Las ciudades se definen, entre otras características, por aquello que celebran. El Carnaval forma parte indiscutible de la identidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es tradición, economía, creatividad y expresión colectiva. Su capacidad para dinamizar la ciudad y proyectarla más allá de nuestras fronteras es evidente.

Precisamente por eso, el gasto destinado a él merece una reflexión serena.

El presupuesto del Carnaval 2026 ronda los 6,5 millones de euros, en un año especialmente simbólico por su aniversario. No se trata de cuestionar la fiesta ni su valor cultural. 

Canarias mantiene tasas elevadas de pobreza infantil y riesgo de exclusión social. Detrás de esos porcentajes hay niños y niñas que crecen en hogares marcados por la precariedad económica, las dificultades educativas y una vulnerabilidad que condiciona sus oportunidades futuras.

La pobreza no es una categoría abstracta. Es una realidad que multiplica riesgos y reduce márgenes de protección. No determina trayectorias vitales, pero sí estrecha caminos. Cuando se instala en la infancia y se prolonga en el tiempo, deja huellas que son difíciles de borrar

Resulta evidente que gobernar una ciudad implica atender necesidades diversas: cultura, desarrollo económico, cohesión social, protección de la infancia. No son objetivos incompatibles: el reto consiste en armonizarlos.

Por eso, el debate no debería formularse en términos maniqueos de “fiesta o políticas sociales”, sino en términos de equilibrio, en cómo garantizar que la inversión cultural conviva con un compromiso firme con las familias que atraviesan situaciones de exclusión y con los menores que crecen en entornos vulnerables.

El Carnaval nació como expresión popular, sostenido durante décadas por el talento local, la participación vecinal y la creatividad comunitaria. Esa raíz sigue siendo su mayor fortaleza. Reforzarla puede consolidar su identidad sin depender necesariamente de una escalada continua en el volumen de recursos.

Reflexionar sobre una progresiva y evaluada revisión de las inversiones públicas destinadas a grandes eventos no implica desmantelar la fiesta ni restarle valor. Significa preguntarse cómo hacerla sostenible, cómo asegurar que su crecimiento vaya acompañado de cohesión y cómo integrarla en una visión de ciudad que tenga como eje a las personas.

Toda decisión presupuestaria responde, en último término, a una determinada concepción de comunidad. Quizá el desafío no consista en gastar más o menos, sino en invertir mejor: en impulsar evaluaciones públicas periódicas, en vincular las grandes celebraciones con iniciativas de apoyo comunitario y en procurar que el impulso cultural camine de la mano del fortalecimiento social.

El éxito de una ciudad no se mide solo por la intensidad de sus celebraciones, sino por la solidez de su tejido humano. Una comunidad puede y debe celebrar, pero también debe cuidar, en especial a aquellos/as a los que la lotería social ha relegado

El Carnaval seguirá llenando la noche de música y color. Y eso es necesario. Las ciudades necesitan alegría tanto como necesitan justicia y solidaridad.

Hay algo más profundo que el estruendo de una cabalgata: el silencio de quienes esperan oportunidades que no llegan. Hay algo más duradero que un escenario iluminado: la estabilidad de un hogar donde un niño pueda dormir sin miedo ni carencias.

Las luces regresan cada febrero. 

La infancia solo pasa una vez.

Tal vez el verdadero progreso no consista en que cada año el espectáculo sea más fastuoso, sino en que cada año haya menos niños creciendo en desventaja. Tal vez la celebración más digna no sea la que más brilla, sino la que deja menos sombras.

Una ciudad que mira a sus niños a los ojos no necesita levantar la voz para demostrar su grandeza. 

El Carnaval es identidad. 

La infancia es destino.