El tablero geopolítico mundial vive en continua tensión. Guerras que no terminan, conflictos que se solapan y efectos que se extienden mucho más allá de las fronteras donde estallan.

Lo primero y más importante, por supuesto, son siempre las vidas humanas. Millones de personas sufren las consecuencias directas de guerras que nunca eligen. Guerras que no sólo se cobran víctimas en los territorios en conflicto. También tienen impactos profundos en la economía global y, en consecuencia, en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

Lo estamos viendo de nuevo estos días. El encarecimiento del petróleo y de la energía vuelve a trasladarse a los hogares, a las empresas y al conjunto de la economía. Cada escalada bélica se traduce en más incertidumbre, volatilidad de precios y una sensación creciente de vulnerabilidad. Es lo que ha provocado la guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. 

Y lo más importante, cada crisis internacional vuelve a poner de manifiesto una realidad: eue Europa sigue siendo altamente dependiente de mercados energéticos externos. Nuestra autonomía estratégica es limitada. Dependemos de decisiones y acontecimientos que se producen a miles de kilómetros, pero que condicionan directamente nuestro bienestar y nuestra competitividad. Nuestra capacidad de desarrollo.

Y ante esta situación, urge actuar. Así lo ha vuelto a hacer el Gobierno de España. Con un paquete de medidas para amortiguar el impacto inmediato de la guerra sobre la ciudadanía, que incluyen la rebaja del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas. Ayudas que protegen a los consumidores más vulnerables, garantizando el acceso a suministros básicos en un contexto de fuerte presión sobre los precios.

Medidas necesarias y oportunas. Pero la experiencia acumulada en los últimos años nos demuestra que las respuestas coyunturales, siendo imprescindibles, no son suficientes. Cada crisis internacional vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de abordar cambios estructurales en nuestro modelo energético.

Porque la transición energética no es solo una cuestión ambiental. Es también una cuestión económica, social, y estratégica. Avanzar hacia un sistema más autónomo, resiliente y justo es una necesidad inaplazable.

En Gipuzkoa lo entendimos hace tiempo. En un territorio con escasez de materias primas y una dependencia energética cercana al 90%, apostar por un cambio de modelo energético no es una opción, es una obligación.

Así lo entendimos y así lo hicimos. Ese cambio se está materializando en una nueva cultura que sitúa a las personas en el centro del sistema energético. Un modelo de autoconsumo compartido basado en la producción y gestión compartida de energía renovable que se articula a través de comunidades energéticas locales.

Lo que, en 2020, en plena pandemia, no era más que una idea innovadora, hoy es una política pública consolidada, que se traduce en 67 comunidades energéticas activas en el territorio, 6 de ellas de carácter industrial. Entre todas generan más de 13,4 millones de Kwh al año, y gracias a este modelo, más de 10.000 familias y decenas de pequeñas y medianas empresas guipuzcoanas están viendo reducida su factura eléctrica en un 30%.

No se trata sólo de producir energía limpia. Se trata de democratizar el acceso a la energía, de reducir vulnerabilidades y de construir una economía más resistente frente a los vaivenes del contexto internacional. 

Actualmente, siete de cada diez municipios guipuzcoanos cuentan con al menos una comunidad energética. Nuestro objetivo es alcanzar la totalidad del territorio en 2027. Para lograrlo, el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa financia hasta el 75% de la creación y puesta en marcha de estos proyectos, apoyo que llega al 100% en los municipios más pequeños. 

Ya hemos destinado más de 6 millones de euros a desplegar esta red y hemos puesto en marcha la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa. Una herramienta pública y gratuita que acompaña a ciudadanía, empresas y ayuntamientos durante todo el proceso, ofreciendo asesoramiento técnico, jurídico y financiero.

El cambio de modelo está en marcha en Gipuzkoa. Un cambio de cultura energética que no tiene vuelta atrás. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, apostar por la autonomía energética local es apostar por la estabilidad económica y la justicia social. 

Necesitamos sistemas más próximos, más participativos y sostenibles, y el ejemplo son las comunidades energéticas.

Porque como decía al principio, la transición energética no es sólo una respuesta al cambio climático. Es también una estrategia para construir territorios más resilientes y menos dependientes de crisis que no controlamos. Y en ese camino, Gipuzkoa no espera. Actúa.

