Cada verano parece confirmar la misma sospecha: que el futuro será una versión más dura del presente. Las olas de calor llegan antes, duran más y aprietan con mayor intensidad. Nos hemos acostumbrado a hablar de sequía, incendios, colapso climático o temperaturas extremas con una normalidad que hace unos pocos años habría resultado impensable. Y, casi sin darnos cuenta, hemos asumido también algo más profundo: que vivir peor forma ya parte del guion.

Ese es, probablemente, uno de los efectos más devastadores de la crisis climática. No solo transforma el territorio, los cuerpos o la economía; también coloniza la imaginación. Las distopías nos han enseñado a poner imágenes al colapso: ciudades abrasadas, escasez, humo, conflicto, vidas cada vez más asfixiadas. Lo que apenas sabemos imaginar, en cambio, es una sociedad que haya aprendido a llegar a tiempo: a enfriar sus calles, a reorganizar sus ritmos, a vivir de otro modo sin que esa posibilidad parezca ingenua. Nos faltan ecotopías.

Esa dificultad importa mucho más de lo que parece porque una sociedad que solo sabe imaginar su empeoramiento lo tiene más difícil para movilizarse y evitarlo. El miedo alerta, pero no basta para orientar; cuando se vuelve permanente, deja de empujar y empieza a paralizar. Si además no somos capaces de concebir soluciones, el ánimo colectivo puede oscilar entre la ansiedad, la evasión y el bloqueo. Cuando la amenaza se percibe como inmensa y no se ve cómo afrontarla, la desesperanza acaba convirtiéndose en inmovilidad o en huida mental frente al propio problema.

El discurso público sobre la transición ecológica puede agravar esta cuestión cuando nos presenta la única posibilidad de actuación como una suma de decisiones privadas: cambiar de coche, sustituir la caldera, instalar placas solares, comprar productos “verdes”. Como si la respuesta al calentamiento global dependiera, sobre todo, del poder adquisitivo de cada cual. Como si el futuro habitable fuese un lujo al que se accede por consumo. Ese relato, además de insuficiente, es profundamente excluyente. Deja a mucha gente fuera y alimenta una mezcla de impotencia, distancia y ecoansiedad.

No se trata, claro, de negar la gravedad de la situación ni de refugiarse en un optimismo vacío; los datos científicos están ahí y sería irresponsable mirar hacia otro lado. Pero una cosa es reconocer el peligro y otra aceptar que no existe más futuro posible que el colapso. La imaginación colectiva no es un adorno: es la capacidad humana que nos ayuda a definir qué consideramos posible, deseable y digno de ser perseguido.

Al fin y al cabo, todo cambio histórico importante empezó siendo una idea: alguien imaginó una ciudad sin esclavitud, alguien imaginó el voto de las mujeres, alguien imaginó que los seres humanos podrían volar. Por supuesto, imaginar no bastó; pero hizo falta. Ninguna transformación colectiva arranca solo con datos; necesita horizonte.

No es un horizonte que nazca de la nada. Se ancla y nutre de experiencias concretas: de ciudades como Medellín o París, que recuperan árboles y sombra; de cooperativas energéticas como Goiener o de comunidades solares como Ekiola; de agriculturas que regeneran el suelo o de edificios que vuelven a pensarse para refrescarse de forma pasiva. Nada de eso pertenece a la ciencia ficción: está ocurriendo ya. No es perfecto. No es tan rápido como nos gustaría, pero está ocurriendo.

Y cuando esas experiencias aparecen, cambia también la forma de contarlas. Empiezan a abrirse paso imaginarios como el hopepunk y el solarpunk, junto con las llamadas ecotopías. Estas no prometen mundos perfectos ni soluciones milagrosas, pero sí se atreven a proyectar hacia el futuro prácticas que ya existen: ciudades pensadas para las personas y no para los coches, energía compartida, tecnologías al servicio de la vida, bienestar medido de otra manera. No hablan de un planeta imposible; amplían el horizonte de lo concebible, de lo que puede llegar a ser.

Eso es importante porque no creo que la transición ecológica dependa solo de normativas, infraestructuras o avances técnicos; depende también de las imágenes que asociamos a una vida buena; de las historias que una sociedad es capaz de contarse sobre sí misma; de lo que aprende a desear.

Una de las tareas políticas y culturales de este tiempo, accesible absolutamente a cualquier ser humano, puede consistir precisamente en eso: en desarrollar la capacidad de imaginar el frescor. No como evasión, sino como proyecto. Imaginar calles con sombra, casas que respiren, ríos recuperados, barrios más amables, energía compartida, ciudades preparadas para cuidar la vida. Si solo sabemos imaginar el colapso, llegaremos a él derrotados de antemano. Imaginar ciudades, barrios y vidas más frescos, más habitables y más justos no es una frivolidad; es una condición para empezar a construirlos.

