La desigualdad está pasando de ser un tema marginal en el debate político a ocupar un lugar central. Como miembro del comité creado bajo la presidencia sudafricana del G20 para promover la cooperación internacional en materia de desigualdad, he sido testigo de ello. 

Durante demasiado tiempo, la desigualdad se ha tratado en los debates europeos como un problema de otros lugares: los llamados Estados frágiles, en el Sur Global, en países que carecen de instituciones sólidas o de protección social. Se ha enmarcado como una cuestión de desarrollo más que como una característica estructural de la economía mundial.

Esa formulación ya no es válida. En toda Europa, la desigualdad, especialmente la desigualdad de riqueza, está remodelando las trayectorias económicas y distorsionando los sistemas políticos. Si bien el modelo social europeo sigue siendo uno de los más protectores del mundo, se enfrenta a presiones cada vez mayores. La concentración de la riqueza ha aumentado en muchas economías avanzadas. Los mercados inmobiliarios se han vuelto menos accesibles para las generaciones más jóvenes. Persisten las divisiones territoriales entre las regiones metropolitanas dinámicas y las zonas rezagadas. La movilidad intergeneracional, que en su día fue un sello distintivo de la promesa europea, se ha vuelto más lenta.

No se trata simplemente de la brecha entre ricos y pobres. Es la creciente concentración de activos, influencia y oportunidades. Cuando una parte cada vez mayor de la riqueza proviene de activos financieros e inmobiliarios en lugar de actividades productivas, los incentivos pueden distorsionarse. Cuando los trabajadores más jóvenes se enfrentan a empleos precarios y a un acceso tardío a la vivienda, los efectos se reflejan en las tasas de fertilidad, los patrones de consumo y el crecimiento a largo plazo. Cuando los ciudadanos perciben que las reglas económicas son desiguales, la confianza disminuye.

El nivel de concentración de la riqueza que se observa actualmente en varias economías avanzadas, en niveles extremos, corre el riesgo de traducirse en una influencia política desproporcionada. Cuando una parte significativa de la riqueza nacional está en manos de un segmento reducido de la sociedad, también se vuelve desigual la capacidad de influir en el debate público, los resultados legislativos y las prioridades políticas.

Los cambios tecnológicos añaden otra capa a estas presiones. Los avances en inteligencia artificial y digitalización ofrecen importantes beneficios potenciales en productividad e innovación. Sin embargo, sin las políticas adecuadas, los beneficios pueden recaer de manera desproporcionada en los dueños de capital y en los trabajadores altamente calificados. Esto puede reforzar las disparidades ya existentes entre regiones, empresas y grupos sociales.

Precisamente por estas razones, el seminario de alto nivel «Desigualdad: es hora de actuar», convocado esta semana en Madrid por la Presidencia del Gobierno español, reviste especial importancia. El encuentro, que reúne a destacados pensadores y altos cargos políticos españoles, refleja el reconocimiento en las más altas esferas políticas de que la desigualdad es fundamental para el futuro de Europa. La participación del Gobierno español al más alto nivel subraya que no se trata de un mero intercambio académico, sino de un debate centrado en las políticas y las respuestas institucionales.

Europa dispone de las herramientas políticas necesarias para responder. Pero esas herramientas requieren cada vez más una coordinación más allá de las fronteras nacionales. El capital se mueve con facilidad entre jurisdicciones, pero los sistemas fiscales no. Los modelos de negocio digitales operan sin problemas en todos los mercados, a menudo superando los marcos regulatorios. Sin cooperación en impuestos a las corporaciones, transparencia financiera y tratamiento de la riqueza transfronteriza, los países están limitados estructuralmente. Por eso son importantes los recientes esfuerzos de coordinación europea e internacional en materia de fiscalidad mínima de las empresas. No son proyectos ideológicos, sino mecanismos prácticos para preservar la integridad de nuestras economías y sociedades.

El seminario de Madrid también llega en un momento internacional clave. La propuesta de crear un Panel Internacional sobre la Desigualdad —una idea que cobró impulso durante la presidencia sudafricana del G20— marca un cambio de rumbo, pasando de un debate fragmentado a una cooperación estructurada. El hecho de que este debate se celebre ahora en el corazón de una importante capital europea refleja cómo ha evolucionado la geografía del debate sobre la desigualdad. Ya no se trata de una conversación sobre «otras» economías, sino que concierne a la arquitectura del propio sistema global.

La desigualdad no es una cuestión humanitaria lejana. Es un problema económico estructural al que se enfrentan tanto las economías avanzadas como los países en desarrollo, un problema global que requiere cooperación global. Por eso el presidente Sánchez tiene razón al apoyar la creación de un Panel Internacional sobre Desigualdad, y más países europeos deberían sumarse a él. España es actualmente el séptimo país con más desigualdad en Europa, con lo que es un reto importante a impulsar. El panel ofrece una forma práctica de multilateralismo que puede ayudar a los responsables políticos de gobiernos de todos los ámbitos. En un periodo de transición económica e incertidumbre geopolítica, abordar la desigualdad de riqueza es una elección estratégica.