnera los principios de igualdad y solidaridad y quiebra el Estado de Derecho en cuestiones relacionadas con los derechos y libertades de los extranjeros. También constituye una forma de xenofobia excluir a dos comunidades autónomas de la llegada de menores no acompañados y migrantes adultos mediante criterios diseñados para evitar su traslado a Cataluña y al País Vasco, al dictado de un prófugo de la justicia española. Es una falta absoluta de humanidad hacia estos menores”, ha sostenido Vaquero.

La portavoz ha advertido además de que, si finalmente se revierte la situación, los menores volverán a ser trasladados entre comunidades autónomas “como si fueran mercancías. Esperemos que la justicia sirva para imponer sentido común frente a un Gobierno que fuerza la Constitución con tal de mantenerse en La Moncloa”», ha añadido.

Las pruebas de edad

Respecto a las pruebas realizadas por el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que han determinado la mayoría de edad de uno de los menores acogidos en Aragón y una diferencia de edad en el caso de una menor que tenía 13 años en lugar de los nueve declarados inicialmente, Vaquero ha explicado que, de los 116 menores llegados a Aragón, se han practicado 23 pruebas.

Hasta ahora, el Gobierno no había considerado necesario extenderlas al resto, aunque la situación ha cambiado. “Ahora existe un acuerdo de gobierno y un consejero (de Vox) que ejercerá plenamente sus competencias”, ha justificado.

Pese a ello, ha restado excepcionalidad a la medida y ha recordado que se trata de un procedimiento habitual desde hace años. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, entre octubre de 2019 y 2026 el IMLA ha realizado 222 pruebas de determinación de edad. De ellas, 51 concluyeron que la persona examinada era menor de edad, mientras que el 77% correspondía a mayores de edad. “En la mayoría de los casos, la edad declarada no coincidía con la real”, ha resumido.

Vaquero ha insistido en que la competencia para ordenar estas pruebas corresponde a la Fiscalía y que el Gobierno autonómico únicamente puede solicitar su intervención cuando existan indicios suficientes. “Cuando la Fiscalía emite el correspondiente decreto, el Gobierno puede actuar. Y si una persona no es menor de edad, no puede beneficiarse de los recursos destinados a los menores”, ha afirmado.

Acto seguido, la portavoz ha cedido el protagonismo al vicepresidente y consejero de Desregulación y Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, responsable del área competente pero ha renunciado a mantenerse en el mismo plano que él.

Nolasco irrumpe para hablar del crimen de Caspe

La comparecencia ha dado entonces un giro inesperado. Nolasco ha tomado la palabra para referirse al supuesto asesinato de un joven de 27 años ocurrido en Caspe mucho antes de que la Guardia Civil informara del suceso. “Estamos en contacto con las autoridades y actuaremos con prudencia hasta que la investigación aporte datos oficiales. Exigimos a la Delegación del Gobierno total transparencia. Sabemos que en ocasiones se ocultan datos incómodos. Esperamos que los autores sean detenidos cuanto antes”, ha declarado.

El vicepresidente, que posteriormente se ha desplazado a la misma localidad, relaciona el crimen con la situación migratoria del municipio. “Caspe es uno de los focos más conflictivos que ampara el Gobierno de Sánchez. Existe un creciente malestar ciudadano por la presencia de migrantes que viven allí sin trabajo ni recursos. Hemos visitado la localidad en varias ocasiones y hoy lamentamos no solo este asesinato, sino también las dos agresiones con arma blanca registradas la semana pasada”, ha señalado.

Nolasco ha ido más allá y ha responsabilizado al Gobierno central de no actuar a tiempo. “¿A qué espera la Delegación del Gobierno? Esto se veía venir y podría haberse evitado. Si no se pone freno a esta invasión migratoria en Caspe y no se refuerza la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, situaciones como esta podrían repetirse”. Ha aprovechado para mandar un mensaje a los vecinos: “Estamos con los caspolinos y seguiremos denunciando una situación que consideramos absolutamente intolerable”, ha añadido.

