La primera referencia documental conocida sobre el territorio de La Galga en el actual municipio de Puntallana, se remonta al 6 de agosto de 1501. Ese día, el adelantado Alonso Fernández de Lugo concedía por data, ocho cahíces de tierras y montes a Álvaro Pérez, lindando aquellas propiedades con las de su hermano Martín Pérez y las de sus sobrinos. Así comienza la historia escrita de uno de los parajes agrícolas más antiguos y fértiles del nordeste palmero.

El topónimo La Galga posee una raíz profundamente ligada al paisaje. En el léxico tradicional canario, una galga es una piedra redonda de gran tamaño, y también se denomina así a los lugares donde abundan estas piedras desprendidas de las laderas. Probablemente sea ésta la explicación más verosímil de su origen, aunque la tradición popular haya querido envolver el nombre en el halo de antiguas leyendas.

Álvaro Pérez, de origen portugués y peón de la compañía del capitán Esquivel durante la conquista de La Palma, aparece años después desempeñando el cargo de mayordomo de la parroquia de San Juan de Puntallana, en 1516. Tanto él como su hermano Martín pertenecían a una de las formas más antiguas del apellido portugués Peres o Pires, linaje que quedó arraigado en la isla tras la incorporación castellana.

Desde muy temprano, La Galga destacó por la riqueza de sus montes y la intensa actividad agrícola y forestal. En 1533, Domingo González, aserrador y vecino de Puntallana declaró haber construido en el barranco de La Galga una carabela latina llamada Nuestra Señora de la Candelaria. Apenas un año más tarde,

Francisco Pérez concertaba con el licenciado Juan López de Cepeda, gobernador de Tenerife y de La Palma, el corte y transporte de madera al puerto del barranco de La Galga, destinada a la fortaleza que se levantaba en el barrio de El Cabo, en Santa Cruz de La Palma.

La prosperidad del lugar quedó magníficamente retratada por el historiador y humanista azoriano Gaspar Frutuoso (1522-1591), quien describió aquellas tierras con admiración:

“Pasado el Sabinal, yendo a Los Sauces, está el barranco de Nogales (…) se comienza a entrar en las tierras labrantías de La Galga (…) hay muchos árboles y frutas, trigo, viñas, huertas y legumbres, fuentes y aguas; es lugar de labradores y aserradores (…) Todo de viñas que dan buenos vinos para enviar a las Indias”.

Sus palabras nos permiten imaginar una comarca exuberante, cubierta de nogales, castaños y viñedos, donde el agua abundante y la fertilidad de la tierra hicieron florecer una activa comunidad de agricultores y artesanos de la madera.

La ermita de San Bartolo

En este entorno agrícola y humano surgió también uno de los principales símbolos espirituales del lugar: la ermita de San Bartolomé, conocida popularmente como San Bartolo.

Aunque se desconoce la fecha exacta de su fundación, ya existía en 1515. En sus orígenes recibió la advocación de Nuestra Señora de La Galga; más tarde conocida como Nuestra Señora de la Concepción, posteriormente Nuestra Señora de La Piedad y, finalmente, San Bartolomé, nombre con el que ha llegado hasta nuestros días.

La ermita desempeñó un papel fundamental para los vecinos de La Galga, especialmente durante los meses de temporales, cuando las lluvias y barrancos impedían acudir a la iglesia matriz de San Juan Bautista de Puntallana durante las vísperas de las celebraciones religiosas.

La imagen de San Bartolomé, documentada ya en 1602, fue despertando una profunda devoción popular. Tal fue el fervor que terminó imponiendo el nombre del santo sobre las antiguas advocaciones marianas. Su festividad quedó instituida oficialmente el 1 de enero de 1673 por el licenciado Juan Pinto de Guisla, quién señala que acudían numerosos fieles “así del distrito de Puntallana como de los demás lugares de la Ysla por la particular devoción que se tiene con la Ymagen del Santo”.

Desde entonces, San Bartolo quedó unido para siempre a la memoria colectiva de La Galga: un pequeño templo rural levantado entre montes, viñas y barrancos, testigo silencioso de siglos de historia y religiosidad popular.

Fondos bibliográficos

           Fotografía

           La Galga. Iglesia de San Bartolo. Archivo General de La Palma. Fotografía de Miguel Brito (1920), coloreada  por Abraham T. Díaz Abreu.

La aprobación de La Ley General de Sanidad el 25 de abril de 1986 marcó uno de los hitos más importantes de la democracia española. Impulsada por el gobierno socialista de Felipe González y liderada desde el Ministerio de Sanidad por Ernest Lluch, aquella ley convirtió la protección de la salud en un verdadero derecho ciudadano y sentó las bases del actual Sistema Nacional de Salud.

Hasta entonces, el acceso sanitario estaba ligado fundamentalmente a la cotización laboral y a la Seguridad Social. La Ley General de Sanidad rompió ese modelo y avanzó hacia un sistema público, universal y financiado mediante impuestos garantizando progresivamente la asistencia sanitaria para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica o laboral. Fue, sin duda, una de las grandes conquistas del Estado del bienestar en España.

La figura de Ernest Lluch permanece unida parasiempre a esa transformación histórica. Economista, intelectual y político comprometido con el diálogo y la convivencia democrática, fue también víctima del terrorismo de ETA, que lo asesinó en Barcelona en noviembre del año 2000. Su legado, sin embargo, sigue vivo cada día en los centros de salud, hospitales y servicios públicos que millones de ciudadanos utilizan y valoran.