La polémica por los recursos judiciales contra varias oposiciones vascas que exigían un nivel C1 de euskera ha abierto un debate que va mucho más allá de una cuestión sindical. Según reveló 'Argia', detrás de algunas de esas impugnaciones estarían personas vinculadas a CCOO y a la asociación Euskara Denontzat, dentro de una estrategia organizada para cuestionar la presencia del euskera en la función pública. Tras las reacciones, la dirección vasca del sindicato compareció en Bilbao y defendió incluso la posibilidad de buscar candidatos “sin interés real” en las plazas para poder presentar los recursos. El gesto, más que aclarar, confirmó una sospecha: que el conflicto no es administrativo, sino cultural y político.

El euskera es lengua cooficial en Euskadi, pero ejercer ese derecho sigue siendo, en la práctica, una carrera de obstáculos. Muchos ciudadanos pueden comprobarlo en su día a día: atención médica que se ofrece casi siempre en castellano, trámites sin opción en euskera, servicios públicos que cambian de idioma en cuanto aparece un poco de prisa. Las leyes reconocen su oficialidad, pero carecen de mecanismos que garanticen su uso real. El resultado es un bilingüismo desequilibrado: los euskaldunes entendemos el castellano, pero buena parte de la sociedad no está preparada para atendernos en euskera.

En ese contexto, cada intento de normalizar la lengua encuentra resistencias. Los críticos de la exigencia de C1 la presentan como una barrera que impide la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el planteamiento parte de una premisa falsa. La verdadera desigualdad está en que una persona castellanohablante puede vivir, trabajar y moverse por todo el país sin haber tenido que aprender nunca otra lengua. En cambio, quien quiere vivir en euskera debe justificarlo constantemente. En realidad, no estamos ante un conflicto sobre méritos, sino ante una asimetría estructural que convierte el uso del euskera en una excepción.

Por otra parte, el C1 no favorece necesariamente a los hablantes nativos. Para obtenerlo, todo el mundo tiene que estudiar: dominar el euskera batua, la gramática normativa, la ortografía y los registros formales. Personas euskaldunes de toda la vida, acostumbradas a su variedad local, suspenden el examen, mientras otras con menos fluidez lo superan gracias a la preparación académica. Porque el C1 no mide identidad ni naturalidad, sino capacidad de estudio y disciplina. El estándar es exigente: no premia el origen, sino la formación.

Lo paradójico es que la única lengua que nadie necesita acreditar —la que no se examina jamás— es la que ya ocupa todos los espacios de poder. Esa asimetría se presenta como normalidad. Se asume que el castellano es “neutral” y que cualquier otra lengua tiene que justificarse. Así, bajo el discurso de la igualdad formal, se consolida una jerarquía histórica: el castellano como lengua de autoridad, el euskera como un añadido bonito, siempre pendiente de demostrar su utilidad.

Esa relación desigual no solo afecta a quienes usan el euskera. También empobrece al conjunto de la sociedad. En una comunidad donde una parte de la población vive encerrada en un solo idioma, se pierden referentes culturales, formas de mirar el mundo, matices que enriquecen la vida cotidiana. El monolingüismo resta mundo, no lo amplía. Defender el euskera no es un gesto identitario, sino una forma de ampliar derechos y de asegurar que la diversidad cultural tenga espacio real. Quien vive solo en castellano también pierde: pierde acceso a otra manera de entender la realidad y de reconocerse como parte de un país plural.

Vemos que la legislación actual proclama la igualdad lingüística; sin embargo, su arquitectura sigue asignando el poder al Estado central y a la lengua mayoritaria. Los derechos lingüísticos se reconocen sobre el papel, pero no cuentan con garantías colectivas que permitan a las lenguas minorizadas sostenerse por sí mismas. Por eso, aunque la Constitución y los estatutos autonómicos hablen de “cooficialidad”, la realidad es mucho menos simétrica: el euskera depende de voluntades políticas coyunturales, no de una estructura de derechos efectiva.

Bajo el discurso de la igualdad formal, se consolida una jerarquía histórica: el castellano como lengua de autoridad, el euskera como un añadido bonito, siempre pendiente de demostrar su utilidad

El resultado es un espacio público donde el bilingüismo solo funciona en una dirección. El castellanohablante vive sin obstáculos; el euskaldun se adapta. Los defensores del monolingüismo consideran que el sistema actual ya es justo. Pero un modelo que obliga siempre a una de las partes a cambiar de lengua no es equilibrio: es subordinación.

En un país que aspira a ser democrático y plural, la lengua no puede seguir siendo un factor de exclusión velada. Garantizar los derechos lingüísticos no es privilegiar, sino hacer justicia. Y exigir competencia en euskera para trabajar en la administración pública no es una barrera: es un paso lógico para que toda la ciudadanía pueda utilizar la lengua que elija.

Si algo demuestra la controversia del C1 es precisamente eso: que el requisito no favorece a nadie por nacimiento, sino a quienes más estudian, más se esfuerzan y más apuestan por un bilingüismo real. La igualdad empieza ahí, cuando comprenderse mutuamente deja de ser un mérito y se convierte, por fin, en un derecho compartido.