Una patera llegó a Europa hace años, ya no recuerdo el lugar. En ella viajaban una docena de jóvenes subsaharianos y un niño. La cooperante de la Cruz Roja pregunta a los adultos por el crío; todos se encogen de hombros negando con la cabeza: no es su hijo. La cooperante toma de la mano al chaval y se lo lleva para entregarlo a los servicios sociales. De repente, el niño se zafa y corre para abrazarse, llorando de desesperación, a las piernas de uno de los pasajeros, su padre. Consciente del destino que les espera, el padre se desprende del hijo en un arrebato de impotencia, a puro manotazo: ¡no te conozco, aléjate!, solloza entre patadas. Ignoro el destino del niño. Es posible que, como otros muchos, haya ido dando tumbos entre unas autoridades provida que les cierran las puertas, que se niegan a acogerlos, que se tapan la nariz para barrerlos a la comunidad vecina como residuos tóxicos. Es posible que hoy, tras pasar por los orfelinatos de desamparados de media España, este moderno Oliver Twist vagabundee por los parques madrileños, soportando a la intemperie que las brigadas de limpieza de Almeida (que tratan a las personas como suciedad) le arrebaten sin previo aviso los cartones y la ropa pero le dejen la miseria y el dolor.

Por eso, ahora que estamos hablando de la ley del concebido y no nacido que planea Feijóo, cediendo una vez más la iniciativa a la ultraderecha de Ayuso, resulta inevitable traer al debate al nacido no concebido, al niño que ha nacido, que vive y se encuentra entre nosotros pero a quien no vemos, a quien somos incapaces de concebir como miembro existente de la sociedad porque nació en la pobreza de un país lejano. Sofocados en este hedor de xenofobia, a estos niños no los concebimos ya como seres humanos. Con esta advertencia previa, ahora podemos hablar de la ley de Ayuso que propone copiar Feijóo.

En estos tiempos que corren, el derecho parece un arma de charlatanes, pero dejadme reivindicarlo como lo que realmente es: una ingeniería de letras, un reducto de saber científico con una clara vocación técnica. Y quizás el primer mandamiento jurídico imaginable, trasladado desde la escuela eleática, sería este: lo que es, es; lo que no es, no es. Una persona es una persona, y lo que no es una persona, no lo es. Esto no es una opinión, es una evidencia científica y, por tanto, jurídica. Pero cuando millones de personas son incapaces de convencerse, de querer aprender que el dióxido de carbono causa un efecto invernadero, para así quedarse impávidos ante la destrucción del planeta, ¿qué verdad los convencerá?

La Comunidad de Madrid anuncia su pretensión de convertir al concebido no nacido en un miembro más de la unidad familiar; esto no parece técnicamente viable y las noticias de prensa no apuntan en esta línea. La ley contemplará, es cierto, beneficios y ayudas en favor de quienes estén esperando un hijo. Nada habría que oponer al respecto, más allá de lo extraño de entender que una mujer embarazada de gemelos pudiera ser, siendo una y ella sola, familia numerosa. ‘Soy numerosa, inmensa, ¡contengo multitudes!’, podría recitar con Whitman. Habrá de recordarse que, de manera tradicional, los beneficios en favor de las familias numerosas han tenido en España un efecto fiscalmente regresivo, al conceder a matrimonios pudientes con hijos ayudas que sería más justo conceder a matrimonios humildes sin ellos.

En fin, tratar de aumentar la natalidad dando dinero a las mujeres ha tenido históricamente un recorrido de éxito muy matizado; confiar en estas medidas, despreciando otras de calado vinculadas al trabajo y a la vivienda, no ofrece motivos para la esperanza. Es cierto que vivimos en un mundo capitalista, pero no todo se soluciona dando dinero a la gente.

La ley concederá ayudas a las mujeres gestantes pero no al feto. En teoría no podría hacerlo porque, como digo, lo que no es, no es: quien no ha nacido no es persona, ni tiene por tanto los derechos propios de tal. El Código Civil nos lo recuerda en su artículo 30, cuyo texto original, por cierto, mantuvo hasta hace poco el terrible recuerdo de las hambrunas decimonónicas y de la posguerra española, tan rápidamente olvidadas. Y es que era tanta la mortandad infantil que sufrió históricamente nuestro país, que hasta la reforma de 2011 había que esperar a que el niño superara las veinticuatro horas de vida para tenerlo por nacido. Por fortuna, aquel viejo precepto se cambió y hoy establece con claridad que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida. Antes, existe un feto, un embrión, un óvulo fecundado, pero no existe un hijo. No es persona todavía.

Se ha reiterado hasta la saciedad la vieja etimología de la palabra persona, referida a la máscara que los actores del teatro clásico portaban en escena para hacer sonar (per sonare) sus voces sobre la grada. Solo el nacimiento nos convierte en actores de la vida social, entendido como seres con voz, receptores de derechos y obligaciones. Y solo el fallecimiento nos priva de estos derechos. No es persona quien no ha nacido, como no lo es quien ya ha fallecido.

El problema es la ideología que subyace tras la iniciativa. Como digo, es probable que la ley tenga un recorrido material escaso y una repercusión limitada a la concesión de unas ayudas concretas; lo grave es lo que subyace en la sombra que, como es habitual, ronda Miguel Ángel Rodríguez. En un tuit propio de su catadura sugiere que “según termina de fecundar (sic, habrá querido decir según termina de ser fecundada), antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos”. No aclara la relevancia jurídica de la ducha en este debate pero, más allá de la tontuna, es que no es cierto: el óvulo fecundado no es persona, ni antes ni después del bautismo salvífico del baño. El óvulo forma parte integrante de la mujer; no tiene relación con nada al margen o fuera del útero donde se halla. Por eso, dar derechos propios de personalidad al óvulo solo se puede hacer concediéndoselos frente o en oposición a la mujer que lo porta, quitándole derechos a ella para dárselos al gameto fecundado. Y en esa batalla de balanzas estamos: la ley nos aclara que mientras que el feto no alcanza un determinado nivel de maduración, la mujer conserva la gestión de su destino y puede interrumpir su embarazo. Con estas iniciativas, más allá de dar ayudas a la escolarización, la ultraderecha pretende mover el marco de esta balanza y lanzar un mensaje a las mujeres: no te has duchado todavía y ya has perdido derechos.

De todas formas, no nos engañemos. Quienes promueven esta ley son los mismos que han urdido la miserable noción de la prioridad nacional; los mismos que reniegan de los niños extranjeros a quienes dejan sin lugar ni futuro. La ley que Feijóo impulsó en Galicia en 2011 se basaba en una “gravísima retracción de la natalidad y un alarmante envejecimiento de la población”. Sin embargo, la Comunidad de Madrid aumenta de población año tras año y se encuentra entre las comunidades menos envejecidas; la razón de la ley no está ahí. Estos impulsos ‘pro natalitate’ se plantean ideológicamente como una inquietante solución a la teoría del ‘gran reemplazo’ con la que la ultraderecha disfraza su racismo de aporofobia. De lo que se trata, en definitiva, es de que la gente de bien y orden siga fecundándose entre sí; así que ya se las apañarán estos fieras para reconducir las ayudas y que no sean aprovechadas por orantes a falsos dioses y gente de fuera. Como hemos visto en la concesión de abonos de transportes (ya ven la rapidez con que la prioridad nacional se convierte en prioridad regional), tal vez el mecanismo para esta discriminación sea la gestión del empadronamiento, o algún otro artilugio semejante, que negarán a los infieles más prolíficos, convertidos en sujetos no prioritarios.

Hace ciento noventa años la sociedad inglesa dirigió su mirada a un niño abandonado en un hospicio parroquiano y se reconoció horrorizada. Mucho me temo que, dirigidos en la Comunidad por un gobierno provida que insulta a los niños extranjeros, convirtiéndolos en no-seres tras un acrónimo burlesco, hoy no nos reconoceríamos como sociedad si Dickens escribiera de nuevo su libro. Sin embargo, somos nosotros: alardear de soltar migajas a madres gestantes mientras nos negamos a acoger a los Oliver Twist de nuestro tiempo, mientras le quitamos el futuro a niños que despidieron a sus padres en una patera, no hace sino retratarnos en nuestra inhumanidad.