«Vamos a identificar a quienes no sean menores y expulsarlos»

Preguntado por las pruebas de edad, Nolasco se ha mostrado partidario de ampliarlas y ha restado importancia a su coste económico. «Nos cuesta más mantener a inmigrantes ilegales que realizar estas radiografías. Cuando hay asesinatos, robos y agresiones, el coste de las pruebas no puede ser la principal preocupación. A mí me hierve la sangre. Todas las semanas hay agresiones y hoy hemos conocido un asesinato. Lo que me preocupa es que la gente muera y viva con inseguridad».

El vicepresidente ha defendido la realización de pruebas a todas aquellas personas cuya edad genere dudas razonables. “Vamos a seguir solicitándolas para quienes lleguen sin documentación biológica fiable y existan dudas sobre su edad. Resulta llamativo que muchos aseguren haber nacido el mismo día, del mismo mes y del mismo año, declaren tener 17 años y medio y posteriormente se compruebe que tienen 20 años e incluso hijos. Estoy convencido de que la Fiscalía colaborará y de que el resultado será positivo”.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla aumentar el presupuesto destinado al IMLA y ampliar el número de pruebas realizadas, aunque el Ejecutivo no ha detallado el coste unitario de estos procedimientos.

Asimismo, Nolasco ha asegurado que Aragón ha recurrido prácticamente todos los traslados de menores, con cerca de 200 recursos presentados. También ha desafiado al delegado del Gobierno a demostrar que, desde la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, han seguido llegando menores extranjeros no acompañados. “No ha entrado ni un menor más, aunque seguirán intentándolo”.

Sobre el fallo judicial conocido este jueves, Nolasco ha asegurado que respalda la posición del Gobierno aragonés. “La sentencia nos da la razón y demuestra quién está actuando de forma torticera al margen de la ley. No somos nosotros, sino el Gobierno de Sánchez, cuyas políticas enriquecen a las mafias que trafican con seres humanos procedentes del tercer mundo”. “Son ellos los que fuerzan a las CCA a recibir menores extranjeros no acompañados, a menudo, falsos menas”, ha añadido.

El vicepresidente ha concluido reiterando uno de los principales compromisos del pacto PP-Vox: “Vamos a hacer pruebas, vamos a identificarlos y vamos a expulsar a quienes resulten ser mayores de edad. Vamos a poner orden y a informar con total transparencia de todos los incidentes que se produzcan en los centros de menores para que los aragoneses conozcan la realidad. Yo no podría dormir tranquilo defendiendo políticas que, a mi juicio, cuestan vidas y generan violencia”.

Como cierre, ha insistido en que Aragón seguirá utilizando todas las herramientas legales a su alcance para combatir la inmigración irregular. “Nuestro objetivo es luchar contra la invasión migratoria con todos los instrumentos que permite la legislación vigente. Para el Gobierno de Pedro Sánchez no todos los territorios son iguales ante la ley. Aragón no recibe el mismo trato que Cataluña e impone su dictadura ideológica, obligando a Aragón a recibir contingentes de menores inmigrantes pero no llevarlos a Cataluña”.

El barrio zaragozano de San Pablo, conocido popularmente como El Gancho, mantiene una intensa red de apoyo social, cultural y comunitario que implica a parroquias, entidades vecinales, organizaciones humanitarias, centros sanitarios y colectivos educativos. En una de las zonas históricamente más frágiles del Casco Histórico de la ciudad conviven proyectos de integración, apoyo escolar, inserción laboral, diálogo interreligioso y atención a la pobreza. Todo ello, además, en un contexto político marcado por el nuevo discurso de control y evaluación de las subvenciones públicas a las entidades sociales impulsado por Vox dentro del acuerdo de gobierno con el PP en Aragón.

