Es curioso comprobar como los dos cambios fundamentales que han sacudido la tramitación de un proceso penal en los últimos treinta años, aligerando notablemente la labor de los jueces, han venido sin reformas legislativas de calado. Por un lado, en el ámbito del enjuiciamiento, la conformidad penal se ha generalizado, simplificando el trabajo de los juzgadores, a quienes las partes ofrecen el fallo ya pactado; por otro lado, en el ámbito de la instrucción penal, ya no asombra el dejar la investigación en manos de fuerzas policiales, lo que ha difuminado hasta el desconcierto la labor de la justicia.

Esto se advierte particularmente en la Audiencia Nacional donde, desde hace años, los jueces de instrucción han dejado de instruir, encargando a los cuerpos de seguridad, en alguna de sus siglas, que averigüen lo que ha pasado y le traigan la sentencia hecha. Parecerá sorprendente, pero hace no tanto tiempo la policía no existía en el proceso penal: era el juez el encargado de recabar los datos, decidir las pruebas y valorar su resultado. Ahora, sin ningún cambio en la ley, los jueces delegan en la policía no solo la función de buscar datos y aportarlos al procedimiento, sino también la labor de valorar tales datos y sacar conclusiones. El proceso se ha convertido así en un expediente vacío donde todos, desde el juez hasta los imputados, quedan a la espera de que la policía aporte sus conclusiones cocinadas extramuros. 

Meditaba yo sobre estas cuestiones mientras me disponía a leer el auto de Calama con el ánimo encogido, con esa aprensión del espíritu de quien abre una novela triste que termina mal. Parecería que toda decepción es, por naturaleza, imprevisible; sin embargo, en este caso se me antoja predecible y, de tan obvia, me ronda antes de leer nada. 

Según me interno por las páginas del auto, se confirman mis primeros temores: estamos ante un texto policial. Será un pálpito estilístico, si quieren, pero el tenor atrancado, quebrado y reiterativo del auto sugiere un origen en un corta y pega de previos relatos, de anteriores informes de los que se han seleccionado párrafos sin una estructura lineal ni ordenada; en un discurso inaprehensible, desfilan ante nosotros personas que no sabemos quiénes son ni qué hacen. No solo es una cuestión de estilo: el auto del juez sumerge la descripción de hechos en un océano de insinuaciones y juicios de valor típicos, y al tiempo impropios, de un atestado policial. Ello otorga a la resolución un tono extrañamente apodíctico, insólito en un simple auto de imputación. 

Volviendo a su fortaleza, el señor se queja a su sirviente de lo largo que es el camino de regreso. “Dé gracias a que el camino sea largo”, le replica este, “si fuera más corto no llegaba al castillo”. Algo parecido le sucede al auto de Calama. A lo largo de páginas enteras intenta desgranar la “influencia en la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra”, pero el camino no llega al castillo. Lo que describe, con un detalle minucioso, son las gestiones de Julio Martínez, al mando de Análisis Relevante, en favor de Plus Ultra. En este capítulo, Zapatero no aparece: se habla de él, pero no consta ni una llamada, ni un correo, ni un mensaje que haya remitido o recibido. El auto asume, con cierto azoramiento, que habría ejercido un liderazgo que “no se manifiesta de forma formal o pública”, lo que parece extraño, porque la influencia consiste precisamente en dejarse ver, en actuar públicamente, en hacer valer su presencia para mover voluntades. Zapatero es un líder que no hace nada, que no se manifiesta; una especie de dios. 

Sí que se describe que Análisis Relevante hizo bastantes cosas a favor de Plus Ultra en relación con la ayuda que pretendía: gestiones para presentar su petición, agendar reuniones, canalizar y hacer seguimiento de la solicitud, interesarse por la tramitación... Bien, nada de esto supone una influencia en la concesión. 

