Echar la vista atrás y revisar la historia local de San Andrés y Sauces nos permite entender los cimientos sobre los que se construyó nuestro municipio. En la figura de don Tomás Rodríguez López encontramos a una de las personalidades más influyentes en la segunda mitad del siglo XIX. Elegido por primera vez en 1869 como alcalde constitucional bajo el marco del sufragio masculino tras el Sexenio Revolucionario, su mandato se prolongó posteriormente en el periodo de 1875 a 1879, cerrando su vida y su labor pública el 11 de enero de 1879, cuando falleció en el ejercicio de su cargo.

           Durante su mandato se impulsaron medidas determinantes para el desarrollo socioeconómico y el embellecimiento urbano de la Villa de San Andrés y Sauces. Entre las decisiones del consistorio destaca la visión estratégica para impulsar el comercio marítimo local a través de la habilitación de Puerto Espíndola.

           La prioridad estratégica de Puerto Espíndola para el cabotaje

           En la sesión celebrada en julio de 1876, la alcaldía promovió una iniciativa fundamental: solicitar formalmente al Ministerio de Hacienda la habilitación de Puerto Espíndola para el comercio de cabotaje. Por aquel entonces las comunicaciones marítimas intercomarcales padecían una notable falta de regularidad y garantías debido al reducido tamaño de las embarcaciones y su escasa fuerza motriz (remo o vela), sumado a diversos inconvenientes de tipo administrativo y a la escasez de dotación personal en las ayudantías de marina.

           A pesar del vertiginoso desarrollo agrícola de la zona, las cosechas de frutos y el comercio en general se veían seriamente perjudicados al no contar con una salida marítima acondicionada y legalmente habilitada. Ante esta problemática la propuesta fue aprobada en la sesión municipal de 30 de julio de 1876, facultando a la presidencia para redactar el escrito oficial remitido al Ministerio de Hacienda a través del Gobernador Civil.

           En él se exponía minuciosamente las razones de dicha petición:

           A finales del XIX, en septiembre de 1896, se decreta el estudio de la zona de Puerto Espíndola para un puerto de interés general de 2º orden, noticia que es recibida con gran alegría y satisfacción por los miembros del Ayuntamiento.

           Esta prioridad con respecto a Puerto Espíndola se reflejó también en el acondicionamiento de sus accesos. En mayo de 1876, la gestión de las prestaciones vecinales (tres días de trabajo personal o su equivalente en metálico) canalizó el esfuerzo de los vecinos hacia la mejora de la calle y la Plaza de Montserrat, destinando los remanentes de fondos al camino de La Lama, la vía principal que conducía al embarcadero.

           Conservación del patrimonio y ordenación del espacio urbano

           La Corporación liderada por Rodríguez López mantuvo un estricto rigor en la tutela del patrimonio y la mejora estética del pueblo. En abril de 1876, el Ayuntamiento dio cuenta de la demolición del campanario del antiguo convento de La Piedad, realizando las averiguaciones pertinentes sobre el hecho, tras lo cual constató que la cantería fue donada por el propietario, José Buenamuerte González, al párroco de Barlovento para la reconstrucción de la espadaña de la Iglesia del Rosario.

           Asimismo, uno de los acuerdos urbanísticos más ingeniosos de la época tuvo lugar en el entorno de La Alameda. Para evitar que la atarjea del agua pública atravesara y desfigurara el centro del paseo interrumpiendo el tránsito vecinal, el Ayuntamiento acordó por unanimidad ceder un pequeño trozo de terreno erial a los herederos de GregorioJosé Medina. A cambio, los propietarios permitieron desviar el canal del agua por el interior de su finca manteniendo libre el acceso para su mantenimiento, lo que permitió alinearlas fachadas y elevar la calidad estética y funcional de la calle y Alameda.

           Faceta empresarial y estancia en Santa Cruz de Tenerife

           En 1869, en la sección de Fomento del Gobierno Civil se instruyó un expediente a instancia de don Tomás Rodríguez López, para que se le permitiera la construcción de una casa en el embarcadero de Espíndola, cuya obra tenía por objeto poner a cubierto de la intemperie la carga de los barcos menores que se abrigaban en aquella cala dedicados a la conducción de frutos a la capital.

           Asimismo, en 1868, en el periódico El Progreso se anunciaba la llegada procedente de La Palma del buque “Juanito” con madera de tea de superior calidad compuesta de vigas…, las que a la llegada se venderán según lo manifestado por su dueño don Tomás Rodríguez López. Nuestro personaje se hospedó en el Hotel Italiano de la capital tinerfeña.

           Fuentes y archivos consultados

*Manuel Marcos Pérez Hernández es cronista Oficial de San Andrés y Sauces

La historia de Puerto Espíndola está estrechamente vinculada a la evolución económica de San Andrés y Sauces y al papel que desempeñó el transporte marítimo en las comunicaciones de La Palma. En una isla de orografía accidentada, donde los desplazamientos por tierra resultaban lentos y complicados, disponer de un punto de embarque en la costa constituía una necesidad para una comarca que, por su producción agrícola, llegó a ser considerada la despensa de la isla.

Antes de convertirse en una pequeña infraestructura portuaria, Espíndola era un embarcadero utilizado por los pescadores y por quienes necesitaban trasladar personas y mercancías por mar. Las dificultades de acceso y la exposición de la costa a los temporales condicionaban aquellas operaciones, pero la navegación ofrecía una alternativa imprescindible para conectar el norte con Santa Cruz de La Palma.

La importancia de este enclave explica que en septiembre de 1896 se decretara el estudio de un puerto de interés general de segundo orden en la costa de San Andrés y Sauces, entre la punta de Espíndola y sus bajas. En diciembre del mismo año se aprobaron los gastos para la ejecución de los trabajos previstos.

En 1908, el ingeniero Juan José Santa Cruz redactó el Proyecto de Puerto de Interés General de Segundo Orden para Espíndola en la Isla de La Palma. Su propuesta pretendía dar respuesta a estas necesidades mediante unas obras que permitieran mejorar las condiciones de atraque y las operaciones de carga y descarga.

El proyecto, sin embargo, debía afrontar importantes dificultades técnicas. La violencia del mar, especialmente en las costas abiertas al norte y al nordeste, obliga abuscar soluciones constructivas capaces de resistir los temporales. La seguridad de las obras y su coste constituían dos exigencias difíciles de conciliar, como reconocía el propio ingeniero en su memoria.

En marzo de 1909, el periódico El Progreso informó de la subasta de las obras de Puerto Espíndola. La adjudicación se produjo el 23 de abril de ese mismo año, por un presupuesto de contratación de 245.451 pesetas. Fue adjudicada a Eladio Duque Batista.

 Las primeras obras y las sucesivas modificaciones

El proyecto inicial no permaneció inalterado. A propuesta del Sindicato Agrícola de San Andrés y Sauces, la Jefatura de Obras Públicas de Tenerife introdujo modificaciones que afectaban a la disposición de los diques y a la longitud del muelle. La reforma fue autorizada por Real Orden de 19 de septiembre de 1913, sobre la base de un anteproyecto redactado en diciembre de 1912.

Una Real Orden de 6 de marzo de 1917 dispuso que se estudiarán nuevas modificaciones, teniendo en cuenta la experiencia acumulada en las obras ya ejecutadas.

Un puerto con intenso movimiento comercial

La documentación técnica permite apreciar la relevancia alcanzada por Puerto Espíndola durante las primeras décadas del siglo XX. Los estudios que culminaron en el proyecto de 1929, redactado por el ingeniero Antonio Peralba, recogían datos sobre las embarcaciones que frecuentaban la ensenada y el volumen de mercancías transportadas. El periódico Diario de Avisos del 8 de abril de 1929, se hace eco de que “las actuales murallas de contención están en pésimo estado” y urgía a ponerle remedio debido a que era el único sitio que se puede emplear para el tráfico de pasaje y carga diariamente.

Según la información publicada en 1998 por el periódico La Isla de La Palma, el movimiento anual estimado alcanzaba las 11.000 toneladas de exportación y las 10.000 toneladas de importación. Recibía mensualmente dos vapores y entre tres y cuatro pailebotes.

Estas cifras demuestran que Espíndola no era únicamente un refugio para pequeñas embarcaciones. Constituía un punto de actividad comercial de considerable importancia. La relevancia alcanzada por productos como la cebolla y otros denominados “frutos del país” convirtió a Puerto Espíndola en escala habitual de numerosos barcos con destino a Cuba y otros mercados. 

Los temporales y las dificultades de consolidación

La naturaleza volvió a poner a prueba las instalaciones en febrero de 1936, cuando los temporales ocasionaron extraordinarias averías en las obras ejecutadas. Las deficiencias de abrigo obligaron a plantear nuevas actuaciones para reparar los daños y mejorar las condiciones del puerto.

La documentación de estas reparaciones, cuya liquidación se menciona en octubre de 1941, pone de manifiesto que las soluciones adoptadas hasta entonces

 no habían conseguido garantizar una protección suficiente frente al oleaje.

Pero toda esta actividad portuaria comienza a declinar con la llegada de la carretera del Norte al municipio. Poco a poco, el transporte de mercancías y personas se hará por carretera en vehículos particulares y públicos. Esto hace que Puerto Espíndola deje de albergar un pequeño puerto comercial, con mucha actividad, y pase a quedar básicamente como núcleo pesquero marginal.

En 1952 Luis Cuscoy lo describe magistralmente:  “Si no fuera por el mar, el silencio taladraría las horas. Hay demasiada paz en aquel litoral verde y negro donde no llegan más barcos que los de pesca y donde los marineros muerden su cachimba a la sombra, con el azar de la baraja entre los dedos”.            

           Bibliografía y fuentes

*Manuel Marcos Pérez Hernández es croista oficial de San Andrés y Sauces

Entre el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la economía agrícola de Canarias experimentó una transformación estructural decisiva. La progresiva pérdida de peso de cultivos tradicionales como el azúcar y la cochinilla dio paso a la consolidación de la platanera como una verdadera columna vertebral del comercio exterior del Archipiélago.

Aunque la platanera era conocida en las islas desde hacía siglos, su producción se mantenía orientada al consumo local y familiar. No fue hasta las últimas décadas del siglo XIX cuando la mejora de las infraestructuras portuarias y el interés de compañías navieras y consignatarias británicas (como Elder Dempster o Fyffes) impulsaron la explotación comercial masiva. Estas firmas foráneas ofrecieron a los cosecheros locales anticipos, créditos y garantías de compra para transformar paulatinamente los terrenos de regadío en florecientes plantaciones plataneras.