Cuarenta años después, nadie puede negar que el Sistema Nacional de Salud ha contribuido decisivamente a mejorar la calidad y la esperanza de vida de la población española. La ampliación de la Atención Primaria, la modernización hospitalaria, la integración de los servicios sanitarios, y el fortalecimiento de la salud pública han sido pilares esenciales en ese avance colectivo. España pasó de tener apenas unos cientos de centros de salud a disponer de una amplia red sanitaria pública que vertebra el territorio y garantiza la atención médica incluso en los lugares más alejados.

Conviene recordar, además, que desde los años noventa las competencias sanitarias fueron progresivamente transferidas a las Comunidades Autónomas, culminando el proceso en 2002. Desde entonces, son los gobiernos autonómicos quienes gestionan directamente la mayor parte de los servicios sanitarios públicos - hospitales,centros de salud, personal y planificación asistencial - dentro del marco común del Sistema Nacional de Salud. Esa descentralización ha permitido adaptar mejor la atención sanitaria a las necesidades de cada territorio, aunque también ha generado importantes diferencias de gestión, financiación y calidad asistencial entre comunidades.

Frente a quienes defienden el progresivo debilitamiento de lo público en favor de la privatización sanitaria, conviene recordar que los sistemas sanitarios públicos no son un gasto innecesario, sino una inversión en cohesión social, igualdad y dignidad humana. Cuando se deteriora la sanidad pública mediante recortes, derivaciones sistemáticas o infrafinanciación, quienes más sufren son precisamente los sectores más vulnerables de la sociedad. La sanidad privada puede complementar, pero nunca sustituir el principio de universalidad que garantiza que cualquier persona es atendida con independencia de su renta.

La pandemia de la COVID-19 demostró con claridad la importancia de contar con un sistema sanitario público fuerte. Fueron los hospitales públicos, los centros de salud, los profesionales sanitarios, la estructura del Sistema Nacional de Salud quienes sostuvieron al país en los momentos más difíciles. Médicos, enfermeros, celadores, técnicos y personal sanitario realizaron un esfuerzo extraordinario que merece reconocimiento permanente. A pesar de todas las dificultades, España logró responder gracias a una red pública sanitaria que actuó como auténtico muro de contención frente a la emergencia sanitaria.

Precisamente por eso resulta especialmente importante apelar ahora a la solidaridad y a la responsabilidad institucional ante situacioneshumanitarias complejas, como la del actual crucero afectado por casos de hantavirus. 

Ese fue, precisamente, el espíritu que inspiró la Ley General de Sanidad de 1986: entender la salud y la atención sanitaria como un derecho universal basado en la igualdad, la dignidad y la humanidad compartida.           

Hay lugares cuya historia permanece escrita en los archivos, y otros que, además sobreviven en el eco de su nombre. En la antigua villa de San Andrés, existió en pleno siglo XVI un espacio coincido como “El Juego de la Bola”, topónimo que aparece documentado en los protocolos notariales de 1557 y abre una ventana singular en la vida cotidiana en uno de los enclaves más prósperos de nuestra isla.

No se trata de una simple curiosidad documental. La existencia de un lugar identificado con ese nombre revela la presencia estable y reconocida de una práctica lúdica.

Durante el Quinientos, la villa de San Andrés ocupó una posición destacada dentro de la isla, solo comparable en relevancia a la capital, Santa Cruz de La Palma. Su importancia descansaba en dos pilares económicos fundamentales: el comercio del azúcar procedente de los dos ingenios de Los Sauces y la expansión delviñedo y el vino destinado a la exportación.

En ese contexto de riqueza y tránsito constante de mercaderes, propietarios, jornaleros y artesanos, no resulta extrañoque surgieran espacios destinados a la sociabilidad y al recreo.

Las Casas del Juego de la Bola

Una partición de bienes de Catalina Almeida, fechada en 1557, menciona en San Andrés “Las Casas del Juego de la Bola”, junto con viñas, bodega y lagar. La fórmula es extraordinariamente expresiva.      

No alude simplemente a una división ocasional, sino a un lugar plenamente reconocido por la comunidad, hasta el punto de servir como referencia patrimonial.

La tradición documental sitúa el Juego de la Bola, en el Lugar de Abajo, a donde se accedía por el caminoque  iba a laCarnicería, concretamente en la margen izquierda de la desembocadura del Barranco del Agua. Los espacios abiertos próximos a barrancos o llanos eran idóneos para este tipo de prácticas que requerían terreno despejado y cierta horizontalidad.

¿Qué juego era aquel?

Todo indica que se trataba de una modalidad emparentada con los tradicionales juegos europeos de bolas: lanzamiento de piezas esféricas pesadas hacia un objetivo o “boliche”. Juegos semejantes existían en Castilla, Portugal, Francia e Italia desde siglos atrás.

Su llegada a Canarias debió producirse entre finales del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI, con la instalación de colonos castellanos y portugueses. La Palma, vinculada al comercio internacional del azúcar, era especialmente permeable a estas transferencias culturales.

San Andrés y Santa Cruz de La Palma

Ese mismo año de 1557 aparece asimismo otro Juego de la Bola en Santa Cruz de La Palma, pegado a las casas de Catalina Hernández de Los Lordelos, junto a la actual calle de San José y su Ermita. La coincidencia cronológica entre los dos núcleos principales de la isla resulta reveladora. La isla compartía así una costumbre integrada en la vida cotidiana de sus principales centros económicos.

La historia suele escribirse con grandes hechos; sin embargo la vida verdadera se descubre muchas veces en los lugares donde la gente se reunía para jugar.