Como recordarán los más veteranos, el tráfico de influencias entró en el Código Penal en 1991, a rebufo del escándalo de Juan Guerra, alentado por un legislativo que creía, como sigue creyendo hoy, que el respeto a la legalidad se garantiza aumentando la lista de conductas ilegales. Desde entonces, este delito ha ido buscando su acomodo a puros codazos con la actividad de ‘lobby’, actividad lícita y oscura, propia de quienes viven de monetizar su agenda de contactos. La línea divisoria entre una y otra actividad es delicada y fina, casi imperceptible pero necesaria, porque separa el delito de lo que no lo es. 

Quizás el tajamar habría de colocarse en la influencia: hay delito cuando al resolver el funcionario está sucumbiendo a la influencia de un tercero; cuando el funcionario, con su decisión, está respondiendo a un favor que se le pide, aunque lo que se le pida sea legal. Siendo sinceros, esto no aparece por ninguna parte en el auto: ayudar a una empresa a que su petición tenga éxito no es delictivo. Por el contrario, el juez destacará que SEPI pidió más y más información, al menos en cinco ocasiones, a Plus Ultra, de quien se llega a decir que falseó los datos presentados y maquilló su situación patrimonial. Si la ayuda estaba concedida de antemano, ni la SEPI hubiera pedido tantas explicaciones ni Plus Ultra hubiera tenido que falsearlas. 

Estas deficiencias argumentales se observan también respecto a las gestiones de Julio Martínez ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para que autorizaran unos vuelos a la aerolínea. No hay delito en pedir algo a la administración y que esta conceda lo pedido. Consciente de ello, el auto debe insinuar que Julio Martínez tenía una “posición de influencia” en el Mayor General presidente del INAC, pero no explica de dónde saca semejante conclusión.

Finalmente, la referencia a la constitución de unas sociedades en Dubai ya entra en el auto derrapando. No convendrá poner la mano en el fuego, que luego uno se tiene que comer sus palabras, pero el relato apunta a un conocido sesgo policial: cuando la sospecha es infundada pero muy golosa, no te resistas a plantearla. El indicio es este: un tipo le informa a Julio Martínez sobre cómo crear una sociedad en Dubai y la víspera Julio había comido con Zapatero, con reserva previa únicamente para dos personas. Debe haber algo que se me escapa porque, como indicio, es más que pobre.   

El auto ofrece, en definitiva, poca chicha. Termina su argumentario con la relación de pagos a Zapatero y sus hijas, en un capítulo inexplicablemente breve del auto --no más de cinco páginas de las ochenta y cinco que tiene-- y confuso --la policía suele mezclar las cantidades facturadas con las recibidas, haciéndose un lío con el IVA--. Y es aquí donde encontramos la parte que nos convoca los sentimientos más encontrados. En una primera lectura, muestra una debilidad de enfoque: Zapatero no ha recibido ni un euro de Plus Ultra, y no hay prueba que vincule lo que cobró de Análisis Relevante con lo que esta sociedad recibió de aquella. Las cifras no cuadran en absoluto. De hecho, Zapatero ha cobrado de Análisis Relevante más dinero del que esta recibió de Plus Ultra. Nada relaciona los pagos a Zapatero con la aerolínea ni con gestiones a su favor. 

El hecho de que estas transacciones no vengan vinculadas a Plus Ultra deja pendiente la explicación de su razón de ser. Y aquí viene la segunda lectura, ya más desconcertante porque, puesto el foco en esta cuestión, no nos sacamos de la cabeza un molesto ruido de fondo. De ser ciertas las cantidades expuestas en el auto, Zapatero y sus hijas habrían cobrado de Análisis Relevante mucho dinero, tal vez la mitad de todo lo facturado por esta empresa, demasiado como para desentenderse de sus vicisitudes y pretenderla completamente ajena. 