El crecimiento de la producción exportadora en el conjunto del archipiélago canario fue vertiginoso:

La amenaza del plátano de Jamaica y la pérdida del monopolio

Hacia 1900, la hegemonía absoluta del plátano canario en los mercados de Reino Unido se vio seriamente cuestionada por la irrupción del plátano procedente de las Indias Occidentales, especialmente de Jamaica.

Como recogen los Informes Consulares Británicos de la época, las autoridades y comerciantes delReino Unido promovieron activamente la llegada de fruta desde sus propias colonias.

La entrada masiva de la producción jamaicana a precios competitivos amenazaba con desatar una fuerte caída de cotizaciones en las plazas de Londres y Liverpool. Los cónsules advertían de que este abaratamiento impactaría duramente sobre los márgenes comerciales de los agricultores y los salarios de los braceros — trabajadores agrícolas— en las islas.

Ante este escenario, la producción canaria se vio obligada a reorganizarse. Los agricultores e intermediarios tuvieron que ajustar costes, modernizar técnicas de cultivo y perfeccionar sistemas de empaquetado, para defender la calidad diferencial y la preferencia del consumidor europeo frente a la competencia antillana.

La producción y exportación de plátanos en La Palma en 1900

En este mapa del comercio agroexportador, la isla de La Palma desempeñó un papel significativo dentro de las redes insulares. Los datos oficiales recopilados en el Anexo del Informe Consular Británico para el año 1900 ofrecen una radiografía precisa de las exportaciones plataneras que salían desde el puerto palmero.

-Reino Unido: 10.000 racimos (el 50% de la producción).

-Francia: 6.000 racimos.

-España peninsular: 4.000 racimos.

Junto al plátano, La Palma mantenía en 1900 un comercio activo de exportación diversificado hacia otros mercados, como el envío de 137 toneladas de tomates hacia Gran Bretaña, o el de 2.313 toneladas de cebollas y 2.940 galones de vino dirigidos mayoritariamente hacia Cuba y las Antillas.

El balance de comienzos del siglo XX demuestra que Canarias logró situar su plátano en el centro de las rutas comerciales europeas, pasando de modestas cifras locales a una potencia exportadora de 25 millones de racimos en 1926. La presión de la competencia de Jamaica obligó al sector a profesionalizarse y a consolidar unas estructuras organizativas y de envasado que marcarían la historia agraria y social de las islas durante décadas.

            Bibliografía y fuentes

La lectura de las antiguas actas municipales permite, en ocasiones, reconstruir no solo acontecimientos de nuestra historia, sino también identificar edificios desaparecidos y devolverles el lugar que ocuparon en la vida cotidiana de San Andrés y Sauces.

Los libros de actas municipales de 1894 y 1905 acreditan que la Casa Consistorial se encontraba en la calle del Medio. La sesión del 16 de septiembre de 1894 señala que Anselmo y Agustín Herrera, Antonio Lugo y otros vecinos construyeron junto a ella un depósito para llevar agua a sus casas. El Ayuntamiento colocó después una tubería hasta la plaza de Montserrat, donde también podían servirse los vecinos.

La localización del antiguo depósito ha permitido precisar el emplazamiento de aquel Ayuntamiento e identificarlo en la casa que más tarde aparece relacionada con la Sociedad ‘El Progreso’. No se trata de una afirmación contenida literalmente en una sola acta, sino el resultado de cruzar la referencia documental de 1894 con la ubicación conocida del depósito y con la documentación posterior del inmueble. En los bajos de la Casa Consistorial estuvo instalada también la cárcel pública.

El acta municipal de 6 de febrero de 1924 aporta finalmente la referencia precisa sobre el cambio de sede. En ella, el alcalde da cuenta de las gestiones realizadas para conseguir en alquiler una casa donde instalar la Salade Sesiones, la Secretaría y el Archivo del Ayuntamiento, y la Corporación adopta el correspondiente acuerdo sobre la nueva Casa Consistorial. El inmueble era la Casa Massieu, situada frente a la Alameda.

Pero antes de aquel traslado, la antigua sede de la calle del Medio había quedado unida en una nueva etapa de la vida colectiva de Los Sauces: el nacimiento de la Sociedad “El Progreso”. El acta fundacional que ahora conocemos nos confirma esa fundación el 7 de febrero de 1907.

“En la ciudad de San Andrés y Sauces, a siete de febrero de mil novecientos       siete, siendo la hora de las veinte y ocho y con objeto de fundar la Sociedad    Instructiva y Recreativa El Progreso, se reúnen en la casa número 16 de la        calle del Medio…”.

El documento proporciona así tres datos esenciales: la fecha, la hora y el número de la casa en que se celebró la reunión. La presidencia recayó en Leopoldo Martín Hernández. Las firmas estampadas al final convierten el acta en un testimonio excepcional de quienes impulsaron la nueva asociación.

Sus salones acogieron también actos formativos. En 1918, el inspector de jefe de Primera Enseñanza de Canarias pronunció una conferencia sobre el llamado ‘Registro Paidológico’ ante numeroso público y maestros llegados de distintos lugares de la isla. En 1924 intervinieron los maestros nacionales Norberto de Paz González y Emilio Martín Hernández, con conferencias sobre ‘El Somatén en Canarias’ y ‘La mujer a través de los tiempos’.

La casa primitiva desapareció a consecuencia de un incendio ocurrido en la década de 1990. La fotografía que se conserva adquiere por ello un valor documental extraordinario.

Primero fue Casa Consistorial con cárcel pública, documentada ahora desde 1843, fecha en la que se conserva el primer libro de actas municipales; más tarde quedó ligada al nacimiento de una sociedad instructiva y recreativa que contribuyó durante dos décadas a extender la cultura, la educación y el asociacionismo en nuestro municipio.

           Fuentes documentales y bibliográficas

           Fotografía

*Manuel Marcos Pérez Hernández es cronista oficial de San Andrés y Sauces

Cada 29 de septiembre La Palma celebra la festividad de San Miguel Arcángel, patrono de la isla. La fechanos lleva a uno de los episodios decisivos de nuestra historia: el 29 de septiembre de 1492, festividad del Arcángel, Alonso Fernández de Lugo desembarcó por Tazacorte e inició la conquista de Benahoare. Desde entonces, el nombre de San Miguel quedó estrechamente unido a La Palma.

           Tras la conquista comenzó una profunda transformación del territorio. Tierra y agua fueron repartidas entre quienes habían participado en la empresa militar, la habían financiado o contribuyen a la nueva colonización. Como ha estudiado Ana Viña Brito, en La Palma fueron frecuentes las datas mixtas, en las que tierra y agua aparecían unidas. No era casual: el nuevo cultivo destinado a generar riqueza era la caña de azúcar, que necesitaba regadío abundante y la construcción de ingenios para su molienda.

           La geografía marcó pronto dos espacios azucareros. En el oeste, las aguas de la Caldera permitieron desarrollar los cañaverales de Argual y Tazacorte y levantar dos grandes ingenios. En el nordeste, las abundantes aguas de Los Sauces hicieron posible otros dos. De este modo, buena parte de la primera economía de exportación de La Palma quedó vinculada a dos territorios donde el agua era la verdadera riqueza.

           Los Sauces ocupan en esta historia un lugar singular. El 29 de enero de 1502 el Adelantado concedió a Pedro de Benavent, mercader catalán, representado por Gabriel Socarrás, la mitad del río de Los Sauces y de las tierras que con aquellas aguas pudieran aprovecharse. Años después, en 1511, la Corona confirmó a Benavent aquel repartimiento y la licencia para construir los ingenios necesarios. La otra mitad quedó vinculada al propio Alonso Fernández de Lugo. Así nacieron las dos haciendas azucareras del lugar: la relacionada con el Adelantado, conocida después como Hacienda de los Príncipes, y la de los Señores o de los Catalanes.

           Alrededor de ellos se fue formando el núcleo de Los Sauces. El azúcar no fue, por tanto, únicamente un cultivo: condicionó el poblamiento, las acequias, los caminos, las relaciones de propiedad. En aquel paisaje surgió también la primitiva ermita de Nuestra Señora de Montserrat, levantada en los primeros años del siglo XVI.

           Algo semejante ocurría en Argual y Tazacorte. Allí las aguas procedentes de la Caldera permitieron poner en producción amplias extensiones de caña. Los repartimientos muestran con claridad esa intención: se entregaban tierras de regadío para hacer azúcar y se reservaban lugares apropiados para instalar los ingenios. Los dos establecimientos del Valle de Aridane y los dos de Los Sauces convirtieron La Palma en una de las islas destacadas del primer ciclo azucarero canario.

El azúcar palmero comenzó entonces a viajar hacia los grandes mercados europeos. Amberes ocupó un lugar fundamental. En sus muelles se comercializaba parte de aquel producto que había nacido gracias al agua de la Caldera y de Los Sauces. Y por las mismas rutas regresaban a la isla, tejidos, objetos suntuarios, pinturas y esculturas procedentes de los grandes talleres del norte de Europa.

           Ese intercambio explica uno de los rasgos más extraordinarios del patrimonio artístico de La Palma: la importante presencia de obras flamencas. Jesús Pérez Morera ha estudiado ampliamente la relación entre las haciendas azucareras, sus propietarios y la llegada de imágenes y tablas procedentes de Flandes. El azúcar salía de la isla y el arte regresaba en los barcos del tornaviaje.

           Entre esas piezas sobresale la imagen de San Miguel Arcángel conservada en Tazacorte, una escultura en madera policromada atribuida a un taller de Amberes y fechada hacia 1513-1522. Su llegada se relaciona con el florecimiento de la hacienda azucarera de Jácome de Monteverde. Cuando éste se estableció en La Palma en 1513 encontró muy deteriorada la antigua iglesia de San Miguel y promovió la construcción de un nuevo templo, enriquecido con imágenes, pinturas y ornamentos adquiridos a través de sus relaciones comerciales con Amberes.

           La vinculación de Tazacorte con San Miguel quedó también escrita en los propios repartimientos. A comienzos del siglo XVI las datas denominaban aquellas tierras “Los Llanos de San Miguel”. En 1503 se concedían allí tierrasde regadío para hacer azúcar y, dos años después, otra data volvía a hablar de “Los Llanos de Tazacorte, que se dice asimismo Los Llanos de San Miguel”, junto con el agua de la Caldera y el lugar necesario para levantar un ingenio. El nombre del arcángel quedó así ligado desde los primeros años a la colonización del territorio.

