La Historia de San Andrés y Sauces no se puede explicar sin el murmullo de los manantiales de Marcos y Cordero. Es un relato de supervivencia y, sobre todo, de justicia histórica. Sin embargo, al repasar los archivos de nuestra Comunidad de Regantes y del Ayuntamiento, emerge un episodio de principios del siglo XX que marcó una herida profunda en el derecho de nuestro pueblo: la irrupción de la ‘Sociedad El Canal’ y la decisión de la Administración del Estado.

Desde los repartimientos originales del Adelantado Alonso Fernández de Lugo tras la conquista, la propiedad de las aguas del Río de Los Sauces quedó vinculada a las tierras de las dos haciendas en las que se dividió El Lomo de Los Sauces: la de los Príncipes y la de los Señores. Durante centurias este derecho fue incontestable. No obstante, en 1903, el Ministerio de Agricultura declaró como “públicas” las aguas sobrantes que discurrían por el barranco, otorgándole una concesión de 310 litros por segundo a la denominada ‘Casa Yanes’. Éstos en su solicitud alegaban que las mismas se destinarían al riego de San Andrés y Las Lomadas. Ahora bien, estos agricultores no podían hacer frente a los cuantiosos gastos que suponía poner en riego esta zona. Sin embargo, porescrito fechado en 1902 ante notario, aceptan la tarifa de 10 ptas./ celemín y declaran que desisten de solicitar ellos mismos el aprovechamiento de este caudal.

Los agricultores de la zona de Los Sauces, no recibieron bien esta iniciativa. La constitución del Sindicato de la Comunidad de Regantes en mayo de 1903,bajo la presidencia de don AbrahamMartín Herrera, no fue un trámite burocrático sino la organización de una resistencia frente a lo que se consideraba un expolio legalizado.

El revés judicial y el impacto social

La sentencia del Tribunal Supremo de 1906 supuso un jarro de agua fría para los intereses de los sauceros. Al declararse incompetente para anular la concesión bajo el argumento de “que las aguas tienen dueño” y no están sujetas a la Administración, se creó un limbo jurídico que la Sociedad Concesionaria aprovechó en su beneficio. Mientras los tribunales discutían tecnicismos, el Barranco del Agua se llenaba de escombros y abusos por las obras de la Sociedad, provocando una escasez que no solo afectó a lascosechas sino que amenazó la salud pública.

Resulta heroica, vista hoy, la firmeza de la Junta celebrada en La Alameda, donde se fijó la necesidad mínima de 35.000 pipas diarias (183 litros por segundo) para garantizar el abasto y el riego. Era el pueblo poniendo límites a la ambición industrial. A partir de estos momentos las cosas empeoraron pues la sociedad no cumplió el acuerdo y las obras de canalización no se habían acabado aunque el plazo finalizaba en 1907.

El conflicto no fue una llamarada de un día. Veinte años después de la concesión, en 1923, la indignación seguía viva. El escrito encabezado por don Leopoldo Martín González, respaldado por 208 vecinos es un testimonio de la vigilancia ciudadana. Denunciaban que tras dos décadas, la Sociedad El Canal no había ejecutado los aprovechamientos proyectados, utilizando la concesión más como un título de propiedad especulativo que como un beneficio real para elmunicipio.

La exigencia de caducidad de la concesión frente al Ministerio de Fomento fue la última instancia de un municipio que veía cómo su recurso más preciado - el agua - disminuía por causas ajenas a la naturaleza. A pesar de ello, la solicitud del Sindicato de Regantes se desestimó. Por fin, 1929 se fija por Real Orden la cantidad de 165,54 litros continuos por segundo como caudal al que tiene derecho a derivar, desde la acequia de La Tomada, la Comunidad de Regantes.

A comienzos de los años cuarenta, la concesión administrativa pasa al Ayuntamiento que, finalmente, la cederá a la Comunidad de Regantes, a cambio del “derecho a llevar a efecto la canalización y explotación durante 15 años de las aguas que nacen en el lugar denominado ‘Caldero de Marcos’, con destino al riego de Lomadas y San Andrés. 

Hoy estos documentos no son un papel antiguo, son el testimonio de un pueblo que desde los repartimientos hasta los conflictos del siglo XX entendió que el agua es la vida de la tierra y que su defensa no admite descanso.

Fuentes documentales:

La geografía de La Palma está trazada por “datas” y repartos que, desde el siglo XV, configuraron no solo la propiedad de la tierra, sino el alma espiritual de sus pagos. Entre el Barranco Seco y la Montaña de Tenagua, se extiende el territorio que custodia una de las joyas más antiguas de nuestra historia: La Hacienda y Ermita de Santa Lucía.