Hace unos días, bajo una cabecera de antiguo prestigio, un periodista se burlaba donosamente de los socialistas, sosteniendo su escarnio en que los pobrecillos no habrían encontrado todavía un argumentario con el que enfrentarse a la desolación provocada por Zapatero. Habrá que admitir que tenía razón el periodista en su amargo sarcasmo: los socialistas parecen desorientados, atormentados a dudas, sin encontrar un supuesto argumentario que les sirva como relato de consigna. Por el contrario, aquel periodista demostraba tener uno y estar bastante cómodo en su desarrollo. Si me lo permiten, y parafraseando a Emil Cioran, no está demostrado que tener sea mejor que no tener.

No se ha valorado todavía el daño que los hechos vinculados a Zapatero están causando en la ciudadanía; tardarán tiempo en asentarse. Y ofrecen tantos perfiles desde tantos frentes, que el ruido hace imposible encontrar algo de luz entre la niebla. Se nos entrelazan discursos en perspectivas política, jurídica y moral, tan diversos que el debate mediático sobre Zapatero se convierte en un fárrago desordenado de vectores con políticos que dan mítines, profesores que dan clases y predicadores que dan homilías. Aunque, en este alboroto, los tres grupos de opinadores están convocados a comportarse como augures que ofrecen pronósticos. Bienvenidos al mentidero.

Según era razonablemente previsible, el rescate de Plus Ultra ha pasado en las últimas semanas a un segundo plano, sepultado bajo el resplandor de otros oropeles. Creo que este aspecto de la investigación, y aquí me vuelvo adivino, tendrá un recorrido tan largo como estrecho: la tesis de que la SEPI dio la ayuda a la aerolínea a instancias de Zapatero no parece que vaya a llegar a ninguna parte, pero, ¡quién sabe! Le investigarán otras cosas, le investigarán todo. En un momento elocuente de su declaración, escúchenlo, el juez le pregunta por Focus Social, una empresa que no parece tener relación con los hechos; Zapatero le hace notar que en el auto judicial que delimita el objeto de investigación y los indicios contra él, de 85 folios, no se menciona a esta empresa ni una sola vez. Calama le responde que de acuerdo, pero que figura en el atestado. ‘No haga caso a mi auto que no vale nada; esto no lo manejo yo’, pudo haber añadido el juez.

Su defensa, aceptando el alcance prospectivo que ha alcanzado la causa, ha dado carta blanca para investigar si tiene sociedades o caudales fuera de España. Y si los tuviera, ¿qué delito sería? Estamos ante un proceso donde el descargo parece inútil. Se demostrará que no guarda dinero en el extranjero y dirán que eso demuestra su culpa: si no aparece nada, será señal de que lo ha ocultado eficazmente bajo la manta de testaferros, como insinuó Leopoldo Puente sobre Ábalos.

¿Qué pasará con el famoso teléfono de Rodolfo Reyes? Mi apuesta es que Calama nunca acordará la nulidad de actuaciones, que sería tanto como reconocer que hizo mal las cosas. El juez ha rechazado la solicitud de Zapatero para profundizar en estas cuestiones; no quiere hacerlo. Es más probable que la Audiencia Nacional nos sorprenda con una nueva doctrina que avale ad hoc esta extraña operativa o incluso que la investigación se desvíe hacia otros extremos no contaminados por esta conducta irregular. Y si, en el caso más improbable, se llegara a constatar una manifiesta y flagrante causa de nulidad en la importación del contenido del móvil, en tal caso sería más fácil que la Audiencia Nacional archivara el asunto aduciendo que los indicios habrían quedado desvirtuados, antes que reconocer haber vulnerado las reglas del procedimiento.

Ahora han imputado a las hijas de Zapatero. Quiero entrever en la decisión de Calama, en la explicación medida de su decisión, una suerte de velada prudencia, aunque tal vez sea mi pura ingenuidad. Les llamará como imputadas porque va a preguntarles por su implicación en los hechos, preguntas impropias para un testigo; las convocará, pues, como imputadas, aunque no está claro qué indicios de qué delitos existen contra ellas. En alguna reforma futura, tal vez nuestra ley pueda inventarse una figura intermedia entre un testigo y un imputado, alguien a quien poder preguntar si participó en los hechos sin necesidad de imputarle antes. Ni puedo ni quiero creer que se las haya imputado para traer al procedimiento una moneda de cambio.

Y en esto aparecieron las joyas. Los diamantes de Bokassa. La tragedia se repite como farsa, como dijo el clásico. Halladas que han sido, Zapatero ha anunciado que dará cumplida cuenta de su origen que, por razón de las eventuales responsabilidades penales, supone aclarar quién se las dio, cuándo, dónde y a cambio de qué.

Los más ancianos recordarán que el Código Civil, conservando enseñanzas de Roma, nos dice que el poseedor de un bien mueble se presume que es su dueño, que lo tiene de buena fe y que no se le puede obligar a mostrar su título de propiedad. No está obligado Zapatero a aportarlo, aunque si no lo hace se arriesga a que se valoren como ganancias patrimoniales ocultas al Fisco y pendientes de tributación. Deberá demostrar que las tenía desde tiempo atrás, en ejercicios ya prescritos, y mejor si se las dieron en España y no las trajo consigo desde fuera. Toda esta documentación le podrá sacar, en su caso, del pozo del proceso penal, pero le arrojará a un foso igualmente pestilente. Será, si se quiere, un juicio de pura moralidad, que tendrá el recorrido político que se le quiera dar; pero reconozcamos que si las joyas fueron el regalo de un jeque árabe, esa hipótesis que me cuesta creer, entonces la palabra de Zapatero ya no vale nada.

Dejaré apuntada la cuestión ética, que no es la mía, pero me parece interesante a raíz de algunas aportaciones en este debate. “Si está mal, no lo hagas, aunque lo haga todo el mundo”. El mensaje de nuestros mayores es más complejo y resbaladizo de lo que parece. La ética nos concede armas para vivir en comunidad, manteniendo la igualdad de trato y el respeto al otro; las normas que nos hemos dado nos enseñan a no pisar cabezas, a no obtener ventajas indebidas, a no aprovecharse de lo injusto. Pero he aquí que cuando todo el mundo obra en sentido contrario, y vulnera lo pactado, respetar el viejo principio no nos resulta neutral, sino que nos perjudica: si nos presentamos a una oposición y todos tienen recomendación con el tribunal salvo nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Será posible que la respuesta más ética sea comportarnos como unos estúpidos?

La respuesta correcta, por sorprendente que parezca, es que sí. Si los sátrapas del mundo inundan de dinero los bolsillos de todos a nuestro alrededor, eso no hace menos reprochable que nosotros lo aceptemos. Lo generalizado de una práctica no modifica la catadura moral de quien la sigue. Deberíamos poder aceptar un perjuicio o una desventaja por defender nuestros principios. (Aunque en este caso, ni siquiera hay principios en juego; no aceptes lo que no te corresponde, ya está).

El plano ético tiene una derivada política, bastante más comprometida. El legado político de Zapatero es inmenso; ese quedará ahí, pase lo que pase, para siempre. Sin embargo, la gente no acepta de buen grado comportamientos que puedan contradecir el discurso que uno ha venido manteniendo; pero no lo acepta no tanto porque los tengan o consideren como comportamientos indeseables o malos por naturaleza, sino más bien porque esa contradicción cuestiona la sinceridad del relato que llevan tiempo escuchando. Ese relato se convierte en lo peor que puede existir: un discurso sugerente, emotivo y valioso, un discurso que dice la verdad en boca de alguien que miente.