En fin, en alguna de las llamadas interceptadas, alguien llama a Julio Martínez “lacayo” de Zapatero. Más que un lacayo, como he adelantado, aparece en el relato de Calama como el sacerdote de un dios que no se manifiesta. Es posible que, como hacen todos los sacerdotes, este hombre haya vendido falsas influencias. Tal vez Julio Martínez se anunciara en sus tarjetas como “amigo de Zapatero”, como Anton Schindler ponía en las suyas “amigo de Beethoven”, gracias a las cuales se le abrieron puertas y tendieron alfombras. Lo malo es que este dios ha cobrado del sacerdote, así que será una buena oportunidad para que aproveche el inmenso crédito moral que todavía posee en colmarnos de explicaciones, y nos aclare el contenido y destino de los trabajos que cobró. 

Termino el auto decepcionado, como suponía, pero no rendido. La decepción es un tesoro precioso, un privilegio al alcance solo de los ingenuos. No dejemos de creer.

Primer ingrediente: el derecho a mentir. En una escena de la clásica película “Testigo de Cargo”, Charles Laughton, abogado del acusado, llama a estrados a su propio cliente, Tyrone Power; le hace una pregunta irrelevante y le deja al pie de los caballos, para que le interrogue la otra parte. La maniobra era arriesgada, incluso temeraria, aunque desde nuestra perspectiva continental no se termine de entender la jugada. En el sistema inglés, y en Estados Unidos tras la aprobación de la Quinta Enmienda, el acusado tiene derecho a guardar silencio y a no declarar; de hecho, en estos países es habitual que el acusado no abra la boca. Y no lo hará porque el derecho se queda en esa frontera: puede guardar silencio, pero si quiere declarar tendrá que decir la verdad, declarará bajo juramento y será conminado a contestar todas las preguntas. Si se le pilla en un renuncio, se le acusará de falso testimonio.

Nuestro sistema es diferente: la Constitución garantiza el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. La interpretación de este derecho fundamental abarca en nuestra tradición jurídica un abanico de posibilidades. El acusado puede declarar o no, contestar a unas preguntas sí y a otras no, responder a su abogado pero no al fiscal, empezar contestando pero cambiar de opinión. Nunca se le tomará juramento para ello y, en caso de que se le advierta alguna mentira, no responderá de un delito de falso testimonio, que afecta a testigos pero no a imputados. Los teóricos se quitan la caspa diciendo que en España el imputado no tiene estrictamente un derecho a mentir pero, seamos francos, en la práctica existe.

Segundo ingrediente: la atenuante de confesión. En nuestro Código Penal existe esta atenuante, limitada a aquellos casos donde el culpable venga a confesar su delito antes de saber que hay un procedimiento donde se le investiga. Nuestros tribunales, buscando una finalidad utilitarista, a veces extienden la atenuante por analogía a supuestos donde, aun iniciado un proceso, el culpable confiesa y ayuda a resolver el asunto de manera relevante. En todo caso, la confesión debe ser veraz, aportar datos reales, contrastados y demostrables; debe ser coherente y sostenida en el tiempo y, ciertamente, debe estar vinculada a los hechos que son objeto del procedimiento. La confesión en un asunto no te atenúa la pena en otro. Al menos, todo era así hasta ahora. Y, desde luego, la delación no se contempla en ningún caso como atenuante.

Tercer ingrediente: las declaraciones de los coimputados, que no valen gran cosa. Nuestros tribunales han reiterado que no sirven como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resulten corroboradas por otras pruebas. El Tribunal Constitucional ha llegado al punto de llamar a la declaración de un coimputado prueba “sospechosa” (STC 68/2001) en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar parcial o totalmente lo que le interesa; de hecho, como hemos visto, puede mentir impunemente. En sí misma, la declaración no vale nada; habrá que buscar datos objetivos que la respalden y, en sentido contrario, valorar motivos espurios que pudieran privarle de credibilidad, como el afán de exculpación o el ánimo de obtener algún tipo de beneficio punitivo.