          Por eso, al celebrar cada 29 de septiembre a San Miguel de La Palma, podemos recordar mucho más que una advocación religiosa. Aquella fecha nos conduce al comienzo de una nueva etapa histórica y a un tiempo en el que la tierra, agua, caña, ingenios, comercio y arte quedaron profundamente enlazados.

           Fuentes bibliográficas

          Fotografía

A la entrada de la histórica Villa de San Andrés, la ermita de San Sebastián y el antiguo cementerio forman un conjunto cuya historia se remonta a los primeros tiempos del poblamiento europeo de esta parte de La Palma. Ambos espacios están íntimamente relacionados: el camposanto terminó ocupando parte unas tierras vinculadas desde el siglo XVI a aquella primitiva ermita.

           San Sebastián, protector tradicional frente a la peste y a las epidemias, contó muy pronto con la devoción de los vecinos. El denominado libro de la ‘besitación de San Sebastián de Los Sauzes’ iniciado en 1530, constituye uno de los principales testimonios de su antigüedad y permite situar la fundación de la ermita hacia 1527.

           En 1530 ya existía además una cofradía dedicada al santo. El pequeño templo ocupaba un emplazamiento significativo, junto al antiguo camino real y a la entrada de la villa, ubicación frecuente en las ermitas dedicadas a los santos protectores frente a las enfermedades.

           Desde sus orígenes contó también con tierras propias. El portugués Tomé Yanes, establecido en Las Lomadas, había donado un amplio terreno situado a espaldas del oratorio, que se extendía desde el camino real y la dehesa hacia el mar. En 1530 aquellas tierras se encontraban arrendadas a Juan Báez, vecino de Las Lomadas, durante nueve años y por una renta anual de tres doblas.

           Aunque modesta, la ermita tuvo una presencia importante en la vida religiosa de San Andrés. En 1542 llegó a prestar treinta doblas de oro para contribuir a las obras de la Iglesia parroquial.

           El paso del tiempo obligó a sucesivas intervenciones. En 1637, debido al mal estado de la techumbre y de los muros, se ordenó reconstruirla y la imagen de San Sebastián fue trasladado temporalmente a la parroquia. Las obras estaban concluidas en 1648. Años después se realizaron nuevas mejoras, entre ellas una portada de cantería para el campanario.

           En su interior se encuentra la imagen de San Sebastián, talla en madera policromada del siglo XVII, y un retablo atribuido al maestro palmero de ascendencia saucera, Antonio Luis de Paz, también autor del retablo mayor de Nuestra Señora de  Montserrat.

           La fisonomía actual del tempo procede en buena medida de la profunda remodelación realizada en 1929, bajo la dirección del párroco Francisco Gil Soler, manteniéndose parte de la armadura de madera de la construcción precedente.

El cementerio en las tierras de San Sebastián

            La historia del antiguo cementerio no puede entenderse separadamente de la ermita.

           En 1832, el visitador eclesiástico Pedro Próspero González de Acevedo ordenó que se destinara un celemín de las tierras de San Sebastián a la construcción de un camposanto y dispuso además que los fondos de la ermita contribuyeran a las obras.

           Once años después, el 27 de enero de 1843, el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces trató un escrito del beneficiado don Domingo Rodríguez Pinto solicitando formalmente la concesión de un celemín de terreno contiguo a la ermita de San Sebastián para la construcción de un cementerio. La Corporación municipal aprobó la petición por unanimidad. El 3 de diciembre de 1863 tuvo lugar la bendición.

           También aquellas tierras se vieron afectadas por las transformaciones patrimoniales del siglo XIX. En 1841 el denominado ‘cercado de San Sebastián’ quedó comprendido dentro de la legislación desamortizadora, iniciándose una nueva etapa en la historia de la antigua propiedad.

           Un acta municipal recoge la adjudicación definitiva, en 1973, de las obras de terminación del cementerio de San Andrés. La construcción de un nuevo camposanto municipal en otro lugar permitió después clausurar el antiguo. Su falta de utilización no disminuye, sin embargo, su significación histórica.

           La ermita y el viejo cementerio forman parte delBien de Interés Cultural de la Villa de San Andrés, declarado con categoría de Conjunto Histórico, reconocimiento que protege un núcleo excepcional por su arquitectura, su trama urbana y los testimonios acumulados a lo largo de cinco siglos.

           En la actualidad, la ermita de San Sebastián permanece cerrada al culto debido al mal estado de su techumbre. La imagen del santo titular se encuentra en la iglesia parroquial, mientras que en el interior permanece su retablo. Su integración en el Conjunto Histórico de San Andrés hace deseable que, en el futuro, pueda abordarse su adecuada conservación y restauración, con la intervención de las administraciones e instituciones competentes.

           Desde hace casi quinientos años, San Sebastián continúa presidiendo uno de los accesos históricos a la Villa. A sus pies permanece el viejo camposanto, silencioso desde hace décadas, pero inseparable de un paisaje patrimonial que pertenece a la memoria colectiva de nuestro municipio.

           Fuentes y bibliografía

*Manuel Marcos Pérez Hernández es cronista oficial de San Andrés y Sauces

La historia municipal de San Andrés y Sauces conserva todavía páginas por descubrir. Una hoja suelta localizada en el Fondo Antonio Pestana, custodiado en el Archivo General de La Palma, permite ahora poner nombre al primer alcalde constitucional conocido de nuestro municipio: Andrés Ortega y Arturo.

           El hallazgo tiene especial importancia porque el primer libro de actas que se conserva en el Archivo Municipal de San Andrés y Sauces comienza en 1843. Existía, por tanto, un vacío de más de treinta años entre la constitución del Ayuntamiento bajo el nuevo régimen político nacido en Cádiz y el inicio de la serie de acuerdos municipales que ha llegado hasta nosotros.

           El documento recuperado lleva por encabezamiento 'Libro de acuerdos de la Villa de San Andrés y Sauces, Isla de San Miguel de La Palma, principado en treinta y uno de diciembre de este año de 1812'. Añade que el nuevo Ayuntamiento se instaló conforme a la Constitución política de la Monarquía española y al decreto de 23 de mayo, y enumera a sus integrantes. Al frente de la corporación figura con toda claridad don Andrés Ortega y Arturo alcalde presidente.

           La referencia permite ir más allá de una deducción general sobre la creación de los ayuntamientos constitucionales. Nos sitúa ante una corporación concreta, reunida el 31 de diciembre de 1812, y nos ofrece el nombre de quien la presidía. Andrés Ortega y Arturo puede ser reconocido así como el primer alcalde constitucional documentado de San Andrés y Sauces.

           La Constitución promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 transformó profundamente la administración local española. La nueva organización municipal sustituyó estructuras anteriores y estableció ayuntamientos constitucionales en los pueblos que reunían las condiciones previstas. San Andrés y Sauces comenzó entonces una nueva etapa de su historia institucional.

Una trayectoria al servicio del municipio            

           El nombre de Andrés Ortega no queda limitado a aquella primera noticia de 1812. Diecisiete años después vuelve a aparecer vinculado a la autoridad municipal en un expediente de 1829 relativo a las casas pajizas en Los Sauces. El documento se conserva en el Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma y fue dado a conocer por María Victoria Hernández Pérez.

           En aquel expediente, Dionisio Carrillo denunciaba el riesgo que, a su juicio, representaban las numerosas viviendas construidas con paredes de varas y techos de colmo dentro del casco urbano. Le preocupaba su proximidad a casas, bodegas, y almacenes, así como la posibilidad de que una chispa de los hachones de tea usados para alumbrarse provocara un incendio de graves consecuencias.

           El Ayuntamiento respondió por medio de Andrés Ortega, a quien la documentación publicada identifica como autoridad municipal. Su contestación aportaba una mirada distinta y atendía a la realidad social del vecindario: muchas familias habitaban aquellas construcciones debido a su pobreza y al elevado coste de transportar piedra desde los barrancos. La respuesta constituye una valiosa fotografía de Los Sauces de comienzos del siglo XIX, donde convivían las aspiraciones de seguridad y ornato con las duras condiciones económicas de buena parte de la población.

Finalmente, en 18 de marzo de 1830, se ordenó que “las casillas o bohíos de paja o colmo dentro del casco del pueblo”, se sustituyeran por otras de piedra y teja en el plazo de cuatro meses.

           Una hoja suelta, conservada fuera de la serie municipal que hoy conocemos, ha permitido rescatar un nombre esencial para nuestra historia. El documento demuestra una vez más que los archivos guardan piezas capaces de cubrir vacíos, corregir lecturas y devolver protagonismo a quienes participaron en el nacimiento de nuestras instituciones.

           Más de dos siglos después de aquella sesión del 31 de diciembre de 1812, San Andrés y Sauces puede incorporar a su memoria colectiva el nombre de Andrés Ortega y Arturo, primer alcalde constitucional documentado del municipio.

           Fuentes y Bibliografía

*Manuel Marcos Pérez Hernández es cronista oficial de San Andrés y Sauces

Uno de los mayores avances sociales experimentados por España durante las últimas décadas ha sido la universalización de la educación. La posibilidad de que un joven pueda llegar a la universidad con independencia de la capacidad económica de su familia constituye una de las conquistas más importantes de nuestro Estado del bienestar.

            No siempre fue así. Durante demasiado tiempo, cursar estudios universitarios estuvo reservado, en buena medida, a las familias que podían permitirse mantener a sus hijos durante varios años fuera de casa. La extensión de la universidad pública y, sobre todo, el fortalecimiento del sistema de becas contribuyó decisivamente a cambiar aquella realidad. La educación dejó progresivamente de ser un privilegio para convertirse en un verdadero instrumento de igualdad de oportunidades.

           Esa apuesta por las becas continúa siendo fundamental. Para el curso 2025-2026, el Gobierno de España destinó una cifra récord de 2.544 millones de euros a becas, más de dos mil millones por encima de la correspondiente al curso 2017-2018. El número total de becarios pasó de 784.422 en aquel curso a cerca de un millón en 2024-2025.

