Mientras el régimen iraní escenifica el funeral aplazado de Ali Jamenei tras treinta y siete años de poder, intenta convertir un entierro en una puesta en escena de legitimidad. Los preparativos han tenido la coreografía de un gran acto de Estado: controles de seguridad, transporte organizado, espacios ceremoniales y acceso restringido para los periodistas. Busca fabricar una imagen de reverencia nacional. Pero ninguna ceremonia puede borrar la represión, las ejecuciones, la censura, el control misógino, la persecución de las minorías y la violencia regional ejercidas bajo su mandato.

La responsabilidad de Jamenei no fue meramente simbólica. El Líder Supremo determina la política del Estado, manda las Fuerzas Armadas y controla los principales resortes del poder judicial, la seguridad y la propaganda estatal. En la práctica, era la autoridad última sobre el IRGC, los Basij, el aparato de inteligencia y la judicatura. Los crímenes cometidos bajo su mandato no fueron excesos aislados, sino parte de un patrón: los grandes movimientos de protesta fueron tratados como amenazas existenciales.

Ese patrón se vio en 1999, 2009, 2017-2018 y, sobre todo, en noviembre de 2019. Durante las protestas por el precio del combustible, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes en todo el país. Reuters, citando fuentes oficiales iraníes, informó de unos 1.500 muertos; Amnistía Internacional documentó al menos 304 fallecidos y miles de detenciones. Según Reuters, Jamenei ordenó que las protestas fueran sofocadas por todos los medios necesarios. El mensaje fue inequívoco: ante la disidencia, el régimen eligió el derramamiento de sangre antes que la reforma.

La misma lógica rigió la represión posterior a la muerte de Jina Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral en septiembre de 2022. Una misión de investigación mandatada por la ONU concluyó que su muerte fue ilegal y causada por violencia física bajo custodia estatal. También determinó que la represión posterior incluyó ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, y que algunas de esas violaciones constituían crímenes contra la humanidad. Se informó de más de 750 muertos y más de 20.000 detenidos. Las mujeres y las niñas fueron objetivos centrales de un sistema que criminalizaba sus cuerpos y trataba las demandas de igualdad como sedición.

La atrocidad interna final y más devastadora asociada al mandato de Jamenei llegó durante el levantamiento de enero de 2026. Las protestas, iniciadas en medio del colapso económico y la ira política a finales de diciembre de 2025, se intensificaron a comienzos de enero. El 8 de enero, Irán quedó sumido en un severo apagón de comunicaciones. Informes de médicos, hospitales, testigos presenciales y redes de derechos humanos describieron a las fuerzas de seguridad disparando munición real contra la multitud. La cifra exacta sigue siendo objeto de controversia porque el régimen cortó las comunicaciones e intimidó al personal médico. Pero el hecho esencial es claro: miles de personas fueron asesinadas o heridas por desafiar el dominio clerical.

Las ejecuciones fueron otro pilar del sistema de miedo de Jamenei. Amnistía Internacional informó de al menos 2.159 ejecuciones en Irán en 2025, más del doble que en 2024, mientras expertos de la ONU ya habían denunciado en septiembre una oleada “sin precedentes” de más de 1.000 ejecuciones en nueve meses. La pena de muerte funcionó no solo como castigo, sino como advertencia política para manifestantes, minorías, disidentes y presos de conciencia.

Jamenei también presidió una discriminación institucionalizada. Minorías religiosas y étnicas —bahaíes, cristianos, suníes, kurdos, baluches, árabes y otras comunidades— sufrieron detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, exclusión de la educación o el empleo y un uso desproporcionado de la pena de muerte. Activistas por los derechos de las mujeres, abogados, docentes, sindicalistas, periodistas y estudiantes fueron tratados como amenazas para la seguridad.

Sus crímenes tampoco se limitaron a las fronteras de Irán. A través de la Fuerza Quds del IRGC, su régimen construyó una red regional de grupos armados y fuerzas clientelares. En Siria, apoyó a Bashar al Asad durante una guerra que devastó la sociedad siria. En Yemen, informes de la ONU citados por Reuters han señalado el apoyo del IRGC iraní, Hezbolá y especialistas iraquíes al ascenso militar de los hutíes.