Por esoemociona imaginar, que en el Lugar de Abajo, junto a la desembocadura del barranco, rodaban bolas de madera hechas quizá con palo blanco de nuestros montes. Lo admirable es que cinco siglos después siga hablándose de su nombre. Entre viñas y barrancos, entre azúcar y vino, también había tiempo para jugar.

Fondo documental:

Hay infraestructuras que no solo se construyen con piedra y esfuerzo, sino también con insistencia política y presión social. La carretera del norte de La Palma es un ejemplo elocuente de ello: una obra largamente anhelada cuyo trazado no solo atravesó montañas, sino también décadas de promesas, silencios y reivindicaciones.

Desde el siglo XIX, la necesidad era evidente. El Plan General de Carreteras de 1860 ya contemplaba la conexión entre Santa Cruz de La Palma y San Andrés y Sauces, atravesando Puntallana. Sin embargo, aquella previsión quedó durante años en el terreno de las intenciones. El norte de la isla, pese a su riqueza agrícola, continuó sumido en un aislamiento que condicionaba su desarrollo.

La prensa de la época no tardó en denunciar la situación. Con tono casi resignado, pero firme en su denuncia, se afirmaba: “Lastimosamente perderíamos el tiempo si nos empeñamos en volver a demostrar las conveniencias que a La Palma reportaría la carretera del norte…nos pondría en condiciones de aportar a nuestro mercado frutos de varios pueblos de los más productores de la isla”. No era una cuestión de argumentos, sino de voluntad política.

Y es precisamente ahí donde el papel de las instituciones y representantes públicos adquiere relevancia. La figura del diputado a Cortes, Alonso Pérez Díaz, emerge como uno de los impulsores de esta demanda histórica, canalizando hacia el Estado una necesidad largamente ignorada. Su intervención no fue aislada, sino parte de un esfuerzo más amplio por situar al norte palmero en el mapa de las prioridades públicas.

Del mismo modo, el Cabildo Insular de La Palma desempeñó un papel decisivo, especialmente a partir del convenio suscrito con el Estado en 1930. Aquel acuerdo no solo representaba una apuesta por la carretera del norte, sino por una idea más ambiciosa: la vertebración de la isla a través de una red viaria que rompiera con los desequilibrios territoriales. En ese proyecto, el tramoentre Santa Cruz de La Palma y Barlovento -pasando por Puntallana y San Andrés y Sauces- se convertiría en pieza clave.

Sin embargo, entre los acuerdos y la realidad seguían interponiéndose dificultades considerables. El relieve abrupto, la escasez de recursos y los métodos rudimentarios de construcción -a pico y pala- ralentizaban los trabajos. Hubo interrupciones, retrocesos y largos periodos de incertidumbre. Mientras tanto, el mar continuaba siendo la principal vía de comunicación, con enclaves como Puerto Espíndola desempeñando un papel fundamental.

Aún así, la carreta avanzó. En los años treinta alcanzó Puntallana; en 1936 llegó a Las Lomadas; y en 1940, finalmente, se abrió hasta Los Sauces. Este último hito marcó un antes y un después. No solo se culminaba una obra largamente esperada, sino que se inauguraba una nueva etapa para toda la comarca noreste.

Con la carretera llegaron también los primeros automóviles de servicio público y las guaguas, cuyo servicio organizado se remonta a 1933. Aquellosvehículos, muchos de ellos construidos artesanalmente sobre chasis de marcas como Dodge o Austin, eran mucho más que un medio de transporte: simbolizaban la entrada del norte en la modernidad. Transportaban viajeros, correo y productos agrícolas hacia Santa Cruz de La Palma, integrando la economía local en los circuitoscomerciales de la isla.

El impacto fue profundo. El aislamiento dio paso a la conexión, y con ella llegaron nuevas oportunidades. Los Sauces, convertido en lugar de paso estratégico, experimentó un crecimiento demográfico y económico que difícilmente puede entenderse sin esta infraestructura.

Hoy, al recordar la carretera del norte, conviene recordar que no es fruto de una decisión puntual, sino de una larga cadena de esfuerzos en la que confluyeron la presión popular, la denuncia periodística y la acción -a veces tardía, pero decisiva- de las instituciones.

Fondo documental:

El mitin del 20 de Julio de 1919 no fue un eco aislado en la historia del norte palmero. Aquella jornada, en la que dos mil voces desafiaron el caciquismo, sembró una semilla que tardaría más de una década en germinar, pero cuyo fruto sería decisivo. En abril de 1931, San Andrés y Sauces vivió la materialización política de aquel despertar: el triunfo del Partido Republicano Radical en las elecciones municipales.

A la cabeza de este cambio se situó Crispiniano de Paz González, elegido alcalde en abril de 1931. Su figura encarnaba, en muchos sentidos, la continuidad generacional del espíritu regeneracionista que había inspirado a Manuel Guardia Roldán y a los oradores del mitin de 1919. Pero también representaba algo nuevo: la síntesis entre formación intelectual, compromiso político y vocación científica.

Formado en la Universidad de Granada durante la década de 1920, Crispiniano vivió en primera persona un contexto en el que los partidos políticos habían sido suprimidos. Lejos de apagar el pensamiento crítico, esta situación provocó una reacción entre universitarios e intelectuales, que se implican activamente en la vida pública. Aquella generación - de la que también formaban parte figuras como Federico García Lorca - protagonizó un rearme moral e ideológico contra la corrupción y el caciquismo que aún lastraban amplias zonas del país.

Cuando Crispiniano regresó a San Andrés y Sauces, lo hizo con esa conciencia renovada. Su mandato, que se extendió hasta febrero de 1933, estuvo marcado por una intensa identidad reformista. La creación de escuelas y el impulso de obras públicas responden directamente a las demandas que ya en 1919 habían articulado líderes como Alonso Pérez Díaz, quien desde su posición como diputado a Cortes apoyó decididamente estas iniciativas.