Elaboración de receta: se juntan estos tres ingredientes y tenemos un proceso podrido. La imagen de Víctor Aldama compareciendo en la más alta tribuna de nuestro más alto tribunal, ejerciendo de apóstol y propagandista, es desoladora. En una relación simbiótica, Aldama utiliza la oportunidad concedida para ensuciar, insinuar, contradecirse, patalear contra el Gobierno sin aportar nada, en una declaración donde apenas se le hacen preguntas. Es un parlamento, un coloquio donde se explaya, con el permiso del Tribunal y la satisfacción de la Fiscalía Anticorrupción, sobre cosas que no tienen nada que ver con el objeto del pleito, que ya no sabemos de qué va: empezaron siendo las mascarillas, pasaron a ser las chicas y ahora es la pura mugre. Amparado en su derecho a no decir la verdad, Aldama no confiesa; simplemente dice cosas, pero esto no es confesar. ¿Qué confiesa insinuando la responsabilidad de Pedro Sánchez? Nada de lo que ha dicho esta persona ha permitido descubrir algo que no se supiera antes. Del delito más grave que enfrenta, un delito fiscal por importe de millones de euros, no ha confesado; no lo necesita, sabe que no irá a la cárcel.

Aldama ha descubierto que cuanto más alto apunte, menos tiempo pasará en prisión; alguien se lo ha dicho, y este elemento simbiótico es lo realmente inquietante. Aldama es un instrumento sospechoso: se le da audiencia porque se le necesita. De nada de lo que dice hay pruebas, pero precisamente por ello alguien parece tener interés en escucharle con atención, en dar valor a lo que no vale nada, porque en el objetivo que alguno tiene fijado sobre Ferraz, no cuentan con más balas que el pobre testimonio de un mentiroso. No es munición bastante, pero lo intentarán, ya verán ustedes.

En fin, el Tribunal Supremo no vivió su mejor día al permitir a Aldama en sesión solemne dar una conferencia inmunda. Lo peor, con todo, está por llegar.

Imaginen que, al comprar un coche, les ofrecen dos opciones: hay una marca cuyos modelos apenas se averían, pero si lo hacen, no los reparan; otra, en cambio, tiene vehículos menos fiables, pero si fallan los arreglan sin demora. ¿Por cuál se decantarían? Imaginen un país donde hay poca corrupción, pero cuando se descubre no se castiga, mientras que en otro, con políticos más corruptos, estos siempre terminan en el banquillo y castigados. ¿Cuál de los dos países entenderían ustedes como más fiel a los principios democráticos propios de una sociedad moderna? ¿Podría ser más honesto y decente el país más corrupto? Probablemente, porque la impunidad es la peor de las corrupciones. Aquí está la clave: los políticos son siempre el blanco de las dianas, pero no sólo está en sus manos la llave de la virtud pública; también está en las manos de los jueces, porque la ejemplaridad ética de una sociedad no depende de que el coche no se averíe nunca, sino de garantizarse los medios para solventar el problema cuando aparece.

Por esta razón el juicio de la Kitchen nos muestra un fracaso especialmente desolador, porque no solo expone ante la ciudadanía unos delitos ejecutados por el mismísimo Gobierno de España, orientados por la villanía de ocultar otros anteriores cometidos por el Partido Popular, sino también porque pone sobre el tapete las maniobras que han conllevado la impunidad programada de sus más altos dirigentes.

En este juicio hijo de la Gürtel, madre de todas las tramas, quedan retratados políticos pero también jueces. Retengamos el nombre de tres, suficientes para triangular el drama de la impunidad: el primero sería Baltasar Garzón, aquel que se atrevió a hincarle el diente a esta urdimbre corrupta; fue expulsado de la carrera por haber tomado una decisión que le había solicitado la Fiscalía y que, cuando el asunto pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue adoptada nuevamente por Antonio Pedreira Andrade, a quien nadie inquietó. “Se va a jubilar pronto, está enfermo”, me dijo un magistrado del Tribunal Supremo para intentar explicarme por qué le habían perdonado a este su (supuesto) delito; la pieza a cazar era otra.