Por tanto, el funeral debe entenderse como un espectáculo administrado, no como historia. El duelo público bajo un régimen autoritario no es un plebiscito libre; se desarrolla entre censura, vigilancia, miedo, clientelismo y lealtad obligatoria. El contraste se hizo aún más visible el domingo 5 de julio de 2026, durante las ceremonias del régimen por Jamenei. Pese al despliegue de seguridad y las cámaras de vigilancia, informes de la oposición señalaron que Unidades de Resistencia de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI) lanzaron en Teherán y otras ciudades una campaña contra el “fascismo religioso” y en apoyo de Maryam Rajavi, con octavillas que llamaban al levantamiento contra la carestía y la dictadura.

El legado de Jamenei no está en la coreografía funeraria, sino en las tumbas de los manifestantes, las cámaras de ejecución, los jóvenes cegados en las protestas, los periódicos silenciados, las minorías perseguidas, las mujeres violentadas y las ruinas dejadas por las guerras subsidiarias. Calificar de popular a una figura así es confundir miedo con consentimiento y espectáculo con legitimidad. Deja tras de sí uno de los historiales de derechos humanos más graves del Oriente Medio contemporáneo.

La guerra actual ha sacudido al régimen iraní, pero no ha acercado al país a un cambio democrático. Al contrario, refuerza un patrón bien conocido en los sistemas autoritarios: la presión militar externa rara vez produce transformaciones internas. En su lugar, permite al poder consolidar el control, reprimir la disidencia y ocultar las crisis más profundas. El debate en España y en Europa se ha detenido a menudo en el rechazo a la guerra, sin afrontar la cuestión más difícil: cuál debería ser el resultado político.

Desde la intensificación de los ataques a finales de febrero, Irán ha entrado en una fase marcada por el conflicto externo y una represión interna reforzada. El liderazgo ha utilizado la guerra para reinterpretar el descontento interno como una cuestión de seguridad nacional, justificando una represión más dura en un contexto de creciente presión interna. El levantamiento de enero de 2026 lo ilustra claramente: en lugar de abrir un espacio para el cambio, la guerra ha contribuido a cerrarlo.

En este contexto de represión intensificada, el régimen ejecutó los días 30 y 31 de marzo de 2026 a cuatro presos políticos de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI): Mohammad Taghavi (59) y Akbar Daneshvarkar (59), seguidos por Babak Alipour (34) y Pouya Ghobadi (33). Estas ejecuciones evidencian una campaña sistemática para eliminar a la oposición y sembrar el miedo.

Una guerra sin estrategia política

La idea de que los bombardeos pueden provocar un levantamiento popular parte de una comprensión equivocada de la naturaleza del Estado iraní. La guerra y los bombardeos aéreos no crean las condiciones para la movilización democrática. Al contrario, proporcionan a los regímenes en crisis un escudo que les permite cerrar filas, reprimir la disidencia con mayor eficacia y ocultar los fallos estructurales.

A menudo falta un vínculo claro entre la presión y el resultado político. La acción militar, las sanciones o la diplomacia se tratan con demasiada frecuencia como fines en sí mismos, sin integrar el factor decisivo: el papel del pueblo iraní y de la oposición organizada.

Este ha sido un argumento central de la resistencia iraní durante años. La política de apaciguamiento y de compromiso con los mulás —impulsada por el comercio, el petróleo, el temor a la escalada nuclear, los proxies regionales, el terrorismo y la toma de rehenes— no constituía una alternativa a la guerra. Fueron políticas fallidas y contraproducentes que reforzaron al régimen y acabaron desembocando en la guerra. La advertencia de Churchill sigue siendo pertinente: «Se os dio a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegisteis el deshonor, y tendréis la guerra».