Sin embargo, no todo fueron avances. Uno de los episodios más simbólicos de su gestión fue el intento frustrado de crear una zona ajardinada en torno al drago más esbelto de Canarias - el de la Casa Massieu - para ello impulsó la declaración de utilidad pública; pero se vio truncado por un acto vandálico: la mutilación nocturna del árbol, un atentado ecológico que generó una profunda indignación en la población. 

En el ámbito cultural, el mandato de Crispiniano destacó por su apuesta por la modernidad y sensibilidad artística. La organización de una brillante Fiesta del Romance, en el marco de las celebraciones en honor a la Virgen de Montserrat, supuso un homenaje a la Generación del 27. Este evento no solo conectaba al municipio con las corrientes culturales más avanzadas del momento, sino que reflejaba la huella personal de Crispiniano, marcado por su amistad con Lorca durante sus años en Granada.

Pero su legado no se limitó a la política y la cultura. Como farmacéutico, alcanzó un notable prestigio como analista, especialmente en el campo de la parasitología. En su laboratorio de San Andrés y Sauces, desarrolló una labor científica rigurosa que convivía con su compromiso público, demostrando que el progreso de una comunidad también se construye desde el conocimiento.

Ambas facetas - la política y la científica - se integraban en una personalidad profundamente humana. Crispiniano de Paz González fue, ante todo, un servidor público que ayudó de manera discreta a quienes lo necesitaban, sin buscar reconocimiento.

Así, el triunfo republicano de 1931 no puede entenderse como un hecho aislado, sino como la culminación de un proceso iniciado años atrás. Desde las federaciones del norte hasta el Ayuntamiento republicano, San Andrés y Sauces transitó de la protesta a la acción, del sometimiento de la ciudadanía activa.

El 8 de septiembre de 1972 murió Crispiniano de Paz en un accidente de tráfico, sin tiempo de volver a ver restituida la democracia.

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           BIBLIOGRAFÍA:

           Fotografías:

El 20 de julio de 1919 no fue un domingo cualquiera para el norte de La Palma. Fue el día en que el silencio impuesto por décadas de servidumbre se rompió bajo el peso de dos mil personas congregadas. La firma de la unión entre las Federaciones de San Andrés y Sauces, Barlovento y Puntallana, fue un grito de libertad contra un sistema que asfixiaba el progreso de aquellos pueblos.

Para entender la magnitud de lo ocurrido aquel día, debemos mirar hacia el horizonte nacional. La España de 1919 transitaba sobre la fase agónica de la Restauración. El sistema de alternancia de partidos estaba roto y el descontento social crecía en todo el país. Sin embargo, en La Palma, este malestar no tomó la forma de una revolución, sino de un levantamiento cívico contra el caciquismo. Las Federaciones del Norte fueron la respuesta organizada de un pueblo que, harto de promesas incumplidas sobre carreteras y puertos, decidió que el progreso no vendría de la capital, sino de su propia unión.

Manuel Guardia: el alma del movimiento

En el centro de esta marea humana se alzaba la figura de don Manuel Guardia Roldán (Barcelona 1866-San Andrés y Sauces, 1931). Llegado a la isla en 1901, Guardia Roldán fue un hombre polifacético con una profunda vocación regeneracionista, hasta el punto de ser considerado por muchos como el Joaquín Costa de La Palma. Su proyecto vital consistía en regenerar las formas de vida insulares, partiendo de la educación como herramienta fundamental para erradicar las injusticias sociales. En San Andrés y Sauces, Guardia encontró un escenario desolador pero fértil para sus ideas: una población con un 81,72% de analfabetismo, sometida a las arbitrariedades de un caciquismo representado por cinco familias dominantes. Se enfrentó a un Ayuntamiento que, lejos de velar por el bien común, actuaba como brazo ejecutor de los intereses particulares de sus concejales y sus partidos.

Descrito por sus contemporáneos por un hombre de “fácil palabra” y “sensatez”. Guardia representó el liderazgo ético que se necesitaba. No buscaba el lucimiento personal, sino la articulación de una fuerza colectiva capaz de mirar de frente a los abusos de poder de la capital.           

Las voces de la modernidad

Junto a él, voces de la talla intelectual de Alonso Pérez Díaz, José Lozano Pérez y Hermenegildo Rodríguez Méndez aportaron el rigor jurídico y la pasión oratoria. Pérez Díaz con la agudeza que le caracterizaba, no dudó en señalar la paradoja de una zona sumida en el abandono institucional - sin carreteras, telégrafos ni infraestructuras básicas - mientras el erario público se diluía en una gestión despilfarradora.

Lo que hace extraordinario el mitin de 1919 es la composición de su audiencia. La presencia de unas quinientas mujeres en una época donde su voz era sistemáticamente ignorada en la esfera política, nos habla de un movimiento transversal y avanzado. Las federaciones no eran solo agrupaciones de resistencia; eran la columna vertebral de una sociedad que exigía modernidad:

Hoy, al recordar a don Manuel Guardia y a aquellos oradores que alzaron la voz, no solo rendimos homenaje a la historia. Recordamos que la libertad de la que hablaba Rodríguez Méndez no fue un regalo, sino el resultado de un pueblo que, guiado por el afán regenerador, decidió dejar de ser súbdito para empezar a ser ciudadano.

