Hay preguntas cuya respuesta se conoce antes de formularlas. La Diputación Foral de Bizkaia está obligada a abrir un proceso de información pública antes de suspender los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) en el entorno de las obras del túnel subfluvial de Lamiako. Es un trámite legalmente exigido, no una opción. El problema es que esa institución que debe evaluarlo es la misma que promueve la obra, la misma que la califica de estratégica, la misma que ha valorado su impacto ambiental y la misma que, en cada paso anterior, ha optado por la infraestructura, incluso por encima de las formas. Es difícil creer en su imparcialidad cuando necesita que el resultado sea favorable.

Los OCA son los límites legales que protegen el derecho a la salud frente al ruido, y al parecer, la obra es incapaz de llevarse a cabo dentro de esos límites en cualquiera de sus fases. La Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental es taxativa: su suspensión debe producirse “de forma previa al inicio de las obras” y “conllevará un trámite de información pública”. La puesta en marcha de las máquinas ya está anunciada. La consulta ciudadana, a día de hoy, no.

Ya hemos visto cómo actúa la Diputación frente a la participación ciudadana. La Declaración de Impacto Ambiental la aprobó sin que el estudio 'Análisis de dispersión de contaminantes' estuviera disponible durante el período de alegaciones. El estudio se redactó en octubre de 2023; las alegaciones se habían cerrado en junio de ese mismo año. La ciudadanía alegó sin conocer esos datos, con los cuales se intentaba justificar, sin éxito, que las emisiones no superarían los límites legales. De la misma manera, el 1 de julio de 2025, la Agencia Vasca del Agua abrió un plazo de veinte días hábiles para presentar alegaciones sobre la autorización de las obras. El 17 de julio, con ese plazo todavía abierto, el Gobierno Foral aprobó definitivamente el proyecto. Y lo hizo saltándose sus propias reglas: la Modificación de la DIA publicada ese mismo día fijaba condiciones que debían cumplirse “de forma previa a la aprobación definitiva del proyecto”. El proceso participativo fue vaciado de contenido y el significado de la palabra “previa” quedó en el aire. Parecía que la decisión ya estaba tomada y que había prisa.

En el sistema judicial existe un principio elemental: nadie puede formar parte de un jurado si ha tomado partido antes del juicio. Se llama imparcialidad, y su verificación es obligatoria. La Diputación lleva años presentando el Subfluvial como una necesidad estratégica. Bajo cualquier estándar mínimo de imparcialidad, estaría descalificada para resolver alegaciones sobre la infraestructura. Es la promotora que presenta el Subfluvial como solución estratégica irrenunciable para la movilidad metropolitana. Ha invertido capital político, técnico, institucional y mucho dinero en sacarlo adelante. Pedir a esa misma institución que evalúe con neutralidad las alegaciones de quienes viven junto a las bocas de los túneles o a las del IES Artaza-Romo o a las del CEIP Romo es una contradicción estructural. No olvidemos que son personas que corren el riesgo de perder la protección de los límites acústicos durante más de seis años. El sistema no tiene una figura arbitral, ya que el órgano promotor y el órgano ambiental responden al mismo Gobierno Foral. La independencia funcional existe en el papel, en cambio, el mecanismo de verificación externa y control, no.

Existe además una demanda contencioso-administrativa contra el proyecto. Y es difícil no leer en la urgencia de estas semanas otra lógica que la de quien necesita crear hechos consumados, antes de que los tribunales puedan pronunciarse. Adjudicaciones, expropiaciones y anuncio de inicio de las obras, todo a la vez y todo deprisa. Las excavadoras generan una realidad que las sentencias no siempre pueden deshacer.

Tal vez la consulta sobre los OCA se convoque. Tal vez se publique en el Boletín Oficial de Bizkaia. Y tal vez haya un plazo para presentar alegaciones. Pero es previsible que la Diputación resuelva que las medidas correctoras son suficientes, que el “interés general” de la obra prevalece, que los límites se respetarán en lo esencial. Porque todo ello lo decidió hace tiempo y porque nada en su arquitectura institucional la obliga a decidir otra cosa.

La pregunta que merece hacerse es si tiene algún sentido llamar “participación ciudadana” a un trámite cuyo resultado parece escrito de antemano por quien convoca, evalúa, decide, califica el Subfluvial de infraestructura estratégica y lo promueve. Quienes estudian, trabajan y viven en las inmediaciones de las bocas del túnel subfluvial se merecen una respuesta honesta a esa pregunta. Y esa respuesta no puede darla la Diputación.