La historia de este enclave nos remite directamente a los albores de la colonización castellana. Juan Fernández de Lugo, primer gobernador y sobrino del adelantado Alonso Fernández de Lugo, recibió estas tierras en 1498. Aunque el documento original de esta antiquísima data se perdió probablemente en el trágico incendio provocado por los piratas franceses en 1553, la memoria oral y los registros posteriores confirman que los Lugo fueron señores de este vasto dominio desde el mar hasta la cumbre. Cultivado de trigo y cereales, vides y árboles frutales, junto a la cría de ganado, este extenso terrazgo comprendía las tierras aborígenes de Tenagua, desde las cumbres hasta la costa de Bajamar y Martín Luis.

Hasta el año 1530 la familia Lugo mantuvo la propiedad de la Hacienda, vendiéndolaentonces a Luis Álvarez. Es en esteperiodo inicial donde se sitúa el misterio de la fundación de su ermita, un templo cuya “grande antigüedad” ya asombraba a los cronistas del siglo XIX.

Según Gaspar de Frutuoso, en el barranco de Santa Lucía, los portugueses Luis Álvarez y Rodrigo Anes de Tenagua mandaron labrar una fuente abovedada excavada en la roca, debajo del camino, con un estanque donde bebían los ganados y lavaba la ropa todo el vecindario.

El templo entre el silencio y el esplendor

Aunque la ausencia de los primeros libros de fábrica nubla la fecha exacta de su construcción, el visitador Juan Pinto de Guisla certificó en 1678 que la ermita ya estaba edificada desde 1530. Durante décadas el templo fue un remanso de paz que solo rompía su silencio el día de la festividad de la Santa, permaneciendo cerrada el resto del año debido a la escasa vecindad de la zona.

Fue bajo la mayordomía del Maestre deCampo don Miguel de Abreu Rexe (1676-1691), propietario de la hacienda, cuando Santa Lucía adquirió su fisonomía actual. A su visión debemos elementos hoy icónicos: la pila de agua bendita labrada en piedra, las andas procesionales y la construcción de su campanario, que costó la suma de 572 reales.

Sin embargo la historia de Santa Lucía no ha estado exenta de sombras. Tras el cese de Abreu Rexe, la ermita sufrió un abandono absoluto durante veinte años, llegando a un estado deplorable que amenazaba ruina a principios del siglo XVIII, según denunciaron autoridades eclesiásticas de la época.

A pesar de estos vaivenes, el templo logró salvaguardar su tesoro más preciado : la imagen de Santa Lucía. Esta pieza de exquisito estilo gótico-flamenco y datada en el primer cuarto del siglo XVI, es un testimonio mudo del intenso comercio artístico con los Países Bajos que enriqueció La Palma. 

Hoy, la Hacienda de Santa Lucía no es solo un conjunto de tierras y muros; es el recordatorio de una isla que miró al norte de Europa, manteniendo viva una devoción durante siglos.

El pintor costumbrista palmero Manuel González Méndez (1843-1909), pintó el cuadro la Romería de Santa Lucía que preside el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Una fuente documental sobre la vestimenta tradicional que ilustra este artículo.

Bibliografía:

Desde los albores de la colonización de La Palma, la relación entre la Villa de San Andrés y el lugar de Los Sauces estuvo marcada por una tensa dualidad. Mientras San Andrés ostentaba la capital administrativa y el prestigio de las familias principales. Los Sauces dominaba la riqueza: era el dueño del agua y de los prósperos ingenios azucareros.

Esta rivalidad estalló formalmente en 1702, dando lugar a un proceso judicial que hoy, gracias a la recuperación de documentos del Archivo General de La Palma, nos permite reconstruir un episodio clave en nuestra historia local.

El detonante fue el nombramiento del sargento Juan Fernández de Mérida como alcalde de la jurisdicción. A diferencia de sus predecesores, Mérida se negó a trasladar su residencia a la Villa de San Andrés, prefiriendo la comodidad de Los Sauces. Esta decisión no era una simple cuestión doméstica. En 1702, los vecinos más influyentes de San Andrés - encabezados por el capitán Miguel de Abreu - denunciaron ante el teniente general Rojas que la ausencia del alcalde dejaba la administración de justicia en un estado de abandono absoluto. Los pleitos se paralizaban durante meses porque el juez no “bajaba” a la villa, dejando a los ciudadanos en una situación de indefensión legal.