Fondo documental:

Bibliografía:

La Historia de San Andrés y Sauces no se puede explicar sin el murmullo de los manantiales de Marcos y Cordero. Es un relato de supervivencia y, sobre todo, de justicia histórica. Sin embargo, al repasar los archivos de nuestra Comunidad de Regantes y del Ayuntamiento, emerge un episodio de principios del siglo XX que marcó una herida profunda en el derecho de nuestro pueblo: la irrupción de la ‘Sociedad El Canal’ y la decisión de la Administración del Estado.

Desde los repartimientos originales del Adelantado Alonso Fernández de Lugo tras la conquista, la propiedad de las aguas del Río de Los Sauces quedó vinculada a las tierras de las dos haciendas en las que se dividió El Lomo de Los Sauces: la de los Príncipes y la de los Señores. Durante centurias este derecho fue incontestable. No obstante, en 1903, el Ministerio de Agricultura declaró como “públicas” las aguas sobrantes que discurrían por el barranco, otorgándole una concesión de 310 litros por segundo a la denominada ‘Casa Yanes’. Éstos en su solicitud alegaban que las mismas se destinarían al riego de San Andrés y Las Lomadas. Ahora bien, estos agricultores no podían hacer frente a los cuantiosos gastos que suponía poner en riego esta zona. Sin embargo, porescrito fechado en 1902 ante notario, aceptan la tarifa de 10 ptas./ celemín y declaran que desisten de solicitar ellos mismos el aprovechamiento de este caudal.

Los agricultores de la zona de Los Sauces, no recibieron bien esta iniciativa. La constitución del Sindicato de la Comunidad de Regantes en mayo de 1903,bajo la presidencia de don AbrahamMartín Herrera, no fue un trámite burocrático sino la organización de una resistencia frente a lo que se consideraba un expolio legalizado.

El revés judicial y el impacto social

La sentencia del Tribunal Supremo de 1906 supuso un jarro de agua fría para los intereses de los sauceros. Al declararse incompetente para anular la concesión bajo el argumento de “que las aguas tienen dueño” y no están sujetas a la Administración, se creó un limbo jurídico que la Sociedad Concesionaria aprovechó en su beneficio. Mientras los tribunales discutían tecnicismos, el Barranco del Agua se llenaba de escombros y abusos por las obras de la Sociedad, provocando una escasez que no solo afectó a lascosechas sino que amenazó la salud pública.

Resulta heroica, vista hoy, la firmeza de la Junta celebrada en La Alameda, donde se fijó la necesidad mínima de 35.000 pipas diarias (183 litros por segundo) para garantizar el abasto y el riego. Era el pueblo poniendo límites a la ambición industrial. A partir de estos momentos las cosas empeoraron pues la sociedad no cumplió el acuerdo y las obras de canalización no se habían acabado aunque el plazo finalizaba en 1907.

El conflicto no fue una llamarada de un día. Veinte años después de la concesión, en 1923, la indignación seguía viva. El escrito encabezado por don Leopoldo Martín González, respaldado por 208 vecinos es un testimonio de la vigilancia ciudadana. Denunciaban que tras dos décadas, la Sociedad El Canal no había ejecutado los aprovechamientos proyectados, utilizando la concesión más como un título de propiedad especulativo que como un beneficio real para elmunicipio.

La exigencia de caducidad de la concesión frente al Ministerio de Fomento fue la última instancia de un municipio que veía cómo su recurso más preciado - el agua - disminuía por causas ajenas a la naturaleza. A pesar de ello, la solicitud del Sindicato de Regantes se desestimó. Por fin, 1929 se fija por Real Orden la cantidad de 165,54 litros continuos por segundo como caudal al que tiene derecho a derivar, desde la acequia de La Tomada, la Comunidad de Regantes.

A comienzos de los años cuarenta, la concesión administrativa pasa al Ayuntamiento que, finalmente, la cederá a la Comunidad de Regantes, a cambio del “derecho a llevar a efecto la canalización y explotación durante 15 años de las aguas que nacen en el lugar denominado ‘Caldero de Marcos’, con destino al riego de Lomadas y San Andrés. 

Hoy estos documentos no son un papel antiguo, son el testimonio de un pueblo que desde los repartimientos hasta los conflictos del siglo XX entendió que el agua es la vida de la tierra y que su defensa no admite descanso.

Fuentes documentales:

La geografía de La Palma está trazada por “datas” y repartos que, desde el siglo XV, configuraron no solo la propiedad de la tierra, sino el alma espiritual de sus pagos. Entre el Barranco Seco y la Montaña de Tenagua, se extiende el territorio que custodia una de las joyas más antiguas de nuestra historia: La Hacienda y Ermita de Santa Lucía.

La historia de este enclave nos remite directamente a los albores de la colonización castellana. Juan Fernández de Lugo, primer gobernador y sobrino del adelantado Alonso Fernández de Lugo, recibió estas tierras en 1498. Aunque el documento original de esta antiquísima data se perdió probablemente en el trágico incendio provocado por los piratas franceses en 1553, la memoria oral y los registros posteriores confirman que los Lugo fueron señores de este vasto dominio desde el mar hasta la cumbre. Cultivado de trigo y cereales, vides y árboles frutales, junto a la cría de ganado, este extenso terrazgo comprendía las tierras aborígenes de Tenagua, desde las cumbres hasta la costa de Bajamar y Martín Luis.

Hasta el año 1530 la familia Lugo mantuvo la propiedad de la Hacienda, vendiéndolaentonces a Luis Álvarez. Es en esteperiodo inicial donde se sitúa el misterio de la fundación de su ermita, un templo cuya “grande antigüedad” ya asombraba a los cronistas del siglo XIX.

