El problema no es reconocer que Euskadi atraviesa un cambio demográfico profundo. El problema es cómo se gobierna ese cambio cuando afecta a uno de los pilares básicos del sistema público: la escuela. El anuncio del Departamento de Educación del Gobierno Vasco sobre el cierre y la integración de doce centros educativos públicos en Bizkaia a partir del curso 2026/2027 ha evidenciado una brecha cada vez más difícil de ignorar entre el discurso institucional y la experiencia real de las comunidades educativas.

La caída de la natalidad y la reducción de la demanda de escolarización son datos objetivos y ampliamente compartidos. Nadie discute la necesidad de repensar el mapa escolar. Sin embargo, la preocupación de familias, profesorado y equipos directivos no reside en el diagnóstico, sino en la forma en que se ha diseñado, gestionado y comunicado un proceso que afecta de lleno a la vida de los centros.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha defendido que estas integraciones “buscan reforzar los proyectos educativos, mejorar la equidad y avanzar en la lucha contra la segregación escolar”. Sin embargo, los testimonios recogidos por las AMPA y por el propio personal de los centros afectados dibujan un escenario sensiblemente distinto. En numerosos casos, la información ha llegado tarde, de forma fragmentada y cuando las decisiones ya estaban prácticamente cerradas, sin habilitar espacios reales de participación ni margen para la aportación de alternativas.

Algunas comunidades educativas conocieron los cambios a través de comunicados genéricos o, directamente, por los medios de comunicación. Este hecho, lejos de ser anecdótico, evidencia la ausencia de un proceso transparente, planificado y bidireccional. Aunque el Departamento insiste en que se ha informado adecuadamente a centros y familias, lo vivido en muchos de ellos apunta más bien a una comunicación reactiva, orientada a explicar decisiones ya adoptadas, que a un verdadero ejercicio de diálogo.

Cuando la comunicación llega tarde

El malestar no se limita a las familias. El personal docente y no docente de varios centros ha denunciado la falta de espacios formales y de tiempos suficientes para analizar el impacto educativo, organizativo y emocional de las integraciones anunciadas. Cuando las primeras noticias llegan por canales indirectos, la incertidumbre y la desconfianza se instalan con rapidez. Difícilmente puede hablarse de consenso cuando la comunidad educativa conoce su futuro por terceros.

Este déficit informativo resulta especialmente preocupante por producirse en vísperas del periodo de matriculación, un momento clave para las familias. La falta de información clara sobre la continuidad de los proyectos educativos, el futuro de las instalaciones, el modelo organizativo o el proyecto lingüístico de los centros integrados ha generado inquietud y desorientación. Lejos de aportar certidumbre, el proceso ha añadido presión e inseguridad a decisiones que deberían tomarse con información suficiente y garantías.

A este contexto se suma el impacto real que implican las integraciones anunciadas. No se trata de una simple reordenación administrativa, sino de transformaciones profundas en la organización escolar y en los proyectos pedagógicos, con consecuencias directas para más de 1.500 alumnas y alumnos, sus familias y más de 150 profesionales docentes. Revisar Proyectos Educativos de Centro, unificar metodologías, redefinir Proyectos Lingüísticos o adaptar sistemas de evaluación exige análisis riguroso, coordinación y reflexión colectiva. Son procesos complejos que requieren tiempo, planificación y acompañamiento, un recurso que, en este caso, ha sido claramente insuficiente.

El debate de fondo: planificación y red pública

Pero el problema no se limita a cómo se comunica. Afecta de lleno al modo en que se está planificando el sistema educativo. La planificación de la oferta educativa corresponde en exclusiva al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que debe determinar las necesidades del sistema, fijar el número de plazas y autorizar qué centros pueden ofertarlas. Esta responsabilidad conlleva garantizar una utilización eficiente y socialmente justa de los recursos públicos.

