¿Por qué las organizaciones empresariales españolas han decidido no sentarse a debatir sobre la participación de los trabajadores en las empresas? La pregunta es relevante porque lo que está en juego no es una ocurrencia política coyuntural, sino el desarrollo de un mandato constitucional que lleva casi medio siglo pendiente.

El pasado 2 de febrero el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó el informe “Democracia en el trabajo”, elaborado por una comisión internacional de expertos en relación con el artículo 129.2 de la Constitución española. Este precepto establece dos mandatos: los poderes públicos deben promover eficazmente las diversas formas de participación de los trabajadores en la empresa y facilitar su acceso a la propiedad de los medios de producción.

No se trata de una idea nueva. La participación de los trabajadores en la empresa ya figuraba en la Constitución de 1931, que preveía su presencia en la dirección, la administración y los beneficios empresariales. Sin embargo, pese a estar recogido en la Constitución vigente desde 1978, el artículo 129.2 apenas ha tenido desarrollo efectivo y sigue siendo una promesa constitucional pendiente.

El informe presentado por el Ministerio analiza esta situación y pone de relieve una paradoja evidente: mientras en España el debate parece novedoso, en gran parte de Europa la participación de los trabajadores en la gobernanza empresarial es una práctica consolidada desde hace décadas.

La Unión Europea lleva años promoviendo este modelo. Diversas directivas y resoluciones comunitarias reconocen sus ventajas y recomiendan a los Estados miembros facilitar su implantación. En países como Alemania, Austria, Francia, Suecia o Países Bajos, los trabajadores participan en los órganos de administración o vigilancia de las sociedades.

La participación financiera también está bastante extendida. En Francia o Suecia los trabajadores poseen participaciones relevantes en el capital de numerosas empresas. Incluso fuera de Europa existen modelos consolidados, como el sistema ESOP en Estados Unidos.

España no es completamente ajena a estas experiencias, aunque su desarrollo ha sido limitado. La participación de los trabajadores se ha concentrado principalmente en el ámbito de la economía social: cooperativas, sociedades laborales y cajas de ahorro, y en determinados casos derivados de la normativa europea.

Aun así, existen experiencias relevantes tanto en empresas públicas como privadas. También en sociedades europeas con presencia en España donde los trabajadores participan en órganos de administración o vigilancia.

El informe parte de un diagnóstico más amplio sobre los desafíos que afrontan nuestras economías: desde la sucesión empresarial en las pymes hasta la crisis de competitividad e innovación, pasando por la gobernanza de la inteligencia artificial, la creciente desigualdad o la fragilidad de nuestras democracias.

En este contexto, reforzar la participación de los trabajadores no es solo una cuestión laboral. Puede contribuir a mejorar la innovación, la resiliencia empresarial, la calidad del empleo y la sostenibilidad social.

Por ello, el informe propone avanzar hacia una democratización progresiva de la empresa mediante diversas medidas: una futura ley que fomente la participación de los trabajadores, incentivos fiscales, instrumentos en contratación pública, la creación de fondos ciudadanos o indicadores que permitan evaluar el desarrollo de la democracia corporativa.

Para debatir estas propuestas, el Ministerio de Trabajo convocó el pasado 12 de marzo la mesa de diálogo social. Los sindicatos acudieron y destacaron la importancia de reforzar la democracia, y en particular en la empresa.

Las organizaciones empresariales, en cambio, decidieron no asistir. En su lugar calificaron la propuesta en los medios de comunicación como un ataque populista al mundo empresarial, un ejercicio de intervencionismo o incluso una amenaza al derecho de propiedad.

Estas afirmaciones merecen algunas aclaraciones.

En primer lugar, la participación de los trabajadores en la empresa no es una idea radical ni marginal. Es una práctica extendida en numerosas economías avanzadas y defendida desde posiciones políticas muy diversas.

En segundo lugar, numerosos estudios muestran que estos modelos no reducen la inversión. Al contrario, suelen mejorar la productividad, la innovación, la calidad de la organización del trabajo y la estabilidad a largo plazo de las empresas.

Además, la propuesta objeto de debate no plantea “regalar” empresas a los trabajadores. Lo que plantea es que los convenios colectivos o los acuerdos de empresa puedan establecer mecanismos de participación de las personas trabajadoras en las decisiones estratégicas y en el capital. Solo en ausencia de acuerdo se prevé una participación mínima, similar a la existente en otros países europeos. 

La participación en la gobernanza empresarial puede adoptar diversas formas: desde mecanismos reforzados de consulta a través del comité de empresa hasta la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración o supervisión. De hecho, el informe propone adaptar la legislación española para permitir sistemas de gobernanza dual, habituales en la mayoría de las economías europeas.

En última instancia, el objetivo es sencillo: que las empresas españolas dispongan de herramientas similares a las de otros países europeos para afrontar los desafíos de una economía basada cada vez más en la innovación y en los activos intangibles.

Por eso sorprende que este debate no haya querido abordarse por la patronal en el espacio natural para hacerlo: el diálogo social.