Por lo demás, el plano ético también tiene una derivada jurídica, con un recorrido más lábil, difuminado pero evidente. Y es que poner en cuestión la moralidad de un imputado afecta a su línea de defensa: al tiempo que se le desmerece en la opinión pública, se asienta de manera imperceptible el pálpito de que merece una condena. No me lo tomen como una comparación simplista, pero los deleznables mensajes entre Koldo y Ábalos sobre mujeres, por más que impunes, incrementaron el riesgo de su condena, al hacerla más deseable y justa en el sentir de una colectividad asqueada; de forma parecida, también el tráfico de joyas hará más difícil sostener el discurso de inocencia del expresidente en otras cuestiones ajenas a los collares.

En fin, ¡la que está liando Zapatero!, que diría Wyoming. En esta niebla, la confusión nos convierte a todos en tertulianos confundidos, políticos, predicadores, profesores y adivinos petulantes, sin más certeza que nuestra propia melancolía. ¡Qué envidia me dan los periodistas con argumentario!

En 2013 todavía existían cámaras de video y teléfonos públicos. Desde uno de ellos, un ladrón llamó a la policía para decirles que en el botín robado en una casa del vecindario le había aparecido una cámara de video y unas cintas de material pornográfico con menores, que dejaría, a disposición de los agentes, bajo un coche allí aparcado, junto a la dirección del robo. La policía fue al domicilio y detuvo al dueño, quien ingresó en la cárcel y meses después fue condenado.

En estos tiempos que corren, a veces se hace difícil sostener que las pruebas obtenidas de forma ilícita son siempre malas, pero es necesario hacerlo: lo son. El procedimiento penal es un sistema de normas que nos hemos dado para buscar el esclarecimiento de la verdad y el castigo del culpable, respetando siempre los derechos fundamentales, pero no porque estos sean un capricho de garantía versallesca, sino porque son precisamente el bien jurídico a proteger con el castigo del delito. Es probable que violentando estos derechos pudiéramos castigar a más culpables, pero el precio que pagaríamos sería devastador: si permitiéramos a la policía escuchar todas las conversaciones que mantenemos, se descubrirían más delitos, pero perderíamos el derecho a la reserva y al secreto; si se permitiera que los ladrones que entran a robar en nuestra casa, después de quedarse con el dinero, llevaran nuestros papeles y archivos a la comisaría, para que se analizara si somos o no unos delincuentes, viviríamos en una pesadilla orwelliana.

Entiendo que es un tema para el debate. ¿Se pueden hacer trampas para condenar a un culpable manifiesto? ¿Qué hacemos ante una prueba ilícita pero singularmente contundente? Muchos dimos un respingo de incredulidad cuando vimos a Hervé Falciani robar datos bancarios de miles de personas, poniendo en la picota una larga lista de defraudadores fiscales; pero, seamos sinceros, lo que hizo no se puede hacer. La ley es muy clara: las pruebas obtenidas violentando directa o indirectamente los derechos fundamentales no surtirán efecto. La aplicación por los jueces de esta previsión legal, recogida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es sin embargo mucho más confusa y oscura, tan inextricable, alambicada y perpleja que uno termina por concluir que los jueces van matizando su jurisprudencia según el caso concreto. Así, sin atreverse a establecer unas reglas que pudieran explicarse con sencillez y generalidad, se rinden a la ponderación de los intereses en juego, que viene siendo tanto como decir que el proceso admitirá más o menos trampas dependiendo de si el acusado es culpable de algo leve o de algo grave.

Los argumentos de la jurisprudencia, cuando quiere dar validez a una prueba irregular, pueden venir en filigrana: se debate si la vulneración del derecho fundamental tiene que producirse en el momento de obtener la prueba o en el momento de incorporarla al procedimiento; se debate si la aportación de documentos recabados en un registro ilícito lesiona el derecho a la inviolabilidad del domicilio o más bien el derecho a un proceso justo... Para dar validez a la lista Falciani, el Tribunal Supremo aportó la creativa respuesta de que la prueba era lícita porque el ladrón era un particular; si la policía hubiese robado los datos del HSBC, la prueba sería ilícita. Hay siempre una tensión latente en el proceso penal y todos estos vericuetos jurisprudenciales, más ahora que nos adentramos en una instrucción policial, van en la línea de restringir las garantías procesales en favor de una supuesta eficacia.

En este contexto general hay que situar lo sucedido en el procedimiento que afecta a Zapatero, donde se ha dado una situación muy particular: en 2021 una agencia policial estadounidense, la HSI, requisó el móvil de un ciudadano venezolano, Rodolfo Reyes, extrayendo y volcando su contenido en el marco de una investigación por contrabando. No consta que esta requisa y volcado de datos hubiera contado con permiso de ningún juez. Cinco años más tarde, la HSI facilitó el material a las autoridades policiales españolas, que lo incluyeron en su investigación y en las conclusiones del famoso atestado que, meses más tarde, fue transcrito por el juez Calama en el auto de imputación a Zapatero. Tres semanas después de dictar aquel auto, el juez inicia ahora un proceso de cooperación jurídica internacional interesando que las autoridades americanas autoricen que se pueda usar como prueba en el proceso español la extracción telefónica del móvil del ciudadano venezolano.

En una primera lectura, llamarán la atención dos cosas, tal vez conectadas entre sí: la primera, que el juez pida autorización para usar como prueba algo que ya ha sido usado como prueba: el atestado policial que implica a Zapatero, y consiguientemente el auto que lo copia, está plagado de referencias al móvil de Rodolfo Reyes. A todos los efectos, el contenido de este móvil ya ha sido incorporado al procedimiento y usado como prueba, no ciertamente en un juicio, pero sí como elemento para extraer del mismo la prueba indiciaria que ha provocado la imputación de una persona. Si ahora los Estados Unidos denegaran la autorización solicitada, toda la instrucción quedaría herida de muerte y la imputación en el aire. La policía, a través de sus portavoces habituales, se ha apresurado a aclarar que antes de recibir el contenido del móvil tenían muchas pruebas contra Zapatero, señal de que el tema les preocupa.

La segunda circunstancia de interés, nada inocente, es que Calama dirija su petición de cooperación a las autoridades de Estados Unidos sin indicarnos exactamente a qué autoridad en concreto remite su petición; en particular, no la está dirigiendo específicamente a una autoridad judicial, con lo que cabría deducir que se remite a la propia HSI. De confirmarse este dato, para entendernos, el juez estaría pidiendo a la policía estadounidense permiso para usar el material obtenido, con lo que podemos dar el permiso por ya concedido. Claro que cuando se conceda, tal vez se nos quede esa mirada de no entender nada que ponemos ante un juego de trile.

Lo normal, o lo que entendería cualquiera, es que las garantías procesales que exigimos para la obtención de pruebas en España sean las mismas que exigimos a las pruebas que vengan del extranjero: si aquí no admitimos la confesión bajo tortura, será lo propio no admitirla tampoco cuando sea obtenida fuera de España, aunque sea lícita en el país del que provenga. En nuestro país, la extracción y volcado del contenido de un terminal móvil requiere siempre autorización judicial; por tanto, también el volcado que afecta a Rodolfo Reyes debería pasar por esta exigencia, sin que pedir permiso a la policía local, a mi humilde entender, pueda sustituir la necesaria autorización judicial que, en este caso, no parece que se haya concedido.

Sin embargo, no apostaría a que la Audiencia Nacional vaya a anular esta prueba, por nula que parezca. En la línea de lo señalado, la ponderación de los intereses en juego, la valoración de las circunstancias del caso concreto, la definición del juicio ponderativo o cualquiera de los circunloquios con los que los jueces resuelven los casos dudosos, hacen muy improbable que excluyan esta prueba estrella contra Zapatero. Cuando la justicia toma una decisión tan grave como imputar a un expresidente, cualquier alternativa a la condena sería un baldón en el prestigio de unos jueces que, ahora mismo, no tienen crédito para desperdiciar; si la imputación se demuestra apresurada o inconsistente, sería un verdadero desastre para Calama.