La defensa del alcalde Mérida fue audaz y punzante. No solo argumentó que la distancia entre ambos núcleos era mínima, sino que atacó el prestigio demográfico de San Andrés. Afirmó que la Villa apenas contaba con “un poco más de doce vecinos”, mientras que Los Sauces era un lugar “copioso” y en pleno crecimiento.

Ante la presión judicial, Mérida optó por una maniobra desesperada: dimitió de su cargo y exigió que San Andrés demostrara, con documentos en mano, su derecho a ser llamada Villa. Era un órdago histórico: si no había papeles que acreditaran el título, no habría obligación de residir allí.

El vacío documental sobre el título de Villa de San Andrés ha sido, hasta hoy, una laguna mencionada incluso por cronistas como Juan B. Lorenzo en el siglo XIX. Sin embargo, el litigio de 1702 desvela una pieza de valor incalculable.

Para humillar las pretensiones del Fiscal, el capitán Don Miguel de Abreu exhibió una Real Cédula original firmada por la Reina Gobernadora, Mariana de Austria en 1674. En este documento, la monarquía reconocía explícitamente a San Andrés como “Villa”, ordenando que se respetaran todas sus preeminencias y exenciones.

El hallazgo de esta Real Cédula de 1674 viene a cubrir un vacío histórico fundamental, siendo la prueba irrefutable de un estatus que San Andrés ostentaba desde la conquista.

El pleito concluyó el 9 de marzo de 1702. San Andrés logró una victoria moral y jurídica definitiva: blindó su título de Villa y su capitalidad frente al empuje de Los Sauces. Sin embargo, fue una victoria de alto coste, pues supuso la pérdida de la autoridad gubernativa inmediata tras la dimisión de un alcalde que prefirió entregar la “vara” antes que mudarse.

Hoy este documento no solo nos habla de antiguas rencillas vecinales, sino que devuelve a San Andrés el respaldo de su distinción histórica. Un título que en 1868 la Junta Soberana haría extensivo a Los Sauces.

           Fondo documental:

           Fotografía:

En los archivos notariales de la Isla de La Palma se conserva un testimonio fehaciente de participación de sectores de la burguesía local en la economía esclavista de las Antillas. Se trata de un poder especial otorgado en Santa Cruz de La Palma por un prominente propietario agrícola y comercial de la zona noreste de la isla. Este documento servía como instrumento legal para delegar y gestionar la compraventa de seres humanos en La Habana, Cuba, redactado con la fría naturalidad de quien transacciona una fanega de grano o una suerte de caña ante los testigos de la sociedad palmera de la época.

Esta acta notarial es la prueba material de que La Palma no fue ajena al sistema, sino un eslabón en la cadena que sostenía la economía de plantación en el Caribe. A menudo se tiende a percibir la esclavitud como un fenómeno lejano o ajeno, pero este documento nos recuerda que el capital acumulado en la isla invertía activamente en la propiedad de personas, gestionando desde la distancia el destino de hombres y mujeres cuyos nombres la historia, a diferencia de los de sus dueños, rara vez conservó.

La prosperidad que exhibía Santa Cruz de La Palma a mediados del siglo XIX, era inseparable del auge delazúcar cubano. En 1841, Cuba se consolidaba como “la azucarera del mundo”, generando un tercio de la producción global. Lejos de ser un sistema arcaico, esta industria se encontraba en plena fase de modernización, incorporando máquinas de vapor y ferrocarriles. Cuanta más tecnología llegaba a los ingenios, más esclavos se necesitaban.

El otorgante de este poder representaba una figura común en la época: el ciudadano preocupado por el progreso y la estética de su entorno. Registros de años anteriores muestran a este individuo destacando con orgullo el crecimiento urbano de su localidad, promoviendo la construcción de edificios modernos y solicitando la erradicación de las antiguas casas de paja por considerarlas un peligro y un elemento que “afeaba” el paisaje urbano.

El capital palmero no solo buscaba rentabilidad; alimentaba un modelo que España -una de las últimas naciones europeas en abolir la esclavitud- mantendría legalmente en Cuba hasta 1886.

Publicar y analizar estos archivos no es un ejercicio de revanchismo, sino de higiene democrática. Reconocer las sombras de nuestra historia permite entender mejor las estructuras de poder y la procedencia de algunas fortunas.

          Fuentes bibliográficas:

En el corazón de la identidad canaria, la educación superior ha sido, históricamente el mayor motor de ascenso social. Una vez se cruza su umbral, la igualdad es absoluta: no importan la situación económica, lascreencias religiosas ni las posiciones políticas. La Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no son solo centros de estudio; son las instituciones que han permitido que nuestras islas se conviertan en un polo de conocimiento.

