Las elecciones aragonesas de febrero serán las primeras que se celebren aisladas, fuera de un ciclo electoral autonómico. También es posible que sean los comicios más polarizados, con una extrema derecha montada en el bulo, con un discurso de odio aderezado con chascarrillos de barra de bar, y una derecha que oscila entre el campechanismo centrista y el matonismo reaccionario. Todo ello en un ambiente de hastío generalizado en torno a los escándalos varios que avivan las tertulias televisivas, con papeles estelares para desde un exministro hasta una presidenta autonómica, pasando por las juventudes del partido ultra. Este cóctel difícil de digerir corre el riesgo de disparar la abstención el 8 de febrero, como ya ocurrió en las elecciones anticipadas de Castilla y León de 2022 y de Extremadura de 2025, donde la participación cayó siete puntos.

Tendemos a subestimar la importancia y la magnitud de la influencia del gobierno y legislador autonómicos, como ocurre también, por cierto, con los europeos (el 45% de las leyes aprobadas en España en 2025 deriva de directrices y decisiones europeas, y, sin embargo, la participación en las elecciones comunitarias es históricamente muy baja). En el campo autonómico, se juega mucho más de lo que parece. Entre otras muchas, Aragón tiene competencias clave en pilares fundamentales del Estado del bienestar como sanidad, educación y vivienda, siendo ésta última (la dificultad de acceso a la misma) la que las encuestas señalan como principal problema de los ciudadanos.

Se comprenden los motivos de quien considera quedarse en casa el día 8, de quien prefiere taparse los ojos y esperar a que llegue el lunes antes que taparse la nariz y salir a votar con desgana. En un contexto de anti-política creciente, impulsada por fuerzas populistas, amplificada por medios carroñeros, y alimentada por políticos corruptos, resulta tentador adoptar una posición purista, renegar del sistema o pretender castigarlo, convencido de que nadie merece tu voto. Este planteamiento ignora, sin embargo, la cara pública de la moneda. Es posible que la abstención se presente como la opción moralmente ideal en la medida en que evita apoyar a candidaturas imperfectas, pero su moralidad pierde lustro cuando esa decisión se mide no según las convicciones propias, sino en términos de sus consecuencias sociales. Empleando la clásica distinción de Max Weber, la ética de la convicción necesita complementarse con la ética de la responsabilidad.

La abstención no altera el tablero político, no se traduce en representación, y tampoco traslada un mensaje evidente. A lo sumo, podrá ser sujeto de comentario en las columnas del día después, que hablarán de desmovilización, apatía o hartazgo. En el caso del 8F, tal vez ni eso, pues será fácilmente achacable a las extraordinarias circunstancias de unas elecciones anticipadas. Seca la tinta de los análisis post-electorales, otra legislatura echará a rodar, y 67 diputados ocuparán los 67 escaños de las Cortes, hayan votado 100.000 o un millón. La acción de gobierno y la actividad legislativa de los próximos años dependerá exclusivamente de la correlación de fuerzas elegida por quienes sí acudieron a las urnas.

Visto así, y desde una perspectiva de defensa del Estado social y democrático, cuesta más justificar la aprobación por omisión de una correlación que refuerce la actual mayoría de gobierno. Una mayoría disfuncional e inoperante que sólo ha sido capaz de aprobar 12 de las 20 leyes anunciadas en dos años. Una mayoría que ha fallado en resolver las deficiencias de la sanidad pública mientras favorece una participación creciente del sector privado. Una mayoría que, en lugar de atender las necesidades urgentes de personal e infraestructuras de la educación pública, ha apostado por ahondar en su privatización, abriendo la concertación del Bachillerato, a pesar de existir oferta de plazas suficientes en la pública, e impulsando la proliferación de pseudo-universidades privadas de dudosos estándares académicos. Una mayoría que ha derogado la Ley de Memoria Democrática autonómica, eliminando censos, registros, inventarios y actuaciones educativas, lo que le ha valido la reprobación de relatores de Naciones Unidas. Una mayoría por y para los rentistas, que, a la vez que deja que el porcentaje de viviendas protegidas caiga muy por debajo de la media estatal, se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda, la cual permitiría declarar zonas tensionadas y limitar los precios del alquiler, y ello a pesar de que sólo en 2025, se estima que los precios tanto en Aragón como en Zaragoza han aumentado casi un 10%, más que en Madrid y Valencia, y mucho más que en ciudades que sí aplican la ley, como Barcelona (+1,9%) y San Sebastián (-0,5%).

Uno podría pensar que esto no va con él o ella, que éstos no son sus problemas, que un voto no cambia nada, o que la diferencia entre lo que hacen unos y otros es marginal o no le afecta. En estos casos en que la abstención se presenta como un lujo permisible individualmente, conviene recordar y recorrer el razonamiento de John Rawls para tomar decisiones justas y promover el bien común. El filósofo planteaba un experimento mental como hipótesis de base para su teoría de la justicia, un ejercicio interesante para una jornada de reflexión pre-electoral: cubrirse con lo que él llamaba el velo de la ignorancia, olvidando quién es uno mismo, y tratar de decidir (en este caso, si y cómo ejercer el derecho a voto en las próximas elecciones) desconociendo el lugar que se ocupa en la sociedad (edad, género, nacionalidad, orientación sexual, empleo, patrimonio, ingresos, estado de salud...). En definitiva, actuar el 8 de febrero como si el 9, uno pudiera despertarse en un hogar rico o pobre. Mileurista o multi-propietario. Jornalero o abogado. Hombre o mujer. Con ocho apellidos aragoneses o de origen nigeriano.