Para mantener la validez de esta prueba, la Audiencia podría explorar alguna teoría imaginativa, en la senda comentada. Por ejemplo, como han hecho en otros casos, señalando que el secreto de las comunicaciones es un derecho que solo tenemos mientras hablamos, de tal forma que acceder al contenido de una conversación ya concluida, como pueden ser unos mensajes de WhatsApp, no atentaría al secreto de las comunicaciones sino al derecho a la intimidad, cosa que tiene su miga porque estos expertos en damasquinado jurídico se han dado cuenta de que la Constitución requiere en todo caso autorización judicial para escudriñar conversaciones pero no siempre para invadir la intimidad. A ver por dónde salen.

El abogado de Zapatero ha incidido en estas carencias solicitando más información al juez; sin duda, parece una baza relevante para que la defensa obtenga el descargo de su imputación. En todo caso, la eventual anulación de las pruebas ilícitas no anulará el daño causado por una imputación precipitada. Al igual que sucede con la prescripción, esta eventual nulidad dejaría en el aire el resquicio de un efecto nocivo: aunque provocase el derrumbe de la acusación y la anulación de la causa, dejaría imprejuzgada la insidia, condenando al acusado a soportar sobre su cabeza una sospecha perpetua. Dirán de él que lo salvó la campana de unas bagatelas formales; nunca será juzgado y nunca será inocente.

Cuando el martes 19 de mayo se conoció la imputación de Zapatero, con la formidable repercusión política que provocó, hubo a quien extrañó que el magistrado retrasara su convocatoria a declarar hasta el 2 de junio lo que, como era imaginable, ha mantenido en un limbo insoportable la agonía mediática del expresidente, condenado a sufrir los insultos de Fortuna y los golpes y dardos diarios de la prensa, en silencio. El plazo parecía fiado muy largo si la intención era únicamente permitir que el implicado pudiera tomar conocimiento de las actuaciones. Pasados unos días, se vislumbra una hipótesis bastante plausible de esta demora: dando estas dos semanas de margen, el magistrado habría querido dar tiempo a que la UDEF terminara un análisis preliminar del material requisado en las entradas y registros realizados el mismo día 19, de tal manera que Zapatero no solo afrontaría en su declaración preguntas sobre los supuestos indicios que justificaron su imputación inicial sino también por todo aquello que la policía hubiera encontrado, en su caso, en los registros de los despachos.

Esta circunstancia acreditaría tres cosas: la primera, mirando hacia el pasado, que la gestión del gotero mediático que marca nuestra vida pública y la manija de la Justicia siguen estando en manos de las fuerzas de seguridad. Instruyen procedimientos, redactan resoluciones, llaman a declarar a testigos... Ya no hay jueces en Madrid. Tomémoslo con humor: cuando se han conocido los atestados de los que se nutrió Calama al redactar su auto, me resultó inevitable recordar a Borges, quien nos diría que el juez no copió ni transcribió el original; su admirable ambición habría sido el producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra con el atestado, asumiendo el misterioso deber de reconstruir literalmente una obra espontánea. Es probable que, como Pierre Menard, el juez haya multiplicado los borradores, corregido tenazmente y desgarrado miles de páginas manuscritas para elaborar un auto verbalmente idéntico pero casi infinitamente más rico que el atestado.

La inicial decisión del juez de fijar la declaración de Zapatero para el 2 de junio tendría una segunda lectura, mirando al presente. Y es que anticipa un asombroso cambio de enfoque en la investigación. De repente, el rescate de Plus Ultra parece haber quedado en un segundo plano para convertir el procedimiento, sin mayor sorpresa de nadie, en una causa general contra Zapatero. Las noticias que se van sucediendo, en buena medida mediatizadas por su origen, nos ofrecen un escenario dantesco que incluyen el sondeo de toda la actividad profesional del expresidente en los últimos años, dejando flotar en el aire interrogantes sobre la totalidad de sus clientes, ingresos y haberes, sin excluir collares, con dudas que se extienden a la empresa de sus hijas. El hecho investigado, en principio, resultaría bastante concreto y delimitado en sus perfiles, pero en un abrir y cerrar de ojos se ha puesto en la picota toda la vida mercantil del expresidente y sometido todos sus contratos, comunicaciones, reuniones y llamadas al cedazo de la indagación policial, no tanto para ver qué ha pasado, sino más bien para ver qué pasa, en expresión de un lúcido magistrado.

En este contexto, donde ya no se investigan hechos, sino que se investiga a una persona, el contenido del escrutinio se desboca y durará años, como asume sin alarma la prensa otrora sensata. ¿Cómo podrá prolongarse tanto tiempo si la ayuda a Plus Ultra es un simple expediente administrativo? Quizás tenga millones de folios, no lo he visto, pero no da esa impresión. Durará años porque se investigarán otras cosas. Y no solo eso: tengo el pálpito de que, como en todas las causas generales, cuanto menos encuentren, más durará, porque a medida que pasa el tiempo más insufrible será asumir por la Justicia el desastre de un proceso vacío, condenado a realimentarse con más y más iniciativas que servirán únicamente para justificar las anteriores.

Por el contrario, si llega a haber pruebas sólidas contra Zapatero, cosa que no descarto en absoluto (siempre estamos a un suspiro de que se descubra un mensaje revelador), no duden de que la investigación será bastante breve. En definitiva, y si me permiten la tontería, las causas generales son como el coseno de un ángulo: al irse reduciendo, tienden al infinito yéndose por la tangente.

La consecuencia derivada de ello es que Zapatero, lógicamente, ha tenido que pedir un aplazamiento de su declaración con la idea --presumo sin saber-- no solo de estudiar la causa con detenimiento, sino sobre todo de valorar lo que va llegando y lo que está por llegar, para declarar solo cuando pueda saber con un cierto margen de concreción los hechos por los que se le preguntará. Mientras tanto, la torrentera de información que a diario nos cae sobre la cabeza con reuniones, facturas, relojes, llamadas, radiadores, cacheos, joyas, dimes y diretes va minando una opinión pública espantada y reduciendo irremisiblemente el margen de maniobra político. Porque esperar en un portal a que escampe, como bien sabemos los compostelanos, tiene un serio riesgo: a medida que llueve, se multiplican los charcos que tendremos que sortear cuando finalmente nos decidamos a dar el paso y levantarnos en armas contra el océano del mal.

Por último, la decisión del juez mueve a otra reflexión, ya enfocada al futuro. El cambio de perspectiva de la instrucción, para convertirse en una causa general, ofrece la paradoja de vaciar el objeto procesal que le es propio, de tal forma que, al abarcarlo todo, deja sin apretar el hecho que lo originó. Por ello, es previsible que el procedimiento vaya olvidándose poco a poco del expediente de Plus Ultra, que habría servido de anzuelo para descerrajar el proceso, y siga su derrota sobre aspectos que nada tienen que ver con aquella ayuda. Se admiten apuestas, pero las recientes informaciones que nos van llegando, y que nos alertan de las graves deficiencias del auto de Calama, con errores de fechas, saltos argumentales y contradicciones internas, apuntarían en esa dirección: el procedimiento puede estar preparándose a dejar caer esta imputación concreta, de tal forma que aun cuando se demuestre que Zapatero no tuvo nada que ver con el rescate de la aerolínea, ni influyó en nadie con poder de decisión para concederlo, no servirá de nada. La bomba de racimo de una causa general ya se ha activado --era inevitable-- a través de la decisión del juez de abrir piezas separadas, ese fascinante artilugio que funciona a modo de cambio de agujas procesal que permite acomodar la investigación, desviarla de lo que vas encontrando y centrarla en lo que quieres encontrar.