San Pablo representa hoy uno de los mayores ejemplos de convivencia y tejido comunitario de Zaragoza. La parroquia, considerada popularmente “la tercera catedral” de la ciudad, articula buena parte de esa vida social en un cuadrilátero que se extiende desde el paseo Echegaray y Caballero hasta Conde Aranda y Mayoral. En ese espacio conviven también una parroquia anglicana, tres oratorios musulmanes y dos capillas protestantes vinculadas a la comunidad gitana, reflejo de una diversidad religiosa y cultural que define al barrio.

La dimensión social del barrio se sostiene gracias a una amplia red de entidades y recursos comunitarios. El Ayuntamiento de Zaragoza interviene a través del Plan Integral del Casco Histórico y de equipamientos como el centro de Las Armas. También desempeñan un papel relevante el Centro de Salud y el colegio Santo Domingo, desde donde se impulsan iniciativas de integración en un entorno marcado por una elevada diversidad cultural.

Aproximadamente un 30% de la población es inmigrante. La comunidad magrebí constituye el grupo más numeroso, seguida de la población latina, que suele trasladarse a otros barrios —como Delicias, Las Fuentes, San José, Torrero o Arrabal— cuando mejora su situación económica. Aunque persisten algunas diferencias culturales, especialmente en modelos familiares más conservadores dentro de ciertos hogares magrebíes, la convivencia vecinal no se percibe como especialmente conflictiva.

De hecho, las principales quejas de los residentes no se centran tanto en la delincuencia y la inmigración como en el deterioro urbano con problemas de limpieza, falta de comercio de proximidad y el mal estado de algunas zonas, donde todavía hay viviendas apuntaladas y situaciones de riesgo estructural. Así quedó reflejado en la última reunión promovida por la Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo, presidida por el guatemalteco Eddy Adán, en la que los vecinos reclamaron más servicios y una mayor atención municipal.

ONGs e Iglesia

Entre las principales organizaciones presentes en El Gancho figuran Accem, Cruz Roja, Apip-Acam e Hijas de la Caridad, además de otras entidades como Cáritas, las Conferencias de San Vicente de Paúl y la propia Fundación Ozanam. Todas ellas desarrollan programas de acogida, inserción laboral, reparto de alimentos, formación o atención a colectivos vulnerables. A ello se suman iniciativas como La Olla Comunitaria, que cada sábado recoge alimentos en la calle de Las Armas, o el banco de alimentos gestionado por las Conferencias de San Vicente de Paúl.

En el centro de recursos de las Conferencias hay una trabajadora social y varios voluntarios y solo dispone de alimentos. Atienden los martes y miércoles, además de dos jueves alternos solo para fruta, a más de 230 familias, casi 700 personas en total, a los que se les pide una documentación y un baremo por debajo del ingreso mínimo vital (IMV). El perfil de los beneficiarios suelen ser familias con hijos, personas mayores de 65 años solas o con enfermedades o discapacidades que padecen la soledad no deseada, así como personas recién llegadas con menos de un año de estancia en Zaragoza, hasta que acaba el seguimiento de su itinerario de intervención. En estas semanas hay un boom de altas, si bien las cifras oscilan según los procesos migratorios.

Además, la entidad también dispone de un centro de formación para alfabetización digital, cursos para la obtención de certificados de profesionalidad, así como cursos de empleo doméstico y de idioma español.

La respuesta frente a la pobreza cotidiana también se concreta en servicios básicos. Las Hijas de la Caridad, con apoyo municipal y parroquial, gestionan el servicio de duchas y lavandería al que acuden diariamente unas 80 personas afectadas por pobreza energética y el sinhogarismo.

Paralelamente, una red de 25 voluntarios presta apoyo escolar a 55 menores del barrio de lunes a jueves con el objetivo de reducir el fracaso educativo y reforzar la integración social.

La Fundación Ozanam se ha convertido igualmente en uno de los grandes motores sociales de El Gancho. En los últimos meses, ha reforzado su actividad mediante proyectos de formación y empleo vinculados al entorno de Las Armas y al Centro Sociolaboral de la calle Boggiero. Uno de sus proyectos más visibles es la gestión de la cafetería municipal de la plaza de Las Armas, concebida como espacio de dinamización vecinal y de inserción laboral para personas vulnerables.

