Mi abuelo emigró a Cuba en 1952 huyendo de la posguerra en España, años después de que los aviones de la Legión Cóndor asesinaran a su padre en Gernika. Desde entonces vive en la isla como un cubano más. Como uno que vivió el golpe de Estado de Batista y el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Hace tres años mi abuelo me visitó en Madrid y me dijo que nunca había visto tanta miseria en Cuba. Me contó que vecinos de toda la vida deambulaban por las calles de nuestro barrio, Marianao, pidiendo un vaso de agua con azúcar, un pedazo de pan o alguna fruta. Me dijo que era muy duro ver a tantas personas con las que había convivido por más de 50 años rebuscando qué comer en las montañas de basura que se acumulan en las esquinas y que, en los días de mucho viento, se esparce por todas partes debido a la ausencia de recogida de desperdicios por la escasez de combustible.

Esto fue en 2023, cuando Nicolás Maduro presidía el palacio de Miraflores y todavía enviaba combustible regularmente a La Habana, México realizaba acuerdos económicos a cambio de médicos y la sala oval de la Casa Blanca la habitaba Joe Biden, quien no hizo reformas significativas en la política estadounidense respecto a la isla.

Cuba está sumida en una crisis que no ha dejado de profundizarse desde 2019. El secuestro de Nicolás Maduro y el recrudecimiento de las sanciones por parte de Donald Trump todavía no han provocado un cambio brusco en la calidad de vida de los cubanos, aunque sí en sus perspectivas futuras.

Colapso administrado y supervivencia individual

Hablar de la situación actual de Cuba obliga a comenzar por quienes la padecen: los cubanos. Desde 2019, y con especial crudeza tras las protestas de julio de 2021, la vida cotidiana en la isla se ha convertido en un ejercicio permanente de supervivencia.

Cocinar con carbón ante la falta de electricidad, dormir entre apagones prolongados, comprar “por la izquierda” (de manera clandestina) una jeringuilla para una simple inyección, pagar por un análisis clínico en un laboratorio estatal que aún tenga reactivos, depender de una planta eléctrica privada para garantizar luz o recurrir a familiares en el exterior para obtener divisas, alimentos o medicinas han sido prácticas que resumen el día a día en un país donde la precariedad es estructural, no circunstancial.

El salario medio mensual actualmente ronda los 15 dólares y la pensión mínima no supera los siete, todo agravado por un contexto de inflación sostenida y dolarización parcial de la economía. UNICEF señaló que en 2024 una décima parte de los niños en la isla vivía en condiciones de pobreza alimentaria severa, mismo año en que el desabastecimiento de medicamentos se aproximó al 70%, según el propio Gobierno.

Las cifras macroeconómicas oficiales no dejan lugar a dudas: entre 2020 y 2024, el PIB cayó alrededor de un 11%, con un desplome adicional del 5% solo en 2025. La industria azucarera, emblema histórico del país, fue desmantelada a principios de los 2000; la capacidad productiva interna es residual; y el turismo, uno de los pilares fundamentales del modelo económico, atraviesa su peor crisis: solo 1,8 millones de turistas internacionales visitaron la isla en 2025, la cifra más baja desde 2002 sin contar los años de la pandemia.

Pero el colapso económico, como era de esperar, no ha venido acompañado de apertura política. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, con un saldo de más de 500 manifestantes condenados a prisión, la represión gubernamental solo ha ido en aumento: arrestos extrajudiciales, exilio forzoso a activistas y periodistas, represión de cualquier manifestación colectiva. Incluso gestos simbólicos como portar un cartel en blanco en un parque se convirtieron en motivo de intervención policial.

Mientras tanto, la inseguridad urbana no ha dejado de aumentar, los robos y asaltos se han multiplicado, situación que la ironía popular resumió de forma magistral: “Si te asaltan, grita ‘abajo la dictadura” (solo así la policía aparece).

Trump, EEUU y la encrucijada cubana

El operativo del 3 de enero en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, reconfiguró la posición de Cuba en un escenario regional cada vez más volátil. La consecuencia más evidente para la isla es la eliminación del subsidio petrolero, que ha tenido como primera consecuencia el anuncio de la supresión del suministro de combustible a la aviación comercial, pero que también ha supuesto limitaciones al transporte interno, cierre de hoteles e incluso reducción en los servicios educativos.

