El actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, aprobado mediante la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, entró en vigor en 2009 y, aunque su aplicación plena se desplegó progresivamente en los años posteriores, no ha sido objeto de revisión ni actualización desde entonces, a pesar de que la propia normativa preveía su revisión cada cinco años. Este sistema, que afecta a todas las comunidades autónomas salvo País Vasco y Navarra, regidas por el Concierto y el Convenio Económico respectivamente, se encuentra hoy claramente obsoleto y prorrogado de facto, al no responder adecuadamente a los cambios demográficos, económicos y sociales producidos en los últimos quince años. Su mantenimiento sin reforma ha generado crecientes desequilibrios territoriales, tensiones fiscales y problemas de suficiencia financiera, convirtiéndose en uno de los principales focos de debate político e institucional en España y evidenciando la urgente necesidad de una reforma integral que garantice equidad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal entre territorios.

Vuelve a ocupar el centro del debate político el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y conviene empezar subrayando una obviedad que no siempre se dice: que hoy estemos discutiendo sobre financiación, equidad fiscal y gobernabilidad es, en sí mismo, un avance democrático. Especialmente si se compara con el clima político polarizado de 2017, cuando la conversación pública estaba secuestrada por la confrontación identitaria, la unilateralidad y el riesgo real de ruptura territorial del Estado. Debatir sobre cómo se reparten los recursos, cómo se garantiza la igualdad de servicios públicos y cómo se refuerza la cohesión social es, sin duda, una discusión más sana y productiva para el conjunto del país.

Sin embargo, este debate vuelve a estar atravesado por dos pulsiones que lo empobrecen gravemente: el cinismo y la histeria. El cinismo aparece cuando se afirma, con solemnidad impostada, que cualquier reforma del sistema de financiación solo puede plantearse en marcos estrictamente multilaterales, como si la historia reciente del Estado autonómico no demostrara exactamente lo contrario. Ninguna reforma relevante del sistema de financiación se ha gestado sin impulsos bilaterales previos, ni con gobiernos del PSOE ni del PP. Ocurrió con los grandes acuerdos de los años noventa y con el modelo aprobado durante el primer gobierno de José María Aznar, cuando el objetivo prioritario era consolidar una mayoría parlamentaria estable y a eso se le llamaba, sin ningún rubor, “gobernabilidad”. Lo que ayer se entendía como pragmatismo político hoy se presenta interesadamente como claudicación.

La histeria, por su parte, adopta varias formas. La más ruidosa es la del anticatalanismo explícito o latente, que reaparece de manera casi automática cada vez que Cataluña entra en una negociación relevante con el Estado. Se construye así un relato de privilegios inexistentes, agravio comparativo y deslealtad permanente que ignora deliberadamente los datos básicos del sistema y alimenta una confrontación emocional que apenas oculta objetivos partidistas. Esta histeria identitaria no solo distorsiona el debate, sino que bloquea cualquier posibilidad de acuerdo racional y duradero.

A esta se suma una segunda forma de histeria, aparentemente más técnica pero igual de engañosa: la de denunciar una supuesta ruptura de la igualdad territorial cuando las propuestas que se están discutiendo se basan, una vez más, en el criterio de población ajustada y en el aumento de la participación de las comunidades autónomas en los grandes impuestos del Estado, como el IRPF o el IVA. Es difícil sostener que se esté hablando de privilegios fiscales cuando lo que se plantea es reforzar la corresponsabilidad tributaria y mejorar la suficiencia financiera de los servicios públicos fundamentales, especialmente sanidad, educación y dependencia.

En este contexto resulta llamativo el uso recurrente del fantasma del “concierto económico para Cataluña”. Se invoca como amenaza inminente algo que no está en ningún texto, no figura en ningún proyecto normativo y, sencillamente, no se le espera. El concierto económico es un régimen singular, con raíces históricas muy concretas, que afecta hoy al País Vasco y Navarra y que no forma parte del debate real sobre la financiación autonómica.

Agitar este espantajo sirve únicamente para desinformar, generar miedo y desplazar el foco de la discusión sobre los verdaderos problemas del sistema de financiación autonómica. Lo que sí puede y debe ser objeto de debate es un elemento novedoso en España, pero perfectamente conocido y aplicado en otros Estados descentralizados como Alemania: la introducción de una ordinalidad corregida. No se trata de que quien más aporta reciba más en términos absolutos, sino de garantizar que ninguna comunidad vea deteriorada su posición relativa hasta niveles que queden claramente por debajo de la media tras el proceso de redistribución. Es decir, preservar un suelo razonable de retorno para las comunidades con mayor capacidad fiscal, sin renunciar en ningún caso a la solidaridad interterritorial. Esta idea, con distintos matices, ha sido defendida en programas electorales de diversas formaciones políticas, y no solo en Cataluña, lo que demuestra que no responde a un capricho coyuntural, sino a un debate político maduro y transversal.

Resulta igualmente significativo lo que no aparece con fuerza en la discusión pública: la necesidad de avanzar en una cierta armonización fiscal. La competencia fiscal a la baja entre comunidades, especialmente en los impuestos patrimoniales, ha generado dinámicas de dumping que erosionan la capacidad redistributiva del Estado y penalizan a los territorios que apuestan por mantener servicios públicos fuertes. Esta cuestión es incómoda para muchos, pero indispensable si se quiere un sistema justo, sostenible y coherente con los principios de igualdad y solidaridad que proclama la Constitución.

No debería mezclarse, en ningún caso, el legítimo debate sobre el sistema de financiación autonómica con el ansia de parte de la oposición —y sorprendentemente también de algún presidente autonómico socialista— por dar por acabada una legislatura antes de tiempo. Vincular la reforma de la financiación a estrategias de desgaste político o a cálculos electorales de corto plazo es profundamente irresponsable. El sistema actual está caducado, genera desigualdades crecientes y castiga tanto a las comunidades infrafinanciadas como a aquellas que sienten que su esfuerzo fiscal no se ve razonablemente reconocido. Reformarlo no es una concesión coyuntural, sino una obligación estructural del Estado.

Desde una perspectiva progresista y solidaria, la reforma del sistema de financiación autonómica debe entenderse como una herramienta para fortalecer la cohesión territorial, mejorar la calidad de los servicios públicos y reforzar la legitimidad democrática del Estado autonómico. No se trata de enfrentar territorios, sino de construir un marco de reglas más justo, transparente y estable, capaz de adaptarse a los cambios demográficos, económicos y sociales del país. En ese sentido, resulta imprescindible introducir mejoras que reconozcan con mayor precisión las realidades territoriales diferenciales: la fragmentación y la insularidad de comunidades como Baleares y Canarias, los sobrecostes derivados de la condición ultraperiférica de Canarias, así como los desafíos estructurales de la despoblación y el envejecimiento en amplias zonas del interior y del medio rural. Atender adecuadamente estas singularidades no significa privilegiar a unos territorios sobre otros, sino garantizar que todos dispongan de los recursos necesarios para prestar servicios públicos equivalentes en condiciones comparables. La solidaridad no puede basarse en agravios permanentes ni en discursos morales vacíos, sino en mecanismos objetivos, revisables y equitativos.

España necesita menos ruido y más política; menos histeria y más datos; menos cinismo y más voluntad de acuerdo. Reformar la financiación autonómica no resolverá por sí sola todos los problemas territoriales, pero es una condición necesaria para garantizar gobernabilidad, igualdad real y un proyecto común creíble. Y precisamente por eso, hacerlo bien —desde el diálogo, la corresponsabiilidad y la justicia fiscal— es una tarea inaplazable.