La cafetería abre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas y amplía horarios durante actividades culturales o eventos organizados en la plaza y en dependencias municipales cercanas, como conciertos de la Escuela Municipal de Música y Danza o mercados temáticos celebrados durante los fines de semana. El establecimiento funciona además como espacio de inserción laboral. Actualmente, cuenta con cinco trabajadores —una persona en cocina, tres en barra y terraza y un gerente— contratados mediante programas de inserción dirigidos a personas con dificultades para acceder al mercado laboral. La intención es que, tras un periodo de formación y experiencia práctica de entre un año y un año y medio, puedan incorporarse posteriormente a otros empleos.

El centro socio educativo Las Armas se llena de programación hasta julio con teatro, música, folclore y cine. El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene el espíritu cultural de este equipamiento a través de un nutrido calendario de actividades de la Escuela de Música, del Patronato de Educación y Bibliotecas y de otros servicios municipales. Entre los diferentes eventos programados hasta julio y ya se ha iniciado un ciclo gratuito de conciertos de jóvenes músicos emergentes con fechas hasta noviembre

La entidad desarrolla también talleres de fontanería, confección y formación laboral, además de programas educativos y de ocio para menores en el Centro Municipal de Tiempo Libre Cadeneta, activo desde los años ochenta. Cada tarde participan más de 30 niños y niñas en actividades de apoyo escolar, educación en valores e integración comunitaria.

La parroquia de San Pablo desempeña además un papel clave como agente cultural y de cohesión vecinal. Su párroco, Ángel Lahuerta, y el sacerdote Antonio Moreno mantienen contacto permanente con las entidades sociales y promueven actividades abiertas a toda la ciudadanía. Entre ellas destaca el proyecto ADIA Aragón, centrado en el diálogo interreligioso e interconviccional y en la defensa de la convivencia entre creyentes y no creyentes como parte de la identidad urbana del barrio. Esa filosofía se plasma en iniciativas como la Noche de las Religiones, que abre templos y espacios de culto a los vecinos para visibilizar la diversidad espiritual y cultural de Zaragoza. También en propuestas musicales y patrimoniales como “Conciertos de altura”, el ciclo Saulus o el Concierto de Primavera, además de celebraciones multitudinarias como la vigilia diocesana de Pentecostés el pasado 24 de mayo.

El propio templo de San Pablo simboliza esa mezcla histórica de culturas. Construido entre los siglos XIII y XVIII y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO dentro del Mudéjar de Aragón, el edificio conserva uno de los conjuntos mudéjares más importantes de la comunidad, aunque el paso del tiempo y las humedades por las últimas lluvias han afectado a la estructura. En 2026 se cumplen además 25 años de ese reconocimiento internacional, una efeméride que la parroquia quiere aprovechar para reivindicar tanto la restauración patrimonial como la revitalización del Plan Integral contra la exclusión social del barrio.

Para los responsables del templo, “la comunidad de San Pablo camina en el barrio con otras comunidades cristianas y de otras religiones que convierten al Gancho en un espacio privilegiado de diversidad cultural y religiosa donde la convivencia entre todos es algo cotidiano en el que no faltan vecinos y vecinas comprometidos por la mejora del barrio y sus gentes”

Salud comunitaria

Otro de los pilares de la vida colectiva de El Gancho es el Consejo de Salud San Pablo, ahora coordinado por Pilar García. Este órgano de participación vecinal coordina proyectos comunitarios y analiza el impacto que tienen las condiciones de vida sobre la salud de los residentes. Los impulsores Rosa Macipe y Luis Gimeno defienden el trabajo en red como herramienta imprescindible para comprender los problemas reales del barrio y diseñar respuestas conjuntas.