           Estos datos tienen detrás historias personales. Son jóvenes cuyos padres son trabajadores, agricultores, empleados públicos, pequeños comerciantes o pensionistas que han podido estudiar una carrera porque existía una universidad pública y un sistema de ayudas que hacía posible llegar a ella. Ahí reside una de las funciones esenciales de la educación pública: evitar que el lugar donde uno nace o los ingresos de su familia determinen hasta dónde puede llegar.

           Por eso preocupa el crecimiento de un modelo universitario en el que la enseñanza privada adquiere cada vez mayor protagonismo mientras las universidades públicas tienen dificultades para disponer de los recursos necesarios. La universidad privada tiene su espacio legítimo dentro del sistema educativo, pero nunca puede crecer a costa del debilitamiento de la pública.

           En Canarias esa preocupación tiene hoy nombres y voces muy concretas. Los rectores de nuestras universidades públicas, Francisco J. García Rodríguez, de la Universidad de La Laguna, y Lluís Serra Majem, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han advertido conjuntamente de la insuficiencia del modelo de financiación planteado por el Gobierno de Canarias. En julio llegaron a afirmar que la propuesta para el periodo 2027-2030 ‘pone en jaque’ a las universidades públicas de Canarias. 

           Hace apenas unos días, en la apertura del curso académico, el rector de la Universidad de La Laguna volvió a lanzar una seria advertencia: sin un instrumento de financiación estable que garantice el futuro de ambas instituciones, puede entrarse en ‘un escenario de serio riesgo de subsistencia a medio plazo’. No estamos, por tanto, ante una cuestión menor ni ante una simple discusión presupuestaria.

           Y hablamos de universidades que han demostrado su capacidad. La Universidad de La Laguna se mantiene en 2026 entre las 800 mejores universidades del mundo en el Ranking de Shanghái, situada en la franja 701-800, y ha mejorado además su posición entre las universidades españolas, colocándose en el intervalo 15-18. Solo treinta universidades españolas aparecen este año entre las mil primeras de esa calificación internacional.

           Canarias no puede permitirse debilitar un patrimonio construido durante generaciones. Nuestras universidades públicas no son únicamente lugares donde se imparten títulos. Son centros de investigación, conocimiento, innovación y pensamiento crítico; generan oportunidades y permiten que miles de jóvenes canarios puedan formarse sin que la renta de sus padres determine su futuro.

           La educación pública ha sido uno de los grandes ascensores sociales de nuestra democracia. Preservarla, financiarla adecuadamente y garantizar su calidad no es un gasto. Es invertir en igualdad, en conocimiento y en el futuro de Canarias.         

En 1925, San Andrés y Sauces era un municipio de unos 4.500 habitantes, dedicado fundamentalmente a la agricultura y todavía condicionado por unas comunicaciones difíciles con el resto de la isla. En aquel contexto, la Sociedad El Progreso, presidida por Antonio Martín Herrera, promovió una iniciativa hoy prácticamente desconocida: la creación de una Escuela de Preparación Militar fuera de filas para los jóvenes del municipio.

La propuesta no llegó a hacerse realidad, pero el expediente conservado en el Archivo Regional Intermedio Militar de Santa Cruz de Tenerife permite conocer el proyecto y acercarnos a la figura de Antonio Martín Herrera, un hombre vinculado a la actividad económica y asociativa de San Andrés y Sauces durante las primeras décadas del siglo XX.

La iniciativa se planteó al amparo de la normativa de 1925, que permitía a determinadas sociedades promover Escuelas de Preparación Militar fuera de filas destinadas a proporcionar a los jóvenes una formación previa a su incorporación al Ejército.

Antonio Martín Herera, como presidente de El Progreso, defendió que aquella preparación pudiera realizarse en el propio municipio. Según la documentación estudiada por los profesores Manuel Ferraz Lorenzo y Víctor Alonso Delgado, el promotor consideraba que la iniciativa beneficiaría a los jóvenes y también al Tesoro público.

El proyecto estaba pensado con cierto detalle. Para las prácticas de tiro y determinados ejercicios se había previsto utilizar el Llano del Cementerio, una explanada de unos 600 metros cuadrados. También se contemplaba realizar marchas superiores a 25 kilómetros por los caminos vecinales.

Finalmente, la escuela no fue autorizada. La razón fundamental fue que la Sociedad El Progreso no reunía las condiciones exigidas por la legislación para hacerse cargo de una Escuela de Preparación Militar, entre ellas su carácter y finalidad como una entidad cultural-patriótica o dedicada a la enseñanza. La iniciativa aparece como no aprobada en 1926.

‘El Progreso’, una sociedad activa en la vida local

La figura de Antonio Martín Herera se entiende mejor si se sitúa en el ambiente de la Sociedad El Progreso. Hoy sabemos, gracias al acta que se conserva, que su origen se remonta al 7 de febrero de 1907. Ese día en una casa de la calle del Medio número 16, se reunieron los promotores con el objeto de fundar la Sociedad instructiva y recreativa El Progreso>>.

El documento fundacional confirma así el carácter instructivo y recreativo de una entidad que tendría una destacada presencia en la vida social y cultural del municipio durante las primeras décadas del siglo XX.

El archivo Municipal conserva el libro de actas de la Junta Directiva correspondiente a 1924-1927. En la sesión del 4 de enero de 1925 tomó posesión la nueva directiva, presidida por Antonio Martín Herrera.

Una familia que apuesta por la formación

Antonio Martín Herrera contrajo matrimonio con Celedonia Martín Rodríguez y tuvo, entre otros descendientes, a Máximo Martín Martín y Marcos Tomás Martín Martín. Ambos siguieron posteriormente caminos profesionales vinculados a los estudios superiores: Máximo se formó como médico y Marcos Tomás como abogado.

Resulta significativo que, en una familia vinculada a la agricultura, a la caña de azúcar y a la actividad empresarial, apareciera también una clara apuesta por la formación y nuevas posibilidades profesionales.

Es, en definitiva, la historia de un municipio que trataba de superar las dificultades derivadas de su aislamiento y de una sociedad local que buscaba, desde sus propios medios, mejorar las oportunidades de sus vecinos.

Bibliografía y fuentes documentales

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*Manuel Marcos Pérez Hernández es cronista oficial de San Andrés y Sauces

Hoy, 18 de agosto, cuando se cumplen noventa años del asesinato de Federico García Lorca, resulta inevitable volver la mirada hacia Granada, la ciudad vinculada a buena parte de su formación intelectual y que acabaría siendo también escenario de su muerte.

Pero Granda nos permite recordar también a un hombre de San Andrés y Sauces: Crispiniano de Paz González.

Entre 1923 y 1930, Crispiniano estudió Farmacia en la Universidad de Granada. Aquellos años fueron mucho más que una etapa universitaria. Según recoge Néstor Hernández en su obra Crispiniano de Paz González: ciencia, política, pasión y prisión, participó activamente en la vida estudiantil y cultural de la ciudad. Fue presidente de la Asociación Profesional de Estudiantes de Farmacia y miembro destacado del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Granada, un espacio en el que también estuvieron presentes las ideas republicanas y reformistas.

Y en aquella Granada estaba también la huella de Federico García Lorca.

No podemos afirmar documentalmente que Lorca y Crispiniano llegarán a conocerse. El propio estudio de Néstor Hernández recoge esa posibilidad a partir de testimonios familiares, pero advierte de que no ha podido ser contrastada. Conviene, por tanto, mantener la prudencia.

Lo que sí sabemos es que Crispiniano regresó a San Andrés y Sauces después de aquellos años de formación y que, ya como alcalde republicano, trasladó a la vida pública de su pueblo una sensibilidad cultural poco habitual para la época.

La mejor prueba la encontramos en 1931, en plena llegada de la Segunda República.

Durante las fiestas de Nuestra Señora de Montserrat se celebró entonces la llamada Fiesta del Romance, una iniciativa que Diario de Avisos convirtió en protagonista de una extensa crónica. El periodista destacó las intervenciones poéticas y oratorias, la música y la participación de diferentes artistas y escritores.

No sería correcto llamar aquella celebración una << fiesta de la Generación del 27>> en sentido estricto. Los documentos no permiten llegar tan lejos. Pero sí resulta difícil no percibir en aquella Fiesta del Romance el aire de renovación cultural de aquellos años. Además del pregonero que fue el Magistral de la Catedral, Heraclio Sánchez, cerró el acto la Banda de Música de Icod, traída para el evento.

En aquella tarde de septiembre, entre romances, flores, música y palabras, San Andrés y Sauces tuvo también un pequeño lugar en la gran historia cultural de aquella generación que quiso cambiar España con la palabra, el arte y la cultura.

Lorca no estuvo allí.

Pero de alguna manera, Granada llegó hasta Los Sauces.

Fuentes documentales

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Hay episodios de nuestra historia local que merecen ser recuperados porque explican mucho mejor de lo que imaginamos la personalidad y la capacidad de iniciativa de nuestros antepasados. Los años veinte del pasado siglo fueron, en este sentido, especialmente significativos para San Andrés y Sauces.

La expansión del cultivo del plátano planteaba nuevos retos a los agricultores. Vender individualmente la producción significaba afrontar en condiciones de desigualdad la relación con las empresas exportadoras. Algunos cosecheros entendieron que la unión podía cambiar esa situación y comenzaron a organizarse.

En 1927 se constituyó oficialmente el Sindicato de Cosecheros de San Andrés y Sauces, cuyo reglamento había sido aprobado por Real Orden. La Junta Directiva estuvo presidida por Juan Martín González, acompañado entre otros por Severo y Bruno Conde Machín, Domingo Batista, Juan Hernández Medina, Manuel López y López, Antonio Rodríguez y Juan Rodríguez González.

La iniciativa tuvo desde el principio una dimensión práctica. Por acuerdo de la Junta comenzó la construcción de un amplio almacén en Puerto Espíndola, destinado al empaquetado de plátanos; un proyecto del maestro de obra Gabriel Duque. El edificio se convirtió en una pieza fundamental para la comercialización de la producción agrícola.

La dimensión que alcanzó la organización resulta sorprendente. En pocos meses llegó a superar los 400 asociados, y una Junta General celebrada en enero contó con la asistencia de más de 300 cosecheros. Para un municipio de aquella época, constituía una extraordinaria demostración de capacidad de convocatoria y de confianza en el asociacionismo.