El segundo juez de este drama sería Ángel Luis Hurtado Adrián, el magistrado que protegió a Rajoy de las preguntas de Mariano Benítez de Lugo en el juicio de la Gürtel y que, concluido este, firmó un imaginativo voto particular a la sentencia sosteniendo que Luis Bárcenas había llevado la contabilidad extracontable del Partido Popular “a espaldas del propio partido”. No se rían, no, que aquel voto le llevó directo al Tribunal Supremo.

Y la tercera pata del taburete es, lógicamente, Manuel García-Castellón. Menudo papelón el de este magistrado, que va por las esquinas lamentándose de que le llamen prevaricador. Ignoro si lo es, aunque cualquiera de las crónicas explicando sus maniobras —pueden quedarse con alguna de Pedro Águeda— podría trasponerse sin mucha dificultad como hechos probados en una sentencia. En el Partido Popular suspiraban por el regreso de García-Castellón a la Audiencia Nacional, suplicando (reconozcamos que sin mucha altura lírica) para que el juez provisional se retirara a Ontinyent; regresó el convocado y, con un conjunto de decisiones incomprensibles, fue el encargado de echar el freno al proceso para dejar fuera a los dirigentes del partido que tanto le añoraba.

En la película Algunos hombres buenos, el coronel Nathan Jessup se debate violentamente al afrontar en juicio la pregunta definitiva: ¿ordenó usted el código rojo? En la alternativa de reconocer que dio la orden o, por el contrario, asumir que no se enteraba de lo que pasaba bajo su mando, el prurito profesional del coronel le lleva a reconocer que sí, que la dio, porque en su orgullo prefiere quedar de delincuente que de inepto. Este debate ético entre el mando y el pellejo, que he visto tantas veces en responsables de empresas donde se comete un delito, no le alcanza desde luego a Rajoy, que para salvar el pellejo renuncia al mando. El Partido Popular se financió ilegalmente recolectando dinero de empresarios; su presidente no sabía nada. Reconstruyó la sede de Génova ‘a fundamentis’ con dinero negro; su presidente no se enteró. Pagaron con sobres a ‘M. Rajoy’; su presidente no sabe quién es. Ordenó perseguir a Bárcenas para quitarle la “libretita”; su presidente seguía en Babia. No hay quien se crea este nivel de inopia, pero a Rajoy le sale gratis porque no le votaron por enterarse de las cosas sino por fingir ignorancia sobre ellas, en ese sutil ejercicio de cinismo que consiste en hacerse el tonto y, con ello, hacer quedar de tontos a los demás.

Rajoy purgó su mala conciencia añadiendo que respecto a aquella operación de la que usted me habla y de la que no sé nada, solo sé que fue legal. No hay que descartar que, en caso de condena, acompañe a su ministro del Interior a la puerta de la cárcel, que la lealtad de un subordinado suele ser más barata que la del superior.

¿Y ahora qué hacemos? Pues cualquier opción es complicada. Algunas voces reclaman reabrir la investigación, en la esperanza de que la Audiencia Nacional deduzca testimonio para que se investigue ahora a Rajoy o a Cospedal. Varios de los delitos que son objeto de acusación en esta causa tienen plazos de prescripción de quince años, gracias a las largas penas de inhabilitación que llevan aparejados, lo que ampararía la posibilidad de investigar de nuevo lo sucedido entre 2013 y 2015. Pero, francamente, es poco probable que el tribunal se decante por esta opción, como ya ha adelantado al denegar la cuestión previa solicitada en tal sentido. Bárcenas se ha encargado de dilapidar su propio crédito, así que las pruebas contra estos dirigentes tendrían que ser especialmente elocuentes como para superar las líneas rojas que su día impidieron enjuiciarlos.