El auto de este Pierre Menard ya anticipaba parte de esta deriva. En particular, en lo relativo a la empresa de unos hermanos, de la cual se ignora qué relación puede tener con Plus Ultra y qué vela sostiene en este entierro político. Se nos dice que la empresa se utiliza como caja para pagar unos servicios que, lejos de ser inexistentes, son de tan alto calado que, según el auto, trascienden “con mucho el ámbito de una transacción mercantil ordinaria” y donde el pecado de Zapatero habría sido demostrar “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política” de otros países. ¿Qué delito será esto?

En fin, tal vez lo más sugerente de esta empresa de la que hablo sea su propia denominación que, por esas arrebatadas casualidades que nos ofrece la ironía del azar, podría ser el exacto y certero nombre del equipo policial encargado de seguir la pista de la vida del expresidente: Inteligencia Prospectiva.

Es curioso comprobar como los dos cambios fundamentales que han sacudido la tramitación de un proceso penal en los últimos treinta años, aligerando notablemente la labor de los jueces, han venido sin reformas legislativas de calado. Por un lado, en el ámbito del enjuiciamiento, la conformidad penal se ha generalizado, simplificando el trabajo de los juzgadores, a quienes las partes ofrecen el fallo ya pactado; por otro lado, en el ámbito de la instrucción penal, ya no asombra el dejar la investigación en manos de fuerzas policiales, lo que ha difuminado hasta el desconcierto la labor de la justicia.

Esto se advierte particularmente en la Audiencia Nacional donde, desde hace años, los jueces de instrucción han dejado de instruir, encargando a los cuerpos de seguridad, en alguna de sus siglas, que averigüen lo que ha pasado y le traigan la sentencia hecha. Parecerá sorprendente, pero hace no tanto tiempo la policía no existía en el proceso penal: era el juez el encargado de recabar los datos, decidir las pruebas y valorar su resultado. Ahora, sin ningún cambio en la ley, los jueces delegan en la policía no solo la función de buscar datos y aportarlos al procedimiento, sino también la labor de valorar tales datos y sacar conclusiones. El proceso se ha convertido así en un expediente vacío donde todos, desde el juez hasta los imputados, quedan a la espera de que la policía aporte sus conclusiones cocinadas extramuros. 

Meditaba yo sobre estas cuestiones mientras me disponía a leer el auto de Calama con el ánimo encogido, con esa aprensión del espíritu de quien abre una novela triste que termina mal. Parecería que toda decepción es, por naturaleza, imprevisible; sin embargo, en este caso se me antoja predecible y, de tan obvia, me ronda antes de leer nada. 

Según me interno por las páginas del auto, se confirman mis primeros temores: estamos ante un texto policial. Será un pálpito estilístico, si quieren, pero el tenor atrancado, quebrado y reiterativo del auto sugiere un origen en un corta y pega de previos relatos, de anteriores informes de los que se han seleccionado párrafos sin una estructura lineal ni ordenada; en un discurso inaprehensible, desfilan ante nosotros personas que no sabemos quiénes son ni qué hacen. No solo es una cuestión de estilo: el auto del juez sumerge la descripción de hechos en un océano de insinuaciones y juicios de valor típicos, y al tiempo impropios, de un atestado policial. Ello otorga a la resolución un tono extrañamente apodíctico, insólito en un simple auto de imputación. 

Volviendo a su fortaleza, el señor se queja a su sirviente de lo largo que es el camino de regreso. “Dé gracias a que el camino sea largo”, le replica este, “si fuera más corto no llegaba al castillo”. Algo parecido le sucede al auto de Calama. A lo largo de páginas enteras intenta desgranar la “influencia en la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra”, pero el camino no llega al castillo. Lo que describe, con un detalle minucioso, son las gestiones de Julio Martínez, al mando de Análisis Relevante, en favor de Plus Ultra. En este capítulo, Zapatero no aparece: se habla de él, pero no consta ni una llamada, ni un correo, ni un mensaje que haya remitido o recibido. El auto asume, con cierto azoramiento, que habría ejercido un liderazgo que “no se manifiesta de forma formal o pública”, lo que parece extraño, porque la influencia consiste precisamente en dejarse ver, en actuar públicamente, en hacer valer su presencia para mover voluntades. Zapatero es un líder que no hace nada, que no se manifiesta; una especie de dios. 

Sí que se describe que Análisis Relevante hizo bastantes cosas a favor de Plus Ultra en relación con la ayuda que pretendía: gestiones para presentar su petición, agendar reuniones, canalizar y hacer seguimiento de la solicitud, interesarse por la tramitación... Bien, nada de esto supone una influencia en la concesión. 

Como recordarán los más veteranos, el tráfico de influencias entró en el Código Penal en 1991, a rebufo del escándalo de Juan Guerra, alentado por un legislativo que creía, como sigue creyendo hoy, que el respeto a la legalidad se garantiza aumentando la lista de conductas ilegales. Desde entonces, este delito ha ido buscando su acomodo a puros codazos con la actividad de ‘lobby’, actividad lícita y oscura, propia de quienes viven de monetizar su agenda de contactos. La línea divisoria entre una y otra actividad es delicada y fina, casi imperceptible pero necesaria, porque separa el delito de lo que no lo es. 

Quizás el tajamar habría de colocarse en la influencia: hay delito cuando al resolver el funcionario está sucumbiendo a la influencia de un tercero; cuando el funcionario, con su decisión, está respondiendo a un favor que se le pide, aunque lo que se le pida sea legal. Siendo sinceros, esto no aparece por ninguna parte en el auto: ayudar a una empresa a que su petición tenga éxito no es delictivo. Por el contrario, el juez destacará que SEPI pidió más y más información, al menos en cinco ocasiones, a Plus Ultra, de quien se llega a decir que falseó los datos presentados y maquilló su situación patrimonial. Si la ayuda estaba concedida de antemano, ni la SEPI hubiera pedido tantas explicaciones ni Plus Ultra hubiera tenido que falsearlas. 

Estas deficiencias argumentales se observan también respecto a las gestiones de Julio Martínez ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para que autorizaran unos vuelos a la aerolínea. No hay delito en pedir algo a la administración y que esta conceda lo pedido. Consciente de ello, el auto debe insinuar que Julio Martínez tenía una “posición de influencia” en el Mayor General presidente del INAC, pero no explica de dónde saca semejante conclusión.

Finalmente, la referencia a la constitución de unas sociedades en Dubai ya entra en el auto derrapando. No convendrá poner la mano en el fuego, que luego uno se tiene que comer sus palabras, pero el relato apunta a un conocido sesgo policial: cuando la sospecha es infundada pero muy golosa, no te resistas a plantearla. El indicio es este: un tipo le informa a Julio Martínez sobre cómo crear una sociedad en Dubai y la víspera Julio había comido con Zapatero, con reserva previa únicamente para dos personas. Debe haber algo que se me escapa porque, como indicio, es más que pobre.   

El auto ofrece, en definitiva, poca chicha. Termina su argumentario con la relación de pagos a Zapatero y sus hijas, en un capítulo inexplicablemente breve del auto --no más de cinco páginas de las ochenta y cinco que tiene-- y confuso --la policía suele mezclar las cantidades facturadas con las recibidas, haciéndose un lío con el IVA--. Y es aquí donde encontramos la parte que nos convoca los sentimientos más encontrados. En una primera lectura, muestra una debilidad de enfoque: Zapatero no ha recibido ni un euro de Plus Ultra, y no hay prueba que vincule lo que cobró de Análisis Relevante con lo que esta sociedad recibió de aquella. Las cifras no cuadran en absoluto. De hecho, Zapatero ha cobrado de Análisis Relevante más dinero del que esta recibió de Plus Ultra. Nada relaciona los pagos a Zapatero con la aerolínea ni con gestiones a su favor. 

El hecho de que estas transacciones no vengan vinculadas a Plus Ultra deja pendiente la explicación de su razón de ser. Y aquí viene la segunda lectura, ya más desconcertante porque, puesto el foco en esta cuestión, no nos sacamos de la cabeza un molesto ruido de fondo. De ser ciertas las cantidades expuestas en el auto, Zapatero y sus hijas habrían cobrado de Análisis Relevante mucho dinero, tal vez la mitad de todo lo facturado por esta empresa, demasiado como para desentenderse de sus vicisitudes y pretenderla completamente ajena. 