La idea de un “colapso desde el aire” espontáneo es, por tanto, ilusoria. El régimen no es una estructura hueca que vaya a derrumbarse bajo presión externa. Es un sistema de seguridad capaz de absorber golpes y utilizar las amenazas externas para afianzar la cohesión interna. No se derrumba desde arriba; es cuestionado y, en última instancia, derrocado desde dentro.

Esta perspectiva ha sido defendida durante mucho tiempo por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, liderado por Maryam Rajavi, que aboga por una república democrática basada en la soberanía popular y elecciones libres. Ha rechazado de forma constante tanto el apaciguamiento como las soluciones militares externas, defendiendo una “tercera vía”: el cambio impulsado por el pueblo iraní y la resistencia organizada.

El papel de la resistencia organizada

El cambio democrático en Irán no es espontáneo ni el resultado de una intervención extranjera. Requiere una fuerza estructurada dentro del país capaz de mantener la presión sobre el régimen.

Desde hace más de una década existe en Irán una red clandestina de resistencia que opera en todo el país, conocida como las Unidades de Resistencia. Estas estructuras, vinculadas a la OMPI, han desempeñado un papel activo en la movilización y el sostenimiento de las protestas, incluido el levantamiento de enero, pese a una represión intensa. Según informes, tras esos acontecimientos, más de 2.000 miembros de estas unidades han desaparecido, es decir, han sido detenidos en secreto o asesinados. La reciente formación de un ejército clandestino de liberación, tras el levantamiento de enero, refleja un intento de organizar la resistencia de forma más coordinada.

Más allá del “no a la guerra”

El conflicto actual también ha puesto de manifiesto los límites de los eslóganes predominantes en Europa. Los llamamientos a un alto el fuego o al “no a la guerra” son necesarios, pero no suficientes. Oponerse a la guerra sin abordar la estructura política de fondo corre el riesgo de congelar la crisis en lugar de resolverla.

Para los actores europeos, incluida España, la conclusión es clara: decir no a la guerra es insuficiente si se deja intacto el sistema existente. Una política seria debe reconocer el derecho del pueblo iraní a lograr un cambio democrático.

Las ilusiones del cambio desde el exterior

La guerra también ha puesto de relieve la debilidad de las narrativas basadas en la intervención externa. Reza Pahlavi, hijo del depuesto sha, y sectores de su base de apoyo de extrema derecha han descrito el conflicto como una “guerra humanitaria”, sugiriendo que los ataques militares podrían allanar el camino para un cambio político.

Esta visión es profundamente errónea. La guerra no favorece los levantamientos populares; tiende a sofocarlos. Proporciona al régimen la justificación necesaria para intensificar la represión y silenciar la disidencia. La hipótesis de un colapso espontáneo desde el aire refleja un desconocimiento de la estructura y la resiliencia del régimen.

Esta distorsión también ha sido alimentada por ciertos medios. La cadena Iran International, cuya financiación ha sido vinculada por diversos informes a Arabia Saudí, y en ocasiones amplificada por BBC Persian, ha contribuido según críticos, a una percepción distorsionada del panorama opositor.

Una república democrática desde dentro

La cuestión central no es si el régimen está bajo presión, sino qué fuerza puede transformar esa presión en un resultado democrático. Sin el papel activo del pueblo iraní y de una resistencia organizada, ninguna presión externa producirá un cambio democrático. La verdadera cuestión para Europa es si está dispuesta a reconocer de dónde puede surgir ese cambio en Irán.

El levantamiento nacional que sacudió Irán a comienzos de enero de 2026 marcó una ruptura decisiva en la confrontación entre la sociedad iraní y la teocracia gobernante. Lo que empezó como protestas contra el colapso económico, la pobreza y la represión se transformó rápidamente en un desafío directo a los fundamentos del poder clerical. La respuesta del régimen —especialmente brutal los días 8 y 9 de enero— reveló no solo la magnitud de la violencia que está dispuesto a ejercer, sino también la imposibilidad estructural de cualquier transición pacífica o negociada dentro del sistema actual.