A esta forma de proceder se suma un hecho especialmente significativo: la desaparición total de la participación sindical en la definición del mapa escolar. En los últimos años, este espacio de contraste y aportación colectiva ha quedado prácticamente vacío. El último borrador de decreto sobre planificación educativa, presentado en 2023 como modificación del texto vigente desde 2009, introduce referencias a cambios inmediatos en determinados centros, pero lo hace sin ofrecer una visión de conjunto del sistema ni definir itinerarios escolares claros que delimiten la trayectoria del alumnado desde Educación Infantil hasta Secundaria. La planificación aparece así fragmentada, reactiva y desligada de un proyecto educativo global. A ello se añade que en febrero de 2025 PNV, PSE-EE y EH Bildu acordaron “actualizar” el mapa escolar, un compromiso del que, hasta el momento, apenas se ha materializado una consecuencia concreta: la desaparición de seis centros públicos, sin información adicional sobre criterios, calendario o modelo de red a medio y largo plazo.

Los cierres y las integraciones anunciadas se apoyan, además, en una realidad compartida por varios centros del territorio: elevados índices de complejidad educativa, desequilibrios en la composición socioeconómica del alumnado, pérdida sostenida de matrículas y grupos, y cifras de escolarización muy bajas, en algunos casos por debajo de los 60 alumnos y alumnas. Los cambios demográficos y sociales han motivado la creación de la Mesa Eskola Bikaina Denontzat, con datos que no admiten discusión: desde 2020 se han perdido más de 13.000 estudiantes en Educación Infantil y Primaria, mientras que la matrícula viva ha pasado de 2.500 a 8.000 en apenas cuatro años.

Es precisamente en este contexto donde el cierre de escuelas públicas adquiere una relevancia política clave. Desde una perspectiva de interés general, la planificación debería priorizar de forma clara y efectiva la oferta de la red pública, evitando procesos de reducción encubierta o progresiva de plazas públicas que, en la práctica, se compensan mediante el mantenimiento o la ampliación de conciertos educativos. La extensión de estos conciertos debería tener un carácter estrictamente subsidiario y excepcional, y no convertirse en una herramienta estructural que debilite la red pública.

En consecuencia, resulta necesario avanzar hacia una reducción paulatina de los conciertos educativos allí donde exista oferta pública suficiente, con el objetivo de preservar la gestión pública de los recursos, reforzar la equidad del sistema y garantizar el derecho a una educación pública de calidad, accesible y en condiciones de igualdad para todo el alumnado.

Segregación escolar: una raíz estructural

El debate no es únicamente administrativo ni coyuntural. Es profundamente político y remite al modelo educativo que se quiere construir. CCOOirakaskuntza defiende que la segregación escolar en nuestro sistema educativo tiene su origen principal en un factor estructural que no ha sido abordado con la profundidad necesaria: la existencia de dos redes educativas paralelas. 

Este modelo, que reparte al alumnado de manera aparentemente equilibrada entre la escuela pública y la privada, acaba concentrando la segregación en un perfil muy concreto: el alumnado de origen inmigrante extracomunitario. En él confluyen la desigualdad socioeconómica, la presencia de necesidades educativas especiales y la propia condición migratoria. La aparente neutralidad del sistema oculta, en realidad, una distribución profundamente desigual de las oportunidades educativas.

Solo mediante un compromiso firme y decidido con una escuela pública vasca sólida, suficientemente financiada y capaz de asegurar una escolarización verdaderamente universal se puede afrontar la segregación desde su raíz. Esta apuesta es imprescindible no solo para avanzar hacia un sistema más justo, sino también para garantizar niveles adecuados de calidad educativa y asegurar la continuidad de la lengua y la cultura vascas. La coexistencia en falso equilibrio entre la red pública y la privada perpetúa una desigualdad en el acceso a los recursos, reforzada por la lógica competitiva de los centros privados sostenidos con fondos públicos.

Con todas sus limitaciones, la escuela pública sigue siendo el único espacio capaz de ofrecer a todo el alumnado la posibilidad real de compensar las desigualdades derivadas de su origen. La privada, concertada o no, selecciona previamente a quién decide brindar esa oportunidad. Gobernar el cambio demográfico exige algo más que decisiones técnicamente correctas: exige escucha, coherencia y una apuesta política clara. El futuro de la escuela pública vasca no se construye desde despachos cerrados, sino desde aulas abiertas, con una educación pública fuerte, compartida y verdaderamente al servicio de toda la sociedad.