En fin, en alguna de las llamadas interceptadas, alguien llama a Julio Martínez “lacayo” de Zapatero. Más que un lacayo, como he adelantado, aparece en el relato de Calama como el sacerdote de un dios que no se manifiesta. Es posible que, como hacen todos los sacerdotes, este hombre haya vendido falsas influencias. Tal vez Julio Martínez se anunciara en sus tarjetas como “amigo de Zapatero”, como Anton Schindler ponía en las suyas “amigo de Beethoven”, gracias a las cuales se le abrieron puertas y tendieron alfombras. Lo malo es que este dios ha cobrado del sacerdote, así que será una buena oportunidad para que aproveche el inmenso crédito moral que todavía posee en colmarnos de explicaciones, y nos aclare el contenido y destino de los trabajos que cobró. 

Termino el auto decepcionado, como suponía, pero no rendido. La decepción es un tesoro precioso, un privilegio al alcance solo de los ingenuos. No dejemos de creer.

Primer ingrediente: el derecho a mentir. En una escena de la clásica película “Testigo de Cargo”, Charles Laughton, abogado del acusado, llama a estrados a su propio cliente, Tyrone Power; le hace una pregunta irrelevante y le deja al pie de los caballos, para que le interrogue la otra parte. La maniobra era arriesgada, incluso temeraria, aunque desde nuestra perspectiva continental no se termine de entender la jugada. En el sistema inglés, y en Estados Unidos tras la aprobación de la Quinta Enmienda, el acusado tiene derecho a guardar silencio y a no declarar; de hecho, en estos países es habitual que el acusado no abra la boca. Y no lo hará porque el derecho se queda en esa frontera: puede guardar silencio, pero si quiere declarar tendrá que decir la verdad, declarará bajo juramento y será conminado a contestar todas las preguntas. Si se le pilla en un renuncio, se le acusará de falso testimonio.

Nuestro sistema es diferente: la Constitución garantiza el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. La interpretación de este derecho fundamental abarca en nuestra tradición jurídica un abanico de posibilidades. El acusado puede declarar o no, contestar a unas preguntas sí y a otras no, responder a su abogado pero no al fiscal, empezar contestando pero cambiar de opinión. Nunca se le tomará juramento para ello y, en caso de que se le advierta alguna mentira, no responderá de un delito de falso testimonio, que afecta a testigos pero no a imputados. Los teóricos se quitan la caspa diciendo que en España el imputado no tiene estrictamente un derecho a mentir pero, seamos francos, en la práctica existe.

Segundo ingrediente: la atenuante de confesión. En nuestro Código Penal existe esta atenuante, limitada a aquellos casos donde el culpable venga a confesar su delito antes de saber que hay un procedimiento donde se le investiga. Nuestros tribunales, buscando una finalidad utilitarista, a veces extienden la atenuante por analogía a supuestos donde, aun iniciado un proceso, el culpable confiesa y ayuda a resolver el asunto de manera relevante. En todo caso, la confesión debe ser veraz, aportar datos reales, contrastados y demostrables; debe ser coherente y sostenida en el tiempo y, ciertamente, debe estar vinculada a los hechos que son objeto del procedimiento. La confesión en un asunto no te atenúa la pena en otro. Al menos, todo era así hasta ahora. Y, desde luego, la delación no se contempla en ningún caso como atenuante.

Tercer ingrediente: las declaraciones de los coimputados, que no valen gran cosa. Nuestros tribunales han reiterado que no sirven como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resulten corroboradas por otras pruebas. El Tribunal Constitucional ha llegado al punto de llamar a la declaración de un coimputado prueba “sospechosa” (STC 68/2001) en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar parcial o totalmente lo que le interesa; de hecho, como hemos visto, puede mentir impunemente. En sí misma, la declaración no vale nada; habrá que buscar datos objetivos que la respalden y, en sentido contrario, valorar motivos espurios que pudieran privarle de credibilidad, como el afán de exculpación o el ánimo de obtener algún tipo de beneficio punitivo.

Elaboración de receta: se juntan estos tres ingredientes y tenemos un proceso podrido. La imagen de Víctor Aldama compareciendo en la más alta tribuna de nuestro más alto tribunal, ejerciendo de apóstol y propagandista, es desoladora. En una relación simbiótica, Aldama utiliza la oportunidad concedida para ensuciar, insinuar, contradecirse, patalear contra el Gobierno sin aportar nada, en una declaración donde apenas se le hacen preguntas. Es un parlamento, un coloquio donde se explaya, con el permiso del Tribunal y la satisfacción de la Fiscalía Anticorrupción, sobre cosas que no tienen nada que ver con el objeto del pleito, que ya no sabemos de qué va: empezaron siendo las mascarillas, pasaron a ser las chicas y ahora es la pura mugre. Amparado en su derecho a no decir la verdad, Aldama no confiesa; simplemente dice cosas, pero esto no es confesar. ¿Qué confiesa insinuando la responsabilidad de Pedro Sánchez? Nada de lo que ha dicho esta persona ha permitido descubrir algo que no se supiera antes. Del delito más grave que enfrenta, un delito fiscal por importe de millones de euros, no ha confesado; no lo necesita, sabe que no irá a la cárcel.

Aldama ha descubierto que cuanto más alto apunte, menos tiempo pasará en prisión; alguien se lo ha dicho, y este elemento simbiótico es lo realmente inquietante. Aldama es un instrumento sospechoso: se le da audiencia porque se le necesita. De nada de lo que dice hay pruebas, pero precisamente por ello alguien parece tener interés en escucharle con atención, en dar valor a lo que no vale nada, porque en el objetivo que alguno tiene fijado sobre Ferraz, no cuentan con más balas que el pobre testimonio de un mentiroso. No es munición bastante, pero lo intentarán, ya verán ustedes.

En fin, el Tribunal Supremo no vivió su mejor día al permitir a Aldama en sesión solemne dar una conferencia inmunda. Lo peor, con todo, está por llegar.

Imaginen que, al comprar un coche, les ofrecen dos opciones: hay una marca cuyos modelos apenas se averían, pero si lo hacen, no los reparan; otra, en cambio, tiene vehículos menos fiables, pero si fallan los arreglan sin demora. ¿Por cuál se decantarían? Imaginen un país donde hay poca corrupción, pero cuando se descubre no se castiga, mientras que en otro, con políticos más corruptos, estos siempre terminan en el banquillo y castigados. ¿Cuál de los dos países entenderían ustedes como más fiel a los principios democráticos propios de una sociedad moderna? ¿Podría ser más honesto y decente el país más corrupto? Probablemente, porque la impunidad es la peor de las corrupciones. Aquí está la clave: los políticos son siempre el blanco de las dianas, pero no sólo está en sus manos la llave de la virtud pública; también está en las manos de los jueces, porque la ejemplaridad ética de una sociedad no depende de que el coche no se averíe nunca, sino de garantizarse los medios para solventar el problema cuando aparece.

Por esta razón el juicio de la Kitchen nos muestra un fracaso especialmente desolador, porque no solo expone ante la ciudadanía unos delitos ejecutados por el mismísimo Gobierno de España, orientados por la villanía de ocultar otros anteriores cometidos por el Partido Popular, sino también porque pone sobre el tapete las maniobras que han conllevado la impunidad programada de sus más altos dirigentes.

En este juicio hijo de la Gürtel, madre de todas las tramas, quedan retratados políticos pero también jueces. Retengamos el nombre de tres, suficientes para triangular el drama de la impunidad: el primero sería Baltasar Garzón, aquel que se atrevió a hincarle el diente a esta urdimbre corrupta; fue expulsado de la carrera por haber tomado una decisión que le había solicitado la Fiscalía y que, cuando el asunto pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue adoptada nuevamente por Antonio Pedreira Andrade, a quien nadie inquietó. “Se va a jubilar pronto, está enfermo”, me dijo un magistrado del Tribunal Supremo para intentar explicarme por qué le habían perdonado a este su (supuesto) delito; la pieza a cazar era otra.