Según Gaspar de Frutuoso, en el barranco de Santa Lucía, los portugueses Luis Álvarez y Rodrigo Anes de Tenagua mandaron labrar una fuente abovedada excavada en la roca, debajo del camino, con un estanque donde bebían los ganados y lavaba la ropa todo el vecindario.

El templo entre el silencio y el esplendor

Aunque la ausencia de los primeros libros de fábrica nubla la fecha exacta de su construcción, el visitador Juan Pinto de Guisla certificó en 1678 que la ermita ya estaba edificada desde 1530. Durante décadas el templo fue un remanso de paz que solo rompía su silencio el día de la festividad de la Santa, permaneciendo cerrada el resto del año debido a la escasa vecindad de la zona.

Fue bajo la mayordomía del Maestre deCampo don Miguel de Abreu Rexe (1676-1691), propietario de la hacienda, cuando Santa Lucía adquirió su fisonomía actual. A su visión debemos elementos hoy icónicos: la pila de agua bendita labrada en piedra, las andas procesionales y la construcción de su campanario, que costó la suma de 572 reales.

Sin embargo la historia de Santa Lucía no ha estado exenta de sombras. Tras el cese de Abreu Rexe, la ermita sufrió un abandono absoluto durante veinte años, llegando a un estado deplorable que amenazaba ruina a principios del siglo XVIII, según denunciaron autoridades eclesiásticas de la época.

A pesar de estos vaivenes, el templo logró salvaguardar su tesoro más preciado : la imagen de Santa Lucía. Esta pieza de exquisito estilo gótico-flamenco y datada en el primer cuarto del siglo XVI, es un testimonio mudo del intenso comercio artístico con los Países Bajos que enriqueció La Palma. 

Hoy, la Hacienda de Santa Lucía no es solo un conjunto de tierras y muros; es el recordatorio de una isla que miró al norte de Europa, manteniendo viva una devoción durante siglos.

El pintor costumbrista palmero Manuel González Méndez (1843-1909), pintó el cuadro la Romería de Santa Lucía que preside el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Una fuente documental sobre la vestimenta tradicional que ilustra este artículo.

Bibliografía:

Desde los albores de la colonización de La Palma, la relación entre la Villa de San Andrés y el lugar de Los Sauces estuvo marcada por una tensa dualidad. Mientras San Andrés ostentaba la capital administrativa y el prestigio de las familias principales. Los Sauces dominaba la riqueza: era el dueño del agua y de los prósperos ingenios azucareros.

Esta rivalidad estalló formalmente en 1702, dando lugar a un proceso judicial que hoy, gracias a la recuperación de documentos del Archivo General de La Palma, nos permite reconstruir un episodio clave en nuestra historia local.

El detonante fue el nombramiento del sargento Juan Fernández de Mérida como alcalde de la jurisdicción. A diferencia de sus predecesores, Mérida se negó a trasladar su residencia a la Villa de San Andrés, prefiriendo la comodidad de Los Sauces. Esta decisión no era una simple cuestión doméstica. En 1702, los vecinos más influyentes de San Andrés - encabezados por el capitán Miguel de Abreu - denunciaron ante el teniente general Rojas que la ausencia del alcalde dejaba la administración de justicia en un estado de abandono absoluto. Los pleitos se paralizaban durante meses porque el juez no “bajaba” a la villa, dejando a los ciudadanos en una situación de indefensión legal.

La defensa del alcalde Mérida fue audaz y punzante. No solo argumentó que la distancia entre ambos núcleos era mínima, sino que atacó el prestigio demográfico de San Andrés. Afirmó que la Villa apenas contaba con “un poco más de doce vecinos”, mientras que Los Sauces era un lugar “copioso” y en pleno crecimiento.

Ante la presión judicial, Mérida optó por una maniobra desesperada: dimitió de su cargo y exigió que San Andrés demostrara, con documentos en mano, su derecho a ser llamada Villa. Era un órdago histórico: si no había papeles que acreditaran el título, no habría obligación de residir allí.

El vacío documental sobre el título de Villa de San Andrés ha sido, hasta hoy, una laguna mencionada incluso por cronistas como Juan B. Lorenzo en el siglo XIX. Sin embargo, el litigio de 1702 desvela una pieza de valor incalculable.

Para humillar las pretensiones del Fiscal, el capitán Don Miguel de Abreu exhibió una Real Cédula original firmada por la Reina Gobernadora, Mariana de Austria en 1674. En este documento, la monarquía reconocía explícitamente a San Andrés como “Villa”, ordenando que se respetaran todas sus preeminencias y exenciones.

El hallazgo de esta Real Cédula de 1674 viene a cubrir un vacío histórico fundamental, siendo la prueba irrefutable de un estatus que San Andrés ostentaba desde la conquista.

El pleito concluyó el 9 de marzo de 1702. San Andrés logró una victoria moral y jurídica definitiva: blindó su título de Villa y su capitalidad frente al empuje de Los Sauces. Sin embargo, fue una victoria de alto coste, pues supuso la pérdida de la autoridad gubernativa inmediata tras la dimisión de un alcalde que prefirió entregar la “vara” antes que mudarse.

Hoy este documento no solo nos habla de antiguas rencillas vecinales, sino que devuelve a San Andrés el respaldo de su distinción histórica. Un título que en 1868 la Junta Soberana haría extensivo a Los Sauces.

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En los archivos notariales de la Isla de La Palma se conserva un testimonio fehaciente de participación de sectores de la burguesía local en la economía esclavista de las Antillas. Se trata de un poder especial otorgado en Santa Cruz de La Palma por un prominente propietario agrícola y comercial de la zona noreste de la isla. Este documento servía como instrumento legal para delegar y gestionar la compraventa de seres humanos en La Habana, Cuba, redactado con la fría naturalidad de quien transacciona una fanega de grano o una suerte de caña ante los testigos de la sociedad palmera de la época.