Sin embargo, asistimosa una paradoja preocupante: mientras sus rectores exigen una financiaciónque garantice su supervivencia, el Gobierno de Canarias parece más proclive a favorecer el negocio de las universidades privadas que a blindar su propio patrimonio público.

La Comunidad Autónoma Canaria constituye una excepción dentro del territorio español al no contar con un instrumento financiero plurianual, tal y como manda la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esto es lo que llevan reclamando en cada ejercicio presupuestario, los rectores Francisco García y Lluís Serra, quienes se ven obligados  a hacer equilibrios en el alambre de la viabilidad financiera.

Según un estudio del Ministerio de Universidades sobre el impacto del sistema universitario español, las universidades públicas canarias son las terceras que más contribuyen al PIB regional, con un 2,5%, solo por detrás de las catalanas y andaluzas. A menudo, desde ciertos sectores, se visualiza a la universidad como un gasto. Nada más lejos de la realidad:los datos del impacto económico son contundentes. Se estima que, por cada euro público invertido, estas instituciones retornan a la sociedad entre tres y cinco euros en forma de actividad económica, innovación y servicios. La ULL y la ULPGC son responsables directas de miles de empleos y piezas claves para diversificar una economía peligrosamente dependiente del sector servicios.

Es imposible hablar de nuestra excelencia académica sin recordar a figuras como don Antonio González González, eminente investigador y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Su labor en el campo de la química orgánica no solo situó a Canarias en el mapa mundial de la ciencia, sino que sentó las bases de un rigor que heredaron otros centros vitales como la Facultad de Medicina de la ULL. A este prestigio se suma el liderazgo mundial del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), fundado y dirigido por Francisco Sánchez Martínez y cuyo prestigio se sustenta en instalaciones de vanguardia como el Observatorio del Roque de los Muchachos.

La aprobación de una quinta  universidad privada en el Archipiélago, se realizó desoyendo tanto el informe técnico desfavorable del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como las advertencias de las dos instituciones públicas.Resulta hiriente la asfixia financiera a que se somete a nuestros centros mientras se alfombra la entrada de universidades privadas en el Archipiélago. Son las universidades públicas las que estudian nuestras aguas, nuestros volcanes y nuestra flora única; un conocimiento que ninguna universidad privada vendrá a generar para nosotros.

La universidad pública esel instrumento de igualación más importante; el verdadero ascensor social para quienes menos tienen. La soberanía de un pueblo no se mide solo en sus banderas, sino en la calidad y accesibilidad de sus aulas y laboratorios. Es hora de que el presupuesto refleje el respeto que nuestra historia y, sobre todo, nuestro futuro merecen.

Durante el siglo XIX, la isla de La Palma desarrolló una intensa relación económica, social y cultural con Cuba. Entre 1820 y 1870 la emigración hacia Cuba fue particularmente intensa, desde lugares como San Andrés y Sauces, partieron jóvenes que buscaban oportunidades principalmente en la agricultura. Muchos trabajaron como jornaleros agrícolas, empleados en plantaciones azucareras o tabaqueras, artesanos, pequeños comerciantes. Algunos permanecieron definitivamente en la isla Antillana, mientras otros regresaron años después a La Palma. Una minoría logró prosperar económicamente y volver con fortuna, a estos retornados se les conocía como ‘indianos’, cuya riqueza contribuyó a transformar el paisaje urbano, construyendo viviendas señoriales de estilo colonial, inversiones agrícolas y nuevas formas de vida. Algunos que permanecieron e hicieron fortuna, se acordaron de su municipio como fue el caso de Marcos Rodríguez Pérez, natural de San Andrés y Sauces, vecino de Banes -uno de los municipios que conforman la provincia de Holguín- en la isla de Cuba. Escribió al Ayuntamiento en 1913 diciendo: “Habiendo notado la falta de bancos en el paseo público de la Alameda de esta ciudad; queriendo dar una prueba del inmenso cariño que siempre conservo a este mi pueblo natal, he adquirido diez bancos de hierro y madera los cuales regalo a este Ayuntamiento”. Marcos también adquirió la emblemática casa Massieu, en la cabecera sur de la Alameda, que restauró dándole un estilo ecléctico y neoclásico.