El segundo juez de este drama sería Ángel Luis Hurtado Adrián, el magistrado que protegió a Rajoy de las preguntas de Mariano Benítez de Lugo en el juicio de la Gürtel y que, concluido este, firmó un imaginativo voto particular a la sentencia sosteniendo que Luis Bárcenas había llevado la contabilidad extracontable del Partido Popular “a espaldas del propio partido”. No se rían, no, que aquel voto le llevó directo al Tribunal Supremo.

Y la tercera pata del taburete es, lógicamente, Manuel García-Castellón. Menudo papelón el de este magistrado, que va por las esquinas lamentándose de que le llamen prevaricador. Ignoro si lo es, aunque cualquiera de las crónicas explicando sus maniobras —pueden quedarse con alguna de Pedro Águeda— podría trasponerse sin mucha dificultad como hechos probados en una sentencia. En el Partido Popular suspiraban por el regreso de García-Castellón a la Audiencia Nacional, suplicando (reconozcamos que sin mucha altura lírica) para que el juez provisional se retirara a Ontinyent; regresó el convocado y, con un conjunto de decisiones incomprensibles, fue el encargado de echar el freno al proceso para dejar fuera a los dirigentes del partido que tanto le añoraba.

En la película Algunos hombres buenos, el coronel Nathan Jessup se debate violentamente al afrontar en juicio la pregunta definitiva: ¿ordenó usted el código rojo? En la alternativa de reconocer que dio la orden o, por el contrario, asumir que no se enteraba de lo que pasaba bajo su mando, el prurito profesional del coronel le lleva a reconocer que sí, que la dio, porque en su orgullo prefiere quedar de delincuente que de inepto. Este debate ético entre el mando y el pellejo, que he visto tantas veces en responsables de empresas donde se comete un delito, no le alcanza desde luego a Rajoy, que para salvar el pellejo renuncia al mando. El Partido Popular se financió ilegalmente recolectando dinero de empresarios; su presidente no sabía nada. Reconstruyó la sede de Génova ‘a fundamentis’ con dinero negro; su presidente no se enteró. Pagaron con sobres a ‘M. Rajoy’; su presidente no sabe quién es. Ordenó perseguir a Bárcenas para quitarle la “libretita”; su presidente seguía en Babia. No hay quien se crea este nivel de inopia, pero a Rajoy le sale gratis porque no le votaron por enterarse de las cosas sino por fingir ignorancia sobre ellas, en ese sutil ejercicio de cinismo que consiste en hacerse el tonto y, con ello, hacer quedar de tontos a los demás.

Rajoy purgó su mala conciencia añadiendo que respecto a aquella operación de la que usted me habla y de la que no sé nada, solo sé que fue legal. No hay que descartar que, en caso de condena, acompañe a su ministro del Interior a la puerta de la cárcel, que la lealtad de un subordinado suele ser más barata que la del superior.

¿Y ahora qué hacemos? Pues cualquier opción es complicada. Algunas voces reclaman reabrir la investigación, en la esperanza de que la Audiencia Nacional deduzca testimonio para que se investigue ahora a Rajoy o a Cospedal. Varios de los delitos que son objeto de acusación en esta causa tienen plazos de prescripción de quince años, gracias a las largas penas de inhabilitación que llevan aparejados, lo que ampararía la posibilidad de investigar de nuevo lo sucedido entre 2013 y 2015. Pero, francamente, es poco probable que el tribunal se decante por esta opción, como ya ha adelantado al denegar la cuestión previa solicitada en tal sentido. Bárcenas se ha encargado de dilapidar su propio crédito, así que las pruebas contra estos dirigentes tendrían que ser especialmente elocuentes como para superar las líneas rojas que su día impidieron enjuiciarlos.

Aparte de eso, el transcurso del tiempo pesa como un escollo. “Al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal”, denunciaba Alonso Martínez al presentar en 1882 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía hoy vigente. Recordaba aquella advertencia al ver a las acusaciones forcejear inútilmente con el tribunal para formular a Rajoy alguna pregunta comprometedora. Comprendo sus protestas cuando se las denegaban, como también entiendo las decisiones que protestaban. Se llama a un testigo a juicio para que informe de lo que ha visto u oído, pero no se le puede formular bajo juramento una pregunta cuya respuesta pueda incriminarle. La Audiencia Nacional ha permitido algunas, en lo que entiendo que responde a una práctica cada vez más asentada. Sin ir más lejos, en el juicio de las mascarillas que se tramita en el Tribunal Supremo en paralelo a este, se preguntó a Carlos Moreno si había pedido o recibido un soborno; esa no es una pregunta para un testigo que va a juicio sin abogado.

En cualquier caso, Bárcenas, Rajoy y Cospedal han prestado declaración, exponiendo al tribunal lo que tuvieron a bien. Los tres han declarado como testigos, con obligación de decir verdad; visto que sus declaraciones son contradictorias, sobre todo las de Bárcenas y Rajoy, alguno de los dos ha tenido que mentir al tribunal. Se ha cometido un delito de falso testimonio y espero que los jueces investiguen cuál de los dos ha sido; por aquí se abriría un resquicio para valorar la eventual responsabilidad de Rajoy no tanto por su implicación en la trama sino simplemente por mentir. Por lo demás, Bárcenas reprochó a Rajoy la comisión de un hecho grave que lesiona la dignidad del aludido, así que estemos vigilantes para ver si este pide permiso a la Audiencia Nacional para querellarse contra Bárcenas por injurias, si es que tiene su versión por falsa.

Rajoy compareció en el Congreso en diciembre de 2021 para decir que nunca había pisado la ‘cocina’ que ahora se enjuicia. El delito de falso testimonio en una comisión de investigación, que el Partido Popular pretendió usar contra Santos Cerdán, prescribe a los cinco años, así que se podrá revisar el contenido de aquella comparecencia y contrastarlo con lo que está saliendo ahora en el juicio. Pero también sería una opción de recorrido incierto.

En fin, mucho que decir y poco que contar, como lamentó Arsenio Iglesias en la rueda de prensa más triste del mundo. Reactivar la investigación de esta trama corrupta para dirigirla ahora contra quienes fueron orillados es muy complejo. La estrategia que nos ha llevado hasta esta impunidad ha tenido éxito. Por eso, en mi opinión este juicio no es sólo un proceso contra la operativa político-mafiosa dirigida a eliminar pruebas de delitos; los recientes testimonios lo convierten también en un proceso contra la operativa político-judicial que mediante un peculiar tráfico de destinos (un juez a la calle, otro al Supremo y un tercero “a tomar por culo a Onteniente”) consiguió que los jueces no hicieran lo necesario para que Rajoy o Cospedal se sentaran en el banquillo. En fin, “el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte”, dijo Aznar. “El que pueda no hacer nada, que se esté quietecito”, debió añadir.

Desconfíen de quienes alardean de tener muchos principios; aplicarán uno diferente en cada ocasión. Lo mismo sucede con el proceso penal: le bastan unos pocos principios básicos, que caben en un artículo de la Constitución, así que desconfíen de los procedimientos que aplican normas especiales. El proceso es la garantía, y el manoseo de sus normas tiende a subvertir su naturaleza; tanto, que a veces desaparece para convertirse en una penosa sucesión de actos previos a una condena anunciada.