Esta acta notarial es la prueba material de que La Palma no fue ajena al sistema, sino un eslabón en la cadena que sostenía la economía de plantación en el Caribe. A menudo se tiende a percibir la esclavitud como un fenómeno lejano o ajeno, pero este documento nos recuerda que el capital acumulado en la isla invertía activamente en la propiedad de personas, gestionando desde la distancia el destino de hombres y mujeres cuyos nombres la historia, a diferencia de los de sus dueños, rara vez conservó.

La prosperidad que exhibía Santa Cruz de La Palma a mediados del siglo XIX, era inseparable del auge delazúcar cubano. En 1841, Cuba se consolidaba como “la azucarera del mundo”, generando un tercio de la producción global. Lejos de ser un sistema arcaico, esta industria se encontraba en plena fase de modernización, incorporando máquinas de vapor y ferrocarriles. Cuanta más tecnología llegaba a los ingenios, más esclavos se necesitaban.

El otorgante de este poder representaba una figura común en la época: el ciudadano preocupado por el progreso y la estética de su entorno. Registros de años anteriores muestran a este individuo destacando con orgullo el crecimiento urbano de su localidad, promoviendo la construcción de edificios modernos y solicitando la erradicación de las antiguas casas de paja por considerarlas un peligro y un elemento que “afeaba” el paisaje urbano.

El capital palmero no solo buscaba rentabilidad; alimentaba un modelo que España -una de las últimas naciones europeas en abolir la esclavitud- mantendría legalmente en Cuba hasta 1886.

Publicar y analizar estos archivos no es un ejercicio de revanchismo, sino de higiene democrática. Reconocer las sombras de nuestra historia permite entender mejor las estructuras de poder y la procedencia de algunas fortunas.

          Fuentes bibliográficas:

En el corazón de la identidad canaria, la educación superior ha sido, históricamente el mayor motor de ascenso social. Una vez se cruza su umbral, la igualdad es absoluta: no importan la situación económica, lascreencias religiosas ni las posiciones políticas. La Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no son solo centros de estudio; son las instituciones que han permitido que nuestras islas se conviertan en un polo de conocimiento.

Sin embargo, asistimosa una paradoja preocupante: mientras sus rectores exigen una financiaciónque garantice su supervivencia, el Gobierno de Canarias parece más proclive a favorecer el negocio de las universidades privadas que a blindar su propio patrimonio público.

La Comunidad Autónoma Canaria constituye una excepción dentro del territorio español al no contar con un instrumento financiero plurianual, tal y como manda la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esto es lo que llevan reclamando en cada ejercicio presupuestario, los rectores Francisco García y Lluís Serra, quienes se ven obligados  a hacer equilibrios en el alambre de la viabilidad financiera.

Según un estudio del Ministerio de Universidades sobre el impacto del sistema universitario español, las universidades públicas canarias son las terceras que más contribuyen al PIB regional, con un 2,5%, solo por detrás de las catalanas y andaluzas. A menudo, desde ciertos sectores, se visualiza a la universidad como un gasto. Nada más lejos de la realidad:los datos del impacto económico son contundentes. Se estima que, por cada euro público invertido, estas instituciones retornan a la sociedad entre tres y cinco euros en forma de actividad económica, innovación y servicios. La ULL y la ULPGC son responsables directas de miles de empleos y piezas claves para diversificar una economía peligrosamente dependiente del sector servicios.

Es imposible hablar de nuestra excelencia académica sin recordar a figuras como don Antonio González González, eminente investigador y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Su labor en el campo de la química orgánica no solo situó a Canarias en el mapa mundial de la ciencia, sino que sentó las bases de un rigor que heredaron otros centros vitales como la Facultad de Medicina de la ULL. A este prestigio se suma el liderazgo mundial del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), fundado y dirigido por Francisco Sánchez Martínez y cuyo prestigio se sustenta en instalaciones de vanguardia como el Observatorio del Roque de los Muchachos.

La aprobación de una quinta  universidad privada en el Archipiélago, se realizó desoyendo tanto el informe técnico desfavorable del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como las advertencias de las dos instituciones públicas.Resulta hiriente la asfixia financiera a que se somete a nuestros centros mientras se alfombra la entrada de universidades privadas en el Archipiélago. Son las universidades públicas las que estudian nuestras aguas, nuestros volcanes y nuestra flora única; un conocimiento que ninguna universidad privada vendrá a generar para nosotros.

La universidad pública esel instrumento de igualación más importante; el verdadero ascensor social para quienes menos tienen. La soberanía de un pueblo no se mide solo en sus banderas, sino en la calidad y accesibilidad de sus aulas y laboratorios. Es hora de que el presupuesto refleje el respeto que nuestra historia y, sobre todo, nuestro futuro merecen.