La crisis energética, que ya formaba parte antes de la operación en Venezuela del día a día de los cubanos no es, sin embargo, la única consecuencia directa. La influencia de Estados Unidos en la región se ha fortalecido y los objetivos de la Administración Trump se han esclarecido: recuperar el control sobre recursos clave para la economía estadounidense.

En medio de este contexto, emerge lo que puede ser una de esas casualidades que en algunos casos definen el curso de la historia, y es el rol del responsable de la política exterior estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y figura clave del Partido Republicano en Florida, para quien la cuestión cubana tiene una dimensión personal y electoral.

Para Rubio, quien ha demostrado sus ambiciones políticas al postularse a la presidencia de EEUU en comicios anteriores, estar vinculado directamente a la caída del castrismo representaría un símbolo político de enorme peso dentro de la comunidad cubanoamericana, cuyos votos son determinantes en un estado pendular como lo es Florida.

Aquí se entrelazan intereses diversos: los de una élite política mayoritariamente orientada por el cálculo económico, encabezada por Donald Trump, y los de Rubio, quien podría buscar un rédito político adicional de cara a aspiraciones futuras. No es casual que los políticos cubanoamericanos hayan convertido la cuestión cubana en un eje constante de su identidad. Sin embargo, muchos de ellos, nacidos en Estados Unidos y distantes de la cotidianidad insular, no proponen nada más que el endurecimiento de sanciones bajo la premisa de que el hambre precipitará la rebelión.

¿Qué puede hacer entonces Trump?

Una primera posibilidad, y la más probable en el corto plazo, es la intensificación de sanciones. Pero esta vía reproduce el círculo vicioso: castigo económico que no debilita decisivamente al poder, pero sí empobrece a la población y fortalece la narrativa oficial que culpa a las sanciones de todos los males del país.

Otra posibilidad sería un cambio abrupto de régimen. Sin embargo, lejos de garantizar estabilidad, un colapso repentino podría sumergir al país en una crisis humanitaria aún más severa. La ausencia de estructuras estatales sólidas e independientes tras décadas de concentración vertical del poder abrirían la puerta a un escenario de caos, dependencia externa y fragmentación social. Al propio Trump, como argumentó tras la operación en Venezuela, no parece convencerle del todo esta vía tras la experiencia en Irak.

Existe también una tercera opción: un acuerdo con sectores del poder económico-militar cubano, que garantice la preservación de intereses estratégicos y facilite una apertura controlada bajo tutela estadounidense.

Ello implicaría el sometimiento parcial de las fuerzas represivas a una nueva arquitectura de poder seguida por la entrada masiva de capital extranjero. No sería una democratización profunda, sino una reconfiguración del control: el tránsito de un monopolio político cerrado a un capitalismo administrado desde las mismas cúpulas.

En ese contexto resulta significativo que el medio estadounidense Axios haya publicado que el interlocutor de Marco Rubio en eventuales negociaciones estaría siendo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto predilecto y jefe de Seguridad de Raúl Castro.

Hijo de Débora Castro Espín y del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien fue considerado hasta su muerte como el verdadero “zar” de la economía cubana por su papel al frente de GAESA, conglomerado de las Fuerzas Armadas que controla alrededor del 40% de la economía del país, “El Cangrejo” encarna la continuidad dinástica del poder y el control económico-militar que caracteriza al sistema.

Sin entrevistas ni alocuciones públicas, las imágenes más conocidas del nieto de Castro no provienen de discursos políticos, sino de escenas sociales: bailando sobre la tarima de un concierto del grupo Gente de Zona, vistiendo una camiseta personalizada de los Yankees de Nueva York con el número 24 y su apodo, o fotografías de vacaciones en yates junto a populares beisbolistas cubanos.

Visto así, parecería el personaje adecuado para una eventual convergencia de intereses: joven, vinculado al aparato de seguridad y, al mismo tiempo, habituado a los códigos de la economía informal y del capital emergente. Es aquí donde se abre una posibilidad inquietante de entendimiento entre sectores de la administración estadounidense y los herederos del poder dinástico cubano.

No en vano, en los últimos años las autoridades de la isla han permitido la creación de mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), formalmente presentadas como apertura económica. Sin embargo, estos negocios quedan fuera del alcance del cubano promedio y se distribuyen principalmente entre familiares o testaferros de generales y ministros, así como entre familiares o socios de emigrados con capacidad financiera suficiente para invertir donde los ahorros locales no llegan.