Durante esos dos días, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza letal en numerosas ciudades. Vídeos verificados, testimonios y datos médicos confirman disparos contra manifestantes en plazas públicas y barrios residenciales, incluso mientras intentaban dispersarse. Los hospitales se vieron saturados por heridos de bala, muchos con impactos en la cabeza y el torso superior, lo que indica disparos deliberadamente mortales.

Esta violencia no fue accidental ni fruto de excesos locales. Los indicios apuntan a órdenes procedentes de las más altas instancias del poder, acompañadas de apagones de internet, detenciones masivas y procedimientos judiciales acelerados. Todo ello formó parte de una estrategia coordinada destinada a sofocar cualquier contestación organizada.

Estos hechos explican por qué el cambio político en Irán no puede seguir el modelo europeo de las llamadas “revoluciones de terciopelo”. Dichas transiciones presuponen límites a la violencia estatal, fracturas en las élites gobernantes o la neutralidad de las fuerzas de seguridad. Ninguna de estas condiciones existe en Irán. La teocracia obtiene su legitimidad de una supremacía ideológica sostenida por la coerción, y su aparato represivo es un pilar central de la supervivencia del régimen.

En este entramado, los Guardianes de la Revolución ocupan una posición clave. Actúan como fuerza militar, servicio de inteligencia, conglomerado económico y herramienta de represión política. No existen para defender a la nación en un sentido convencional, sino para preservar el dominio clerical. Las protestas masivas son percibidas como amenazas existenciales, no como demandas políticas, lo que hace inviable cualquier expectativa de reforma negociada.

El levantamiento de enero también puso de relieve la importancia de la resistencia organizada para sostener una movilización nacional bajo una represión extrema. Frente a la imagen de protestas puramente espontáneas, los indicios muestran una coordinación significativa entre ciudades y provincias. Redes vinculadas a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI o MEK), conocidas como “unidades de resistencia”, desempeñaron un papel relevante al conectar acciones locales en un movimiento nacional con demandas explícitas de cambio de régimen.

La propia retórica del régimen refuerza esta lectura. Altos cargos han acusado reiteradamente a la OMPI de estar detrás de las protestas, una admisión reveladora en un sistema que ha eliminado partidos independientes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, la existencia de una resistencia estructurada a escala nacional no puede considerarse marginal.

El panorama político se vio además alterado por una decisión clave de la Unión Europea. El 29 de enero de 2026, la UE incluyó a los Guardianes de la Revolución en su lista de organizaciones terroristas, reconociendo su papel central en la represión interna y la violencia organizada. Al calificarlos no como una institución militar convencional, sino como una entidad terrorista, la UE asumió implícitamente que oponerse a ellos es una respuesta legítima frente a una brutalidad institucionalizada.

Para la oposición iraní, esta decisión confirmó una realidad esencial: la resistencia a los Guardianes de la Revolución es inseparable de la lucha por los derechos políticos y por un cambio estructural. Al mismo tiempo, debilitó la narrativa que presenta al régimen iraní como un interlocutor reformable mediante el diálogo.

El levantamiento también reactivó el debate sobre las alternativas políticas. El intento del hijo del Sha derrocado de presentarse como figura nacional plantea serias dudas: carece de un mandato interno verificable, no ofrece mecanismos creíbles de rendición de cuentas democráticas y se apoya en una autoridad heredada más que en la soberanía popular. No es casual que en las protestas se rechazara tanto el régimen clerical como el retorno de una autoridad dinástica.

Frente a ello, Maryam Rajavi ha planteado un marco estratégico alternativo, conocido como la “tercera opción”, que rechaza tanto el apaciguamiento de la teocracia como la intervención militar extranjera. Este enfoque defiende que el cambio duradero en Irán debe surgir de una resistencia organizada desde dentro del país y desembocar en una transición democrática: una administración provisional, elecciones libres, separación entre religión y Estado, igualdad de género y abolición de la pena de muerte.

El levantamiento de enero evidenció algo que años de diálogo no habían conseguido: si se quiere un verdadero cambio interno en Irán, Europa debe abandonar un enfoque complaciente y reconocer de manera realista la presencia de una resistencia organizada en el país.