La culminación de aquel esfuerzo quedó reflejada también en un acto celebrado en el propio almacén de Puerto Espíndola. Con motivo de la terminación del edificio y el rápido crecimiento del Sindicato se organizó una comida a la que asistieron numerosos asociados, las autoridades locales y distintas personalidades de la vida local: el alcalde, el párroco, el juez y fiscal municipal, el comandante de puesto de la Guardia Civil, médico titular, maestros nacionales, secretarios del Juzgado y de la Comunidad de Regantes y otros representantes de la sociedad saucera. El acto estuvo amenizado por la banda de música.

Aquella imagen resultaba reveladora: el nuevo almacén no era solamente un lugar para empaquetar plátanos; se había convertido en símbolo de una nueva etapa donde los agricultores se habían organizado para defender sus intereses conjuntamente.

Y esa capacidad comenzó a producir resultados. La prensa recoge que la sociedad exportadora Estévez y Bañuls, de París, había contratado a precio fijo durante un año toda la fruta del Sindicato. Sin embargo, durante la visita de su gerente, Antonio Estévez, la empresa elevó considerablemente los precios pactados. Además, realizaba pagos semanales y ofrecía facilidades para abonos y anticipos.

Pero el desarrollo de aquella actividad planteaba también nuevas necesidades. El puerto Espíndola era el punto de salida de aquella producción y sus condiciones de embarque podían verse afectadas por el mal tiempo. Así lo entendió el Ayuntamiento unos años después.

En la sesión ordinaria celebrada el 20 de abril de 1934, el alcalde expuso ante la Corporación la “imperiosa necesidad” de instalar un pescante en el puerto de Espíndola, con el fin de asegurar el embarque de la fruta durante los días de mal tiempo. El acta municipal señalaba que la obra beneficiaría a todos los vecinos, por tratarse de un pueblo eminentemente agrícola, y también a los exportadores de plátanos establecidos en la localidad.

Como el Ayuntamiento no disponía de medios económicos suficientes para afrontar por sí solo los gastos de instalación, se acordó dirigirse a los exportadores y al Sindicato de Cosecheros para solicitar su colaboración mediante una aportación voluntaria vinculada a las operaciones de embarque. La Corporación aceptó por unanimidad la propuesta de la Alcaldía.

Pero aquella generación no se limitó a organizarse para defender sus intereses económicos. Poco después surgió La Obrera, una sociedad impulsada por jóvenes trabajadores con la finalidad de desarrollar actividades culturales y contribuir al bienestar del pueblo. Su primera Junta estuvo presidida por Emiliano Martín Hernández, junto a Manuel Medina Medina, Francisco Lorenzo Rodríguez, Manuel Hernández Herrera y otros jóvenes.

La prensa de entonces establecía una relación muy significativa entre ambas iniciativas: primero los cosecheros se habían unido para defender sus intereses y ahora las juventudes trabajadoras se organizaban para trabajar por la cultura y el bienestar de su pueblo.

San Andrés y Sauces demostró en aquellos años una extraordinaria capacidad de organización colectiva. Los agricultores comprendieron que unidos podían negociar mejor; el Ayuntamiento entendió que para mejorar las condiciones de embarque era necesaria también la colaboración de quienes participaban directamente en la actividad exportadora; y los jóvenes entendieron que la cultura y la convivencia necesitaban espacios de participación y asociación.

Y esa capacidad de unirse para defender intereses comunes, impulsar iniciativas y buscar el progreso colectivo forma parte también de la historia de San Andrés y Sauces y merece ser conocida y reconocida por las generaciones actuales.

Fuentes documentales

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En uno de los lugares más elevados de Canarias, donde el horizonte parece fundirse con el cielo, se alza una de las obras más singulares del artista lanzaroteño César Manrique: el Monumento al Infinito, una escultura de acero que simboliza la unión entre la Tierra y el cosmos.

Situado en el Roque de los Muchachos, dentro del término municipal de San Andrés y Sauces, el monumento fue instalado en 1985 con motivo de la inauguración del Observatorio del Roque de los Muchachos. Desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la isla y en un homenaje permanente a la investigación científica.

La obra, de líneas sobrias y abiertas, invita a dirigir la mirada hacia el infinito. No es casualidad que César Manrique eligiera este lugar. A más de 2.400 metros de altitud, por encima del mar de nubes, el observatorio disfruta de unas condiciones atmosféricas excepcionales que lo sitúan entre los mejores del mundo para la observación astronómica.

La calidad del cielo palmero, protegida además por la conocida Ley del Cielo, ha permitido instalar en el Roque algunos de los telescopios más importantes de Europa, entre ellos el Gran Telescopio Canarias, y mantiene viva la aspiración de albergar en el futuro el Telescopio de TreintaMetros (TMT), cuya sede alternativa es precisamente La Palma.

Pero la historia del Monumento al Infinito no ha sido siempre la que merece una obra de esta importancia. Durante años sufrió un acusado abandono. Un reportaje publicado por Canarias 7 en julio de 2005 denunciaba que la escultura presentaba un avanzado proceso de corrosión, había perdido la placa conmemorativa de su inauguración y mostraba cinco impactos de bala en su parte superior, consecuencia de un incomprensible acto vandálico. El informe técnico elaborado entonces por el Cabildo advertía de que aquellos orificios favorecían la entrada de agua y aceleran el deterioro del monumento, recomendando una restauración integral y medidas para evitar nuevos atentados contra el patrimonio artístico de la isla.

Años más tarde surgiría una nueva visión para este espacio. En 2012, el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, siendo alcalde Francisco Paz, planteó convertir el Monumento al Infinito en un nuevo referente del turismo científico y astronómico. La iniciativa contemplaba acondicionar su entorno como plataforma de observación del cielo y dar a conocer este singular enclave tanto a las empresas dedicadas al astroturismo como a los numerosos aficionados que visitan cada año el Roque de los Muchachos.

En ese contexto, el Monumento al Infinito representa mucho más que una escultura: simboliza el encuentro entre el arte, la ciencia y el paisaje.

Desde este balcón privilegiado del Atlántico, La Palma continúa demostrando que un territorio pequeño puede desempeñar un papel extraordinario en el avance de la Ciencia. Cuidar el Monumento al Infinito es también cuidar una parte de esa historia. Porque proteger el patrimonio no significa únicamente conservar piedras, hierro o esculturas; significa preservar la memoria colectiva y proyectarla hacia el futuro.

La grandeza de esta obra de César Manrique reside, precisamente, en haber convertido el paisaje de La Palma en una invitación permanente a mirar hacia el universo.

La historia de San Andrés y Sauces conserva episodios que, pese a su importancia, siguen siendo poco conocidos. Uno de los más significativos tuvo lugar la mañana del 29 de septiembre de 1703, festividad de San Miguel Arcángel, cuando la parroquia de San Andrés Apóstol se convirtió en escenario de un grave conflicto relacionado con el ejercicio del poder local.

Aquel día debía ejecutarse una orden de prisión contra el alcalde Blas Francisco Álvarez, ayudante de la Villa de San Andrés y de Los Sauces. La misión fue encomendada a Diego de Guisla y Castilla, capitán y sargento mayor de las milicias, figura de gran influencia en Los Sauces y estrechamente vinculado a los intereses del lugar. Era el dueño del cuarto de la Hacienda e Ingenio de “Los Señores” con casa en el lugar, probablemente en el sitio donde hoy se encuentra la “Casa Massieu”.

Los acontecimientos no ocurrieron de forma improvisada. Su origen se encontraba en un pleito que enfrentaba a las autoridades locales por el ejercicio de la jurisdicción. El conflicto se había iniciado cuando el alcalde Blas Francisco Álvarez abrió actuaciones contra el diputado de Los Sauces,Miguel Hernández Arturo, por supuestas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las ordenanzas sobre el abastecimiento de carne, la venta de vino y otras competencias municipales.

La controversia fue elevándose hasta llegar a la Real Audiencia de Canarias, cuya intervención dio lugar a diversas resoluciones. En cumplimiento de una de ellas se ordenó la detención del alcalde.

Según relatan José Antonio Batista Medina y Néstor Hernández López, Diego de Guisla dispuso que varios soldados permanecieran apostados en las puertas de la Iglesia parroquial de San Andrés mientras se celebraba la misa solemne del día de San Miguel, con la intención de prender al alcalde cuando abandonara el templo.

Sin embargo, los hechos no se desarrollaron como estaba previsto. Blas Francisco Álvarez consiguió salir de la Iglesiapor una puerta distinta a aquella donde aguardaban los soldados y emprendió camino hacia Santa Cruz de La Palma para ponerse bajo la protección del teniente gobernador.

Al día siguiente se intentó nuevamente ejecutar la orden de prisión, registrándose distintas viviendas en su busca, aunque sin resultado. Finalmente la detención no llegó a producirse y la orden quedó suspendida.

Lejos de cerrar la controversia, aquellos sucesos evidenciaron la profunda división existente entre la Villa de San Andrés y el creciente núcleo de Los Sauces.

El trasfondo del conflicto iba mucho más allá de la situación personal del alcalde. Desde finales del siglo XVII, Los Sauces experimentaba un importante crecimiento demográfico y económico que contrataba con la condición de San Andrés como sede tradicional del alcalde y cabecera de la jurisdicción. Muchos vecinos del lugar consideraban que esa nueva realidad debía traducirse también en una mayor participación en la administración de la jurisdicción.

Durante los años siguientes continuaron los recursos y actuaciones de la Real Audiencia. La documentación estudiada por Batista Medina y Hernández López demuestra que el pleito seguía vivo todavía en 1713, reflejo de la dificultad para encontrar una solución estable.

Finalmente, la jurisdicción no fue dividida, como pretendían algunos sectores. La Real Audiencia optó por mantener la unidad del término, aunque terminó consolidándose una fórmula de equilibrio que marcaría durante mucho tiempo la vida política del municipio: la alternancia en el nombramiento de alcalde entre vecinos de San Andrés y de Los Sauces.

Aquella práctica llegó a convertirse en una verdadera tradición institucional. Su importancia fue tal que aún en 1876 se invocaba como derecho histórico adquirido, prueba de la huella que dejaron aquellos acontecimientos de comienzos del siglo XVIII.

Hoy, gracias a la documentación conservada y al trabajo de investigadores como Batista Medina y Hernández López, es posible comprender aquellos hechos en toda su dimensión: no como una simple anécdota, sino como un capítulo decisivo en la evolución histórica de San Andrés y Sauces.