Durante el siglo XIX, la isla de La Palma desarrolló una intensa relación económica, social y cultural con Cuba. Entre 1820 y 1870 la emigración hacia Cuba fue particularmente intensa, desde lugares como San Andrés y Sauces, partieron jóvenes que buscaban oportunidades principalmente en la agricultura. Muchos trabajaron como jornaleros agrícolas, empleados en plantaciones azucareras o tabaqueras, artesanos, pequeños comerciantes. Algunos permanecieron definitivamente en la isla Antillana, mientras otros regresaron años después a La Palma. Una minoría logró prosperar económicamente y volver con fortuna, a estos retornados se les conocía como ‘indianos’, cuya riqueza contribuyó a transformar el paisaje urbano, construyendo viviendas señoriales de estilo colonial, inversiones agrícolas y nuevas formas de vida. Algunos que permanecieron e hicieron fortuna, se acordaron de su municipio como fue el caso de Marcos Rodríguez Pérez, natural de San Andrés y Sauces, vecino de Banes -uno de los municipios que conforman la provincia de Holguín- en la isla de Cuba. Escribió al Ayuntamiento en 1913 diciendo: “Habiendo notado la falta de bancos en el paseo público de la Alameda de esta ciudad; queriendo dar una prueba del inmenso cariño que siempre conservo a este mi pueblo natal, he adquirido diez bancos de hierro y madera los cuales regalo a este Ayuntamiento”. Marcos también adquirió la emblemática casa Massieu, en la cabecera sur de la Alameda, que restauró dándole un estilo ecléctico y neoclásico.

El capital Manuel Buenamuerte González

Manuel Buenamuerte González Sánchez, nació en la villa de San Andrés en 1803, hijo de José Manuel González y de María de las Nieves Sánchez Wangüemert, familia acomodada de este lugar, donde tuvieron una de las casas principales. Su origen social y su formación marítima le permitieron desarrollar una carrera destacada en la navegación comercial, llegando a afirmar como capitán de fragata.

La documentación del Boletín Oficial de Canarias de julio de 1835 registra la salida hacia La Habana del bergantín goleta español Isabel II, bajo el mando del capitán Manuel Buenamuerte González. Este tipo de embarcación, rápida y versátil, era habitual en el tráfico atlántico y permitía transportar mercancías, correo y pasajeros. La carga que despachó para este viaje la componían: “449 piedras de destilar, 414 varas de losa, 49 bernegales, 472 garrafones de aguardiente, 200 quintales de papas, 42 fanegas de cebada y 28 mil kilos de cebolla”.

Los viajes entre Canarias y Cuba se realizaban en embarcaciones de vela que aprovechaban los vientos alisios para cruzar el Atlántico. La travesía duraba generalmente entre 30 y 60 días, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

La trayectoria de Manuel Buenamuerte refleja la relevancia de los marinos palmeros en el comercio atlántico del siglo XIX. En 1838 aparece ya como propietario de la fragata La Amistad, construida en los astilleros de Santa Cruz de La Palma. La posesión de un buque propio representaba un importante signo de prestigio social y poder económico.

El estudio de estas trayectorias permite comprender mejor la dimensión humana y económica de la emigración canaria, así como la importancia del mar como vía de comunicación, progreso y cambio social en la historia de La Palma.

Bibliografía

Durante décadas se ha asumido que la agricultura -y en particular el cultivo del plátano- constituye el motor económico de La Palma; incluso  llegué a manifestarlo en varias de mis intervenciones mientras fui diputado autonómico por esta isla.

La economía insular presenta rasgos propios de los territorios ultraperiféricos europeos: predominio del sector servicios, fuerte presencia del empleo público, limitada industrialización y dependencia de transferencias exteriores. En términos de generación de riqueza, el sector servicios representa en torno al 75-80% del valor añadido insular, mientras el sector primario se sitúa generalmente por debajo del 10%, aunque con mayor peso relativo que en otras islas del archipiélago.

El sector servicios -administración pública, comercio, educación, sanidad, transporte y actividad turística- constituye así el principal componente de la economía palmera. A diferencia de otras islas con mayor especialización turística, La Palma mantiene un modelo relativamente diversificado en el que el turismo tiene relevancia, pero no carácter dominante.

La agricultura, y especialmente el sector platanero, conserva un importante peso territorial y social. Genera empleo rural, configura el paisaje, contribuye a la cohesión de amplias zonas de la isla. El esfuerzo de generaciones lo podemos contemplar en amplias zonas de laderas sorribadas para plantar plátanos en el norte, fundamentalmente en San Andrés y Sauces, y en las coladas volcánicas del Valle de Aridane. El plátano continúa siendo la principal exportación agraria y concentra la mayor parte del valor de la producción agrícola, representando aproximadamente el 60-70% del valor del sector primario insular.

No obstante, su dependencia de ayudas públicas y su vulnerabilidad frente a la competencia exterior y la falta de relevo generacional cuestionan su consideración como motor económico en sentido estricto.

A esta situación se suma la incertidumbre derivada de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, especialmente las negociaciones con MERCOSUR, que pudieran intensificar la competencia de productores con menores costes. En este contexto el programa POSEI -destinado a compensar las desventajas estructurales de las regiones ultraperiféricas -resulta clave para la viabilidad del sector platanero.

Asimismo, debe destacarse la protección jurídica que establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las singularidades estructurales de las regiones ultraperiféricas como Canarias y permite a las instituciones europeas adoptar condiciones específicas en la aplicación de políticas y acuerdos comerciales cuando puedan afectar a los sectores estratégicos de estos territorios.

Las ayudas vinculadas al plátano suponen cada año decenas de millones de euros para la isla, estimándose en torno a 140-150 millones de euros anuales para el conjunto de toda Canarias, de los cuales una parte muy significativa corresponde a La Palma por su elevada especialización productiva.

La situación de La Palma refleja así una economía mixta en la que la agricultura mantiene una destacada centralidad social y territorial sin ejercer un liderazgo económico claro.

El debate sobre el desarrollo insular requiere, en consecuencia, una comprensión más precisa de su estructura productiva que reconozca la importancia social de la agricultura sin atribuirle un protagonismo económico que los datos no confirman plenamente.

Fuentes bibliográficas