Desde 2018, el Consejo de Salud ha impulsado iniciativas como el “Semáforo de la Salud”, destinado a detectar preocupaciones vecinales y fortalezas comunitarias. También ha trabajado específicamente sobre la relación entre vivienda y salud, denunciando situaciones de infravivienda y dificultades de acceso residencial mediante encuentros vecinales, teatro social y concursos de relatos. Ahora trabajan en el entorno, espacios verdes y de juego, dentro de la iniciativa de urbanismo táctico para mejorar la salud. “Sabemos que la salud depende de las condiciones de vida de las personas y la esperanza de vida entre unos barrios y otros puede llegar a ser de hasta diez años”, asegura Macipe.

La brecha digital y la salud emocional de la infancia tras la pandemia son otras de las preocupaciones prioritarias del Consejo. La entidad ha elaborado cuestionarios y estudios sobre el impacto de la digitalización en la población vulnerable y sobre las consecuencias emocionales del confinamiento en niños y adolescentes, trasladando posteriormente sus conclusiones al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón para reclamar medidas públicas específicas. “En un barrio con mucho estigma que retroalimenta lo negativo, aquí se generan dinámicas positivas con la participación de los vecinos”, comenta la pediatra Rosa Macipe.

La lupa política

Todo este entramado solidario convive ahora con una nueva etapa política marcada por el discurso de control sobre las ayudas públicas a las entidades sociales. El concejal de Vox y presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, Armando Martínez, sostiene que los niveles de delincuencia en el Casco son superiores al resto de la ciudad y sitúa al Gancho como uno de los principales focos de preocupación vecinal “por problemas relacionados con la inseguridad, la suciedad o el deterioro de la convivencia”. Asegura que aunque la subdelegada del Gobierno en Aragón “nos transmitió que no hay quejas ni delincuencia, salvo algún episodio de incivismo que lleva a esa percepción de inseguridad, yo sí recibo muchas quejas de vecinos por inseguridad”.

Martínez reconoce expresamente la labor “encomiable” de muchas pequeñas organizaciones y colectivos de proximidad que trabajan en el barrio pese a contar con recursos limitados. Sin embargo, cuestiona la eficacia de algunos grandes programas de acogida e integración vinculados a entidades de ámbito nacional y considera necesario revisar el modelo de intervención social. Se refiere, principalmente, a la última acogida de un pacífico grupo de migrantes malienses, jóvenes llegados hace unos meses bajo el programa de atención humanitaria, que se alojan en apartamentos junto al Hotel París de la calle de San Pablo, gestionados por la asociación Apip-Acam. La entidad colaboradora en el ámbito de la protección internacional está autorizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y mantiene un total mutismo sobre el número total de personas atendidas y el programa de atención que reciben durante los meses que permancen aquí.

El edil sostiene que el incremento del sinhogarismo y de situaciones de exclusión demuestra que parte de los programas actuales no están ofreciendo resultados suficientes. Por ello defiende introducir mecanismos más estrictos de evaluación sobre las subvenciones públicas, midiendo la llamada “rentabilidad social” de las entidades en función de su capacidad real de integración laboral y convivencia.

Según explica, el nuevo Ejecutivo autonómico deberá analizar ahora qué margen existe para condicionar convenios y ayudas públicas al cumplimiento de objetivos concretos. Martínez asegura estar dispuesto a colaborar con aquellas entidades que desarrollen un trabajo efectivo en el barrio, aunque rechaza apoyar económicamente proyectos que considere más ideológicos que asistenciales que, a su juicio, “priman más los números que a las personas”.

Mientras tanto, El Gancho continúa sosteniéndose gracias a una compleja red de vecinos, voluntarios, sanitarios, parroquias, educadores y asociaciones que intentan responder cada día a problemas estructurales de pobreza, exclusión y convivencia. Un barrio históricamente castigado, pero que sigue haciendo de la solidaridad su principal herramienta de resistencia colectiva.