Bibliografía

Cada 29 de junio, la iglesia celebra la festividad de San Pedro, el pescador de Galilea convertido en apóstol y guardián de las llaves del Reino. En nuestro municipio, su devoción hunde sus raíces en los mismos comienzos de la historia insular tras la conquista castellana, convirtiendo a la antigua ermita de Las Lomadas en uno de los testimonios religiosos más antiguos y singulares de la comarca.

En el antiguo camino que asciende hacia la cumbre, entre viñedos, bancales y tierras que el Adelantado repartió a diversas familias portuguesas asentadas en la zona, surgió una pequeña ermita dedicada a San Pedro. Aquel lugar donde los Abreu cultivaron las tierras concedidas y donde Tomé Yanes de Brito llegó a poseer un molino hidráulico, se convirtió pronto en centro espiritual de una población dispersa que encontraba en la humilde construcción un espacio de oración y encuentro.

La primitiva ermita debió de levantarse en los primeros años del siglo XVI. Su antigua portada, con un arco ojival de trazado irregular y de clara reminiscencia gótica sigue siendo hoy uno de sus elementos más singulares, evocando las formas arquitectónicas heredadas de la tradición medieval.

La primera noticia documental de su existencia es de 1520, cuando el bachiller Pedro de Pavía visitó el templo. Apenas unas décadas después, en 1548, una visita pastoral ordenaba ampliar aquel modesto edificio, descrito entonces como un <>, insuficiente para albergar a todos los fieles de un pago habitado casi exclusivamente por portugueses.

Aquellas primeras ermitas rurales eran construcciones sencillas, austeras y profundamente ligadas a la vida cotidiana del campo. Más que iglesias monumentales, constituían refugios para la oración y la devoción de unas comunidades alejadas de los núcleos urbanos.

La gran transformación del templo llegaría en 1576. Los documentos notariales conservados permiten conocer con extraordinario detalle las obras de reedificación. Ante el escribano Amador Álvarez de Silva comparecía el albañil Amador Blas, quien declaraba haber trabajado durante cuarenta y tres días y medio en la nueva fábrica del templo, quebrando piedra, realizando labores de cantería, teja, sardineles, el campanario y el denominado <>, utilizado para marcar las líneas de construcción.

Ese mismo año se adquiría la madera necesaria para la obra, pagándose más de un centenar de doblas por los materiales destinados a la nueva iglesia. Así, la humilde ermita daba paso a un edificio más sólido y digno, capaz de responder a las necesidades espirituales de los vecinos.

A finales del siglo XVI, el capitán Matías de Abreu, mayordomo de la ermita, costeó un nuevo tabernáculo para la imagen del titular. La documentación señala que la escultura de San Pedro había sido traída de Flandes entre 1530 y 1532, circunstancia que revela las conexiones comerciales y artísticas de la isla con los puertos europeos.

La talla actual, de madera policromada, presenta diversas intervenciones y repintes realizados a lo largo de los siglos. No puede afirmarse con absoluta certeza que se trate de aquella imagen flamenca, aunque la tradición y algunos indicios apuntan en esa dirección, adaptada posteriormente a los gustos artísticos del Barroco.

También el altar mayor conoció su embellecimiento. En 1649, el maestro Luis de Francia, vecino entonces de la villa de San Andrés, contrató la ejecución de un retablo para la ermita por cuatrocientos reales, comprometiéndose a realizarlo en <>. Lamentablemente, aquella obra desapareció con el paso del tiempo y hoy la antigua ermita ha llegado hasta nosotros privada de su primer retablo.

Sin embargo, la historia permanece escrita en sus muros, en su arco ojival, en sus piedras centenarias y en la memoria de generaciones enteras que acudieron hasta Las Lomadas buscando protección, consuelo o esperanza bajo la advocación del apóstol.

Al celebrarse un nuevo 29 de junio, la festividad de San Pedro invita a mirar hacia este pequeño templo rural, uno de los más antiguos del municipio, donde cinco siglos de fe, historia y patrimonio continúan dialogando silenciosamente con el paisaje.

           Fuentes documentales

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           Iglesia de San Pedro de Las Lomadas. MMPH.

Hay edificios que se limitan a ocupar un espacio y otros que, silenciosamente, terminan ocupando un lugar en la conciencia de un pueblo. El Molino El Regente pertenece a esta segunda categoría. Su sólida presencia en la parte alta de Los Sauces no constituye únicamente un vestigio de la arquitectura hidráulica de La Palma, sino una de esas raras construcciones capaces de condensar en sus piedras la historia, el trabajo y los sueños de varias generaciones.

Desde su construcción en 1873 por Luis Vandewalle y Quintana, VII marqués de Guisla Ghiselin, el molino se levantó sobre el antiguo camino real como quien vigila el paso del tiempo. A poca distancia del viejo molino de Los Señores, El Regente vino a sumarse al rumor del agua y de las piedras de molienda que durante siglos marcaron el ritmo de la vida rural.

Pero acaso la grandeza del molino no residía únicamente en su arquitectura, sino en la capacidad que tuvo para despertar admiración. Cuando la viajera británica Olivia Stone pasó por Los Sauces en 1883 detuvo su mirada en aquel lugar desde el que podía contemplarse la plaza de Montserrat y la belleza del lugar. La observadora extranjera comprendió algo que los vecinos ya sabían: el molino no solo era un artefacto productivo, sino también un mirador privilegiado sobre la vida del pueblo.

El episodio más fascinante de su historia llegó a comienzos del siglo XX, cuando Isidoro Ortega Sánchez y Antonio Lugo García imaginaron convertir la fuerza del agua en electricidad. Resulta emocionante pensar que, en aquellos años, el mismo caudal que había movido las piedras de moler aspiraba ahora a iluminar las calles. El molino dejaba de ser únicamente un lugar donde nacía el gofio para convertirse en un laboratorio de modernidad.

La inauguración de la iluminación pública en 1904 constituye uno de esos acontecimientos que merecerían ocupar un lugar más destacado en la memoria insular. Imaginemos por un instante aquella noche. Los vecinos reunidos, los faroles adquiridos mediante suscripción popular, las primeras luces venciendo la oscuridad. Seguramente nadie pensó entonces que estaban asistiendo a uno de los episodios más singulares de la historia tecnológica de Los Sauces.

Sin embargo, los edificios nunca son únicamente de sus propietarios ni de sus promotores. Los verdaderos custodios del molino fueron también sus molineros. Miguel Morales, llegado desde Tazacorte, y posteriormente su hijo Antonio, representan esa memoria humilde que raras veces aparece en los documentos oficiales.Mientras las piedras giraban hasta bien entrada la madrugada, ellos sostenían una labor silenciosa que alimentaba a buena parte del municipio.

La imagen de Antonio el Molinero trabajando hasta las dos o las tres de la mañana, posee una fuerza profundamente humana. En esas jornadas interminables se encuentra la verdadera historia del molino: no la de las escrituras o las compraventas, sino la del esfuerzo cotidiano.

Porque los molinos eran también plazas sin campanario. Allí se reunían vecinos de Los Sauces, de Los Galguitos o de La Galga. Mientras se esperaba la molienda del millo, la cebada o el trigo, circulaban noticias, se comentaban cosechas y se compartían preocupaciones. Las piedras molían el grano, pero también trituraban las distancias entre las personas.

El tiempo, inevitablemente, apagó las ruedas y silencio las acequias. Muchos molinos de Canarias desaparecieron, arruinados por el abandono o vencidos por la modernización. El Regente tuvo mejor fortuna. La adquisición pública, las restauraciones emprendidas y las actuaciones recientes han permitido conservar un elemento fundamental del patrimonio saucero.

Pero restaurar un molino no consiste únicamente en reparar muros o consolidar cubiertas. Significa mantener vivo un relato. Significa recordar que hubo un tiempo en que el agua era la energía de la comunidad; que hubo hombres y mujeres capaces de trabajar durante la noche para que otros pudieran alimentarse; que la primera luz eléctrica del pueblo nació precisamente allí donde antes se producía el gofio. 

Quizá el verdadero valor del Molino El Regente resida en enseñar que el patrimonio no es una colección de piedras antiguas. Es una conversación entre generaciones. Las aguas que movieron sus ruedas continúan corriendo, aunque ya no impulsen las piedras ni las turbinas. Fluyen ahora por la memoria de quienes todavía reconocen en aquel edificio una parte de sí mismos.

Fuentes documentales: Los Molinos Hidráulicos Harineros de La Palma. Antonio Lorenzo y Manuel Poggio.

Tenerife y sus seis satélites. Olivia Stone.

Fotografía: Vista desde El Molino El Regente. Archivo (EHL y FFL). Restaurada y coloreada por Abraham T Díaz Abreu.

A finales del siglo XIX, San Andrés y Sauces afrontó uno de los períodos más complejos de su historia económica. Sin embargo, la capacidad de adaptación de sus habitantes, el aprovechamiento de un recurso tan valioso como el agua y la perseverancia de generaciones de agricultores permitieron al municipio superar las dificultades.

Situado en el fértil nordeste de La Palma, San Andrés y Sauces ha sido históricamente uno de los territorios agrícolas más importantes de la isla. La riqueza de sus manantiales convirtió a este municipio en una auténtica excepción dentro de una isla donde el agua siempre fue un recurso escaso y preciado.

El auge y caída de la cochinilla

A mediados del siglo XIX, Canarias vivió un auténtico espejismo de prosperidad. La implantación del régimen de Puertos Francos en 1852 y la expansión del cultivo de las tuneras para la producción de cochinilla situaron al archipiélago en las primeras rutas comerciales internacionales.

En Los Sauces, las tuneras encontraron un entorno ideal y se extendieron por gran parte del municipio. La demanda europea del valioso colorante natural parecía garantizar un futuro prometedor. Sin embargo, aquella bonanza tuvo una vida corta. La aparición de tintes químicos sintéticos en los mercados europeos provocó el hundimiento de la cochinilla y dejó a numerosas familias sin su principal fuente de ingresos.

La gravedad de la situación quedó reflejada en el acta del pleno del 26 de agosto de 1883, donde se hace referencia a las “circunstancias críticas por la que atraviesan todos y cada uno de los habitantes de este pueblo”. La crisis afectó profundamente a la economía local y obligó a buscar nuevas alternativas productivas.

La cebolla: el cultivo que alimentó la esperanza

Ante la ausencia de sustituto inmediato para la cochinilla, San Andrés y Sauces encontró en la agricultura de regadío una salida viable. Gracias a la abundancia de agua el municipio se convirtió en una de las despensas de la isla.