La irrupción de las mipymes y su aceptación dentro de la propia cúpula apuntan no a una transición a la democracia, sino al capitalismo. Y no a cualquier capitalismo, sino a uno con rasgos oligárquicos, semejante al modelo ruso: concentración extrema de recursos en manos de quienes ya controlan el poder político.

El doble rasero y la intemperie

En medio de este panorama, la reacción del Gobierno cubano ante la nueva presión estadounidense ha tenido ecos inquietantemente conocidos. Miguel Díaz-Canel ha evocado públicamente la “Opción Cero”, el mismo término que Fidel Castro utilizó tras la desaparición del campo socialista.

Durante décadas, aquella expresión pareció más un gesto retórico, una disposición casi sacrificial a resistir cualquier adversidad, que un programa aplicado en su versión más extrema. De hecho, en los 90, Castro optó por introducir reformas pragmáticas: legalizó la circulación de divisas, apostó decididamente por el turismo internacional y permitió tímidas aperturas al trabajo por cuenta propia. Pero hoy el término reaparece en un contexto donde el margen para reformas es mucho más estrecho que entonces.

La alianza con Venezuela bajo el marco del proyecto ALBA-TCP consolidó una forma específica de dependencia que, al desplomarse el sostén petrolero, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad máxima del sistema. Reconocer esa evolución histórica no equivale a justificar el cerco externo, pero sí obliga a abandonar relatos unidimensionales.

Y aquí surge una pregunta incómoda: si no existiera el dramatismo geopolítico de las sanciones estadounidenses, ¿cuánta atención internacional recibiría la precariedad estructural en que ya vivía la población cubana? El foco sobre el embargo, legítimo en muchos aspectos, tiende a eclipsar la discusión sobre la responsabilidad interna en la configuración de ese régimen.

Entre la negociación desigual y la resistencia represiva, el país encara una encrucijada que no admite soluciones simples

Hay algo irritante en la manera en que el mundo habla de Cuba. Un doble rasero que atraviesa a políticos latinoamericanos y europeos, pero también universidades, movimientos sociales, activistas y una parte de la opinión pública occidental.

En buena parte del imaginario global, Cuba aparece más como metáfora que como país: la isla que desafía a una superpotencia, un estandarte de soberanía y dignidad, pasando por alto que la crisis es profundamente real y nada heroica, y que ha dejado huellas hondas en el plano interno, entre ellas el avance de posturas cada vez más reaccionarias.

Décadas de sacrificio en nombre de causas históricas han generado, en sectores amplios de la sociedad, una fatiga que no se expresa necesariamente en términos ideológicos sofisticados, sino en una aspiración básica: estabilidad, previsibilidad, normalidad. En un contexto donde la épica ha sustituido indefinidamente al bienestar, gran parte de la ciudadanía termina mirando con simpatía cualquier promesa de orden, aunque esa promesa venga envuelta en nuevas formas de dependencia o incluso en fórmulas autoritarias de signo opuesto.

Pero el dilema también interpela a quienes, dentro y fuera de la isla, se identifican con la causa democrática. La desesperación puede convertir cualquier gesto de presión externa en una tabla de salvación imaginaria. Sin embargo, un bloqueo total de petróleo u otras formas de asfixia indiscriminada, como proponen congresistas cubanoamericanos de Florida, no distinguen con precisión entre Estado y sociedad. Castigan al conjunto. Rechazarlas no significa alinearse con la dictadura cubana, sino afirmar un principio: la democratización no puede edificarse sobre el hambre programada ni sobre la tutela extranjera.

Cuba se encuentra hoy en la intemperie de su propia historia. Su vulnerabilidad no responde al escenario actual de sanciones agravadas, sino a una estructura económica ineficiente y altamente dependiente que ha quedado expuesta por el bloqueo energético. Entre la negociación desigual y la resistencia represiva, el país encara una encrucijada que no admite soluciones simples.

Tal vez la única postura intelectualmente honesta consista en desmontar el doble rasero: exigir transformaciones democráticas profundas sin celebrar estrategias que empobrecen a la población; criticar la asfixia externa sin convertir al régimen en víctima intocable. Solo desde esa incomodidad, podrá imaginarse un futuro donde los cubanos dejen de ser símbolo, pieza de ajedrez o rehén de narrativas ajenas, y comiencen a ser, por fin, sujetos plenos de su propia historia.