El programa de apoyo al comercio local Volveremos arranca este miércoles una nueva edición con dos novedades principales: la incorporación de más actividades autónomas al tramo financiado por el Gobierno de Aragón y una funcionalidad similar a Bizum que permitirá transferir saldo entre usuarios. La iniciativa vuelve días después de las críticas desde algunos comercios incorporados por los problemas fiscales generados, pero el Ejecutivo autonómico ha relativizado estas valoraciones: “Siempre ha sido una subvención”, ha apuntado Carmen Herrarte, directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo.

La primera de las tres campañas previstas para 2026 contará con una bolsa inicial de 1,88 millones de euros en descuentos. De esa cantidad, el Ayuntamiento de Zaragoza aporta un millón de euros y el Gobierno de Aragón otros 882.000 euros.

Las compras realizadas los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos generarán un saldo acumulable del 20%: un 10% financiado por el consistorio y otro 10% por el Ejecutivo autonómico.

Más allá de esta primera campaña, Volveremos movilizará durante 2026 en torno a 8,5 millones de euros en incentivos al consumo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha consignado 4,5 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón aportará 2,9 millones, una cantidad que podría ampliarse a lo largo del ejercicio. A estas cifras se suman las aportaciones de los otros 71 municipios participantes.

En total, el programa llegará este año a 72 localidades aragonesas, 50 más que hace dos años. El Ejecutivo autonómico estima que la iniciativa alcanzará a cerca de 3.500 comercios y a casi 1,1 millones de potenciales usuarios, el 81% de la población aragonesa. Entre los nuevos municipios incorporados figuran Albarracín, Arens de Lledó, Ariza, Biescas, Calamocha, Calatorao, Daroca, Formiche Alto, Laspuña, Lécera, Mazaleón, Monreal del Campo, Montalbán, Mora de Rubielos, Urriés y Utrillas.

Las ventas generadas por la última edición superaron los 98 millones de euros, 28 millones más que el año anterior.

Para participar, los usuarios deben descargarse la aplicación disponible para Android e iOS, registrarse y presentar el código QR generado por la plataforma. El importe acumulado se incorpora a un monedero electrónico que puede utilizarse posteriormente en cualquiera de los negocios adheridos.

Novedades en 2026: bizum y más autónomos

La principal novedad tecnológica del programa será la posibilidad de transferir saldo entre usuarios registrados. A través de una nueva pestaña denominada “Transferir saldo”, los participantes podrán enviar parte de su monedero electrónico a familiares o amigos utilizando únicamente el correo electrónico asociado a la cuenta.

La directora general de Pymes del Ejecutivo autonómico ha explicado que la medida busca aportar mayor flexibilidad al sistema y evitar que el saldo acumulado quede sin utilizar. El mecanismo funcionará de forma similar a Bizum, aunque limitado al ecosistema de Volveremos, favoreciendo que el dinero continúe circulando dentro de la red de comercios adheridos.

La otra gran novedad es la ampliación de las actividades que podrán beneficiarse del tramo financiado directamente por el Gobierno de Aragón. Además del comercio, podrán participar profesionales autónomos y negocios de servicios de proximidad como peluquerías, centros de estética, fisioterapeutas y otros pequeños establecimientos.

Esta ampliación es posible por la integración de Comercio, Consumo y Pymes y Autónomos en una misma dirección general. Hasta ahora, las ayudas autonómicas se limitaban a determinados epígrafes comerciales del IAE, mientras que la nueva estructura permite incorporar actividades que anteriormente quedaban fuera.

Malestar de autónomos

A pesar de que Volveremos es un programa de apoyo a pequeños comerciantes, algunos han mostrado su malestar al desatarse un lío fiscal con autónomos que tributan por módulos y que niegan haber recibido subvenciones, pese a que se le obliga a ello. Algunos negocios ya han advertido, tal como publicó este periódico, que no volverán a participar en próximas campañas por sentirse “engañados” y “desamparados” ante un sistema que, denuncian, les ha generado un problema fiscal inesperado.

Carmen Herrarte ha respondido a las quejas recodando que Volveremos es, jurídicamente, una subvención al comercio local y que esta condición figura expresamente en toda la documentación de adhesión. “La convocatoria a la que los establecimientos se adhieren voluntariamente deja claro que se trata de una ayuda al comercio. No es una cuestión opinable, sino la naturaleza legal del programa”, ha señalado.