Entre todos los cultivos destacó especialmente la cebolla. La escritora inglesa Olivia Stone, durante su visita a La Palma en la década de 1880, quedó sorprendida al contemplar extensiones de terreno “completamente cubiertas de cebolla”. No era una impresión exagerada: Los Sauces se había convertido en uno de los mayores productores de la isla.

La cebolla requería un aporte constante de agua, circunstancia que limitaba su cultivo en otras zonas. Esta ventaja permitió a los agricultores sauceros abastecer tanto al mercado insular como a destinos de ultramar. Desde Puerto Espíndola partían con frecuencia embarcaciones cargadas de cebolla con destino a Cuba.

Todavía en 1939, el municipio dedicaba hectáreas a este cultivo, una superficie que representaba más de la mitad de toda la extensión dedicada a cebolla en La Palma, prueba de la relevancia que mantuvo durante décadas.

El resurgimiento de la caña de azúcar

Mientras la cebolla se consolidaba como motor agrícola, la caña de azúcar volvió a ocupar un espacio relevante en la economía local. Aunque lejos del protagonismo alcanzado durante los siglos XVI y XVII, cuando el azúcar fue uno de los principales productos de exportación, el cultivo experimentó una notable recuperación a finales del siglo XIX.

Los datos de comienzos del siglo XX revelan la importancia que aún conservaba esta actividad. En 1905 existían cuatro trapiches en funcionamiento en el municipio - tres movidos por vapor y uno por fuerza animal - dedicados a la molienda de la caña y a la obtención de mieles y aguardientes. Aunque la producción no lograba cubrir toda la demanda local, sí mantenía viva una tradición agrícola e industrial profundamente arraigada en San Andrés y Sauces.

La llegada del Ron Aldea a Puerto Espíndola

La pervivencia de la caña de azúcar facilitó que, a mediados del siglo XX, una nueva etapa se abriera para la tradición ronera local. En la década de 1950, la familia Quevedo, fundadora del Ron Aldea en Gran Canaria en 1936 trasladó parte de su actividad a Puerto Espíndola, atraída por la existencia del cultivo de caña y por las instalaciones heredadas de la antigua industria azucarera del municipio.

La llegada de la empresa supuso la continuidad de una actividad que hundía sus raíces en siglos anteriores. Las antiguas dependencias dedicadas a la transformación de la caña encontraron una nueva vida bajo la gestión de la familia Quevedo, permitiendo mantener vivo un saber artesanal que corría el riesgo de desaparecer. De esta manera, San Andrés y Sauces se convirtió en el último gran refugio de la tradición cañera palmera y en el principal centro de producción de ron de la isla.

La mejor prueba de aquella perseverancia puede encontrarse hoy en Puerto Espíndola. Allí continúa funcionando un histórico trapiche que sigue extrayendo el jugo de la caña mediante procedimientos tradicionales, conservando una actividad que forma parte de la memoria económica y cultural del municipio. Más que una bebida, Ron Aldea constituye un símbolo de identidad y resistencia.           

Fuentes documentales consultadas: José Antonio Batista Medina y Néstor Hernández López, ‘San Andrés y Sauces…una mirada a su pasado’; Archivo  Municipal de San Andrés y Sauces; Fotografía de Puerto Espíndola, con producciones agrícolas para ser embarcadas. Año 1910. Restaurada y coloreada por Abraham T. Díaz Abreu.

A finales del siglo XIX y principios del XX, las bodegas de los vapores transatlánticos que zarpaban desde los puertos canarios no sólo transportaban tabaco o plátanos. En sus entrañas viajaba un producto refinado que aspiraba a conquistar las mesas de la alta burguesía europea y americana: las frutas en conserva de La Palma. Esta industria nació no por capricho culinario, sino como una respuesta desesperada y brillante a un colapso económico estructural.

Para entender el nacimiento de las fábricas de conservas en La Palma, es obligatorio analizar la ruina del modelo económico anterior. Durante siglos la economía agraria de las islas dependió de ciclos de monocultivos de exportación:

El hundimiento de la cochinilla. En el último tercio del siglo XX el descubrimiento de los tintes sintéticos destruyó por completo el mercado de la cochinilla en La Palma.

La agonía del azúcar y el vino. Aunque el cultivo de la caña de azúcar tuvo un resurgimiento efímero, la competencia de las colonias de Antillas y el azúcar de remolacha lo hicieron insostenible. Del mismo modo, el otrora glorioso vino de malvasía ya no gozaba del monopolio de los siglos anteriores debido a las plagas y al proteccionismo británico.

Ante este escenario de miseria y emigración masiva a Cuba, la burguesía terrateniente e intelectual palmera comprendió que la salvación residía en la diversificación agraria y, sobre todo, en el valor añadido. La Palma producía una fruta de extraordinaria calidad (higos, guayabas, fresas, albaricoques, peras), pero su carácter perecedero impedía la exportación en fresco a largas distancias. La solución fue la industrialización: el almíbar y la lata.

Antes del cambio de ciclo, ya existía en La Palma una arraigada tradición artesanal de repostería y confituras, ligada al azúcar local. Como bien apuntaría en 1950, el insigne investigador y profesor, don José Pérez Vidal, el prestigio de los productos dulces de la isla no era un fenómeno nuevo en el siglo XIX. PérezVidal demostró que ya desde los Siglos de Oro, el vino malvasía no era el único producto canario buscado y apreciado en el exterior. “Los dulces y las conservas almibaradas se introdujeron en los mercados más selectos ya que la abundancia de azúcar y sabrosas frutas aseguró a Canarias un puesto ventajoso en la confitería española…” 

El salto a la escala industrial: ciencia, patentes y secretos franceses

Bajo este sólido sustrato histórico, el salto a la escala industrial contemporánea se produjo entre las décadas de 1860 y 1890. Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País impulsaron la adopción de nuevas técnicas de envasado basadas en el método Appert (esterilización por calor en envases herméticos).

La primera de estas fábricas surgió por iniciativa de don Víctor Pérez González, doctor en medicina, bajo la firma “Fábrica de Conservas Víctor y Compañía”. El proyecto comenzó a rodar en 1866 tras un singular hito de transferencia científica: el doctor Pérez González había recibido en secreto la fórmula óptima para el envasado de conservas de manos de su profesor de Química en Francia, Monsieur Eduardo Robiu, de Sant Gervais. Según los estudios del químico francés, este método evitaba de raíz las causas de las pérdidas y mermas que se experimentaban comúnmente en la elaboración de conservas alimenticias, otorgándole la facultad de explotar dicho secreto industrial.

Para materializar el proyecto, se formalizó mediante un contrato firmado ante el escribano público Antonio López Monteverde, en 1866, una sociedad con don Manuel Cabezola y Carmona. La fábrica alcanzó rápidamente una notable notoriedad internacional al enviar una partida de sus productos a la Exposición Universal de París de 1867, donde fue largamente elogiada por la calidad de sus frutos envasados, destacando especialmente los plátanos, una conserva sumamente novedosa para la época.

El camino abierto por la fábrica pionera fue seguido por otras firmas insignes de la isla:

F. Poggio Lugo: instalada en el pago de La Galga (Puntallana). Por una etiqueta de envase que ha logrado perdurar en el tiempo, sabemos que su producción principal estaba orientada al denominado “Dulce Oriental”. Con un claro enfoque comercial de la época, la publicidad aseguraba: Este excelente dulce está recomendado para las personas de estómago débil.

Adela Cáceres e Hijo: Una firma de enorme prestigio que constituyó un magnífico ejemplo de continuidad familiar y excelencia artesanal. Logró situar sus producciones al más alto nivel competitivo, obteniendo una prestigiosa Medalla de Plata en la Exposición Internacional de Bruselas de 1910 gracias a la finura de sus conservas de fruta.  

El esfuerzo de los industriales palmeros por mantener un estándar de calidad altísimo tuvo su reflejo en los mercados trasatlánticos. El puerto de Santa Cruz de La Palma se convirtió en un hervidero de exportación. Un dato documental que ilustra la fuerza de este comercio se registra en 1901, año en que salieron con destino a La Habana un total de 303 cajas de frutas en conserva.

A pesar del éxito de crítica y los galardones internacionales, la industria de la conserva de fruta en La Palma sufrió un declive paulatino a partir de la Primera Guerra Mundial (1914). El encarecimiento de los fletes marítimos y, sobre todo, el auge imparable del plátano y el tomate, terminaron de desplazar las fábricas de conservas.

Hoy las etiquetas policromadas de firmas como F. Poggio Lugo, los diplomas de Adela Cáceres e Hijo, quedan como testimonio de una Palma audaz, cosmopolita e industrial; una isla que, andando con paso firme, se atrevió en su día a endulzar y competir en las grandes capitales del mundo.

Agradezco, a mi buen amigo el investigador y estudioso, Manuel Garrido Abolafia, su ayuda con la aportación de documentación del máximo interés.

           Fondo documental

           Fotografías

Para quienes hemos militado en el PSOE y además hemos tenido responsabilidades públicas, Felipe González no fue simplemente un presidente de Gobierno. Fue el gran referente político de una generación que creyó profundamente en la modernización de España, en la consolidación de la democracia y en la construcción de un país europeo, avanzado y socialmente más justo.

Bajo sus gobiernos, entre 1982 y 1996, España dio un salto histórico. La incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 marcó un antes y un después para nuestro país. Dejábamos atrás décadas de aislamiento y nos integrábamos plenamente en el proyecto europeo. Aquellos años también trajeron avances decisivos en sanidad, educación, infraestructuras y derechos sociales. España cambió profundamente y lo hizo bajo el liderazgo de Felipe González.

Muchos socialistas vivimos aquella etapa con orgullo. Sentíamos que el PSOE estaba protagonizando una transformación histórica que mejoraba la vida de la mayoría social y consolidaba definitivamente la democracia surgida de la Transición.

Pero también es cierto que los últimos años de aquellos gobiernos estuvieron marcados por graves escándalos políticos y casos de corrupción que desgastaron enormemente el Ejecutivo socialista. El Partido Popular encontró entonces un terreno propicio para desplegar una oposición durísima y permanente. A ello se sumó la conocida “pinza” entre el PP de José María Aznar e Izquierda Unida de Julio Anguita, una estrategia política que buscó aislar al PSOE y precipitar la caída de Felipe González.