Hay decisiones que nacen obsoletas. Proyectos concebidos en un tiempo que ya no existe, diseñados con parámetros que la realidad ha dejado atrás. El subfluvial de Lamiako, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, es uno de esos casos que evidencian una contradicción cada vez más insostenible: la que existe entre el discurso medioambiental de las administraciones y sus políticas reales de infraestructuras.

Mientras Europa aprieta el acelerador hacia una calidad del aire acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, este proyecto de más de tres kilómetros de túneles se prepara para convertirse en una fábrica de contaminación atmosférica para algunas zonas, como Ballonti y Artaza. Los propios documentos técnicos del proyecto no dejan lugar a dudas. El aire en el interior del túnel se clasifica como ODA 4, aire con concentraciones extremadamente altas de gases y partículas. Y aquí viene lo más preocupante: no existe ningún sistema de filtrado para esos contaminantes. Toda esa polución generada a lo largo de kilómetros de túnel será simplemente evacuada por las bocas de Artaza y Ballonti, lo que incluye zonas habitadas donde hay centros de enseñanza y viviendas. Las cifras son elocuentes: según las previsiones del propio proyecto, por ejemplo, las emisiones de monóxido de carbono irán en aumento llegando casi a doscientas toneladas anuales en 2048, un contaminante que interfiere con el transporte de oxígeno en nuestro organismo.

En sentido contrario al proyecto del subfluvial, en octubre de 2024 se aprobó la nueva directiva europea sobre calidad del aire ambiente. Esta normativa, que debe entrar en vigor como muy tarde en enero de 2030, establece un horizonte claro: la contaminación deberá ajustarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para 2050. Como paso intermedio, rebaja drásticamente los límites actuales de contaminación.

Tomemos de nuevo el monóxido de carbono. La directiva limita la media de concentraciones diarias a cuatro miligramos por metro cúbico, con un máximo de dieciocho superaciones anuales. Si las emisiones del subfluvial fueran uniformes se superaría la media tonelada emitida al día para 2048, quinientos millones de miligramos diarios. Y así con el resto de contaminantes gaseosos y partículas en suspensión. La dispersión de los contaminantes dependerá de las condiciones meteorológicas y la orografía.

Especialmente preocupantes son los episodios de inversión térmica, con poco viento o con niebla. En esos momentos, la contaminación se concentrará precisamente en las inmediaciones de las salidas de los túneles, cerca de algunas zonas densamente pobladas y de centros educativos.

Hay un término que resume bien lo que está en juego: zonas de sacrificio. Es así como se denominan aquellos territorios que se ven obligados a soportar una carga desproporcionada de contaminación o degradación ambiental. Artaza y Ballonti están siendo designadas, sin su consentimiento, para ese papel.

Más allá de la calidad del aire, el subfluvial plantea problemas estructurales más profundos. Se está desarrollando sin un estudio integral de movilidad y transporte en el área metropolitana de Bilbao. Es como diseñar una habitación sin conocer la casa completa. Además, incrementará también las emisiones de gases de efecto invernadero, contradiciendo los propios objetivos climáticos de las administraciones que lo promueven.

El coste económico de esta infraestructura es otra dimensión del problema. Los cientos de millones de euros que se invertirán en este proyecto son recursos que no estarán disponibles para alternativas más acordes con los objetivos climáticos y de salud.

La Diputación no puede proclamar la emergencia climática y la defensa de la salud pública, por una parte, y por otra aprobar infraestructuras que nos alejan de esos objetivos. Esta personalidad institucional múltiple no es sostenible. Europa ha trazado una ruta clara hacia un aire más limpio. Bizkaia tiene la oportunidad de seguirla o de empecinarse en un proyecto que nace viejo. La elección dirá mucho sobre qué tipo de territorio queremos ser y qué futuro estamos dispuestos a legar a las próximas generaciones.

La oposición ciudadana al proyecto continuamos con las movilizaciones, como la manifestación organizada para el 25 de abril en Romo. Además, hemos dado ya el salto a los tribunales mediante un procedimiento contencioso-administrativo. Es lamentable que seamos la ciudadanía, con recursos limitados, quienes tengamos que defender en los juzgados lo que debería ser una prioridad de las propias instituciones: la salud pública y el cumplimiento de la legalidad. Para ello necesitamos ayuda económica. Más información en labur.eus/subfez.

Es hora de exigir que la Diputación actúe con coherencia. La calidad del aire no debe ser un lujo, sino un derecho que no puede sacrificarse en el altar de proyectos obsoletos.