La responsable autonómica ha insistido en que la obligación de declarar las ayudas públicas no supone ninguna novedad para los autónomos. “Todos los autónomos conocen sus obligaciones tributarias y cuentan con asesores o gestores que saben cómo debe declararse cada ayuda en función de las características de cada negocio”, ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que no existe una única forma de tributación. “Hay autónomos que tributan por estimación directa y otros por módulos. Cada caso tiene su tratamiento fiscal y son los profesionales que les asesoran quienes deben determinar cómo proceder”, ha indicado.

“Un contacto frecuente”

Herrarte ha asegurado además que la mayoría de los comerciantes adheridos al programa no ha trasladado ninguna queja sobre esta cuestión. “Mantenemos un contacto frecuente con ellos y las encuestas que realizamos muestran que no existe un malestar generalizado. La inmensa mayoría está al corriente de sus obligaciones fiscales y conoce perfectamente el funcionamiento del programa”, ha afirmado.

La directora general ha recalcado que las condiciones de Volveremos no han cambiado desde su puesta en marcha. “Siempre ha sido una subvención y siempre se ha declarado como tal. No ha habido modificaciones en las bases de las ayudas ni en los documentos de adhesión que firman los comercios”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido la utilidad económica de la iniciativa. Según ha explicado, se trata de una ayuda con un elevado efecto multiplicador sobre el consumo, que contribuye a generar hábitos de compra en el comercio de proximidad y a evitar la fuga de gasto hacia las grandes plataformas digitales.

“Es una herramienta que está al servicio de los municipios y de las asociaciones de comerciantes para atraer compras, fidelizar clientes y reforzar el comercio local. No es una subvención tradicional, sino una herramienta adaptada a los retos actuales del sector”, ha destacado.

Quién da más

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han realizado este lunes a primera hora una gran puesta en escena para presentar el inicio del programa de apoyo al pequeño comercio, Volveremos. En el lugar elegido, la librería General, aunque el presidente Azcón la ha confundido con otra, la librería Central, se han dado cita numerosos cargos de ambas instituciones que, por momentos, parecían estar compitiendo en quién daba más.

Natalia Chueca comenzaba ufana la presentación, recordando que tanto comerciantes como ciudadanos que se encuentra cuando recorre barrios, “siempre me preguntan: ¿cuándo vuelve Volveremos?”. La alcaldesa, además, recordaba tres premios nacionales obtenidos como reconocimiento al programa y la mejora de la herramienta desde que lo pusiera en marcha por primera vez Azcón cuando fue alcalde de la ciudad.

Por su parte, el presidente aragonés avanzaba novedades de su gobierno: la incorporación de autónomos en su parte autonómica y el bizum como novedad. Y si Natalia Chueca sacaba pecho de los premios, Azcón llegaba al superlativo asegurando que no haya ciudad o comunidad autónoma en toda España que tenga un programa como Volveremos.

En lo que ambos están completamente de acuerdo es en no admitir preguntas tras sus intervenciones y en aprovechar las mismas para introducir alguna crítica al Gobierno central, como la subida del IVA de la luz y el gas desde hoy al 21%, tras desactivarse gradualmente algunas de las medidas incluidas en el plan aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Volveremos en cifras

Volveremos genera un importante retorno económico para el comercio local. Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, por cada euro invertido por las administraciones se generan más de diez euros en ventas.

En Zaragoza, las operaciones vinculadas al programa alcanzaron los 81,3 millones de euros en 2025, un 30% más que el año anterior y la cifra más alta desde su puesta en marcha. Más de 2.300 comercios participaron en 937.000 transacciones, un 30% más que en 2024.

La facturación media asociada a Volveremos fue de 39.321 euros anuales por establecimiento, unos 3.276 euros mensuales, casi mil euros más al mes que en la campaña precedente.