Quienes vivimos aquellos años recordamos perfectamente el nivel de agresividad política y mediática que sufrió el presidente socialista. Se intentó echarlo a patadas de la Moncloa mediante una presión constante que cuestionaba no solo su gestión, sino incluso la legitimidad política de su continuidad al frente del Gobierno.

Por eso, como socialista, no puedo ocultar la profunda paradoja- y también la desazón- que me produce ver hoy a Felipe González alineado, en muchas ocasiones con quienes entonces hicieron todo lo posible por destruirlo políticamente. Sus críticas permanentes al gobierno legítimo de Pedro Sánchez desconciertan a muchos militantes y simpatizantes del PSOE que seguimos defendiendo los valores históricos de nuestro partido.

Ese desconcierto aumenta cuando se ven determinadas actuaciones judiciales o se da credibilidad anticipada a acusaciones que todavía no han sido juzgadas. La presunción de inocencia parece aplicarse de forma muy distinta según quien sea el afectado.

Conviene recordar que cuando dirigentes del Partido Popular estuvieron inmersos en casos tan graves como la trama Gürtel o el caso Kitchen, desde la derecha se reclamó -con razón- respeto absoluto a la presunción de inocencia hasta que hablaran los tribunales. Sin embargo, cuando las investigaciones afectan a figuras de la izquierda, determinados sectores políticos, mediáticos y judiciales parecen dictar sentencia antes incluso de celebrarse juicio alguno.

En democracia, los gobiernos se legitiman en las urnas y en las mayorías parlamentarias que establece la Constitución. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene plena legitimidad democrática para gobernar y agotar la legislatura. Se puede discrepar de sus políticas, criticarlas o combatirlas desde la oposición, pero cuestionar constantemente su legitimidad institucional supone erosionar peligrosamente la calidad democrática.

Felipe González forma parte indiscutible de la mejor historia del PSOE y de España. Nadie podrá borrar su contribución decisiva a la modernización del país ni su papel en la consolidación democrática. Precisamente por eso, muchos socialistas contemplamos con tristeza algunas de sus posiciones actuales, porque esperábamos de él una actitud más cercana a la defensa de los gobiernos progresistas frente a quienes nunca aceptaron plenamente las transformaciones impulsadas por la izquierda.

La historia tiene ironías difíciles de asumir, especialmente para quienes seguimos creyendo en el socialismo democrático y en la lealtad a las siglas que tantos años representaron esperanza para millones de españoles.

*Manuel Marcos Pérez Hernández, exsecretario general del PSC-PSOE de la Isla de La Palma

La primera referencia documental conocida sobre el territorio de La Galga en el actual municipio de Puntallana, se remonta al 6 de agosto de 1501. Ese día, el adelantado Alonso Fernández de Lugo concedía por data, ocho cahíces de tierras y montes a Álvaro Pérez, lindando aquellas propiedades con las de su hermano Martín Pérez y las de sus sobrinos. Así comienza la historia escrita de uno de los parajes agrícolas más antiguos y fértiles del nordeste palmero.

El topónimo La Galga posee una raíz profundamente ligada al paisaje. En el léxico tradicional canario, una galga es una piedra redonda de gran tamaño, y también se denomina así a los lugares donde abundan estas piedras desprendidas de las laderas. Probablemente sea ésta la explicación más verosímil de su origen, aunque la tradición popular haya querido envolver el nombre en el halo de antiguas leyendas.

Álvaro Pérez, de origen portugués y peón de la compañía del capitán Esquivel durante la conquista de La Palma, aparece años después desempeñando el cargo de mayordomo de la parroquia de San Juan de Puntallana, en 1516. Tanto él como su hermano Martín pertenecían a una de las formas más antiguas del apellido portugués Peres o Pires, linaje que quedó arraigado en la isla tras la incorporación castellana.

Desde muy temprano, La Galga destacó por la riqueza de sus montes y la intensa actividad agrícola y forestal. En 1533, Domingo González, aserrador y vecino de Puntallana declaró haber construido en el barranco de La Galga una carabela latina llamada Nuestra Señora de la Candelaria. Apenas un año más tarde,

Francisco Pérez concertaba con el licenciado Juan López de Cepeda, gobernador de Tenerife y de La Palma, el corte y transporte de madera al puerto del barranco de La Galga, destinada a la fortaleza que se levantaba en el barrio de El Cabo, en Santa Cruz de La Palma.

La prosperidad del lugar quedó magníficamente retratada por el historiador y humanista azoriano Gaspar Frutuoso (1522-1591), quien describió aquellas tierras con admiración:

“Pasado el Sabinal, yendo a Los Sauces, está el barranco de Nogales (…) se comienza a entrar en las tierras labrantías de La Galga (…) hay muchos árboles y frutas, trigo, viñas, huertas y legumbres, fuentes y aguas; es lugar de labradores y aserradores (…) Todo de viñas que dan buenos vinos para enviar a las Indias”.

Sus palabras nos permiten imaginar una comarca exuberante, cubierta de nogales, castaños y viñedos, donde el agua abundante y la fertilidad de la tierra hicieron florecer una activa comunidad de agricultores y artesanos de la madera.

La ermita de San Bartolo

En este entorno agrícola y humano surgió también uno de los principales símbolos espirituales del lugar: la ermita de San Bartolomé, conocida popularmente como San Bartolo.

Aunque se desconoce la fecha exacta de su fundación, ya existía en 1515. En sus orígenes recibió la advocación de Nuestra Señora de La Galga; más tarde conocida como Nuestra Señora de la Concepción, posteriormente Nuestra Señora de La Piedad y, finalmente, San Bartolomé, nombre con el que ha llegado hasta nuestros días.

La ermita desempeñó un papel fundamental para los vecinos de La Galga, especialmente durante los meses de temporales, cuando las lluvias y barrancos impedían acudir a la iglesia matriz de San Juan Bautista de Puntallana durante las vísperas de las celebraciones religiosas.

La imagen de San Bartolomé, documentada ya en 1602, fue despertando una profunda devoción popular. Tal fue el fervor que terminó imponiendo el nombre del santo sobre las antiguas advocaciones marianas. Su festividad quedó instituida oficialmente el 1 de enero de 1673 por el licenciado Juan Pinto de Guisla, quién señala que acudían numerosos fieles “así del distrito de Puntallana como de los demás lugares de la Ysla por la particular devoción que se tiene con la Ymagen del Santo”.

Desde entonces, San Bartolo quedó unido para siempre a la memoria colectiva de La Galga: un pequeño templo rural levantado entre montes, viñas y barrancos, testigo silencioso de siglos de historia y religiosidad popular.

Fondos bibliográficos

           Fotografía

           La Galga. Iglesia de San Bartolo. Archivo General de La Palma. Fotografía de Miguel Brito (1920), coloreada  por Abraham T. Díaz Abreu.

La aprobación de La Ley General de Sanidad el 25 de abril de 1986 marcó uno de los hitos más importantes de la democracia española. Impulsada por el gobierno socialista de Felipe González y liderada desde el Ministerio de Sanidad por Ernest Lluch, aquella ley convirtió la protección de la salud en un verdadero derecho ciudadano y sentó las bases del actual Sistema Nacional de Salud.

Hasta entonces, el acceso sanitario estaba ligado fundamentalmente a la cotización laboral y a la Seguridad Social. La Ley General de Sanidad rompió ese modelo y avanzó hacia un sistema público, universal y financiado mediante impuestos garantizando progresivamente la asistencia sanitaria para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica o laboral. Fue, sin duda, una de las grandes conquistas del Estado del bienestar en España.

La figura de Ernest Lluch permanece unida parasiempre a esa transformación histórica. Economista, intelectual y político comprometido con el diálogo y la convivencia democrática, fue también víctima del terrorismo de ETA, que lo asesinó en Barcelona en noviembre del año 2000. Su legado, sin embargo, sigue vivo cada día en los centros de salud, hospitales y servicios públicos que millones de ciudadanos utilizan y valoran.

Cuarenta años después, nadie puede negar que el Sistema Nacional de Salud ha contribuido decisivamente a mejorar la calidad y la esperanza de vida de la población española. La ampliación de la Atención Primaria, la modernización hospitalaria, la integración de los servicios sanitarios, y el fortalecimiento de la salud pública han sido pilares esenciales en ese avance colectivo. España pasó de tener apenas unos cientos de centros de salud a disponer de una amplia red sanitaria pública que vertebra el territorio y garantiza la atención médica incluso en los lugares más alejados.

Conviene recordar, además, que desde los años noventa las competencias sanitarias fueron progresivamente transferidas a las Comunidades Autónomas, culminando el proceso en 2002. Desde entonces, son los gobiernos autonómicos quienes gestionan directamente la mayor parte de los servicios sanitarios públicos - hospitales,centros de salud, personal y planificación asistencial - dentro del marco común del Sistema Nacional de Salud. Esa descentralización ha permitido adaptar mejor la atención sanitaria a las necesidades de cada territorio, aunque también ha generado importantes diferencias de gestión, financiación y calidad asistencial entre comunidades.

Frente a quienes defienden el progresivo debilitamiento de lo público en favor de la privatización sanitaria, conviene recordar que los sistemas sanitarios públicos no son un gasto innecesario, sino una inversión en cohesión social, igualdad y dignidad humana. Cuando se deteriora la sanidad pública mediante recortes, derivaciones sistemáticas o infrafinanciación, quienes más sufren son precisamente los sectores más vulnerables de la sociedad. La sanidad privada puede complementar, pero nunca sustituir el principio de universalidad que garantiza que cualquier persona es atendida con independencia de su renta.

La pandemia de la COVID-19 demostró con claridad la importancia de contar con un sistema sanitario público fuerte. Fueron los hospitales públicos, los centros de salud, los profesionales sanitarios, la estructura del Sistema Nacional de Salud quienes sostuvieron al país en los momentos más difíciles. Médicos, enfermeros, celadores, técnicos y personal sanitario realizaron un esfuerzo extraordinario que merece reconocimiento permanente. A pesar de todas las dificultades, España logró responder gracias a una red pública sanitaria que actuó como auténtico muro de contención frente a la emergencia sanitaria.

Precisamente por eso resulta especialmente importante apelar ahora a la solidaridad y a la responsabilidad institucional ante situacioneshumanitarias complejas, como la del actual crucero afectado por casos de hantavirus. 

Ese fue, precisamente, el espíritu que inspiró la Ley General de Sanidad de 1986: entender la salud y la atención sanitaria como un derecho universal basado en la igualdad, la dignidad y la humanidad compartida.