Ya tenemos aquí el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama. Se le ha llamado el juicio de las mascarillas porque, en efecto, el origen de la imputación gira en torno a unos contratos públicos de suministro de mascarillas firmados durante la pandemia. Según la acusación, unos empresarios pagaron a Koldo y a Ábalos para promover que organismos del Ministerio de Transportes compraran el material. El relato ofrece elementos turbadores, como la ubicua presencia de Koldo arrastrando su perfil lombrosiano entre bastidores, pero se formula de manera confusa y ofrece esquirlas de debilidad: parece deducirse que los empresarios sobornaron para tener información privilegiada que les permitiera presentar una mejor oferta, pero que no pagaron para conseguir los contratos. En coherencia con dicha tesis, la Fiscalía no verá malversación en estas adjudicaciones: no habría existido perjuicio para el patrimonio público. Aldama, que ganó más de tres millones y medio de euros con estos contratos, no tendrá que devolver este importe a las entidades contratantes. Por si fuera poco, la acusación no encuentra el dinero del soborno, que aparece muy a cuentagotas; se ignora cuánto pudo haber recibido esta extraña pareja por facilitar la contratación.

Cuando los malos cocineros advierten que el plato les ha quedado escaso, lo rellenan de guarnición. Como la compra de mascarillas resulta algo insulsa, comparece en juicio sepultada en una salsa hedionda emulsionada con un conjunto de corruptelas, toscas y cutres, que parecen sacadas de una película franquista de bajo presupuesto: Ábalos colocó a su novia en una empresa pública que no pisaba; le puso un apartamento pagado por un empresario amigo; pasó unos días en Marbella invitado por otro; consiguió aplazar la deuda tributaria de una empresa de Aldama; otro empresario interesado en una licencia de hidrocarburos le ofreció en alquiler un chalet en La Línea; se repartía con Koldo diez mil euros al mes de coimas... Esta guarnición apesta a podrido. De ser ciertos, son hechos bochornosos, políticamente demoledores, que mueven tanto a la indignación como a la vergüenza ajena. Con todo, no nos engañemos, no alcanzan la gravedad que se esperaba: los millones no aparecen. Una corrupción de libro, o más bien de cómic, que cumple el objetivo buscado: en la resolución donde el instructor, Leopoldo Puente, concluye la investigación y hace un relato de los hechos, mencionará ya los contratos de mascarillas en último lugar. Para cuando el lector llega a ese capítulo, está asqueado de sinvergonzonerías.

Conociendo el menú que será enjuiciado, veamos el procedimiento que se ha seguido, porque aquí el Tribunal Supremo empieza a desafinar. Estas disonancias provienen del uso simultáneo de dos instrumentos procesales que alteran el normal desarrollo de un proceso: la formación de piezas separadas y el aforamiento. La combinación de ambas figuras ha originado un estropicio difícil de arreglar.

El juicio que comienza en el Tribunal Supremo nace como una hijuela de un procedimiento tramitado ante el antiguo Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional, al que había correspondido la querella de la Fiscalía por la compra de mascarillas. Al desprenderse indicios contra un aforado, el juez remitió la causa al Supremo, órgano que adoptó entonces una extraña decisión: no investigaría a todos los implicados sino solamente a Ábalos, único aforado, aunque a la postre incluyó también a Koldo y Aldama. Pero esto no se puede hacer, y además es imposible, porque los jueces no investigan personas, investigan hechos.

De aquí proviene el grave desajuste que lastra este proceso: a partir de entonces, tenemos dos tribunales investigando los mismos contratos de mascarillas: uno a los políticos corruptos (Tribunal Supremo) y otro a los empresarios corruptores (Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional). Koldo, por estar en medio, seguirá imputado en ambos sitios. El vodevil se complica porque, en su expansión, el Supremo también analizará supuestas gestiones para favorecer la concesión de una licencia de comercialización de hidrocarburos, hechos investigados en el antiguo Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional. Una locura. Cuando un informe de la UCO quiso advertir irregularidades en la contratación de obra pública del Ministerio de Transportes, amenazando con eternizar la investigación, el Supremo puso pie en pared: abrió una pieza separada para dejar este tema aparcado y no juzgarlo ahora, para no hacerlo nunca.

En definitiva, el órgano sentenciador ha diseñado un artilugio para definir cuidadosamente el alcance objetivo (hechos) y subjetivo (acusados) del juicio que celebrará.

Las consecuencias son devastadoras: el Tribunal Supremo analizará si ciertos políticos fueron corrompidos por empresarios; juzgará a los políticos, pero no a los empresarios. Se dispone a decidir si urdieron con directivos de ADIF la contratación en falso de la novia del ministro; juzgará al ministro pero no a los directivos. En una muestra de cierto cinismo llamará a estos empresarios y directivos a declarar como testigos, después de mantenerlos al margen del procedimiento, convocándolos a declarar bajo juramento. No podrán hacerlo; están imputados en la Audiencia Nacional. El Supremo no los juzgará, no escuchará a sus abogados, no les dará oportunidad de defenderse; sin embargo, como ustedes comprenderán, una condena a Ábalos los condena también a ellos, porque si el Supremo advierte delito en la trama y ellos son parte de la misma, no habrá tribunal que los absuelva.

Lo propio sería que el Tribunal Supremo, ahora que Ábalos ha cedido el foro, devolviera el asunto a su juzgado de origen; ninguna ley lo impide. Pero no lo hará; urge celebrar el juicio. Ello explica, de paso, la acelerada y superficial instrucción del asunto, confiando prácticamente el esclarecimiento de los hechos a la palabra de Aldama. Por poner un ejemplo, el magistrado sostiene que está “plenamente justificado” que los acusados consiguieron el aplazamiento indebido de una deuda tributaria; el fiscal nos dirá que “no llegó a producirse”. ¿Tan difícil era aclararlo antes del juicio?

Seamos realistas: para averiguar la verdad de lo sucedido, habría que investigar bastante más y juzgar a todos los implicados juntos; pero para condenar a Ábalos y Koldo, no es necesario. Estamos ante un juicio de objeto delineado y, en esta medida, orientado a un desenlace. Y el desenlace es la condena de esta pareja.

Para este pronóstico no es necesario leer entre líneas las decisiones del Tribunal; basta leer las líneas mismas. En una resolución de octubre del pasado año Leopoldo Puente mostraba su estupor por que Ábalos siguiera siendo diputado; su estupor constata la demolición del principio de presunción de inocencia. Que un inocente sea diputado no debería llamar la atención nunca, pero al Supremo le espanta porque lo tiene por culpable. Cuarenta días después de aquella resolución, el mismo instructor estupefacto decidió meterlo en prisión, junto con Koldo, aclarando que los encarcelaba porque el juicio se acercaba, las penas a que se enfrentan son estratosféricas y la inminente condena será irrecurrible, firme y de inmediato cumplimiento, que ya ven ustedes los beneficios de este privilegio al que llaman aforamiento, que te deja sin recurso.

Pero el estupor del magistrado denotaba algo más profundo y oscuro, que es el sueño de soberanía que aqueja a ciertas magistraturas: es el estupor de un dios atónito al ver que su palabra no tiene poder omnímodo. Es inevitable vincular el precipitado arrojo del Supremo contra Ábalos y Koldo a este deseo de reivindicarse frente a otro poder del Estado. Coincidiendo con el ingreso de Ábalos en prisión, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura aprovechaba la clausura de su congreso para insolentarse con el ministro de Justicia: “nos vas a tener de frente”. Ahí lo tienen. “Deseo que tus reformas duerman el sueño de los justos”, añadió. Ya no parece escandaloso que los jueces critiquen las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o, en su caso, a una aplicación tan restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; así ha pasado con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes. Les recomiendo el documental “Justicia capturada” para que vean, en la experiencia de Rumanía, cómo sería un poder judicial sin ningún contrapoder: se convertiría en una camarilla de cofrades, donde ascenderían los amigos y se condenaría a los enemigos; si no les gusta la palabra mafia, quédense con que se parecería a una federación de fútbol. La asociación judicial mayoritaria en los jueces, y también en el Tribunal Supremo, está enfrente del gobierno, y eso explica muchas cosas.

En fin, estos jueces no creen en la presunción de inocencia; al menos, que no se crean que somos todos unos inocentes.