El capital Manuel Buenamuerte González

Manuel Buenamuerte González Sánchez, nació en la villa de San Andrés en 1803, hijo de José Manuel González y de María de las Nieves Sánchez Wangüemert, familia acomodada de este lugar, donde tuvieron una de las casas principales. Su origen social y su formación marítima le permitieron desarrollar una carrera destacada en la navegación comercial, llegando a afirmar como capitán de fragata.

La documentación del Boletín Oficial de Canarias de julio de 1835 registra la salida hacia La Habana del bergantín goleta español Isabel II, bajo el mando del capitán Manuel Buenamuerte González. Este tipo de embarcación, rápida y versátil, era habitual en el tráfico atlántico y permitía transportar mercancías, correo y pasajeros. La carga que despachó para este viaje la componían: “449 piedras de destilar, 414 varas de losa, 49 bernegales, 472 garrafones de aguardiente, 200 quintales de papas, 42 fanegas de cebada y 28 mil kilos de cebolla”.

Los viajes entre Canarias y Cuba se realizaban en embarcaciones de vela que aprovechaban los vientos alisios para cruzar el Atlántico. La travesía duraba generalmente entre 30 y 60 días, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

La trayectoria de Manuel Buenamuerte refleja la relevancia de los marinos palmeros en el comercio atlántico del siglo XIX. En 1838 aparece ya como propietario de la fragata La Amistad, construida en los astilleros de Santa Cruz de La Palma. La posesión de un buque propio representaba un importante signo de prestigio social y poder económico.

El estudio de estas trayectorias permite comprender mejor la dimensión humana y económica de la emigración canaria, así como la importancia del mar como vía de comunicación, progreso y cambio social en la historia de La Palma.

Bibliografía

Durante décadas se ha asumido que la agricultura -y en particular el cultivo del plátano- constituye el motor económico de La Palma; incluso  llegué a manifestarlo en varias de mis intervenciones mientras fui diputado autonómico por esta isla.

La economía insular presenta rasgos propios de los territorios ultraperiféricos europeos: predominio del sector servicios, fuerte presencia del empleo público, limitada industrialización y dependencia de transferencias exteriores. En términos de generación de riqueza, el sector servicios representa en torno al 75-80% del valor añadido insular, mientras el sector primario se sitúa generalmente por debajo del 10%, aunque con mayor peso relativo que en otras islas del archipiélago.

El sector servicios -administración pública, comercio, educación, sanidad, transporte y actividad turística- constituye así el principal componente de la economía palmera. A diferencia de otras islas con mayor especialización turística, La Palma mantiene un modelo relativamente diversificado en el que el turismo tiene relevancia, pero no carácter dominante.

La agricultura, y especialmente el sector platanero, conserva un importante peso territorial y social. Genera empleo rural, configura el paisaje, contribuye a la cohesión de amplias zonas de la isla. El esfuerzo de generaciones lo podemos contemplar en amplias zonas de laderas sorribadas para plantar plátanos en el norte, fundamentalmente en San Andrés y Sauces, y en las coladas volcánicas del Valle de Aridane. El plátano continúa siendo la principal exportación agraria y concentra la mayor parte del valor de la producción agrícola, representando aproximadamente el 60-70% del valor del sector primario insular.

No obstante, su dependencia de ayudas públicas y su vulnerabilidad frente a la competencia exterior y la falta de relevo generacional cuestionan su consideración como motor económico en sentido estricto.

A esta situación se suma la incertidumbre derivada de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, especialmente las negociaciones con MERCOSUR, que pudieran intensificar la competencia de productores con menores costes. En este contexto el programa POSEI -destinado a compensar las desventajas estructurales de las regiones ultraperiféricas -resulta clave para la viabilidad del sector platanero.

Asimismo, debe destacarse la protección jurídica que establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las singularidades estructurales de las regiones ultraperiféricas como Canarias y permite a las instituciones europeas adoptar condiciones específicas en la aplicación de políticas y acuerdos comerciales cuando puedan afectar a los sectores estratégicos de estos territorios.

Las ayudas vinculadas al plátano suponen cada año decenas de millones de euros para la isla, estimándose en torno a 140-150 millones de euros anuales para el conjunto de toda Canarias, de los cuales una parte muy significativa corresponde a La Palma por su elevada especialización productiva.

La situación de La Palma refleja así una economía mixta en la que la agricultura mantiene una destacada centralidad social y territorial sin ejercer un liderazgo económico claro.

El debate sobre el desarrollo insular requiere, en consecuencia, una comprensión más precisa de su estructura productiva que reconozca la importancia social de la agricultura sin atribuirle un protagonismo económico que los datos no confirman plenamente.

Fuentes bibliográficas