La aprobación del nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2025-2035) marca un punto de inflexión en la política de residuos en España. No se trata solo de un documento ambiental, sino de una herramienta estratégica que condicionará inversiones, modelos de negocio, costes empresariales y competitividad territorial en los próximos diez años.

Desde esa perspectiva, el análisis de la situación de Gipuzkoa resulta especialmente relevante. Porque, lejos de partir de cero, nuestro territorio ha desarrollado durante la última década un modelo que hoy encaja plenamente con los objetivos que el PEMAR fija para el conjunto del Estado.

El plan estatal establece metas claras: aumentar la recogida separada, reducir drásticamente el vertido y cumplir de forma efectiva la jerarquía de residuos marcada por la Unión Europea. Gipuzkoa ya alcanza en 2024 un 60% de recogida separada, cuando el PEMAR exige un mínimo del 50% para el año 2035. Este dato refleja una gestión madura y estable, construida con planificación, inversión en infraestructuras y corresponsabilidad ciudadana.

Pero el elemento más diferencial, también desde el punto de vista económico y climático, es la gestión del rechazo. En Gipuzkoa, la fracción resto no se deposita en vertedero. Se destina a valorización energética, una operación reconocida por la normativa europea como valorización y no como eliminación. A vertedero solo llegan las cenizas resultantes de ese proceso, que representan aproximadamente el 2% del rechazo, es decir, en torno al 1% del total de los residuos municipales.

Este dato es clave. El PEMAR fija un límite máximo de vertido del 10% para 2035. Gipuzkoa ya se sitúa hoy muy por debajo de ese umbral. Desde una óptica empresarial, esto significa menor dependencia de vertederos, menor exposición a penalizaciones regulatorias futuras y mayor estabilidad en los costes de gestión de residuos.

La jerarquía de residuos no es una declaración teórica, sino una secuencia operativa: prevenir, reutilizar, reciclar, valorizar y, solo en última instancia, eliminar. Gipuzkoa aplica esta jerarquía de forma estricta. Primero, maximizando la recogida separada y el reciclaje. Después, valorizando energéticamente aquello que no puede reciclarse. Y, finalmente, reduciendo el vertedero a un uso residual y técnico. Este enfoque no es contrario a la economía circular; es la forma más realista de hacerla viable a escala territorial.

El PEMAR penaliza el vertido masivo y sin control, porque ese modelo es incompatible con los objetivos climáticos, ambientales y económicos de la Unión Europea. En este contexto, la experiencia de Gipuzkoa demuestra que es posible combinar altos niveles de reciclaje con una gestión eficiente del rechazo, evitando bloqueos y sobrecostes.

Ahora bien, el nuevo plan también señala claramente el siguiente reto: la preparación para la reutilización. El PEMAR fija objetivos ambiciosos en este ámbito para los próximos años. Gipuzkoa, como el conjunto del Estado, tiene margen de mejora. Pero conviene interpretar correctamente este desafío. La reutilización es el siguiente escalón de madurez de los sistemas de gestión de residuos. Solo los territorios que han resuelto previamente la recogida y el vertido pueden avanzar con solvencia en este terreno.

Además, la reutilización abre oportunidades económicas relevantes: empleo local, economía social, reparación, segunda vida de productos y reducción del consumo de materias primas. Es un ámbito con potencial de crecimiento y de innovación empresarial, que requerirá colaboración público-privada y nuevos modelos de negocio, donde Gipuzkoa ya esta trabajando con el CPR textil

El PEMAR 2025-2035 refuerza, además, decisiones que Gipuzkoa adoptó con antelación: eliminación del vertido, prioridad del biorresiduo o exigencia de calidad en la recogida. Hoy, esas políticas cuentan con respaldo normativo estatal y europeo, reduciendo incertidumbres y ofreciendo un marco más claro para empresas e instituciones.

La gestión de residuos ha dejado de ser una cuestión meramente ambiental para convertirse en un factor estratégico de competitividad territorial. Gipuzkoa demuestra que anticiparse a la regulación no solo es posible, sino que genera estabilidad, reduce riesgos y posiciona mejor al territorio en un contexto europeo cada vez más exigente.

El reto de los próximos años no es cambiar el modelo, sino profundizar en él. Y hacerlo con datos, con rigor técnico y con una visión económica alineada con la sostenibilidad.