Aparte de eso, el transcurso del tiempo pesa como un escollo. “Al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal”, denunciaba Alonso Martínez al presentar en 1882 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía hoy vigente. Recordaba aquella advertencia al ver a las acusaciones forcejear inútilmente con el tribunal para formular a Rajoy alguna pregunta comprometedora. Comprendo sus protestas cuando se las denegaban, como también entiendo las decisiones que protestaban. Se llama a un testigo a juicio para que informe de lo que ha visto u oído, pero no se le puede formular bajo juramento una pregunta cuya respuesta pueda incriminarle. La Audiencia Nacional ha permitido algunas, en lo que entiendo que responde a una práctica cada vez más asentada. Sin ir más lejos, en el juicio de las mascarillas que se tramita en el Tribunal Supremo en paralelo a este, se preguntó a Carlos Moreno si había pedido o recibido un soborno; esa no es una pregunta para un testigo que va a juicio sin abogado.

En cualquier caso, Bárcenas, Rajoy y Cospedal han prestado declaración, exponiendo al tribunal lo que tuvieron a bien. Los tres han declarado como testigos, con obligación de decir verdad; visto que sus declaraciones son contradictorias, sobre todo las de Bárcenas y Rajoy, alguno de los dos ha tenido que mentir al tribunal. Se ha cometido un delito de falso testimonio y espero que los jueces investiguen cuál de los dos ha sido; por aquí se abriría un resquicio para valorar la eventual responsabilidad de Rajoy no tanto por su implicación en la trama sino simplemente por mentir. Por lo demás, Bárcenas reprochó a Rajoy la comisión de un hecho grave que lesiona la dignidad del aludido, así que estemos vigilantes para ver si este pide permiso a la Audiencia Nacional para querellarse contra Bárcenas por injurias, si es que tiene su versión por falsa.

Rajoy compareció en el Congreso en diciembre de 2021 para decir que nunca había pisado la ‘cocina’ que ahora se enjuicia. El delito de falso testimonio en una comisión de investigación, que el Partido Popular pretendió usar contra Santos Cerdán, prescribe a los cinco años, así que se podrá revisar el contenido de aquella comparecencia y contrastarlo con lo que está saliendo ahora en el juicio. Pero también sería una opción de recorrido incierto.

En fin, mucho que decir y poco que contar, como lamentó Arsenio Iglesias en la rueda de prensa más triste del mundo. Reactivar la investigación de esta trama corrupta para dirigirla ahora contra quienes fueron orillados es muy complejo. La estrategia que nos ha llevado hasta esta impunidad ha tenido éxito. Por eso, en mi opinión este juicio no es sólo un proceso contra la operativa político-mafiosa dirigida a eliminar pruebas de delitos; los recientes testimonios lo convierten también en un proceso contra la operativa político-judicial que mediante un peculiar tráfico de destinos (un juez a la calle, otro al Supremo y un tercero “a tomar por culo a Onteniente”) consiguió que los jueces no hicieran lo necesario para que Rajoy o Cospedal se sentaran en el banquillo. En fin, “el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte”, dijo Aznar. “El que pueda no hacer nada, que se esté quietecito”, debió añadir.

Desconfíen de quienes alardean de tener muchos principios; aplicarán uno diferente en cada ocasión. Lo mismo sucede con el proceso penal: le bastan unos pocos principios básicos, que caben en un artículo de la Constitución, así que desconfíen de los procedimientos que aplican normas especiales. El proceso es la garantía, y el manoseo de sus normas tiende a subvertir su naturaleza; tanto, que a veces desaparece para convertirse en una penosa sucesión de actos previos a una condena anunciada.

Ya tenemos aquí el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama. Se le ha llamado el juicio de las mascarillas porque, en efecto, el origen de la imputación gira en torno a unos contratos públicos de suministro de mascarillas firmados durante la pandemia. Según la acusación, unos empresarios pagaron a Koldo y a Ábalos para promover que organismos del Ministerio de Transportes compraran el material. El relato ofrece elementos turbadores, como la ubicua presencia de Koldo arrastrando su perfil lombrosiano entre bastidores, pero se formula de manera confusa y ofrece esquirlas de debilidad: parece deducirse que los empresarios sobornaron para tener información privilegiada que les permitiera presentar una mejor oferta, pero que no pagaron para conseguir los contratos. En coherencia con dicha tesis, la Fiscalía no verá malversación en estas adjudicaciones: no habría existido perjuicio para el patrimonio público. Aldama, que ganó más de tres millones y medio de euros con estos contratos, no tendrá que devolver este importe a las entidades contratantes. Por si fuera poco, la acusación no encuentra el dinero del soborno, que aparece muy a cuentagotas; se ignora cuánto pudo haber recibido esta extraña pareja por facilitar la contratación.

Cuando los malos cocineros advierten que el plato les ha quedado escaso, lo rellenan de guarnición. Como la compra de mascarillas resulta algo insulsa, comparece en juicio sepultada en una salsa hedionda emulsionada con un conjunto de corruptelas, toscas y cutres, que parecen sacadas de una película franquista de bajo presupuesto: Ábalos colocó a su novia en una empresa pública que no pisaba; le puso un apartamento pagado por un empresario amigo; pasó unos días en Marbella invitado por otro; consiguió aplazar la deuda tributaria de una empresa de Aldama; otro empresario interesado en una licencia de hidrocarburos le ofreció en alquiler un chalet en La Línea; se repartía con Koldo diez mil euros al mes de coimas... Esta guarnición apesta a podrido. De ser ciertos, son hechos bochornosos, políticamente demoledores, que mueven tanto a la indignación como a la vergüenza ajena. Con todo, no nos engañemos, no alcanzan la gravedad que se esperaba: los millones no aparecen. Una corrupción de libro, o más bien de cómic, que cumple el objetivo buscado: en la resolución donde el instructor, Leopoldo Puente, concluye la investigación y hace un relato de los hechos, mencionará ya los contratos de mascarillas en último lugar. Para cuando el lector llega a ese capítulo, está asqueado de sinvergonzonerías.

Conociendo el menú que será enjuiciado, veamos el procedimiento que se ha seguido, porque aquí el Tribunal Supremo empieza a desafinar. Estas disonancias provienen del uso simultáneo de dos instrumentos procesales que alteran el normal desarrollo de un proceso: la formación de piezas separadas y el aforamiento. La combinación de ambas figuras ha originado un estropicio difícil de arreglar.

El juicio que comienza en el Tribunal Supremo nace como una hijuela de un procedimiento tramitado ante el antiguo Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional, al que había correspondido la querella de la Fiscalía por la compra de mascarillas. Al desprenderse indicios contra un aforado, el juez remitió la causa al Supremo, órgano que adoptó entonces una extraña decisión: no investigaría a todos los implicados sino solamente a Ábalos, único aforado, aunque a la postre incluyó también a Koldo y Aldama. Pero esto no se puede hacer, y además es imposible, porque los jueces no investigan personas, investigan hechos.

De aquí proviene el grave desajuste que lastra este proceso: a partir de entonces, tenemos dos tribunales investigando los mismos contratos de mascarillas: uno a los políticos corruptos (Tribunal Supremo) y otro a los empresarios corruptores (Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional). Koldo, por estar en medio, seguirá imputado en ambos sitios. El vodevil se complica porque, en su expansión, el Supremo también analizará supuestas gestiones para favorecer la concesión de una licencia de comercialización de hidrocarburos, hechos investigados en el antiguo Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional. Una locura. Cuando un informe de la UCO quiso advertir irregularidades en la contratación de obra pública del Ministerio de Transportes, amenazando con eternizar la investigación, el Supremo puso pie en pared: abrió una pieza separada para dejar este tema aparcado y no juzgarlo ahora, para no hacerlo nunca.

En definitiva, el órgano sentenciador ha diseñado un artilugio para definir cuidadosamente el alcance objetivo (hechos) y subjetivo (acusados) del juicio que celebrará.

Las consecuencias son devastadoras: el Tribunal Supremo analizará si ciertos políticos fueron corrompidos por empresarios; juzgará a los políticos, pero no a los empresarios. Se dispone a decidir si urdieron con directivos de ADIF la contratación en falso de la novia del ministro; juzgará al ministro pero no a los directivos. En una muestra de cierto cinismo llamará a estos empresarios y directivos a declarar como testigos, después de mantenerlos al margen del procedimiento, convocándolos a declarar bajo juramento. No podrán hacerlo; están imputados en la Audiencia Nacional. El Supremo no los juzgará, no escuchará a sus abogados, no les dará oportunidad de defenderse; sin embargo, como ustedes comprenderán, una condena a Ábalos los condena también a ellos, porque si el Supremo advierte delito en la trama y ellos son parte de la misma, no habrá tribunal que los absuelva.

Lo propio sería que el Tribunal Supremo, ahora que Ábalos ha cedido el foro, devolviera el asunto a su juzgado de origen; ninguna ley lo impide. Pero no lo hará; urge celebrar el juicio. Ello explica, de paso, la acelerada y superficial instrucción del asunto, confiando prácticamente el esclarecimiento de los hechos a la palabra de Aldama. Por poner un ejemplo, el magistrado sostiene que está “plenamente justificado” que los acusados consiguieron el aplazamiento indebido de una deuda tributaria; el fiscal nos dirá que “no llegó a producirse”. ¿Tan difícil era aclararlo antes del juicio?

Seamos realistas: para averiguar la verdad de lo sucedido, habría que investigar bastante más y juzgar a todos los implicados juntos; pero para condenar a Ábalos y Koldo, no es necesario. Estamos ante un juicio de objeto delineado y, en esta medida, orientado a un desenlace. Y el desenlace es la condena de esta pareja.

Para este pronóstico no es necesario leer entre líneas las decisiones del Tribunal; basta leer las líneas mismas. En una resolución de octubre del pasado año Leopoldo Puente mostraba su estupor por que Ábalos siguiera siendo diputado; su estupor constata la demolición del principio de presunción de inocencia. Que un inocente sea diputado no debería llamar la atención nunca, pero al Supremo le espanta porque lo tiene por culpable. Cuarenta días después de aquella resolución, el mismo instructor estupefacto decidió meterlo en prisión, junto con Koldo, aclarando que los encarcelaba porque el juicio se acercaba, las penas a que se enfrentan son estratosféricas y la inminente condena será irrecurrible, firme y de inmediato cumplimiento, que ya ven ustedes los beneficios de este privilegio al que llaman aforamiento, que te deja sin recurso.

Pero el estupor del magistrado denotaba algo más profundo y oscuro, que es el sueño de soberanía que aqueja a ciertas magistraturas: es el estupor de un dios atónito al ver que su palabra no tiene poder omnímodo. Es inevitable vincular el precipitado arrojo del Supremo contra Ábalos y Koldo a este deseo de reivindicarse frente a otro poder del Estado. Coincidiendo con el ingreso de Ábalos en prisión, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura aprovechaba la clausura de su congreso para insolentarse con el ministro de Justicia: “nos vas a tener de frente”. Ahí lo tienen. “Deseo que tus reformas duerman el sueño de los justos”, añadió. Ya no parece escandaloso que los jueces critiquen las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o, en su caso, a una aplicación tan restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; así ha pasado con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes. Les recomiendo el documental “Justicia capturada” para que vean, en la experiencia de Rumanía, cómo sería un poder judicial sin ningún contrapoder: se convertiría en una camarilla de cofrades, donde ascenderían los amigos y se condenaría a los enemigos; si no les gusta la palabra mafia, quédense con que se parecería a una federación de fútbol. La asociación judicial mayoritaria en los jueces, y también en el Tribunal Supremo, está enfrente del gobierno, y eso explica muchas cosas.

En fin, estos jueces no creen en la presunción de inocencia; al menos, que no se crean que somos todos unos inocentes.